Las infracciones de tránsito, ¿cómo lograr disminuirlas?

La opinión de….

Francisco Bustamante

He oído en los programas matutinos –no sé si son de noticias, comentarios o un híbrido indigerible que se han inventado –que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está muy preocupada por las violaciones al Reglamento de Tránsito. Lo cual me parece muy bien. Y han propuesto varias medidas. Lo cual también me parece muy loable.

Entre las medidas propuestas, está un incremento sustancial de las multas por las distintas violaciones. Por hablar por teléfono conduciendo, chatear, circular por los hombros, pasarse las luces de alto, manejar a velocidad inadecuada en los carriles de la derecha, manejar en estado etílico de alto octanaje, etcétera.

Pero como siempre, y con la mejor de las intenciones, me atrevo a expresar algunas sugerencias. Pero, ojo, ¿no me han dicho que había como 28 millones de dólares o algo así, de mora por concepto de distintas infracciones cometidas por los conductores? ¿No escuché o leí que a un fulano le eliminaron por arte de magia sus violaciones? ¿No me dijeron que Sertracen iba a perder la concesión por su ineficiencia? O en un accidente trágico, ¿no se hicieron las pruebas de alcoholemia en tiempo? Yo mismo cometí una infracción en Los Ruices, viniendo de Chiriquí en abril de 2009 y en noviembre del mismo año, todavía no aparecía registrada la infracción.

Sin ser perito en temas de transporte, creo que mientras el Estado no sea eficiente en los temas arriba indicados, las infracciones, amén de la falta de cultura ciudadana, van a continuar a pesar de las elevadas multas propuestas. Es muy simple. Si una multa me cuesta 100 dólares, ¿no crees que es un incentivo a que le ofrezca 20 dólares al policía de tránsito? Me evito el tener que ir a pagar la multa, y además, el monto de la misma. Es así de fácil.

Es un incentivo a que los policías privaticen la gestión de la multa, facilitándole al conductor capturado in fraganti, una salida barata burlando la norma. Te pregunto: Qué se pretende con el aumento de multas? Reducir las infracciones o aumentar los ingresos de la ATTT? ¿Se ha verificado en cuánto aumentan las infracciones reportadas con los aumentos de tarifas? ¿Y los montos recaudados vis a vis la situación antes de la imposición de la nueva tabla de precios?

Sugiero poner multas bajas y, por cada mes de atraso en el pago de la misma, que se dupliquen hasta llegar digamos a 500 dólares o más; cuando se llegue a esa suma, emitir una orden de conducción y llevar al delincuente a pagar, y a un seminario de cómo manejar responsablemente. Si no asiste, aplicarle pena de cárcel (si hay espacio en las cárceles. ¿Si se penaliza cerrar las calles, por qué no penalizar las transgresiones de tránsito?).

Ahí se verá como bajan las infracciones de tránsito. Pero antes, se tiene que garantizar sistemas seguros, eficientes y confiables que registren las infracciones adecuadamente. ¡Ah!, y también poner incentivos a los policías que ponen multas merecidas, no inventadas para cobrar mordidas. O poder pagar las multas con tarjeta de crédito, o en los supermercados o bancos. También habilitar cajas para pagar a aquellos que se atrasen. Así se verá cómo aumenta la recaudación, baja la mora, pero sobre todo, les aseguro que bajarán las infracciones. Asumiendo que esto es lo que buscan las nuevas normativas.

<>Artículo publicado el 3  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Pretenden exprimirnos el bolsillo

La opinión de la Economista y Educadora…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

El saludable estado de nuestra economía trajo consigo un crecimiento indiscriminado de algunos centros poblacionales, especialmente en las capitales provinciales, producto del movimiento migratorio de extranjeros o nacionales que buscan mejores oportunidades de vida y empleo.

Es notable el desmejoramiento en los niveles de calidad de vida de los nacionales, f undamentalmente en la urbe capitalina, quienes a diario se enfrentan al constante incremento de los precios en los alimentos, incluyendo los de primera necesidad.

Aunada a esta situación la fluctuación en los precios del combustible, con un incremento constante, en proporción a las disminuciones, presuntamente por costos en el mercado internacional, así como la especulación de los agentes económicos del mercado interno de los hidrocarburos, para maximizar sus ganancias, contribuyen a encarecer los bienes, alimentos y servicios públicos (energía eléctrica y telefonía), en detrimento del bolsillo del consumidor, frente a la mirada indiferente de las autoridades.

