La pena como medio de intimidación delictual

La opinión del Abogado….

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Ramiro Guerra Morales

Tengo para mi como verdad, que el endurecimiento del castigo penal, como mecanismo de intimidación y persuasión, para enfrentar la actividad criminal, no ha producido, en termino estadísticos, resultado positivos.

Estrategias similares se han ensayado en otros países latinoamericanos y sus realidades vienen dando cuenta de un agravamiento de su situación criminosa.

La situación, que denominamos de peligro, ha llegado al extremo, que podemos a manera de hipótesis de trabajo, concluir, que no basta la fuerza legitimada de la violencia estatal, para enfrentar este fenómeno, lo que revela que estamos frente a un enemigo, que administra organización y capacidad de fuego, al punto que un mandatario de la región, verbigracia México, admitió que la opción militar, como medio de lucha contra las organizaciones del crimen, había fracasado.

En nuestro país, en los tres últimos lustros, el discurso de la mano dura, ha sido la tónica,    sin embargo este perverso flagelo de la actividad criminal, no hay manera de revertirlo, pese a los grandes esfuerzos de la fuerza pública.

Somos un país, que dada su condición geográfica, expone muchas debilidades, por ejemplo, nuestro territorio costeño, revela una longitud tal, que demanda recursos de toda naturaleza para poder darle seguimiento y control; niveles de pobreza e informalidad, que dada sus carencias y en un medio de crisis de valores, gravita sobre ellos, la tentación y el riego de eventuales articulación al mundo de la criminalidad.

Los factores que exhiben la acción criminal, no se reducen al individuo delincuente y es por ello que no nos cansaremos de repetir, que toda estrategia en esta materia, reviste de un enfoque multilateral e integral. La actual jefatura de la policía, lo instituye cuando procura redes de intermediación comunitarias y religiosas.

Sin embargo, se trata de un enfoque que se queda corto, en tanto que no tiene un marco de referencia, dada la ausencia de una política criminológica de estado. Las instituciones y la sociedad civil, requieren de ese marco referencial, democráticamente trabajado con la participación de todos.

En la medida de que los administradores del poder público, no lo entiendan, seguiremos hablando y escribiendo de manos duras, de penas perpetuas y penas de muerte, para cerciorarnos , lo que ya otros países han experimentado, en el sentido de que la misma no tiene el efecto intimidatorio para inhibir la acción delictiva.

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Este artículo  fue publicado el 24 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Pena de muerte, en suspenso. Los homicidas deciden

La opinión del Empresario….

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JUAN R. MORALES

Así como lo titulo, que sea el homicida quien decida vivir o morir.   ¿Cómo hacerlo?   Desde luego se impone la reforma constitucional para que así sea permisible la pena de muerte en Panamá, con la limitante de que sea el homicida el que decida vivir o morir, como hacen con la vida ajena.   ¿Cuál sería esa limitante?, pena de muerte en suspenso, al ser condenado el homicida sería advertido de que si durante su condena se fuga, decretaría así su muerte, por tanto, se hace acreedor por decisión propia a su ejecución.

La condición expuesta haría posible en los penales la eliminación de tantos controles. Me refiero a que los homicidas tendrían casi abiertos los penales. Veríamos así quién se fuga. Cuando el reo vea que las puertas están abiertas estará consciente de que, por autoridad de la Ley, al ser recapturado sería ejecutado al tenor de la nueva norma constitucional mediando su voluntad propia. Una sola ejecución bastaría. Y no habría más fugas. Estoy seguro.

Por otra parte, se establecerían granjas para el cultivo de sus alimentos dejando de ser una carga total.

En escrito anterior expresé: los delincuentes salvables deben ser salvados y los no salvables aislados. Soy partidario de la resocialización, porque debemos estar conscientes de las deficiencias de nuestro sistema económico-social. En aquel escrito expresé que debía estar en manos del INADHE la capacitación de los delincuentes salvables. En días pasados observé a reclusos realizando actividades técnicas en los colegios, tal hecho causó alegría. Desde luego, esta actividad fue realizada por técnicos, en mi escrito anterior me refería a muchos reclusos sin conocimientos.

