La necesidad de implementar el sistema penal acusatorio

La opinión del Abogado….

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Benedicto De León Fuentes

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La necesidad de implementar el sistema penal acusatorio.

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En mi condición de abogado y ex presidente de un gremio de abogados procesalistas, me permito expresar  algunas consideraciones sobre este nuevo sistema de juzgamiento penal que, de acuerdo con la Ley 63 de 2008, debía  entrar a regir en el segundo Distrito Judicial –Coclé y Veraguas– a partir del 2 de septiembre pasado. En esencia, el sistema significa que una persona que sea acusada de haber cometido algún delito será procesada y juzgada en un lapso muy corto de tiempo, puede ser semanas o meses. Para dar un ejemplo conocido en nuestro medio, el señor Murcia Guzmán ya fue condenado en Colombia, siendo que solo hacía algunos meses había sido detenido.

A contrario sensu, con el sistema que actualmente impera en nuestro medio, ello podía haber demorado varios años, para muestra un solo ejemplo: hace unas pocas semanas  un conocido boxeador fue declarado inocente y, consecuentemente, liberado luego de pasar tres largos años en prisión.   En otras palabras, lo que con el sistema actual demora como promedio tres años para que se  resuelva la situación jurídica de un acusado, o sea, que conozca si lo condenan o liberan, en el sistema acusatorio eso mismo se haría en un promedio tres a seis meses.   El sistema de juzgamiento penal que impera en nuestro medio tiene  muchas  deficiencias, algunas de las cuales menciono a continuación:

1. Para el acusado, este, como ha quedado dicho, tiene que someterse a una espera para ser juzgado que como promedio dura tres años, y si está detenido, ya pueden imaginarse los perjuicios que  de ello se derivan, sin que sean indemnizados si resulta inocente.

2. Para la familia del acusado, esto es todo un drama, el solo ir a la visita, cuando, en el caso de Panamá, la esposa, la madre o quien sea, debe levantarse a las 3:00 a.m. para ir a La Joya o La Joyita y luego someterse de revisiones y espera para poder ver a su pariente, amén de los problemas familiares que pueden surgir incluso la pérdida de la esposa, hijos, etc.

3. Para la sociedad, en Panamá no hay pena de muerte y tampoco cadena perpetua, lo anterior quiere decir que la persona que es enviada a la cárcel, eventualmente volverá a la sociedad, que tendrá que recibirlo, posiblemente, “graduado” con maestría o doctorado, pero no en asuntos beneficiosos, sino todo lo contrario, y

4. Para el Estado, aun cuando las condiciones en que se tiene a los detenidos es paupérrima, ello tiene un costo que debe asumir el Estado y en consecuencia todos los asociados. Con el nuevo sistema penal acusatorio, aunque habrá detenidos, se busca que estos en su mayoría sean personas condenadas, no como ocurre en la actualidad en que  más del 60% de los detenidos  lo está con carácter preventivo.

Considero que la actitud del Ejecutivo en cuanto a postergar la entrada en vigencia del sistema no es cónsona con la realidad que conocemos los abogados y las personas que eventualmente se ven involucradas en una causa penal con responsabilidad o no.   Además, el Órgano Judicial no es una institución más del Ejecutivo, por ello, debe respetarse y dotarlo de  los fondos que se requieren para implementar el sistema, pues ocurre que lo han estudiado y están preparados para ponerlo en práctica.   Para finalizar, en América Latina somos el único país en el que se han encontrado todas las excusas para que no entre en vigor el sistema.

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Publicado el 16 de septiembre de  2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Descontento en la mesa de diálogo

La opinión de….

Eric Aragón

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Descontento en la mesa de diálogo

Realmente, es muy preocupante que el representante del Comité Ecuménico, en la Comisión de Estado por la Justicia –que se creó en el año 2005 y que está integrada por varios grupos representativos de la sociedad civil organizada, exprese que las señales recibidas del Gobierno no han sido buenas, incluso, deje entrever la posibilidad de retirarse de la mesa de diálogo.

Pero el descontento no es únicamente del representante de la Iglesia católica, también, en iguales términos se han expresado otros miembros, instituciones y profesionales que de una u otra forma están vinculados al tema, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Las decisiones que ha tomado el Gobierno –a pesar de las sugerencias de la sociedad civil– de aprobar una ley de rastreo telefónico, bajar la edad de imputabilidad de los menores de 14 a 12 años; postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal no son las acciones más sabias en un Estado de derecho y democrático.

Lo que más llama la atención es la actitud mostrada por el representante del Ejecutivo, de no darle la debida importancia a las reuniones y recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia (La Prensa 20/8/2009).

