Mediación para conflictos de las personas con Discapacidad

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La opinión de la Abogada y Mediadora…

Hanya Martínez Hernández 

Mediante Ley 3 de 2001 la Asamblea Legislativa de la República de Panamá aprobó en todas sus partes la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y desde entonces forma parte del llamado “Bloque Constitucional”. Posteriormente, se sanciona la Ley 11 de 2005 que prohíbe la discriminación laboral basada en aquella convención.
Hoy, a casi diez años de la convención, la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad aporta investigaciones y consultas de las propuestas para ejecutar todas esas disposiciones que toman en cuenta “La declaración de los derechos del Retrasado Mental”, “Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental”, el “Compromiso de Panamá con personas con Discapacidad en el Continente Americano”… definiendo Discapacidad como alguna deficiencia física, mental o sensorial.
Para lograr su objetivo, obliga a propiciar el efectivo acceso a la justicia, a los servicios policiales, las actividades políticas y de administración, a las personas en condición de discapacidad reconociéndoles independencia, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad.
Esto implica un alto impacto a nivel jurídico y comercial dentro de las bases del derecho conocido, ya que cuestiona conceptos y normas del Derecho Civil que priva de validez y declara como nulo el consentimiento de cualquier persona que pudiera certificarse médicamente con los términos jurídicos actuales que se refieren al “loco”, “demente”, “sordomudo” que no sepan leer y escribir.
Con el derecho vigente, pensar en el acceso a la justicia y en especial a los métodos alternos de solución de conflictos, como lo es la “mediación” e incluso un posible acuerdo de mediación, daría lugar a su imposibilidad y nulidad respectivamente por falta del consentimiento válido.
El convenio obliga a un cambio de paradigmas médicos, y de derechos sobre la capacidad de decisión en contrataciones y en la solución de conflictos, a suerte del convenio, que también exige pautas de ajustes para la adaptación necesaria de estos sujetos para el desempeño de sus derecho y deberes sociales. Lo que nos invita a reflexionar y a prepararnos mejor para afrontar el nuevo reto de gestión de conflictos que surgirá a raíz del acceso de aquéllos a la justicia con capacidad de decisión.
El convenio no plantea distinciones, sino el deber de no discriminar de ninguna forma a personas en condición de discapacidad mental, sensorial o física.
En el contexto de la mediación parece oportuno que dichas personas ya puedan participar con carácter de decisión pues es un método educativo, de integración social, que fomenta la tolerancia y promueve acuerdos de efectos rápidos. También invita a la inclusión de personas con discapacidad en el aprendizaje del método en conflictos de ámbito escolar, vecinal o comunitario y como un mecanismo útil para abarcar las necesidades de este sector en resolver sus conflictos donde prima el reconocimiento a su autonomía frente al pensamiento convencional de compasión, lástima o piedad y hasta evitar que sean sujetos para utilizar, explotar, despojar y/o degradar en un contexto también humano de los reconocidos como los “más hábiles”.
A los mediadores nos invita a adecuar nuestro perfil de escucha activa, aprender nuevas formas de lenguajes y comunicación hacia las partes para contribuir a transformar la visión y acción sobre la capacidad de aquellos con igualdad de deberes y derechos sin olvidar los ajustes que convengan previendo la relevancia que tendría el recurso humano interdisciplinario necesario para una mediación exitosa.
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<>Artículo publicado el  18  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la  autora ,  todo el crédito que les corresponde.
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En busca de una relación familiar ganar-ganar

La opinión de la Honorable Diputada de la República…

Marylín Vallarino

Cada día que pasa nos ofrece muestras de la intolerancia que nos agobia y nos vuelve seres violentos, inclusive en nuestros hogares. La cortesía, la urbanidad y la paciencia son virtudes que en la mayoría de los casos brillan por su ausencia y cuyo déficit se ve reflejado invariablemente en las páginas rojas de los diarios y en los noticieros, traducido en accidentes de tránsito, violencia doméstica, incremento de la criminalidad, infracciones y ¡pare usted de contar!

Es tal este descontrol ciudadano que termina afectando la médula misma de la sociedad que es la familia y que, lamentablemente, en la mayoría de los casos se traduce en separaciones y divorcios para terminar en peleas por la repartición de bienes y la guarda y custodia de los hijos.

Y es que para ponerle la guinda al pastel, un número creciente de abogados (con muy honrosas excepciones) usufructúan del dolor ajeno, convirtiendo situaciones salvables, a través del diálogo y el consenso, en cuadriláteros de boxeo, donde invariablemente las víctimas no terminan siendo las partes en conflicto, sino los más vulnerables que son sus hijos.

Lo irónico del asunto es que estos abogados alegan que es por el “interés superior del menor”; y resulta que se convierte en un mercantilismo que se lleva por delante cualquier asomo de reconciliación o acuerdo entre las partes. Sobre todo, con las estadísticas desalentadoras que reflejan que en Panamá en el año 2009 hubo 5 mil 280 divorcios, sacando la cuenta son 440 mensuales y afinando más el lápiz, son 22 diarios; ¡empiezan las cajas registradoras a sonar!

