La opinión del Abogado….
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Ramiro Guerra Morales
Tengo para mi como verdad, que el endurecimiento del castigo penal, como mecanismo de intimidación y persuasión, para enfrentar la actividad criminal, no ha producido, en termino estadísticos, resultado positivos.
Estrategias similares se han ensayado en otros países latinoamericanos y sus realidades vienen dando cuenta de un agravamiento de su situación criminosa.
La situación, que denominamos de peligro, ha llegado al extremo, que podemos a manera de hipótesis de trabajo, concluir, que no basta la fuerza legitimada de la violencia estatal, para enfrentar este fenómeno, lo que revela que estamos frente a un enemigo, que administra organización y capacidad de fuego, al punto que un mandatario de la región, verbigracia México, admitió que la opción militar, como medio de lucha contra las organizaciones del crimen, había fracasado.
En nuestro país, en los tres últimos lustros, el discurso de la mano dura, ha sido la tónica, sin embargo este perverso flagelo de la actividad criminal, no hay manera de revertirlo, pese a los grandes esfuerzos de la fuerza pública.
Somos un país, que dada su condición geográfica, expone muchas debilidades, por ejemplo, nuestro territorio costeño, revela una longitud tal, que demanda recursos de toda naturaleza para poder darle seguimiento y control; niveles de pobreza e informalidad, que dada sus carencias y en un medio de crisis de valores, gravita sobre ellos, la tentación y el riego de eventuales articulación al mundo de la criminalidad.
Los factores que exhiben la acción criminal, no se reducen al individuo delincuente y es por ello que no nos cansaremos de repetir, que toda estrategia en esta materia, reviste de un enfoque multilateral e integral. La actual jefatura de la policía, lo instituye cuando procura redes de intermediación comunitarias y religiosas.
Sin embargo, se trata de un enfoque que se queda corto, en tanto que no tiene un marco de referencia, dada la ausencia de una política criminológica de estado. Las instituciones y la sociedad civil, requieren de ese marco referencial, democráticamente trabajado con la participación de todos.
En la medida de que los administradores del poder público, no lo entiendan, seguiremos hablando y escribiendo de manos duras, de penas perpetuas y penas de muerte, para cerciorarnos , lo que ya otros países han experimentado, en el sentido de que la misma no tiene el efecto intimidatorio para inhibir la acción delictiva.
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Este artículo fue publicado el 24 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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