El tamaño del Estado y sus repercusiones políticas

La opinión de…

Alfonso Grimaldo Poschl

El concepto de la división de poderes en tres secciones distintas que hoy consideramos como un elemento básico de cualquier democracia no siempre fue una característica fundamental de los gobiernos humanos.

Por la mayor parte de nuestra historia civilizada, vivimos bajo un criterio distinto, donde el poder supremo era ostentado, no por la ciudadanía, sino por grupos privilegiados o inclusive individuos particulares, y donde la justificación de este poder no tenía como origen el consentimiento de los gobernados, sino la escogencia divina.

La división de poderes, establecida como teoría política a mediados del siglo XVIII, no surge únicamente como un concepto teórico, sino como una rebelión pragmática ante la idea de que un grupo de individuos puede poseer en sus manos la capacidad de imponer sus decisiones sobre la mayoría, sin necesidad de disfrutar de su consentimiento.

El poder público no se divide para facilitar la función administrativa del Estado, ni como un experimento político teórico, sino por la necesidad de prohibir la posibilidad de que el mismo sea ostentando por unos pocos en perjuicio de la mayoría.

El poder es dividido en tres no para que trabajen en armoniosa colaboración, sino para que la lucha entre ellos estorbe los deseos de algunos de imponer su voluntad sobre los demás. No es una garantía de buen gobierno; es una salvaguardia ante la tiranía. La división de poderes tiene dos efectos prácticos. El primero, proteger los derechos fundamentales de todo individuo, su vida, su libertad y su propiedad, ya que limita al Estado en su habilidad de perjudicar estos. El segundo, prevenir que las maquinaciones y caprichos de algunos se conviertan en leyes y normas que afecten a todos.

Pero nuestro sistema está erróneamente constituido. Es una vieja fortaleza de guerra, cayéndose en pedazos, sostenida endeblemente por un enfermizo andamiaje de algunos principios democráticos y republicanos que fueron considerados útiles para dar una fachada de república a lo que fue, en efecto, una tiranía.

Hoy vivimos las implicaciones prácticas de eso.   En el proyecto para el presupuesto general del año 2011, el Poder Judicial recibirá un total de 83.5 millones de balboas para el ejercicio de sus funciones. El Poder Legislativo contará con alrededor de 67 millones de balboas. En comparación, el Ministerio de la Presidencia, que es sólo una de las tantas dependencias del Poder Ejecutivo, tendrá a su disposición 774.6 millones de balboas.  Sería ingenuo de nuestra parte decir, basándonos en esto, que hay una verdadera división de poderes. Lo que tenemos es un sistema donde el Poder Ejecutivo captura y dispone libremente de una Asamblea dócil y mansa ante sus deseos, y de un Poder Judicial castrado.

Una de las tantas expresiones de esto es la injusticia que percibimos en el trato de la Procuradora General de la República, Ana Matilde Gómez.

La ley, supuestamente el estándar inmutable de trato a todos los ciudadanos, es modificada, reinterpretada y tergiversada para ceder ante los deseos de algunos.   Lamentamos terriblemente esta situación, que a todas luces carece de la apariencia de buen derecho.

Cuando la mora judicial es enorme y los casos llevan años pendientes de ser tratados por la vista misericordiosa de tantos, el trato expedito de un caso que pareciera ser a todas luces político es una burla y un insulto directo hacia todas aquellas familias que claman justicia por mil razones, y cuyo clamor es rechazado diariamente con pequeñas palabras de consolación. “Tranquilo, Bobby, tranquilo”. Esto no solo es un ataque contra una persona, sino un golpe enorme en contra del estado de derecho, la piedra angular de la vida republicana.

La ley pasa de ser una norma imparcial para sostener la vida civilizada, a ser la expresión formalizada de la voluntad política de grupos de presión.

El problema no es la Administración presente. El problema es el sistema, un río cuya desembocadura natural es la consolidación del poder en manos de algunos pocos. Estamos luchando contracorriente por nuestras libertades en un sistema que es punitivo hacia ellas, por tanto, no progresamos.

Como ciudadanía responsable, es necesario empezar a preguntarnos sobre nuestro futuro, no mediante expresiones generalizadas, sino respondiendo preguntas clave: “¿Qué tanto poder debe ostentar el Estado?”, “¿Qué uso debería darle a este poder?”, “¿Es posible que un número reducido de personas coordinen y planifiquen la actividad humana en general?”.

Solo con el conocimiento podemos dialogar. Es necesario educarnos y preguntarnos, ¿Queremos seguir viviendo bajo un sistema que facilita la opresión, la corrupción y la arbitrariedad? ¿O deseamos empezar a reformar nuestro sistema? ¿Qué piensa usted?

