Proceso acusatorio

La opinión del Investigador Privado…..

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PAOLO BOURELLY

En septiembre del próximo año entrará a regir el nuevo sistema penal acusatorio como un proyecto piloto en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).

A diferencia del proceso inquisitivo por el cual se rige la legislación panameña, el proceso acusatorio permitirá agilizar los trámites judiciales, sin mencionar que en un período más corto, las autoridades de justicia deberán recaudar todas las pruebas contra las personas acusadas y de allí determinar si son liberadas o condenadas. Para implementar el sistema acusatorio el Estado debe invertir dinero en la capacitación de los jueces, para que estos puedan llevar a cabo adecuadamente, los procesos del sistema. Por su parte, los investigadores del Ministerio Público deberán encargarse de aportar las pruebas y hacer una investigación totalmente objetiva.

En este sentido, el papel de los abogados defensores es investigar, formular la teoría de defensa del acusado, refutar y aportar pruebas suficientes para lograr la liberación de su cliente.

Bajo esta nueva perspectiva, cobra real importancia para los abogados, especialmente los pagados por los acusados, el papel de los investigadores privados, quienes contribuirían en la búsqueda de pruebas para la defensa; entre éstas se pueden mencionar: audios, fotografías, documentación, videos, búsqueda e interrogatorio de testigos. No obstante, en Panamá no existe una regulación que permita al investigador privado, acceder a los expedientes, documentos, información de propiedades, bancaria, de valores, entre otras indispensables; para realizar exitosamente la investigación y así obtener los argumentos necesarios, para presentar en la defensa del cliente.

En otros países que se rigen bajo el sistema acusatorio, los abogados tienen la posibilidad de apoyarse en los investigadores privados, para que éstos recauden las pruebas correspondientes. Es decir que los investigadores privados, desarrollan las investigaciones necesarias para corroborar los hechos, buscar testimonios, adquirir documentos y presentar las pruebas al defensor.

Dentro del sistema acusatorio tanto los investigadores del Sistema Judicial como los de la defensa privada, deben tener el mismo derecho al momento de efectuar la investigación, para que el proceso se haga de manera justa para el acusado. Sin embargo, tal como está estructurada la ley en Panamá, los investigadores del Sistema Judicial tienen una ventaja sobre los privados, ya que éstos tienen acceso a las bases de datos del Estado, acceso a registro de llamadas telefónicas, información bancaria, de sociedades anónimas, entradas y salidas del país, entre otros, que el investigador privado y los abogados tampoco tienen acceso.

Bajo el proceso acusatorio, debe permitirse a los investigadores privados hacer vigilancias, filmaciones, tomar fotografías, entre otras actividades características del proceso de investigación; y que éstos sean admitidos como pruebas de la parte defensora. Actualmente, en Panamá estos recursos no son aceptados como pruebas durante un juicio.

Introducir el proceso acusatorio en Panamá, representa un avance en el respeto de los derechos de los acusados, sin embargo, implica que se analice la modificación de algunas leyes, para que la defensa que es pagada por los acusados, utilizando la figura del investigador privado, pueda tener el mismo acceso a la información durante la investigación, y así garantizar un proceso justo.

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Este artículo se publicó el 10 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Modernización de la justicia penal

La opinión de…..

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Delia A. de Castro D.

En tiempos en los que se ha planteado la posibilidad de discutir formalmente la instalación de la pena de muerte, figura que hasta el momento está prohibida por la Constitución Política de la República de Panamá; en que distintos sectores propugnan porque se considere la fijación de la prisión perpetua como una opción de sanción; cuando recién se han realizado reformas al Código Penal que llevan hasta 50 años las penas máximas por concurso de delitos; cuándo se ha disminuido la edad de imputabilidad en la jurisdicción penal de adolescentes a efectos de hacer un poco más riguroso el ejercicio del derecho penal y que, paradójicamente, el país se encuentra en el umbral de la implementación del sistema acusatorio, resulta propicio exponer algunas reflexiones en torno a un anhelo: la modernización de la justicia penal.

Modernizar la forma mediante la cual se aplica el derecho penal conlleva algo más que un simple cambio de sistema procesal y trasciende la sustitución de una ley por otra.  Realmente constituye el avance hacia una manera distinta de hacer las cosas, de ver y de tratar a las personas que, ya sea como víctimas o como victimarios, resultan relacionadas con un presunto delito.   Se trata de un cambio de paradigmas que debe llevar no solo a los operadores de justicia, sino a todos los integrantes de la administración pública y a la ciudadanía en general a comprender que aún cuando se haya cometido un delito, que debe ser perseguido con todo el rigor de la ley, el imputado tiene derechos fundamentales compatibles con la naturaleza del ser humano.