Las instituciones públicas, dije antes, tienen instalaciones que requieren reparaciones continuas: Plomeros, albañiles, electricistas, carpinteros, pintores, soldadores, mecánicos, chapisteros, etc. Labores estas para los reclusos ya capacitados.

Expuse que las instituciones públicas pagan por estos servicios y que estos montos podrían ir al nuevo sistema con las instalaciones especializadas y que dichas sumas serían repartidas así: El 40% para financiar los programas, 25% para la construcción de galeras con cubículos que al momento de salir los reclusos resocializados usarían como centros de labores, el 25% para recibir apoyo económico mientras su actividad produzca, el 10% restante para publicitar a los nuevos técnico-profesionales y que la comunidad sepa dónde contactarlos.

Estas cifras después de haber madurado el programa, hice dos ajustes así: Los dos porcentajes de 25% serían reducidos a 20% cada uno, surgiendo un nuevo renglón destinado a que los niños de padres recluidos perciban un ingreso durante la pena del recluso. En esta forma estaríamos dando respuesta socioeconómica a todas las partes.

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Artículo publicado el 22 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Una sed de linchamiento

La opinión de…….

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Betty Brannan Jaén

CONTADORA, R.P. –Nadie cree más fervientemente en la democracia que yo, pero hay algunas cosas que no se pueden decidir por voto mayoritario. Si así de simple fueran las cosas, no necesitaríamos ni Constitución ni leyes para proteger contra esa mentalidad de turba que poco valora los derechos humanos, el debido proceso, y los derechos de las minorías. Por el contrario, reconocer el peligro de la mentalidad de turba y establecer leyes que la frenen es uno de los atributos de las democracias avanzadas, además de ser un indicio de altura filosófica y moral.

Pero cada vez que pienso que Panamá podría estar acercándose a ese nivel de altura, algún hecho deprimente me devuelve dolorosamente a la realidad.

Esta semana, el hecho deprimente fue el resurgimiento de un esfuerzo por aprobar la pena de muerte en Panamá. Me opongo a eso no por razones filosóficas o religiosas sino por razones jurídicas y prácticas. La simple realidad es que no podemos tener pena capital en un país donde no hay justicia.

No podemos entregar el poder de matar a sus ciudadanos a un gobierno que todos sabemos tendrá que avanzar mucho, mucho, mucho antes de superar la corrupción, la estupidez y la bajeza política.

No podemos ni hablar de ejecutar presos hasta tener una Corte Suprema que no nos repugne. Una pregunta: Si el preso fuera hijo suyo, ¿a cuál de esos flamantes magistrados entregaría usted el poder de vida o muerte?

Peor aún, tengo buenas razones para pensar que el porcentaje de panameños que quiere instalar una pena de muerte (59%, según he visto) es igualado o superado por el porcentaje de panameños que admite que Panamá no tiene justicia.

En 2004, por ejemplo, cuando también se propuso la pena de muerte en Panamá, las encuestas señalaban que 80% de los panameños respaldaba la “mano dura” e igual porcentaje reconocía que en Panamá “no hay justicia”. ¿Qué nos dice eso, en 2004 y ahora?

Que una sed de linchamiento se ha apoderado del país, porque la turba sabe –pero no le importa– que nuestro sistema de justicia es incapaz de distinguir entre culpables e inocentes. (Ver columna del primero de agosto de 2004).

Se nos dice que esta sed de linchamiento se debe a la frustración ciudadana frente a la creciente criminalidad, pero esa frustración no es excusa para tirar toda aspiración de justicia a la basura y rebajarse a la irracionalidad primitiva.

Lo racional –como sociedad– sería exigir punto final a la impunidad a todos los niveles, trabajar juntos hacia un país menos desigual, y construir un sistema de justicia que de verdad funcione en vez de la maraña medieval y corrupta de conceptos obsoletos y procedimientos absurdos que tenemos ahora.

Todos los años, el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado señala que en las cárceles panameñas, entre 58% y 65% de los presos no han recibido juicio.   Entonces, si ni siquiera podemos enjuiciar a los presos que tenemos en calabozos infernales, ¿cómo vamos a ejecutarlos?   ¿Por linchamiento, como en las viejas películas de vaqueros?

