La literatura redime

La opinión de…


Ricardo Arturo Ríos Torres

Durante tres años coordiné ad honórem el Círculo de Lectura del Centro de Cumplimiento, entidad que alberga a los menores sentenciados por sus delitos. A esos jóvenes los conocí en un acto organizado por la Lotería en ocasión de la semana del libro; participaban también estudiantes de algunos colegios secundarios de la capital.

De allí nació la idea de compartir con ellos mis experiencias del Círculo de Lectura de la USMA. El equipo de profesionales que dirigía el centro acogió con entusiasmo la iniciativa. Mis estudiantes de la USMA visitaban el centro de cumplimiento y ellos acudían a las reuniones del círculo de lectura tanto en la universidad como en la librería Exedra.   Luego los llevé a las dos primeras ferias internacionales del libro celebradas en nuestro país.    Además participaban en nuestras presentaciones de libros e incluso fueron protagonistas cuando Rose Marie Tapia realizó la gala de Roberto por el buen camino.

Ninguno de los jóvenes del centro se evadió; eran un equipo, una familia, eran conscientes de la oportunidad que se les ofrecía. Trabajaron un boletín informativo como el Huellas de la USMA. Escribieron poemas, cuentos y el inicio de una novela. En una ocasión los llevé a una conferencia internacional sobre lectura que se celebró en el hotel El Panamá. Allí dieron testimonio de sus experiencias. Fue inolvidable; los expertos de distintas latitudes se emocionaron con ellos, muchos lloraron ante sus vivencias.

Tanto en las reuniones de la USMA como en Exedra analizaban los libros con tal propiedad que muchos creían que eran universitarios. Aprendieron a comunicarse, a pensar lógicamente, a compartir con naturalidad su pasión por la literatura. Ninguno de ellos reincidió; estudiaban en la secundaria e incluso en la universidad; era parte del programa de resocialización. Se habían humanizado pues se les trataba con respeto y aprecio. Aclaro que en ese grupo todos los delitos estaban presentes.

Comprobamos que eran chicos sin hogar, carentes del amor y cariño de una familia formal. Pero todo cambió cuando Martín Torrijos asumió el poder Ejecutivo y su ministra de la Familia [Desarrollo Social] removió al equipo de profesionales que dirigían con dedicación, responsabilidad y mística el centro de cumplimiento. El Panamá político consideró esa entidad como otro de sus espacios.   Nada detuvo a la ministra de turno; barrió con las trabajadoras sociales, psicólogo, la directora, e incluso con los custodios de amplia experiencia.

El círculo de lectura desapareció, luego la ministra fue premiada por el Presidente y la integró a su equipo de asesores.

Ante la tragedia que hoy conmueve a la sociedad panameña reiteramos nuestro reclamo ciudadano, que el Panamá político renuncie a considerar como espacios partidistas las instituciones públicas. Necesitamos un director de la Policía que sea un profesional especializado y nunca un militar como el que tenemos hoy. Actualmente, la policía militarizada avasalla al ciudadano común. Recordemos Changuinola y los asesinatos de los obreros. Que el equipo de las cárceles se integre confuncionarios profesionales ajenos al clientelismo político.

La tragedia de los adolescentes quemados en el centro penitenciario nunca más debe  repetirse. El Panamá político es el responsable de ese crimen institucional.

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Este artículo se publicó el 20  de enero de 2011   en el diario La Prensa, y el 5 de febrero de 2011 en la Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.  El resaltado fue hecho por el Editor.

Pena de muerte

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

El artículo 30 de la Constitución panameña proscribe la pena de muerte. El artículo 28, a su vez, sustenta el sistema penitenciario “en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”.

La misma disposición “prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos” y dispone que los menores de edad sean “sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación”.

La proscripción de la pena de muerte y la regeneración de los reclusos son principios con profunda raigambre en el constitucionalismo panameño.   El primero se remonta a 1918, cuando una reforma constitucional dispuso: “no habrá en Panamá pena de muerte”. El precepto se mantuvo en las constituciones de 1941, 1945 y 1972, actualmente vigente.

En cuanto al trato que deben recibir los privados de libertad, el artículo 45 de la Constitución de 1904 indicaba: “Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por lo tanto, es prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos”.

Lo mismo disponía la Constitución de 1941 y, con ligeras variaciones, la de 1946. Ambos principios, además, son parte del derecho internacional. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificada por Panamá en 1978, estatuye: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

Mediante el Protocolo de 1990 a esa convención, relativo a la abolición de la pena de muerte, los Estados Partes se comprometen a no aplicar “en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”.

