Desacato aplicado

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA   –
cherrera255@hotmail.com

El renombrado desacato siempre lo vemos en la práctica sobre la pensión alimenticia, pero, como vamos a conocer, es amplia su aplicación en otros menesteres.

El interdicto posesorio de perturbación es lo mismo que el desacato a las autoridades cuando algo ordenan. Existe en la perturbación de bienes, que no es más que la intrusión de una o varias personas sobre bienes en tenencias posesorias. Así quien previamente se encuentra en posesión del bien y lo debe probar al demandar ante la autoridad correspondiente a los que amenacen la tranquilidad de la que goza el afectado, en función del artículo 1358 del Código Judicial.

Lo mismo debe ocurrir dentro de la demanda sobre los hechos en los que fundamenta la inquietud y los perjuicios que puedan ocasionar tales disturbios. Esto se extiende a los que se beneficien de la maniobra. Con las suficientes pruebas presentadas el juez puede intimar al perturbador para que se abstenga de continuar con los actos y advertir que puede incurrir en desacato, además de la indemnización a favor del demandante los daños y perjuicios que acarreé los que persistan en la actuación. El juez puede utilizar la Fuerza Pública para contener la invasión.

Se pueden ordenar las demoliciones sobre mejoras que existan en la propiedad ocupada por parte de los intrusos. Esto se puede convertir en todo un proceso, si el demandado solicita la revocatoria del auto dictado dentro de los cinco días siguientes a la notificación.   Si es negado se concede la apelación en efecto devolutivo, pero de la revocatoria se apela en el efecto suspensivo.

En una sucesión testada si alguien advierte la tenencia del testamento, pero que se abstiene de presentarlo, el juez lo conminará con multas sucesivas hasta que lo presente y en el último caso, puede ser sancionado por desacato y además se obliga a pagar los daños y perjuicios que ocasione la retención indebida del testamento. (1941).

En los procesos ejecutivos de acuerdo con el artículo 1623 del Código Judicial. Se apercibe al deudor para que comparezca dentro de dos días al notificarse del auto ejecutivo. Paga o denuncia bienes y si no lo hace será sancionado como desacato y si miente sobre las informaciones, da lugar al proceso penal mediante copia de la actuación al agente del Ministerio Público.

Otra de estas curiosidades la encontramos dentro de los procesos penales al momento de surtir la indagatoria. Tal y como lo prescribe el artículo 2103, los defensores y querellantes son convidados de piedra al evento, porque no pueden intervenir ‘más que para cuidar que se cumplan formalmente las garantías que le confiere la ley’, por tanto, no se pueden dirigir al declarante, interrogarlo o sugerir cómo debe rendirse la diligencia.

La violación de esta norma constituye desacato. ‘Terminada la indagatoria y firmada en la forma indicada en el Artículo anterior, se consignarán a continuación las objeciones que, al contenido de la misma, quisiera formularle el defensor o el querellante’.

El artículo 2570 del Código Judicial se refiere al Pleno de la Corte y su vigila por el cumplimiento de la sentencia y además el deber de conocer de las quejas que se presenten por desacato al cumplimiento del fallo aludido y aplicar las sanciones correspondientes, de conformidad con el procedimiento establecido en este Código para el caso.

El artículo 2632 de nuestro Código de Procedimiento prescribe, que sí se presenta y admite un Amparo: ‘Los funcionarios que se nieguen a cumplir la orden de suspensión o que se nieguen a acatar y cumplir la decisión del tribunal, en el caso de que la orden materia de la demanda de amparo sea revocada, serán sancionados por desacato con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a quinientos balboas (B/.500.00), que la impondrá el tribunal o juez de la causa’.

Aquí tenemos que la imposición por desacato es contra los funcionarios remisos de menor jerarquía. Lo mismo ocurre con el Hábeas Corpus, como lo anuncia el artículo 2595 de la misma excerta legal, en la que ordena acatar el mandamiento, la norma comentada especifica: ‘Una vez presente la autoridad o funcionario rebelde, el juez lo conminará para que rinda el informe’ en el acto y de modo verbal. ‘Si se resistiere a ello, el juez competente ordenará su prisión por todo el tiempo que persista en su desacato’.

