Necesidad de derogar la Ley 30

La opinión del Abogado…

JAIME PADILLA GONZÁLEZ

Percibo con honda preocupación que la nefasta Ley 30, bautizada como Ley Chorizo, su contenido, sigue causando más problemas que beneficios al país.

No ha sido suficiente la suspensión temporal de los artículos más neurálgicos de la Ley —entiéndase, 12, 13 y 14—, que guardan relación con el descuento obligatorio por parte de los patronos de la cuota obrero—patronal y la devolución de la misma a la Asamblea Nacional para la discusión de los mismos, solamente.

El martes 24 de los corrientes, durante el estreno del excelente programa de opinión Debate Abierto, la sociedad tuvo la oportunidad de escuchar y palpar en toda su dimensión gubernamental al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien, con la sinceridad que lo caracteriza, aceptó el hecho de haber pasado la Ley Chorizo contra viento y marea y sin las consultas pertinentes a todos los niveles, había sido un craso error del gobierno, y todos los panameños debemos entender que lo integra básicamente el presidente y sus decisiones.

Pero, lo que es inaceptable, desde el punto de vista de la lógica política, es que ‘¿si ya las metiste, por qué no las sacas?’;  en otras palabras, si la Ley fue repudiada por los sectores más importantes de nuestra sociedad y produjo muertes, heridos y desasosiego, por muy buena que sea la misma, lo único que se debe hacer es empezar desde cero y hacer las cosas que no se hicieron bien en su momento.

¿Por qué la tozudez de mantener una ley que nació en condiciones anómalas? Es decir, que se mezclaron temas tan disímiles e incompatibles, que no entiendo cómo las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional pudieron discutir simultáneamente temas de aviación, medio ambiente, penales, procesales y laborales, todo ello en un tiempo récord, a la velocidad de la luz, sin ser siquiera estos temas de urgencia notoria de o de primera necesidad para los fines del Estado o nuestra sociedad.

De igual forma, estas interrogantes aquí planteadas fueron de alguna manera resueltas por Papadimitriu, diciendo que el Congreso de EE.UU. generalmente en una sola ley o Bill, incluye una multiplicidad de temas y situaciones totalmente distintas y hasta opuestas o contradictorias, y que ello es normal en ese sistema legislativo.

Pero lo que se le olvidó al insigne Delfín de Cambio Democrático es que EE.UU. tiene un sistema de gobierno legislativo y judicial, totalmente opuesto a nuestro sistema, que es eminentemente presidencialista, donde desafortunadamente los contrapesos de poder no funcionan o son utópicos e inoperantes, pues el mandatario controla los tres poderes del Estado.

En cambio, en EE.UU. tales contrapesos trabajan a la perfección como reloj suizo, con un Congreso integrado por cámaras altas y bajas, un Ejecutivo respetuoso y temeroso de los otros sistemas de poder, donde existe un sistema judicial verdaderamente independiente y ajeno al interés de presidente o del partido político en el poder.

Los panameños no sufrimos de amnesia, como muchos políticos presumen, y por ello, jamás olvidaremos las atrocidades de la dictadura y sus lacayos.   A este pueblo se le debe gobernar con cuentagotas, llevarlo muy despacio, aunque haya prisa, y esto de los ombus bills gringos nunca tendrá acogida en nuestro pueblo, pues a los panameños nos gusta alegar, discutir, cambiar impresiones, debatir, repudiamos la fuerza o la imposición.

Es por todo esto y por los vientos que soplan con los sindicatos y su repudio a esta Ley Chorizo, que le pido al señor presidente, de forma muy respetuosa, que por la paz y concordia de esta Patria de todos, sugiera la derogación total de ese Frankenstein legislativo, conocido como Ley 30, puesto que si el contenido mayoritario de esa ley es tan buen como lo pregonan sus defensores, por un lado, y teniendo la mayoría legislativa necesaria, no será ningún problema volverla a pasar, pienso yo.

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Artículo publicado el 31 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Lo que mal empieza, mal acaba

La opinión de…

Olmedo Beluche

En el primer aniversario de su gobierno, cuando el país esperaba la destitución de algunos ministros, el presidente Ricardo Martinelli desvió la atención de su cuestionado “Gabinete” hacia el alcalde la ciudad de Panamá, exigiéndole a Bosco Vallarino que renuncie.

