El triunfo del derecho y la razón

Sobreseimiento definitivo a favor del Ing. Roger Moscote y el Lic. Melitón Sánchez.  La opinión de…

ROLANDO VILLALAZ
villasoc@yahoo.es

Dos importantes sentencias se han dictado en los inicios del año 2011, reivindicando a la Administración de Justicia, a los Tribunales y jueces. Por una parte, el Segundo Tribunal Superior ratificó y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Decimoquinto Penal donde se dictó sobreseimiento definitivo a favor del ingeniero Roger Moscote y el licenciado Melitón Sánchez, sobre supuestos actos irregulares en torno a dineros de la Delegación de Panamá que fue a los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.

No solamente se demostró su total inocencia, sino que se evidenció la mala fe de quienes dirigiendo el Instituto Panameño de Deportes y la Contraloría General, torcieron informes para aplicar leyes que no se le pueden aplicar al Comité Olímpico y usar Manuales que solo tienen vigencia para federaciones y organizaciones deportivas de menor jerarquía al Comité Olímpico.

Fue este proceso en el cual, violando la presunción de inocencia, se linchó mediáticamente a estas personas y se les condenó anticipadamente, calumniando e injuriando, sin pruebas de ningún tipo, en una tarea donde hasta el Ministerio Público colaboró violando elementales garantías constitucionales. Se demostró que ningún dinero se usó indebidamente y que hasta se le devolvió al INDE más de 60,000 balboas que no se habían usado.

La otra sentencia la acaba de dictar el Juzgado Décimo de Circuito Ramo Penal, en un proceso desfigurado desde su inicios y montado ante los medios como un ‘show’ donde se vilipendió a mas no poder a los directivos del Comité Olímpico de Panamá, violándose la reserva del sumario y la presunción de inocencia, sin importar su honra ni sus familias en una demostración abierta de que se quería sacar a los directivos del Comité Olímpico a como diera lugar, a pesar de que lo único que estos hicieron fue acatar un fallo de un tribunal de justicia y con el aval del COI y la ODEPA, para hacer nuevas elecciones en base a los Estatutos de 1970, que permiten la vigencia de la Carta Olímpica en la República de Panamá sin cortapisas ni limitaciones.

Estos fallos son una bofetada a los que usando los medios de comunicación se prestaron para una sistemática campaña de ataques personales, injurias y hasta poco faltó para que le pidieran a los Jueces que ellos redactarían las sentencias.

Es una lección para quienes creen que se puede torcer la justicia para darle la razón a quien usurpa un organismo fantasma que no tiene reconocimiento de nadie fuera de Panamá y que solo ha servido para que unos cuantos avivatos reciban apoyos disimulados o abiertos de los Directores del INDE o Pandeportes de turno, para socavar al Comité Olímpico y seguir ellos fantaseando una representación hecha a base de violaciones a la ley panameña, a la Carta Olímpica y al sentido común.

Como un castillo de arena o de naipes se han ido cayendo cada una de las mentiras y falsedades que se han estado vociferando todos estos años de quienes creen que pueden sustituir a los tribunales con campañas amenazantes e intimidantes y con vulgaridades de todo tipo para forzar algo que nunca ha estado cerca de la verdad.

Quienes en este periodo han alegremente jugando con la honra y la decencia de las personas, sepan que existe el delito de calumnia judicial y simulación de hechos punibles, para los que con temeridad creen alegremente que se puede ir a los tribunales para usarlos de trampolín para la infamia y la descalificación pueril de sus adversarios.

Sabemos que las autoridades del Comité Olímpico Internacional y de la Organización Deportiva Panamericana con la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales han tomado debida nota de estos acontecimientos y debe el Gobierno Nacional actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde para el deporte panameño que no resiste más farsantes de opereta barata.

