Horno para pobres

La opinión de…

 

Rafael Candanedo

Las llamas de un horno crematorio alcanzan hasta los 900 grados centígrados. Esa temperatura convierte el más hermoso y plantado cuerpo en unas onzas de ceniza. En una hora, el calor exuberante desarrolla su función de procesador de desechos.

Soportan esos rigores cadáveres, cuyos familiares, por comodidad e higiene, optan por esa metamorfosis. La piel resulta en jirones, aunque la primera candela se concentra en la caja torácica.    Prótesis hay a prueba de todo.

El tormento de los jóvenes infractores no fue tan abrasante. La diferencia: los siete, en ese espacio 4×4 (metros), estaban vivos. Retornamos a la pira,   aquella hoguera en que se quemaban cuerpos muertos, y también vivos, como sacrificio.

En la sala de espera -esperando sin esperanza- del horno crematorio, se quema el espíritu del doliente, pues es un tránsito sin retorno. El silencio es aterrador.   A diferencia de la celda 6, donde el grito es desgarrador y el suplicio recuerda al poeta Virgilio en los sufrimientos que observó en el recorrido por las estaciones del infierno.

Aberración que espantaría -o alegraría- al Marqués de Sade. Sadismo y negación de ayuda, en una. Crimen de lesa humanidad. Ofende y lastima la conciencia nacional, tan apaleada en los últimos tiempos.   Por su aberrante naturaleza, como se define, de manera técnica, este delito “ofende, agravia e injuria a la Humanidad en su conjunto”.

-Marqués de Sade, palidezca.

Ante quien estaba obligado a salvarles el pellejo, los adolescentes clamaban:

-Viejo, echa agua.

La respuesta:

-¿Querían ser hombrecitos?… ¿Agua?… ¡Muéranse!

En este horno,  la autoridad,  a través de agentes del Estado, presencia la chamuscada e impide que sea sofocado por los bomberos el infierno. Ni los filmes animados son tan descriptivos e ilustrativos de la realidad penitenciaria, del abuso, el irrespeto a cualquier derecho, y, sobre todo, el reino de la impunidad.

La impunidad es galopante. El Código Penal prevé la opción de detención inmediata de responsables en casos de esta naturaleza. Ha prevalecido el artículo manzana de la discordia de la Ley Chorizo y sus sucesoras que otorga privilegios a los agentes policiales acusados y que están bajo investigación.

Nuestro Estado es signatario de convenciones en favor de los derechos humanos, y, de manera especial, a favor de la niñez y la adolescencia. Quienes están privados de libertad padecen el hacinamiento, la mora judicial y maltratos físicos. Es deber de la autoridad garantizar la vida de esas personas e incrementar los cuidados cuando se trata de jóvenes sin mayoría de edad.

Tras la masacre de Tocumen, así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aquellos polvos trajeron estos lodos.   Se le ha insuflado un poder enfermizo a los servicios policiales y de seguridad.   Bajo el argumento de atender la inseguridad ciudadana, se ha organizado un sistema de represión, en el cual el agente se siente todopoderoso y está consciente de que, ante cualquier abuso, le espera un indulto, como se ha suscitado de manera masiva en los últimos meses.   La impunidad lo protege.

De 15 a 17 años son las víctimas del horno de Tocumen.   Son los hijos de todos nosotros. Habían abandonado el aula. Dos habían concluido hace poco el sexto grado de la educación primaria. Habían crecido, en su mayoría, en barrios y familias disfuncionales.

Retratan un país con recursos, con alto crecimiento económico, y con una desigualdad que espanta. Entre las peores en el mundo. Quienes gobiernan adeudan, no solo un plan científico de seguridad ciudadana, sino una política social activa, en la que haya un mayor aprovechamiento de las capacidades y talentos de los segmentos vulnerables.  No al horno para pobres.

 

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Este artículo se publicó el  26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Proteger y servir?

La opinión de…

 

 

Rafael Pérez Carrillo

La verdad es que con las diferentes actuaciones de la Policía Nacional no me siento protegido ni bien servido. Hemos visto en los últimos años cómo los agentes del SPI golpean a manifestantes enfermos o disparan a mansalva y matan a un inocente que se encontraba cerca de los hechos. También vimos en Bocas del Toro a los agentes antidisturbios hacer gala de su puntería disparando perdigones directamente a los ojos de los manifestantes.