<>
Este artículo se publicó el 16 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Chorrillo: siguiendo viviendo

La opinión del Escritor…

Héctor M. Collado 

Cuando un hombre muere y ha cumplido con sus tareas en la vida el muerto va en paz y casi no hay dolor porque se sabe que cumplió. Pero cuando esa muerte es producida, de manera violenta por otro hombre, que ha retado los propósitos que Dios tenía para con el muerto, algo anda mal.

El lector puede pensar, con algo de sesgo discriminatorio, que el muerto tuvo su merecido, que la debía, que era una prenda. El hecho consumado, implica que de alguna manera, en algún tiempo, no muy lejano por cierto, el asesino también será asesinado, y el prontuario delictivo del tal es una credencial, un boleto gratis para irse al otro mundo. Es un círculo viscoso que nos pringa a todos.

En el caso de El Chorrillo, lo he conversado con esos “diputados del timón” que son los taxistas: El problema son los padres que nunca respetaron a los hijos; de las madres que engendraron en la frontera de la infancia y la adolescencia… “cómo va a criar, educar, formar una niña a otra niña o niño, ¡como si fuera una muñeca!” No importan las recomendaciones de la Dra. Britton ni lo que se le ocurra al MIDES, Salud, Aplafa… La esperanza debía tener un propósito en esta vida… A veces creo que invertir el valor puede ser provechoso: Educar a los padres para no castigar a los hijos.

Un país, donde el producto interno bruto es de más de mil dólares; que tiene un Canal que produce una millonada; que incauta ciento de miles de millones por cuenta del narcotráfico, debía destinar recursos para enfrentar, mas bien resolver la situación con menos manos duras y más inteligencia.

El Chorrillo es la puerta de entrada de la ciudad.   Los que ahí viven, por lo menos los viejos, saben que es un privilegio. Entonces ¿Por qué, sus habitantes y los gobiernos, lo tratan como un patio trasero?

Luego de la invasión de 1989 se generó una “ola de violencia” de las mal llamadas pandillas. Estas “organizaciones” algunas veces fantasmas, fueron el producto de la imaginación de los medios de información que no sólo las bautizaron sino que las hicieron famosas. Eso no se hace, blod. Y ¿qué decir del rol de la fuerza pública? que sabe “qué es lo que es”.

Cuando lanzaron al desamparo a los refugiados de la guerra de diciembre rompieron un orden. Más tarde el barrio mártir se llenó de “santos”: llegaron moradores de San Felipe, Santa Ana, San Miguel, Santa Rita y entonces se agravaron los problemas…

Detrás de todo ese hierro y cemento que desdibuja el perfil de la antigua ciudad, hay gente. No podemos abandonarnos a la indigencia y a la mendicidad disfrazada de bien cuida´o. La violencia no se detiene con marchas, ni alegatos descalificando a los violentos. Programas para la organización del ocio, vigilancia, cultura, información, prevención del embarazo precoz atención a los niños y adolescentes y a los adultos mayores.

Quisiera la misma agresividad del pele police, que me parece un abuso cómo se usa, para velar por una población que de alguna manera sigue siendo rehén de una minoría agresiva, y esto incluye a los tres poderes del Estado.

<>

Este artículo se publicó el  3  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La democracia socavada por la ley 30

La opinión del Ex Vice Presidente de la República…

Ricardo Arias Calderón

La ley 30 de 16 de junio de 2010 ha causado conmoción en el país ya que tan decisivo ha sido el Presidente en concebirla y apoyarla, a pesar de los muertos y heridos que ha provocado la misma, que más pareciera la obra de un dictador que de un presidente civil democráticamente electo con facultad para vetar leyes.

Ante la férrea oposición presentada se ha suspendido la entrada en vigencia de esta ley, pero lo que todos piden es su derogación total, pues estos recortes dejan aún trazas graves para la permanencia de la democracia en Panamá.

Leyes nuevas que aborden independientemente, previa consulta y sin premura, cada uno de los tópicos que el Ejecutivo desea que se legisle es el procedimiento idóneo que debe adoptarse.

Es necesario que los panameños y panameñas se compenetren de los aspectos negativos que caracterizan estos actos y encuentren detrás de ellos la verdadera razón que los motivan.

El más evidente de éstos aspectos atañe a lo laboral, pues intencionalmente debilita el movimiento sindical y pretende marcar su fin como fuerza de la sociedad civil que representa a los trabajadores, buscando que existan únicamente sindicatos sumisos y empresas sin sindicato.

Ortega y Gasset incluye en su definición del Hombre, su circunstancia;   y la primera circunstancia del hombre es la Tierra, la Naturaleza.   La experiencia histórica demuestra que el hombre si vive en puro concreto, cemento, piedra y arena, no da de sí, sino que se encierra en sí mismo consumiéndose en su proceso de producción.

Es por esto que en Alemania se insiste en el sistema de mercado social y ecológico, pues se ha llegado al entendimiento que sólo cuidando del planeta, de la Naturaleza y del ambiente es que puede llegarse a una economía no destructiva y sostenida a largo plazo.

