“El mundo de Justiniani…”

La opinión de…..

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ALESSANDRO GANCI

La resocialización es la internalización por parte del individuo de una cultura o subcultura diferente.  La adopción gradual o brusca de nuevos valores, pautas y marcos de referencia.   Palabras frías que se quedan cortas ante la lamentable muerte del joven abogado Javier Justiniani. Hombre de fuertes convicciones, respetado por muchos, desafectado por pocos, pero ignorado por nadie.

Esta semana, al igual que muchas otras, los panameños despertamos diariamente con trágicas noticias, muertes y más muertes, que afectan en su mayoría a jóvenes. Nuestra vida cotidiana se va doblegando ante el temor, no infundido por novelas y ficción, sino por la realidad diaria.   Las políticas punitivas de aumento de penas no han disminuido un ápice la delincuencia, mientras la sociedad se organiza y trata de tomar iniciativas para concretizar con hechos, la única manera real y efectiva de disminuir la violencia. La certeza del castigo y la resocialización del individuo.

Para nadie es un secreto la naturaleza criminógena de nuestras cárceles, poco más que mazmorras, donde se mezclan personas con todo tipo de procesos.    Depósitos de seres humanos, historias incontables de tragedias que conjugan la violencia intrafamiliar, drogas, alcohol, juegavivo , y, sobre todo, el entorno familiar inestable, cuyos valores trastocados no constituyen un escudo moral al medio donde se vive. Hacinamiento, demasiado tiempo sin ningún tipo de ocupación, poquísimas horas al aire libre, imposibilidad de hacer un trabajo digno y remunerado. Son temas comunes, cuando se habla del problema carcelario.

Con este panorama, ¿se puede pensar en medidas alternativas a la cárcel? ¿Se puede pensar en resocialización? ¿Se puede pensar simplemente en mejores cárceles? Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero ante todo se debería optar por la prevención, para que no se tenga que llegar a la cárcel: ayudas sociales a poblaciones desprotegidas, más programas contra el uso y abuso de drogas, el tema del civismo, etcétera.

El día de ayer (viernes),  fui a presentarle mis respetos al padre del Lic. Justiniani, unas cien personas se congregaban alrededor de la oficina de la Fundación de Apoyo al Detenido. La Banda Nacional Centenario, conformada casi enteramente por jóvenes de barrio, ejecutaba sus acordes con inusitada fuerza. Esta vez no había alegría ni fervor patriótico, solo rostros sombríos empeñados en ejecutar con precisión las melodías con que despedían a su amigo y mentor.

Cada repicar mostraba una rabia impotente, una protesta y también un fruto.. No buscaban venganza ni violencia, solo justicia.   A su alrededor, personas, de todas las edades, portaban encendida una vela blanca, que de una forma mística conectaba a todos los presentes en un solo pensamiento.. “ No más muertes ”.

Justiniani, dejó su huella, le dio a la resocialización su sentido verdadero, al derivar su experiencia carcelaria en ideas concretas de prevención del delito. ” Déjenme seguir aportando ideas y metas a mi país ”, pedía a los que lo cuestionaban y en verdad lo hacía.

El Comité Juventud Unida para el Desarrollo de Río Abajo; bandas musicales, como la Búho de Oro y Nacional; Cruz Blanca; Comité Panameño de Derechos Humanos; Foro de Juventudes Políticas; Scouts; Círculo de Lectores; voluntarios de SINAPROC; la Fundación de Apoyo al Detenido y recientemente en la Cruzada por la Paz y organizaciones de la Sociedad Civil, atestiguan con hechos el “ mundo en que se movía “ Justiniani.

En lo personal, un mundo de protestas, reivindicaciones, peticiones de respeto y de decencia para la sociedad y los privados de libertad en general.

Hay que recordar que la población privada de libertad de nuestro país está constituida en un 57% por personas sin condena. El mundo profesional de Javier Justiniani era parecido al de todo abogado penalista en el país, quizás con la diferencia de que él trabajaba en los mismos barrios de los que representaba.

