Memoria selectiva

La opinión del Escritor y Analista Político…

Rafael Montes Gómez

“Si se siente, por parte de la población, que no se ha hecho justicia, si el caso se cierra sin que haya personas señaladas como culpables, en nuestro período volveremos a abrir esos casos, porque los delitos de la humanidad no prescriben y existe suficientes motivos para abrir esa investigación”, Leandro Ávila.

Enhorabuena por esta declaración, pero es increíble el desparpajo amoral de ciertos personajes. Jamás escuche al señor Ávila ni a ningún miembro del PRD, ni durante ni después de la dictadura militar decir “que vuelvan a abrir esos casos, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben”.

Muy por el contrario, la orden desde el Cuartel Central era no permitir por nada del mundo la apertura de los casos de lesa humanidad que si se cometieron durante la dictadura militar de Omar Torrijos y Manuel Antonio Noriega.

Los informes de la Comisión de la Verdad son claros en admitir la colaboración de los estamentos de justicia y demás entes del estado panameño en el proceso de denegación de justicia a las víctimas de la dictadura.

Es una burla a nuestro pueblo que en pleno aniversario del general se emita una declaración tan vergonzosa. Todos sabemos que con serenidad el gobierno nacional ha designado una comisión de notables que investigan los hechos acaecidos en Changuinola, para llegar a la verdad. Pro hombres nobles como Roberto Troncoso entre otros, personas muy comprometidas con los derechos humanos desarrollaran esta seria labor. Lo que pasó en Changuinola debe y será investigado en su totalidad.

No obstante, Encarnación Gaitán, José del Carmen Tuñón, Genaro Sarmiento, Alonso Sabín Castillo, Osvaldo Jiménez, Belisario Gántez Gómez, Floyd Britton, Víctor Saldaña Araúz, Julio Alberto Silvera, Ramón Mojica Santamaría, Onofre Quintero, Ariosto González, Dorita Moreno, Hipólito Quintero Delgado, Natividad González, Teodoro Palacios Hurtado, Herbert Quintanar, Julio Mario Villarreal de las Casas, Heliodoro Portugal, Rubén Miró, Heriberto Manzo, Walter Sardiñas, Eduardo White Fernández, Elías González Santizo, Félix González Santizo, Encarnación González Santizo, Jorge Tulio Medrano, Hildebrando Manzo, Nicolás Cubas Pérez, Alcibiades Bethancourth; lista parcial de más de 30 seres humanos asesinados y desaparecidos en el periodo de 1968 a 1972, señor Diputado de justicia y memoria selectiva, no tuvieron esa oportunidad, ni usted pidió esclarecer esos hechos o abogo por sus familiares.

No tuvieron esa oportunidad porque su gobierno y su partido el PRD aún en democracia, hicieron todo lo posible porque esos crímenes prescribieran y los procesos no culminaran en certeza del castigo. Testigo son los fallos, algunos de ellos vergonzosos   proferidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que para memoria de todos los panameños deben ser de lectura obligatoria.

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Este artículo se publicó el  14  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Debemos saber la verdad

La opinión del Periodista….

JOSÉ  MIGUEL  GUERRA

Como periodista y estudiante universitario me tocó vivir la crisis de finales de los ochenta, cuando la feroz dictadura militar de Manuel Antonio Noriega decidia quién vivía o moría en Panamá. Las famosas represiones del Viernes negro, asalto a la Universidad de Panamá y muchas otras han quedado pequeñas con la brutal represión a punta de perdigones que ha hecho la supuesta policía civil de Panamá.

Más de 190 personas han sido afectadas por perdigones en los ojos, otras tantas han perdido el bazo, riñones y otros órganos vitales, la conclusión de muchos expertos ha sido que los disparos hechos por los policías fueron hacia la cara y a causar el mayor daño posible.

Esta es la fecha y aún no se ha escuchado al Ministerio Público que de oficio inicie una investigación de quién dio la orden, cuál es la cifra real de muertos, cuántos son los heridos, en fin que le diga al pueblo que se está haciendo algo para reprimir este ataque contra los seres humanos.

Debemos recordar que los crímenes contra la Humanidad no prescriben y que ya sea el procurador encargado o el que le siga las investigaciones y las posibles sanciones a los violadores de los derechos humanos serán perseguidas.

Muchos policías solo dicen que actuaron siguiendo órdenes superiores, pero hasta ahora no se sabe quién es ese superior. Por el bien de nuestra democracia, se debe saber la verdad de la barbarie cometida contra los hermanos bocatoreños y mandar el ejemplo que la obediencia debida no los exime de responsabilidad.

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Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más sobre la posesión

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La opinión del Abogado….
CARLOS  B.  PEDRESCHI
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El problema de los derechos posesorios relacionado con los denominados terrenos baldíos del Estado, viene suscitando mucho interés y mucha preocupación en la sociedad panameña.

Las apreciaciones que siguen se proponen contribuir a una visión más comprensiva y práctica del problema.

