Lo que no se dio en la Asamblea

La opinión del Ingeniero y Analista Político…

MARIO A. ROGNONI
marognoni@cwpanama.net

Antes de participar en nuestra primera sesión como legisladores en 1990, Arnulfo Escalona Ríos, amigo, pero adversario político y colega legislador, me llamó a la Presidencia de la Asamblea y me explicó las reglas del juego:  ‘En el pleno, Mario —me dijo— te diré de todo y tú a mí igual, somos adversarios, pero al discutir los proyectos dejemos los sentimientos políticos a un lado y aportemos lo mejor al proyecto, enriquezcamos los mismos para producir leyes que beneficien al país’.   Comprendí el significado de sus palabras y aquellos siete primeros opositores de la nueva democracia cumplimos con ese principio. Quizás por eso nos ganamos el respeto de la bancada gobiernista y pudimos terminar, cinco años después con una profunda amistad entre todos, aun cuando las diferencias políticas hasta hoy con muchos subsisten.

Enriquecer el proyecto, de eso se tratan los primeros y segundos debates en la Asamblea. Pero nuevamente vimos en la actual Asamblea la falta de los debates y el enriquecimiento de los proyectos. La Reforma al Código Minero era una necesidad imperante. Un Código obsoleto rige la explotación de nuestros recursos minerales. Todos debimos estar de acuerdo con actualizarlo. Todos debimos haber participado con aportes en los temas y preguntas específicas que tenemos que hacernos con respecto a las explotaciones. El tema no era NO o SI a la minería, el tema era y es ¿qué tipo de minería queremos permitir?, ¿quiénes deben poder ejecutarla?, ¿cuánto debe recibir el Estado?

Si ese debate se hubiese dado, hubiese sido interesante analizar primero el tipo de minas a permitir, desde la extracción de arena continental y submarina hasta la minería de metales a cielo abierto o subterránea. En esa discusión se hubiese podido restringir la minería de cielo abierto a áreas específicas o ninguna, de igual forma condicionar la extracción de arena submarina por sectores. En esa discusión se hubiese podido establecer si realmente podemos permitir o no la explotación por parte de empresas 100% de gobiernos extranjeros, o qué porcentaje de una explotación puede ser de un gobierno extranjero en forma directa o indirecta a través de sus empresas estatales. Pudimos haber discutido lo que una extracción debe dejar para los municipios, para las provincias, para el Estado. Haber discutido si las cifras presentadas por el proyecto satisfacen o no las realidades de las áreas que se afectan y dueñas de los yacimientos.

Hoy, las grandes extracciones de arena de Panamá Oeste y Coclé, no dejan a los municipios ni cerca de lo que estimo yo debiera ser.   Pero lejos de debatir cómo me atrevo a pensar hubiese hecho Gerardo, Alberto, Balbina, Franklin, Bush, Elías y yo, vi cómo quedamos en medio de un debate que no era el legislativo, sino un debate irreal entre ecologistas que pedían NO a la minería, empresarios con foros por el SI y los indígenas en pie de guerra para evitar el desarrollo de la posible mina de Cerro Colorado.

En mi vida he visto peor diálogo entre sordos. Ante eso, conscientes de que el Código necesita reforma, el gobierno impulsa la maquinaria legislativa y aprueba la ley. Para muchos, otro error, para pocos, lo correcto, porque ahora se tendrá un Código actualizado y podrá a su vez reformarse con calma ante fuertes presiones y contundentes argumentos de artículos y casos específicos. Algunos buscarán con un recurso de inconstitucionalidad por el artículo 290 de la Constitución, eliminar la explotación por estados extranjeros. Los indígenas del área de Cerro Colorado negociarán su ejecución, de insistir algún grupo en efectuarla. La lástima es que el rol de la Asamblea Nacional de Diputados no se dio. No hubo en la misma ese debate y aporte de los partidos y diputados para efectivamente mejorar el proyecto en discusión.

Si los partidos políticos y los diputados no logran entender su rol, si no captan lo sabio de las palabras de Escalona Ríos veinte años atrás, mejor cerremos la Asamblea. Si simplemente será un foro donde dos bandos en cada proyecto irán unos a favor y otros en contra, sin el más mínimo esfuerzo de encontrar la mejor redacción y los mejores conceptos para incluirlos en las leyes, entonces, ¿para qué pagar asesores y salarios a tanto inútil? Lo que no se dio en la Asamblea, lamentablemente, es lo que hará pagar caro al país.