A su familia, mi más sentida condolencia; y a los jóvenes, recuerden que el legado de Justiniani siempre se mantendrá vigente en la medida en que sus actos así lo ratifiquen.

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Este artículo se publicó el 4 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La erradicación de todas las formas de violencia

La opinión de…..

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David Montenegro y Rafael Montes Gómez

La ley 14 publicada en Gaceta Oficial no penaliza la protesta social como algunos han expuesto equívocamente.

No criminaliza la protesta, sino penaliza la violencia que siempre ha sido considerada por nuestra legislación como un cáncer social.

Al analizar su contenido observamos que, el acto delictivo se configura al:

1. Cerrar la calle impidiendo el libre tránsito

2. Haciendo uso de la violencia,

3. Causar daños a terceros, sea propiedad pública o privada,

de lo que se infiere el infractor debe reunir esos 3 elementos. Con respecto a la sanción penal, esta va de 6 meses a 2 años, es decir no necesariamente 2 años.   De no darse los otros 2 elementos que acompañen a la obstrucción del libre transito, este se seguirá tratando con una sanción administrativa por la justicia de policía.

No vamos a enredar a nadie con citas de artículos, pero, debemos puntualizar que a discreción del juzgador, para un delito con pena de prisión inferior a los 2 años –que es este el caso- y previa confirmación que es delincuente primario, la pena impuesta es fácilmente conmutable por días multa, según nuestro ordenamiento penal existente, lo que se conoce como suspensión de la pena.

En su defecto, digamos que el juez condenó a 2 años al infractor, aún todavía queda a utilizar por la defensa la solicitud de reemplazo de pena de prisión por días multa, cuyo requisito es que la penalidad sea inferior a los 3 años y que sea delincuente primario.

Cabe señalar, que dentro del catálogo de penas sustitutivas también se encuentra el trabajo comunitario. Surge la pregunta ¿Qué hacer para reclamar el daño causado a terceros? El legislador patrio ya prevé como requisito para las penas sustitutivas resolver primero la situación del daño, es decir la responsabilidad civil derivada del delito.

Reiteramos que esta legislación se concatena con otras del orden jurídico y social y que son necesarias para el mantenimiento de la paz social, la protección de los derechos constitucionales y la erradicación de la violencia de nuestro Panamá.

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Este artículo se publicó el  23  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cierre de vías públicas

La opinión de…..

Guillermo Márquez B.

Disentimos con la teoría de que el cierre de las vías públicas constituye una forma de libertad de expresión y por lo tanto no debe ser penalizado. Consideramos que nadie tiene facultad para afectar el derecho de los demás y que quien lo haga merece castigo.

No obstante, hemos llegado a la conclusión de que es un error establecer por ello pena de cárcel por largos períodos. Eso inhibirá a los jueces para condenar, puesto que un castigo muy riguroso de largo tiempo en la cárcel les haría cavilar escrupulosamente antes de imponerlo.

¿Qué pasará, se preguntará el juez, con las inocentes personas del hogar del jefe de familia que delinquió pero se le castigó imponiéndole por pena un largo encarcelamiento como si hubiera cometido un delito muy grave?

¿No sería mejor aplicarle a esos infractores una condena a prestar servicios comunitarios de modo que en sus días libres tuvieran que trabajar para compensarle a la sociedad el mal que le causaron con el cierre arbitrario de vías públicas que protagonizaron?

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Este artículo se publicó el  15  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Pandillerismo

La opinión de…..

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

Territorio y jerarquía son las claves fundamentales sobre el comportamiento gregario de ciertos animales que conforman manadas, rebaños, bandadas, camadas y similares.

Los animales necesitan controlar su territorio para su supervivencia y como un principio elemental alguien los debe dirigir, de allí la jerarquía que en los elefantes, lobos y las hienas, por ejemplo, destacan a las hembras.