<> Este artículo se publicó el 9 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Hoy el ‘factoring’ es un delito…

La opinión del Abogado y Ex Fiscal …

ARMANDO   FUENTES
armandofuentes@hotmail.com

¿ Mañana cuál será el nuevo delito en Panamá?.. El factoring es un financiamiento que otorga un banco, una financiera o un prestamista, al cliente que tiene una factura, contrato u orden de compra, cuya fecha de pago es a largo o mediano plazo.   Esta operación ayuda al cliente a obtener dinero en efectivo de inmediato, en vez de esperar el plazo de pago a cobrar a su deudor. Como se aprecia, es una simple operación de crédito en la que no hay nada fuera de lo común y que su génesis es ayudar a la pequeña empresa con fuente de financiamiento para enfrentar los retos del mercado comercial y lo único que evalúa el financista es la veracidad y solidez de su fuente de repago.

Por ser una actividad crediticia lícita, que se realiza frecuentemente en la plaza panameña, es totalmente incomprensible e inaceptable que conceder un financiamiento de esta naturaleza sea sustento para vincular a una persona a un proceso penal.   No obstante, eso es lo que está padeciendo Teófilo Gateno en el proceso que se le sigue, por la única y sencilla razón de haber otorgado un préstamo tradicional. En ningún momento Gateno intervino en el proceso de compra y venta de los suministros, que resultaron ser dietilenglicol.

Es incorrecto vincular a un financista a un proceso en dichos términos, dado que ello raya más allá de lo que se denomina la responsabilidad objetiva, que no está reconocida por el Código Penal panameño. Resulta aún más preocupante que, ante el panorama descrito, se impongan severas medidas cautelares y prolongadas, fundamentándose exclusivamente en apreciaciones subjetivas como la posible existencia del delito y la presunta vinculación, sin que existan las exigencias de cautelaridad, tales como peligro de fuga, de interferencia en la práctica de las pruebas o de comisión de delitos graves.

El uso inadecuado de medidas cautelares como penas anticipadas, hace que las mismas sean desproporcionadas e injustas, porque violan la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, que reconoce la Constitución Política de nuestro país.

Si la finalidad de las medidas cautelares personales es garantizar la presencia de la persona en juicio y no condenarla anticipadamente,   ¿por qué en la práctica suele aplicarse como primera medida la detención preventiva,   sin apreciar nada más que la pena establecida para el delito?

Si lo que se quiere es lograr que las audiencias se realicen, ¿por qué demora tanto la celebración de los juicios, manteniendo la privación de libertad?

Atribuirle cargos penales a una persona que tiene un único rol de financista y someterla a severas medidas cautelares, por el solo hecho de haber concedido un factoring, es poner en riesgo el ejercicio del negocio bancario y financiero, es censurable y deja mucho que desear de la justicia panameña.

En la actualidad es bastante largo el camino que transita una persona desde que es detenida hasta que es presentada ante un tribunal para una audiencia, por lo que la realidad reclama análisis más justos de las exigencias de cautelaridad por parte de un juez imparcial, así como la reducción de los términos procesales, para que se pueda, tal como lo expresa Alberto Binder, ‘fortalecer la capacidad del sistema judicial de reconocer los intereses de las partes y, en este sentido, humanizarlo’.

Teófilo Gateno, como financista, no hizo más que prestar un dinero para que un pequeño empresario pudiera pagar sus impuestos e importar una mercancía al país. Por esto, hoy es él quien se encuentra en esta lamentable situación, privado de sus libertades básicas como ciudadano.

Hoy es Teófilo Gateno, mañana podría ser cualquier banquero o financista responsable que se dedica al negocio de préstamos, cualquier abogado que representa a una sociedad anónima o simplemente cualquier directivo respetable haciendo su labor.   Hoy es un factoring lo que se considera una operación ilícita, mañana podría ser la aprobación de un leasing, préstamo comercial o préstamo personal o cualquier actividad económica que realiza un ciudadano, si así lo considera un funcionario en particular.

