El “gobierno vertical”

La opinión del Abogado y político independiente…..

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Juan Manuel Castulovich

En Panamá, son muy pocos, poquísimos, los ministros y ministras que conservan el cargo durante todo el mandato presidencial. Y esa tradición no cambiará con el Sr. Martinelli, quien ha quitado el sueño a varios de los que designó hace un año con grandes elogios, al anunciar, sin dar nombres, que cambiará varios ministros y directores de entidades autónomas, porque “algunos se han quedado rezagados”.

Las encuestas han venido “identificando” a los y las integrantes del equipo de gobierno que reciben las calificaciones más pobres por su desempeño. Además, uno de ellos, fue emplazado a renunciar por un diputado, cuya “estatura política” fue exaltada por el propio Martinelli.   Pero aparte de esa crónica de una “destitución anunciada”, ¿cuáles otros u otras serán defenestrados? Las especulaciones están a la orden del día.

En Panamá, los ministros, así lo señala la Constitución en el Artículo 183, son de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República.   Sin embargo, esa facultad ha tenido matices y limitaciones en aquellos casos en que un presidente o presidenta logró su victoria electoral a la cabeza de una alianza de fuerzas equilibradas y de pactos para repartir parcelas o cuotas de poder.  Pero ese no es el caso del Sr. Martinelli, quien prácticamente ganó solo; todavía mantiene un alto nivel de aceptación y, además, agranda su partido a pasos agigantados con las deserciones masivas que socavan a sus aliados y también a sus ex-adversarios del PRD.

Tan consciente es el Sr. Martinelli de su poder político, que no se limitó a anunciar cambios ministeriales. También incluyó a las instituciones autónomas, sin importarle que esos cargos no sean de su libre nombramiento y remoción; pues casi todos requieren de la ratificación de la Asamblea o que tengan períodos fijos. Para salvar las apariencias, tendrán que darse, y se darán, nadie lo dude, algunas “renuncias espontáneas”.

Una de las consecuencias negativas de un presidencialismo exacerbado, que en el caso del Sr. Martinelli no es achacable a la Constitución sino a la personalidad y el “estilo” del gobernante, es que en sus ministros y altos funcionarios se arraiga la inseguridad, el temor a dar pasos en falso y una denodada competencia por imitar y agradar al jefe.

Los cambios vienen, eso ya está decantado. Pero, ¿será eso lo que conviene a Martinelli para proyectarse, él y su gobierno, o para evitar que baje su nivel de aprobación? Lo pongo seriamente en duda. La solución no es el cambio de personas, pues el problema es la ausencia de rumbo institucional, resultado de la falta de un “plan de gobierno coherente”.

Salvo en la época de la dictadura, ningún gobernante había conseguido tanta ascendencia sobre los otros órganos del Estado, en los que incluyo al Tribunal Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría.   Y si, además, la llamada “oposición” es un “tigre de papel”, es claro que, por acción o por omisión, el Sr. Martinelli manda con poderes casi omnímodos.   Tal vez él y sus más íntimos colaboradores consideren que esa “ascendencia” le permite gobernar mejor o con más efectividad. Creo que están equivocados. La concentración del poder, aparte de antidemocrática, también concentra la responsabilidad política, y no solo por los aciertos; también por los errores.

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Este artículo se publicó el  18  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Municipalidad y Desarrollo Humano

La opinión del Docente Universitario

JUAN BOSCO BERNAL

El centralismo gubernamental es un fantasma que ha recorrido toda la vida de la nación panameña, impregnándola de cuestionables valores y comportamientos institucionales generadores de un crecimiento hipertrofiado y desequilibrado de la República.

Los tres Panamá, el metropolitano —el interior rural— el indígena, que se reconocen dentro de un mismo país, revelan un modelo de desarrollo humano desequilibrado, contradictorio y excluyente, que presenta un panorama de un país rico habitado por más pobres que los que la vergüenza y la ética pública pueden tolerar.

La tradición administrativa dentro del Estado panameño pone al Ejecutivo, especialmente a sus ministros y presidente, en el centro del poder, subordinando a los restantes órganos del Estado a la voluntad política del gobierno de turno.

Hasta las decisiones más elementales de la vida de la población en materias como la salud, educación, seguridad, aseo, alimentación, para ser legitimadas requieren de la consideración de las autoridades superiores de gobierno.

La municipalidad, instancia local más cercana a las personas, apenas se ocupa de tareas y funciones operativas como la recolección de basura, cementerios, mataderos, mercados públicos, parques y, en contados casos, de instalaciones deportivas y culturales.

La complejidad y tamaño del Estado, así como las demandas y necesidades crecientes de la población dentro de una sociedad y un mundo que experimenta cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos y culturales importantes, fundamentan la urgencia de contar con una nueva arquitectura de gobierno, con una institucionalidad caracterizada por la participación responsable, la funcionalidad operacional, la transparencia, la eficiencia y la legitimidad política y democrática de las organizaciones.

Ese nuevo diseño debe considerar una transferencia de poder y toma de decisiones a las instancias locales, mediante un proceso gradual y controlado de descentralización, que contribuya progresivamente a trasladar, del centro a la periferia, decisiones y competencias, con vista al mejoramiento de la calidad de vida de la población, allí donde ella reside.

La Ley de Descentralización, ya aprobada en el 2009, apunta en esa dirección y requiere de su oportuna y juiciosa implementación.

