Democracia y libertad de expresión

La opinión de…

 

Eduardo Rubén Ulloa Miranda

Cada vez más seguido escuchamos a funcionarios del Gobierno atacar a los medios de comunicación social y promover iniciativas que llevan como finalidad sancionar o penalizar a quienes a través de los mismos emiten críticas, comentarios o denuncias en torno a su persona.

Señalan quienes así actúan que hay un abuso de la libertad de expresión, que se afirman hechos que nos son ciertos, que se calumnia y ofende a los funcionarios públicos y que, por eso, debe sancionarse a los mismos.

Al respecto, debemos precisar, que no apadrinamos ni compartimos el exceso en la libertad de expresión ni la utilización de los medios de comunicación para generar campañas de desprestigio injustificadas y con fines ajenos al de informar. El periodismo debe ser usado con responsabilidad y profesionalismo, con independencia, objetividad y trasparencia, sin que ningún factor de presión, sea político, económico, o personal, lo desvíe de su sagrado deber de dar a conocer la verdad y generar opinión.

Ahora bien, debe tenerse claro que ningún hecho, por excesivo que sea, justifica que se adopten medidas gubernamentales con miras a limitar la libertad de expresión, establecer sanciones por críticas a los funcionarios públicos, ejercer una amenaza penal sobre los periodistas o influenciar sobre el ánimo del comunicador social frente al poder estatal. Esta censura velada se aleja de los principios fundamentales de la democracia y pone en manos del gobierno instrumentos de control y persecución contra la libertad de expresión.

Recordemos algo, quienes ejercen funciones públicas son servidores de la sociedad y no una casta privilegiada por encima del ciudadano común. Ellos se deben a los ciudadanos, quienes con sus impuestos pagan sus salarios. Están sometidos al escrutinio público y a la fiscalización de la sociedad pues fueron designados para adelantar una gestión pública determinada, definida por la Ley, y por tal razón deben rendir cuentas de sus actos.

Esa posición de exposición pública no les fue impuesta a los funcionarios, ellos por voluntad propia se sometieron a esta, al aceptar la designación o al ser electos para un cargo público. Ellos renunciaron a la privacidad de la que goza un ciudadano común, y decidieron ser figuras públicas sometiendo sus actos a la crítica social y a la valoración ciudadana.

La democracia representativa descansa sobre pilares fundamentales de esta, y uno de esos pilares lo constituye la potestad que tienen los ciudadanos de conocer, valorar, opinar, criticar, cuestionar y ser oído, en torno los actos ejecutados por los funcionarios públicos, como garantía de que la actuación de los estos responda a los mejores intereses de la sociedad, a la voluntad popular, y al mandato que les fue otorgado.

La designación a un cargo, sea por elección popular o por designación nominal, no conlleva un mandato abierto y sin límites para quien lo recibe. Tal y como lo señala nuestra Constitución Política, el poder público emana del pueblo, y ese poder nunca se traspasa o se cede de manera incondicional a persona alguna.

La escogencia de un Presidente de la República, en una democracia representativa, no es más que la designación de una persona para que administre la gestión estatal, ello en modo alguno significa que quien así fue electo pueda tomar decisiones de trascendencia especial para la sociedad, sin consultar con la sociedad civil que lo eligió. Ello tampoco significa que puedan cambiarse las reglas del juego en cuanto a libertades y participación ciudadana de manera unilateral y mucho menos el desconocimiento de consensos sociales, previamente alcanzados sobre derechos fundamentales.

Gobernar en democracia no es sinónimo de imposiciones. Se puede gobernar y dirigir los destinos de una Nación sin renunciar a los métodos de consultas ciudadanas. Se pueden tomar decisiones ejecutivas de manera rápida y efectiva sin dejar de oír a los ciudadanos y respetando los derechos y garantías individuales. La capacidad y liderazgo de un gobernante no la determina la fuerza con que imponga sus decisiones, sino la asertividad y calidad de sus actos, que habrán de hacer que la sociedad que regenta los identifique como afines a sus intereses.

