Una jornada nacionalista

La opinión de…

 

Carlos Guevara Mann

La fecha de hoy figura con prominencia en los anales del nacionalismo panameño. Tras intensas protestas populares, el 22 de diciembre de 1947, la Asamblea Nacional rechazó el convenio de bases que, días antes, el gobierno del presidente Enrique A. Jiménez había sometido a su consideración.

El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos –conocido en nuestro medio con el nombre de “Filós–Hines”, en honor de sus suscriptores: el ministro encargado de Relaciones Exteriores Francisco Filós y el embajador estadounidense Frank Hines– fue firmado en Panamá el 10 de diciembre de 1947 y presentado a la Asamblea Nacional dos días más tarde. Una vez se conoció su contenido, la respuesta popular no se hizo esperar.

Tal cual lo señalan los historiadores Pizzurno y Araúz (Estudios sobre el Panamá republicano, págs. 332-40), grupos de jóvenes y profesionales de inspiración nacionalista, agrupados en la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP), el Frente Patriótico de la Juventud, el Magisterio Panameño Unido, la Asociación Nacional de Educadores, la Unión Nacional de Mujeres y otras organizaciones se tomaron las calles de la ciudad.

Bajo el mando de José Antonio Remón, recién nombrado primer comandante de la Policía Nacional, la fuerza pública reprimió las protestas con salvajismo, empleando por primera vez bombas lacrimógenas contra los manifestantes e hiriendo a decenas de ellos, incluyendo al estudiante Sebastián Tapia, quien quedó paralítico como consecuencia de las lesiones recibidas.

El convenio lastimó la conciencia nacionalista porque pretendía prolongar la presencia militar estadounidense fuera de la Zona del Canal. Dicha presencia respondía a las planificaciones estratégicas de Estados Unidos sin tomar en cuenta los intereses nacionales.

Años atrás, ante el aumento de tensiones en Europa y el Pacífico, la administración del presidente Roosevelt había solicitado al gobierno del Dr. Arnulfo Arias el establecimiento de sitios de defensa en varios puntos del territorio nacional. El presidente Arias propuso la reconsideración de algunos aspectos de la solicitud, excesivamente onerosos para Panamá, lo que no satisfizo a Estados Unidos.

Luego del desalojo del Dr. Arias en octubre de 1941, el gobierno de facto que lo sucedió –encabezado por Ricardo Adolfo de la Guardia– firmó con Estados Unidos el Convenio de Bases de 1942, que permitió a Estados Unidos erigir 114 sitios de defensa fuera de la Zona del Canal, entonces, bajo jurisdicción estadounidense. Según los términos del acuerdo, la ocupación extranjera de esas bases terminaría un año después de que concluyera la guerra mundial.

Tras la rendición de las potencias del Eje en 1945, los grupos nacionalistas panameños esperaban la clausura de los sitios de defensa. Estados Unidos, sin embargo, deseaba prolongar su ocupación, lo que coincidía con las aspiraciones de algunos sectores económicos en Panamá, a los que la presencia estadounidense producía réditos.

Apoyados en la Policía Nacional, esos sectores deseaban imponer sus intereses. Pero la represión policial no consiguió amilanar el ánimo nacionalista, que finalmente prevaleció y condujo al rechazo unánime del convenio por la Asamblea Nacional.   “Ha nacido la Segunda República, una República libre de ataduras intervencionistas”, exclamó entonces Carlos Iván Zúñiga, presidente de la FEP (La Prensa, 17 de diciembre de 2005).

La jornada nacionalista de 1947 provee importantes lecciones. Hoy como ayer, es necesario instituir un sistema de representación democrática que permita definir adecuadamente los intereses nacionales y evite que objetivos particulares o foráneos, contrarios al bienestar general, se impongan en la agenda pública.

En última instancia y a pesar de las presiones del Ejecutivo, así actuó la Asamblea Nacional de la época, salvaguardando el bienestar colectivo, lo que indica que operaba con cierto grado de autonomía, factor fundamental para el mantenimiento del gobierno republicano.

El carácter civilista del nacionalismo panameño –no solo opuesto a la presencia militar estadounidense sino, además, a la militarización de la fuerza pública– también se manifestó en diciembre de 1947. Sin embargo, apoyada por Estados Unidos, la fuerza pública seguiría militarizándose hasta convertirse en el centro del poder político durante la dictadura castrense.

La militarización de los servicios de seguridad produce efectos dañinos sobre la salud de la sociedad.   Entre sus principales efectos están la restricción de los espacios para la expresión individual y colectiva y el incremento en los niveles de violencia mediante el uso desmedido de la fuerza. Esta es otra de las lecciones importantes de 1947 que no podemos olvidar.