Si es así, les ruego recordar que en esas películas viejas, muy frecuentemente el tipo que la turba quería linchar era un pobre diablo que parecía culpable a primera vista pero era inocente en verdad. Si aun en países con sistemas de justicia más avanzados que el nuestro –Estados Unidos, por ejemplo– las pruebas de ADN han comprobado un índice escalofriante de personas condenadas erróneamente, el argumento más poderoso en contra de la pena capital es el potencial de error irreparable.

Tengo entendido que la Presidencia, felizmente, ha rectificado la idea de someter la pena capital a referéndum popular, para proceder con el tema en base a un proceso de consulta. Pero digan lo que digan las encuestas, los panameños pensantes deben darle un rotundo no a la propuesta. Linchamientos no son la solución.

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Artículo publicado el 21 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Pena de Muerte y Religión

La opinión del Biólogo y especialista en género y desarrollo….

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Ricardo Mejía Miller

El 22 de febrero pasado, un diario de la localidad reportaba que en la procesión del Cristo de Atalaya, la multitud de peregrinos se estimaba “en más de 150 mil personas”.  El personaje central de la fe cristiana es Jesús y fue un hombre, que según la historia, se caracterizó por su inmensa compasión por la humanidad y sus acciones en bien de todos y todas, sin distingos de ninguna clase.

Este hombre, el guía de los cristianos, murió producto de la pena de muerte que se implantaba en esa época. La pena le fue impuesta a través de una forma plebiscitaria cuando el pueblo fue consultado para decidir entre Jesús y Barrabás. Este evento nos dice que no siempre “el pueblo” acierta en sus decisiones.

Por otro lado, el mismo Jesús, el guía de los cristianos actuales, evitó la aplicación de la pena de muerte a una mujer adúltera, quien, según las leyes levíticas, debería morir apedreada al haber sido encontrada “in fraganti” en el acto mismo del adulterio.

El cristianismo, como religión, se caracteriza por su defensa al derecho a la vida. Aunque no soy cristiano, con todo respeto, quisiera recordarles algunas aseveraciones de sus propias creencias.

La opción por la vida del ser humano, a pesar de que llegue a delinquir gravemente, se manifiesta cuando Dios, según la Biblia, a través del profeta Ezequiel, manifiesta “¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? (Ez, 18,23). Tal como decía, no soy cristiano; soy budista; y para nosotros/as también lo más importante es atesorar la dignidad de la vida.

La pena de muerte se usa como advertencia o como represalia/venganza por una acción. Pero una represalia, siempre conduce a otra. Las “manos duras” traen “pechos duros”; los corazones de los delincuentes sólo se insensibilizan aún más. Los datos en Panamá, no nos dejan mentir.

El filósofo budista Daisaku Ikeda nos dice que “la dignidad de la vida es un fin en sí mismo; por lo tanto, cuando es necesario aplicar un freno social, seguramente es mejor acudir a un procedimiento que no menoscabe la vida”.

Yo imagino que los 150 mil peregrinos de Atalaya, no se cuentan entre los que piden a gritos la pena de muerte.  Mi pregunta es, cómo es posible qué varios católicos y cristianos contradigan con sus opiniones, las acciones y pensamiento de Jesús; y por otro lado, los practicantes budistas sí podamos seguir fielmente a nuestros maestros.   Algo está pasando con la religión en Panamá.

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Este artículo  fue publicado el 20 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la imposibilidad de restablecer la pena de muerte en Panamá

La opinión del Activista de Derechos Humanos….

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VÍCTOR ATENCIO G.

Quiero dejar en claro algunas cosas. Entre ellas que no me sorprenden las declaraciones del diputado Marcos González respecto a restablecer la pena de muerte en Panamá, hasta el punto de que podríamos afirmar que este señor sería toda una prueba para el pensador griego Heráclito, quien afirmaba que uno no se baña dos veces en el mismo río.

Esto parece ser falso en el caso del diputado González, porque no es la primera vez que se pronuncia en favor de esta medida que podría vulnerar el ordenamiento jurídico, concretamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado panameño.

Ya en el año 2001, el entonces legislador, hoy diputado, promovió una propuesta en ese sentido.