Al mismo tiempo, la víctima, como persona afectada por una conducta que se entiende violatoria de la penal, merece ser atendida, escuchada, orientada y protegida.

En Latinoamérica esa modernización ha estado estrechamente vinculada a la implementación del sistema acusatorio, el cual a pesar de las críticas ha producido resultados positivos tales como: la agilidad de los procedimientos, un mayor respeto a la dignidad humana, el crecimiento profesional y actualización jurídica de aquellas personas vinculadas al sistema de justicia penal, ya sean policías, fiscales, jueces o autoridades de ejecución de sanciones.

Las investigaciones se desarrollan ahora de forma más sistemática, pues se ha redescubierto el método científico para aplicarlo al diseño de estrategias de persecución criminal, a la planificación de las diligencias que desarrolla la fiscalía en conjunto con la policía judicial para determinar si un hecho conocido por la autoridad constituye o no delito.

En materia de medidas cautelares de carácter personal, aún cuando los requerimientos sociales en muchos países han obligado al endurecimiento en su aplicación, se han posicionado además de las exigencias de cautelaridad, criterios como la proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, que no solamente deben estar reconocidos en la ley y ser enunciados por el fiscal al momento de requerir su aplicación, sino que deben ser ampliamente explicados y sustentados en acto oral, en función del tipo penal presuntamente vulnerado, de las circunstancias personales del imputado, de la seguridad de la víctima, pero sobre todo, cuando sean necesarias para mantener vinculado al proceso al sujeto pasivo de la acción penal y procurar el cumplimiento de la sanción que al final se imponga, en caso de dictarse una sentencia condenatoria.

Los actos orales o audiencias que se surten en los procesos penales deben ser verdaderos debates en los que se exija argumentación, razonamiento y contundencia en los planteamientos, más allá de los escritos que puedan presentar las partes, de una vista fiscal o de una oposición a ésta.

La referida modernización apuesta por el profesionalismo y el crecimiento intelectual, por el mayor respeto a las garantías y los derechos humanos de todos los que intervienen, por la celeridad y eficacia de las investigaciones, en fin, por un mejor sistema de justicia penal.

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Este artículo se publicó el 9 de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Caso de Arquimedes Sáez. No debe ser motivo para juzgar a la Procuradora

La opinión de……

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Benedicto De León Fuentes

Me voy a permitir disentir respetuosamente de quienes sostienen, a saber, reconocidos comunicadores sociales y juristas, así como también de otros que no lo son tanto, respecto al tema de si debe o no enjuiciarse a la señora Procuradora de la Nación por el caso Sáez, mi opinión es que NO. Explico por qué:

1. Al momento que la señora Procuradora expide la orden declarada ahora de inconstitucional NO estaba claro qué conductas de los agentes del Ministerio Público requerían de previa autorización del Órgano Judicial, es más, aún no está claro;

2. La conducta que la Corte Suprema le ha prohibido al Ministerio Público hacer sin autorización del Órgano Judicial mediante la sentencia del 17 de julio de 2007 es solamente una, a saber, “interceptar o grabar llamadas telefónicas” no obstante, lo deja en libertad para aplicar toda una serie de otras medidas que afectan derechos fundamentales, incluyendo la detención preventiva, que es a propósito la más grave;

3. La autorización que da la señora Procuradora en el caso bajo examen no se materializa por razones técnicas, pero la víctima insiste en usar otros mecanismos como lo fue la escucha por “alta voz”, lo que permite montar un operativo encubierto y sorprender nada menos que al señor fiscal cuando cometía el delito, ¿qué derechos se le violaron a este sujeto?;

4. La autorización para interceptar las llamadas en algunas líneas telefónicas que dio la Procuradora fue a solicitud de la persona que estaba siendo víctima del acto de extorsión por parte del ex fiscal Sáez, no fue a la línea de un tercero, y vale decir que ni la Constitución, ni la ley, ni la sentencia que declaró el acto de marras de inconstitucional se refieren a este supuesto, es decir, queda la interrogante, ¿si a usted lo están intentando extorsionar, puede pedir a un agente del Ministerio Público que le intervenga su propia línea a fin de ubicar al delincuente sin que esto requiera autorización del Órgano Judicial?, me parece que sí y con toda legitimidad;

5. En atención a lo anterior no me cabe la menor duda de que la actuación de la Procuradora, en este caso, fue bajo el entendimiento de que estaba cumpliendo con su principal función, la cual es de perseguir y descubrir a los delincuentes, por tanto, no hubo dolo en su actuar.