 

Este artículo se publicó el  15  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los indígenas y la nueva reforma del Código de Recursos Minerales

La opinión del Doctor en Derecho…


ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
abogado@ernestocedeno.com

Con la Ley 8 del 11 de febrero de 2011, se reforma el Código Minero en Panamá, en varios aspectos que darán ocasión para acalorados debates en diversos foros. Sin embargo, en torno al tema indigenista, pareciera que la normativa preserva varios aspectos que pretenden fortalecerlos como etnia.  Estos son como siguen:

1.— Todos los planes mineros del sector deben ser motivo de divulgación previa. Esto está legislado en el artículo 29, cuando reza que para la exploración y explotación de minerales metálicos o no metálicos en zonas comprendidas dentro de las comarcas indígenas, el Estado y el concesionario deberán llevar un plan de divulgación para que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente su punto de vista respecto a la actividad minera.

2.— La minería no puede afectar sus derechos. La norma ut supra, también plantea que las actividades deberán garantizar los derechos de la población en beneficio y cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible y protección económica, procurando su participación de conformidad con las leyes que crean dichas comarcas. (Véase el artículo 29).

3.— La comunidad indígena tiene el derecho de emitir sus observaciones, en todo estudio de impacto ambiental. El artículo 30 repite que el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de la actividad minera en las comarcas indígenas deberá incluir el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada. El resultado del estudio deberá ser presentado a la autoridad competente, la que les dará copia a las comunidades indígenas a través del Consejo de Coordinación Comarcal o de las autoridades respectivas, a fin de que puedan presentar sus observaciones en un término no mayor de treinta días.

4.— La producción de la minería, debe honrar los mecanismos de producción limpia. El artículo 28 es claro cuando consigna que quedarán sujetas a los mecanismos de producción más limpia en todos los procesos las personas, naturales o jurídicas, que opten por una concesión de exploración o explotación de recursos minerales metálicos o no metálicos.

5.— Los concesionarios deberán cumplir su plan de desarrollo social empresarial en la etnia y en toda la minería. Esto lo ordena el Artículo 32 ibídem, cuando define que las empresas mineras, en atención a su responsabilidad social empresarial, deberán diseñar, desarrollar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones o zonas de su influencia.

6.— Las comarcas ahora tendrán un mayor porcentaje de los beneficios que deba percibir el Estado. El Artículo 26 consigna este presupuesto cuando especifica que a los municipios y comarcas donde se realicen actividades de exploración y explotación minera por razón de una concesión, les corresponderá el 20% de los beneficios que, de acuerdo con el Código de Recursos Minerales, deba percibir el Estado de tales actividades.

Dicho ingreso será recaudado directamente por estos municipios y comarcas, con base en los cálculos que prepare la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, y será dirigido únicamente a programas de desarrollo en áreas de educación, salud y proyectos de inversión social requeridos por las comunidades. Del porcentaje establecido en este artículo, corresponderá el 5% a los corregimientos colindantes con los municipios y comarcas en un radio de distancia de hasta 35 kms. de las concesiones donde se realicen actividades de exploración y explotación minera por razón de una concesión.

Este ingreso será transferido directamente a las juntas comunales o comarcas respectivas que lo distribuirán equitativamente entre estas, exclusivamente para programas de desarrollo en áreas de educación, electrificación rural, salud y proyectos de inversión social requeridos por las comunidades.

Por lo antes expuesto, es mi deseo que el tema del pueblo indígena en la minería, se pueda analizar sin pasionismo ni filosofía política partidaria, preservando siempre los principios democráticos de un pueblo, que se debe siempre tener en cuenta.

 

Este artículo se publicó el 14 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

A la caza del cobre de Cerro Colorado

La opinión del Periodista…

CARLOS CAMARENA MEDINA
ccamarena2004@gmail.com

Al ver el anuncio en el cual el ministro de Comercio e Industria promueve, con un discurso poco convincente, las bondades del proyecto de ley que modifica el Código Minero, me pregunté sobre el afán —tanto durante el período de consultas en la Comisión Legislativa de Comercio, como en los medios de comunicación social— de engañar a la población, de que el verdadero trasfondo de estos cambios no es meterle el diente a la reserva cuprífera de Cerro Colorado.

Si algún calificativo hay que poner a esta norma, es ‘a la caza del cobre en Cerro Colorado’, tanto que en un acto de torpeza mediática, el gobierno ha utilizado a sectores de la comarca Ngäbe Buglé, para que promuevan la explotación de este yacimiento metálico, a cambio del 50 por ciento de los beneficios generados.