Y ese mismo año se presentó una nota a la Asamblea Nacional en donde se les recordó que Panamá ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entra a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No. 18.468 de 30 de noviembre de 1977, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, que entró a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley No 13 de 8 de junio de 1991, que es publicada en la Gaceta Oficial No. 21.816 de 26 de junio de 1991.

En efecto el numeral 3 del artículo 4 de la Convención Americana dispone que no “ se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido ”. Y ese es precisamente el caso de Panamá, pues, la pena capital es erradicada de nuestra legislación desde 1918.

Todo esto debe recordarlo el hoy diputado Marcos González, si es que leyó la misiva llevada a la Asamblea en aquel entonces.

Otra reflexión podría hacerse respecto de cómo en las democracias liberales existen límites a las decisiones que se pueden tomar en democracia.

Uno de esos límites son los derechos humanos.

Si no puede recordarse cómo democráticamente durante los años 30”s y 40”s la Alemania Nazi tomó democráticas medidas de “ solución final ” en contra del pueblo judío, lo que llevó a uno de los más cruentos genocidios de la Historia.

Así las cosas, recomendamos no contaminar la importante discusión respecto de las consultas ciudadanas con propuestas que podrían ir en contravía de los compromisos internacionales que debe honrar el Estado panameño.

No empañemos el valor que pueden tener en nuestra democracia las consultas ciudadanas con estas poco felices intentonas.

Ojalá así sea.

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Artículo publicado el 16 de marzo de 2010 en el Diario la Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Pena de muerte en Panamá

La opinión del Escritor y Analista Político…..

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Rafael Montes Gómez

Hay una pregunta en una encuesta en Facebook sobre si estás de acuerdo o no con el establecimiento de la pena de muerte para los homicidios de características brutales. El panameño está cabreado… la pena de muerte va ganando por 81%.

Comentarios van y vienen. Desde aquellos que están a favor diciendo incluso el método con que deben ser sentenciados los culpables, hasta otros que dan ejemplos como que el problema de la delincuencia se solucionó en China y Japón con la pena de muerte que ya lleva varios funcionarios a su haber.

Clásico ejemplo es el del chinito Zheng, funcionario de Farmacias y Drogas, que permitió la salida del dietilenglicol que mató a cientos de panameños y dejó medio muertos a otros cientos, fue ejecutado de inmediato.

Muchos hasta sin conocerlos desearon condolencias a la familia Carrizo-Jiménez que está pasando por este terrible sufrimiento. Otros más creyentes expresaron “tenemos la esperanza en Cristo Jesús en la resurrección de los muertos. Daniel… Jamás será olvidado por sus seres queridos. Ahora es tiempo de llorar”. Otros no menos cristianos expresaron: “¡Que sus asesinos paguen aquí en la tierra primero en el averno de La Joya y a futuro que ardan en las pailas del infierno!”.

Lo cierto es que no faltará en nuestro país, quién alegue el cristianismo per sé, como razón para oponerse a la pena de muerte como método de control social para crímenes extremadamente violentos. No obstante Daniel y su familia son cristianos consagrados, y la mayoría de la gente piensa que no se merecía una muerte tan vil y cobarde.

No basta con que las autoridades se compunjan, se muestren con sinceridad sensibles y hasta derramen lágrimas. Siempre existe la tentación que pasado el nivel de exposición mediática hasta que llega el próximo ciudadano panameño decente asesinado,  no pase absolutamente nada por poner en cintura a toda esta gente enferma, inhumana y que definitivamente no va a cambiar.

Hermanos: tú puedes ser muy cristiano, pero la realidad es que estos señores delincuentes son cada vez más osados y sádicos, no hay necesidad de matar con saña y a mansalva si ya despojaron al inocente de sus bienes materiales.

El problema de No Hacer Nada, señores de defensores de los derechos de los delincuentes, es que este tipo de delincuente cada día se vuelve más maldito, desconoce cualquier autoridad y la paciencia de la ciudadanía tiene un límite…

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Este artículo  fue publicado el 16 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Qué pena la muerte

La opinión de….