La intolerancia del poder tiene como fuente la incomprensión de su papel de gobernante. No se puede ser demócrata a tiempo parcial, luchando y defendiendo las instituciones democráticas cuando se está en oposición o fuera del gobierno, pero desconociéndolas e ignorándolas cuando se está en el poder. Ese doble discurso no solo resta credibilidad a quien lo ensaya, sino que evidencia la ausencia de compromiso con la preservación del régimen democrático.

Creer que al haber sido electo para cualquier cargo de elección popular da derecho a actuar sin consultar es tanto como rememorar aquella frase de que “El Estado soy yo”, confundiendo consultar con cogobernar y estigmatizando la crítica social a su gestión con un ataque personal.

El respeto se gana, no se exige. Respetemos el derecho de los demás, defendamos las instituciones democráticas y pongamos siempre el interés común al interés particular de quien gobierna, sobre todo, no debe olvidarse que el poder es efímero y cambiante, pero las instituciones de garantías deben ser para siempre, pues quienes hoy detentan la dirección del Estado, mañana serán oposición y se darán cuenta entonces de lo importante que era luchar por el respeto a estas.

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Este artículo se publicó el 13  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Insalubridad, ¿delito contra la salud pública?

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La opinión del Abogado y Odontólogo, Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá (UP)….

 

Omar O. López Sinisterra 

Panamá, país de grandes contrastes, en las últimas décadas ha mostrado un vertiginoso crecimiento y desarrollo urbanístico que pareciera incontenible. Sin embargo no todo es positivo y bello.

El problema del manejo de la basura en el país está llegando a puntos en que se está comprometiendo la seguridad colectiva. Se observa una responsabilidad ausente en lo que refiere a quien se encarga de este serio problema. Estamos en fiestas de navidad y de año nuevo, lo que involucra que los panameños como consumistas que somos, hemos triplicado en estos momentos, la cantidad de basura en el país producto de la actividad compulsiva de las compras.

Es importante mencionar que aunada a esta situación, muchos comercios de la localidad en su afán de lograr vender y colocar sus productos infringen la norma sanitaria e inclusive atentan contra la salud pública de los panameños. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, manipulando fechas de alimentos y productos que han caducado, alimentos dañados, permanencia de roedores, insectos y alimañas en sus establecimientos que traen enfermedades, y algunos poseen infraestructura oxidada y deteriorada en la cual procesan los alimentos al consumidor contaminándolos.

La cucaracha que es un insecto de presencia permanente en muchos sectores, transmite bacterias que producen enfermedades tales como la disentería, la diarrea, el cólera, infecciones intestinales y fiebres entéricas a través del contacto con sus patas sobre los alimentos.

Igualmente las moscas son portadoras de estas bacterias produciendo igualmente estas enfermedades. Los ratones y ratas consumen todo tipo de alimentos los cuales contaminan con sus heces y orina introduciendo bacterias y produciendo enfermedades.

Cuando se venden en los expendios de alimentos productos vencidos, en mal estado o contaminados producen enfermedades peligrosas para la salud y ocasionar finalmente la muerte. Estas enfermedades se manifiestan con vómitos, diarreas, dolores abdominales.

En nuestro país debemos sancionar enérgicamente a todos los individuos que incurren en estos delitos que finalmente afectan a parte de la colectividad. No solo el cierre de los locales, sino que la gravedad del delito, se deben incorporar sanciones enérgicas sobre este tipo de infractores o delincuentes.

Quiero señalar que el director de la Región de Salud de San Miguelito, Dr. Algis Torres está realizando una excelente labor con respecto a este tema y ha sido enérgico con aquellos locales que insisten en vender al pueblo panameño alimentos dañados, vencidos y contaminados.

 

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<>Artículo publicado el  30  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La desobediencia

La opinión del Jurista y Docente Universitario en la materia….

 

CARLOS   AUGUSTO   HERRERA   –
cherrera255@hotmail.com

En  la entrega anterior desarrollamos lo concerniente a la figura del desacato en uso desde los tempranos tiempos, sin descontar que se confundía con la calumnia o injuria, debido a que el irrespeto era provocado a la autoridad.   Existe confusión sobre esta figura judicial y coercitiva al supuestamente faltar el respeto al funcionario público en función de policía y que comúnmente conocemos como: IRRESPETO A LA AUTORIDAD,   pero es que debemos agregar DE LA LEY.