Ningún gobierno, aunque haya ganado con una fuerza aplastante en las urnas, puede insinuar que tomará sus propias decisiones, sin atender las recomendaciones de los diversos sectores de la sociedad.

No se trata de que el Gobierno le pida permiso o vaya a “cogobernar” con la sociedad civil.   Pero es bueno recordar que fue precisamente esta sociedad civil la que le dio el aval para que hoy dirija los destinos del país.

Por otro lado, la tendencia actual moderna que tiene como fiscales a los medios de comunicación, que se encargan de que nada esté oculto, sea bueno o malo;  la tecnología que hace que la información fluya a la velocidad de la luz; las sociedades civiles organizadas y el aumento de la población obligan a las administraciones públicas a ser eficientes y a fomentar sistemas de participación ciudadana, donde se nutran (los gobiernos) de conocimientos y experiencias, que harán que las decisiones que tomen y las leyes que aprueben sean más justas, equilibradas y eficientes.

Por ejemplo, con respecto al nuevo Código Procesal Penal, tengo que manifestar que nos tocó ver el gran esfuerzo, empeño y preparación que tuvo el Ministerio Público para que pudiese iniciar como se tenía programado desde un principio, en el Tercer Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).   Si la sugerencia al Gobierno era que se aplazará unos pocos meses nada más, pues, debió atender la recomendación, ya que este nuevo sistema busca mejorar la administración de justicia en Panamá y que ha sido incorporado por la mayoría de países del continente americano.  Entonces, por qué presentar excusas, en lugar de propiciar la entrada en vigencia del sistema lo más pronto posible.


En la sociedad civil panameña, son muchos los profesionales, civiles, organizaciones e iglesias –como la católica– que hacen un gran esfuerzo por apoyar a los gobiernos, con sus experiencias y conocimientos para mejorar la sociedad. Todos tenemos el derecho natural de participar y también de oponernos a cualquier medida de los gobernantes, pues, todos nos veremosafectados por estas decisiones.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Justicia, presupuesto y acción

La opinión del abogado y Ministro de Gobierno y Justicia….

José Raúl Mulino

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Justicia, presupuesto y acción

A propósito de la posposición de la entrada en vigencia del sistema acusatorio, creo oportuno plantear algunas reflexiones sobre el tema de la justicia y la importancia que a la misma le estamos dando como gobierno.

La decisión de posponer su entrada en vigencia fue un acto de gobierno, cierto, pero sustentado en la responsabilidad que se tiene como tal de conducir al país con certeza y coherencia. En el presupuesto de este año fiscal no existía ninguna partida para respaldar semejante compromiso. Eso no es imputable a esta administración. En el mes de junio, en plena transición, nos enteramos.  Ya como gobierno, colaboramos en aprobar créditos extraordinarios pero aún así, por testimonios de los propios actores, no se percibía una integral preparación de todas las instituciones involucradas. Debo reconocer sí, que hay avances notorios y que por ello existe el compromiso de seguir dotando de presupuesto a las entidades para que llegado el momento el sistema entre a regir con todas sus bondades, las cuales nunca hemos puesto en duda. Fue irresponsable legislar sin tener en cuenta el costo real de todo el cambio del sistema procesal penal.

Pero es importante anotar algunas consideraciones adicionales. El Presidente de la República, a dos semanas de asumir el mando, en almuerzo celebrado en la Corte Suprema con los nueve Magistrados, se comprometió a dotar a ese Órgano del Estado de los recursos que constitucionalmente le corresponde, de acuerdo al Art. 214 de la Constitución. Hoy, luego de presentado el Presupuesto General del Estado ante la Asamblea Nacional, el Ministro Alberto Vallarino al explicar los componentes del mismo destacó que al Órgano Judicial se le asigna un 2.2 % del presupuesto, cifra que aumenta considerablemente el mismo cuando, el actual, ronda el 0.67%, de acuerdo a lo manifestado en el citado almuerzo.   Así, podrán los administradores de justicia ir preparando la estructura económica necesaria para cuando entre a regir el sistema acusatorio y todo pueda funcionar integralmente como debe ser.

Independientemente de las críticas que se expusieron en el marco de la Asamblea, las únicas no viables son las esgrimidas por la oposición actual, hasta hace dos meses gobierno.   Fueron ellos los que irresponsablemente legislaron y no tomaron en cuenta el tema presupuestario. El que escucha a sus voceros hoy, da la impresión de que acaban de llegar a Panamá y que el pasado fue responsabilidad de otros.