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ERNESTO A. HOLDER

El ser humano, dentro de sus ambigüedades y contradicciones ha sido capaz de ver la muerte como un castigo y al mismo tiempo como una bendición. Cuando un ser muy querido, por ejemplo, ha sufrido largos periodos a causa de una terrible enfermedad, o como consecuencia de su andar por la vida y por el tiempo, al morir, generalmente sus seres queridos expresan alivio por el cese del sufrimiento: “Ya se fue a descansar”, señalamos. En cambio, hay quienes enarbolan la muerte como un castigo para aquellos que delinquen violentamente. Pretenden que sea un recurso coercitivo social y legal. Saldar una deuda con la sociedad.

Se intensifica un movimiento en Panamá para que la sociedad acepte como solución a los problemas de violencia y degradación social que vivimos, que se eleve la pena máxima a cincuenta años y que se instaure la pena de muerte. Temo que la discusión la lideran, ante todos, políticos que ven afectada su credibilidad ante la sociedad, frente al hecho de que en las últimas dos gestiones de gobierno, todos las propuestas presentadas y ejecutadas para atender este tema que nos mantiene inseguros a todos no han podido frenar la situación.

Qué pena la infortunada muerte del joven Carrizo en Hato Pintado y me duele profundamente por varias razones: Tengo hijos y sobrinos de su misma edad y sencillamente “ porque estoy ligado a la Humanidad ” como diría John Donne. Pero no creo en la pena de muerte, porque no creo que castigar al hombre o al delincuente con la pena capital, resolverá los problemas estructurales que afectan a nuestra sociedad.

Cuidado con interpretar mis argumentos como flexible ante la delincuencia y la criminalidad. Al igual que todos veo violencia en el individuo que te pone un arma de fuego en la cabeza a ti o uno de tus seres queridos para robar o aterrorizar. Ante hechos como este, creo firmemente que el Estado debe estar debidamente preparado para capturar a los delincuentes. Que se procese, juzgue y condene al que haya cometido un delito. Que no se aprovechen de los evasivas legales para salir a la calle nuevamente y que las autoridades hagan cumplir la Ley.

Pero de igual manera veo como una seria amenaza a la sociedad a los individuos (políticos, comerciantes, empresarios, etc.) que, mediante subterfugios de toda clase, se hacen de millones y millones de dólares para su beneficio personal; dinero que debiera ingresar a las arcas del Estado. Cuando un niño muere en nuestro país por la falta de un medicamento o porque no existen las condiciones adecuadas para darle la atención primaria, para mi eso es un atentado contra la sociedad. Cuando un equipo médico no se puede reparar, pero existen millones de dólares que el Estado gasta en campañas electoreras y que se pierde en el bolsillo de políticos e interesados, eso es un atentado. La afectación a la vida de uno o varios ciudadanos, con un arma de fuego o quedándose con cientos de dólares es un atentado violento. Un niño con hambre en este país es un atentando. ¿Qué hacemos? ¿Condenamos a muerte a todos los responsables? Creo en la resocialización que no ha podido explicar claramente los sectores que lo impulsan. Pero nuestro país carece de estructuras definidas que cumpla con un programa de tratamiento: educativo, laboral, familiar, espiritual, atención psicosocial, etc., que actualmente forman parte de nuestras leyes, para reintegrar un individuo productivo a la sociedad. Si nos consideramos a un paso del primer mundo, la resocialización es una causa y un reto superior que todo individuo, toda sociedad, debe empuñar.

Para combatir la violencia se debe comenzar con las realidades del marco social: Debemos considerar la revisión del papel que ejercen todas las actividades que influyen en el crecimiento y desarrollo de los ciudadanos. Revisemos el proceso educativo, las ofertas de entretenimiento y distracción. La inversión en cultura con contenidos educativos y que involucren a los jóvenes en la creación y evaluación estética de las expresiones artísticas. Revisemos el papel de los medios. Instauremos programas para las víctimas de la delincuencia.

La muerte es una sola, para buenos y para malos. Dejamos de existir en este tiempo y en este espacio. Qué pena la muerte cuando una sociedad la ve como imperiosa solución para resolver los problemas que esa misma sociedad ha creado.

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Artículo publicado el 15 de marzo de 2010 en el Diario la Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sabiduría e injusticia

La opinión del Abogado y Comentarista

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Guillermo Márquez B.

Nuestro Código Penal, en muchos aspectos revela una gran sabiduría, pero, en otros, una gran injusticia.   Se impone una serena y sabia revisión del mismo. Eso también se requiere con algunas leyes y con nuestra propia Constitución Nacional de lo cual trataremos en otra ocasión.