El cuestionamiento que se hace a la debilidad técnica de los municipios y al manejo irregular de los recursos por algunos de ellos, lejos de ser un impedimento para fortalecer su poder, es precisamente la justificación para acometer oportunamente una estrategia destinada a desarrollar las capacidades locales, mediante la formación de sus cuadros dirigentes y técnicos, a fin de impulsar de modo inteligente planes y proyectos orientados al desarrollo humano de su población.

Postergar esta decisión puede significar actuar en sentido contrario, es decir, consolidar aún más el centralismo metropolitano y el presidencialismo, con los efectos nocivos anotados.

La debilidad institucional de los gobiernos locales es reconocida. Algunos municipios del país han dado un salto significativo en la expansión de la población y en sus ingresos, pero sus modelos de gestión responden más al clientelismo político y al interés personal de sus dirigentes, que a la búsqueda del bien común de sus asociados. De esta manera, los nuevos recursos obtenidos no se reflejan necesariamente en mejores obras y servicios en beneficio de la niñez, la juventud y las personas adultas de esa circunscripción.

El Municipio de Antón, en la provincia de Coclé, es un ejemplo de esta situación. A diferencia de Olá y La Pintada, que son municipios que reciben subsidios del Estado, Antón ha visto incrementado sostenidamente sus ingresos durante los últimos diez años.   En el 2009, la comuna antonera tenía un presupuesto de 1.4 millones de balboas. Es decir, es un municipio millonario. Superaba en sus ingresos a la totalidad de los municipios coclesanos, incluyendo a Penonomé, que casi le dobla en extensión territorial y en población.   Contrario a ese hecho, el distrito tiene una condición social precaria. Su reconocida riqueza agropecuaria, complementada con un incremento vertiginoso en las actividades turísticas en razón de la ampliación de la moderna infraestructura hotelera en el área, no se corresponde con los bajos índices educativos y de desarrollo humano, la falta de espacios públicos, de medidas de control ambiental, de disposición de agua potable y servicios de salud de calidad para su población, que es mayoritariamente joven y rural.

En se sentido, la pregunta es ¿hacia dónde van esos recursos? ¿Qué nuevas obras y programas se han realizado en el distrito con los ingresos crecientes que se reciben? ¿Cómo se elabora el presupuesto y a quién se beneficia con el gasto? ¿Cómo ha crecido la planilla municipal en relación con la cobertura de los programas sociales?

Es por lo tanto urgente pensar en una nueva estrategia de desarrollo local. Probablemente conviene aprender de iniciativas de otros países de la región destinadas a ofrecer incentivos a municipios que presenten sus presupuestos desglosados por objeto del gasto en términos de escuelas, centros de salud, centros de atención a la niñez, a la mujer, adultos mayores. Presupuestos que son elaborados participativamente, difundidos como medio de generar debates públicos con la comunidad acerca del uso que tienen los recursos municipales y las mejores formas de orientar el gasto social.

Una gestión apropiada del desarrollo local ha demostrados ser un valioso instrumento para el manejo transparente de los recursos, la promoción de la participación de la comunidad en asuntos de su interés, y en la construcción de confianza y capital social dentro de la comunidad y la sociedad.

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Este artículo se publicó el 10 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia y crisis municipal

La opinión de…..

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OLMEDO BELUCHE

La reciente separación del alcalde de Colón por orden del gobernador; la petición de un grupo de representantes del Municipio capitalino para que el alcalde Vallarino siga la misma suerte; los conflictos en Arraiján y Penonomé; así como el transfuguismo de un grupo de representantes y alcaldes del PRD hacia Cambio Democrático; todos estos hechos constituyen síntomas de un “malestar” en la institucionalidad municipal que inciden en la crisis del sistema democrático panameño.

No nos equivocamos quienes denunciamos, hace un año, que todos los defectos del sistema político panameño habían eclosionado en las elecciones de 2009. Los comicios a alcalde de la ciudad de Panamá constituyeron la madre de todas las violaciones legales y constitucionales que podían darse en un proceso electoral. Cuando lo único coherente que se podía hacer era anularlos y convocar nuevas elecciones, los políticos de gobierno y “ oposición ” prefirieron mirar para otro lado. Un año después, la debacle salta a la vista.

El descrédito es tal que, en una fiesta en la que los asistentes trataban de degustar unas hamburguesas, en el patio, aprovechando los estertores del verano, fuimos atacados por un enjambre considerable de insectos y, mientras peleaban por su pedazo de carne, alguien dictaminó: “ las moscas son cortesía del alcalde ”. Todos se miraron con ceño fruncido, escrutando a ver quiénes de los presentes le habían dado el voto, pero todos negaron haberlo hecho.

La situación habla mal de la baja calidad de la oferta política, para usar un eufemismo; como de la baja cultura electoral de la ciudadanía, que no sabe escoger a sus autoridades, porque se guía por impresiones superficiales, frases altisonantes, gestos afectados, eslóganes vacíos, prejuicios inveterados, atávicos caciquismos, relaciones familísticas. Pero la solución que el gobierno pone a prueba en Colón es peor.