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<> Este artículo se publicó el 22 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Entrenamiento militar

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

Una nota de prensa de la Cancillería, fechada el 16 de septiembre, informó acerca de la firma de “acuerdos de cooperación” (en plural) según los cuales Estados Unidos aportará a Panamá bienes y servicios “por un monto superior a los 10 millones balboas” para contribuir “a los programas de fortalecimiento de la seguridad en nuestro país”.

Sobre el particular, el vicepresidente Varela, ministro de Relaciones Exteriores, señaló: “Estos acuerdos permitirán contar con recursos de cooperación no reembolsables para apoyar acciones de capacitación, asistencia técnica y equipamiento en las áreas de reformas del sector seguridad [sic], lucha contra el crimen transnacional y fortalecimiento del estado de derecho”.

Según la Cancillería, el vicepresidente “añadió que la cooperación estará enfocada en los esfuerzos de seguridad marítima y fronteriza, y el equipamiento y capacitación para esas tareas, así como en el Proyecto para Mejorar el Entrenamiento en las Academias de Policías, desarrollado en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).” CARSI (no lo dice la nota) forma parte del Plan “Mérida”, un programa de cooperación de seguridad entre Estados Unidos, México y los países de América Central anunciado en 2007 y aprobado por el Congreso estadounidense en 2008.

Un análisis de los escasos datos suministrados por la Cancillería genera varias inquietudes. Primeramente, el Gobierno nacional debe proveer el desglose de la donación e indicarnos qué compromisos adquiere Panamá al recibirla y cuál es el cronograma de desembolso. Además, debe informarnos en qué consisten las “acciones de capacitación”, qué funcionarios panameños las recibirán y qué unidades del Gobierno de Estados Unidos las impartirán.

Este aspecto –relativo a entrenamientos– es sumamente importante, al menos por dos motivos. En primer lugar, el adiestramiento que Estados Unidos ofrece en materia de seguridad muchas veces se imparte por unidades de las fuerzas armadas de ese país, frecuentemente con un énfasis unilateral, belicista y de contrainsurgencia.

En ocasiones anteriores, los resultados de estos entrenamientos militares fueron deplorables para el desarrollo democrático y el respeto por los derechos humanos en América Latina.   Por ejemplo, los manuales de instrucción de la Escuela de las Américas (hoy llamada “Instituto de Defensa para Cooperación Hemisférica de Seguridad”) incluían la tortura como estrategia de seguridad nacional.

En segundo lugar, si los acuerdos suscritos el 16 de septiembre comprendieran el entrenamiento de personal de nuestra Fuerza Pública por militares estadounidenses, habría que oponerse firmemente a dicha cooperación. “La República de Panamá no tendrá ejército”, estatuye la Constitución vigente en su artículo 310.

Una república sin ejército no puede acceder a que su personal de seguridad reciba entrenamiento militar. “Pero ese adiestramiento viene dándose a miembros de la Fuerza Pública desde 1991 (Betty Brannan Jaén, La Prensa, 13 de agosto de 1995)”.   Entre 1999 y 2007, 2 mil 320 funcionarios panameños, supuestamente civiles, fueron entrenados bajo programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según estadísticas del propio Departamento.

El tema tiene graves implicaciones. A los militares se los entrena para matar al enemigo en un contexto de guerra. El entrenamiento que corresponde a los cuerpos civiles de seguridad es muy distinto.   No se basa en liquidar al delincuente, sino en prevenir la delincuencia y someter a los criminales según lo establece la Ley.

¿Cuáles son los resultados del adiestramiento militar recibido por nuestra Fuerza Pública? Este es otro aspecto fundamental del asunto en consideración.

A pesar de la instrucción impartida por Estados Unidos (y otros países), la Fuerza Pública dista mucho de ser un organismo confiable que contribuye al desarrollo nacional.   Por el contrario: resulta evidente que no promueve adecuadamente la seguridad, está penetrada por la ineptitud y la corrupción y tiene en su personal un número importante de agentes abusivos, cuya norma de conducta es la violación de los derechos humanos de muchos ciudadanos conscientes, comprometidos con el bien común y respetuosos de la Ley.

Aunque abundan los ejemplos, vale la pena traer a colación el reciente caso de Carmen Tedman, defensora del medio ambiente en Chiriquí, brutalmente agredida por la Policía Nacional el 20 de septiembre último (La Prensa, 21 de septiembre).

A fin de evitar que la militarización de los servicios de seguridad, iniciada hace varios años, termine por reinstaurar un narcomilitarismo corrupto y vesánico en nuestro medio, hay que partir por entregar a la ciudadanía detalles precisos acerca de los programas de adiestramiento para los funcionarios de la Fuerza Pública.

<> Este artículo se publicó el 29  de septiembre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.