Petición a la que se sumó el padrino político del alcalde, el vicepresidente Juan C. Varela, que en su momento lo impuso como candidato, pasándolo por encima de otros precandidatos del Partido Panameñista.

Las declaraciones de ambos son cuestionables, no por alguna virtud del alcalde, a quien nadie va a extrañar el día que falte en el puesto, sino porque constituyen una afrenta a la institucionalidad democrática y a la inteligencia de la ciudadanía.

Al igual que en el caso del ex alcalde colonense, Dámaso García, se pretende pasar por alto el hecho de que los alcaldes son figuras de elección popular, y la propuesta vulnera el derecho de la ciudadanía municipal a reemplazarlos y elegir sus sucesores.

Para empezar, ni Vallarino ni García debieron correr como candidatos a presidir sus respectivos municipios, dada su situación jurídica, conocida por los partidos que los postularon.

En el caso de Vallarino, se violentó la ley y la Constitución de manera descarada con la anuencia de Varela y Martinelli, quienes repudiaron otras opciones legítimas, a favor de un gordito simpático que además expresaba intereses oscuros del negocio inmobiliario que se ha impuesto en nuestra ciudad.

El problema de fondo no es solo la desfachatez de unos políticos dispuestos a todo con tal de salirse con la suya, o la incapacidad manifiesta de estos alcaldes para ocupar el cargo, o el problema de la recolección de la basura.

El problema a dilucidar es entre el excesivo presidencialismo que pretende centralizar todos los poderes y órganos del Estado y la democracia municipal, es decir, el derecho de los habitantes de la comuna a decidir su destino.

Este caso pone en evidencia la dramática situación de los municipios del país, carentes de una real autonomía, regidos por una legislación de hace más de 50 años, la carencia de autonomía presupuestaria, la incapacidad para resolver los problemas más elementales sin la mediación del gobierno central, el sabotaje y chantaje al que se puede someter a un alcalde si el presidente de turno lo ve como adversario político, como ya le pasó a JC Navarro con Martín Torrijos, por ejemplo.

La solución de fondo a tanto desatino pasa por aprobar de una vez la Ley de Descentralización, refrendada por Torrijos el último día de su gestión para que no le amarrara las manos, y congelada inmediatamente por Martinelli con el mismo fin.

La otra solución, la que no quieren ni el gobierno ni el PRD, la única alternativa legítima es que sea la soberanía del pueblo la que hable, mediante la recolección de firmas para solicitar la revocatoria de mandato, referéndum revocatorio y llamado a nuevas elecciones municipales.

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Este artículo se publico el 12 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Primer año de Martinelli

La opinión de…

DEMETRIO OLACIREGUI Q

A  un  año  de la llegada al poder del presidente Ricardo Martinelli es posible mirar el saldo que han dejado estos primeros 12 meses de gestión y otear el escenario que se presenta en la vida nacional. En solo un año, contrario a la experiencia de otros gobernantes, Martinelli ha experimentado lo que serán los cinco años de su administración.   Ha asistido a su apogeo, su hegemonía y declinación.

En su apogeo atropelló la institucionalidad para moldearse un gobierno a la medida. En lugar de concentrarse en la misión de gobernar, dedicó la mayor parte del tiempo a perseguir a quienes etiquetó como enemigos, reales o imaginarios.   Conformó un gabinete de socios, empresarios y amigos y fracturó la legalidad, colocando a cómplices en el Órgano Judicial y el Ministerio Público, que se sumaron a una mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados dócil a sus designios. Todo con el objetivo de garantizar su impunidad.

Al ejercer la supremacía del Ejecutivo sobre los demás Órganos del Estado, no solo hegemonizó la toma de decisiones, también llevó hasta el extremo el presidencialismo. La imposición como forma de ejercicio hegemónico del poder, se ha convertido en una práctica en la conducción y el comportamiento, en un ánimo incapaz de atender razones y de compartir otro punto de vista que no sea el que dimana del Palacio de las Garzas. Imposición e intolerancia se han tornado en dos caras de una misma moneda.