Torpeza que raya en el descaro, pues han publicado páginas enteras en diarios, respaldando la explotación minera y todo mundo sabe quién paga esos costosos anuncios. Más, cuando en el periodo de consultas, desfilaron representantes indígenas ngäbe buglés, que apoyaron las modificaciones al Código Minero, lanzando petardos a los grupos ambientalistas, a quienes les espetaron que al rechazar los proyectos mineros, limitan el desarrollo de su comarca.

El denominado período de consultas fue el montaje para una decisión ya tomada, y que han querido maquillar con espejitos para llevarse las monedas de oro: que si el porcentaje de las regalía aumentarán de 2% a 4%, que las multas por daños ambientales serán mayores, mientras que la bonanza metálica permitirá sacar a los indígenas de la pobreza. ¡Y eso que las modificaciones no se imponen para explotar Cerro Colorado!

Mientras, los grupos ambientalistas, expresaron su ‘más profunda’ preocupación sobre el proceso y el contenido del polémico y nefasto Proyecto de Ley No. 277 que modifica el Código Minero, y que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá.

Falta de consulta previa a la presentación de un proyecto que fue elaborado en secreto y a puertas cerradas, hicieron que las consultas ante la Comisión de Comercio fueran extemporáneas e improductivas, ‘ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas’. Tampoco se divulgaron los borradores y los textos científicos (en caso de existir) o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), todo ello a pesar de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados.

A pesar de la trascendencia del tema, ni en el período de consultas, ni en la aprobación a tambor batiente en primer debate, asistió la administradora de la ANAM, institución que estuvo representada por un funcionario de tercera categoría.

Los ambientalistas plasmaron su preocupación por la posición recalcitrante del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. ‘Es desconcertante, y ante todo antidemocrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las ‘consultas’ sobre el Proyecto’, destacaron.

A pesar de ser mercadeado como una norma ‘para el ambiente’ o para ‘darle herramientas a la ANAM’, este documento está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI.

Los planteamientos de los ambientalistas son contundentes al señalar las inconsistencias de las modificaciones al Código Minero; tanto que dan para otro artículo. Por ahora, recomiendo a los voceros del gobierno no insistir en mentir, al decir que la aprobación de esta norma no tiene como finalidad explotar el yacimiento cuprífero de Cerro Colorado; porque con sus torpezas ellos mismo le han dicho a la comunidad que ese es el objetivo principal.

 

Este artículo se publicó el  11  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Concesión minera… ¡desarrollo o capitalismo salvaje!

 

La opinión del Médico y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

ALESSANDRO  GANCI
concienciaciudadana09@gmail.com

 

‘ Queremos empresarios, no empresaurios que practican el capitalismo salvaje. Algunas empresas internacionales se esconden detrás de la llamada seguridad jurídica; pero nadie se preocupa por la seguridad jurídica del pueblo…’. Así se refería el Ejecutivo a malas prácticas empresariales y tiene razón.

Capitalismo Salvaje. Puede definirse como una situación donde el libre mercado se ha desarrollado, con un sistema financiero y una economía avanzada, pero con pobres controles gubernamentales y sociales, que impiden que la riqueza generada permee sus beneficios a la población de una manera equitativa.

El premio Nobel de Economía J. E. Stiglitz, define claramente esta paradoja al expresar…

‘El desarrollo significa transformar las sociedades, mejorar la vida de los pobres, dar a todos la posibilidad de éxito y garantizar a cualquiera el acceso a los servicios sanitarios y a la instrucción… Lo que sirve son políticas para un crecimiento sostenible, justo y democrático’.

A primera vista, las reformas del Código Minero resultan beneficiosas. Se aumentarán las regalías y el costo de los arrendamientos de las tierras.

¿Por qué entonces, amplios sectores de la sociedad no se sienten conformes?

Minera Panamá, resultará uno de los mayores beneficiados. Goza, junto a Petaquilla Gold, de un contrato tremendamente ventajoso, donde gran parte de la inversión es deducible del impuesto sobre la renta, exonerada o con créditos fiscales. Los gastos por explotaciones fallidas, compra de materiales, viajes, programas sociales, incluido lo invertido en educación de las comunidades, hospitales, carreteras, escuelas, educación de los panameños. Tienen la potestad de desviar los ríos, si el proyecto lo amerita y adecuar todo el entorno a las necesidades de la mina. Los impuestos municipales, luego de los 100 000 dólares, también son deducibles.