La armónica colaboración con el Órgano Judicial y el Ministerio Público se mantiene.  Personalmente estoy comprometido con ello habida cuenta las competencias propias de la cartera a mi cargo. Igual ha manifestado el Presidente Martinelli.  Es fundamental la recta y pronta administración de justicia.  Con ese propósito nos identificamos y seguiremos apoyando lo que alrededor del mismo se genere.
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Publicado el 6 de septiembre de 2009 en el diario el Panamá América Digita, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Nuevo sistema acusatorio en el limbo

Nuevo sistema acusatorio en el limbo

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La opinión de…

Damarys Itzel Caballero de Almengor

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La implementación del sistema acusatorio garantista se ha visto nuevamente amenazada. Y es que ya no solo se quiere introducir en algunas partes del territorio nacional, (aplicándolo gradualmente, solo en determinados distritos judiciales, práctica ya caída en desuso), sino que ahora se pretende prorrogar su entrada en vigencia.El Código Procesal Penal panameño realizó los cambios de manera escalonada y por fases, para implementar el sistema acusatorio desde el mes de septiembre de 2009, con base en el sistema de gradualidad, argumentando la falta de recursos presupuestarios para ponerlo en marcha en todo el país.

Ahora se ha presentado a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley que pretende implementarlo en 2012 y así progresivamente, hasta 2014, lo que representa el problema de añadir por todo ese largo tiempo, un desconocimiento de las garantías procesales fundamentales y de contar con decisiones imparciales y probas de un juez de garantías imparcial, amén de que puede ocurrir que en 2014, nos ofrezcan otro proyecto de ley para que siga en el limbo jurídico.

La demora de la entrada en vigencia del sistema acusatorio adecuadamente planificado y para el cual ya se ha dictado la correspondiente capacitación, frena el avance de los cambios y trae delicadas complicaciones prácticas, que en definitiva degeneran en un peligroso hacinamiento carcelario y en el desconocimiento de importantes garantías procesales.  En ese error, superado con el paso del tiempo, incurrieron otros países de la región latinoamericana, que ya han visto cumplidos los términos fijados para aplicar su sistema acusatorio.

El aplazamiento de la implementación de las nuevas disposiciones normativas garantistas del proceso penal, producirá una aplicación de la ley penal, diferente de las que doctrinalmente se establecen, y provocará que siga rigiendo el procedimiento penal de corte inquisitivo y mixto, desfasado, contenido en el Libro III del Código Judicial.  De nada servirá que tengamos nuevo Código Penal si se retrasa la entrada en vigencia del Código Procesal Penal ya aprobado.

La implementación progresiva y ahora tardía, del Sistema Acusatorio, rompe con la aplicación uniforme de las reglas del nuevo proceso penal acusatorio moderno y con algunas de sus funciones y le niega al país el derecho a la aplicación de la nueva codificación garantista, creando confusiones.

El Código Procesal Penal debe ser implementado poniendo a funcionar el sistema acusatorio en septiembre de este año. Si hay algo que reformar, sería el permitir que entre a regir en todos los distritos judiciales del país; solo así se podrá establecer en el contexto histórico y ante la realidad de la consolidación de la democracia en América Latina, que hemos impulsado la reforma al sistema con el diseño adecuado, diferente al inquisitivo y basado en el nuevo paradigma acusatorio, humanitario y garantista que velará por la igualdad, el respeto a los derechos humanos y de la dignidad de las personas, sean estas imputados o víctimas.

Si hemos de afrontar responsablemente la implementación de un programa de reforma, debemos tener en cuenta que este no puede fijarse para cuando se considere que haya un presupuesto suficiente, pues tal y como se vislumbran las finanzas nunca lo habrá, porque ocurre que a ese problema presupuestario no se le da la debida prioridad o prelación, en base a lo que representa (justicia adecuada, garantista y expedita) como sí se hace con los otros problemas sociales.

Para un verdadero cambio se requiere vocación, intención y fuerza para reformar integralmente el sistema, planificar con sentido de responsabilidad y como tema de Estado, los costos y la inversión presupuestaria que estas reformas implican, para poder producir un curso histórico distinto y diferente al que se había venido dando hasta ahora para el sistema de justicia penal, si es que verdaderamente el objetivo es mejorar y modernizar la administración de justicia penal, hasta ahora tan descuidada.