El artículo 2612 también del mismo cuerpo legal y sobre el tema del Hábeas Corpus, establece los siguiente: ‘Con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes exigidos en este Capítulo’, se imponen multas sucesivas de cincuenta balboas o prisión de cinco a cincuenta días, sin perjuicio de exigir la responsabilidad por desobediencia o desacato. Sin dudas el desacato es útil, aunque de contexto inquisitivo.

 

<> Este artículo se publicó el 21 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/herrera-carlos-augusto/

En busca de una relación familiar ganar-ganar

La opinión de la Honorable Diputada de la República…

Marylín Vallarino

Cada día que pasa nos ofrece muestras de la intolerancia que nos agobia y nos vuelve seres violentos, inclusive en nuestros hogares. La cortesía, la urbanidad y la paciencia son virtudes que en la mayoría de los casos brillan por su ausencia y cuyo déficit se ve reflejado invariablemente en las páginas rojas de los diarios y en los noticieros, traducido en accidentes de tránsito, violencia doméstica, incremento de la criminalidad, infracciones y ¡pare usted de contar!

Es tal este descontrol ciudadano que termina afectando la médula misma de la sociedad que es la familia y que, lamentablemente, en la mayoría de los casos se traduce en separaciones y divorcios para terminar en peleas por la repartición de bienes y la guarda y custodia de los hijos.

Y es que para ponerle la guinda al pastel, un número creciente de abogados (con muy honrosas excepciones) usufructúan del dolor ajeno, convirtiendo situaciones salvables, a través del diálogo y el consenso, en cuadriláteros de boxeo, donde invariablemente las víctimas no terminan siendo las partes en conflicto, sino los más vulnerables que son sus hijos.

Lo irónico del asunto es que estos abogados alegan que es por el “interés superior del menor”; y resulta que se convierte en un mercantilismo que se lleva por delante cualquier asomo de reconciliación o acuerdo entre las partes. Sobre todo, con las estadísticas desalentadoras que reflejan que en Panamá en el año 2009 hubo 5 mil 280 divorcios, sacando la cuenta son 440 mensuales y afinando más el lápiz, son 22 diarios; ¡empiezan las cajas registradoras a sonar!

Pero es que tampoco le brindamos información suficiente, objetiva y actualizada a quienes están atravesando por una situación de crisis por ruptura; por ejemplo, sólo por cultura general usted estimado lector que me regala unos minutos de su tiempo, ¿estaba al tanto de que para solicitar la pensión alimenticia no hace falta abogado alguno, porque el derecho a la alimentación es un derecho humano de subsistencia? Si ya lo sabía lo felicito, porque forma parte del 1% de la población que está enterada de esta prerrogativa.

Esto lo he podido observar personalmente cuando en las consultas públicas sobre el Proyecto de Ley General de Pensión Alimenticia, la mayoría de los asistentes que estuvieron en cada una de las provincias que visitamos para tal fin, no lo sabían e, inclusive, insistían en que debían contratar a un abogado para que solventara los reclamos de dicha pensión.

¿Sabía usted que existen los Centros de Mediación y Conciliación, que dependen del Órgano Judicial donde se le brinda apoyo de manera gratuita a las parejas que están en situación de conflicto? Pues, fíjese que sí los hay, lamentablemente no todos los necesarios para poder frenar un poco esta especie de epidemia de divorcios, pero sí están cumpliendo una función muy importante para mediar y evitar situaciones conflictivas que invariablemente terminan en una separación definitiva, porque resulta que un conflicto que es “bipartito” se torna en “multipartito” y aquí es cuando se forman alianzas en contra de una parte o de la otra, entorpeciendo muchas veces el proceso de diálogo.