Los días multa, por ejemplo, conforme están establecidos, constituyen, en casos graves de delito culposo, un irrespeto a los deudos de cualquier muerte por atropello y una burla a la justicia.   Eso no se justifica y debiera aplicarse tan sólo para simples infracciones.

No nos cansamos de señalar el caso de un conductor de auto que manejando a alta velocidad y bajo el influjo del licor, atropelló a un peatón y en vez de auxiliarlo se dio a la fuga. La víctima falleció. Capturado luego el victimario y procesado, el juez del caso lo condenó a seis meses de prisión. Y en la misma sentencia que dictó, le conmutó la pena mediante una multa de doscientos balboas.

Desventuradamente, en este tipo de delitos, los sindicados, una vez detenidos, tienen la posibilidad de lograr su libertad provisional mediante la consignación de una fianza; ese beneficio debe ser negado a todo aquel que atropelle a alguien, muera o no la víctima, si el conductor manejaba a alta velocidad, o bajo la influencia del licor o si se dio a la fuga.

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Publicado el 25 de febrero de 2010 en el Diario el Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Control judicial de la sanción penal

La opinión de….

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Hipólito Gill Suazo

La incorporación de la figura del juez de cumplimiento es una de las innovaciones de la legislación penal de 2008. No obstante, los jueces de ejecución, de aplicación de la pena o, como se denomina entre nosotros desde la Ley 40 de 1999, jueces de cumplimiento –legislación que regula la materia penal de adolescente– no es una institución nueva, pues desde hace mucho tiempo esta figura había sido adoptada en la legislación italiana con la denominación de jueces de vigilancia, y en la francesa, donde originalmente se conoció como jueces de ejecución y, más recientemente, como tribunales de aplicación de las penas.

En su momento, Luis Jiménez de Asúa puso de manifiesto la necesidad de crear, en materia penal, tribunales de ejecución de las sanciones, al considerar que los jueces de ejecución tenían una función distinta al juez de la sentencia, ya que al juez de la sanción le correspondía deliberar sobre el alcance o efectos que en una persona debía producir una determinada sanción penal.

Señalaba así que la mencionada actividad requería del juez una regia formación jurídica, además de un conocimiento especializado en diversas materias, como criminología, pedagogía, psicología, psicopatología, sociología y trabajo social, entre otras.

Este conocimiento especializado va a permitir que el juez de cumplimiento pueda determinar –aunque sea en grandes rasgos– un pronóstico de comportamiento en lo que a la sanción se refiere y así programar un tratamiento adecuado a la personalidad del condenado.

Es una institución que pretende que el proceso de adecuación de la pena sea más cónsono con el hecho y su autor, y pueda desdramatizarse muchos de los efectos perniciosos que ocasionan las sanciones penales –sobre todo las penas privativas de libertad– y que pueda recobrarse, aunque sea en parte, la efectividad del sistema penal, recargado muchas veces de mecanismos expiatorios que no logran el objetivo “supuestamente” perseguido por las sanciones penales.

La ley penal sustantiva le ha reconocido facultades al juez de cumplimiento, pero esta figura no ha sido desarrollada en la actualidad, pues recordemos que el artículo 19 de la Ley 27 de 2008 dispuso que los jueces de la causa o de la sentencia ejercerán la función de jueces de cumplimiento hasta la entrada en vigencia del código procesal penal, por lo que además de las funciones que tienen asignadas los jueces penales, quienes como es sabido deben resolver sobre la existencia del delito y la responsabilidad de los imputados, les corresponde también vigilar la ejecución de la pena impuesta.

El punto sería determinar si estos jueces pueden en la actualidad adelantar con éxito esta doble función: individualizar y vigilar la ejecución o el cumplimiento de la pena.

Los jueces de la sentencia han adquirido por mandato de esta ley la función de jueces de cumplimiento, por lo que deben imponer y vigilar la ejecución de la sanción de conformidad con la naturaleza de la nueva atribución, lo que implica además una suerte de garantía a favor del condenado, pues el juez debe vigilar que el cumplimiento se dé conforme con lo que disponga la Constitución, la ley y los convenios internacionales en materia de ejecución de la pena.