Como si no existiera el derecho a la libre circulación en este país y bajo el mando del actual jefe (un ex militar), la policía hace retenes en cualquier lugar y a cualquier hora para hacernos perder el tiempo a los que trabajamos y pagamos impuestos, que a su vez pagan sus sueldos.

En el tramo final del Corredor Sur ponen de guardia a unos policías disfrazados de negro con armas de grueso calibre, cuya función, meramente decorativa, no la entiendo. Sólo hay que ver los noticieros diariamente para darse cuenta de cómo aumenta la delincuencia mientras seguimos con los retenes y los policías decorativos.

Pero la razón principal de este artículo es lo ocurrido el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores.   De verdad que hay que ser demasiado estúpido o demasiado cruel para pensar que el introducir dos bombas lacrimógenas en un cuarto cerrado no traería consecuencias catastróficas.

Lo peor es que al parecer la segunda premisa es la verdadera, ya que por la inacción de los policías, al ver cómo se quemaban vivos los jóvenes y los comentarios de fondo que se escuchan en el video, da la impresión de que los policías estaban disfrutando de este sádico escenario.   Más preocupante aún es ver que, por la edad de estos policías, no pueden ser residuos de la dictadura militar, sino más bien pertenecen a la nueva generación de policías de este país, pero, por lo visto, con las mismas costumbres del pasado.

Creo que las autoridades deben hacer introspección de todos estos acontecimientos, hacer un alto y recapacitar, porque el rumbo que está tomando la Policía Nacional recuerda más a las desaparecidas Fuerzas de Defensa que a una policía seria de un país democrático.   Si queremos tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. ¿Será que necesitamos un jefe de policía que sea realmente un civil y no un ex militar? Podría ser un comienzo para darle un sentido más profesional y humano y menos “militaroide” a la policía.

Al principio de su gobierno, el Presidente dijo que se podía meter la pata; espero que también se pueda sacarla, porque en materia de la Policía Nacional vamos bien, pero bien mal.

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Este artículo se publicó el  21  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Solo una vez, pero con segunda vuelta

La opinión de…

 

Rubén Darío Paredes

Aunque no es el tema de este artículo, durante su redacción ocurrió el vergonzoso y salvaje asesinato y trato cruel e inhumano de siete menores privados de libertad, bajo la responsabilidad del Tribunal de Menores y el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Este acto bestial y aberrante con agravantes, ya con cinco defunciones, y con la intención evidente de complicidad, paternalismo y tolerancia con cálculos políticos demagogos, propiciado por las más altas autoridades del Gobierno Nacional, constituye la prueba más difícil por resolver del recién inaugurado procurador y el fiscal Guevara.

Este proteccionismo equivocado que induce a los uniformados a arrogarse hasta el derecho a matar mediante leyes creadas por el gobierno del presidente Martinelli, a quien más daño está causando desfigurando su imagen ante la ciudadanía, es precisamente a la Policía Nacional, como un cuerpo prepotente y represivo contra su propio pueblo, que retrotrae episodios negros de la guardia norieguista.   Esta conducción no inteligente de la Fuerza Pública podría estar gestando el embrión de un monstruo Leviatán que de repente crezca y se trague a sus propios creadores, tal como sucedió el 11 de octubre de 1968.

Ahora, a las reformas constitucionales: El Presidente con frecuencia en declaraciones inexactas expresa cosas que luego resultan no ciertas.   Cuando se le preguntó sobre sus planes de restaurar el túnel abandonado que utilizaban los norteamericanos en el cerro Ancón y en el que invertirían unos $3 millones, respondió que “era un invento y que por su mente nunca había pasado esa idea”. A la semana el ministro de la Presidencia, Papadimitru, convocó en el propio túnel a una conferencia de prensa para anunciar la restauración, y los fondos ya estaban incluidos en el presupuesto de 2011.

Por otra parte, la controversia con la embajadora Barbara Stephenson, que se agravó con los cables de Wikileaks, sugiere que el Presidente tiene fuerte vocación por las escuchas y espionaje telefónico contra sus adversarios políticos. ¡No es cierto que el crimen organizado ventile sus asuntos por teléfono! Luego, descalifica los cables y dice que “son bochinches”.    Ante la duda, sugeriría convocar otra conferencia de prensa nacional e internacional, en el cerro Ancón, en las instalaciones del Consejo de Seguridad, y permitir libre desplazamiento a los periodistas con acceso seguro y sin restricciones a todos los edificios y casas que allá existen. Entonces sí despejaríamos la duda sobre las declaraciones del Presidente cuando respondió a los medios: “Jamás se me ha ocurrido intervenir los teléfonos de alguien…”.