Hasta donde vemos hay un paralelo con las bandas.  En el caso de los animales irracionales, tienen su finalidad en la sobrevivencia, garantizar la existencia y por ello repelen al resto del género u otros animales con los que deben compartir la comida. Si nos vamos a los humanos tenemos que fuera de la estructura del gobierno en cada sociedad se pueden destacar grupos como los clubes o los vecinos vigilantes, los que a todas luces deben conformarse con una finalidad social, con un objeto general de un bienestar común, un asunto muy parecido a las pandillas, las cuales se forman en primer nivel para autoprotegerse, y lo hacen en un territorio definido con un orden jerárquico para poder gobernar al grupo. Claro que en los niveles o estratos sociales hay mezclados otros intereses como explicamos a continuación.

Como lo han expuesto expertos en estos singulares estudios, los grupos sociales en riesgo adolecen de toda o ninguna protección, o es muy vaga de parte de las autoridades, por ello toman medidas de organización para protegerse, pero como no pueden ser como los vecinos vigilantes, se distinguen como el “pandillerismo”.

Según se ha legislado en Panamá, la Ley 48 de 30 de agosto de 2004, se refiere a la pandilla cuando tres o más personas se asocian o se constituyen para cometer delitos. Aquí todavía no hay el menor trazo de actos delictivos en grupos.

En las investigaciones de campo lo que tratan es de acreditar pruebas de componentes de la banda, pero con señalamientos de delitos particulares. Para esta clase de investigaciones debe operar el “agente encubierto”, que en muchos casos es agente provocador, la intervención telefónica, diligencias de “vigilancia y seguimiento”, actividades que nacen como pruebas innominadas pero que llenan parte de este vacío; lo otro es el estudio sociológico, psicológico o con trabajadores sociales para convertir el estudio en científico.

Ahora bien, no podemos desconocer que el pandillerismo es un delito autónomo, proscrito en la Ley 48 de 30 de agosto de 2004, y transcrito al Código Penal vigente, como lo confirma este primer párrafo del siguiente artículo 326 de nuestro Código Penal: “Quienes constituyan o formen parte de una de pandilla serán sancionados con pena de prisión de cuatro a seis años”. Esta norma viene casada con el siguiente artículo 328 también del Código Penal.

Artículo 328. Las penas establecidas en los artículos anteriores serán reducidas a la mitad cuando:

1. El autor voluntariamente contribuya con la autoridad a la desarticulación de la asociación o de la pandilla.

2. El autor voluntariamente proporcione a la autoridad información oportuna para impedir o impida la ejecución de actos ilícitos planificados por la asociación o la pandilla.

Si la pena para un integrante es de 4 a 6 años y se rebaja a la mitad, es decir de 2 a 3 años ahora frente a una ventana para transformar la drástica medida cautelar de quien se quiere rehabilitar por el uso de drogas. Hay que recordar que mi mandante no es tan tatuado con las siglas. Continuaremos:

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Este artículo se publicó el 7 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sobre la pena de muerte

La opinión de…….

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Igor de Sousa Cárdenas

Si una persona, una entidad, una institución, una asociación, un Estado… se siente en capacidad de hacer un juicio sobre la vida y muerte de un individuo o grupo de individuos, entonces el próximo paso lógico de este raciocinio es que el Estado–juez está legitimado para adoptar cualquier tipo de medidas de coerción para regular cualquier aspecto –por ínfimo que sea– de la vida de los individuos que cohabitan bajo ese territorio.

En pocas palabras, si se nos puede legítimamente condenar a muerte, se nos puede legítimamente condenar a lo que sea.   Si la pena de muerte es permitida, ¿cuáles son los límites del Estado sobre los individuos?