El país atraviesa por un mutatis mudandi, pero en el sentido de un montaje perverso por la ausencia de una tolerancia civilizada. Desde el gobierno se cultiva con ahínco el encono. Desde la esfera pública se esparce un clima belicoso, de creación de enemigos a quienes hay que atacar y difamar contra reloj.

Quienes no ‘agachan el lomo’, como reveló Ana Matilde Gómez —destituida ilegalmente del cargo de procuradora general de la Nación— han sido comprados o silenciados con los recursos del terror judicial, fiscal o comercial.

Es como si existiera un ánimo premeditado de revivir un pasado de atropellos, cárceles, torturas y balazos, anegando el país para chapotear en un humus intolerante, abonado por el totalitarismo presidencial. Se avizora el nefasto propósito de aplicar ese concepto hegemónico a todo el espectro nacional, tratando de fragmentar la sociedad, diversa en su conformación, pero todavía privada de una cultura capaz de desembocar esa heterogeneidad en un pluralismo constructivo.

Esa misma sociedad, no obstante, se resiste a ser empujada hacia la polarización. Por eso es que comienza a vislumbrarse una declinación creciente en la aceptación ciudadana hacia Martinelli y lo que representa su gobierno. Sus excesos están generando hartazgo. La euforia electoral se ha disipado y la marcada tendencia es continuar decepcionando al colectivo social.

Hay que reconocerle a Martinelli que en solo 12 meses su gobierno ha logrado poner en su contra a los sectores más disímiles. A Martinelli y su entorno le sobra arrogancia y talante despótico, pero le falta inteligencia y creatividad, pese a que algunos se ufanan de un coeficiente intelectual superior.   Eso, en la práctica, sirve de muy poco, pues en política no hay relación entre el coeficiente intelectual y la realidad.

Una correcta lectura de este primer año de gobierno de Martinelli, lejos de lo coyuntural, permite advertir la conformación de escenarios similares a los vividos hacia finales de la década de 1960, dada la dinámica de crisis institucional y la advertencia de crisis política que se anticipa. Pareciera que los esfuerzos del mandatario están dirigidos a multiplicar los campos de batalla en una acción de desgaste en la que su propio gobierno, su partido y sus aliados políticos llevarían la peor parte.

Los desaciertos y arbitrariedades de Martinelli, y su desprecio a la opinión pública, están generando una reacción colectiva que subestima. Martinelli está incurriendo en errores de cálculo, porque es deficiente en la evaluación de los factores sociales estáticos, como los flexibles, debido a la rigidez con que aborda la realidad nacional. Las potestades de sus designios presidenciales no pueden prolongarse in aeternum. Es tiempo de que comprenda que en un sistema democrático hay formas de gobernar sin emplear únicamente el menosprecio, la mentira y la manipulación.

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Artículo publicado el 1 de julio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Inseguridad y despotismo

La opinión del Activista de Derechos Humanos…..

Miguel Antonio Bernal V.

Sudáfrica ha entrado a los hogares panameños. No para traernos el mensaje de Soweto, las enseñanzas de Desmond Tutu o el ejemplo de Nelson Mandela, sino el poder de la imagen, lo cual ha quedado demostrado, una vez más, en lo que va del campeonato mundial de fútbol.   Mientras tanto, en nuestro espacio nacional, la inseguridad crece a la sombra de un presidencialismo despótico que busca ser la imagen del poder, del poder que reprime, no del poder que previene.

No la imagen del poder que concibe la seguridad ciudadana como una política pública con referencia concreta a los Derechos Humanos, mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana, de la democratización de las acciones de los Órganos del Estado, sino del poder que impone la presión y la represión punitiva, erosiona las garantías fundamentales, el poder de actitudes intolerantes y con una continua estigmatización de integrantes y organizaciones de la sociedad civil.

Y, en adenda a todo lo anterior, la imposición arbitraria y pseudoconstitucional de la “ley carcelazo”, del “pele police” y, ahora, de la “ley chorizo” que busca criminalizar la pobreza, agendar la “limpieza social”, sin dejar de favorecer y patrocinar la destrucción del medio ambiente y atomizar derechos laborales contemplados por las normas constitucionales desde la Constitución de 1941.

