Nuestra procuradora

La opinión del Ingeniero Civil….

HUMBERTO E. REYNOLDS DE UNAMUNO

Para los ciudadanos serios, honestos y leales a la institucionalidad, Ana Matilde Gómez sigue siendo nuestra procuradora general de nuestra querida Nación. Existe una serie de funcionarios que interpretan la Ley adaptada a sus intereses personales.

El Poder Judicial es la consecuencia natural de los dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo. el Poder Judicial está definido como: ‘El conjunto de magistrados dotados de la facultad de aplicar la Ley a los casos particulares y de imponer la debida sanción a sus violadores’.   El acto por el cual se ejerce esta función recibe el nombre de juicio, y la persona encargada de ejercerla, el de juez o magistrado. En una ocasión anterior escribí: ‘Las cualidades que han de adornar a los jueces y magistrados’, sugiero buscarlo en Internet bajo este mismo título. Encontrarán que en estas reflexiones decía: Los magistrados y jueces tienen el poder y a veces el peligro de cometer injusticias con frecuencia irreparables. Este es el caso de nuestra ciudadana Ana Matilde Gómez.

Para ser miembro del Poder Judicial es preciso que existan determinadas personas calificadas por sus capacidades intelectuales y sus dotes morales, para decidir en los casos en que ha habido tal violación a la Ley, apreciar la mayor o menor gravedad de la falta cometida, y determinar, de acuerdo con dicha gravedad, la pena que se ha merecido. En Panamá esas condiciones no existen y seremos sancionados internacionalmente por jueces internacionales, cuya personalidad está adornada por las cualidades que encontrará en el documento que di como referencia.

Preguntas simples y que son requisitos básicos, es la separación de los tres Poderes del Estado, que en Panama no existe. El conflicto de intereses tiene hecha una telaraña que une los intereses de los tres poderes. En Panama se está mandando en base a ocurrencias personales y no se está gobernando como debe hacerse. No es lo mismo mandar que gobernar.

Lo actuado por la Corte Suprema de Justicia adolece de todas las cualidades que deben adornar a nuestros magistrados y jueces. Como ciudadano panameño, dejo plasmado mi sentir al rechazar por ‘corrupción’ del cuerpo de magistrados, que han doblado su cerviz a los quereres de otro ciudadano que hoy ocupa la Presidencia de nuestra Nación. En vez de Justicia, hemos dado vida a una gran Injusticia, emanada de la Suprema Corte de Justicia. Tenía un amigo y digo su nombre, el general Omar Torrijos Herrera, quien en conversaciones varias me decía: ‘Yo puedo acostarme a dormir sin colchón, sin cama, sin manta, pero jamás podré acostarme sin mi conciencia’.

A los magistrados, cuando se acuesten a dormir, a alguno el remordimiento de su conciencia lo tendrá consigo y es posible que tenga que tomar algún tipo de apaciguador químico para poder conciliar el sueño. Ana Matilde Gómez, Usted es nuestra Procuradora General, la cárcel es amarga, pero allá están los justos y los injustos fuera de ella.

<> Artículo publicado el 26 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

¿Check and balance?

La opinión del Jurista y Docente….

Salvatore Bacile Ladaris

Los acontecimientos acaecidos en este primer año de gobierno, los cuales parecen marcar la tónica de lo que nos depara hasta el 2014, han vuelto a poner en la palestra pública un tema harto discutido por catedráticos en ciencias políticas en todo el mundo desde el siglo XVIII. Me refiero al concepto de separación de los poderes o el “check and balance” anglosajón.

La idea de la separación de los poderes, compartida durante la ilustración por pensadores como Alexander Hamilton, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu, influenciados por la “Política” de Platón, ve su consagración con la revolución francesa y la aprobación el 26 de agosto de 1789 de la Declaración de lo Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuando en su artículo 16 se dispuso. “Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Bajo este principio, las funciones legislativa, judicial y ejecutiva del Estado deben estar separadas, como poderes independientes, para que pueda establecerse un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales.

El poder legislativo delibera y decide el contenido de las leyes generales. El poder judicial aplica las leyes generales a los casos particulares y el poder ejecutivo, aparte de hacer efectivas las decisiones de los otros dos poderes, maneja la administración general del país y atiende su bienestar general.