Debo dejar claro que en mi opinión, ninguna medida de las que toma el Ministerio Público debe hacerse sin autorización del Órgano Judicial, pues en razón de ello se han cometido múltiples abusos, y precisamente para evitar tales abusos se creó en Panamá el denominado sistema penal acusatorio, respecto al cual hicieron profusos estudios tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público, sin embargo, curiosamente cuando estaba listo para implementarse aunque parcialmente, el nuevo gobierno, el actual, decidió postergarlo, ¿por qué sería?,  saque usted sus conclusiones. Ahora vemos que las profecías se están cumpliendo con exactitud.

En consecuencia, de materializarse todo lo que pareciera estar escrito, la mayor pena para la sociedad panameña sería tener que admitir que se separó, juzgó y condenó a una procuradora, por el solo acto de perseguir y descubrir a un delincuente, ¿no habría una mejor excusa?

Para finalizar, soy de opinión que todas las medidas cautelares personales, tales como: casa por cárcel, no poder abandonar el país sin autorización del funcionario que dictó la orden, la detención preventiva, etc. que a diario el Ministerio Público ejecuta, son de carácter judicial en virtud de que para ello tiene el funcionario que hacer una previa valoración de las pruebas, función que debe ser exclusiva del Órgano Judicial, y es este precisamente uno de los problemas que está llamado a resolver el sistema penal acusatorio.

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Publicado el 30 de enero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El llamado sistema inquisitivo

La opinión de…….

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Juan Carlos Pastor

Para vergüenza de la Corte, sus magistrados y jueces entra a Panamá, y no por vía de su iniciativa, la obligada implementación de lo que ahora llamamos Sistema Acusatorio.

Para gracia de los involucrados en las altas jerarquías de nuestro demasiado cómodo e hipócrita sistema de justicia, cuentan ellos, cuando no son los mismos, con el cúmulo de técnicos e “ilustrados” procesalistas y autores nacionales afanosos más de figurar por medio de fantasiosos o mediocres ensayos que no hacen más que ocultar la verdad y no definir las realidades tal cual son en medio de tan abundante medianía mientras se hacen llamar Académicos pretendiendo así ser siempre parte de la doctrina en tan abusivo sistema jurídico. Malo o bueno siempre han sacado provecho del infeliz ejercicio osando llamarle “ciencia” a lo que siquiera ostenta su apariencia.

En esto pretendo describir las realidades que antaño han servido más a la corrupción e injusticias, que a los caros objetivos de la justicia en manos del Órgano Judicial y su anuencia consciente.   ¿Qué es el Sistema Acusatorio?,   eslogan ahora aprendido por aprovechados “académicos” que adelantan el tiraje de “obras” cada una peor que la otra en astucia, en medio de una población “letrada” demasiado sumisa y nulamente allanada a lo que su entorno intelectual ofrece, ofendiéndola en la médula de su intelecto y subordinada a la bazofia del engaño de una realidad jurídica premeditada.

El Sistema Acusatorio, ¡letrados!, no es más que una forma honesta de describir paso a paso lo terrible que hemos sido durante décadas al permitir la construcción tergiversada y dolosa de un Sistema de Justicia que para salvarnos y a sabiendas, hemos denominado Escrito a fin de acuñarlo para violentar las Garantías Constitucionales y derechos fundamentales fundados en excusas inadmisibles y las infames interpretaciones y fallos de los Tribunales en la obtusidad de su ceguera.

El Sistema Acusatorio es el claro reconocimiento de lo bueno que somos en la invención de subterfugios procesales que en su longitud y tortuosidad avalan las cabezas del sistema a fin de satisfacer sus comodidades prioritarias, sacrificando a toda costa la justicia, publicidad y transparencia.

Nunca que recuerde en mi academia, al sistema lo llamaron Inquisitivo. Hoy, al enfrentar obligadamente al modelo acusatorio, los ilustres juzgadores con libertad reconocen su definición inquisitiva. Lo peor no es el dolo reconocido de la legendaria tortura contra la justicia, lo es, que con esa aceptación de históricas violaciones y desconocimientos a las garantías individuales, más las razones del móvil, sencillamente lo seguimos aplicando para no llamar la atención del iletrado y confundir a los medios que no entienden si se trata de un asunto académico o de omisiones fraudulentas ordenadas por la necesidad de un modelo que solo beneficia la negación de su propio fin.

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Publicado el 28 de enero de 2010 el Panamá América Digital. a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Justicia taiwanesa: ejemplo a seguir

La opinión del Abogado….