Y mientras que la población aún no se repone de la indigestión con represión que contiene la “ley chorizo”,   ahora se nos quiere hacer creer que con una ley que modificaría el rango de la pena aplicable a los menores de edad que hayan cometido crímenes violentos (elaborada a espaldas de la población por la denominada “Cruzada por la Paz”), y con un “Decreto que crea el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y Delincuencia Juvenil”, los panameños vamos a poder vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito.

Es necesario tener muy presente que las decisiones que viene tomando el Gobierno panameño en materia de seguridad, son totalmente contrarias a los estándares internacionales de Derechos Humanos y representan una amenaza directa contra nuestras garantías procesales y la protección judicial; contra el derecho a la privacidad y a la protección de la honra y la dignidad; contra el derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación y, también, contra el derecho a la participación en los asuntos de interés público.

Así lo recordó durante su reciente visita, el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro, al presentar en Panamá el informe Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos http://cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadindice.sp.htm el cual contribuye a demostrar lo imperioso que es modificar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana, cambiando el foco de atención de la represión a la prevención de la criminalidad y la violencia, de lo contrario este Gobierno, con sus leyes represivas, solo nos traerá más inseguridad y despotismo.

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Este artículo se publicó el  25  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Separación de poderes, ¿mito o realidad?

La opinión de…..

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Carlos Eduardo Rubio

La separación de poderes en un sistema presidencialista como el de Panamá es un baluarte para la democracia, pero no se está cumpliendo.

Los pensamientos de Rousseau y Montesquieu han quedado pisoteados, debido a la falta de cultura política en nuestro país y, también, gracias al aprovechamiento del excesivo poder por parte del líder del Ejecutivo, aunado al hecho de la práctica consuetudinaria del abuso conveniente de tener mayoría en la Asamblea Nacional.

Estos aprovechadores se excusan diciendo que los gobiernos anteriores lo han hecho, a pesar de que estoy convencido de que conocen el refrán que reza: “dos males no hacen un bien”.

Esta falta de una armónica colaboración y de la separación de poderes nos ha traído mala fama internacional, lo cual puede producir consecuencias desastrosas. El hecho de que se incumpla el artículo constitucional hace que en nuestra República no existan los pesos y contrapesos necesarios para fortalecer la democracia, logrando así una correcta fiscalización de las decisiones que provengan del Ejecutivo.

Muy por el contrario, el próximo presidente de la Asamblea Nacional, peligrosamente, declara que todo proyecto del Ejecutivo será aprobado por el primer Órgano del Estado.

¿Es esto democrático, serio, constitucional y respetuoso del estado de derecho?

Definitivamente que debemos hacer los correctivos pertinentes. Una posible solución sería realizar la elección de diputados en día distinto a la del presidente, lo cual admito requiere de un cambio cultural del electorado. También debemos analizar una reforma en la distribución de curules, a fin de eliminar el monopolio de los partidos grandes en los circuitos plurinominales, logrando así una distribución equitativa para todos los partidos y los candidatos independientes.

Hagamos un amplio debate, a fin de presentarle al país la conveniencia o inconveniencia del sistema parlamentario, además, para que los partidos políticos hagan un gran esfuerzo en la formación política de sus miembros y, en especial, de sus candidatos.

Esto es imperante, urgente y necesario, para entender que el Ejecutivo no puede hacer todo lo que le dé la gana, a pesar de que su mandato es unipersonal.

La Asamblea Nacional no puede aprobar lo que diga el Ejecutivo. La Constitución dice que su contralora es independiente, y ésta debe ser nombrada (no ratificada) por el órgano más democrático del país.

El poder de ratificación y el poder de elaboración del presupuesto tiene que ser a conciencia, no por un favor al presidente de turno.

Con las últimas declaraciones del próximo presidente de la Asamblea Nacional, pienso que una vez más el órgano deliberativo del país requiere de nuevas caras.

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Este artículo se publicó el 26 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El “gobierno vertical”

La opinión del Abogado y político independiente…..