Porque, hago de abogado del diablo: ¿Quién tiene más legitimidad, un alcalde electo por la comunidad, o un gobernador nombrado de a dedo? ¿Tienen que someterse a la voluntad del presidente alcaldes y representantes, para que sus comunidades reciban el presupuesto que ameritan? ¿Necesitamos un régimen presidencialista extremo, que parece casi una monarquía por sus prerrogativas? ¿La soberanía de los ciudadanos de un municipio carece de valor?

En un seminario organizado en el Departamento de Sociología nos enteramos de que, debido al congelamiento de la Ley de Descentralización, los municipios están completamente sometidos a la voluntad del Órgano Ejecutivo, careciendo de autonomía presupuestaria y libertad para tomar decisiones propias.

Esto contradice el principio democrático más elemental.

Rechazamos que se pretenda sacar arbitrariamente a los alcaldes incómodos al Gobierno de turno. El único camino correcto es la revocatoria de mandato popular, en la que los habitantes del municipio se pronuncien si su máxima autoridad se ha mostrado o no incapaz de ejercer el cargo.

Pero este gobierno acaba de imponer una ley que anula en la práctica la revocatoria de mandato.

Esta situación, como tantas otras, muestra que el sistema político electoral panameño requiere una reforma total, mediante la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, representativa, soberana e independiente, que delimite las competencias de los municipios y la real democracia participativa de la ciudadanía en ellos.

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Este artículo se publicó el 8 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Una nueva era constitucional

La opinión del Jurista…..

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Carlos Eduardo Rubio

Existen múltiples razones para llamar a una Asamblea Constituyente paralela. La primera es por el ser método más legítimo y popular de reforma que daría luces a una Constitución similar a la de 1946, la más democrática de todas nuestras cartas fundamentales.

Segundo, la antigüedad de la actual carta, de 38 años, es equivalente a una generación política. La misma se realizó en tiempos de dictadura, sin democracia, ni libertad de expresión y, peor aun, sin partidos políticos.   Sus reformas han sido positivas, sin embargo, la misma contiene ripios jurídicos y problemas de hermenéutica legal, debido a su redacción.   Además, estamos en una situación histórica en donde el pueblo panameño se ha dado cuenta de que el presidencialismo salvaje no trae progreso al país ni mucho menos la descentralización de poder.

La separación de funciones (no poderes) es inexistente, contraviniendo los principios básicos de la democracia liberal, como un sistema de pesos y contrapesos, llamado equilibrio político.

Penosamente, en Panamá, debido a la falta de una cultura política y con la muerte de las ideologías, los gobernantes no conocen los reales principios democráticos, y ha sido una práctica que nuestro órgano más democrático, la Asamblea, esté subordinado a lo que diga el Presidente.   Es por esto que en otros países la elección de diputados se realiza un día distinto a la del Presidente.

Los partidos políticos requieren de reformación, de rescates de la ideología y de nuevas luchas. Todo esto debe ser parte de una nueva carta magna.

La coyuntura política de hoy hace un llamado de reflexión. Debemos volver a los tiempos, de los proyectos de Moscote, Alfaro y E. Chiari, sumado a los pensamientos de Moscote, Eusebio A. Morales y Justo Arosemena, los cuales fueron un ejemplo de patriotismo y grandes pensamientos para construir un nuevo país, donde se debata con libertad, donde realmente perfeccionemos, depuremos, y ampliemos la institucionalidad de nuestro sistema democrático.

Esta nueva patria, o nueva era constitucional, debe llevar a Panamá por el sendero del primer mundo y, reitero, indudablemente debe provenir de una Asamblea Constituyente conformada por 60 hombres y mujeres de prestancia, sapiencia, conocimientos históricos y formación de los principios políticos, democráticos y pluralistas, a fin de que la patria se destaque por sus garantías fundamentales, derechos sociales, institucionalidad y el respeto al estado de derecho. Amén de que los partidos políticos se pongan de acuerdo, aunque sea parcialmente, en el tipo de personas que van a postular.

Debemos empezar a debatir sobre el sistema republicano, el sistema parlamentario, la elección de los diputados y la distribución de curules en la Asamblea Nacional, de los magistrados de la Corte, de la contralora, de la posible elección de gobernadores, de la perfección de los Órganos del Estado y mejorar la redacción del texto.

Ya es hora de establecer, de igual forma, métodos judiciales que salvaguarden la carrera administrativa y la carrera judicial, entre otros temas.

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Publicado el 28 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Cuál institucionalidad democrática?

La opinión del Analista Político…..

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Antonio Saldaña

Los adversarios políticos del gobierno –cúpulas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Popular– parecieran arremeter contra “molinos de viento”. Sencillamente porque es un disparate político calificar las actuaciones del actual mandatario de la República de un “chavismo” orientado hacia la defenestración de la institucionalidad democrática, más allá del presidencialismo ejercido por casi todos los gobernantes pos invasión, con la sola excepción del presidente Guillermo Endara Galimany.

Ello es así porque tanto Ernesto Pérez Balladares como doña Mireya Moscoso y el hijo del general, durante sus respectivos mandatos adoptaron medidas políticas y administrativas para hacerse del control absoluto de los poderes del Estado. Nombraron u ordenaron denominar a contralores y procuradores, designaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral salidos todos de un selecto grupo de amigos o allegados políticos. Además de contar con una holgada mayoría en el Órgano Legislativo.