Ahora bien, cuando un estadista presenta ante su pueblo la iniciativa de reformar la Constitución o nuevo contrato social , según Jacobo Russeau, se espera que su intención reformadora sea satisfacer anhelos y aspiraciones del pueblo, corrigiendo vicios y debilidades del contrato, para modernizar y fortalecer la democracia por la vía del “balance y separación de los poderes en la República”.

Sin embargo, esta vez es diametralmente opuesto a la convocatoria de las reformas de hace 28 años, en abril de 1983, que consistió en “desmilitarizar la constitución de 1972 y escoger los diputados de la Nación por la vía electoral”, cuando fue eliminado el artículo 2, en el que a la Guardia Nacional se le reconocía jerarquía y peso constitucional igual a los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.   Esta vez solo escuchamos reformas para introducir la posible reelección del presidente Martinelli y la segunda vuelta, 100 para los 70, beca universal, etc. Este manejo político de mala calidad, sin ningún brillo patriótico, exhibe un oportunismo y glotonería por conservar el poder y dormir con el presupuesto nacional bajo la almohada de los que detentan hoy el poder sin rubor ni sonrojo.

Mientras el pueblo esperaba un discurso mejor elaborado del Presidente, que lo proyectara como el verdadero dirigente explicando que había llegado la gran oportunidad del reimpulso de la Patria y de construir los resortes constitucionales, “pesos y contrapesos” para regular los concursos públicos por méritos al margen de los intereses políticos, para crear el método novedoso de escoger y nombrar en lo sucesivo al procurador, contralor, magistrados de la Corte Suprema, el fortalecimiento de la carrera policial y respeto a su escalafón como lo señala el artículo 305 de la Constitución y designación de los jefes de la fuerza pública cada quinquenio, y así terminar juntos los panameños en un ambiente de plena armonía y civismo, de anclar constitucionalmente la real separación de los poderes del Estado y fuerza pública y terminar de una vez con el desfile cada cinco años de presidentes que al llegar al Palacio nos convierten a todos en un santiamén en sus súbditos o rehenes, y bailen a su antojo e intereses el órgano Legislativo y el Judicial.

Finalmente, como sentencia superior, no debemos temer a la reelección de los presidentes y demás cargos de elección popular, siempre que sea por una sola vez y con el ejercicio novedoso de la segunda vuelta. Sin embargo, se necesita del presidente gestos de desprendimiento y buena fe, y que se comprometa a honrar e incluir en el documento reformador que se someterá en referéndum al pueblo panameño lo ya expresado: concursos para seleccionar a los procuradores, contralores, miembros de la Corte Suprema y jefes de la fuerza pública que emerjan de la institución a base del escalafón cada quinquenio, como lo contempla el artículo 305.

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Este artículo se publicó el 24  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un país sin Policía

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

Ya que este país se dio cuenta tarde de los despropósitos que conlleva tener Ejército, ahora debería plantearse a tiempo eliminar a la Policía Nacional por orden constitucional y pedirle a Bosco Vallarino que organice las tropas de Boy Scouts para traernos orden y seguridad.    Hoy, no sabemos si en Ancón han llegado a trabajar en labores administrativas los agentes de policía acusados de homicidio por la muerte de cuatro muchachos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

Lo hacen sin miedo. Trabajan seguros de que su jefe directo, el silencioso Gustavo Pérez, y su jefe supremo, el ministro de ¿Seguridad? José Raúl Mulino, los protegerán hasta el final y que si, por un error, judicial, fueran condenados, el presidente de esta mafiocracia les concederá un indulto (como ha hecho con otros agentes involucrados en actos delictivos).

También en estos días sabemos que la Policía ha desplegado un gran operativo para detener a los desgraciados que robaron a la selección tica y que empañaron la imagen del país.   Es decir: quemar adolescentes en un centro de rehabilitación no enturbia el buen nombre de la patria; constatar que muchos agentes de policía, de migración y aduanas son cómplices de tráficos ilícitos en el aeropuerto internacional, tampoco.