En la realidad contemporánea, estos tres poderes ciertamente suelen estar mucho menos separados de lo que teóricamente deberían y de alguna forma esto es comprensible, pero la pregunta surge entonces, ¿Dónde está el límite?

¿Estamos frente al nacimiento de una dictadura civil, donde todo el poder se concentrará en una sola persona? Y si esto es así ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de este país, de que quien ostente tales facultades, no las utilizará en su provecho propio o para abusar de los individuos?

El camino iniciado por la actual administración, parece no ser el correcto y la sociedad panameña ya ha empezado a reclamar nuevamente, el respeto por sus instituciones jurídicas, que aunque imperfectas como toda obra del hombre, representan ese límite que no puede ser olímpicamente transgredido sin consecuencias. Por ello no es caprichoso que esta figura deba respetarse, considerando que es precisamente este principio el que más caracteriza al estado de derecho moderno.

Es importante recordar a Montesquieu cuando decía: “la libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad es necesario que el Gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro”.

<> Artículo publicado el 22  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

El fin de la democracia representativa

La opinión del Médico…

Mauro Zúñiga Araúz

Una observación. Aunque el vocablo “democracia representativa” es de uso universal, me propongo que le llamemos “representación política” o simplemente “representación”. Lo mismo es válido tanto en los sistemas liberales como en los socialistas. Este tipo de democracia nació con los Estados modernos y está desapareciendo con los mismos.

El primer esbozo de representación política, llamada de apropiación o patriarcal, se ve cuando los señores feudales se arrogaban el derecho de representar a los siervos. Este modelo fue tomado en la Constitución norteamericana donde se excluía a los esclavos, pero el criterio patriarcal prevaleció en muchas de las constituciones de la modernidad al excluir a la mujer del sufragio universal. El Estado moderno en sus postrimerías generalizó el sufragio, superando las diferencias étnicas, de género, religiosas, etc. El segundo tipo de representación es la directa, bien con el escogimiento de los representantes directamente por los votantes o bien a través de delegados electorales. La primera se da en la mayoría de los países, en tanto que la segunda se restringe a unos pocos, como a Estados Unidos. La representación directa es llama por Max Weber “representación libre”, por cuanto que los representados actúan con plena libertad.

En esta categoría se ubican los afamados soviet, que fueron bandera de lucha de los comunistas como un tipo especial de democracia participativa. La tercera forma es la representación vinculada, en la que se establecen relaciones contractuales más estrechas entre representantes/representados, de manera que la actuación de los primeros tiene limitaciones e incluso se les puede revocar el mandado por incumplimiento. Este tipo de representatividad se da en algunos municipios de Brasil, como Porto Alegre y Belén.

Los teóricos de la modernidad, como Montesquieu, plantearon la idea de la separación de los poderes en el marco de la democracia representativa (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con el fin de evitar la corrupción.

La representación libre es la forma más generalizada. Se da un contacto entre los candidatos a aspirar puestos públicos y los votantes. Ese contacto es temporal: cada cuatro o cinco años. Se ha desarrollado toda una industria publicitaria para destacar la imagen de los candidatos. Cargar niños, abrazar ancianas, compartir juegos populares, efectuar trabajos manuales, colocarse sombreros típicos, andar en zapatillas, etc. Abundan las promesas. Una vez se llega al poder, se actúa con absoluta libertad. Aquí los constitucionalistas podrán argüir que la Constitución y las leyes son la relación contractual que se da entre representantes/representados, ya que los funcionarios no pueden hacer nada que no se establezca en la ley, a lo que nosotros contestaremos que la legalidad en los sistemas liberares favorece a los capitalistas y en los sistemas socialistas, a la burocracia estatal. De uno y del otro, el individuo está excluido.

Al momento de votar se delega una responsabilidad. El ser humano se despersonaliza. Deja de ser independiente para someterse al Estado. El Estado es un agente represor y recaudador. En la medida en que los órganos del Estado se fusionan bajo el comando del Ejecutivo, el carácter represor se incrementa. Pero, como ya lo dijimos, el papel de nuestro debilitado Estado–nación es exclusivamente permitir el libre flujo de capital.