La materia relativa a la ejecución de las sanciones penales es, a nuestro entender, un asunto de la justicia ordinaria, es decir, de los jueces penales –sean de sentencia o de cumplimiento– a pesar de que ha habido intentos por otorgar esta función o “competencia” a las autoridades del sistema penitenciario.

Estamos a favor de la tesis de que la ejecución de la pena quede siempre bajo el control de una autoridad judicial, sin perjuicio de que se escuche la opinión especializada de la comisión correspondiente del sistema penitenciario.

La competencia está debidamente delimitada en el artículo 19 de la mencionada Ley 27 de 2008, que al hacer alusión al juez de la causa y a la Dirección del Sistema Penitenciario señala: “según corresponda al ámbito de sus competencias legales”, lo contrario implicaría otorgar funciones a autoridades que la misma ley no registra y que, cuando lo ha hecho en el pasado, ha procedido de manera inconsecuente con los principios que regulan la ejecución de las penas.

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Püblicado el 6 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La potestad judicial y la criminalidad

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La opinión del Ingeniero y Director Ejecutivo de la Confraternidad Carcelaria de Panamá…..

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Giovanni Niedda Alvarado

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Debo expresarles que en nuestro país el uso excesivo de la prisión preventiva, y más ahora con el aumento de las penas, la sociedad va a ejercer una presión más amplia sobre el sistema penitenciario.

Alrededor de 10,234 personas constituye la población penal hasta la fecha de octubre de 2009. La preocupación recurrente de algunos estratos sociales y estamentos de gobierno, se ha traducido en periódicos intentos de disminuir el volumen de la población penal, entre estos los más cómodos han sido dar libertad condicional en esta época del año(Oct./Nov./Dic.). Se estima que el promedio del año está en los 11,100 internos.

Lamentablemente, no se ha logrado dar una respuesta que aborde integralmente los problemas de las cárceles. Un poder judicial lento y una carencia sistemática de infraestructura penitenciaria, ha llevado a que la población de la cárcel, además de estar hacinada, sea pobre, analfabeta, violenta y reincidente.

Quizás la manifestación más interesante de esta línea a realizar, sea los alentadores esfuerzos por abordar la rehabilitación del hombre por dentro, como diría un gran humanista: “Matar al criminal y salvar al hombre”.

Según las estadísticas, en el año 2004, la relación entre ciudadanos sindicados y detenidos fue de 1 a 3 y hoy en día sigue en aumento, lo que nos permite deducir que entre más bajo es el nivel de detenidos, así mismo bajará el nivel de sindicados. Esto nos permitirá concluir que la población penal debe disminuir y por ende el hacinamiento. Si consigo menos hacinamiento, con esto puedo tener más capacidad de acción con el mismo presupuesto y conseguir altos niveles de resocialización que a su vez conlleva menos reincidencias delincuenciales, dándonos la seguridad ciudadana que se pide a gritos.

De hecho nada de esto se consigue sin metas y sin una política de Estado que integre la participación de la sociedad civil en programas sociales relacionados y en una concienciación efectiva de jueces y corregidores que ayuden a disminuir esos índices de detenidos bajando esa relación sindicado-detenido.

Para Centroamérica y Panamá (año 2000) se registraron 165 reclusos en promedio por 100,000 habitantes y 335 reclusos por 100,000 habitantes respectivamente.

Vemos pues que Panamá tiene un índice extremo y crítico de población penal que se mantiene alto con relación a otros países, siendo el país con las tasas más altas en América Latina.

Un porcentaje óptimo de internos sin condena en América debería ser de un 20% como refleja Costa Rica con un 24%. El promedio ideal de 73 presos por 100,000 habitantes para cualquier país de América, representaría un valor importante que evitaría la mayoría de los problemas básicos que se presentan actualmente en los sistemas penitenciarios y por ende en la sociedad.

Para entrar en el promedio adecuado, Panamá debería mantener aproximadamente de 2,555 a 5,000 internos en las cárceles. Para esto repito debe erradicarse la corrupción de abogados y funcionarios públicos que propician el mal ejemplo, evitar el uso excesivo de la prisión preventiva de “Detener por detener” y de “Sancionar por sancionar”(Policías, Corregidores de Policía y Jueces) y aumentar el ritmo de los procesos judiciales (Presos sin sentencia definitiva), para alejar al detenido preventivo del contagio criminal.