Debo empezar por señalar que ningún problema puede ser comprendido si se ignoran las referencias básicas que le son inherentes y la naturaleza que le es propia.

En consideración a lo dicho, adelanto las referencias que siguen:

En el Derecho panameño una cosa es el derecho de propiedad y otra, suficientemente distinta, es el derecho de posesión.

En la esfera privada, reconocida y regulada por el Código Civil, es legalmente posible que, transcurrido cierto tiempo y cumplidos otros requisitos, el derecho de propiedad sobre un inmueble particular ceda su lugar de posesión y éste se convierta en derecho de propiedad.

En la esfera pública el caso es distinto. En ésta, no opera la prescripción o, lo que es lo mismo, el titular de un derecho posesorio no adquiere un derecho de propiedad por el solo transcurso del tiempo, independientemente de la extensión o prolongación del mismo. Sencillamente, los derechos contra los bienes del Estado no prescriben.

Lo dicho no significa que un derecho posesorio no pueda convertirse en derecho de propiedad respecto de un terreno baldío del Estado. Lo dicho significa que ese derecho de propiedad no puede adquirirse, como en la esfera privada, por prescripción, esto es, por el mero transcurso del tiempo. Más aún: de hecho históricamente la imprescriptibilidad nunca ha sido un obstáculo para que el Estado transforme derechos posesorios en derechos de propiedad sobre terrenos baldíos.

Lo dicho, encuentra fácil explicación. Si la Constitución Política del país reconoce expresamente el derecho de propiedad privada sujeta ésta a una función social, obviamente con mayor razón, precisamente por públicas, las tierras baldías del Estado están afectas a una función necesariamente pública e igualmente social.

Al inicio de las presentes reflexiones adelanté que un problema no podía ser comprendido si se ignoraban las referencias que le eran inherentes y si, además, se ignoraba la naturaleza que le era propia.

Ya dentro del área anunciada, debo empezar por señalar que, en ningún Estado del mundo, la naturaleza propia de un problema la da el texto de la Ley, sino la materia que ésta regula. Un ejemplo bastará: cuando la Ley regula un problema de sanidad, la naturaleza del problema es sanitario.

En mi concepto, los derechos posesorios sobre tierras baldías del Estado tienen una naturaleza eminentemente económica y social, y así debe ser entendida por los funcionarios encargados de administrar las normas legales correspondientes.

Las implicaciones económicas y sociales resultantes de la conversión de derechos posesorios en derechos de propiedad a expensas de tierras baldías del Estado es, por lo demás, de tal magnitud que nadie, poseedor de una mediana ilustración y suspicacia, tiene derecho a ignorar.

La magnitud de las implicaciones económicas y sociales a que me refiero en el párrafo anterior es comparable, proporciones guardadas, con la conversión de la economía informal del país a la economía formal. El problema, por la naturaleza que le es propia, no puede resolverse con simples legalismos o criterios puramente formales.

Probablemente no esté de más destacar una advertencia: dado los apremios fiscales que confronta el Estado y el incremento del valor de mercado de los derechos posesorios en Panamá, no es de extrañar que las autoridades correspondientes reparen más en los beneficios fiscales que ofrece la coyuntura, que en la magnitud de los beneficios económicos y sociales resultantes del otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos del Estado.

Evidentemente, nada sería más desafortunado para el país que acercarse al problema que se confronta con mentalidad de corredores de bienes raíces.

Finalmente, lo que sí debe ser una preocupación mayúscula de las autoridades correspondientes en cada caso de otorgamiento de títulos de propiedad sobre terrenos baldíos, es asegurarse la total garantía de que los dueños de estas tierras cumplan la responsabilidad de proteger el medio ambiente, so pena de multas severas, incluyendo la pérdida del título.

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Publicado el 17 de diciembre en el diario  La  Estrella  de  Panamá, y el 20 de diciembre de 2009 en el Diario La Prensa, a quienes  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Juntos en la eternidad

Juntos en la eternidad
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Pastor E. Durán E. – Educador
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El pasado sábado 18 de julio tuvo lugar el funeral de Domingo “Yiyo” Bethancourt Aparicio en Punta Chame, pequeño pueblo pesquero de donde era oriundo. “Yiyo”, de 63 años, era un hombre humilde, trabajador, sufrido, solo, enfermo, excluido, profundamente servicial. Era hermano de Alcibíades “Chivale” Bethancourt Aparicio, desaparecido el 16 de febrero de 1971, en el período más crudo y tenebroso de la dictadura militar que sobre el país impuso, a sangre y fuego, Omar Torrijos Herrera y su camarilla golpista.

Fue precisamente Domingo quien tuvo que llevar al subteniente Darío Mascuñana, considerado “amigo” de la familia Bethancourt, y otros militares hasta Punta Chame, viajando en helicóptero desde Tocumen a buscar a su hermano “Chivale”, adversario del régimen militar, perteneciente al grupo Vanguardia de Acción Nacional (VAN) que, a su vez, era parte del Frente de Resistencia Popular (FRP), objeto de persecución encarnizada por parte de los militares.