Para comienzos del 2016, Minera Panamá, se espera producirá anualmente 254,695 toneladas de cobre, 89,674 onzas de oro, 1.5 millones de onzas de plata y 3,218 toneladas de molibdeno, sin contar el hierro, manganeso, plomo, estaño, platino, níquel, mercurio que pudiese encontrarse. Esto representa a los precios actuales entre 2300 a 2400 millones. Por su parte, Petaquilla Gold propugna alcanzar a futuro las 100 000 onzas de oro anuales (1300 millones de dólares) y 842 kilómetros cuadrados de concesión.

Ambas empresas generarán un estimado de 2450 puestos permanentes, en la mayoría de los casos, para trabajos rutinarios y poco especializados. Por cada puesto, las empresas obtendrán aproximadamente un millón de dólares (asumiendo que el Estado recibirá 4% de regalías y 25% de ISR). Ganancias infinitamente superiores, a la relación ganancia/trabajador de las empresas ecoturísticas o agroforestales. Un trabajo, por cada 5.5 hectáreas concedidas a MP y 84 a PG, definitivamente no reducirá la pobreza en áreas donde el 92% de la población la sufre.

Ante este contrato francamente ‘Tiranosáurico’, el Estado tiene una carta clave que puede perder, de aprobarse la reforma minera. Minera Panamá, es una compañía subsidiaria de la empresa canadiense Inmet recientemente fusionada y convertida en la empresa Symterra que, a su vez, busca financiamiento a través de la colocación de acciones con el consorcio surcoreano, Korea Panama Mining Corp. (KPMC), obtendrían un 20% con posibilidad de subir a 30% de las acciones y Temasek Holdings, del fondo de inversiones de Singapur que, a través de su filial Ellington Inversiones, adquirirá 500 millones de dólares en recibos de suscripción, obteniendo cerca del 14,6%, con posibilidad de adquirir hasta el 19.9% del total accionario.

Nuestra legislación es clara al respecto, y si se utilizaran estos fondos, se incurriría en una causal de extinción de la Concesión Minera por insubsistencia. Dado lo anterior, el contrato actual puede ser susceptible de renegociación, por medio de un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es una institución del Banco Mundial, con sede en Washington o la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

La pregunta clave es ¿qué sería mejor para Panamá? ¿Concesiones mineras o empresas mixtas… donde sea el Estado el principal inversor y, por lo tanto, receptor de ganancias, que superarían con creces, lo generado por nuestro Canal. Otorgando a las comunidades locales participación accionaria y autónoma en equidad, con una Zonificación Económica y Ecológica bien definida, que tome en cuenta, no solo si existen minerales económicamente viables, sino la posibilidad de que la explotación genere conflictos sociales y/o ambientales, o si existen otras actividades como la agricultura o el turismo, que sean más rentable en términos ecológicos o de generación masiva de empleo.

Reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales, a otorgar o negar su consentimiento a proyectos mineros, crearía las bases para el diálogo cuadripartito (gobierno, empresarios, comunidad local y sociedad civil), fundamento básico para evitar la confrontación.

 

Este artículo se publicó el 10 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las reformas y Cerro Colorado

La opinión del Comunicador Social…

ABDIEL AUGUSTO PATIÑO
augusto@expresiones7.net

El 24 de marzo de 2010 el presidente Ricardo Martinelli dijo, ante un amplio grupo de inversionistas internacionales reunidos en un foro económico en Panamá, que Corea del Sur estaba muy interesada en explotar el yacimiento cuprífero de Cerro Colorado.

El presidente manifestó: ‘Nos decía el presidente de Corea del Sur (Lee Myung-Bak) que cambiemos la ley.   Con mucho gusto la cambiamos, quiero que el Gobierno coreano, con inversionistas canadienses, estadounidenses y de la bolsa de valores inviertan en una empresa minera aquí’. La postura del presidente sorprendió a muchos y encendió la alarma nacional.

Días después, nos enteraríamos de que la estatal surcoreana Korea Resources Corporation (Kores), junto a la también surcoreana LS-Nikko Cooper, son quienes están interesadas en explotar Cerro Colorado, tal cual confirmó la Embajada surcoreana en Panamá.