A ello sumamos los elevados índices de violencia y delincuencia a que se ve expuesta diariamente la ciudadanía, el acrecentamiento de la contaminación ambiental, por exceso de gases vehiculares, ruido y las grandes cantidades de basura, pero los políticos continúan disputándose el botín y buscando nuevas estrategias para mantenerse en el poder o llegar nuevamente en el 2014.

Como si fuera poco, para estimular el estrés, se añade el congestionamiento vehicular, donde el crecimiento del parque automovilístico sobrepasa la capacidad de nuestras vías de circulación, incluyendo los corredores, lo cual trae consigo la pérdida de tiempo, mayor consumo de combustible, ansiedad y desespero.

Ahora, la manifiesta e inescrupulosa pretensión del director de la Autoridad del Tránsito (ATTT) de aumentar con valores excesivos el costo de las multas a los conductores, cuando su deber es prevenir; así como desarrollar programas de educación vial e incrementar la cantidad de agentes para poner orden, orientar y evitar accidentes; salvo que pretendan exprimirnos el bolsillo.

Esta realidad se complica con la enorme cantidad de los llamados ‘semáforos inteligentes’, que pululan por doquier, incluso en lugares donde su función obstruye, pero donde se hacen necesarios como en la avenida Balboa, frente a la Contraloría, es nula su existencia. Implica la necesidad de planificar adecuadamente en materia de tránsito y obras públicas.

Si a ese congestionamiento sumamos que el gobierno atinadamente informa el inicio de la construcción de la primera etapa del Metro (con trece estaciones que cruzarán la Ciudad de Panamá, desde Los Andes hasta Albrook), implica que hasta el 2013, las autoridades tendrán que buscar medidas alternas para mitigar el asfixiante congestionamiento de la urbe capitalina.

Lo cierto es que el gobierno tiene el compromiso de establecer políticas de Estado en materia energética y de hidrocarburos, que protejan a los consumidores de los especuladores; así como de prever, mediante el diseño de un plan urbanístico de largo alcance, las futuras necesidades de infraestructura pública, focalizando en materia de electrificación, sanitaria y vial.

<>Este artículo se publicó el 1 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Justicia arbitraria y desigual

La opinión de…

Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –Me alegra mucho que hayan soltado de la cárcel al periodista Carlos Núñez, pero su liberación no hace más que confirmar, nuevamente, que lo que se hace pasar por justicia en Panamá es en verdad un sistema injusto plagado de arbitrariedad, manipulación y conceptos obsoletos.   Eso es en el mejor de los casos, porque el peor involucra franca corrupción.

La arbitrariedad está confirmada por el hecho de que de un día a otro, repentinamente, la condena muy severa de un año de prisión que se le había impuesto a Núñez quedó reducida a una multa irrisoria de 68 dólares (o sea, 34 días multa a razón de dos dólares por día).

Como Núñez ya llevaba 19 días preso, solo tuvo que pagar 30 dolarcitos para recuperar su libertad y poner fin a toda la pesadilla.   Si partimos de la premisa de que uno de los requisitos de la justicia es que el castigo sea justamente proporcional al delito, es inexplicable que un año de prisión sea equivalente a 68 dólares de multa.

O la primera sentencia era arbitrariamente severa o la segunda era arbitrariamente liviana. O –y esta tercera posibilidad es para mí la explicación correcta– las dos fueron totalmente arbitrarias, para nada fundamentadas en lo que debe ser justicia.

Además, me luce obvio que consideraciones ajenas a la justicia influyeron en que se redujera la sentencia de lo catastrófico a lo ridículo.

Como organizaciones internacionales en Estados Unidos y Europa criticaron el encarcelamiento de Núñez y la comunidad periodística panameña también brincó a su defensa, creo que las autoridades judiciales panameñas se sintieron presionadas a liberar inmediatamente a Núñez.

No alego que hubo “manipulación política” en el sentido tradicional, pero sí creo que se quiso manipular el caso para lograr un desenlace menos “políticamente incorrecto”, como dicen los estadounidenses.