Por la destacada legislación panameña apreciamos lo establecido en el artículo 1045 del Código Judicial, al referirse a la condena dentro o al concluir un proceso, por sentencia o auto, con lo que se obliga al culpable a realizar alguna cosa y que en la misma resolución se advierte que se abstenga de hacer lo que se la ha prohibido o queda sujeto a la indemnización por daños y perjuicios, más el desacato a la ley. Esto es perfectamente entendible, puesto que una resolución dictada por una autoridad es ley entre las partes.

Si existe un proceso determinado, en el que se impide al demandado enajenar bienes con los que posiblemente deba pagar lo que se le exige y por lo que decreta de inmediato el embargo para que dichos bienes sean puestos a órdenes del tribunal, para el consiguiente remate y entrega, pero el ejecutado desoye esto que plasma el artículo 1050, entonces el juez pude ordenar el apremio por desacato.   Si ha incurrido en falso testimonio para ocultar los bienes u obstaculizar el proceso, el juzgador desglosa copia del expediente para que el Ministerio Público investigue.   Lo mismo se hace si dichos bienes son traspasados para caer en insolvencia.

Queda, además, el proceso sumario para que se impugnen estas maniobras. Otro asunto es lo preceptuado en el artículo 1069 del nuestro Código Judicial, sobre el agregado económico consecuencia de un litigio en el que se condena al vencido:

‘1. El trabajo invertido por el litigante o por su apoderado en la secuela del proceso;

2. El trabajo en derecho, bien por la parte o por su apoderado, ya sea verbal, ya por escrito;

3. Los gastos que ocasiona la práctica de ciertas diligencias, como honorarios de peritos y secuestros, indemnización a los testigos por el tiempo que pierden y otros semejantes;

4. El valor de los certificados y copias que se aduzcan como pruebas; y

5. Cualquier otro gasto que, a juicio del juez, sea necesario para la secuela del proceso, pero nunca se computarán como costas las condenaciones pecuniarias que se hagan a una parte en virtud de apremio, o por desacato, ni el exceso de gastos que por impericia, negligencia o mala fe, hagan las partes, sus apoderados o defensores’.

La persona vencida en juicio debe cancelar estas obligaciones y el juez tiene la potestad de obligarlos mediante los apremios por desacato que pueden, como ya conocemos, aumentar cada vez que se aplica al vencido contumaz.

Otra norma del mismo código, nominada como 1328, permite al juez de primera instancia y, previo el informe secretarial, la autoridad a cargo impone sanciones conminatorias o desacato al demandado en proceso de alimentos ‘hasta por el término de treinta días de arresto, mientras dure la renuencia en los siguientes casos:

a. Cuando no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas;

b. Cuando proceda de mala fe a eludir el pago de las cuotas alimenticias. Se presume la mala fe cuando renuncie o abandone un trabajo para así eludir su obligación o cuando su conducta ponga de manifiesto que tiene medios para hábitos desordenados, pero no para cumplir con el pago de las cuotas alimenticias;

y Cuando el demandado traspasare sus bienes, después de que haya sido condenado a prestar alimentos, si con ese traspaso elude su obligación’.

Tenemos sanciones por desacato en función del artículo 1329 al empleador o jefe que no informe al juez en cinco días sobre el salario devengado por el servidor público o trabajador, o suministrare datos  falsos al respecto o no cumpla con el descuento, por este solo hecho será sancionado con cinco días de arresto, mientras dure la renuencia y sin perjuicio de quedar obligado a pagar la pensión no retenida por él.

Como el lector puede apreciar, este asunto es serio, porque ahora se extiende a terceros.   Otra cuestión es la deuda galopante que se crea si se detiene a una persona por treinta o más días, ¿cómo puede ésta trabajar para conseguir el dinero con el que debe enfrentar la obligación impuesta? Es el secretario del despacho el encargado de levantar el expediente con los cargos que justifiquen la sanción, pero es el juez quien dicta la resolución respectiva, de acuerdo con el artículo 1330 de nuestro Código de Procedimientos.

 

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<> Este artículo se publicó el 14 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrera-carlos-augusto/