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Juan Manuel Castulovich

En Panamá, son muy pocos, poquísimos, los ministros y ministras que conservan el cargo durante todo el mandato presidencial. Y esa tradición no cambiará con el Sr. Martinelli, quien ha quitado el sueño a varios de los que designó hace un año con grandes elogios, al anunciar, sin dar nombres, que cambiará varios ministros y directores de entidades autónomas, porque “algunos se han quedado rezagados”.

Las encuestas han venido “identificando” a los y las integrantes del equipo de gobierno que reciben las calificaciones más pobres por su desempeño. Además, uno de ellos, fue emplazado a renunciar por un diputado, cuya “estatura política” fue exaltada por el propio Martinelli.   Pero aparte de esa crónica de una “destitución anunciada”, ¿cuáles otros u otras serán defenestrados? Las especulaciones están a la orden del día.

En Panamá, los ministros, así lo señala la Constitución en el Artículo 183, son de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República.   Sin embargo, esa facultad ha tenido matices y limitaciones en aquellos casos en que un presidente o presidenta logró su victoria electoral a la cabeza de una alianza de fuerzas equilibradas y de pactos para repartir parcelas o cuotas de poder.  Pero ese no es el caso del Sr. Martinelli, quien prácticamente ganó solo; todavía mantiene un alto nivel de aceptación y, además, agranda su partido a pasos agigantados con las deserciones masivas que socavan a sus aliados y también a sus ex-adversarios del PRD.

Tan consciente es el Sr. Martinelli de su poder político, que no se limitó a anunciar cambios ministeriales. También incluyó a las instituciones autónomas, sin importarle que esos cargos no sean de su libre nombramiento y remoción; pues casi todos requieren de la ratificación de la Asamblea o que tengan períodos fijos. Para salvar las apariencias, tendrán que darse, y se darán, nadie lo dude, algunas “renuncias espontáneas”.

Una de las consecuencias negativas de un presidencialismo exacerbado, que en el caso del Sr. Martinelli no es achacable a la Constitución sino a la personalidad y el “estilo” del gobernante, es que en sus ministros y altos funcionarios se arraiga la inseguridad, el temor a dar pasos en falso y una denodada competencia por imitar y agradar al jefe.

Los cambios vienen, eso ya está decantado. Pero, ¿será eso lo que conviene a Martinelli para proyectarse, él y su gobierno, o para evitar que baje su nivel de aprobación? Lo pongo seriamente en duda. La solución no es el cambio de personas, pues el problema es la ausencia de rumbo institucional, resultado de la falta de un “plan de gobierno coherente”.

Salvo en la época de la dictadura, ningún gobernante había conseguido tanta ascendencia sobre los otros órganos del Estado, en los que incluyo al Tribunal Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría.   Y si, además, la llamada “oposición” es un “tigre de papel”, es claro que, por acción o por omisión, el Sr. Martinelli manda con poderes casi omnímodos.   Tal vez él y sus más íntimos colaboradores consideren que esa “ascendencia” le permite gobernar mejor o con más efectividad. Creo que están equivocados. La concentración del poder, aparte de antidemocrática, también concentra la responsabilidad política, y no solo por los aciertos; también por los errores.

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Este artículo se publicó el  18  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Municipalidad y Desarrollo Humano

La opinión del Docente Universitario

JUAN BOSCO BERNAL

El centralismo gubernamental es un fantasma que ha recorrido toda la vida de la nación panameña, impregnándola de cuestionables valores y comportamientos institucionales generadores de un crecimiento hipertrofiado y desequilibrado de la República.

Los tres Panamá, el metropolitano —el interior rural— el indígena, que se reconocen dentro de un mismo país, revelan un modelo de desarrollo humano desequilibrado, contradictorio y excluyente, que presenta un panorama de un país rico habitado por más pobres que los que la vergüenza y la ética pública pueden tolerar.

La tradición administrativa dentro del Estado panameño pone al Ejecutivo, especialmente a sus ministros y presidente, en el centro del poder, subordinando a los restantes órganos del Estado a la voluntad política del gobierno de turno.

Hasta las decisiones más elementales de la vida de la población en materias como la salud, educación, seguridad, aseo, alimentación, para ser legitimadas requieren de la consideración de las autoridades superiores de gobierno.