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Publicado el 29 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

El sistema acusatorio: democracia y libertad

El sistema acusatorio: democracia y libertad

 

La opinión del Abogado…
Ramiro Guerra Morales

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 El derecho en Latinoamérica, por muchas décadas siguió en camino trágico de calcar modelos provenientes de una Europa que vivió la anti-democracia y la modalidad autoritaria de ejercer el poder político. En este contexto recepcionamos una teoría del proceso que eran cualquier otra cosa, menos proceso. El código procesal italiano, al cual prestó su tutoría ideológica el maestro Calamandrei (periodo del fascismo en Italia), heredero de las Ordenanzas de Klein, (imperio Austro-Hungaro-1885), influyó de manera , casi determinante, en los modelos del juez y funcionario de instrucción inquisitivo, que desgraciadamente ha servido para violentar los derechos fundamentales del ser humano.  El juez que investiga, el funcionario de instrucción, que su objetivo es la pena al imputado, relegando la justicia, a un segundo plano, en Latinoamérica, no en pocas veces, terminaron haciéndoles los mandados al poder de turno y el preciado y vital derecho de la libertad, fueron confiscados, llevando a las podredumbres de las mazmorras a miles de hombres, que su único pecado fue criticar.

Por fortuna, a la barbarie sobrevino la Carta Universal de los Derechos Humanos y el reino de la normatividad positivista, cedió el paso a un catálogo de principios naturales, cardinales en la nueva sistemática jurídica, sobre toda la procesal.  Advienen en el firmamento de la doctrina, jurista de la talla de un Montero Aroca, Luigi Ferrajoli, Zaffaroni, Alvarado Velloso, Carlos Muñoz Pope, Silvio Guerra, Rigoberto Acevedo, estos últimos compatriotas, que han abierto surcos, para, tanto en el ámbito de lo penal como civil, quebrar la mentalidad inquisitorial del proceso, que tanto daño ha hecho a la humanidad.

Cuando en nuestro país se debate en torno al Código Penal acusatorio, es importante decirle a la población, el porqué este modelo de la justicia penal procesal, se corresponde con la filosofía de un Estado de Derecho Democrático, la columna axial de este modelo prioriza, cierto la justicia penal, pero reconociendo que valores como la libertad, el debido proceso, el estado de inocencia, son imponderablesMienten los que sostienen que el sistema acusatorio no se compagina con los derechos de la víctima y un verdadera justicia penal. Este sistema acusatorio viene a quebrar lo que en nuestro medio queda de justicia policiaca, que no es constitucional y violenta derechos humanos. El modelo acusatorio y garantista, tal vez contenga deficiencias, cierto, pero el que tenemos repugna con la vida en democracia.

Como cuestión de fondo, sigue pendiente la reforma en el proceso civil. Sigue siendo un monumento a la tortuosidad y lentitud.

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Publicado el 21 de agosto de 2009 en el diario El Panama America Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

¿Por qué urge el Sistema Acusatorio?

¿Por qué urge el Sistema Acusatorio?

La opinión del Abogado, Catedrático Universitario y Activista de Derechos Humanos, Doctor…

Miguel Antonio Bernal

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El Estado moderno tiene la obligación de ser, en todo momento, garante de la convivencia y del respeto de los derechos fundamentales. Con mucha preocupación y tristeza vemos cómo, sin consulta ciudadana alguna, el Órgano Ejecutivo ha decidido –con absurdo desparpajo- posponer la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio.

Aducen los integrantes del mismo que: ”Los nuevos términos consagrados…  son los adecuados para completar las tareas pendientes que demanda la administración de justicia en aras de garantizar la efectiva aplicación de la ley.” Y así se pospondrá la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, al 2 de septiembre de 2011 como fecha de inicio para la aplicación específicamente en el Segundo Distrito judicial (que comprende los circuitos judiciales de Coclé y Veraguas) y, así, sucesivamente hasta el 2014, cuando tendrá aplicación en el primer distrito judicial de Panamá. En otras palabras: orden y seguridad, antes que libertad y garantías!

Resulta increíble que toda la labor de educación iniciada para la urgente y necesaria transición hacia un sistema penal acusatorio que nos permita abandonar, de una vez por todas, el sistema penal inquisitivo -que ha servido de sostén a la corrupción, desorganización, ineficiencias e ineficacias, que no permite satisfacer el derecho ciudadano a una justicia pronta, sin el excesivo y nefasto formalismo de la actual- sea tirada por la borda con justificaciones que desbordan de demagogia, populismo y desprecio por el garantismo constitucional. ¿A dónde nos quieren llevar con esta medida?

Se hace necesario recalcarle a la sociedad cuán importante es el nuevo sistema penal acusatorio con su oralidad, en el cual la práctica de prueba y la emisión de la sentencia deben hacerse en el mismo acto de la audiencia, dejando atrás los trámites lentos y ritualistas; que el juez no puede seguir basándose solo en el expediente y que deberá tener un mayor contacto con el imputado y la víctima; que se tendrán que eliminar los privilegios pues se hace obligatoria la igualdad de las partes, que no podrán atiborrarse las cárceles de presos sin condena, por caprichos de fiscales y personeros; que la presencia de un juez de garantías obligará a un mayor respeto de los Derechos Humanos y a impedir tanta impunidad que nos ahoga.