¿Por qué era “políticamente incorrecto” encarcelar a Núñez? Porque en la mayoría de países civilizados, la difamación se resuelve por pleito civil, no por caso penal y mucho menos con condena de prisión.

Es cierto que hay algunos países que todavía tienen leyes de difamación penal, pero la tendencia es reconocer que criminalizar la libertad de expresión es inconsistente con democracia.

Por ello, la tendencia es eliminar estas leyes, además de que en países avanzados, un caso de difamación (incluso por vía civil) requiere que la información sea falsa y que haya sido divulgada deliberadamente y con malicia; no hay difamación si la información es veraz o si fue emitida por error o en “buena fe”. Que nuestra legislación omita esos requisitos es un ejemplo de cómo la justicia panameña se aferra a conceptos obsoletos.

Mientras tanto, hay otro caso en Panamá que esta semana atrajo la atención muy crítica de una ONG en Washington. Es el caso de Wilson Charles Lucom, un multimillonario estadounidense que murió en Panamá en 2006, dejando su fortuna de 50 millones de dólares para crear una fundación para beneficio de los niños pobres de Panamá.

La batalla sobre su testamento ha sido feroz y está muy lejos de resolverse, pero lo que quiero destacar hoy es que el Consejo de Asuntos Hemisféricos (Coha) emitió un comunicado el lunes sentenciando que el embrollo ilustra las fallas de la justicia panameña.

Según Coha, el caso “sugiere que hay diferentes grados de justicia para los distintos panameños, dependiendo de su estatus social y político”. Hay indicios de “un aparato judicial anacrónico y oscuro, cuya estructura lo hace altamente vulnerable a manipulaciones políticas”.

Por ello, subraya Coha, no es sorpresa que Panamá haya recibido muy mala nota cuando el Barómetro Global de Corrupción de 2009 preguntó a los panameños cómo califican su aparato judicial.

En un esquema donde “1” significa no corrupto y “5” significa extremadamente corrupto, los panameños dieron nota de “4.4” a su aparato judicial. (Nota de “4.6” para los partidos políticos y la Asamblea; “2.8” para los medios).

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Este artículo se publicó el 18 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Boletas Fantasmas o Sistemas Automatizados Hechizados?

La opinión del economista….

Francisco Bustamante 

En 1994 me fui a Paraguay. Me llevé mi camioneta Four Runner la cual vendí en ese lindo país en 1997, justo cuando fui transferido a El Salvador como parte de mis funciones como burócrata internacional.

Años después, creo que en 2004, en una visita de 3 días a Panamá, fui a renovar mi licencia al Tránsito y me encontré que tenía una boleta o citación por una supuesta infracción cometida después de 1994, justo cuando ya me había ido con mi auto a Paraguay. Por más que alegué que en la fecha indicada yo no estaba en Panamá, ni el auto, el cual se quedó en Paraguay, tuve que pagar la multa para poder renovar mi licencia.

El año pasado me pusieron una infracción en Chiriquí. Transcurridos más de 6 meses, la boleta no aparecía registrada en la ciudad de Panamá. Fui hasta 5 veces a pagar la bendita multa. Primero a Juan Díaz. Lluvias, faltas de estacionamientos. Después fui a pagar a la Terminal de Autobuses. Me enviaron a otras oficinas en Albrook. Tuve que ir dos veces. Una, no aparecía la multa. En otra ocasión, sólo había una cajera para atender multas no registradas en el sistema y no había llegado porque se fue a comer y estaba lloviendo. Finalmente pude pagar la multa.

Veo ahora   que están deteniendo personas y les están quitando las licencias por morosidades en el pago de multas por infracciones, que aparecen personas con desacatos que no han cometido, según alegan. Y otras, que las infracciones no aparecen registradas en los sistemas. La respuesta de las autoridades? Que los ciudadanos debemos estar verificando que estén los registros al día, o pagar las infracciones aunque no aparezcan registradas. La verdad, creo que nos han visto cara de tontos, atrasados o que no merecemos respeto los ciudadanos de este país.