Al encontrarlo, y siempre confiando en la supuesta amistad de Mascuñana, Alcibíades Bethancourt se avino a regresar a la ciudad capital, siendo conducido al Cuartel Central de la Guardia Nacional, en donde Domingo lo vio por última vez. Nunca más se supo de “Chivale”, sembrando un profundo dolor en la familia que, a pesar del tiempo transcurrido, aún persiste.

Por supuesto que en aquel tiempo cuando todos los derechos y libertades fueron conculcados, los ingentes esfuerzos de la familia para saber del paradero de “Chivale” fueron desatendidos por las autoridades. En la investigación que finalmente se abrió a insistencia de la familia el 31 de enero de 1990, poco más de un mes después de la caída del régimen militar, se vinculó al hecho de esta desaparición forzada, a Mascuñana, Nivaldo Madriñán, Manuel Antonio Noriega, Melbourne Walker, Miguel Ángel Quirós Ábrego y al sargento Sánchez Galán.

Según la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, Aura Emérita de Villalaz, la Corte Suprema de Justicia dejó constancia de que en este caso, “… no se hizo investigación alguna hasta el mes de enero de 1990“, y, a pesar del esfuerzo por impulsar las sumarias frente el exceso de denuncias presentadas, “… se ha registrado por parte de los abogados, a nombre del ejercicio de la garantía de la defensa, la interposición de una serie de medidas dilatorias que al entorpecer la investigación, han favorecido la prescripción de los hechos”.

Los Crímenes de Lesa Humanidad y de violación a los Derechos Humanos no prescriben. La justicia panameña tiene que adecuarse a esta norma.

Domingo, al fin, encontrará a Alcibíades en el gran misterio de la vida y estarán juntos por siempre, en la eternidad de Dios.

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Publicado el 3 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Prescrito Caso CEMIS

Prescrito Caso CEMIS


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CARLOS A. HERRERA

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Este escándalo en el hemiciclo legislativo sobre un soborno para aprobar un proyecto que no lo necesitaba, más el otro asunto sobre la ratificación de dos magistrados de la Corte, tal vez como contraofensiva política, pero que involucraría a los legisladores contrarios al gobierno de ese entonces, quedo anulado y archivado.

Fueron tiempos muy tensos en el ambiente político legislativo, junto a lo ejecutivo y judicial, debido a la tormenta verbal desatada, que oscureció por completo el cielo de la patria.

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Si esto empezó en 2001, porque no me acuerdo de la fecha del escándalo, los que tenemos nociones en estas faenas procesales sabemos sobre la aplicación la Ley Constitucional, sustantiva y adjetiva, sin descuidar la competencia por la calidad de las partes, de modo que a los padres de la patria los juzga la Corte en Pleno y los magistrados de la Corte a su vez, son juzgados por los legisladores hoy diputados, en pleno.

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El Código Penal anterior que siempre vamos a usar, en el Libro Segundo, del Título X sobre Los Delitos contra la administración Pública , en el Capítulo Tercero Sobre Corrupción de Servidores Públicos , desde el artículo 331 hasta el artículo 335-B, que revisamos superficialmente, con el interés de publicar estos pensamientos, con el ánimo de alertar a la comunidad para que no se entusiasme sobre los resultados de esta segunda vuelta investigativa.

Prometo profundizar sobre este tema oportunamente. Volviendo al asunto que nos ocupa, ninguno de estos artículos tiene pena de prisión superior a los seis años.

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Vamos a copiar la primer norma del capítulo en cuestión: ”Artículo 331. El servidor público que personalmente o por interpuesta persona, acepte promesa, dinero u otro beneficio como retribución a sus funciones, que no se le deba, será sancionado con prisión de 2 a 4 años”.

Tiene la agravante hasta la mitad de la pena, lo que sería de 3 a 6 años, si el autor es funcionario del Ministerio Público o del Órgano Judicial.

El artículo siguiente no es pertinente, pero la sanción es de 2 a 6 años; el artículo 334 se refiere a particulares que ofrecen el dinero a los funcionarios públicos; el artículo 335 se refiere al servidor público que reciba dinero u otro beneficio con pena de 6 meses a 3 años o su equivalente en días multas; el 335-A es sobre enriquecimiento patrimonial y el que sigue tampoco es pertinente, pero la pena es de 6 meses a 4 años.

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La prescripción de la acción transcurre por el tiempo para instruir un proceso. El Artículo 94 establecía: “La prescripción de la acción penal comenzará a correr para los hechos punibles consumados desde el día de la consumación; para los continuados y permanente, desde el día en que cesaron, y para las tentativas desde el día en que se realizó el último acto de ejecución”.

Si esto ocurrió en el año 2001 y la prescripción no fue interrumpida con el auto de enjuiciamiento, el artículo 93 ordena la prescripción de este caso, cumplidos 6 años después de la comisión del hecho punible, si la pena señalada en la Ley es mayor de 6 meses y no excede de 6 años de prisión.

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Publicado el 26 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.