Panamá ratificó dicho protocolo en 1991. En el Sistema de las Naciones Unidas, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Panamá en 1977, proclaman que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Más específicamente, la Convención contra la tortura de 1984 exige, en su artículo 2, que todo Estado Parte tome “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Dicha convención fue ratificada por Panamá en 1987. En el derecho internacional americano, la Convención Interamericana para prevenir la tortura de 1985, ratificada por Panamá en 1991, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El documento sobre Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008) establece, entre otras obligaciones, la siguiente:

“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Aunque estas normas son de obligatorio cumplimiento en Panamá, bajo la dictadura castrense la ley fue supeditada a los designios de quienes usurparon los destinos del país. Sucedieron numerosos casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales—penas de muerte en todo menos en nombre—según fue documentado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1978 y 1989, así como en el informe de la Comisión de la Verdad (2002).

Como en una democracia no hay lugar para violaciones de los preceptos señalados, los panameños teníamos motivos para esperar que incidentes como los que ocurrieron durante el régimen militar jamás se repitieran. Por eso los acontecimientos del 11 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores —con un espantoso saldo de siete reclusos quemados, cuatro de los cuales ya fallecieron— han causado estupor en la comunidad.

Es alarmante que formen parte de la Policía Nacional individuos tan carentes de las más elementales nociones de derechos humanos, que promueven abominables contravenciones de la Constitución y el derecho internacional como las que transmitieron las cámaras de televisión.

En su falta de humanidad y cultura democrática radican las semillas del autoritarismo militar, que indudablemente germinarán a no ser que erradiquemos de la fuerza pública tan ilegales y perversas inclinaciones.

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La fiesta de Fernandito

La opinión de…

Berna Calvit

bdcalvit@cwpanama.net

Era inevitable que en las actuales circunstancias recordara el merengue La lluvia, que canta el dominicano Fernandito Villalona; el pegajoso coro de la canción, “La lluvia no daña mi fiesta/ la lluvia no daña mi vacilón” le viene como anillo al dedo al presidente Martinelli. ¡Para su comparsa “Los locos somos más”! Anda de tan buen ánimo el Presidente, que partió de viaje ¡otro más!, cuando tomar agua, bañarse, y hacer “la mayor y la menor” ya se había convertido en complicación mayúscula en toda la ciudad.

Los entendidos en asuntos del clima y el manejo de aguas, habían advertido sobre las posibles consecuencias por fallas en la construcción de la potabilizadora de Chilibre y deficiencias en todo el sistema. Una enojada y abusada madre naturaleza se encargó de ponerlas al descubierto.

Las autoridades, más interesadas en cerrar pactos políticos, y en jugosos e innecesarios megaproyectos, que en atender lo primordial, no prestaron la debida atención. Y llegó el caos. Mirando la desesperación y la rebatiña por el agua que se repartía en diversos puntos me parecía estar viendo escenas del sufrido Haití. ¡En Panamá, el del crecimiento económico del que tanto alardeamos!

La politiquería, sin embargo, no estaba viviendo en seco, sino con mojaditos brindis por el deseado final de un alocado y servil proyecto para castigar con prisión las ofensas al Presidente y a funcionarios de elección popular.

La presión de las organizaciones, de particulares e, incluso, de astutos políticos oficialistas, impidió que prosperara; estos últimos, entre ellos el Presidente, se dieron cuenta de las consecuencias nacionales e internacionales de semejante desafuero. Igual suerte corrió la “chellada” (mi sinónimo para chabacanería) de los diputados Sergio Gálvez (Chello) y Vidal García, encargados de “tantear el terreno” de la reelección inmediata; otra vez tronaron las protestas y, especialmente fuertes, las de los varelistas, mireyistas y de “arnulfistas de verdad”, en riesgo de quedar “con los crespos hechos”, aplastados por el devorador Cambio Democrático, que más que partido político parece un dispensador de prebendas.

¿Creyeron las organizaciones de la sociedad civil que el Ejecutivo iba a considerar sus recomendaciones para nombrar el nuevo procurador general de la Nación?   ¿Olvidan cómo Moncada y Almengor se convirtieron en magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Creen que cumplirá la promesa a la Comisión de Estado por la Justicia, hecha antes de convertirse en presidente, de tomarlos en cuenta para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional contemplado en las reformas constitucionales que promueve el Gobierno?   “El Estado soy yo”, dijo el rey Luis XIV. ¡Quiero mi Torre Tusa y mis corredores, más importantes que el agua!, dice el otro.