Esto es lo que implica darle al Estado la facultad de literalmente matar a la gente.   Es nada más y nada menos que despojarnos de los derechos que la humanidad ha ido progresivamente ganando durante generaciones. ¿Desde dónde creen que se han legitimado los múltiples intentos de genocidio durante el siglo XX? ¡Desde el Estado! Y aunque un utilitarista me podría decir que no son comparables porque el número no es el mismo (a pesar de las críticas que este tipo de lógica pudiera levantar), esa misma persona no me podría negar que las justificaciones para ambas son –como mínimo– parecidas.

Por muy buenas que sean las intenciones de quienes proponen estas medidas, es inevitable no pensar que existe cierta concepción de “limpieza social” debajo de todo esto.

Adelantar un paso, por mínimo que sea, hacia la legislación sobre la pena de muerte no solo levantaría serias acusaciones desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que sería igualmente acercarnos a un estadio entre el autoritarismo y el totalitarismo, por el simple hecho que el Estado entonces tendría control absoluto sobre sus ciudadanos. Ergo, nos alejaríamos de la democracia liberal en sentido estricto.

¿Cómo un Gobierno en el que se violan las reglas del juego me va a garantizar a mí que lo de la pena de muerte se hará con plenas garantías –por risible que suene hablar de garantías en un juicio en el que te condenan a muerte –?   Tú y yo vimos la forma como sacaron a Gómez, así como tú y yo sabemos que el mejor argumento que tienen a su favor en este caso es el pueril “si los otros gobiernos hicieron lo mismo…”. Ah, entonces ¿eso te da derecho a ti de hacerlo, no?

Un Estado en el que un rey se compra un trono gracias al marketing; un Estado que a duras penas consigue brindar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos a pesar a los recursos que tiene, gracias a la ineptitud de su clase política; un Estado en el que el Presidente, por Constitución, puede nombrar (y por ende politizar) directamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Donde aparentemente el Gobierno puede libremente interpretar la Constitución como le venga en gana, para así quitar y poner piezas políticas, que les agradecerá el nombramiento con total lealtad a cambio.

El tema central clásico del liberalismo político trata de los límites que el Estado debe tener para no violar la autonomía del individuo, bajo la también clásica premisa kantiana de que toda vida humana es un fin en sí mismo y no un medio para llegar a otra meta (por ejemplo, probarle a las multitudes que “ahora le toca al pueblo”, sea lo que sea que esto último quiera decir).

Permitir al Estado juzgar sobre la vida y la muerte de un individuo no es sólo una violación de la autonomía del individuo, sino la total negación de la posibilidad de autonomía que los individuos dentro de ese Estado pudieran llegar a tener.  Es el castigo absoluto.

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Artículo publicado el 24 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La pena como medio de intimidación delictual

La opinión del Abogado….

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Ramiro Guerra Morales

Tengo para mi como verdad, que el endurecimiento del castigo penal, como mecanismo de intimidación y persuasión, para enfrentar la actividad criminal, no ha producido, en termino estadísticos, resultado positivos.

Estrategias similares se han ensayado en otros países latinoamericanos y sus realidades vienen dando cuenta de un agravamiento de su situación criminosa.

La situación, que denominamos de peligro, ha llegado al extremo, que podemos a manera de hipótesis de trabajo, concluir, que no basta la fuerza legitimada de la violencia estatal, para enfrentar este fenómeno, lo que revela que estamos frente a un enemigo, que administra organización y capacidad de fuego, al punto que un mandatario de la región, verbigracia México, admitió que la opción militar, como medio de lucha contra las organizaciones del crimen, había fracasado.

En nuestro país, en los tres últimos lustros, el discurso de la mano dura, ha sido la tónica,    sin embargo este perverso flagelo de la actividad criminal, no hay manera de revertirlo, pese a los grandes esfuerzos de la fuerza pública.

Somos un país, que dada su condición geográfica, expone muchas debilidades, por ejemplo, nuestro territorio costeño, revela una longitud tal, que demanda recursos de toda naturaleza para poder darle seguimiento y control; niveles de pobreza e informalidad, que dada sus carencias y en un medio de crisis de valores, gravita sobre ellos, la tentación y el riego de eventuales articulación al mundo de la criminalidad.