No dudo que debe estar usted de acuerdo conmigo cuando me pregunto por qué no existen más Centros de Conciliación y Mediación; cuánto dolor, abandono, remordimientos, maltrato, dinero, tiempo, malos ratos y traumas se ahorraría la sociedad. Definitivamente, deberíamos formar más mediadores en nuestras universidades y no tantos abogados, quienes sin el menor asomo de la ética lo que hacen es echarle más leña al fuego.

La mediación nos enseña que en cada posición enfrentada siempre hay un interés común, sólo que lo visible, esa punta del iceberg que es el comportamiento que reflejamos, disfraza la forma como defendemos lo que nos interesa y nos motiva.

Mahatma Gandhi, en su sabiduría infinita de paz, le replicaba a quien le exigía una actitud más beligerante ante el maltrato continuo de los ingleses: “Ojo por ojo, y todo el mundo acabará ciego”.    La verdadera cultura de paz comienza dentro de nosotros y se nutre con una sana y constante interacción familiar.

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<> Este artículo se publicó el 20  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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La desobediencia

La opinión del Jurista y Docente Universitario en la materia….

 

CARLOS   AUGUSTO   HERRERA   –
cherrera255@hotmail.com

En  la entrega anterior desarrollamos lo concerniente a la figura del desacato en uso desde los tempranos tiempos, sin descontar que se confundía con la calumnia o injuria, debido a que el irrespeto era provocado a la autoridad.   Existe confusión sobre esta figura judicial y coercitiva al supuestamente faltar el respeto al funcionario público en función de policía y que comúnmente conocemos como: IRRESPETO A LA AUTORIDAD,   pero es que debemos agregar DE LA LEY.

Por la destacada legislación panameña apreciamos lo establecido en el artículo 1045 del Código Judicial, al referirse a la condena dentro o al concluir un proceso, por sentencia o auto, con lo que se obliga al culpable a realizar alguna cosa y que en la misma resolución se advierte que se abstenga de hacer lo que se la ha prohibido o queda sujeto a la indemnización por daños y perjuicios, más el desacato a la ley. Esto es perfectamente entendible, puesto que una resolución dictada por una autoridad es ley entre las partes.

Si existe un proceso determinado, en el que se impide al demandado enajenar bienes con los que posiblemente deba pagar lo que se le exige y por lo que decreta de inmediato el embargo para que dichos bienes sean puestos a órdenes del tribunal, para el consiguiente remate y entrega, pero el ejecutado desoye esto que plasma el artículo 1050, entonces el juez pude ordenar el apremio por desacato.   Si ha incurrido en falso testimonio para ocultar los bienes u obstaculizar el proceso, el juzgador desglosa copia del expediente para que el Ministerio Público investigue.   Lo mismo se hace si dichos bienes son traspasados para caer en insolvencia.

Queda, además, el proceso sumario para que se impugnen estas maniobras. Otro asunto es lo preceptuado en el artículo 1069 del nuestro Código Judicial, sobre el agregado económico consecuencia de un litigio en el que se condena al vencido:

‘1. El trabajo invertido por el litigante o por su apoderado en la secuela del proceso;

2. El trabajo en derecho, bien por la parte o por su apoderado, ya sea verbal, ya por escrito;

3. Los gastos que ocasiona la práctica de ciertas diligencias, como honorarios de peritos y secuestros, indemnización a los testigos por el tiempo que pierden y otros semejantes;

4. El valor de los certificados y copias que se aduzcan como pruebas; y

5. Cualquier otro gasto que, a juicio del juez, sea necesario para la secuela del proceso, pero nunca se computarán como costas las condenaciones pecuniarias que se hagan a una parte en virtud de apremio, o por desacato, ni el exceso de gastos que por impericia, negligencia o mala fe, hagan las partes, sus apoderados o defensores’.

La persona vencida en juicio debe cancelar estas obligaciones y el juez tiene la potestad de obligarlos mediante los apremios por desacato que pueden, como ya conocemos, aumentar cada vez que se aplica al vencido contumaz.

