Escandalosa confiscación de la propiedad privada

La opinión del  Abogado…..

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

MINA HIDRO-POWER CORP. , acudió ante la Jurisdicción Administrativa de Plena Jurisdicción para solicitar la impugnación de la resolución administrativa expedida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), porque no concedió la prórroga solicitada oportunamente según lo pactado, y sin embargo resolvió indebida e ilegalmente la concesión administrativa que le reconoció el derecho a construir, mantener y explotar el proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina.

Así el demandante no hizo más que buscar la tutela judicial efectiva para proteger su derecho a la propiedad de este bien, elaborado mediante un esquema particular que corresponde a los dibujos, modelos, y diseños expresados en los planos correspondientes, que configuran el contexto de su propiedad intelectual integrados por las producciones de su talento, y su derecho de autor, que quedaron debidamente protegidas por la Ley.

Cuando esta concesión administrativa se otorga a un tercer concesionario, sin esperar las resultas del proceso, se desprende que lo que se ha ejecutado es un despojo de los derechos inherentes a la propiedad, lo más parecido a una expropiación o una confiscación de bienes , pero sin el pago de la indemnización correspondiente; situación que es insostenible en un Estado de Derecho.

El Derecho a gozar y disponer la Propiedad Privada sin más limitaciones que las establecidas por la ley , está consagrado entre los derechos fundamentales con rango constitucional, que nuestro ordenamiento jurídico reglamenta conjuntamente con las producciones del talento, la propiedad intelectual, el derecho de autor, lo mismo que la propiedad sobre las concesiones administrativas.

Por otro lado, se produce la inadmisión de la Demanda de Protección de los Derechos Humanos propuesta posteriormente,  bajo la concepción de que “ el proceso ha sido dirigido a demandar la protección de los derechos humanos justiciables de una persona jurídica, encaminados a la anulación del acto impugnado ”.

Es visible el error de enfoque en que se incurre: por un lado se autoriza a las personas jurídicas para la contratación de actos con la administración pública; por otro se le niega la protección de sus derechos justiciables frente a la misma.

Peor aún, constituye un evidente y claro contrasentido el no avalar la tutela de los derechos justiciables de tales personas jurídicas frente a la administración pública, cuando las mismas son una creación jurídica reconocida por el Estado, que gozan de la facultad de recurrir por vía del amparo constitucional.

Estamos así ante una concepción “ restrictiva ”, que concibe como titular del derecho de protección solo al “ ser humano ” como una categoría genérica distinta respecto a la “ persona ”, en la que sí queda integrada la “ persona jurídica ”, como el ente susceptible de responder ante los derechos y obligaciones generados en el seno de la sociedad.

Invocamos, pues, una acción de tutela para restituir el derecho y la libertad empresarial violados de forma ostensible. Debe quedar claro que las personas jurídicas son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, para adquirir y poseer toda clase de bienes, para contraer obligaciones y ejecutar acciones judiciales encaminadas a un fin digno de protección.

En el caso que nos ocupa, hay que considerar que la sociedad demandante fue creada ad hoc para pactar con el Estado panameño una concesión para la construcción, administración y explotación de una central de generación eléctrica determinada, para luego (…) encontrarse sin la debida tutela y protección de dicha actividad permitida por el tráfico jurídico, lo que le impide alcanzar los fines de interés, tanto públicos como privados, inherentes a la naturaleza de su creación, tal como ha sido reconocido previamente por el propio ordenamiento jurídico.

La persona jurídica de derecho privado es el fruto del ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos que la integran, buscando una organización susceptible de administrarse con mayor eficiencia y, por lo tanto, ella misma se convierte en un medio para el ejercicio de esos derechos, algo transcendental en cuanto a que el reconocimiento de derechos fundamentales a personas jurídicas se busca en los intereses de las personas físicas tras de ellas.