La municipalidad, instancia local más cercana a las personas, apenas se ocupa de tareas y funciones operativas como la recolección de basura, cementerios, mataderos, mercados públicos, parques y, en contados casos, de instalaciones deportivas y culturales.

La complejidad y tamaño del Estado, así como las demandas y necesidades crecientes de la población dentro de una sociedad y un mundo que experimenta cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos y culturales importantes, fundamentan la urgencia de contar con una nueva arquitectura de gobierno, con una institucionalidad caracterizada por la participación responsable, la funcionalidad operacional, la transparencia, la eficiencia y la legitimidad política y democrática de las organizaciones.

Ese nuevo diseño debe considerar una transferencia de poder y toma de decisiones a las instancias locales, mediante un proceso gradual y controlado de descentralización, que contribuya progresivamente a trasladar, del centro a la periferia, decisiones y competencias, con vista al mejoramiento de la calidad de vida de la población, allí donde ella reside.

La Ley de Descentralización, ya aprobada en el 2009, apunta en esa dirección y requiere de su oportuna y juiciosa implementación.

El cuestionamiento que se hace a la debilidad técnica de los municipios y al manejo irregular de los recursos por algunos de ellos, lejos de ser un impedimento para fortalecer su poder, es precisamente la justificación para acometer oportunamente una estrategia destinada a desarrollar las capacidades locales, mediante la formación de sus cuadros dirigentes y técnicos, a fin de impulsar de modo inteligente planes y proyectos orientados al desarrollo humano de su población.

Postergar esta decisión puede significar actuar en sentido contrario, es decir, consolidar aún más el centralismo metropolitano y el presidencialismo, con los efectos nocivos anotados.

La debilidad institucional de los gobiernos locales es reconocida. Algunos municipios del país han dado un salto significativo en la expansión de la población y en sus ingresos, pero sus modelos de gestión responden más al clientelismo político y al interés personal de sus dirigentes, que a la búsqueda del bien común de sus asociados. De esta manera, los nuevos recursos obtenidos no se reflejan necesariamente en mejores obras y servicios en beneficio de la niñez, la juventud y las personas adultas de esa circunscripción.

El Municipio de Antón, en la provincia de Coclé, es un ejemplo de esta situación. A diferencia de Olá y La Pintada, que son municipios que reciben subsidios del Estado, Antón ha visto incrementado sostenidamente sus ingresos durante los últimos diez años.   En el 2009, la comuna antonera tenía un presupuesto de 1.4 millones de balboas. Es decir, es un municipio millonario. Superaba en sus ingresos a la totalidad de los municipios coclesanos, incluyendo a Penonomé, que casi le dobla en extensión territorial y en población.   Contrario a ese hecho, el distrito tiene una condición social precaria. Su reconocida riqueza agropecuaria, complementada con un incremento vertiginoso en las actividades turísticas en razón de la ampliación de la moderna infraestructura hotelera en el área, no se corresponde con los bajos índices educativos y de desarrollo humano, la falta de espacios públicos, de medidas de control ambiental, de disposición de agua potable y servicios de salud de calidad para su población, que es mayoritariamente joven y rural.

En se sentido, la pregunta es ¿hacia dónde van esos recursos? ¿Qué nuevas obras y programas se han realizado en el distrito con los ingresos crecientes que se reciben? ¿Cómo se elabora el presupuesto y a quién se beneficia con el gasto? ¿Cómo ha crecido la planilla municipal en relación con la cobertura de los programas sociales?

Es por lo tanto urgente pensar en una nueva estrategia de desarrollo local. Probablemente conviene aprender de iniciativas de otros países de la región destinadas a ofrecer incentivos a municipios que presenten sus presupuestos desglosados por objeto del gasto en términos de escuelas, centros de salud, centros de atención a la niñez, a la mujer, adultos mayores. Presupuestos que son elaborados participativamente, difundidos como medio de generar debates públicos con la comunidad acerca del uso que tienen los recursos municipales y las mejores formas de orientar el gasto social.

Una gestión apropiada del desarrollo local ha demostrados ser un valioso instrumento para el manejo transparente de los recursos, la promoción de la participación de la comunidad en asuntos de su interés, y en la construcción de confianza y capital social dentro de la comunidad y la sociedad.

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Este artículo se publicó el 10 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.