<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

‘Pele Police’: abuso policial

La opinión del Ex Precandidato presidendial…

DR. JORGE GAMBOA  AROSEMENA  

La presunción de inocencia y el libre tránsito, dos preceptos constitucionales, están siendo vulnerados por el uso de un aparato (producto de la tecnología), que de un auxiliar de la acción policial se ha convertido en un promotor de violaciones de derechos humanos.

Por la necesidad de mayor seguridad en las calles, gran parte de la ciudadanía acepta estos y otros ultrajes, ignorante de sus derechos y víctima de una sistemática campaña para adocenarla, haciéndole creer que tanto los agentes de la autoridad como los servidores públicos de cierta jerarquía son monarcas, reyecitos o príncipes.

El aparatito este, que ni siquiera los gobernantes con mentalidad antinacional le han traducido su nombre inglés, como obliga la constitución, que claramente señala que el idioma oficial es el castellano, se ha convertido en actor famoso. Si no es en un bus para investigar a sus pasajeros, en una parada o en una esquina para estorbar a los transeúntes o en una carretera para formar tranques.   El bendito aparatito es usado por una Policía que cada día se posesiona de un peligroso papel represor e intimidatorio.

Los agentes de la autoridad, que no son autoridad, esos, los policías, usan el aparatito como cuando alguien va de pesca y lanza una red para ver qué recoge. Desde nuestra óptica, el aparatito se puede y debe usarse como un auxiliar valioso para determinar si algún detenido, por contravenir los códigos, tiene otros casos pendientes en una data actualizada. Pero hacer lo que hacen, presumiendo que todos los ciudadanos que pasen por un retén son delincuentes, viola el libre tránsito, garantizado en la constitución, como la presunción de inocencia.

Total, después de haber retenido a miles de ciudadanos, publicitados profusamente, no hemos visto que la población carcelaria haya aumentado en esos números anunciados. Así las cosas, las autoridades y los agentes de la autoridad deben entender que el fin no justifica los medios o que no pueden pagar justos por pecadores.

El SIDA mata y no por esto la autoridad de Salud se va a parar en una esquina o van a detener el tránsito en las vías para tomarle muestras de sangre a todo el que pasa, para determinar si es un agente de transmisión del HIV.

El que autoridades y ciudadanos no conozcan sus deberes y derechos hace que se toleren estas prácticas. A usar racionalmente el dichoso aparato.

<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 22  de octubre de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/gamboa-arosemena-jorge/

Reflexión sobre la condena penal a Sabrina Bacal y Justino González

La opinión del  Doctor en Derecho y docente universitario…


Hernán A. De León Batista 

Son muchas las personas, especialmente los que laboran en los distintos medios de comunicación, que no han escatimado en dar sus muestras de solidaridad y respaldo hacia los periodistas Sabrina Bacal y Justino González, con motivo de la sentencia que profirió el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al condenarlos penalmente por el delito de calumnia en perjuicio de dos ciudadanos, traduciéndose eso, para algunos, en una crítica al gobierno de turno y a los magistrados; sin embargo, admito que en el calor de este debate, muchos no se han dado a la tarea de leer el fallo, que a mi criterio, no contiene vicios de ilegalidad alguna, y por tanto, la misma tiene que ser respetada en virtud del sistema de Estado de Derecho que rige en Panamá.   Si es así, entonces tenemos que preguntarnos: ¿el problema es de hombres o de leyes?

Para los estudiosos del Derecho Penal, saben que si se comete un delito, tiene como consecuencia una sanción, que nos guste o no, un Juez lo va a decidir, tal como sucedió en el caso de Bacal y González.

Este tema definitivamente no es fácil de tratar en nuestra cultura panameña que se caracteriza por tener a veces una epidermis muy débil, ya que para algunos la libertad de expresión y el derecho a la información es aquella que no tiene mayor restricción legal que aquella plasmada en un Código de Ética; sin embargo, aunque no se tenga un animus injuriandi (intención o dolo de causar un daño a la persona del ofendido), se puede perjudicar con facilidad la reputación o divinidad de una persona al momento de divulgarse una noticia, violándose uno de los derechos fundamentales más preciados como es la presunción o estado de inocencia.