De manera que las posturas oportunistas y politiqueras de los líderes opositores reflejan más bien la falta de voluntad política (agallas) para someter al escrutinio nacional un proyecto de Nación alternativo a las políticas gubernamentales. En su lugar, recurren a un lenguaje demagógico cargado de inconsistencias, incoherencias y absolutamente incomprensible para la generalidad de los ciudadanos, sobre todo para los panameños de a pie.

No terminan de comprender –o las agendas políticas ocultas no se los permiten– que lo concreto para los hombres y mujeres comunes y corrientes son, por ejemplo, los 161 millones de balboas anuales de subsidio a la energía eléctrica y al combustible, los 92 millones de balboas para los 100 de los 70, los 47 millones de balboas para la Red de Oportunidades y los 188 millones de balboas para el programa denominado popularmente como el bono escolar.

“Soluciones” que satisfacen las expectativas de las mayorías nacionales empobrecidas en virtud de su precaria cultura política inculcada, precisamente por los “politicastros” que hoy se desgarran sus vestiduras y cubren de silicio sus cabezas, supuestamente en defensa de la institucionalidad democrática ¿Democracia para quién?

La verdad es que sí existe una diferencia abismal entre el presidencialismo de los anteriores mandatarios, el cual estuvo signado por proyectos políticos personalistas bañados por el cohecho; y el accionar del actual gobernante quien, desde una innegable perspectiva empresarial y con un marcado estilo político directo, ha exigido a las autoridades encargadas de impartir justicia, encarcelar también a los delincuentes de cuello blanco de la misma manera y con la misma diligencia con que los hijos de la cocinera son lanzados “por cualquier falta o delito a la ergástula de La Joya y La Joyita”.

Además porque trata de desarrollar un esquema de modernización del Estado para hacerlo más eficiente y una serie de medidas populistas con las cuales pretende saldar en parte los desajustes sociales o la enorme deuda social, herencia nefasta del pasado oligárquico liberal y neoliberal.

En conclusión, ni el presidencialismo, ni los afanes de reelección son criterios novedosos, ni el presidente Ricardo Martinelli es su inventor. Y mucho menos las escaramuzas presidenciales tachadas de “concentración de poder”, en el pasado reciente como tampoco en el presente, constituyen un atentado contra la institucionalidad demoliberal.

Pienso que la apócrifa preocupación de los dirigentes socialdemócratas (PRD) y demócratas cristianos (PP) vergonzantes, obedece al hecho cierto de que un político de derecha les ha arrebatado las banderas políticas populares y hoy, innegablemente, se sitúa en plena sintonía política con el pueblo, por supuesto no con los que se autoproclaman representantes de ese sufrido pueblo panameño.

¡Así de sencilla es la cosa!

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Artículo publicado  el 19  de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo  que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Universo de los expertos

La opinión del Abogado……

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Alberto E. Fadul N.

Los “connotados” políticos afectados, que temen ser juzgados y encarcelados. Los temores de un partido prepotente, que invirtió, para estructurar el mejor sistema de infiltración en partidos, los medios de comunicación, las instituciones de la Sociedad civil, las universidades públicas y privadas, etc. utilizando el arma del manejo de la información, no divulgada, que acalla a los temerosos y el hábil empleo del terrorismo partidista, cuyas andanadas de ataques son acogidos por los medios de comunicación, particularmente los televisivos, unidos al conjunto de expertos que poco o nada han hecho para influir en reformar nuestra Carta Magna, quienes hoy descubren, atónitos, lo que siempre ha existido: una resquebrajada institucionalidad.

Los expertos en política, derecho “constitucional” y demás menesteres, quienes con interés o sin él, desconocen, el consuetudinario actuar ilegitimo de una Procuraduría General de la Nación, cuyo deber es tratar de acabar, vía la justicia penal, con la impunidad pretendida por funcionarios, corruptos, encumbrados en los niveles más elevados de la administración pública.

Cuando se le explicó al presidente que los resultados, en procesos tramitados por la procuraduría, dependían de las pruebas obtenidas, ya la cabeza del Ministerio Público tenía cerca de 5 años ejerciendo el cargo. ¿Dónde falló el proceso investigativo de acumulación de pruebas? ¿Y si la Corte la ignoraba, qué acciones tomó, dónde estuvieron las energías para insistir en lo solicitado y su acercamiento a los medios para criticar el atolladero en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes analizaban o criticaban el proceso de acumulación y verificación de pruebas, la Corte de Martin? ¿Y si la Corte lo omitía, quién investigaba la Asamblea de Martin?

Para que exista en Panamá un verdadero Estado de derecho, se tiene que acabar con una institucionalidad adaptable al presidencialismo con mayoría dentro de los otros poderes del Estado. Los expertos que hoy salen a la palestra y el partido más afectado, no están, proponiendo la posibilidad de conformar, con ímpetu certero, una constituyente para redactar una Carta Magna equilibrada que, de una vez por todas, elimine la multiplicidad de artículos que facilitan la acumulación de poderes; dejando la independencia de éstos al vaivén de la conveniente “colaboración armónica”.

La sociedad civil debe dedicarse a conformar una fuerte y representativa alianza, que luche por una reforma integral a la actual Constitución. No miremos hacia atrás. Tornemos lo negativo en positivo. La historia refleja, con diáfana claridad, que la Procuraduría General de la Nación es un serio obstáculo para el castigo de reconocidos personajes. Cinco años más de lo mismo, seria una verdadera tragedia nacional.