El pensamiento anti-humanista es el que priva al Hombre de esta circunstancia y por tanto es un pecado contra la humanidad, y de la peor forma lo vemos hoy plasmado en esta ley funesta que elimina los controles necesarios para que el deseado y anhelado progreso se dé de una forma racional y no devastadora como ha sido durante los dos siglos pasados.

La clave de desmilitarización de la seguridad pública es la profesionalización auténtica del cuerpo de policía y el quid de ésta es la conciencia de identidad del policía como servidor del orden público democrático.

Promover la impunidad de los miembros de la Fuerza Pública atenta contra esta profesionalización y conciencia de identidad, representando un retroceso en el tiempo y en valores cívicos democráticos. Con esta situación se corre el riesgo de volver a crear una clase militarizada que con privilegios contrarios a la Constitución esté por encima de la ciudadanía.

La democracia no se regatea, se prueba y perfecciona día a día afirmándola o promoviéndola con tolerancia, diálogo y cooperación.   El estilo del actual gobernante no es espontáneamente democrático, sino calculadamente autocrático.    Veamos. Durante la crisis ni su jefe de policía ni él se presentaron en el lugar de los hechos y cuando lo hizo, responsabiliza a “otros” en general no asumiendo su propia responsabilidad personal sin la cual la democracia está ausente de la órbita presidencial.

La libertad democrática no reside únicamente en elecciones transparentes sino también el funcionamiento y respeto de poderes plurales e independientes dentro del Estado.

¡Atención Panamá! Dios no quiera que dejes que te troquen tus libertades por una caricatura de democracia como sucede en Venezuela con Chávez. Pero tenemos que recordar el dicho “a Dios rogando y con el mazo (de la crítica y de la acción cívica y política) dando”.

<>

Este artículo se publicó el  25  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El poder judicial en democracia

La opinión del Abogado…..

Ramiro Guerra 

Por años se le ha venido facturando a los poderes ejecutivos y legislativo las carencias democráticas de nuestros países y naciones. Teorías van y vienen, desde históricas, sociológicas y hasta sicológicas para explicar la manía o tendencia de subalternizar las relaciones societales al poder del estado, dando lugar a un contrato de mandato fallido y donde la condición de mandante o soberano popular no pasa de ser una frase hueca y defenestrada.

Como he señalado en otras ocasiones, Latinoamérica sigue constituyendo un sembradío de democracias limitadas, mediatizadas o vacías, como algunos politólogos la denominan en los tiempos actuales.

Las coyunturas y los periodos donde la relación, estado y sociedad civil se han conducido horizontalmente, han sido la excepción y en ese sentido las fuerzas motrices que han jalonado nuestra historia y lo pendular, ha sido el perfeccionamiento de nuestro ethos nacional y la lucha permanente por construir paradigmas y correlatos donde la democracia como recurso del encuentro del yo y tu, con el poder, no se reduzca a una simple condición del yo mando y tu obedeces.

Falta mucho por desarrollar cultura ciudadana y deliberativa; los atrasos en esta asignatura, coadyuvan a crear relaciones alienadas que terminan perneando nuestra propias conciencias dando a formas institucionales que, por su forma, no tienen que envidiar al mundo democrático desarrollado pero que en la realidad solo expresan documentos y letras muertas.

Seamos transparentes y críticos con nosotros mismos, si el poder es fuerte, lo es en tanto todavía la cultura ciudadana y de participación sufre los embates de la cultura autoreferencial que dificulta la construcción de los puentes para edificar un sentido referencial y de pertenencia, en el sentido de que juntos podemos diseñar esa horizontabilidad e influencia recíproca de ida y vuelta entre estado y sociedad civil.

Las reflexiones anteriores, sin ánimo de expiar culpas a los que desde la atalaya del poder ejecutivo o de la falacia parlamentaria siembran criterios y juicios, lo hacen en tanto que en nuestras regiones y países latinoamericanos, salvo miniaturas excepciones, los operadores de la justicia no tienen conciencia de que aquellos encuentran sus amarres y límites en los controles jurídicos que como fallos y sentencias emanan de sus estrados tribunalicios.

Razón tenía Looke cuando depositaba en el órgano judicial la responsabilidad de evitar que lo político desbordara el funcionamiento equilibrado y armonioso del estado y la sociedad, como lo señala un destacado colombiano, que no es más que la defensa y vigencia del estado de derecho constitucionalizado.

Cuando nuestra Corte Suprema de Justicia, haga conciencia, que su deber ético y compromiso es con el país, su estado de derecho y la democracia, mucho de esa cultura de desbordaje de supeditar el derecho a la política, irá quedando rezagada y entonces valores como la libertad, integridad y respeto humano, entonarán las notas de la vida en democracia,

<>

Este artículo se publicó el  27  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Golazo del terror

La opinión de…

.