Otra norma del mismo código, nominada como 1328, permite al juez de primera instancia y, previo el informe secretarial, la autoridad a cargo impone sanciones conminatorias o desacato al demandado en proceso de alimentos ‘hasta por el término de treinta días de arresto, mientras dure la renuencia en los siguientes casos:

a. Cuando no consigne la cuota alimenticia en la fecha y condiciones decretadas;

b. Cuando proceda de mala fe a eludir el pago de las cuotas alimenticias. Se presume la mala fe cuando renuncie o abandone un trabajo para así eludir su obligación o cuando su conducta ponga de manifiesto que tiene medios para hábitos desordenados, pero no para cumplir con el pago de las cuotas alimenticias;

y Cuando el demandado traspasare sus bienes, después de que haya sido condenado a prestar alimentos, si con ese traspaso elude su obligación’.

Tenemos sanciones por desacato en función del artículo 1329 al empleador o jefe que no informe al juez en cinco días sobre el salario devengado por el servidor público o trabajador, o suministrare datos  falsos al respecto o no cumpla con el descuento, por este solo hecho será sancionado con cinco días de arresto, mientras dure la renuencia y sin perjuicio de quedar obligado a pagar la pensión no retenida por él.

Como el lector puede apreciar, este asunto es serio, porque ahora se extiende a terceros.   Otra cuestión es la deuda galopante que se crea si se detiene a una persona por treinta o más días, ¿cómo puede ésta trabajar para conseguir el dinero con el que debe enfrentar la obligación impuesta? Es el secretario del despacho el encargado de levantar el expediente con los cargos que justifiquen la sanción, pero es el juez quien dicta la resolución respectiva, de acuerdo con el artículo 1330 de nuestro Código de Procedimientos.

 

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<> Este artículo se publicó el 14 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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En desacato

La opinión del Abogado y Docente Universitario en Derecho Procesal Penal….

CARLOS  AUGUSTO  HERRERA
cherrera255@hotmail.com

En  la entrega anterior conversamos sobre el desacato, una figura que definimos de acuerdo a la información abordada, como una desobediencia a la autoridad.   Como notamos, tiene una estructura como un acto de irrespeto que provoca el particular al funcionario investido de autoridad y que se extiende a todas las decisiones que tome ante determinada cuestión y que se incumpla por la persona contra la cual se dispone.

En esta interesante monserga jurídica quedamos anteriormente en los comentarios sobre el artículo 1936 de nuestro Código Judicial, el cual establece la acción a través de la querella para reclamar el incumplimiento de una obligación con el agregado de la prueba sumaria, con especial atención si el asunto es sobre reclamo del pago de alimentos.   Se dice que este despacho debe tener preferencia sobre cualquier otro asunto.   Y se entiende por la vital necesitad de los dependientes lo que debe extenderse hasta los que nada tienen. Todos estamos de acuerdo con la sagrada obligación que los padres deben dispensarle a los hijos y del común abandono que existe de algunos apáticos padres cuya actuación frente a sus hijos demuestra una advertida indolencia.

El juzgador debe operar con la sanción por esta insubordinación, apenas haya expirado el término para recurrir de parte del incumplido interesado, en consideración al tiempo oportuno para actuar en función del artículo 1937, en secuencia de la misma excerta legal que comentamos. Esta elaboración no pareciera inteligible si ya está planteado el proceso y la fijación de la pensión que el juzgador puede establecer la retribución provisional mientras se resulte la compensación definitiva, sin excluir las subvenciones prenatales.

 

Lo que ocurre es que si al obligado subsidiar se atrasa, se dicta la resolución que no se notifica personalmente, pero que el irresponsable dentro del término de su ejecutoria, puede solicitar reconsideración, lo que significa que lo resolverá la misma autoridad, de modo que los argumentos deben ser convincentes para que varíe lo dispuesto.

Esta resolución sobre el desacato es apelable en el efecto devolutivo, lo que significa, que se cumple con la obligación mientras el superior no varíe lo dispuesto, de acuerdo con el artículo 1938 de nuestro Código de Procedimiento.