Se comentó que el discurso del Presidente en la inauguración del nuevo período del Legislativo parecía referirse a otro país, no a nuestro Panamá, tragada por la basura para felicidad de ratas grandes y gordas como conejos de granja; donde no se sabe cómo andan los gastos ni los negocios estatales, porque el 40% de los ministerios e instituciones no pasan la información al nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo, como es su deber; donde los tentáculos del narcotráfico asoman por todas partes; donde, al cambiar de ropaje, de FIS a PAN engavetaron los negociados en el FIS.

A propósito del FIS, recientemente se le negó al ex legislador Francisco Ameglio un incidente de controversia en el caso que se le sigue por un supuesto peculado; le iría mejor si hiciera como el alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla, que envuelto en un abultadísimo caso de supuesto peculado, brincó del PRD a Cambio Democrático y el caso… ¿Qué caso?

Todo palidece ante la infamia de los sucesos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, eufemismo rimbombante para un sitio infernal; la saña, el sadismo, la indiferencia de algunos policías, y la incompetencia y la burocracia del sistema convirtieron en pira la celda en la que la vida de varios jóvenes detenidos no valía nada.

¿No es censurable la destemplada reacción del ministro de Justicia, Mulino, ante estos hechos? ¿Defenderá a “su gente” el director de la policía, Gustavo Pérez, como defendió a los que asesinaron a los jóvenes pescadores de Boca La Caja? ¿Le importa al Gobierno el informe que rindió la comisión que constató la brutalidad policiaca en Changuinola? León Felipe, poeta español, dijo en su poema “Sé todos los cuentos”:

“Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.

Y he visto:

Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,

que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,

que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre…

ha inventado todos los cuentos.

Yo no sé muchas cosas, es verdad,

pero me han dormido con todos los cuentos…

y sé todos los cuentos”.

Yo también.

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Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Visitando a los quemados

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado…

MARIELA SAGEL
marielasagel@gmail.com

Desde que ocurrió la masacre contra los jóvenes en el Centro de Cumplimiento, el pasado 9 de enero, además del horror que nos ha causado el ver la forma despiadada e inhumana en que se comportaron los custodios y miembros de la Policía Nacional, hemos estado esperando una manifestación del Gobierno Nacional, un pronunciamiento que le permita a los familiares –ya no a los chicos, porque han muerto cinco hasta ahora y dos están en estado crítico – saber qué les espera si se recuperan y si tienen que atravesar la tortuosa vía de un prolongado tratamiento.

 

Y en lo que va de estos casi veinte días, un par de expresiones en los medios de parte de algunos de los funcionarios es todo lo que han dicho. El pasado sábado, en un anunciado comunicado, el Presidente solamente ofreció respaldo moral y una investigación sobre los hechos.

 

Teniendo, como lo tenemos mucho, el corazón destrozado por esta tragedia, he ido junto a otras personas a la hora de la visita a hablar con los familiares a saber cómo evolucionan, sin estridencias y sin querer establecer posiciones de partido.   Logramos hablar con algunos parientes de los dos muchachos que aún batallan entre la vida y la muerte y nos contaron las tres versiones que se dan alrededor de ese aciago incidente.

También nos confirmaron que uno de los que murió ni siquiera lo pusieron en la morgue y cuando sus familiares lo fueron a reclamar, lo que recibieron fue un saco putrefacto que tuvieron que enterrar como a un perro, en una bolsa de basura.

 

En el escenario de la visita diaria confirmé que la Policía Nacional mantiene unas unidades apostadas en la sala, lo que es negativo para la recuperación de los chicos, toda vez que ellos deben estar todavía bajo la impresión de lo ocurrido y el ver entre brumas a sus verdugos no debe ser sicológicamente positivo para su recuperación.

 

Con la familia de Christian entré a conversar con la doctora que diariamente informa cómo evoluciona el paciente. De una forma impersonal y hasta tajante les dio su reporte y al yo preguntarle cuál sería el tratamiento que tendrían que seguir si salen de esta crisis, me interpeló, de forma muy dura, que quién era yo, y que eso se vería en su momento. Sobre la muerte del último, sus familiares no fueron avisados cuando ocurrió.

 

Una manera muy inhumana de tratar semejante tragedia.