David Acosta


Cuando todo Panamá y el mundo se preparaban para observar el magnífico evento deportivo de Sudáfrica, el presidente Ricardo Martinelli mete un gol de medio campo con la aprobación de la “ley langosta” o “ley camarón”.

Llamada así por el pueblo, en virtud de todo un sancocho de reformas al Código de Trabajo, relacionado con el derecho a huelga que tienen los trabajadores de la República, a fin de mejorar su estándar de vida, que es un derecho universal e histórico que se inició con la masacre de obreros de Chicago, Estados Unidos, en su lucha por las ocho horas diarias de trabajo y que el mundo civilizado respeta y pondera como una garantía inalienable de la clase trabajadora.

No sólo modifica esta ley impopular, sino que la misma autoriza al Ejecutivo meter sus manos en el medio ambiente, permitir la explotación minera en toda la nación, como Cerro Colorado, en Chiriquí, que tiene ya acuerdos bien avanzados en este sentido, lo cual convertirá la zona de Tolé y Tabasará en una ruina ecológica, dañina para todos los animales y los seres humanos. Por otra parte, en esa misma línea, queda el gobierno también en libertad para abrir el Tapón del Darién, mediante una carretera que unirá a Panamá con toda Suramérica.

Con esta decisión macabra se incrementará más la violencia criminal en Panamá y la zona forestal del Darién, amparada por disposiciones mundiales como un pulmón de la Humanidad, quedará en ruinas. Por aire o tierra llegan a nuestro país los sicarios colombianos a cumplir misiones de masacre de niños, jóvenes y adultos. Si hoy actúan así, cómo será con una carretera abierta… No se aguantará la inmensa ola de terror y asesinato.

El Canal de Panamá opera con agua dulce que llega del lago Gatún, por medio del río Chagres y todos sus afluentes, esto será mermado por la deforestación, constituyendo a futuro, un peligro para la vía acuática que es nuestro principal recurso.

El poder acumulado por el señor Presidente de la República; Ejecutivo, Judicial y Legislativo, es total y se requiere una unidad de todas las fuerzas vivas del país con el propósito de vigilar y accionar un control al exceso gubernamental en todos los niveles, realizado por el gobierno de turno.

Noriega es un niño de pecho, comparado con las acciones inconsultas de Martinelli.   Recuerdo que una vez el general Omar Torrijos, con el Código Laboral en la mano, dijo a miles de obreros de las bananeras, en Puerto Armuelles: “Tomen este Código de Trabajo y defiéndanlo, porque bien pendejos son si se los dejan quitar”.

<>

Artículo publicado el 19 de junio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Contrato Social y Ley Penal

La opinión del Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas…

JOAO  QUIRÓZ  GOVEA

La Ley es la representación textual de aquella idea abstracta concebida por Rousseau, Hobbes, Fitche (entre otros Filósofos de la Ilustración) conocida como el Contrato Social.   Según esta teoría todos los ciudadanos otorgan el poder a un número reducido de personas, conocidas como autoridades, para la protección de toda la población y para que administren la estructura estatal.   En los Estados modernos esta administración se da por medio de la división de poderes, manifestado en diferentes Órganos, los cuales tienen funciones diferenciadas.

Sin embargo, todos los Órganos, de una u otra manera, tienen la capacidad de emitir mandatos por medio de normas. Es así que el Órgano Legislativo puede hacer Leyes, el Órgano Ejecutivo puede reglamentar estas Leyes o sea, darles un marco más específico y en ciertos momentos —p. ej., cuando la Asamblea no está seccionando— el Ejecutivo tiene capacidad de hacer Decretos Leyes que guardan en esencia, el mismo poder normativo de una Ley aprobada por el parlamento, aunque hay materias sobre las cuales no se puede legislar mediante Decreto-ley. Por su parte el Órgano Judicial crea Ley mediante sus fallos de inconstitucionalidad e ilegalidad.

La Ley es, pues, una forma de establecer las reglas de ese contrato social. Cabe destacar, que las leyes deben responder a una realidad social, en otras palabras, deben representar alguna utilidad para la población. Asimismo, la Ley debe tener una relación concreta con la capacidad Institucional del Estado para ejecutar eficientemente esas normas.

En el caso específico de la Ley penal, debe decirse que esta es un mecanismo ideal de protección social que debería salvaguardar tanto a particulares como al Estado, de actividades denominadas como delito. Cuando decimos que es un mecanismo ideal, nos referimos a que la ley por sí sola es únicamente una idea, si se quiere utópica, para frenar el delito.

Lo que se considera como delito debe tutelar (proteger) los bienes jurídicos de la sociedad, esto es todo aquello que sea susceptible de representar un valor en las sociedades; por ejemplo la vida es protegida con la prohibición de matar o con la prohibición de causar lesiones personales, la salud pública es protegida mediante la prohibición de traficar drogas o de adulterar medicamentos, etc.