Nueve meses después se cumple la promesa presidencial, pues se presenta un paquete de reformas, en cuyo artículo 1 se rompe el obstáculo que la legislación mantiene desde 1963. El Código Minero en el numeral 1 del artículo 4 prohíbe la obtención de concesiones mineras ‘a gobiernos o Estados extranjeros, a entidades o instituciones oficiales o semioficiales extrajeras, y a personas jurídicas que tengan entre sus socios a gobiernos o Estados extranjeros’. La reforma mantiene la prohibición, pero aplica excepción si el ente inversionista se declara como ‘persona jurídica de derecho privado’. Sin entrar a debatir todo el alcance, impacto y contenido de las reformas, creo que lo anterior va dejando claro por dónde camina el asunto.

Aunque las autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias, encabezadas por Roberto Henríquez, nieguen que las reformas estén enfocadas a promover algún proyecto en particular, una simple relación de causa y efecto deja claro que el interés del gobierno nacional es que Cerro Colorado sea explotado.   Es evidente que los potenciales inversionistas están allí, a la espera de que las reformas al Código de Recursos Minerales entren en vigencia.   El presidente ya dijo quiénes son; los panameños no somos tontos.

Preguntas que quedan en el tintero y que hay que hacerse con respecto a la actividad minera, y en este caso, el codiciado yacimiento de Cerro Colorado: ¿Cuánto valen en dinero todo los ecosistemas que se verán afectados y todas las repercusiones a afrontar?, ¿qué valor tiene la naturaleza que hoy envuelve Cerro Colorado?, ¿qué negocios amigables con la naturaleza y sostenibles podrían aprovechar más la biodiversidad, generar más empleo y garantizar más de $23 millones anuales a esa región comarcal (o al Estado), que es lo que dejaría la mina, a 4% de regalías, en una hipotética explotación efectiva de 15 años promedio?, ¿necesita Panamá convertirse en un país minero a gran escala?

Claro que hay otros temas que se tienen que considerar en el debate del tema minero en Panamá, pero por ahora lo dejamos a este nivel. El objetivo aquí era demostrar que, por lo menos, un artículo de la reforma minera tiene como nombre Cerro Colorado y como apellido un Estado extranjero.

Este artículo se publicó el 10 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sí a la Tolerancia !

La opinión el Jurista…

Abel Vergara Lopez

Indígenas cerraron la Vía Interamericana en Pacora, provincia de Panamá y no permitían el paso hacia la Cárcel La Joya, para llevarles alimentos a los detenidos.    En San Félix, provincia de Chiriquí, fue retenido y golpeado el representante del Ejecutivo, el viceministro Luis Ernesto Carles, quien les prometió podrían manifestarse sin ser reprimidos por la policía. Un comunicado de la Presidencia no ha sido suficiente para calmar a los manifestantes de la comarca gnöbe, quienes exigen igual que los habitantes de la cuenca del Bayano en la capital, la derogación de la recién aprobada ley minera.

 

Los grupos indígenas quienes hoy se han manifestado cerrando vías, detuvieron en Pacora, a un miembro de su propia etnia pues no estaban seguros de su posición ante la nueva ley.   La intolerancia que hoy se vive, nos está llevando a pasar de ser un pueblo alegre y folklórico, que antes parecía sólo pensaba en fiestas como el carnaval, a convertirnos  en un pueblo violento, que no ha sido tradicionalmente nuestra naturaleza.

 

El cierre de la vía Interamericana afectó a miles de personas en Pacora por más de seis horas. Crear el caos para llamar la atención, no sólo afecta al funcionario que intentó llegar a un acuerdo en San Félix, que le costó por suerte sólo un gran susto, sino a toda la población que requiera trasladarse hacia o desde cualquier lugar. En la vía Transístmica por su parte, los jubilados que aún esperan su aumento, amenazan con cierres diarios y contínuos, hasta que se les cumpla.   En pocos días está por iniciar un nuevo año escolar y los educadores parecen más preparados a realizar protestas, que a la enseñanza en las aulas;   y con el inicio de la construcción de los trabajos del Metro en la capital, lo que se vaticina es un verdadero pandemonium.

 

Qué podemos esperar en los días previos a la fiesta que paraliza el país y en los días posteriores a la misma. La realidad es que sin tolerancia, nada se puede lograr. Somos un pueblo pacífico y como tal, esperamos que nos visiten en pocos días miles de turistas, que si ven lo que está ocurriendo, de seguro que lo pensarán antes de viajar.

 

Demostremos que podemos comportarnos como el país civilizado que aspiramos ser. Sí a la Tolerancia !