Vemos a los diligentes agentes de la autoridad “cuidando” el carril exclusivo de mentira (hombro y medio) dedicado al improvisado Metrobús, quizá colaboren también repartiendo botellas de agua a los sedientos (ya que están acostumbrados a cuidar los camiones de Coca Cola y de otras empresas que embotellan la poco agua sana que sale de Chilibre).

Lo que pasó en Tocumen es de una gravedad extrema, aunque la mitad del país le reste importancia porque las víctimas no eran más que “maleantes”.     El ministro Mulino, en una de sus bravuconadas, no se indigna con los hechos, sino que se pelea con su colega de Gobierno Roxana Méndez y ésta, tierna ovejita contratada para promover la imagen suave de su amigo Ricardo, no sabe ni qué responder y pone a Hincapié a pelear en los medios para no asumir la responsabilidad.

Nada nuevo. Este Gobierno ha perfeccionado la técnica de la irresponsabilidad política practicada por sus antecesores. Sólo Luis Cortés ha pagado con su cargo el error en el escudo impreso en los pasaportes; pero no hay un solo responsable material o intelectual de los sucesos de Bocas del Toro que haya pagado por lo acontecido; ni uno que responda por la crisis de la basura; por la crisis del agua; por el hundimiento del acceso al puente Centenario; por las mentiras sobre los operativos en Darién; por la persecución a líderes de la sociedad civil; por las decisiones en asuntos ambientales que están hipotecando a las futuras generaciones…

Aquí no hace falta más Policía. Lo que es necesario es algún juez que trabaje y que tenga las agallas de enfrentarse al poder, que demuestre que todos somos iguales a la hora de asumir nuestras responsabilidades, que de una vez por todas acabe con la impunidad oficial, con este hacer y decir lo que les dé la gana sin que pase nada. Tendrán que ser los jueces, porque los ciudadanos bebieron “dormitrón” y no hay quién los despierte, quién los haga ver que tienen derechos y que los pueden exigir. Aquí no hace falta Policía porque no hay nadie que altere el orden público, que salga a las calles a exigir lo elemental (agua y comida), excepto Eladio y Jované.

Aquí no hace falta esta Policía, lo que necesitamos es un cuerpo de funcionarios ejemplares, honestos y sensibles, y no un grupo de machotes a los que por mucho que se les cambie el color del uniforme (jugosos contratos) será difícil cambiarles el alma.    La culpa no es de ellos.   Los agentes de la Policía son tan excluidos y tan pobres como los muchachos a los que dejan quemarse y en la institución,   soy testigo,   hay hombres y mujeres honestos y valerosos,   pero son la minoría y están solos ante el apoyo que reciben las manzanas podridas de sus superiores.

Las familias de los muchachos asesinados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen ya saben que en la búsqueda de justicia no les acompañará el Estado que debería protegerlos. Mucha suerte y toda mi solidaridad.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Policías o verdugos?

La opinión de…

 

Carlos Antonio Harris Jiménez

En el momento en que escribo esta entrega, las noticias nos informan que han muerto cuatro de los menores que fueron víctimas de los excesos criminales de policías y custodios que actuaron como verdugos, aplicando una pena de muerte a quienes cumplían penas de prisión, impuestas por los tribunales competentes.

Cuando observé en la televisión las horrendas escenas en las cuales menores encerrados en medio de llamas suplicaban clemencia y auxilio porque sus cuerpos estaban ardiendo y su sistema respiratorio colapsando, y en las mismas escenas se apreciaba a policías nacionales disfrutando lo dantesco de estas, luego golpeando a estos menores cuando finalmente lograron salir, me imaginé que se trataba de una pesadilla, pero reaccioné cuando escuché el grito “muéranse”.

No puedo guardar silencio cómplice en una situación que se presenta en nuestro país poniendo a nuestra democracia, a nuestra justicia y a nuestra libertad, en peligro de extinción.

En mi condición de hombre, padre, cristiano y profesional del derecho y de panameño, que como muchos arriesgó su vida y la de su familia en la lucha contra la dictadura militar, tengo que gritar en estos momentos de angustia para esas familias que hoy sufren el desesperado dolor de haber visto morir a sus hijos, de la manera más repugnante posible, que, desafortunadamente tenemos que reiniciar la lucha contra gobernantes que no sienten respeto alguno por la vida humana.