Por otro lado, la elaboración de las Legislaciones penales debe surgir de un ejercicio intelectual científico multidisciplinario, tomando como punto de partida la política criminal del Estado que se define como: ’El poder de definir los procesos criminales dentro de la sociedad, y por tanto, de dirigir y organizar el sistema social en relación a la cuestión criminal’.

Cuando se elabora o se reforma una ley penal, debe tenerse en cuenta que el crimen es una realidad social determinada más por problemas estructurales como la deficiencia educativa, la pobreza, el desempleo que por el mero placer que tenga una persona de cometer crímenes.

El crimen responde a toda una complejidad social y no se detendrá con el aumento de penas, con el abuso de la utilización de la prisión preventiva, ni siquiera con la pena de muerte, como han demostrado estadísticas de jurisdicciones donde la pena capital está vigente, verbigracia el Sur de los EE.UU.

Lo mismo sucede con la penalización de actividades cuyo fin no es proteger bienes jurídicos de importancia social, sino que dicha penalización responde a intereses creados de ciertos grupos con poder económico y político. Un ejemplo claro: La penalización de los cierres de calle. No se puede pretender que estos dejarán de ser un mecanismo de protesta y hasta podría decirse que de participación política popular utilizado a través de la historia, con el sólo hecho de penalizarlo.

Si bien los Órganos del Estado tienen el poder para legislar y de esa forma lograr algún control social, también deben tenerse bien claro que la realidad social —mucho más algo tan complejo como la criminalidad— no se resuelve creando y reformando leyes sin bases científicas y sin estructuras institucionales eficientes que pudieran darles la ejecución merecida.

Si bien los filósofos del siglo XVIII veían el delito como un simple quebrantamiento del contrato social que debía ser reprimido, en los tiempos actuales la criminalidad se vislumbra como un fenómeno que además de tener sus consecuencias sociales, también tiene sus causas.

Sería interesante que la política criminal del Estado —si es que hay alguna— tenga en cuenta la prevención del delito, tanto en la creación de leyes como en el bregar de las instituciones gubernamentales.

<>

Artículo publicado el 8 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Separación de poderes, ¿mito o realidad?

La opinión de…..

.

Carlos Eduardo Rubio

La separación de poderes en un sistema presidencialista como el de Panamá es un baluarte para la democracia, pero no se está cumpliendo.

Los pensamientos de Rousseau y Montesquieu han quedado pisoteados, debido a la falta de cultura política en nuestro país y, también, gracias al aprovechamiento del excesivo poder por parte del líder del Ejecutivo, aunado al hecho de la práctica consuetudinaria del abuso conveniente de tener mayoría en la Asamblea Nacional.

Estos aprovechadores se excusan diciendo que los gobiernos anteriores lo han hecho, a pesar de que estoy convencido de que conocen el refrán que reza: “dos males no hacen un bien”.

Esta falta de una armónica colaboración y de la separación de poderes nos ha traído mala fama internacional, lo cual puede producir consecuencias desastrosas. El hecho de que se incumpla el artículo constitucional hace que en nuestra República no existan los pesos y contrapesos necesarios para fortalecer la democracia, logrando así una correcta fiscalización de las decisiones que provengan del Ejecutivo.

Muy por el contrario, el próximo presidente de la Asamblea Nacional, peligrosamente, declara que todo proyecto del Ejecutivo será aprobado por el primer Órgano del Estado.

¿Es esto democrático, serio, constitucional y respetuoso del estado de derecho?

Definitivamente que debemos hacer los correctivos pertinentes. Una posible solución sería realizar la elección de diputados en día distinto a la del presidente, lo cual admito requiere de un cambio cultural del electorado. También debemos analizar una reforma en la distribución de curules, a fin de eliminar el monopolio de los partidos grandes en los circuitos plurinominales, logrando así una distribución equitativa para todos los partidos y los candidatos independientes.

Hagamos un amplio debate, a fin de presentarle al país la conveniencia o inconveniencia del sistema parlamentario, además, para que los partidos políticos hagan un gran esfuerzo en la formación política de sus miembros y, en especial, de sus candidatos.

Esto es imperante, urgente y necesario, para entender que el Ejecutivo no puede hacer todo lo que le dé la gana, a pesar de que su mandato es unipersonal.

La Asamblea Nacional no puede aprobar lo que diga el Ejecutivo. La Constitución dice que su contralora es independiente, y ésta debe ser nombrada (no ratificada) por el órgano más democrático del país.

El poder de ratificación y el poder de elaboración del presupuesto tiene que ser a conciencia, no por un favor al presidente de turno.

Con las últimas declaraciones del próximo presidente de la Asamblea Nacional, pienso que una vez más el órgano deliberativo del país requiere de nuevas caras.

<>

Este artículo se publicó el 26 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los tres poderes, su independencia funcional

La opinión del Abogado…..

.