En primer lugar, poner multas cuantiosas, lo que provoca es que las personas se demoren el máximo posible para pagarlas, esperando una moratoria que siempre llega. Lo más sensato, es poner multas bajas, lo que reduce el pago de coimas a los policías, y solamente si se incurren en atrasos, por cada mes de mora, cargar un incremento de la multa. Pero para que esto trabaje, se requieren sistemas que funcionen.

En tecnología de computación se usa una frase en inglés que dice, garbage in, garbage out. Que quiere decir, entra basura, sale basura. Significa que si los que operan los sistemas lo hacen mal, o no lo saben hacer, o los manipulan para registrar infracciones de manera arbitraria, no hay sistema que sirva. Entonces, la culpa del no cobro oportuno de las infracciones, es de las autoridades, no de los ciudadanos que prefieren diferir un pago lo más posible, reduciendo el impacto en sus finanzas. Es simple.

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Artículo enviado el 06/23/2010 a las  08:25:52 p.m. a Panaletras para su publicación por el autor a quien damos todo el crédito, el mérito y la responsabilidad que le corresponde.

Consultas populares

La opinión del Abogado y Comentarista…..

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Guillermo Márquez B.

El anuncio de que el Tribunal Electoral reglamentará las consultas populares que le solicite el Órgano Ejecutivo sobre temas de su competencia, resulta confuso para el común de los lectores. Por la forma en que aparece la noticia, se infiere que el Ejecutivo enviará al Tribunal Electoral las consultas que por iniciativa popular se le hayan hecho a dicho órgano del Estado.

A propósito, dese hace algún tiempo hemos venido acariciando la idea de que sería conveniente integrar un equipo de personas con la necesaria idoneidad, tanto moral como profesionalmente, para que confeccione y reciba borradores de propuestas de leyes y trabaje en su elaboración si las consideran convenientes; y hacerlas públicas; eso sería muy enriquecedor.

El autor de esta columna tiene cuatro proyectos, a saber: Uno, el de una reforma constitucional para eliminar el numeral 4 del artículo 153 que es una inmoralidad; establecer en el Código Penal que los días multa deben ser aplicados, únicamente, para casos de simples infracciones: otro, para que, aunque contra viento y marea, lograr algún día que a los funcionarios que estén en la obligación de hacer declaraciones juradas de sus bienes ante Notario Público dentro de los diez días siguientes al de la toma de posesión del cargo, se les considere el nombramiento como insubsistente y si no lo hacen igualmente al cesar en el cargo, imponerles una multa severa y abrirles una investigación.

Y en cuanto a las fugas de cárceles, imponerle a cada uno de los implicados, cualquiera que haya sido su colaboración, el pago del resto de la pena que le faltaba por cumplir al evadido, y una pena adicional. Y si son más de uno los que se fugan, que la pena de los implicados se aplique a base del evadido al cual le faltara mayor tiempo por cumplir.

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Este artículo se publicó el  22  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Días multas otra vez

La opinión del Abogado y Comentarista…
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Guillermo Márquez B.

En más de una ocasión hemos escrito sobre el error que se cometió al establecerse en nuestro Código Penal la posibilidad de conmutar penas por la comisión de delitos mediante días multas.

Hemos señalado el caso de un conductor de auto que bajo la influencia del alcohol y manejando a alta velocidad arrebató la vida de un peatón a quien atropelló y se dio a la fuga.

Capturado, llamado a juicio, procesado y condenado, el juez de la causa le impuso una condena de seis meses de cárcel. Y en la misma sentencia, con base en lo que preceptúa la ley, le conmutó la pena por doscientos días multa. Eso, a más de injusto, constituye una burla sangrienta para los deudos de la víctima.

Por otra parte, tenemos el caso de un comerciante al que le hurtaron de su depósito mercancía con un valor de quince mil balboas. Los pillos fueron descubiertos y condenados a pena de cárcel, pero con base en la ley, el juez le conmutó la pena con una multa de quinientos balboas. Podemos imaginar el gran negocio que puede hacer cualquier ladrón que robe miles de balboas en efectivo o en bienes ajenos y tras descubierto y condenado a purgar pena en la cárcel, pueda librarse de ella pagando quinientos.

Los días multa deben aplicarse solamente para casos de simples infracciones y no en la comisión de delitos culposos y aún más graves. En tales casos resultan una gran inmoralidad, razón por la cual urge hacerlos desaparecer.

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Publicado el 4 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.