Por supuesto que tratamos dos temas álgidos, la reclamación por los alimentos y el desacato ante el incumplimiento. Estos problemas duran mientras el menor sea mayor de edad y toda la vida en los casos de incapaces,   Aquí hay una constante lucha de altibajos o disconformidades dentro de procesos con prelación a la jurisdicción de familia, pero en algunos casos se manejan a prevención ante las autoridades administrativas.   Aquí no hay sentencia, más bien, se decide con autos que no transcurren a la calidad de firmes, lo que significa que siempre se pueden volver a analizar para aumentar o disminuir la cuantía y la permisión de tener al menor en las visitas al padre o madre en su condición de remisos.

Por ello las constantes audiencias obligan al juez a mantener la inmediación, a estar presente entre las partes como lo notamos en el artículo 493 del Código Judicial, en donde subyace la amenaza con desacato a toda persona que deje de asistir a una audiencia, si el juzgador los cita debidamente para buscar la concentración, validez o simplificación de los actos procesales o para aclarar asuntos controvertidos.

Hay desobediencia a la ley por parte de los abogados que ejerzan en cargos como funcionarios públicos y que sin el permiso de la ley, gestionen privadamente por medio de interpuesta persona, así como lo anuncia el artículo 621 de nuestro Código Judicial.

Con los testigos citados por primera vez que no se presenten a declarar o se ausenten sin justificación de su residencia a la hora y fecha señalada, los sancionan por desacato reiteradamente con multa de veinte balboas (B/.20.00) a cincuenta balboas (B/.50.00).   Todo esto bajo un proceso oral y sumarísimo que, según el artículo 932 de nuestro Código Judicial, se desarrolla de la siguiente manera; al citado lo notifican personalmente, le presentan los cargos de manera oral o escrita y le practican las pruebas con las que cuentan en el expediente y permite una vez enterado del asunto que el demandado haga los descargos de ley, entonces contará con dos días adicionales para emitir la resolución y sino lo hace es prueba de que le dio la razón al recurrente.

Esta resolución, que sanciona por desacato, se notifica por edicto y si se apela lo decidido se admite el recurso en el efecto suspensivo lo que paraliza lo dispuesto. Esta sustentación se hace ante el juez de primera instancia, y el superior debe resolver en dos días el recurso, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 22 de 29 de junio de 2005.

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<> Este artículo se publicó el 7 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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En el Día del Padre

La opinión de….

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Rolando Caballero Navarrete

Hace ya algunos años se publicó un artículo escrito por este servidor, para esta misma celebración (La Prensa 19/6/2005) hoy, con un poco más de experiencia en las lides de ser padre, me atrevo a hacer lo que pudiese ser la segunda parte.

Tal como hace cinco años, nos encontramos inmersos en discusiones de tipo político, sindical, gremial y con amenazas de huelgas y paros en todos los sectores, situaciones como estas pareciera que, cíclicamente, empañan lo que debería ser la celebración del Día del Padre.

La costumbre de celebrar este día el tercer domingo de junio, siempre le ha quitado vistosidad, puesto que para muchos pudiese pasar como un domingo más, a diferencia del Día de la Madre que al tener una fecha exacta en el calendario marca una diferencia notable en cuanto a su celebración.

Nuevamente sale al tapete por esta fecha el problema de las pensiones alimenticias, en ello y en la responsabilidad de esos padres es que quiero centrar mi atención, porque no encuentro posible que un papá piense que es casi un castigo tener que pagar por los gastos de sus hijos; muchas veces no tienen ni idea de lo que cuesta la educación, el vestido, la vivienda y la alimentación de los hijos que procrearon, consciente o inconscientemente.

La verdad es que la cercanía que uno pueda tener con sus hijos le garantiza, no solo el ser un buen padre, sino ser un mejor hijo. Si uno no comprende o no quiere comprender las necesidades de quienes nos necesitan, nunca podremos mejorar como personas dentro de una sociedad.