¿Qué constitucionalista, reconocido, expondría su reputación, alegando virtudes jurídicas en nuestra constitución que impiden la acumulación de poderes?

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Publicado el 14 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá: ¿Una democracia delegativa?

La opinión del Activista de Derechos Humanos……

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VÍCTOR  ATENCIO  G.

Les ocupo con pensamientos motivados por el proceso seguido a la procuradora general de la Nación,   hoy separada, los cuales son de carácter tentativo, prevaleciendo el análisis politológico. No soy defensor oficioso de la procuradora, soy un ciudadano preocupado por la crisis de institucionalidad democrática que pueda darse, por los resultados de ese proceso, por la naturaleza delegativa de nuestra democracia y por los riesgos de un deslizamiento autoritario.

El último aserto adquiere sentido, si defino democracia delegativa (en adelante DDs). Fundamental aporte sobre el tema da Guillermo O”Donnell, politólogo argentino, profesor de la cátedra Helen Kellog de Ciencias Políticas del Instituto Kellog, en la Universidad de Notre Dame; quien dice que las DDs se basan en la premisa de que quien gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como considere apropiado, restringido solo por la realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente.

El presidente es considerado la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar semejanza con las promesas de su campaña, ¿o acaso no ha sido autorizado para gobernar como estime conveniente?   Su base política debe ser un movimiento cuya mira es superar los conflictos asociados a los partidos.

Así se sitúa por encima de los partidos políticos y los intereses organizados. De acuerdo con esta visión, otras instituciones —los tribunales de justicia, el poder legislativo— son estorbos que acompañan a las ventajas de ser un presidente democráticamente elegido.

La rendición de cuentas a dichas instituciones sería un obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada. La DDs es más democrática, pero menos liberal que la democracia representativa. Es fuertemente mayoritaria. Consiste en constituir mediante elecciones limpias una mayoría que faculta a alguien para convertirse, durante un determinado número de años, en la encarnación y el intérprete de los altos intereses de la nación.

En “ situaciones excepcionales ”, como crisis económicas, de seguridad (presentes en “ la crisis ” que vive Panamá, que han sido abanicadas en campaña política, con fines que empiezan a verse); O”Donnell recuerda que en una DDs, los actos del gobierno están al borde de la legalidad, cuando no en su contra, bajo el supuesto de que la excepcionalidad lo amerita.

Debe entenderse la preocupación ciudadana que, desde el inicio de este Gobierno, ha observado actuaciones, comunicados y discursos presidenciales al Parlamento que contradicen las promesas del plan de gobierno en materia de participación ciudadana y otros temas, que pueden enumerarse como sigue:

1) no se va a co-gobernar con la sociedad civil, porque fuimos elegidos por mayoría para mandar, y lo vamos a hacer;

2) no creemos en posturas románticas de resocialización y derechos humanos;

3) disparen a matar a los presos que se fuguen;

4) inversión del principio de presunción de inocencia, y quizás el diseño de políticas de seguridad, bajo la premisa de la profunda corrupción de la sociedad y el carácter delictivo de los familiares de los privados de libertad

5) violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones;

6) lo sienten por Naciones Unidas y los derechos humanos en el tema de los “ extracontinentales ”,

7) posposición del sistema acusatorio;

8) el inconvencional toque de queda a los menores;

9) disminución de la edad de imputabilidad penal;

10) vulneración a los derechos de pueblos originarios;

11) reducción de espacios de participación;

12) calificación de la sociedad civil y de sus intereses como “ oscuros, egoístas y contrarios a los intereses de las mayorías ”;

13) contrataciones directas por más de $100 millones por “ razones excepcionales ”;

14) colonización de órganos de accountability horizontal del Estado (Corte, Contraloría, zar anticorrupción etc.), por figuras proclives al Ejecutivo;

15) mensajes a la procuradora respectos de su función;

l6) el proceso que se le sigue, etc., y otras situaciones que podrían engrosar la lista.

Esto evidencia la naturalización de la excepcionalidad en lo político, y el socavamiento de los elementos liberales (la idea de que existen ciertos derechos que ningún tipo de poder, especialmente el estatal, puede invadir) y republicanos (la idea de que el desempeño de funciones públicas es una actividad que exige cuidadosa sujeción a la ley, transparencia, rendición de cuentas a instituciones y ciudadanos, y la entrega devota al servicio del bien público) de la democracia; lo cual puede llevar a deslizamientos autoritarios, si se obvia la exigencia ciudadana de buen gobierno, para hacer primar la visión realista de la Razón de Estado, o de la eficacia de la gobernabilidad, con lo cual se deja la puerta entreabierta a la arbitrariedad.

Aunque creo que las posturas oficialistas se deben en parte a su celo por cumplir las promesas de campaña, debo recordar que el mismo no puede desatender los llamados ciudadanos, que señalan que la Carta Democrática Interamericana dispone que la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos son elementos esenciales de la democracia, y que la participación ciudadana la refuerza, fortalece y profundiza.

Sobre el riesgo de deslizamiento autoritario en las DDs, O”Donnell, en reciente artículo publicado en el Diario El Clarín de Argentina (http://www.clarin.com/diario/2010/01/12/opinion/o-02118008.htm), hace un diagnostico que es aplicable a Panamá; invito a su lectura.