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Publicado el 12 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Sabia decisión

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La opinión del Abogado y Comentarista…..

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Guillermo Márquez B.

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Para los que creemos en una sabia administración de justicia sin parches ni unturas cosméticas, resultó sabio un pronunciamiento del Segundo Tribunal Superior que no admitió un incidente de declaratoria de prescripción de la pena impuesta a dos mujeres condenadas por proxenetismo e igualmente se negó a cambiarla por los mal llamados días multa. Felicitamos a los integrantes de de dicho tribunal por tan ejemplar y alentadora decisión.

Hemos venido sosteniendo desde hace ya bastante tiempo que los días multa aplicados a delitos graves, constituyen, más que una válvula de escape de la ley, una burla a la justicia y hasta una inmoralidad. Ellos deben aplicarse, exclusivamente, a simples infracciones.

No debemos continuar aceptando como justo que la vida de un inocente peatón le sea arrebatada por un conductor que en estado de embriaguez y manejando su auto con exceso de velocidad, lo atropelle y se de a la fuga. Y que luego, capturado, enjuiciado y condenado a prisión, en el mismo pronunciamiento el juez le conmute la pena por B/ 200.00 de días multa, como ya ha ocurrido. Sería una vergüenza que esto siga sucediendo.

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Publicado el 10 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América,   a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La mentalidad delictiva evoluciona

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La opinión de…..

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Alfredo López Lewis
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Dentro de un periodo de tiempo relativamente corto, hemos sido testigos de diversas modificaciones a nuestra legislación punitiva sustancial, las que se traducen básicamente en el aumento de penas en caso de delitos graves, postura con la que nos manifestamos totalmente de acuerdo; a pesar de ello, consideramos pertinente indicar que aquellos cambios legislativos constituyen medidas correctas (parcialmente), tomadas por razones incorrectas.

Esto es así por cuanto quienes prohijaron las iniciativas prometían una consecuente disminución sustancial de los índices delincuenciales, cuando la intención real no era más que la búsqueda de aprobación popular, amparados bajo el manto de una falsa postura enérgica frente al “fenómeno delincuencia”. La medida huérfana de sustento científico tiene por resultado la nula incidencia sobre la inexistente disminución de actos delictivos.

Ahora bien, ¿Por qué el endurecimiento de las penas no alivia el problema de los delitos graves?, pues porque la mentalidad delictiva evoluciona, desvirtuando la función preventiva de la norma penal.

Partamos del entendimiento de que la tipificación de una conducta, desde una óptica pretérita del derecho penal (en vías de superación), pretendía básicamente servir de instrumento preventivo en cuanto a amenaza, e instrumento represivo en cuanto a sanción; sin embargo, esa función preventiva consistente en advertir al sujeto que de actuar de tal forma acarrearía una sanción, persuadiéndolo de no cometer el acto, en la actualidad solo consigue coadyuvar a la tecnificación del delincuente.

He aquí la explicación; en los casos de narcotráfico o de homicidio doloso, por ejemplo, el delito es cometido por quien a ciencia y paciencia conoce los resultados de su actuación, es decir, actúa con plena intención de delinquir (delincuente patológico), y la amenaza de una pena alta no impide su ejecución, sencillamente, porque el agente activo de la relación delictual parte de la premisa y el convencimiento de que puede librar el alcance de la justicia, por tanto, poco importa la pena si al final a ellos “no los va a atrapar”.

Bajo ese contexto y forma evolucionada del pensamiento delictivo, mientras más alta sea la pena, mayor será el cuidado que hay que tener, en consecuencia las técnicas, planeación, estructuración e instrumentos destinados para la ejecución del delito serán más complejos y tecnificados. Entendamos pues que preocuparnos únicamente de reprimir, tratando con paños tibios el trascendental asunto de la prevención, que involucra el tratamiento de un cúmulo heterogéneo de otros tantos problemas sociales, solo nos llevará a sumergirnos en el fenómeno cíclico del surgimiento de formas delictivas más peligrosas y mejor organizadas.

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Publicado el  6 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.