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Este artículo se publicó el 24 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

La Policía Nacional y la estrategia equivocada

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM  ASVAT
easvat@elsiglo.com

La Policía Nacional pasa por su peor momento frente a la población nacional.   Esa indiferencia y esa actitud criminal de festejar el martirio sufrido por los adolecentes recluidos en un centro de cumplimiento no es propio de seres a quien se le encomienda una misión patriótica. Es la actitud de bestias con uniformes. Quizás algunos pensarán que todo esto es producto de unas cuantas ovejas negras. Lamentablemente no es así.

 

A la Policía Nacional se le está preparando e inculcando que actúe así.    Se le está educando que su guerra contra la delincuencia se lo impide la constitución y la ley. Que solo mediante una protección extralegal pueden cumplir a cabalidad su misión.

 

A esto si le añadimos la poca preparación educativa de quienes ingresan y la ausencia de un constante adiestramiento profesional, la combinación produce bestias no policías.

 

La tesis principal del gobierno de Ricardo Martinelli sobre los estamentos de seguridad no se fundamenta en una policía profesional, técnica, respetuosa de la ley y cuya misión es proteger a los ciudadanos.

 

Alguien entendió que lo que la Policía necesitaba era sobreprotección, inmunidad, apoyo gubernamental para librar una guerra sin cuartel a través del miedo y la intimidación. Todos son delincuentes hasta que prueben lo contrario. A ello obedece generar retenes, verificar en el pele police, patear puertas, hacer allanamientos de limpieza de áreas o barrios.

 

Ese estilo policial sin información, sin cooperación ciudadana, con temor al uniformado generalmente conduce a situaciones de arbitrariedad y errores con elevados costos para la institución.

 

Si los jefes inculcan un discurso de violencia el resultado será violento. Creo que algo de eso está ocurriendo además de la exagerada corrupción de su oficialidad y manejo con desgreño.

 

Panamá es el único país del mundo donde los carros patrullas comprados en este gobierno son de cambio. Que alguien me explique como un conductor policial puede conducir, manejar la palanca de los cambios y operar la radio policial a la vez. Si se encuentra en una persecución con disparos cómo puede conducir, manejar la palanca de los cambios y utilizar su arma de reglamento.

 

Los policías de a pie aprenden de las lecciones que le imparten sus superiores. Si las cabezas están podridas no responsabilicemos a los suboficiales por los malos ejemplos.

 

No pretendo culpar a este gobierno de todos los desmanes. Hay secuelas de mala administración y desidia que provienen de gobiernos anteriores. Lo que en este gobierno se ha acentuado es la sobreprotección frente a la ley y la exagerada soberbia de sus dirigentes en el manejo operativo de los estamentos de seguridad.

 

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<> Artículo publicado el 21 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El silencio de los inocentes

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

Cuando el Presidente de la República manifestó en su discurso a la Nación el 1 de enero del 2011 su lucha frontal contra la delincuencia señaló:  ‘Para los delincuentes tengo un mensaje: Estoy en guerra contra ustedes.

En nuestro gobierno les espera el hospital, la cárcel o el cementerio’ , nunca me imaginé que la decisión sería interpretado como una orden policial.

Si la decisión política es mandar a los delincuentes al hospital o el cementerio la orden se cumplió a cabalidad en el centro de cumplimiento de menores en Tocumen.   Es quizás esa la razón por la cual con mucha frialdad los uniformados que se apersonaron a la entrevista con Álvaro Alvarado se comportaron con total estoicismo frente a las acciones criminales ejecutadas.

Cumplieron con el protocolo que exigía esperar a que los autorizara la directora del centro mientras tanto había que dejar que los adolecentes se murieran quemados.

Este vil acto de ejecución de adolescentes ante la indiferencia de los encargados de salvaguardar la vida de los seres humanos es la peor atrocidad que la Policía Nacional ha cometido en los últimos 20 años.

Han manchando el honor policial y su propósito. Como ex director de la Policía Nacional siento un profundo dolor por la muerte de estos panameños vilmente asesinados por quienes deberían velar por sus vidas y seguridad aunque estuvieran pagando tiempo en un centro de cumplimiento. Asesinos, salvajes, inhumanos y cualquier otro epíteto es poco lo que puedo decir.

No acepto un Panamá donde la vida de un ser humano sea vejado de la forma vil como lo hicieron frente a las cámaras de televisión.   No quiero ser ciudadano de un país donde se veje la vida humana de esa forma.