Ante el diseño delegativo de la democracia panameña, creado en su momento por los detentadores del poder político, mantenido por sus herederos, y por otros desde diciembre del 89, surge ineludible la preocupación de ciudadanos y movimientos sociales, por refundar nuestra sociedad, sobre los cimientos de una nueva institucionalidad democrática.

Dadas las crisis que el diseño delegativo de nuestra democracia propicia, se colige que el momento de los verdaderos cambios democráticos es ahora, y si no, ¿cuándo?   La respuesta queda en manos del lector, al que en solitario se le llama ciudadano, y en plural recibe el nombre de Pueblo.. verdadero soberano.

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Publicado el 11 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La barba en remojo

La opinión de……

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Pedro Luis Prados S.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el clérigo Martin Neimoller (1892–1984) fue liberado del campo de Dachau y por la firmeza en sus creencias durante los ocho años de cautiverio es proclamado presidente del Concilio Mundial de Iglesias Protestantes en la Semana Santa de 1946.

En su discurso pronunció unas palabras muy breves –equivocadamente atribuidas después al dramaturgo Bertolt Bretch– que lo eternizaron en la mente de los hombres libres: “Primero los nazis vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada”.

El silencio siempre ha sido el principal instrumento utilizado para someter a los pueblos.   Esa bella actitud en la poética amorosa se convierte en torturante herramienta cuando se impone en la vida política.

No denunciar aquello que consideramos injusto o bien callarlo porque no nos conviene o favorece a aquellos por los que no sentimos simpatía, equivale a hacerse cómplice de la injusticia y lo que es peor, a la violación de la ley, ese caro principio de convivencia por el cual han luchado todas las sociedades civilizadas.

Luego de los pasados comicios electorales, los panameños nos sumimos en un letargo mediático en espera de los cambios anunciados y expectantes por una transición que auguraba más rupturas que continuidad en los proyectos estatales.

En los primeros tres meses se le dio al Ejecutivo todas las facilidades para que diera rumbos a la administración pública con nuevos criterios gubernamentales, pero lamentablemente los primeros cien días que estremecieron el país no lograron lo esperado, pues la bilis del resentimiento se esparció sobre los empleados públicos, los políticos salientes y sobre los proyectos ejecutados o pendientes. Como la Inquisición, el afán de quemar pecadores estaba por encima de la misión de predicar la palabra.   El pueblo panameño, como buen rebaño, aguardó paciente.

Pasados ocho meses, el panorama es más atemorizante. Una cadena de acontecimientos ha puesto a prueba la solidez de nuestras instituciones y la firmeza de sus funcionarios y sumido al país en un permanente estado de zozobra. No se trata solo de equívocos por inexperiencia, muchos son actos impositivos con claro conocimiento de la norma y a contrapelo de ella. Todo parece orientarse a establecer controles sobre los otros órganos del Estado haciendo uso de mecanismos de presión o de desestabilización de las fuerzas actuantes, pero también de mantener un estado de sitio sobre los adversarios políticos con procesos reales o incoados sobre expedientes inconclusos.

Desde la comedia que significó la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema, en donde se hizo escarnio de la sociedad civil, hasta el kafkiano drama de la separación de la procuradora y el nombramiento del suplente, hemos seguido un guión concebido para que nuestro sistema de justicia responda directamente al teclado del Palacio de las Garzas, en el cual la confusión y la distorsión de los preceptos constitucionales ha sido el recurso de la trama, con la consecuente pérdida de credibilidad y crisis de idoneidad.   El resto de la sociedad, distante y silenciosa, ha presenciado los eventos con la configuración mental de quien dijera “la Corte Suprema solo le importa a los ricos”.

El afloramiento de las atávicas prácticas de desviación de fondos, comisiones y prebendas del Legislativo y el sesgo que se le diera al manejo del informe del FIS y la difusión de los actos de corrupción, nos hace pensar en una cuidadosa selección de “chivos expiatorios” con la cual se dará paso a la designación de suplentes comprometidos de forma efectiva con los lineamientos ejecutivos.

Defenestración selectiva que sin duda será expedita por la efectividad demostrada de la Corte Suprema en el caso de la procuradora, pero que también coloca una espada de Damocles sobre el resto del organismo. Con recursos así, no es necesario el incendio del Reichstag.

Sumado a lo anterior, sufrimos el despliegue policivo para protegernos de la delincuencia en los cuales los retenes, requisas y vigilancia reforzados con recursos tecnológicos en cada esquina nos hacen sentir atrapados en un mundo robotizado, como personajes de la novela de H.G. Wells.

Mientras ponemos nuestra barba en remojo seguimos escuchando la matraca inquisitorial que precede las grandes quemas.

Si un mérito tiene el gobierno electo en los pasados comicios, es el haber resucitado la Cruzada Civilista después de veinte años de inacción tras el derrocamiento de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.

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Publicado el 10 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Acumular democracia

La opinión del sociólogo, escritor y educador……

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Raúl Leis R.

Solo en la medida que la población sea más sujeto que objeto, las decisiones públicas podrán ser más incluyentes y acertadas, y se podrá superar la propensión de acumular poder en líderes “infalibles” o élites “iluminadas”, en lugar de acumular y expandir más y mejor democracia. La participación ciudadana en políticas públicas, debe darse como actividad dirigida a influir positivamente en la formación de la política estatal en función del bien común.