Alberto E. Fadul

Es vital que el público comprenda que sólo vía una independencia funcional efectiva y transparente, de los tres poderes, podrá el Estado panameño evolucionar hacia un destino de equidad, desarrollo económico y social.  Ello tomará años de labor gubernamental, dándole seguimiento a aquello que conlleva la esperanza de alcanzar cada meta y el continuismo inteligente hacia un futuro cierto.

La diversidad de partidos presente y por venir, no deben obstaculizar, obligadamente, a los que estén ocupando el poder; tal, es una actitud tercermundista. La oposición por mero oponerse, debe relegarse al pasado.

Naturalmente, por tratarse de una alianza de partidos, encabezada por un Presidente de la República, cuya espontánea participación, alejada de las formalidades correspondientes, causa asombro entre liberales y conservadores, así como ante el público que lo eligió, el proceso del cambio, debilitado por una oposición temerosa y agresiva en lo negativo, continua sumergido en aguas turbulentas.

¿Puede el presidente de la República citar por separado o al unísono a los diputados de las diferentes bancadas del poder legislativo o simplemente a las cabeza de cada una? Si, tratándose de una especie de conversación ilustrativa de los proyectos del ejecutivo, buscando el consenso y escuchando opiniones objetivas; particularmente, cuando el ejecutivo busca introducir un proyecto de ley que, aún teniendo mayoría en la Asamblea Nacional, desea apoyo de las bancadas contrarias. El Presidente de la República, cuando desee, puede presentarse a los medios de comunicación y plantear sus objetivos en materia legislativa o de otra naturaleza y conversar con los Procuradores de la nación y administración. En los considerandos planteados y otros, no se violaría la independencia de ninguno de los Órganos del Estado; sin embargo, la revocatoria del mandato, tal como está expuesta en la carta magna, impide el propósito de buscar apoyo fuera de la alianza de gobierno.

Lo mismo no debería ocurrir con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su deber es proyectar objetividad absoluta en el análisis y resultados de sus fallos.

Espero haber explicado, breve y parcialmente, la independencia funcional.

Aprovecho introducir el tema de los gobiernos corporativos, meta política del primer mundo, donde prevalece la labor efectiva, transparencia y las consultas formales o informales con grupos de la sociedad civil.

El día a día de la labor gubernamental, dentro de lo expresado, tendería hacia la efectividad, la transparencia participativa y ejecución del buen gobierno.

Los partidos políticos no deben ser adversarios, dentro o fuera del poder, la variedad y diferencia de puntos de vista, tienden a su consolidación y así, los intercambios objetivos permitirían la valorización informada de los votantes, sobre los candidatos y sus partidos, llegado el periodo electoral.

<>

Este artículo se publicó el  25  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Acordemos desacordar

La opinión de….

.MIREYA  LASSO

Consensos y disensos son conceptos que, según el sociólogo Harry Brown, son instrumentos para evaluar el avance del sistema democrático de gobierno y de convivencia que tenemos. Se trata de lograr el justo balance entre una real gobernabilidad, por un lado, y el sentido de participación o pertenencia de la población, por otro lado. Ese balance no existió durante el régimen militar, especialmente durante sus últimos años.

En una tiranía, las políticas, las estrategias o las órdenes de la autoridad se basan exclusivamente en su voluntad unilateral, iluminada por su sabiduría superior y apoyada en el control que ejerce sobre los elementos de la sociedad que podrían oponérsele.  Toda manifestación contraria es inaceptable para los gobernantes; eso nos recuerda cómo en tiempos de la dictadura quienes no comulgaban con los designios de las autoridades eran atacados como antipatriotas y traidores, desconociendo sus derechos como ciudadanos legítimamente preocupados por la suerte del país.

Al iniciar la época democrática, comenzaron esfuerzos por acordar grandes objetivos nacionales a través de reuniones que se denominaron diálogos o concertaciones, que Brown enumera.   Desde la Declaración de Santa María La Antigua y Bambito I en 1993 hasta la Concertación Nacional para el Desarrollo en 2007, todos esos esfuerzos han estado encaminados a acordar objetivos nacionales que permitan la gobernabilidad necesaria para progresar bajo un sistema de gobierno democrático.

Sin embargo, una pregunta válida sería: ¿debemos mantenernos atados a las conclusiones de los consensos logrados o, por el contrario, puede existir un margen para disentir de suerte que, a partir de una nueva discusión, pueda nacer un renovado consenso? Si es aconsejable que exista esta dinámica en la sociedad, surge otra pregunta: ¿permite el sistema electoral la participación institucionalizada de minorías disidentes o, por el contrario, garantiza únicamente el control por parte de los partidos políticos más grandes? Por ejemplo, la actividad natural de una Asamblea Nacional: ¿debe ser el resultado del debate, de una sana negociación, de decisiones que necesariamente tomen en consideración el punto de vista de las minorías en su seno; o, por el contrario, debe ser una imposición como resultado de una mayoría que pueda ignorar las voces disidentes sin verse forzada a tomarlas en cuenta?