Los Estados modernos, tanto en la versión liberal como en la socialista, fracasaron por la pérdida de las libertades públicas y por la inhumana distribución de las riquezas. Ambos usurparon poderes, por vía legal o ilegal. Practicando la democracia representativa o mediante regímenes totalitarios. Los grandes carniceros de la historia, Stalin y Hitler, pertenecían a ideologías distintas, comunismo y fascismo, respectivamente.

Si decimos que ya pasó el tiempo de la democracia representativa, ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Legitimizar el poder. Entonces, ¿qué estoy planteando? ¿Una tercera vía al estilo de Anthony Giddens? No, de ninguna forma. Primero, quiero sentar en el banquillo de los acusados a la “democracia representativa”, que lo único que ha logrado es representar los intereses de los poderosos.

Después, en conjunto, darle forma a la democracia participativa, único camino que puede evitar el debacle que ya está encima. En línea con este artículo, hay muchísimos otros en los diarios libres del mundo que claman por un mundo mejor. Debemos superar la soledad existencial de la contemporaneidad y entender que mucha gente, en muchas partes del mundo, está hablando este nuevo idioma de la democracia.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Necesidad de derogar la Ley 30

La opinión del Abogado…

JAIME PADILLA GONZÁLEZ

Percibo con honda preocupación que la nefasta Ley 30, bautizada como Ley Chorizo, su contenido, sigue causando más problemas que beneficios al país.

No ha sido suficiente la suspensión temporal de los artículos más neurálgicos de la Ley —entiéndase, 12, 13 y 14—, que guardan relación con el descuento obligatorio por parte de los patronos de la cuota obrero—patronal y la devolución de la misma a la Asamblea Nacional para la discusión de los mismos, solamente.

El martes 24 de los corrientes, durante el estreno del excelente programa de opinión Debate Abierto, la sociedad tuvo la oportunidad de escuchar y palpar en toda su dimensión gubernamental al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien, con la sinceridad que lo caracteriza, aceptó el hecho de haber pasado la Ley Chorizo contra viento y marea y sin las consultas pertinentes a todos los niveles, había sido un craso error del gobierno, y todos los panameños debemos entender que lo integra básicamente el presidente y sus decisiones.

Pero, lo que es inaceptable, desde el punto de vista de la lógica política, es que ‘¿si ya las metiste, por qué no las sacas?’;  en otras palabras, si la Ley fue repudiada por los sectores más importantes de nuestra sociedad y produjo muertes, heridos y desasosiego, por muy buena que sea la misma, lo único que se debe hacer es empezar desde cero y hacer las cosas que no se hicieron bien en su momento.

¿Por qué la tozudez de mantener una ley que nació en condiciones anómalas? Es decir, que se mezclaron temas tan disímiles e incompatibles, que no entiendo cómo las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional pudieron discutir simultáneamente temas de aviación, medio ambiente, penales, procesales y laborales, todo ello en un tiempo récord, a la velocidad de la luz, sin ser siquiera estos temas de urgencia notoria de o de primera necesidad para los fines del Estado o nuestra sociedad.

De igual forma, estas interrogantes aquí planteadas fueron de alguna manera resueltas por Papadimitriu, diciendo que el Congreso de EE.UU. generalmente en una sola ley o Bill, incluye una multiplicidad de temas y situaciones totalmente distintas y hasta opuestas o contradictorias, y que ello es normal en ese sistema legislativo.

Pero lo que se le olvidó al insigne Delfín de Cambio Democrático es que EE.UU. tiene un sistema de gobierno legislativo y judicial, totalmente opuesto a nuestro sistema, que es eminentemente presidencialista, donde desafortunadamente los contrapesos de poder no funcionan o son utópicos e inoperantes, pues el mandatario controla los tres poderes del Estado.

En cambio, en EE.UU. tales contrapesos trabajan a la perfección como reloj suizo, con un Congreso integrado por cámaras altas y bajas, un Ejecutivo respetuoso y temeroso de los otros sistemas de poder, donde existe un sistema judicial verdaderamente independiente y ajeno al interés de presidente o del partido político en el poder.

Los panameños no sufrimos de amnesia, como muchos políticos presumen, y por ello, jamás olvidaremos las atrocidades de la dictadura y sus lacayos.   A este pueblo se le debe gobernar con cuentagotas, llevarlo muy despacio, aunque haya prisa, y esto de los ombus bills gringos nunca tendrá acogida en nuestro pueblo, pues a los panameños nos gusta alegar, discutir, cambiar impresiones, debatir, repudiamos la fuerza o la imposición.