Lo que está sucediendo ya puede ser catalogado como crisis, pues como bien lo señala el comunicado de organizaciones de la sociedad civil: “Pero no solo vivimos la crisis de la justicia, sino que también se ha profundizado la crisis institucional y democrática, producto del sistema presidencialista panameño, que nos viene afectando desde hace muchos años.

Hoy día vemos un excesivo presidencialismo que se ha exacerbado debido a una interpretación equivocada, que considera el apoyo mayoritario en las urnas como un cheque en blanco que se puede utilizar para ejercer total control sobre los otros Órganos del Estado y para despreciar la participación ciudadana y los espacios de diálogo y concertación nacional.

La suspensión del cargo de la Procuradora General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia con un voto dividido de 5 a 4 (cinco de gobierno y cuatro de oposición) dejan en evidencia la gravedad del problema y la politización de la Corte Suprema, y si a esto le unimos la inmediata designación de un Procurador Suplente por parte del Consejo de Gabinete, cuando en el año 2004 se eliminó esta figura del Suplente, la situación es muy preocupante.

Rechazamos la designación del abogado Giuseppe Bonissi como Procurador suplente. La Constitución en su artículo 224 es clara y establece como requisito que el Procurador encargado debe ser un funcionario del Ministerio Público.   La designación del abogado Guiseppe Bonissi no solo es improcedente a la luz constitucional, sino por sus conocidos vínculos de amistad con el señor Presidente a quien apoyó de manera militante la pasada campaña electoral.

Todos estos cambios y nombramientos políticos en el sistema de justicia traen como consecuencia un sentimiento de inestabilidad en los servidores judiciales, lo cual no es conveniente para la salud del sistema de justicia ni para la seguridad jurídica o seguridad ciudadana de los habitantes de la República.

Hacemos un llamado a los tres Órganos de Estado para que revisen su actuación y la imagen que están proyectando ante los ciudadanos. Necesitamos un Órgano Judicial y un Ministerio Público que actúen con independencia del Órgano Ejecutivo y una Asamblea de Diputados que cumpla su rol de control, para poder sentirnos tranquilos de que nuestros derechos fundamentales están siendo protegidos.

Hoy, es la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de un suplente de Procurador, desconociendo lo que dice la Constitución Nacional, pero más adelante será el control de otros espacios institucionales y de participación, con la finalidad de tener poder absoluto, en perjuicio del libre juego democrático y de los mecanismos de contrapeso que se necesitan en un Estado Democrático”.

Ojo, los derechos humanos deben tener plena vigencia en el país y contrarrestar la emersión de autoritarismos de cualquier tipo.

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Artículo publicado el 10 de febrero de 2010  en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Democracia vs. autoritarismo

La opinión de la Periodista……

Adelita Coriat

La sociedad empieza a manifestar síntomas de descontento por la forma de gobernar del Ejecutivo. Argumentan una recia intromisión presidencialista en todos los poderes del Estado, situación que a criterio de expertos, desemboca en una crisis institucional y de gobernabilidad que puede acarrear graves consecuencias.

En muchas ocasiones es la forma la que delata esta injerencia: la celeridad con que la Corte resolvió el caso de la Procuradora, las rondas policiales a la Procuraduría mientras Ana Matilde abandonaba el cargo, la cuestionada designación de los magistrados, el discernimiento en que se investigan ciertos escándalos de corrupción obviando los que empañan la administración en ejercicio, o la autorregulación de los medios, son algunos ejemplos.

Un nuevo termómetro de esta obediencia la conoceremos en los hechos que acompañen al procurador designado. ¿Vendrá con una agenda bajo el brazo? ¿Qué tantas presiones está dispuesto a soportar el nuevo inquilino de la Procuraduría?

¿Quiénes lo acompañarán en su equipo de trabajo y atendiendo a qué solicitudes?

Esta última será una respuesta clave para evaluar la labor de Bonissi. Debemos estar muy alertas del personal que nombre el procurador designado; su historial profesional, relaciones de trabajo, representados etc.

Sin entrar en consideraciones jurídicas, pareciera que el gobierno ha perdido una oportunidad de oro para adecentar la procuraduría; utilizar el caso Sáez como causa de suspensión a la Procuradora no envía un mensaje prístino a la ciudadanía.

En reiteradas ocasiones he denunciado casos sensitivos donde la Corte ha compulsado copia a la procuraduría para que se investigue la desnutrida pesquisa fiscal, sin embargo, poca ha sido la corrección de la jefa del Ministerio Público ante lo actuado, en cambio, la constante ha sido apelar fallos contundentes en temas delicados.

Se hace imperante poner sobre la mesa un tema fundamental: la gobernabilidad y democracia, dos conceptos irreemplazables de nuestra historia.

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Artículo publicado el  8 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

¿Quién gana con la crisis institucional actual?

La opinión del economista…….
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EDUARDO L. LAMPHREY R.

Según nuestro sistema administrativo, tenemos tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno con delimitaciones claras. Uno ejecuta, otro legisla y controla y el tercero administra justicia. Cada uno goza de independencia en su accionar respecto del otro, pero a su vez, los tres tienen en su esencia un solo objetivo: el buen desarrollo de la Nación y un mejor bienestar social para todos.

Sin embargo, la figura presidencial se ha convertido en el centro del poder político, simétricamente al crecimiento del poder Ejecutivo ha correspondido un debilitamiento del Legislativo y del Judicial, lo cual indica que éste asume el control político de todo el espectro sociopolítico nacional.