Por ello, considero este es el momento oportuno para abrir un debate nacional donde se analicen las normas referente a los delitos contra el honor de la persona natural –ya que también existe de la persona jurídica en otros países-, a fin de establecer nosotros como país si deseamos que dicho delito sea sancionado sólo con el resarcimiento económico o pecuniario y no con prisión.

*
<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/de-leon-batista-hernan-a/

Sobre la condena penal a periodistas

La opinión del Jurista, Doctor en Derecho y Docente Universitario…

Hernán A. De León Batista

Inicio por manifestar,   gracias a ese derecho de libertad de expresión que hay en Panamá,  que no conozco a la periodista Sabrina Bacal y al hoy abogado Justino González,   por lo que emitiré una opinión objetiva respecto a la condena que les impuso el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia No. 250–S.I. de 28 de septiembre de 2010, por ser responsables del delito de calumnia en perjuicio de Rosendo Rivera y Aida Castro.

Si los conociera o yo trabajara en TVN, no hay duda que me solidarizaría con ellos 100%, sin necesidad de leer la sentencia, que ha sido cuestionada por el gremio de comunicadores sociales; en mi criterio el sólo saber que hay una pena de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión es suficiente para estar en contra.

No obstante, como vivimos en un estado de derecho, donde deben respetarse las instituciones y el sistema jurídico que hemos acogido, en este caso la doble instancia, en el que un tribunal superior puede revisar la decisión de un juez de inferior jerarquía,  es por lo que hay que respetar la sentencia condenatoria en aras del principio de independencia judicial y del sistema de legalidad, y pese las críticas que se le hacen a nuestros juzgadores, muchos de los cuales se quedan en la obsoleta aplicación de un positivismo-legalista riguroso más que en la aplicación de principios,  específicamente, en el respeto de los derechos humanos.   La interrogante que nos hacemos entonces es: ¿se trata de un problema de hombres o de leyes?

Si nos ponemos en los zapatos de los magistrados que emitieron la sentencia, veremos que la tarea de administrar justicia no es fácil, porque ellos deben aplicar una sanción de prisión que establece nuestro Código Penal (que no es inventada caprichosamente) a un hecho que consideraron delito (calumnia), al divulgarse una información que no fue verificada, lo que provocó graves perjuicios a los ofendidos Rivera y Castro,   por vinculárseles a una supuesta red de traficantes de personas. De no aplicar el Tribunal Superior una sanción, estaría propiciando la impunidad.

Es como si alguien cometiera otro tipo de delito, como puede ser un homicidio, y que de considerar el Tribunal su culpabilidad y responsabilidad, no aplique sanción alguna.   Es entendible que al calor de este debate se trate fácilmente de endilgar la culpa por la condena de los periodistas Bacal y González a la Corte Suprema, lo que se hace a menudo de forma errónea –como si la Corte fuese parte del universo de personas que conforman el Órgano Judicial– así como al gobierno de turno, lo que es común observar en el mundo, porque la libertad de expresión le resulta incómoda a los políticos,  los somete a un permanente escrutinio y una constante crítica.

Por ello, considero este es el momento oportuno para abrir un debate nacional en el que se analicen las normas referentes a los delitos contra el honor de la persona natural –ya que también existe de la persona jurídica en otros países–, a fin de establecer como país si deseamos que dicho delito sea sancionado sólo con el resarcimiento económico o pecuniario y no con prisión.

Este tema, definitivamente, no es fácil de tratar en nuestra cultura panameña que se caracteriza por tener una epidermis muy débil,   porque para algunos la libertad de expresión y el derecho a la información son aquellos que no tienen mayor restricción legal que la plasmada en un código de ética;   sin embargo, aunque no se tenga un animus injuriandi (intención o dolo de causar un daño),   se puede perjudicar con facilidad la reputación o dignidad de una persona, al momento de divulgarse una noticia, violándose uno de los derechos fundamentales más preciados como es la presunción o estado de inocencia.