Es por todo esto y por los vientos que soplan con los sindicatos y su repudio a esta Ley Chorizo, que le pido al señor presidente, de forma muy respetuosa, que por la paz y concordia de esta Patria de todos, sugiera la derogación total de ese Frankenstein legislativo, conocido como Ley 30, puesto que si el contenido mayoritario de esa ley es tan buen como lo pregonan sus defensores, por un lado, y teniendo la mayoría legislativa necesaria, no será ningún problema volverla a pasar, pienso yo.

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Artículo publicado el 31 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

El tamaño del Estado y sus repercusiones políticas

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

El concepto de la división de poderes en tres secciones distintas que hoy consideramos como un elemento básico de cualquier democracia no siempre fue una característica fundamental de los gobiernos humanos.

Por la mayor parte de nuestra historia civilizada, vivimos bajo un criterio distinto, donde el poder supremo era ostentado, no por la ciudadanía, sino por grupos privilegiados o inclusive individuos particulares, y donde la justificación de este poder no tenía como origen el consentimiento de los gobernados, sino la escogencia divina.

La división de poderes, establecida como teoría política a mediados del siglo XVIII, no surge únicamente como un concepto teórico, sino como una rebelión pragmática ante la idea de que un grupo de individuos puede poseer en sus manos la capacidad de imponer sus decisiones sobre la mayoría, sin necesidad de disfrutar de su consentimiento.

El poder público no se divide para facilitar la función administrativa del Estado, ni como un experimento político teórico, sino por la necesidad de prohibir la posibilidad de que el mismo sea ostentando por unos pocos en perjuicio de la mayoría.

El poder es dividido en tres no para que trabajen en armoniosa colaboración, sino para que la lucha entre ellos estorbe los deseos de algunos de imponer su voluntad sobre los demás. No es una garantía de buen gobierno; es una salvaguardia ante la tiranía. La división de poderes tiene dos efectos prácticos. El primero, proteger los derechos fundamentales de todo individuo, su vida, su libertad y su propiedad, ya que limita al Estado en su habilidad de perjudicar estos. El segundo, prevenir que las maquinaciones y caprichos de algunos se conviertan en leyes y normas que afecten a todos.

Pero nuestro sistema está erróneamente constituido. Es una vieja fortaleza de guerra, cayéndose en pedazos, sostenida endeblemente por un enfermizo andamiaje de algunos principios democráticos y republicanos que fueron considerados útiles para dar una fachada de república a lo que fue, en efecto, una tiranía.

Hoy vivimos las implicaciones prácticas de eso.   En el proyecto para el presupuesto general del año 2011, el Poder Judicial recibirá un total de 83.5 millones de balboas para el ejercicio de sus funciones. El Poder Legislativo contará con alrededor de 67 millones de balboas. En comparación, el Ministerio de la Presidencia, que es sólo una de las tantas dependencias del Poder Ejecutivo, tendrá a su disposición 774.6 millones de balboas.  Sería ingenuo de nuestra parte decir, basándonos en esto, que hay una verdadera división de poderes. Lo que tenemos es un sistema donde el Poder Ejecutivo captura y dispone libremente de una Asamblea dócil y mansa ante sus deseos, y de un Poder Judicial castrado.

Una de las tantas expresiones de esto es la injusticia que percibimos en el trato de la Procuradora General de la República, Ana Matilde Gómez.

La ley, supuestamente el estándar inmutable de trato a todos los ciudadanos, es modificada, reinterpretada y tergiversada para ceder ante los deseos de algunos.   Lamentamos terriblemente esta situación, que a todas luces carece de la apariencia de buen derecho.

Cuando la mora judicial es enorme y los casos llevan años pendientes de ser tratados por la vista misericordiosa de tantos, el trato expedito de un caso que pareciera ser a todas luces político es una burla y un insulto directo hacia todas aquellas familias que claman justicia por mil razones, y cuyo clamor es rechazado diariamente con pequeñas palabras de consolación. “Tranquilo, Bobby, tranquilo”. Esto no solo es un ataque contra una persona, sino un golpe enorme en contra del estado de derecho, la piedra angular de la vida republicana.