Lo anterior lo afirmo porque lo que vimos en la televisión a partir del día del crimen es suficiente material probatorio para encarcelar a todos los que en ese momento permitieron que esos jóvenes fueran víctimas de las llamas sin mover un dedo para tratar de salvarlos de su calvario. Tras más de una semana del horrendo crimen, las autoridades del Ministerio Público informan que se ha indagado a dos personas, cuando -como he dicho- hay material probatorio suficiente para encarcelar a muchos. También es muy triste y preocupante la indiferencia con que las fuerzas vivas de este país han aceptado el abominable crimen que el país tuvo que presenciar.

Yo espero un comunicado del Consejo de Gabinete, con la firma de todos los ministros de Estado y del presidente de la República, en el que repudien el crimen cometido por unidades de la Policía Nacional. ¿Dónde está el comunicado de la Asamblea Nacional condenando la actuación criminal de unidades de la Policía Nacional, cuando esa asamblea a cada rato se pronuncia por cualquier situación que ocurra en otro país? ¿Dónde están las asociaciones de profesionales? ¿Dónde están los educadores, los grupos que durante la dictadura luchamos por la democracia, la justicia y la libertad? Hay que salir a las calles con acciones pacíficas de protesta para enseñar a las autoridades que no podemos seguir permitiendo la brutalidad policial que constantemente muestran los medios noticiosos y espero que ahora no digan que esos medios son los responsables de la situación.

Sentimos repugnancia cuando escuchamos a algunos panameños, enfermos de enanismo mental y espiritual, decir que lo sucedido es correcto porque las víctimas son delincuentes. Delincuentes posiblemente, agrego, producto de la descomposición social que vive el país, precisamente por culpa de esos mismos enfermos de mente y de espíritu.

Dios quiera que el Presidente entienda lo inconveniente de mantener al frente de la Policía Nacional, institución que por mandato constitucional debe salvaguardar las vidas de los habitantes, a un individuo que en los tiempos de la dictadura fue entrenado en un grupo especial de las Fuerzas de Defensa para matar.

Yo invito a mis conciudadanos decentes a iniciar las protestas, llevando en nuestro vestido diario a partir de la publicación de esta entrega y mientras nos organizamos, un cintillo negro, en señal de duelo nacional, por otra masacre un 9 de enero en nuestro país, pero en esta ocasión, no por la soldadesca gringa, sino por nuestra propia Policía Nacional.

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Este artículo se publicó el 20  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.  Es resaltado es del Editor.

La literatura redime

La opinión de…


Ricardo Arturo Ríos Torres

Durante tres años coordiné ad honórem el Círculo de Lectura del Centro de Cumplimiento, entidad que alberga a los menores sentenciados por sus delitos. A esos jóvenes los conocí en un acto organizado por la Lotería en ocasión de la semana del libro; participaban también estudiantes de algunos colegios secundarios de la capital.

De allí nació la idea de compartir con ellos mis experiencias del Círculo de Lectura de la USMA. El equipo de profesionales que dirigía el centro acogió con entusiasmo la iniciativa. Mis estudiantes de la USMA visitaban el centro de cumplimiento y ellos acudían a las reuniones del círculo de lectura tanto en la universidad como en la librería Exedra.   Luego los llevé a las dos primeras ferias internacionales del libro celebradas en nuestro país.    Además participaban en nuestras presentaciones de libros e incluso fueron protagonistas cuando Rose Marie Tapia realizó la gala de Roberto por el buen camino.

Ninguno de los jóvenes del centro se evadió; eran un equipo, una familia, eran conscientes de la oportunidad que se les ofrecía. Trabajaron un boletín informativo como el Huellas de la USMA. Escribieron poemas, cuentos y el inicio de una novela. En una ocasión los llevé a una conferencia internacional sobre lectura que se celebró en el hotel El Panamá. Allí dieron testimonio de sus experiencias. Fue inolvidable; los expertos de distintas latitudes se emocionaron con ellos, muchos lloraron ante sus vivencias.

Tanto en las reuniones de la USMA como en Exedra analizaban los libros con tal propiedad que muchos creían que eran universitarios. Aprendieron a comunicarse, a pensar lógicamente, a compartir con naturalidad su pasión por la literatura. Ninguno de ellos reincidió; estudiaban en la secundaria e incluso en la universidad; era parte del programa de resocialización. Se habían humanizado pues se les trataba con respeto y aprecio. Aclaro que en ese grupo todos los delitos estaban presentes.