Hay aspectos en los cuales todos los panameños podemos estar plenamente de acuerdo. Uno —primordial y fundamental— es que el presidente del país, que ha triunfó en elecciones prístinas y transparentes, deba cumplir su mandato hasta el último día. Otro —tan fundamental— es creer y respetar la separación de los poderes del Estado como garantía de democracia y de paz social.

Puede haber consenso en el diagnóstico de los grandes problemas que nos aquejan (por ejemplo, inseguridad), pero el disenso puede referirse a las medidas específicas escogidas para solucionarlos. El desacuerdo con una propuesta del gobierno no debe significar, como en el pasado, un acto de traición a la patria, porque el disidente no es un enemigo público, sino un ciudadano con derecho a opinar y a tener un espacio de participación efectiva que, de ser ignorada o censurada, solo aumentará el nivel de tensión y frustración no deseable en la ciudadanía. Pienso, como Brown, que la gobernabilidad con participación ciudadana —institucionalizada y en las proporciones debidas— es la finísima mezcla que hace falta para que nuestra democracia avance hacia su perfeccionamiento.

<>

Artículo publicado el 24 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Punto de Vista La acumulación de poderes y la Constitución (III)

La opinión del Abogado….

.

Alberto E. Fadul N.

El egoísmo de algunos partidos políticos, representa un pozo sin fondo, rodeado de tierra movediza. Situación que, como ciudadanos educados o no, observamos sin capacidad de contener.

El partido más grande de la oposición, sin solvencia moral alguna, formula ataques al gobierno de turno, olvidando que sus gobiernos siempre lograron controlar los poderes del Estado para su beneficio y buscó, sin lograrlo, la primera reelección al cargo presidencial.

Que éste, ha sido incapaz de gobernar frente a las necesidades de la patria procurando, organizadamente, ser mercado de venta de influencias, aplicando el clientelismo político, el enriquecimiento ilícito y, para quedar exentos de culpa, protegerse de sus desvergonzadas acciones al amparo de la Procuraduría General de la Nación donde, descaradamente, con elevados niveles de éxito, arropan su corrupción con el manto de la impunidad.

Con parte de la Sociedad Civil confusa y los medios de comunicación proporcionándoles relevancia diaria a voceros de dudosa credibilidad, brindándoles apoyo indirecto al lanzamiento de acusaciones inciertas; la oposición partidista y un segmento de la alianza de gobierno, nos están llevando, encapuchados, hacia el camino incierto de una ingobernabilidad rampante o la potencialidad de un golpe de Estado.

Por primera vez en nuestro acontecer político, los dos partidos grandes enfrentan fragmentación en sus estructuras. Uno por perder la cabeza de su centro de impunidad, la Procuraduría General de la Nación y el otro, por haber negociado con el CD, probablemente, en desventaja.

El futuro de la patria está por encima de tan panorámico desastre. La alianza de gobierno debe efectuar oportunas negociaciones internas.

Los principales objetivos de los partidos políticos son: alcanzar el poder y lograr su reelección. Aceptando lo expuesto, debemos comprender que los artículos 177 y 178, de nuestra Constitución, favorecen la acumulación del poder; de tal manera, éstos deben sufrir modificación: En el primero, reducir el periodo a 4 años y en el siguiente, la reelección debe ser inmediata y por una sola vez.

El cambio no favorecerá al presidente actual. Aducir que tal se desea, es falso y carente de sentido. Saldríamos, en 4 años, del que no resulta y en 8, nos liberamos de una reelección.

Modificar el 203, eliminando la participación del gabinete en la selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y limitar la fuente de escogencia, mediante carrera judicial efectiva. El 204, debe sufrir modificaciones importantes en cuanto a los requisitos y la necesaria consulta ciudadana.

El 221, debe modificarse para que el Presidente electo nombre a los procuradores, por la duración de su periodo, dándose un proceso de traspaso y auditoria efectivo. Sólo así iniciaremos la guerra anti corrupción e impunidad.

<>

Este artículo  fue publicado el 21 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La acumulación de poderes y la Constitución (1)

La opinión del Abogado…..

.

Alberto E. Fadul N.

En nuestro país el Presidente de la República, en ejercicio, que posea mayoría en la Asamblea Nacional, La Corte Suprema de Justicia y adicionalmente le corresponda designar al Procurador General de la Nación, cuenta con una acumulación de poderes significativos; antes del prometido Cambio, utilizado de manera contraria a los intereses de la Patria.

Según lo ha demostrado la historia, dentro del periodo pos-invasión, funcionarios de elevados niveles administrativos y del partido gobernante, en sus respectivos periodos, han actuado, en una u otra forma, de manera corrupta, con el premio mayor en su favor: la impunidad.   a barrera jurídica estructurada para perseguir, entre otros delitos, los actos de corrupción fue, es y debe siempre ser, La Procuraduría General de la Nación.