Sólo hay que ver el ejemplo reciente de la cadena de red social Twitter, similar a Facebook, cuando se esparció un supuesto mensaje del escritor colombiano Gabriel García Márquez, con motivo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa,  que los medios confirmaron como falso.

Espero que se dé un debate de altura y no se abuse de la manipulación de masas, como podría estar dándose.    De ahí que muchos autores a través de la historia hayan denominado a la prensa como un cuarto poder del Estado.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario La Prensa y el 14 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/de-leon-batista-hernan-a/

Acusar y probar: no existe otro modo

La opinión de…

Silvio Guerra Morales 

En los juicios, como en todas las cosas, hay que evitar privilegios. Como decía María Von Ebner-Eschenbach: “El mayor enemigo del derecho es el privilegio”. En el afán de acusar no podemos privilegiar, como verdad absoluta, todo cuanto diga el acusador.

En una ocasión advertía a los jurados quienes tendrían que fallar declarando la culpabilidad o inocencia de mi defendido, momentos en que iniciaba mi alegato, que es muy natural, cuando alguien nos acusa de algo o cuando se nos atribuye ser autores o cómplices de un hecho, saber a ciencia cierta,

primeramente, cuál es el cargo específico o concreto que se nos formula: no se trata de hacer acusaciones etéreas, generales, ambiguas, imprecisas, obscuras;

en segundo lugar, si el cargo o la imputación formulada tiene un amparo jurídico, es decir, si la acción o conducta está prescrita en una norma de Derecho Penal –es claro que si no existe tal norma, mal puede existir un delito o una falta-;

en tercer lugar, precisa que nos sean presentadas las pruebas del cargo – un cargo sin pruebas es una acusación falsa, ilegítima, insustancial y,

finalmente, que exista la prueba de la plena vinculación del sujeto acusado para con dicho cargo en encuadre legal. Los penalistas suelen, en el foro, hablar de aspecto subjetivo y objetivo del delito.

Habrá que preguntarse, luego de este introito, ¿por qué tiene que ser así y no de otra manera? Sencillo, en el Estado de Derecho, el Derecho Penal descansa sobre un principio universal: el principio de culpabilidad.

No hay delito ni hay pena sin culpa -nullum crimen nulla poena sine previa lege- a como tampoco puede haber condena sin juicio sometido a los estrictos cánones del debido proceso -regla de la legalidad procesal-.

Pero, también acontece algo muy interesante: el acusado siempre preserva para sí un elemento protector que lo cubre de toda aberración jurídica o procesal: que se le tenga como sujeto efectivamente inocente y no responsable penalmente –favor rei- sino hasta que sea demostrada su culpabilidad en un juicio público dentro del cual le hayan sido respetadas todas sus garantías constitucionales y legales.

En esa ocasión también enfaticé ante el cuerpo de jurados que, en lo personal, no me gustaría que se me acusara de nada sin acopio de las pruebas, a lo cual ellos asintieron afirmativamente.  Estas breves reflexiones sirvieron a los jueces populares, palabras más palabras menos, para declarar inocente a mi defendido de quien prediqué, en todo momento, que había un cargo no probado pese a su encuadre legal –homicidio-.

A propósito de lo anterior, si aplicamos estos conceptos a claras situaciones que se vienen sucediendo en nuestro medio, no tan solo en el ámbito judicial sino también en el acontecer político del día a día, habrá de quedarnos bien esclarecido que antes de acusar debemos mesurar cargos, pruebas de los cargos y, finalmente, si efectivamente, existen vínculos acreditados con las pruebas de que una persona es la autora del hecho por el cual ha sido acusada.

<>

Este artículo se publicó el  20  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Presunción de culpa

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA

Se fomenta el valor de la lealtad; del compromiso y de la fidelidad con los niños, a quienes debemos motivar para que cumplan su palabra ante sus compañeros de clases, porque hay que darle valor a aquello a lo que uno pertenece, la amistad y la familia principalmente.(1) La lealtad es rectitud también resulta una especie de sumisión, pero de probidad. De esta manera es como se imprimen los valores morales.