La ley pasa de ser una norma imparcial para sostener la vida civilizada, a ser la expresión formalizada de la voluntad política de grupos de presión.

El problema no es la Administración presente. El problema es el sistema, un río cuya desembocadura natural es la consolidación del poder en manos de algunos pocos. Estamos luchando contracorriente por nuestras libertades en un sistema que es punitivo hacia ellas, por tanto, no progresamos.

Como ciudadanía responsable, es necesario empezar a preguntarnos sobre nuestro futuro, no mediante expresiones generalizadas, sino respondiendo preguntas clave: “¿Qué tanto poder debe ostentar el Estado?”, “¿Qué uso debería darle a este poder?”, “¿Es posible que un número reducido de personas coordinen y planifiquen la actividad humana en general?”.

Solo con el conocimiento podemos dialogar. Es necesario educarnos y preguntarnos, ¿Queremos seguir viviendo bajo un sistema que facilita la opresión, la corrupción y la arbitrariedad? ¿O deseamos empezar a reformar nuestro sistema? ¿Qué piensa usted?

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Este artículo se publicó el 16 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Chorrillo: siguiendo viviendo

La opinión del Escritor…

Héctor M. Collado 

Cuando un hombre muere y ha cumplido con sus tareas en la vida el muerto va en paz y casi no hay dolor porque se sabe que cumplió. Pero cuando esa muerte es producida, de manera violenta por otro hombre, que ha retado los propósitos que Dios tenía para con el muerto, algo anda mal.

El lector puede pensar, con algo de sesgo discriminatorio, que el muerto tuvo su merecido, que la debía, que era una prenda. El hecho consumado, implica que de alguna manera, en algún tiempo, no muy lejano por cierto, el asesino también será asesinado, y el prontuario delictivo del tal es una credencial, un boleto gratis para irse al otro mundo. Es un círculo viscoso que nos pringa a todos.

En el caso de El Chorrillo, lo he conversado con esos “diputados del timón” que son los taxistas: El problema son los padres que nunca respetaron a los hijos; de las madres que engendraron en la frontera de la infancia y la adolescencia… “cómo va a criar, educar, formar una niña a otra niña o niño, ¡como si fuera una muñeca!” No importan las recomendaciones de la Dra. Britton ni lo que se le ocurra al MIDES, Salud, Aplafa… La esperanza debía tener un propósito en esta vida… A veces creo que invertir el valor puede ser provechoso: Educar a los padres para no castigar a los hijos.

Un país, donde el producto interno bruto es de más de mil dólares; que tiene un Canal que produce una millonada; que incauta ciento de miles de millones por cuenta del narcotráfico, debía destinar recursos para enfrentar, mas bien resolver la situación con menos manos duras y más inteligencia.

El Chorrillo es la puerta de entrada de la ciudad.   Los que ahí viven, por lo menos los viejos, saben que es un privilegio. Entonces ¿Por qué, sus habitantes y los gobiernos, lo tratan como un patio trasero?

Luego de la invasión de 1989 se generó una “ola de violencia” de las mal llamadas pandillas. Estas “organizaciones” algunas veces fantasmas, fueron el producto de la imaginación de los medios de información que no sólo las bautizaron sino que las hicieron famosas. Eso no se hace, blod. Y ¿qué decir del rol de la fuerza pública? que sabe “qué es lo que es”.

Cuando lanzaron al desamparo a los refugiados de la guerra de diciembre rompieron un orden. Más tarde el barrio mártir se llenó de “santos”: llegaron moradores de San Felipe, Santa Ana, San Miguel, Santa Rita y entonces se agravaron los problemas…

Detrás de todo ese hierro y cemento que desdibuja el perfil de la antigua ciudad, hay gente. No podemos abandonarnos a la indigencia y a la mendicidad disfrazada de bien cuida´o. La violencia no se detiene con marchas, ni alegatos descalificando a los violentos. Programas para la organización del ocio, vigilancia, cultura, información, prevención del embarazo precoz atención a los niños y adolescentes y a los adultos mayores.

Quisiera la misma agresividad del pele police, que me parece un abuso cómo se usa, para velar por una población que de alguna manera sigue siendo rehén de una minoría agresiva, y esto incluye a los tres poderes del Estado.

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Este artículo se publicó el  3  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.