Con el nuevo sistema penal acusatorio, que acabaría con los recursos dilatorios y pondría límites a la duración de los procesos para poner fin la mora judicial, la aplicación de las penas estaría subordinada al respeto de los Derechos Humanos, instrumento esencial de la convivencia social pues ellos deben ser el piso y el techo, el fundamento y el límite del poder punitivo.

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Publicado el 21 de agosto de 2009 en el diario El Panama America Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Las fallas del sistema acusatorio

En la opinión del abogado

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Ramiro Guerra Morales
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Las fallas del sistema acusatorio

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El derecho en Latinoamérica por muchas décadas siguió el camino trágico de calcar modelos provenientes de una Europa que vivió la antidemocracia y la modalidad autoritaria de ejercer el poder político. En este contexto recibimos una teoría del proceso que era cualquier otra cosa, menos proceso.

El Código Procesal italiano, al cual prestó su tutoría ideológica el maestro Calamandrei (periodo del fascismo en Italia), heredero de las Ordenanzas de Klein, (imperio austro-húngaro-1885), influyó de manera, casi determinante, en los modelos del juez y funcionario de instrucción inquisitivo, que desgraciadamente ha servido para violentar los derechos fundamentales del ser humano.

El juez que investiga, el funcionario de instrucción, que su objetivo es la pena al imputado, relegando la justicia a un segundo plano, en Latinoamérica, no pocas veces terminaron haciéndole los mandados al poder de turno, y el preciado y vital derecho de la libertad fue confiscado, llevando a las podredumbres de las mazmorras a miles de hombres, que su único pecado fue criticar.

Por fortuna, a la barbarie sobrevino la Carta Universal de los Derechos Humanos y el reino de la normatividad positivista cedió el paso a un catálogo de principios naturales, cardinales en la nueva sistemática jurídica, sobre todo la procesal. Advienen en el firmamento de la doctrina juristas de la talla de Montero Aroca, Luigi Ferrajoli, Zaffaroni, Alvarado Velloso, Carlos Muñoz Pope, Silvio Guerra, Rigoberto Acevedo, estos últimos compatriotas, que han abierto surcos para, tanto en el ámbito de lo penal como civil, quebrar la mentalidad inquisitorial del proceso, que tanto daño ha hecho a la humanidad.

Cuando en nuestro país se debate en torno al Código Penal acusatorio es importante decirle a la población el porqué este modelo de la justicia penal procesal se corresponde con la filosofía de un Estado de derecho democrático. La columna axial de este modelo prioriza la justicia penal, pero reconociendo que valores como la libertad, el debido proceso y el estado de inocencia son imponderables.

Mienten los que sostienen que el sistema acusatorio no se compagina con los derechos de la víctima y una verdadera justicia penal. Este sistema acusatorio viene a quebrar lo que en nuestro medio queda de justicia policiaca, que no es constitucional y violenta derechos humanos. El modelo acusatorio y garantista, tal vez contenga deficiencias, cierto, pero el que tenemos repugna con la vida en democracia.

Como cuestión de fondo, sigue pendiente la reforma en el proceso civil. Sigue siendo un monumento a la tortuosidad y lentitud.

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Publicado el 15 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La judicatura, una labor incomprendida

La judicatura, una labor incomprendida

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Según la opinión de…

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Raúl E.  Olmos E.
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En los últimos meses, los diarios destacan los procesos contra algunos jueces a nivel nacional. Es importante mencionar que la labor judicial, principalmente la de los jueces y magistrados, no es sencilla como tampoco pacífica. Aparece cargada de sinsabores e incomprensiones, dado que ante un conflicto social, sometido al conocimiento de un juez, los operadores judiciales no pueden declarar empate, lo cual implica que deben emitir su decisión o reconocer el derecho a quien le asiste, luego, esta función se realiza utilizando como marco la Constitución, la ley y los convenios internacionales, sin distingo de su condición económica, social o política.

Es una tarea donde no se gana votos de simpatías, en consecuencia, sus pronunciamientos tocan intereses, incluso los que circundan a los círculos de poder. Se trata de una función pública cargada de ingratitudes, pues los jueces adoptan sus decisiones luego de haber agotado todos los pasos que implica el proceso y estas ritualidades son gerenciadas por un secretario judicial, quien al igual que el juez, observa cómo el caso sufre múltiples obstáculos, propiciados por las insuficiencias presupuestarias del sistema que no le permite cumplir con la debida celeridad las diligencias que ordena la ley, otras por cuenta de los abogados, quienes interponen toda clase de acciones legales para evitar que el caso arribe a la etapa de dictar sentencia.