Señor Presidente su silencio es cómplice. Usted no puede permitir que la Policía Nacional sea dirigida por bestias humanas ni se puede aceptar que su Ministro de Seguridad Pública no haya sentido ningún sentimiento de dolor o compasión por esos adolecentes quemados y asesinados.

En su discurso presidencial de inicio del año usted señaló que ha sido clave en la lucha contra la delincuencia la mística que el Director de la Policía y el Ministerio de Seguridad brinda a su equipo humano. Se equivocó señor Presidente.

Esta bitácora la escribo con lágrimas en los ojos porque no es el Panamá que queremos los panameños, Señor Presidente.

El Estado no puede asesinar a sus ciudadanos. Se ha violado la constitución nacional. Se le ha aplicado la pena de muerte a adolecentes panameños porque quienes la ejecutaron fueron funcionarios de su gobierno. Me avergüenza su silencio.

 

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<> Artículo publicado el 20  de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mal le paga el diablo a quien bien le sirve

La opinión del periodista….

 

JOSÉ  MIGUEL  GUERRA
jmguerra@cableonda.net

Desde su llegada al poder el Presidente de la República ha basado parte de su estrategia seguridad ciudadana en subir la moral de los uniformados, dándoles mejores condiciones de trabajo, indultos por crímenes cometidos (que están demandados en la corte suprema por inconstitucionalidad), aumentos salariales, etc. como director de la policía nacional se puso a un hombre de la confianza del mandatario, el jefe de seguridad de su cadena de supermercado, un sargento mejorado quien fue dado de baja deshonrosa, así pues en la PN se inició una nueva etapa ‘la venganza de los caídos’  hasta pareciera un título cinematográfico.

Esta película de horror no ha tenido pausa, cada día un nuevo escándalo sacude a ésta institución, sino es por la compra directa declarada no ilegal pero que se detuvo de 8 millones en pistolas, el cambio de uniforme sin que se sepan mayores detalles de las compras,   promociones y ascensos a personas que no reúnen el tiempo o la preparación, forzosas jubilaciones, el uso sin autorización legal del Pele-Police, hasta la inexplicable no compra de armas no letales, entre muchas otras.

Así pues vendiendo la idea del terror y que por eso es necesario que la PN se arme y se le indulte, la casa de gobierno ha apostado a resolver lo que no pudo dar la patria nueva   ‘más seguridad’, pero que ha traído consigo el estar de favoritos del presidente?    Dirían algunos ‘la mona aunque la vistas de seda, mona se queda’, es decir dale poder al que no lo sabe usar y tendrás acciones como las de los cientos de personas heridas con perdigones de Bocas del Toro, arrestos arbitrarios a más de 500 obreros, retenciones inconstitucionales, constantes violaciones a los derechos humanos, etc.

Dentro de los logros de la PN están las inmensas cantidades de droga que se capturan pero no logran detener a nadie por esos ilícitos, etc.. A pesar de todos lo que se les ha dado del dinero del pueblo, los policías aún piensan que le hacen un favor al pueblo, no se ha medido si la coimiadera ha bajado, si son más respetuosos, etc.

Lo que sí se ha medido es que, no tienen ningún respeto por la vida humana, que son insensibles ante el sufrimiento, que su ansia de poder esta a flor de piel, que no les importa un comino con la vida, honra y bienes, que ellos son los que mandan y punto.

Es decir ‘dale el meñique y te tomaran el cuerpo entero’, estos gorilas que sin razonar pueden disparar perdigones, lanzar bombas de gas lacrimógeno, ver el fuego arder, sentir el olor de la carne humana quemarse y aún así festejan y se divierten, esa es la fuerza pública que nos cuida?

Algunos burdos lumpen han tratado de decir que los jóvenes quemados no son angelitos, que quieren decir con esto?  que la inquisición fue buena?  que quemar a la gente viva es bueno?  que un par de gorilas deciden quien vive o muere?   que violar los derechos humanos en algunos casos es bueno y en otros es malo, que la justicia se debe aplicar por conveniencia?

Espero que la gente con sentido común, humanidad y verdadero espíritu de creyente le repugne este tipo de casos y que se ponga un hasta aquí a estos diablos ahora con uniforme azul.