La tutela judicial efectiva corresponde al derecho de todo ciudadano para acceder a la jurisdicción, que en este caso se negó a la persona jurídica que represento. Ello significa que se le niega la posibilidad de ser parte de un proceso con el objeto de obtener una resolución motivada y argumentada sobre la petición amparada por la Ley. Vibra en este contexto el tema del debido proceso ; regulado por la Ley con las debidas garantías en beneficio de las partes.

Es obvia así la importancia que revisten las garantías tendientes a asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, como también la organización del poder a través de una serie de potestades que se atribuyen a las magistraturas públicas, facultadas para construir garantías políticas de control de libertades por medio de la jurisprudencia.

Se trata de la necesidad de proteger a las personas jurídicas nacionales en dos de las más valoradas libertades que les reconoce expresamente la Constitución Nacional: la libertad de empresa o de asociación y la de poseer todo tipo de bienes lícitos.

Quedan conculcados los derechos justiciables de mi representado en las instancias instituidas constitucionalmente para la preservación de derechos fundamentales de los asociados. Se configura así una Negligencia Grave al momento de ejercer la función jurisdiccional: ¿Cómo es posible que en el Pleno de la CSJ se haya acreditado la usurpación de competencia en la advertencia propuesta, sin que a la vez se lesionen los derechos fundamentales que se reclaman, así como también el derecho fundamental de acceso a la tutela constitucional?

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Este artículo  fue publicado el 13 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

TPC, propiedad intelectual y economía

La opinión de…..

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Marcos Polanco Martínez

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TPC, propiedad intelectual y economía

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En medio de los esfuerzos por salir de la crisis financiera mundial, en Panamá se aprobó una reforma fiscal propuesta por el Gobierno.

En ese marco económico, debemos plantearnos cómo el Estado puede potenciar nuestras fortalezas para que sostenidamente brinden un soporte económico a nuestras políticas.

Está probado que las economías que invierten en la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) son las que presentan envidiables niveles de crecimiento. En este punto podríamos preguntar por qué las mayores potencias económicas protegen el producto de la innovación de sus ciudadanos.

En ese sentido, Estados Unidos a través de sus tratados de libre comercio (TPC) ha logrado incluir capítulos de propiedad intelectual (PI) y obligaciones específicas en materia de derecho de autor y propiedad industrial.  Aparte de si esto es bueno o malo para países como el nuestro, el punto es que esto lo hacen por lo que significa para su economía en materia de investigación, innovación, generación de empleos, desarrollo e impuestos para el fisco.

La administración Obama en materia de comercio exterior considera que la protección de la PI es fundamental y busca “proteger la innovación y creatividad estadounidense mediante la negociación y aplicación de una fuerte y efectiva protección de la propiedad intelectual”.

Según esas prioridades, el TPC con Panamá será abordado “pronta, pero responsablemente”. Debemos trabajar para que, proporciones guardadas, incentivemos y desarrollemos la innovación y creatividad de los panameños. Los beneficios podrían impulsar nuestra economía a niveles importantes y ahorrarnos reformas coyunturales.

Veamos estos datos: en el caso de las industrias basadas en el derecho de autor, estas representan el 5.7% del PIB de Singapur, el 5.38% en Canadá y el 12% en EU.   De las seis industrias estadounidenses en ventas al exterior, las protegidas por el derecho de autor están por encima de la automotriz, química e incluso de la agrícola.

La PI genera riqueza y eso la convierte en un área estratégica de la economía estadounidense.   La PI puede tener un impacto positivo en los distintos sectores de la economía.

El TPC puede ser una oportunidad y no una obligación, eso depende de nosotros. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación imponen retos en materia de protección de la creatividad.

El TPC puede ayudarnos a mejorar nuestra legislación, incluyendo formas avanzadas de protección propias de la era digital.

Es necesario el desarrollo de una estrategia nacional de PI que incluya más que una reingeniería institucional. La ecuación que integran la ley, los derechos que esta reconoce y las medidas para su adecuada observancia, pueden tener un efecto provechoso para nuestra economía.

Al crear las condiciones y los incentivos correspondientes la PI podrá ser para nosotros un verdadero motor de desarrollo.

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Publicado el 19 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.