Los jueces reciben duras críticas, algunas injustas, y los medios no destacan sus virtudes o esfuerzos, sólo se difunden las quejas o denuncias que le son interpuestas, no obstante, esto se debe observar desde un ángulo proporcional, en función a la cantidad de procesos que atienden (complejos o no) y que por año en algunos superan la cantidad de 500 conflictos, frente a la cantidad que por esos pleitos son objetos de quejas o denuncias. Al hacer ese ejercicio, sin duda se podrá inferir que el porcentaje de quejas disciplinarias frente a las causa atendidas por año es ínfima y, por tanto, esto denota una buena función, todo ello sin perder de vista que los abogados o las partes perjudicadas con la decisión utilizan la queja disciplinaria o la denuncia criminal como una tercera oportunidad para que se revise el conflicto, ya decidido e incluso revisado por instancias superiores.

Los jueces al atender un proceso encaran diversas amenazas, en primera instancia su seguridad personal, además de ello las quejas disciplinarias que es lo común, las denuncias criminales, las acciones de amparo de garantías y de hábeas corpus, las que pueden degenerar en responsabilidades tanto civil como penal, sin perder de vista las auditorías judiciales y los mecanismos institucionales de evaluación de desempeño.

Finalmente, de no posponerse la vigencia de la ley acusatoria, los jueces del ramo penal recibirán un control de la ciudadanía de forma más directa, dado sus decisiones serán públicas, por tanto, propiciará en ese sector jurisdiccional más transparencia, pues con el nuevo esquema de juzgamiento criminal, el juez cambiará su oficina como escenario actual, a la Sala de audiencia, y por tanto constituirá su espacio permanente de trabajo, es decir, de cara a la población.

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Publicado el 13 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La justicia criminal panameña

La justicia criminal panameña

Según la opinión de

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Roberto Moreno
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La justicia criminal panameña atraviesa momentos trascendentales en su historia, por razón de los cambios propuestos al sistema. Esta semana dos temas han sido noticia, la posposición de la entrada en vigencia del sistema acusatorio y el proyecto de ley que regula la telefonía celular.

En relación con el proyecto que intenta regular la telefonía prepago y las escuchas telefónicas, el mismo es desesperadamente necesario, ya que la falta de controles permite a los delincuentes aprovecharse del sistema y cometer crímenes graves. Por ejemplo, sería de gran alivio para una víctima de secuestro que las autoridades pudiesen ubicarla rápidamente e identificar a sus captores escuchando a los criminales cuando llaman para pedir el rescate a sus familiares.

En cuanto al sistema acusatorio, esperamos que esta posposición permita dotar a las instituciones partícipes en el proceso de administrar justicia criminal: Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio Público y Órgano Judicial, de recursos suficientes no solo para nombrar a los nuevos actores del proceso, (v.g. jueces de garantías), sino de herramientas tecnológicas y científicas (v.g. bancos de datos de ADN y huellas dactilares con equipo moderno para procesar la información) que disminuyan la abismal diferencia en recursos que permite al crimen organizado estar a kilómetros por delante de quienes tratan de controlarlos.

Es frustrante para los investigadores adelantar todo un proceso para que al final, de acuerdo a lo que establece la ley, el acusado sea puesto en libertad con una multa porque no se pudo probar su reincidencia criminal por el simple hecho de que no se incorporó al expediente luego de 6 o más meses su récord policivo por la falta de un sistema moderno que permita acceso desde una terminal de computadora en la fiscalía a la base de datos de la DIJ y se tenga que utilizar el anacrónico sistema de enviar una nota y esperar meses por la respuesta, o peor aún, porque juzgados en oficinas contiguas carecen de intranet que les indique que el sujeto procesado en la oficina A mantiene otro proceso en la B.

El sistema acusatorio no va a mejorar esto, simplemente va a permitir a los delincuentes mayores garantías y ventajas, pues ante nuestra falta de tecnología forense, los casos se limitan en su mayoría a lo que pueden aportar los testigos, y como en el acusatorio no hay expediente, sino que se tienen que evacuar las pruebas en la audiencia (que seguramente se efectuará meses o años después de cometido el crimen, ya que la criminalidad no va a disminuir mientras no se ataquen sus causas basales); y no tenemos sistema de protección de testigos eficiente, será más barato para el crimen organizado eliminar al testigo antes de la audiencia que pagar un abogado y con eso terminar con el caso.

En la mayoría de los países que han efectuado el cambio, siguiendo la corriente recomendada por las potencias anglosajonas de cambio al sistema que ellos utilizan, la percepción de impunidad se ha incrementado, pues el sistema no ha dado los resultados esperados en relación con el crimen organizado, el cual se ha hecho aún más difícil de contener, e incluso hay países que han regresado al viejo sistema mixto o inquisitivo, entendiendo que es mucho más importante la tranquilidad y seguridad de la sociedad en general y de las víctimas de delitos en particular, que la protección de los derechos de aquellos que eligieron dedicarse al crimen de manera organizada.