Los factores que exhiben la acción criminal, no se reducen al individuo delincuente y es por ello que no nos cansaremos de repetir, que toda estrategia en esta materia, reviste de un enfoque multilateral e integral. La actual jefatura de la policía, lo instituye cuando procura redes de intermediación comunitarias y religiosas.

Sin embargo, se trata de un enfoque que se queda corto, en tanto que no tiene un marco de referencia, dada la ausencia de una política criminológica de estado. Las instituciones y la sociedad civil, requieren de ese marco referencial, democráticamente trabajado con la participación de todos.

En la medida de que los administradores del poder público, no lo entiendan, seguiremos hablando y escribiendo de manos duras, de penas perpetuas y penas de muerte, para cerciorarnos , lo que ya otros países han experimentado, en el sentido de que la misma no tiene el efecto intimidatorio para inhibir la acción delictiva.

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Este artículo  fue publicado el 24 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Pena de muerte, en suspenso. Los homicidas deciden

La opinión del Empresario….

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JUAN R. MORALES

Así como lo titulo, que sea el homicida quien decida vivir o morir.   ¿Cómo hacerlo?   Desde luego se impone la reforma constitucional para que así sea permisible la pena de muerte en Panamá, con la limitante de que sea el homicida el que decida vivir o morir, como hacen con la vida ajena.   ¿Cuál sería esa limitante?, pena de muerte en suspenso, al ser condenado el homicida sería advertido de que si durante su condena se fuga, decretaría así su muerte, por tanto, se hace acreedor por decisión propia a su ejecución.

La condición expuesta haría posible en los penales la eliminación de tantos controles. Me refiero a que los homicidas tendrían casi abiertos los penales. Veríamos así quién se fuga. Cuando el reo vea que las puertas están abiertas estará consciente de que, por autoridad de la Ley, al ser recapturado sería ejecutado al tenor de la nueva norma constitucional mediando su voluntad propia. Una sola ejecución bastaría. Y no habría más fugas. Estoy seguro.

Por otra parte, se establecerían granjas para el cultivo de sus alimentos dejando de ser una carga total.

En escrito anterior expresé: los delincuentes salvables deben ser salvados y los no salvables aislados. Soy partidario de la resocialización, porque debemos estar conscientes de las deficiencias de nuestro sistema económico-social. En aquel escrito expresé que debía estar en manos del INADHE la capacitación de los delincuentes salvables. En días pasados observé a reclusos realizando actividades técnicas en los colegios, tal hecho causó alegría. Desde luego, esta actividad fue realizada por técnicos, en mi escrito anterior me refería a muchos reclusos sin conocimientos.

Las instituciones públicas, dije antes, tienen instalaciones que requieren reparaciones continuas: Plomeros, albañiles, electricistas, carpinteros, pintores, soldadores, mecánicos, chapisteros, etc. Labores estas para los reclusos ya capacitados.

Expuse que las instituciones públicas pagan por estos servicios y que estos montos podrían ir al nuevo sistema con las instalaciones especializadas y que dichas sumas serían repartidas así: El 40% para financiar los programas, 25% para la construcción de galeras con cubículos que al momento de salir los reclusos resocializados usarían como centros de labores, el 25% para recibir apoyo económico mientras su actividad produzca, el 10% restante para publicitar a los nuevos técnico-profesionales y que la comunidad sepa dónde contactarlos.

Estas cifras después de haber madurado el programa, hice dos ajustes así: Los dos porcentajes de 25% serían reducidos a 20% cada uno, surgiendo un nuevo renglón destinado a que los niños de padres recluidos perciban un ingreso durante la pena del recluso. En esta forma estaríamos dando respuesta socioeconómica a todas las partes.

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Artículo publicado el 22 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.