 

 

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<> Este artículo se publicó el 16  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sociedad, víctimas y victimarios

La opinión del Comunicador Social…

 

ERNESTO  A.  HOLDER
ernestoholder@gmail.com

Cuando se dan hechos que atentan contra la colectividad y el bienestar común, en el ejercicio por definir responsabilidades o culpas, muchas personas lo tratan a la ligera.   Hay quienes hacen un esfuerzo maduro – frío, no emocional – por realizar un análisis detallado y puntual sobre el tema. Pero, desafortunadamente, están los que ven la oportunidad de aprovechamiento personal, político y muchas veces económico que nubla las posibilidades concretas para que la sociedad busque correctivos a largo plazo.

El sábado 8 de enero, afuera de un supermercado en Tucson, Arizona (Estados Unidos) la congresista demócrata Gabriel Giffords patrocinaba un evento al aire libre llamado ‘Congress on your coner’ (El congreso en tu esquina).    No repartía bolsas de comida ni pasaba ‘salves’ para ‘poner la paila’ o para comprar un tanque de gas.   Allí recibía a sus contribuyentes o atendía a todo aquel que deseaba tener unos minutos con ella para conversar sobre asuntos de la comunidad.

La senadora fue herida con un arma de fuego en la cabeza por el aparente desquiciado Jared Loughner; con evidentes muestras de una errática conducta personal, marcada por las influencias del entorno socio-político en que se desenvuelve. Otras seis personas en el área del evento murieron; entre ellos, una niña de nueve años y otros trece resultaron heridos. Veinte personas en total. Este violento atentado, en lo que debió ser una tranquila mañana de enero, parece encaminado a ser un acontecimiento que puede incidir significativamente en la retórica política de la sociedad estadounidense; que parece haber recrudecido desde que Barack Obama fue electo presidente de ese país.

El domingo 9 de enero, una reyerta provocada por un grupo de jóvenes detenidos en el Centro de Cumplimiento de Menores en Panamá dejó seis quemados (de los cuales, a la hora de preparar esta entrega, han muerto dos) y siete heridos, en un hecho en donde la inmediatez de las trasmisiones televisivas han permitido presenciar la presunta participación negligente de varios representantes de las entidades de custodia que deberían tener la seguridad y protección de estos menores como su responsabilidad primordial.

Un agente de la policía, que ha trabajado con menores infractores, me cuenta de los directos y constantes abusos que enfrenta en estos centros de parte de los que allí son recluidos. Tanto verbales como físicos en algunos casos. Esto lo menciono porque hay que tener en cuenta el contexto general de todas las situaciones y recordar, por más difícil que sea, de quiénes estamos hablando. Estos muchachos son peligrosos, muy peligrosos. Pero, esto no es excusa de ninguna manera. La primera reacción ante la amenaza a la vida humana es, y debe ser, la de preservarla a como de lugar.

Las imágenes captadas durante el incendio en el Centro muestran la degradación de la conducta humana, no hay otra manera de ponerlo. Frente a las súplicas desgarradoras porque los dejaran salir del área en peligro, las evidencias visuales y de audio presentadas en los medios son sencillamente inhumanas.

Me llama la atención que en el recuento de las circunstancias, se enfocó mucho en el hecho de cuánto tiempo le faltaba a tal o a cual menor por cumplir con su reclusión: 10, 15 ó 40 días. Nadie, particularmente padres y abogados, hasta donde he podido seguir el tema, ha hablado de procesos de resocialización o de seguimiento social para velar porque aquellos recluidos no regresen dentro de unos meses.

Para algunos y, aparentemente para las familias, cumplir con el tiempo de censura mediante el aislamiento en centros como estos es suficiente.   Y lo que ha venido sucediendo desde aquel fatídico acontecimiento es que los que oficialmente deben velar por la responsabilidad de proteger a estos jóvenes (y a la sociedad mediante su resocialización) han venido preparando su defensa: pasándose la culpa y refugiándose en los entramados legales del sistema judicial.

Lo que sucedió en Tucson, aquella mañana del 8 de enero pasado, es el resultado de un atentado contra la sociedad, no del desquiciado con su arma que redefinió la vida de tantas personas, sino de un sistema que permite, y da pie a, que legalmente, cualquiera tenga la oportunidad de adquirir armas letales, por encima de las preocupaciones de instituciones sobre su estado y capacidad mental para convivir pacíficamente en sociedad (ya había advertencias sobre Loughner).

Y lo que repercute en Panamá sobre el caso del Centro de Menores, es igualmente un insensato atentado contra la posibilidad de que le demos otra mirada a la conducta delictiva y peligrosa de estos jóvenes; la responsabilidad de sus padres y del Estado en su resocialización y a atender la indiferencia que mostramos por el bienestar y la recuperación de sus víctimas que no aparecen en la discusión actual.