La integridad moral de una persona es sinónimo de honradez, probidad y rectitud, como los pilares que sostienen el honor que se debe dar por sentado, de lo contrario, si esgrime una baladronada hay que probarla. Por eso es que la carga de la prueba, por regla general, le corresponde al acusador por ese mismo Principio, sobre la Presunción de Inocencia, que se aplica en Panamá, sustentada en el artículo 22 de nuestra Constitución, y desarrollado en el artículo 1942 del Código Judicial.

Cuando se presume, se conjetura o presupone que algo es cierto; que tal opinión está fundada en posibilidades; que se da por sentado cierto asunto antes de tratarlo. En derecho tiene un alto concepto de realidad. La enciclopedia popular Wikipedia proyectada en Internet, se ha convertido en un inevitable auxiliar. Es de allí que extraemos la información sobre este principio jurídico de inevitable mención, Se trata del ‘nus Probamndi’, que obliga a contrastar a una de las partes sobre un determinado hecho en el proceso. La expresión radica en un viejo aforismo que expresa ‘lo normal se supone, lo anormal se prueba’. ‘Affrmanti incumbiti probatio’. Quien afirma le incumbe la prueba. Aquí notamos la inversión en la carga de la prueba y por ende la presunción de culpa. Hay algunas excepciones en el uso de esta inversión en los casos de injuria y calumnia y en procesos de drogas ilícitas y sus afines.

La enciclopedia amiga, continúa con aserciones destinadas a conocer que en cualquier sistema jurídico que respete los derechos humanos lo aplica. Por supuesto que esta presunción admite prueba en contrario. El asunto es que también el honor se presume, de modo que quien vilipendie o difame a una persona, si es llamado ante los tribunales para que demuestre sobre la verdad de sus aserciones, porque de otro modo transgrede la Ley.

Si hablamos de lo adverso, estamos frente a la presunción de culpa, que es el extremo a la inocencia. En esta eterna lucha entre el bien y el mal, en la medida que avanza lo último, el bien pierde terreno y para contrarrestar el mal, lo mismo ocurre con las garantías y la protección de ese derecho a la intimidad.

Debemos reconocer que la intimidad se puede determinar a través del cuerpo, pero es que es del todo compuesto que es el alma, la contextura corporal y la identificación, componen la corporeidad.(2) La intimidad tiene espacio; tiene tradición y por eso debemos considerar el cuerpo humano en general bajo su protección. No hay forma de opinar lo contrario y menos enfrentar la lógica, en estas orientaciones que corroboramos en nuestro derecho que no dispensa en los delitos de drogas y contra el honor, tal inversión con la carga de las prueba en beneficio del afectado. Si una persona es menospreciada o le endilgan actos indignos, es el acusador quien debe probarlo y la misma Ley lo exonera, si tiene razón en sus cargos. En el otro caso debe probar los bienes que posee el sujeto acusado por delitos de drogas y a quien le encuentran una holgura económica.

Tenemos un aporte sobre los límites al derecho a la intimidad, sobre todo la existencia de tres categorías; Los primordiales de la persona física; las libertades civiles y: la igualdad civil.(3) Lo interesante aquí, es esa proyección del derecho en la propia persona sobre vida, integridad, intimidad e imagen. Vamos de lo más cerca del ser hasta su entorno.

La segunda fase es una correlación de tales derechos, pero alrededor de la familia y actividades como el domicilio, la correspondencia. La tercera parece ser los acatos privados, secretos imagen, el nombre y el secreto profesional. Esta cuestiones vistas así por los estudiosos, nos abren el panorama, que parece simple, pero que encierra todo un mudo de sucesos.
(1)cañamares,esteban.obraocupada,página158.(2)hoyos,ilvamiriam.obraconsultada,página257.(3)saezcapel,josé,obraconsultada,página64.

<>

Artículo publicado el 20 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.