No importa cuántas leyes se hagan o cuántas veces nos envíen detenidos por no pagar las benditas pensiones, con ellas solo ayudamos a palear una de las muchas necesidades de los hijos. La necesidad de afecto, comprensión y apoyo no la da el cheque que le quitan o el regalo que le mandas en la Navidad, hace falta el contacto con la realidad que vive el niño, niña o adolescente. Queremos que el Estado los eduque, pero no comprendemos que quienes deben educarlos somos nosotros, el Estado solo instruye.

Podemos hablar de miles de métodos para el cobro de las pensiones, inclusive convertirlo en un crédito a favor de quien debe recibir la pensión y pasarlo a la APC,  pero eso no mejorará el sistema. Quienes no quieran o no puedan pagar el monto establecido encontrarán la forma de desvincularse, por ello hay que crear sistemas que conciencien a los padres o madres que deban cubrir una pensión alimenticia a que es un derecho del menor, y no como muchos dicen: “es que toda mi plata se va en la pensión”.

Así termino, pidiéndoles que sean conscientes con las necesidades de sus hijos y que pasen “feliz Día del Padre”.

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Este artículo se publico el 20 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ese chiquillo…

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La opinión del Periodista – Administrador….
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Avelino Sánchez G.

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De esta manera se expresaba un padre de su hijo, al ser cuestionado por el pago de la pensión alimenticia, situación que dejó mucho que decir del personaje en cuestión.

Se puede definir pensión alimenticia como aquel derecho de todo menor para poder subsistir.

Según datos estadísticos se estima que en el año 2006 se manejaron 36,419 peticiones de alimentos; en el año 2007 se tramitaron, 37,794 casos; en el 2008 fueron 33,931 solicitudes; y en lo que va del año en curso constan, 24,351 peticiones en trámite.

La Constitución Nacional, en sus artículos 56 y 59 señala, respectivamente, que en cuanto a la familia, matrimonio y la maternidad, el Estado protegerá y garantizará la salud física, mental y moral, la alimentación, la educación, la seguridad y previsión social; por su parte los padres están obligados a alimentar, educar y proteger a sus hijos a fin de procurar una buena crianza y un adecuado desarrollo físico y espiritual.

La Convención de los Derechos del Niño en el artículo 27, sostiene que los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a vivir una vida digna y moral; y a los padres le competen esa responsabilidad.

Salta a la vista que la Constitución Nacional, como la Convención de los Derechos del Niño, son claras al definir que los padres tienen la obligación alimentaria para con sus hijos, por consiguiente, ninguna otra obligación lo releva de esta responsabilidad.

El Código Familia, ente que regula todo lo relacionado a la familia, señala en el artículo 319 que la patria potestad con los hijos o hijas comprende los deberes y facultades de velar por su vida, salud, departir de su compañía, suplir sus necesidades afectivas, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral; corregirlos razonable y moderadamente; y representarlos y administrar sus bienes.

También, en el artículo 377 dispone que corresponde a las posibilidades económicas del obligado a darla y esta comprende suministro de sustancias nutritivas o comestibles, atención médica y medicamentos; necesidades de vestido y habitación; y la obligación de proveer los recursos para una instrucción elemental o superior o el aprendizaje de un arte u oficio, aun después de la mayoría de edad hasta un máximo de veinticinco (25) años, siempre en provecho en cuanto a buen rendimiento académico.

El artículo 381, advierte que la cuantía de los alimentos no puede ser mayor o menor al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe.

En caso de desacato o evasión los artículos 807 y 811, manifiestan que para el cumplimiento de la prestación de alimentos, el juzgador puede ordenar el descuento directo del salario del obligado; secuestro de bienes; e impedir la salida del país al obligado”; y por desacato se sancionará al obligado hasta con treinta (30) días de arresto.

Se debe concluir, que la pensión alimenticia es una obligación de quien tiene que darla y el hecho que se tengan otras obligaciones no lo exime de ella; y para su cumplimiento hay medios coercitivos para hacer cumplir este derecho que garantiza la Constitucional Nacional.

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Publicado  el  16 de diciembre  de  2009 en  el  diario  El  Panamá  América, a   quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que le corresponde.