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Reproducción de nota publicada el  15 de febrero de 2011 a las 22:59 en Facebook y etiquetada en nuestro muro por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Código Minero, Cerro Colorado y las moneditas de oro

La opinión del Periodista…

CARLOS CAMARENA MEDINA
ccamarena2004@gmail.com

Los mineros se tomaron la sala donde se realizó el denominado periodo de consultas del proyecto de ley que reforma el Código Minero, incluyendo gran cantidad de indígenas que sorprendentemente apoyan la explotación del proyecto de cobre en Cerro Colorado, ubicado en el distrito de Nole Duima, comarca Ngäbe Buglé.

El ambiente en el Salón Azul, donde por tres días desfilaron representantes de organizaciones ambientalistas, indígenas, empresas mineras, y la Cámara Minera de Panamá, era totalmente pro mina, tanto que caía mal la posición asumida por el presidente de la Comisión de Comercio, Aris de Icaza, con sus arengas demagógicas, similares a las que utiliza en el ‘Tome Nota’ de La Exitosa.

Me llamó la atención que, hasta uno de los escoltas del ministro del Comercio e Industria se convirtió en un activo militante pro minería, que apoyaba las posiciones a favor de las reformas al Código Minero y que calificó de demagogo y politiquero al ex diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González.

La gran monedita de oro para vender el proyecto, utilizada por altos funcionarios del MICI, es que los pagos de regalías de las empresas minera al Estado subirían de 2% a 4%, mientras de manera reiterativa proyectaban imágenes de un clausurado proyecto minero en Canadá, caracterizado por ser un área rodeada de árboles y un lago.

Un argumento que altos personeros del gobierno le robaron a la empresa Minera Panamá (que explota el yacimiento de cobre en Petaquilla), para utilizarlo como caballito de batalla que justifique las modificaciones al Código Minero, y cuyo trasfondo es el interés del gobierno del presidente Ricardo Martinelli de impulsar la explotación cuprífera de Cerro Colorado.

Un punto de vista que no comparte la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, quien de manera enfática dijo que no pueden compararse los ecosistemas canadienses donde la biodiversidad es baja, con los ecosistemas tropicales de Panamá. ‘La biodiversidad, que es una de las grandes riquezas de Panamá, se verá afectada de forma irreversible, siendo que la zona contiene una gran biodiversidad, en donde se están descubriendo nuevas especies o especies no reportadas en el país. Además, la zona alberga especies que están amenazadas’, destacó.

Altas precipitaciones, inestabilidad de los suelos y riqueza hídrica, propia de las áreas donde se desarrollarán estos proyectos no son comparables con lo existente en el territorio canadiense y, por ello, Spadafora considera que la operación de explotación a cielo abierto del tamaño que planea realizar Minera Panamá, (y eventualmente la de Cerro Colorado) representa un alto riesgo para el país.

Llamó la atención lo reiterativo del discurso que enfatizaba los programas que ejecutan las empresas que explotan los proyectos de oro y cobre en Petaquilla, lugares que el Estado ha mantenido abandonados, mientras que estos consorcios invierten en obras sociales, como reparación de escuelas, construcción de centros de salud, habilitación de carreteras, comedores y la entrega de becas.

Sin ambages, el alcalde del distrito de Nole Duima, Celestino Montezuma, dijo que la intención de esta propuesta es explotar Cerro Colorado (a pesar de que el diputado de Icaza le espetó que nunca ha dicho que sea así).

‘La mina significa la industria de la muerte’, sentenció Montezuma, luego de exponer sobre el impacto que tendrá la explotación minera de Cerro Colorado, ubicada en Nole Duima, comarca Ngäbe Buglé.

Para el profesor universitario Azael Barrera las decisiones sobre los proyectos mineros, que se impulsarán a través de las reformas al Código Minero, se están tomando en Seúl y Singapur, donde operan empresas que requieren materia prima para desarrollar sus industrias; a lo que el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, ripostó que esta norma no se está cambiando para favorecer a nadie en especial.

Fueron tres días maratónicos, durante los cuales desfilaron por el Salón Azul de la Asamblea Nacional los más diversos sectores del país, en un período de ‘consultas’, liderado por un diputado como Aris de Icaza, quien en todo momento dejó plasmada su posición a favor del proyecto, de una forma demagógica y electorera. Un escenario similar al que marcó la imposición de la Ley 30 (Ley Chorizo), por lo que entre ambientalistas, indígenas y políticos de oposición, primó la certeza de que estas consultas son un mero trámite, pues la decisión ya está tomada.

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Este artículo se publicó el  4  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.