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IRVING DOMÍNGUEZ

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Justicia taiwanesa: ejemplo a seguir

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En mayo de 2008, estando en Taipei para la toma de posesión del actual presidente Ma Ying Jeu, me tocó apreciar la forma como actúa el sistema de justicia en Taiwán. Mismo que está fundado en el sistema acusatorio, que a la fecha ha sido congelado en su implementación por razones presupuestarias en nuestro país.

Me llamó poderosamente la atención que el ex presidente, y actual convicto, Chen Shui-bian, a penas entregado el poder y pisando las escalinatas fuera de la Presidencia, y no lo digo en sentido figurado, era esperado por el fiscal general de Taiwán, quien le notificó a él y a su esposa de una medida limitativa de su libertad, consistente en no abandonar la isla hasta tanto culminarán las investigaciones seguidas en su contra y de algunos familiares, allegados y ex miembro del gobierno.

Transcurridos a penas seis meses desde esa muestra representativa de la posición que debe adoptar todo agente de instrucción, se ordenó la inmediata detención de Chen, su esposa y restantes implicados, por el mayor escándalo de corrupción que involucra al Estado taiwanés, y se prosiguió con las restantes etapas del proceso, el cual terminó hace unos días con la prisión perpetua del referido ex presidente y demás séquito implicado. Es importante resaltar que en un año y cuatro meses se procesó al ex presidente, sin distingo de su posición, como un mortal más, y se le impuso la pena máxima para el delito cometido, eso sí, respetándole todas las garantías y defensas a su favor.

Dicen que las comparaciones son necias, pero si cotejamos este caso versus los casos connotados de corrupción, o restantes delitos cometidos contra la administración pública en Panamá, nos percataremos de que transcurren años sin que se defina la situación de los mismos, siendo algunos víctimas de la indiferencia posterior de los medios y de la opinión pública, la cual en muchos casos sufre de amnesia a largo plazo.

Siento que la independencia judicial en estos casos se ve trastocada al no lograrse avances en procesos en contra de prestantes figuras gubernamentales o de partidos políticos con cierta representatividad. Incluso, países cercanos como Costa Rica, cuyo sistema judicial es modelo para Latinoamérica, se han visto imposibilitados de juzgar a ex presidentes por casos como el que se dio en Taiwán, situación que evidencia igualmente la intervención política en estos procesos.

A manera de corolario, es obligante que avancemos hacia un sistema acusatorio que escude al sistema judicial del intervencionismo estatal o particular y le dé vigencia a la independencia de criterio de los jueces y agentes de instrucción, respetando las garantías de todo procesado, sin importar prestancia o abolengo.

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Publicado el 17 de septiembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La necesidad de implementar el sistema penal acusatorio

La opinión del Abogado….

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Benedicto De León Fuentes

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La necesidad de implementar el sistema penal acusatorio.

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En mi condición de abogado y ex presidente de un gremio de abogados procesalistas, me permito expresar  algunas consideraciones sobre este nuevo sistema de juzgamiento penal que, de acuerdo con la Ley 63 de 2008, debía  entrar a regir en el segundo Distrito Judicial –Coclé y Veraguas– a partir del 2 de septiembre pasado. En esencia, el sistema significa que una persona que sea acusada de haber cometido algún delito será procesada y juzgada en un lapso muy corto de tiempo, puede ser semanas o meses. Para dar un ejemplo conocido en nuestro medio, el señor Murcia Guzmán ya fue condenado en Colombia, siendo que solo hacía algunos meses había sido detenido.

A contrario sensu, con el sistema que actualmente impera en nuestro medio, ello podía haber demorado varios años, para muestra un solo ejemplo: hace unas pocas semanas  un conocido boxeador fue declarado inocente y, consecuentemente, liberado luego de pasar tres largos años en prisión.   En otras palabras, lo que con el sistema actual demora como promedio tres años para que se  resuelva la situación jurídica de un acusado, o sea, que conozca si lo condenan o liberan, en el sistema acusatorio eso mismo se haría en un promedio tres a seis meses.   El sistema de juzgamiento penal que impera en nuestro medio tiene  muchas  deficiencias, algunas de las cuales menciono a continuación:

1. Para el acusado, este, como ha quedado dicho, tiene que someterse a una espera para ser juzgado que como promedio dura tres años, y si está detenido, ya pueden imaginarse los perjuicios que  de ello se derivan, sin que sean indemnizados si resulta inocente.

2. Para la familia del acusado, esto es todo un drama, el solo ir a la visita, cuando, en el caso de Panamá, la esposa, la madre o quien sea, debe levantarse a las 3:00 a.m. para ir a La Joya o La Joyita y luego someterse de revisiones y espera para poder ver a su pariente, amén de los problemas familiares que pueden surgir incluso la pérdida de la esposa, hijos, etc.