Evidentemente, en países que dotan a los administradores de justicia de suficientes herramientas y recursos, el sistema funciona y sirve para proteger los derechos de aquellas personas que por primera y única vez o por circunstancias especiales cometen un delito, ya que sus derechos efectivamente son mejor salvaguardados, pero estos países tienen reglas distintas para el crimen organizado.

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Publicado el 11 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la Ley 40

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Sobre la Ley 40
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Pedro Moreno-Patiño Estudiante de Tésis de la Facultad de Derecho.
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En nuestra humilde opinión como ex funcionario de una Fiscalía de Adolescentes, se nos hace obligante exponer a la sociedad el procedimiento agobiante por lo que pasan los que tramitan los expedientes o casos de los adolescentes incorregibles.

En primera instancia esta Ley es sumamente protectora de los victimarios a lo que el procedimiento denomina “garantista”, el “click” del asunto empieza por la ejecución del hecho punible por parte de los adolescentes, la labor policial sin duda alguna es excepcional, llegando éstos a rendir declaración jurada exhaustos donde se le cuestiona más que a los adolescentes, luego se activa una dantesca investigación para ubicar a los familiares, se le confecciona al adolescente rápidamente una medida de seguridad para que comparezca a firmar una o dos veces al mes de acuerdo al delito cometido o convocar a una Conciliación que ésta, a mi parecer, si es procedente.

En un cálculo aproximado de cuatro horas,  el adolescente está listo para irse a su casa o su barrio a perpetrar el siguiente delito.

Los casos van en aumento;  el índice de criminalidad en los jóvenes se incrementa día a día, el desgaste del recurso humano y estatal desde los miembros de la Policía Nacional hasta los funcionarios del Ministerio Público son costos elevadísimos para lograr a fin de cuentas la puesta en la calle al adolescente delincuente.

La ciudadanía no está al margen de esta realidad por el contrario es víctima del sistema que opera la flamante Ley 40, que a nuestro parecer es la principal cómplice de la comisión de los delitos de los adolescentes en nuestro Panamá.  Lo delicado del asunto es que el adolescente conoce perfectamente que su detención no es freno para que no delinca posteriormente.  En nuestro caso particular,  llegué a manifestar que nuestro Despacho parecía más una armería que una Fiscalía.

En los casos que los adolescentes son llamados a juicio,  sean por robo, homicidio, es decir por los Delitos más graves, aunque celebraron el aumento de la pena a los adolescentes,  la misma no es como tal, debido a que se toman los cálculos de rebaja de pena existentes, además hay una estrecha colaboración profesional y de amistad entre los jueces y fiscales que no debe convertirse en óbice de planteamientos en cuanto a la aplicación de la pena.

El nuevo proyecto de Ley de adolescentes es un clamor ciudadano necesario en nuestra latitud, el mismo debe ser renovado por completo, es decir abrogarse la Ley 40 que lo único que ha traído a nuestra sociedad es luto y dolor y proponer una Ley macro donde la pena se ejerza de manera coercitiva.

La puesta en marcha del sistema acusatorio a nuestro parecer pone en riesgo la tranquilidad ciudadana con la neutralización de la detención preventiva, este sistema es exitoso en otras ciudades con economías sólidas, nuestra Patria no converge con esos niveles, así que mantengamos la alerta y la anhelada confianza en que nuestros nuevos dirigentes pongan el debido cuidado y la responsable atención que este problema de seguridad social está aconteciendo.

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Publicado el 7 de agosto de 2009 en el diario El Panamá America, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El rol de los medios de comunicación social en el sistema acusatorio

El rol de los medios de comunicación social en el sistema acusatorio
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Kenia I. Porcell D.

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Con la entrada en vigencia de la Ley No. 63 de 28 de agosto de 2008 (conocida como Sistema Acusatorio) es válido comentar el rol de los medios de comunicación en cuanto a la reserva y acceso a la información. El proceso se surtirá en 3 fases, a saber: investigativa, intermedia y juicio oral. En la fase investigativa se establecen restricciones y limitaciones que en alguna medida se hacen extensivas a los distintos intervinientes (Policía Nacional – DIJ, la víctima, el juez y el Ministerio Público) con las consecuencias administrativas, disciplinarias y/o penales, que correspondan.

A partir del 2 de septiembre de 2009, la nueva Ley establece un número plural de disposiciones procesales que responden al principio de presunción de inocencia.