Este artículo se publicó el 17 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Nacimiento de la Policía penitenciaria

La opinión del Abogado y Militar de Carrera…

EDGARDO  FALCÓN
edgardofalcon@hotmail.com

Hace mucho tiempo gravitaba la necesidad de que quienes custodiaban los centros carcelarios no fuera los miembros de la Policía Nacional, una organización que no se ha profesionalizado en los últimos sesenta años.

Su última modernización vino de la mano de José Antonio Remón Cantera, Manuel Antonio Noriega modernizó el ala militar de la Guardia Nacional y las llevó a convertir en Fuerzas de Defensa.   En otra oportunidad me ocuparé de ese tema, pues los últimos gobierno y principalmente éste piensa que aumentando los salarios se obtiene una Policía moderna olvidando que ese renglón es una de las pestañas que ayuda a modernizar la institución.

Las otras vienen del adiestramiento, re-adiestramiento, cosa que no se da actualmente, la disciplina y la moral.

Ahora después de los incidentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen, renace la necesidad que los custodios del Sistema Penitenciario se hagan cargo de la totalidad de la seguridad interior de los mismos.

Para que esto ocurra de forma profesional, primero estos agentes penitenciarios, deben tener el mismo salario que los policías y los miembros del Servicio Nacional de Fronteras, con escalafón paralelo, que desarrollen carrera y asiendan tal cual ocurre en los otros cuerpos policiales del país.

Debe tener su propio director y este cuerpo de custodios debe estar bajo el mando directo del Ministro de Seguridad Pública.

El intentar reclutar agentes sin tener un verdadero programa conllevará a obtener más de lo mismo, personal con baja moral, fácil de corromper y algunos con malas costumbres traídas de sus antiguos trabajos (policías jubilados o dados de baja por mala prácticas).

El colocar a quienes tienen la misión de custodiar los Centros Penitenciarios en el mismo escalafón que los miembros de los otros órganos de seguridad del país, permitirá obtener un mejor producto que el que hasta ahora se ha venido obtenido, que estos miembros de la Policía Penitenciaria, sepan que su misión es tan importante como la de los otros miembros de seguridad del país.

El Ministerio de Gobierno, le corresponde entre sus funciones, coordinar con el Órgano Judicial o el Ministerio Público los traslados de los detenidos a las distintas sedes donde son requeridos, llevar el cómputo del tiempo que mantienen detenidos y su puesta en libertad, su alimentación, su asistencia médica, la organización de sus días de visitas y otras cosas de carácter administrativo, en síntesis administrar los centros carcelarios.

Por último se requiere una adecuación de las normativas legales que regulan la materia que en algunos casos confiere facultades a quien no deben tenerlas y en otros casos le quita facultades a quien debe ejercerlas, adecuar la Ley Penitenciaria en un solo bloque normativo, estableciendo misiones claras para cada órgano.

Solo así podremos generar cambios profundos que perduren, no tratando se solucionar un problema porque se generó una crisis; solo de esta forma estaremos gobernando hacia el futuro, no para el momento.

La función de un estadista es esa, gobernar para el futuro no para el presente.

Este artículo se publicó el 18 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,

Un acto de barbarie

La opinión de la Escritora….

ROSE  MARIE  TAPIA  R.
rosetap@gmail.com

Mi comentario sobre el acto criminal de los miembros de la Policía Nacional y de los custodios contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento no es una reacción, es una reflexión matizada por la consternación, el dolor, la frustración, el espanto.

Es como hacer un viaje al pasado cuando las Fuerzas de Defensa masacraban a mansalva al pueblo panameño.

Todos habíamos pensado que esa era una etapa superada y que nuestros policías eran dignos de confianza. Pero ahora nos asalta la duda. Y no solo es por el acto de barbarie que presenciamos en los canales de televisión, sino por el intento de justificación que dieron dos miembros de esta fuerza en el programa del periodista Álvaro Alvarado.

Ellos argumentaron que los detenidos intentaban fugarse. Los siete lesionados estaban por cumplir su condena. Por favor, no insulten nuestra inteligencia.

Esas unidades de la Policía y los custodios que realizaron este acto son minorías, por ahora. No obstante, sus compañeros no deben justificar sus acciones porque involucionaríamos hacia la barbarie sin la posibilidad de retorno a un país civilizado.