3. Para la sociedad, en Panamá no hay pena de muerte y tampoco cadena perpetua, lo anterior quiere decir que la persona que es enviada a la cárcel, eventualmente volverá a la sociedad, que tendrá que recibirlo, posiblemente, “graduado” con maestría o doctorado, pero no en asuntos beneficiosos, sino todo lo contrario, y

4. Para el Estado, aun cuando las condiciones en que se tiene a los detenidos es paupérrima, ello tiene un costo que debe asumir el Estado y en consecuencia todos los asociados. Con el nuevo sistema penal acusatorio, aunque habrá detenidos, se busca que estos en su mayoría sean personas condenadas, no como ocurre en la actualidad en que  más del 60% de los detenidos  lo está con carácter preventivo.

Considero que la actitud del Ejecutivo en cuanto a postergar la entrada en vigencia del sistema no es cónsona con la realidad que conocemos los abogados y las personas que eventualmente se ven involucradas en una causa penal con responsabilidad o no.   Además, el Órgano Judicial no es una institución más del Ejecutivo, por ello, debe respetarse y dotarlo de  los fondos que se requieren para implementar el sistema, pues ocurre que lo han estudiado y están preparados para ponerlo en práctica.   Para finalizar, en América Latina somos el único país en el que se han encontrado todas las excusas para que no entre en vigor el sistema.

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Publicado el 16 de septiembre de  2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Descontento en la mesa de diálogo

La opinión de….

Eric Aragón

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Descontento en la mesa de diálogo

Realmente, es muy preocupante que el representante del Comité Ecuménico, en la Comisión de Estado por la Justicia –que se creó en el año 2005 y que está integrada por varios grupos representativos de la sociedad civil organizada, exprese que las señales recibidas del Gobierno no han sido buenas, incluso, deje entrever la posibilidad de retirarse de la mesa de diálogo.

Pero el descontento no es únicamente del representante de la Iglesia católica, también, en iguales términos se han expresado otros miembros, instituciones y profesionales que de una u otra forma están vinculados al tema, como la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Las decisiones que ha tomado el Gobierno –a pesar de las sugerencias de la sociedad civil– de aprobar una ley de rastreo telefónico, bajar la edad de imputabilidad de los menores de 14 a 12 años; postergar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal no son las acciones más sabias en un Estado de derecho y democrático.

Lo que más llama la atención es la actitud mostrada por el representante del Ejecutivo, de no darle la debida importancia a las reuniones y recomendaciones de la Comisión de Estado por la Justicia (La Prensa 20/8/2009).

Ningún gobierno, aunque haya ganado con una fuerza aplastante en las urnas, puede insinuar que tomará sus propias decisiones, sin atender las recomendaciones de los diversos sectores de la sociedad.

No se trata de que el Gobierno le pida permiso o vaya a “cogobernar” con la sociedad civil.   Pero es bueno recordar que fue precisamente esta sociedad civil la que le dio el aval para que hoy dirija los destinos del país.

Por otro lado, la tendencia actual moderna que tiene como fiscales a los medios de comunicación, que se encargan de que nada esté oculto, sea bueno o malo;  la tecnología que hace que la información fluya a la velocidad de la luz; las sociedades civiles organizadas y el aumento de la población obligan a las administraciones públicas a ser eficientes y a fomentar sistemas de participación ciudadana, donde se nutran (los gobiernos) de conocimientos y experiencias, que harán que las decisiones que tomen y las leyes que aprueben sean más justas, equilibradas y eficientes.

Por ejemplo, con respecto al nuevo Código Procesal Penal, tengo que manifestar que nos tocó ver el gran esfuerzo, empeño y preparación que tuvo el Ministerio Público para que pudiese iniciar como se tenía programado desde un principio, en el Tercer Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).   Si la sugerencia al Gobierno era que se aplazará unos pocos meses nada más, pues, debió atender la recomendación, ya que este nuevo sistema busca mejorar la administración de justicia en Panamá y que ha sido incorporado por la mayoría de países del continente americano.  Entonces, por qué presentar excusas, en lugar de propiciar la entrada en vigencia del sistema lo más pronto posible.


En la sociedad civil panameña, son muchos los profesionales, civiles, organizaciones e iglesias –como la católica– que hacen un gran esfuerzo por apoyar a los gobiernos, con sus experiencias y conocimientos para mejorar la sociedad. Todos tenemos el derecho natural de participar y también de oponernos a cualquier medida de los gobernantes, pues, todos nos veremosafectados por estas decisiones.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde