Interpretación de la norma constitucional

La opinión del Doctor en Derecho,  Abogado y Docente Universitario….


HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA
nanchy@hotmail.com

Independientemente de la designación que hiciera el Consejo de Gabinete sobre el fiscal especializado para la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, a fin de que ocupe el cargo de procurador general de la Nación —lo cual considero ha sido muy atinado—, los medios de comunicación divulgaron el nombre de la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Legales de la Presidencia, Lucía Chandeck, como el posible reemplazo a dicho cargo de procurador, lo cual generó en su momento, dentro del gremio de abogados, un debate en la interpretación de las normas constitucionales, porque la misma fungió por escasos días como viceministra de la Presidencia, encargada, configurándose así, según opinión de algunos juristas, en una de la prohibiciones establecidas en el artículo 203 de la Constitución.

Dicho artículo, señala en resumen que, ‘No podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia: quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso’, tomando en consideración que el artículo 224 constitucional preceptúa que ‘El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración serán nombrados con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia’.

Si queremos darle otra interpretación a nuestras normas constitucionales, observamos que el artículo 221 de la Constitución es muy claro en señalar que para ser procurador general de la Nación y procurador de la Administración se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los requisitos son los mismos; pero en cuanto a las prohibiciones, el citado artículo 203 establece una serie de prohibiciones que pareciese son exclusivamente para efecto del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como es el hecho de quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la República o suplente de diputado durante el período constitucional en curso, así como quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso.

Nos preguntamos entonces: ¿cuáles son las prohibiciones que menciona el artículo 224 de la Constitución?, ¿serán las mismas que menciona el artículo 203? Pareciese que sí son las mismas prohibiciones, pese que algunos abogados quieren darle otra interpretación. Así las cosas, no hay duda de que con este caso, como el de Bosco Vallarino, referente a su estatus de nacionalidad y ciudadanía, y el de la situación jurídica sobre la existencia de un procurador suplente o procurador encargado, lo que evidencia es la ambigüedad en la redacción de nuestras normas constitucionales, tal como analizamos en el artículo titulado: ¿Gazapo Constitucional? (La Prensa de 2/2/2010), cuando se debatía el nombramiento de un procurador suplente o procurador encargado.

Es importante que nuestra Constitución contenga normas redactadas lo más claro posible, pues, de no ser así, entraríamos en el ejercicio de aquella actividad intelectual de comprender, explicar o declarar el sentido de todo aquello que es objeto; es decir, interpretar, porque la interpretación no solo esclarece el sentido de la norma, sino también el sentido de los hechos que suscitan un problema jurídico.

Es así, que el Derecho, por ser una ciencia considera una amplia gama de temas que se correlacionan, entre los cuales está la interpretación jurídica dentro de la cual está estrechamente ligada a la interpretación constitucional, y para el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial importancia, pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política y social de un país. Además, dada su peculiar característica de norma suprema del ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido a su inconstitucionalidad.

No cabe duda que nuestra Constitución tiene una redacción ambigua, confusa, la cual facilita al choque de interpretaciones. De ahí la importancia en la necesidad de crear una nueva Constitución, que contenga una redacción clara de sus normas, sin que se preste al juego de interpretaciones más allá de la literal, como podría ser una interpretación de carácter político-legal, porque la Constitución está dirigida a todos los ciudadanos y no de manera exclusiva a los abogados, así como aprovechar la coyuntura de un nuevo texto constitucional para crear figuras modernas como es la creación de un Tribunal o Corte Constitucional, así como la creación de un Consejo de la Judicatura que vele por el nombramiento de nuestros jueces y fiscales, conforme a méritos y no por ‘palanca’.

 

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<> Este artículo se publicó el  31 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Valor educativo de las normas constitucionales

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La opinión del Pedagogo,  Escritor,  Diplomático…

PAULINO  ROMERO C.
Un estudio de las instituciones de la educación en Panamá, necesariamente debe partir de las disposiciones que en la Constitución sirven de fundamento al desarrollo del proceso educativo. En cuanto a las normas constitucionales vigentes, que se refieren a la educación nacional, algunas personas dudan del verdadero significado que se atribuye a la “gratuidad de la enseñanza”, porque no hay suficiente número de escuelas y el pueblo tiene que hacer grandes sacrificios para alcanzar tan solo un poco de cultura.

 

Entre estos clamores negadores de la eficacia de la norma escrita, el escepticismo tiende a invalidar el contenido progresista de las Constituciones porque consagran principios, que según estos espíritus pesimistas, están más allá de una realidad tangible. Generalmente se arguye que las Constituciones por sí no solucionan los problemas y que muchas veces enuncian soluciones que sobrepasan toda posibilidad. A los latinoamericanos se nos acusa, no sin razón algunas veces, de que copiamos instituciones de otros pueblos sin adaptarlas a nuestra realidad y a nuestras necesidades.

Para nosotros, la Constitución de un país, debe expresar los ideales de la colectividad nacional en un momento histórico dado.   Solo que tales ideales son encarnados por un grupo de hombres que muchas veces no están entre los que redactan las constituciones, y por ello quedan siempre fuera del derecho escrito muchas preocupaciones del pueblo, que se van realizando a pesar de la Constitución y aun en contra de la misma, preocupaciones que lentamente fuerzan la estructura de ésta hasta remplazarla por otra, ya que en ella no estaba el pueblo y la realidad que creyó contener sobrepasaba los límites de su articulado.

Abrimos un paréntesis: Las constituciones modernas, tanto como las de los siglos XVIII y XIX aparecieron en momentos de crisis. Fueron expresión de movimientos revolucionarios, en los cuales era fácil a los constituyentes captar o intuir la realidad de las aspiraciones populares, para trasladarlas a la Constitución. Es cierto que el momento revolucionario, al hacer aflorar las tendencias sociales, pone en evidencia lo que ha de ser llevado a la Constitución para que ésta exprese la voluntad del pueblo, pero las constituciones son siempre un conjunto de normas con base en una teoría política que busca realizarse, mediante la dinámica de los hechos políticos, del hacer político, y este hacer se conforma a circunstancias que cambian con el balance de las fuerzas sociales.

En efecto, la política es el elemento dinámico que posibilita el cumplimiento de la norma legal, creando condiciones para el ejercicio del derecho. Los derechos sociales, entre los cuales se encuentra la educación, tendrán su campo de realización plena en el porvenir, y al definir la tendencia predominante de nuestra época, señalan para el hombre una meta que ha de conquistar con su esfuerzo.

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<>Artículo publicado el  22  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/romero-c-paulino/

Observar normas éticas: Buena decisión

La opinión de la Miembro del Club Rotario…

SANDRA MANFREDO

Este escrito no tiene la intención de decirles a ustedes lo que es bueno y lo que es malo. Tampoco pretendo confundirlos con principios filosóficos o religiosos. Busco que ustedes estén conscientes de que observar en sus vidas normas éticas de conducta, se reduce a hacer las cosas bien, que nos llenen de satisfacción, de orgullo.

No hay duda de que la vida sería menos complicada si no tuviésemos que realizar escogencias y tomar decisiones. Sin embargo, fuimos creados con la libertad de escoger y decidir. Este es un derecho y una prueba que nos viene de Dios, pero al hacerlo, no podemos equivocarnos, porque el precio a pagar es muy alto.

Es cierto que el mal camino se vuelve atractivo y estamos seguros de salirnos con la nuestra. Es posible que eso ocurra, pero no, en la mayoría de los casos, el arrepentimiento puede que llegue muy tarde para redimirnos. Solo quedan las lamentaciones que de poco sirven, si es que quedamos vivos.

Cometer errores de buena fe es algo que se perdona; pero si descubren faltas de ética, jugar vivo, robar, engañar, mentir, consumir drogas, no se perdonará ni se olvidará. Cometer una grave falta a la ética a través de una mala decisión puede acabar con el futuro que parecía promisorio de personas inteligentes, con una buena preparación académica.

Conozco muchos casos y solo puedo sentir lástima. Salió publicado en la prensa que dos ex ministros de Educación fueron puestos bajo las rejas por haber otorgado en forma ilegal contratos para favorecer amigos. Es posible que ustedes vieran pasearse por la ciudad a un empresario extranjero, dueño de yates y automóviles de lujo, ahora está encerrado en su país por estafa. Han leído sobre el caso de un gerente de un banco de la Nación que está preso, condenado por estafa y han leído sobre un empresario extranjero que llegó a obtener pasaporte diplomático panameño, y ahora está preso. Yo podría seguir dando casos.

Pero ahora, quiero dirigirme a los jóvenes que debieran ser la esperanza futura de la patria. Ustedes conocen compañeros de escuela y del barrio donde viven que consumen drogas que les destruye el cerebro, fuman, se emborrachan; roban para ir a los casinos, que se han sumado a las pandillas y han muerto en una balacera; compañeros que han fallecido de Sida o están infectados; compañeritas que debieran estar cargando muñecas convertidas en mamá y compañeritos convertidos en papá.

Reitero, ustedes tienen la opción de escoger la ruta, nadie lo hará por ustedes y solo ustedes pagarán las consecuencias de una mala decisión. A usted que me está leyendo, le pregunto: ¿cuál será su elección?

<> Artículo publicado el 23 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,   lo mismo que a  la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Educación y más educación

La opinión de la Doctora en Medicina…

Marisín Villalaz de Arias 

En 2005 publiqué un libro donde ya hablaba de la necesidad de educación vial, sexual y política y he continuado machacando sobre lo mismo sin resultado ninguno. Hace un par de meses le pregunté a la Ministra Molinar qué opinaba sobre la enseñanza de las mismas y me respondió que no eran necesarias porque se buscaba un ciudadano integral que no cometería faltas. Siento disentir con ella porque de nada sirve un ciudadano con valores, ética y honestidad si desconoce los reglamentos del tránsito y cruza la calle donde le da la gana por desconocimiento. Ahora escucho que no sé cuantas personas darán charla en las escuelas sobre educación vial. ¡Bienvenidas!

No tienen que ser materias de un año; puede ser de enseñanza parcial pero educar al peatón y al que maneja; educar al futuro gobernante como a quienes depositarán su voto y así formar estadistas para el futuro que sean elegidos por méritos y no por politiquería.

Los jóvenes piensan primero en el sexo y luego en sus estudios; pues enseñemos a llevar correctamente esas relaciones para evitar embarazos prematuros que acaban con el futuro de esa muchacha que debiera estar jugando con muñeca. Solo con ir por la calle nos percatamos del desconocimiento del reglamento de tránsito, lo que permite que se cometan todas las infracciones posibles en detrimento de la vida de los demás. Necesitamos enseñar a utilizar las luces direccionales, convenciendo de la importancia de las mismas; del uso del cinturón de seguridad; de manejar con cuidado y otras cosas; sin embargo, la palabra educación brilla por su ausencia en todo sentido. Y todavía siguen rebajando el índice académico para el ingreso a la universidad y ahora bajan el estándar para evaluar a las universidades existentes y su subsistencia.

Compatriotas: sin educación este país no podrá ser jamás de primer mundo y no saldremos del subdesarrollo. En las oficinas públicas y privadas, en general, la atención al cliente deja mucho que desear; el desgano y la indiferencia es de pavor. Me pregunto ¿qué será de los jefes de esos empleados y dónde está su educación para mandar y organizar a sus subalternos? Priva la malacrianza y el poco me importa y no podemos ir contra la corriente porque, si está tramitando un papel, lo esconden para que nadie lo encuentre y así vengarse. Los clientes somos prisioneros de los empleados, para mí, corruptos y deshonestos. Necesitamos educación y ojalá nos la den ahora.

<>Artículo publicado el 8  de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

La democracia arbitraria

La opinión de…

Paco Gómez Nadal 

La democracia tiene sus cosas buenas. Algunas de ellas son el sustento de su esencia y, sin ellas, el sistema político se diluye en leyes sin sentido y ejecuciones arbitrarias. Considero que una de las principales tiene que ver con la institucionalidad y las normas. Es decir, tenemos procedimientos escritos y leyes aprobadas que nos hacen iguales ante las autoridades y que minimizan el riesgo de arbitrariedades o de aplicaciones caprichosas de dichas normas.

Esta institucionalidad de los procedimientos era débil en Panamá, pero existía. Ahora es historia. Todo depende de “una llamada”, de las amistades que se tengan, de los contactos, del “capricho” de un funcionario o del mismísimo Presidente de la República, que decide hasta sobre el color de las camisetas que su familia borda para el Ejecutivo. Siempre estamos pendientes de las “órdenes” de un “superior”, de la benevolente decisión del mismo.

Así está el periodista Carlos Núñez, a sus 70 años durmiendo sobre un escritorio de la mugrienta subestación de El Chorrillo por culpa de una sentencia vieja que lo condena por el peligrosísimo acto de escribir.   Nadie hace que se cumpla la ley que, como mínimo, ordena casa por cárcel debido a su edad.   El escarmiento es parte de la política oficial y el mensaje es claro: el que rechiste lo va a pasar mal.

Así ocurrió conmigo el domingo, cuando fui retenido cuatro horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen sin explicación alguna, cuando fui “liberado” por el mismo no–procedimiento y cuando las autoridades reaccionan a la presión mediática con una excusa fiscal sin siquiera habérmelo notificado a mí y no dándose cuenta del ridículo que hacían al dictar un impedimento de entrada al país a alguien que supuestamente tiene deudas en el mismo.

El problema no es la retención, si es que se tenía que dar, ni si hay o no problemas fiscales –que no los hay– sino la arbitrariedad, el estilo finquero en el que las normas tienen importancia nula frente a las decisiones individuales de los funcionarios.

Vivir en una democracia arbitraria es subsistir en la zozobra, en la duda, en la “inseguridad jurídica”. Una inseguridad que, además, no tiene consecuencia alguna:   nunca nadie paga por los “errores” y cuando el Ejecutivo pone cartas en el asunto destituye a dedo sin permitir que los procesos legales contra los funcionarios lleven su ritmo adecuado.   Es la ley de la selva, el sálvese quien pueda,   el “yo tengo el correo de Martinelli” como medida de protección.

Los hechos se van sumando y el cuadro parece cada día más claro, pero es tanto el aluvión de noticias preocupantes que unas ocultan a otras.

En los últimos meses hemos conocido de acoso “fiscal” a representantes de la sociedad civil, de presión mediática a líderes sindicales y ambientalistas,  detención arbitraria de activistas… No es juego lo que acontece en Panamá y nuestra actitud, por tanto, no puede ser liviana.

En mi caso, el “aviso” del domingo no ha tenido efecto. Es decir: el miedo, esa arma perversa del poder, no ha medrado ni en mi pluma ni en mi entorno.

Espero que así sea con la mayoría. Tenemos el derecho y el deber de expresar el disenso, de salir a las calles cuando lo consideremos adecuado, de defender esta precaria democracia que tanta sangre ha costado, de fiscalizar al Gobierno elegido por la mayoría, de cogobernar porque el gobierno, según el pacto social, es del pueblo y los funcionarios solo ejercen una “delegación” temporal.

Callar no es una opción; esconderse, tampoco. Repite el abogado Félix Wing sin cesar en las últimas semanas las palabras de Bety Cariño, la activista mexicana asesinada hace poco por su actividad antiminera: “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”.

Hoy las suscribo y apelo al Ejecutivo para que entienda que un país es su gente, no sus autoridades ,y que el respeto se gana, no se impone.

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Este artículo se publico el 6 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.