Somos conscientes de que estos jóvenes están pagando sus delitos con una condena a prisión.   Lo que no entendemos es que esas condenas se convirtieran en sentencias de muerte.   La dirección de Responsabilidad Profesional debe de inmediato separar a las unidades involucradas y ponerlas a órdenes de las autoridades judiciales.

La Policía es la encargada de velar por la integridad de todos los ciudadanos, incluso aquellos que han delinquido.   Constituirse en verdugos que al calor de un incidente, por violento que sea, ejecuten una sentencia de muerte es inamisible.

Pregunto: ¿Se han deshumanizado de tal manera que no los conmovió los gritos de estos jóvenes llamando a sus madres? Por supuesto que no. La respuesta de uno de los policías fue: ‘No son hombrecitos, aguanten, muéranse’.

H ace años cuando escribí la novela:  Roberto por el buen camino, tuve la oportunidad de tratar a diecisiete jóvenes del Centro de Cumplimiento. Ellos asistían todos los meses a las reuniones del Círculo de Lectura Guillermo Andreve coordinado por el profesor Ricardo Ríos Torres. Estos chicos son seres humanos como sus hijos, nacieron buenos, la sociedad y el entorno los corrompió. La mayoría desea tener la oportunidad de retomar el buen camino. En el corazón de estos chicos renació la esperanza y gracias a Dios muchos de ellos han logrado incorporarse a la sociedad como hombres productivos.   Al joven fallecido se le cercenó esa posibilidad. ¿Es justo?

Espero nunca más contemplar una escena tan terrible como el acto criminal y bárbaro contra los jóvenes del Centro de Cumplimiento. Escuchen bien: no permitiremos un abuso más. Los delincuentes deben estar detenidos cumpliendo condena, no pueden estar en la Policía o como custodios en los centros de detención.

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<> Este artículo se publicó el 14  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Los menores infractores en Panamá

 

La opinión de…

 

Issamary Sánchez Ortega

Día tras día, hora tras hora, es común y da terror ver el incremento de delitos que cometen los menores infractores en nuestro país.

Pese a la negativa de “alguna entidad del gobierno” en darnos estas estadísticas, que deben ser del conocimiento de toda la ciudadanía panameña, en base al trabajo investigativo realizado pudimos encontrar registros que nos revelan que el 90% de los criminales empezó a delinquir desde que era menor de edad, y que el 83% de los menores que atrapa la Policía cometiendo un crimen sale libre sin llegar a un juez que le imponga una pena.

El 30 de enero de 2010, el Comité Nacional de Análisis de Estadística Criminal, conjuntamente con el Centro de Observación y Diagnóstico, concluyó un estudio entre el 100% de los menores infractores registrados, con la finalidad de conocer las características asociadas a la conducta delictiva. En dicho estudio se observó que el 55% de los menores encuestados abandonaron el colegio en el primer año, en edades comprendidas entre 13, 14 y 15 años, justamente cuando empiezan a experimentar su etapa de desarrollo, cuando el nivel de tolerancia es sensible y mantienen conductas alteradas, con irritabilidad y agresividad.

Por otra parte, el aumento en los índices de violencia en Panamá se atribuye a prácticas relacionadas con el narcotráfico; de cada 10 homicidios que se dan, seis se relacionan con el narcotráfico. Sobre el particular, podemos confirmar que este flagelo está vinculado a la crianza familiar, a la deserción escolar y a las drogas. Es aquí cuando nos preguntamos… ¿dónde están los padres de esos menores?

En la mayoría de los casos, esos padres sirven de ejemplo negativo a los hijos y consideran más importante dedicarse a otras actividades que velar por el buen crecimiento de sus hijos.

Es aquí cuando abogamos por los valores familiares, por la implementación de penas severas y nos mostramos en total acuerdo con que la edad de responsabilidad penal haya sido rebajada hasta los 12 años. Consideramos prudente establecer penas en base al delito cometido, más que a la edad del infractor; sin descartar la importancia de que el Gobierno realice grandes esfuerzos en lograr la resocialización del individuo, la creación de más juzgados y centros de cumplimiento.

Por lo anterior, hacemos un llamado a nuestras autoridades; no solo es importante el Metro Bus, los impuestos, la torre financiera… hay problemas sociales que no deben echar a un lado, dando preferencia al pujante crecimiento económico de nuestro país.

 

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Este artículo se publicó el 4  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.