Bajo los esquemas indicados, en casi ninguna ocasión, a lo largo de los últimos cuatro años y lo que va de este gobierno, quienes han ocupado el cargo, parecen haber actuado de manera independiente.   Es factible asumir que su funcionalidad quedaba, de alguna manera y a contrario sentido, sometido al partido designante.   El mal uso del periodo de ejercicio, por 10 años, refleja más de lo malo que de lo bueno.  ¿Percepción equivoca?   ¡Posiblemente no!

Es curioso que profesionales de experiencia y algunas instituciones de la Sociedad Civil no vean en lo actuado, por el presente gobierno, con su muy particular estilo, el oportuno uso de una fisura jurídica, existente, que bien pueda o no, al aplicarse, romper el ultrajante paradigma de la impunidad.

Si el Presidente del Cambio estuviese actuando contra alguien designado por el gobierno pasado, cuya transparencia distinguió su actuar en defensa de los intereses de la patria, de manera contundente y en persecución definitiva y clara de delitos advertidos, lo criticables seria su apoyo al continuismo. ¿Ha manifestado algún, reverente, filósofo que el cambio es fácil?

Para ir acentuando la temática a la titulación del escrito, procedemos a resaltar que la reafirmación del cambio requiere, de una reforma integral a nuestra Carta Magna.

A tales efectos, inicio por referirme a aquellos artículos que propugnan la acumulación de poderes y así, iniciamos por recomendar la revisión de su Artículo 2. Ya que ni en ésta ni otras leyes,  se define la actuación limitada y separada,  pero en armónica colaboración; naturalmente, en una patria cuyos gobiernos se definen por su objetividad, tal no sería necesaria.

Por no ser este el caso, ir al encuentro de la minimización de la acumulación de poderes, vía el mal empleo de éste artículo, se hace impostergable estudiar y ejecutar la reforma del mismo. El empleo sutil de tales actitudes podría alcanzar la meta no deseada.

Parte II continuaremos.

<>

Publicado el 7 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El viaje a Israel

La opinión del Periodista……

.

DEMETRIO  OLACIREGUI  Q.

Golpeado por la baja en su crédito político, el presidente Ricardo Martinelli, antes de su nuevo viaje al exterior, dejó en marcha una campaña propagandística para encubrir un operativo político que busca vender lo que no tiene.

El jefe de Estado ha ido en contra de la expectativa ciudadana y, en lugar de gobernar, se ha dedicado a suprimir a ese otro, identificado como la oposición política, la sociedad civil, sectores empresariales y la izquierda.   Sin ese otro, está de más el Poder Legislativo, Judicial y el Ministerio Público. No hace falta una Contraloría General de la República que, al igual que los medios de comunicación, posea independencia.

Martinelli ha demostrado, en forma consistente, que su estilo totalitario no conoce límites. Por eso, contra pronóstico,  emprendió un comprometedor viaje a Israel, con una escala de 16 horas en Qatar. Tan precipitada fue la inclusión de la visita al Estado qatarí que el avión presidencial —que realizó una sospechosa parada en Roma— no contaba con un plan de vuelo para aterrizar en Doha.

El resultado fue un atraso en el arribo con la consecuente alteración de la agenda oficial. La de Qatar fue una visita huérfana de logros significativos. La agencia oficial de noticias QNA no especificó si se retomó la construcción de una refinería en Puerto Armuelles, proyecto avanzado por el gobierno anterior.

No debió caer muy bien a la monarquía qatarí haber sido anfitriona de Martinelli en una gira cuya segunda escala es Israel, donde permanecerá hasta el viernes. Qatar es aliado, como parte de los Estados del Golfo Pérsico, de Dubái donde hace escasas semanas un comando del servicio extranjero israelí, el Mossad, asesinó a un alto dirigente de la organización palestina Hamas. La ejecución fue autorizada por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Ese mismo Mossad es el que ha incursionado en forma abierta en Panamá, luego de un supuesto intento de secuestro de Martinelli.   Agentes de ese servicio secreto israelí fueron fotografiados custodiando al mandatario, lo que viola preceptos constitucionales y normas jurídicas. Se pone así en peligro el tradicional equilibrio y la atmósfera creada para que árabes, palestinos e israelíes convivan en pacífica armonía bajo el cielo patrio.

La visita de Martinelli a Israel, la primera de un mandatario panameño en casi tres décadas, es un desatino diplomático. Si hubiera sido su intención proyectar equilibrio,  el jefe de Estado habría incluido una visita a los territorios palestinos.   Pero el viaje no contribuye en nada a la paz y estabilidad de una de las regiones más volátiles del planeta.   Después de todo el estilo de Martinelli no es el de aportar soluciones a los conflictos, sino el de incubar crisis y tormentas continuas.

<>

Publicado el 4 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.