Resulta suficiente comentar la prohibición del segundo párrafo del artículo 8 que dice que: “Los jueces, querellantes, miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada ni imputada como culpable ni pueden brindar información sobre ésta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de la identificación de dicha persona.” El artículo 287 sostiene que, durante la fase de investigación, dirigida por el fiscal habrá reserva para los terceros y las partes y las demás personas que tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tienen obligación de guardar reserva.

Otro artículo, el 274 consigna que durante la fase de investigación el estado de inocencia del investigado obliga a guardar reserva en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga, hasta que se formule la imputación.

El incumplimiento de esta disposición acarreará la sanción penal y administrativa prevista en la ley, estableciéndose como única excepción, “los casos de reconocidos delincuentes comunes de alta peligrosidad cuya búsqueda y localización se requiere con el auxilio de los medios de comunicación social, siempre que sea autorizado por el Ministerio Público”. Si por el incumplimiento de estas disposiciones se impide el pleno ejercicio de las garantías y derechos que reconoce la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Panamá a las partes, la nulidad será absoluta dejando en indefensión a la víctima y a la sociedad, la que no podrá ser resarcida por la infidencia de aquellos que tuvieron acceso a la información.

En consecuencia, los distintos actores de la sociedad deben empezar a conocer el papel que desempeñarán, pues la presunción de inocencia, piedra angular de este nuevo sistema será resguardada con mayor fortaleza que en la actualidad y su irrespeto, a mi juicio, podría conllevar el cierre de las investigaciones.

También es importante indicar que el principio de publicidad en el sistema empieza, a mi criterio, cuando se produce la formulación de cargos y llega a su cima en la audiencia, la que por ser oral y pública puede y debe ser informada por los medios de comunicación.

La autora es Sub Secretaria General de la Procuradoría General de la Nación.

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Publicado el 6 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Falta legal de voluntad

Falta legal de voluntad

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

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Existe la intención de fomentar cambios en la Ley Penal, pero eso lo podemos lograr de inmediato sin variar el procedimiento.

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Si aplicáramos la Ley como está, otros serían los resultados. Lo que preocupa es que prevalezca esa falta de voluntad y se transmita al nuevo Sistema Acusatorio, anunciado con una procesión de elogios, pero con un enfoque equivocado al problema.

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Si nombramos a los jueces de garantías, en vez de aplicar el nuevo Código por sector para que la novedad se asimile en toda la República y luego, el cambio total en el procedimiento, sería mucha más provechosa.
Hace poco dispusimos aumentar las penas en hasta 15 años. Antes el máximo era 20 años, ahora es treinta y cinco años. ¿Dónde están las cárceles para toda esa gente?

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Los centros penitenciarios ya están sobrepoblados y si de verdad vamos a mejorar el sistema para investigar los delitos y procesar a los responsables, habrá que construir más del triple de las cárceles. Si sumamos y restamos los homicidios que se comenten, los que se resuelven y las audiencias que se realizan, jamás nos pondremos al día.

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Tenemos que variar la competencia en los homicidios dolosos a nivel de circuito y que el Tribunal Superior se dedique a las apelaciones y otros proceso especiales por aquello de la doble instancia. Si por ejemplo, la división política territorial la adaptamos a la judicial y Chilibre, que pertenece a Panamá, tiene al lado a San Miguelito, que es otro circuito, pero se puede instalar un juzgado penal y una fiscalía de circuito, para que trabajen los casos con mayor facilidad, si lo que queremos es atacar el problema en el mismo lugar.

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Con la aplicación del nuevo Código Procesal en este Distrito Judicial, que abarca desde la frontera con Colombia, a los límites con la provincia de Coclé, (Panamá, Colón, Darién y la Comarca de San Blas). ¿Qué esperamos para construir un Tribunal Superior en Colón? Si estos asuntos no se resuelven en la forma, menos se podrán solventar en el fondo.

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Los procesos contra los servidores públicos, puede leer en el Artículo 2467 del Código Judicial: “El que promueva querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el Artículo 2464, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este Artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido”. Lo que hace es archivarlo con la primera opción.
Esta norma ofrece alternativas sobre la prueba sumaria como apreciamos: “En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo”.

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Es el instructor quien debe valorar la denuncia o querella, para escudriñar ese otro medio cualquiera, hasta lograr la recepción de la prueba. Claro que para ello se necesita la voluntad, para interpretar y aplicar la Ley, no en ese sentido literal, más bien con el entendimiento, con la formación, con el verdadero sentido hermenéutico con el que se debe valorar en derecho. Lo otro es que resulta cómodo para el juzgador medio interpretar la pauta.

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Publicado el 5 de agosto de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.