Este escenario nos lleva a preguntarnos: ¿quién gana con este despelote? Inicialmente observamos que la figura presidencial tiene una inmensa aceptación popular, control absoluto del Ejecutivo, mayoría en la Asamblea Nacional y control en el Judicial.

Este escenario implica un fuerte autoritarismo presidencial, por lo tanto, porque semanalmente, genera alguna crisis. Porque ataca, persigue y saca del espectro político. Mantener en constante crisis la institucionalidad parece ser una herramienta de control y autoritarismo presidencial. Este proceso necesita crear la zozobra gubernamental y llevar a la ciudadanía hacia su única fortaleza valedera, la figura política del presidente.

Este proceso es necesario si se quiere el control político a perpetuidad. Es un mecanismo peligroso para unos, bueno para el que proponga nuevas opciones de poder. Es una situación inédita en nuestra historia, tenemos un gobierno que fue electo por una amplia mayoría y con una alta popularidad, tiene el control de la Asamblea Nacional y del Órgano Judicial, pero está envuelto en pugnas políticas con amplios sectores de la sociedad, por su propia iniciativa. Con una oposición muy debilitada, donde no hay lucha popular, donde el carnaval desaparece cualquier flama del descontento, alguien gana con esta incertidumbre, ¿quién será?

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Publicado el 6  de febrero de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Que escuche Martinelli

La opinión de……

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Jorge Gamboa Arosemena

Ocho meses transcurren del nuevo gobierno y para nadie es un secreto que las lacras políticas del pasado siguen campeando. Partidocracia, presidencialismo exacerbado, clientelismo, nepotismo, amiguismo, tráfico de influencias y compra de conciencias son las más destacadas. Si esto no tuviera repercusión en la calidad de vida de los panameños, podríamos decir, que siga esta situación, pero afecta directamente a todos y con más énfasis a las clases populares y medias, porque estas no tienen el poderoso instrumento dinero, que en un sistema trastocado como el nuestro, todo lo puede.

El escándalo del FIS, donde las bancadas de gobierno y oposición hicieron, vergonzosamente, causa común y donde el director, hombre de confianza del Presidente generó un galimatías ininteligible de explicación, dejando en evidencia que lo contenido en el informe, no les era grato, porque había truculencias no solo del PRD sino también de miembros de la bancada gobiernista, lo que descalificaría a promotores de la alianza gubernamental. ¿Y qué de calle arriba y calle abajo en la Corte? O del sainete para sacar a una Procuradora que hace tiempo debió estar fuera de ese puesto. Son prueba inequívoca de que estamos tocando fondo.

Que escuche Martinelli, ciudadano que está en un puesto clave para hacer las cosas bien, no las que él quiere, sino las que un pueblo quiere. Estoy seguro que este pueblo desechó la oferta Herrera y lo favoreció a él, porque estaba hastiado de las corruptelas del PRD, partido que hoy es el mejor aliado de Martinelli, porque al ser tan detestado por la mayoría, cada vez que algún vocero de ellos ataca a Martinelli, hacen que, por razones emocionales, esos anti-PRD, todavía lo apuntalen, a pesar de estar haciendo él, las mismas cosas que detestaban del PRD.

Que escuche Martinelli como cada día más elementos que lo apoyamos le estamos llamando la atención; que escuche cómo los medios son receptáculo de críticas incisivas de pueblo que lo apoyó; que escuche cómo los gremios lo cuestionan, a pesar de la compra de algunos de sus miembros, porque así como compran politiqueros con espíritu de veleta, creen que pueden comprarlo todo. ¿Será por la estructura mental de comerciante que tienen? ¿Todo se compra, todo se vende?

Que escuche Martinelli que un Estado requiere el debate y la consulta y que los gobernantes solo son servidores y no mandamases. Ya su principal colaborador dejó caer, como el que no quiere, la especie que cinco años no son suficientes para demagógicamente cumplir las promesas, de lo que se concluye que, cual Chávez o Uribe cualquiera, están pensando en la reelección. Y como seguimos en campaña politiquera, si Papadimitri lo dice, Martinelli –seguro– que lo piensa.

Vamos mal señor Presidente y me preocupa que nos lleve a una constituyente porque como ha revelado, si no puede hacer los cambios, convoca una constituyente. ¿Qué constituyente? Seguro una para consolidar el poder de unos cuantos, como ahora, en detrimento de las mayorías depauperadas económica, social y políticamente.

Que escuche Martinelli, si está bien intencionado y quiere enmendar los yerros cometidos, puede ser el facilitador de un proceso constituyente amplio que nos de una nueva República donde no se permita la reelección inmediata de nadie, que obligue a transparentar los fondos de campaña, que se pongan topes a los gastos de las campañas, equidad en acceso a los medios, que magistrados de la Corte no hayan pertenecido a partidos políticos en los últimos 10 años, igual los hoy agachaditos magistrados del Tribunal Electoral, que todos los jerarcas de los tres órganos del Estado como los de los regímenes municipales tengan, los bolsillos transparentes, con auditorías publicas al inicio, al final de sus períodos y aleatoriamente en cualquier momento de esos períodos.

Que escuche Martinelli que todavía puede lograr que “ahora le toca al pueblo” controlar a sus gobernantes para darse mejor calidad de vida.

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Publicado el 3 de febrero de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.