Comprobamos que eran chicos sin hogar, carentes del amor y cariño de una familia formal. Pero todo cambió cuando Martín Torrijos asumió el poder Ejecutivo y su ministra de la Familia [Desarrollo Social] removió al equipo de profesionales que dirigían con dedicación, responsabilidad y mística el centro de cumplimiento. El Panamá político consideró esa entidad como otro de sus espacios.   Nada detuvo a la ministra de turno; barrió con las trabajadoras sociales, psicólogo, la directora, e incluso con los custodios de amplia experiencia.

El círculo de lectura desapareció, luego la ministra fue premiada por el Presidente y la integró a su equipo de asesores.

Ante la tragedia que hoy conmueve a la sociedad panameña reiteramos nuestro reclamo ciudadano, que el Panamá político renuncie a considerar como espacios partidistas las instituciones públicas. Necesitamos un director de la Policía que sea un profesional especializado y nunca un militar como el que tenemos hoy. Actualmente, la policía militarizada avasalla al ciudadano común. Recordemos Changuinola y los asesinatos de los obreros. Que el equipo de las cárceles se integre confuncionarios profesionales ajenos al clientelismo político.

La tragedia de los adolescentes quemados en el centro penitenciario nunca más debe  repetirse. El Panamá político es el responsable de ese crimen institucional.

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Este artículo se publicó el 20  de enero de 2011   en el diario La Prensa, y el 5 de febrero de 2011 en la Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.  El resaltado fue hecho por el Editor.

Pena de muerte

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

El artículo 30 de la Constitución panameña proscribe la pena de muerte. El artículo 28, a su vez, sustenta el sistema penitenciario “en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social”.

La misma disposición “prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos” y dispone que los menores de edad sean “sometidos a un régimen especial de custodia, protección y educación”.

La proscripción de la pena de muerte y la regeneración de los reclusos son principios con profunda raigambre en el constitucionalismo panameño.   El primero se remonta a 1918, cuando una reforma constitucional dispuso: “no habrá en Panamá pena de muerte”. El precepto se mantuvo en las constituciones de 1941, 1945 y 1972, actualmente vigente.

En cuanto al trato que deben recibir los privados de libertad, el artículo 45 de la Constitución de 1904 indicaba: “Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no de castigo cruel; por lo tanto, es prohibida toda severidad que no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos”.

Lo mismo disponía la Constitución de 1941 y, con ligeras variaciones, la de 1946. Ambos principios, además, son parte del derecho internacional. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ratificada por Panamá en 1978, estatuye: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

Mediante el Protocolo de 1990 a esa convención, relativo a la abolición de la pena de muerte, los Estados Partes se comprometen a no aplicar “en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción”.

Panamá ratificó dicho protocolo en 1991. En el Sistema de las Naciones Unidas, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Panamá en 1977, proclaman que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Más específicamente, la Convención contra la tortura de 1984 exige, en su artículo 2, que todo Estado Parte tome “medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”. Dicha convención fue ratificada por Panamá en 1987. En el derecho internacional americano, la Convención Interamericana para prevenir la tortura de 1985, ratificada por Panamá en 1991, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El documento sobre Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008) establece, entre otras obligaciones, la siguiente:

“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

Aunque estas normas son de obligatorio cumplimiento en Panamá, bajo la dictadura castrense la ley fue supeditada a los designios de quienes usurparon los destinos del país. Sucedieron numerosos casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales—penas de muerte en todo menos en nombre—según fue documentado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1978 y 1989, así como en el informe de la Comisión de la Verdad (2002).

Como en una democracia no hay lugar para violaciones de los preceptos señalados, los panameños teníamos motivos para esperar que incidentes como los que ocurrieron durante el régimen militar jamás se repitieran. Por eso los acontecimientos del 11 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores —con un espantoso saldo de siete reclusos quemados, cuatro de los cuales ya fallecieron— han causado estupor en la comunidad.

Es alarmante que formen parte de la Policía Nacional individuos tan carentes de las más elementales nociones de derechos humanos, que promueven abominables contravenciones de la Constitución y el derecho internacional como las que transmitieron las cámaras de televisión.

En su falta de humanidad y cultura democrática radican las semillas del autoritarismo militar, que indudablemente germinarán a no ser que erradiquemos de la fuerza pública tan ilegales y perversas inclinaciones.

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.