Pero es que tampoco le brindamos información suficiente, objetiva y actualizada a quienes están atravesando por una situación de crisis por ruptura; por ejemplo, sólo por cultura general usted estimado lector que me regala unos minutos de su tiempo, ¿estaba al tanto de que para solicitar la pensión alimenticia no hace falta abogado alguno, porque el derecho a la alimentación es un derecho humano de subsistencia? Si ya lo sabía lo felicito, porque forma parte del 1% de la población que está enterada de esta prerrogativa.

Esto lo he podido observar personalmente cuando en las consultas públicas sobre el Proyecto de Ley General de Pensión Alimenticia, la mayoría de los asistentes que estuvieron en cada una de las provincias que visitamos para tal fin, no lo sabían e, inclusive, insistían en que debían contratar a un abogado para que solventara los reclamos de dicha pensión.

¿Sabía usted que existen los Centros de Mediación y Conciliación, que dependen del Órgano Judicial donde se le brinda apoyo de manera gratuita a las parejas que están en situación de conflicto? Pues, fíjese que sí los hay, lamentablemente no todos los necesarios para poder frenar un poco esta especie de epidemia de divorcios, pero sí están cumpliendo una función muy importante para mediar y evitar situaciones conflictivas que invariablemente terminan en una separación definitiva, porque resulta que un conflicto que es “bipartito” se torna en “multipartito” y aquí es cuando se forman alianzas en contra de una parte o de la otra, entorpeciendo muchas veces el proceso de diálogo.

No dudo que debe estar usted de acuerdo conmigo cuando me pregunto por qué no existen más Centros de Conciliación y Mediación; cuánto dolor, abandono, remordimientos, maltrato, dinero, tiempo, malos ratos y traumas se ahorraría la sociedad. Definitivamente, deberíamos formar más mediadores en nuestras universidades y no tantos abogados, quienes sin el menor asomo de la ética lo que hacen es echarle más leña al fuego.

La mediación nos enseña que en cada posición enfrentada siempre hay un interés común, sólo que lo visible, esa punta del iceberg que es el comportamiento que reflejamos, disfraza la forma como defendemos lo que nos interesa y nos motiva.

Mahatma Gandhi, en su sabiduría infinita de paz, le replicaba a quien le exigía una actitud más beligerante ante el maltrato continuo de los ingleses: “Ojo por ojo, y todo el mundo acabará ciego”.    La verdadera cultura de paz comienza dentro de nosotros y se nutre con una sana y constante interacción familiar.

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<> Este artículo se publicó el 20  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/vallarino-marylin/

Río San Juan, manzana de la discordia entre ticos y nicas

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La opinión del Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá…

Euclides E. Tapia C. 

Tres son los aspectos neurálgicos de la controversia. El primero, lo constituye el proceso de sedimentación acelerado que revela el río San Juan al punto de que más del 90% de su caudal se va hacia Costa Rica, por el río Colorado (300 mil metros cúbicos de agua) y menos del 10% se queda en Nicaragua a partir del punto donde se bifurca, que se denomina “El Delta”, territorio lleno de arena y sedimentos, que se orienta al Caribe, a través de cinco caños, creando una “bahía”, que más parece una frontera terrestre que fluvial.

Como se sabe, para enfrentar el problema Nicaragua procedió al dragado del río San Juan, provocando la reacción tica, que teme que ello perjudica su millonaria industria turística.   Es evidente, que con la limpieza se ampliará el afluente natural e histórico del San Juan, logrando fortalecer sus salidas, lo que figurativamente sería igual, que si en vez de una llave, (el río Colorado en Costa Rica), se abrieran dos o más simultáneamente, dividiendo el agua en todas las salidas posibles, lo que reduciría en menos de un 12%, el caudal que exclusivamente usufructúa Costa Rica, a expensas de las aguas del lago Nicaragua y del río San Juan.

El segundo, es la presencia de fuerzas militares nicaragüenses en una zona de 3 km conocida como Finca Aragón, en la que se depositaban los sedimentos resultado del dragado, en la punta superior de una “isla” fluvial, que los costarricense denominan Isla Calero. Contrario a tal tesis, Nicaragua aduce que tal punta, es un área, parte de lo que ella identifica como isla Harbour Head, que según los laudos de Alexander, es una sector demarcado como territorio nicaragüense, al cual se le debe restablecer el hito correspondiente.

El tercero, que se confunde con la delimitación de la frontera. En realidad ese trabajo fue resuelto, por el ingeniero estadounidense Edward Poter Alexander, quien hizo las mediciones necesarias para fijar los límites, en 1897 y 1898.   Por tanto, lo que está pendiente, no es la delimitación fronteriza, sino, el trabajo de posicionamiento de los hitos o mojones en los tramos de la frontera que en la actualidad, así lo exijan. Tales posiciones geográficas son hoy fácilmente localizables, por medio del Sistema Global de Posición mediante satélite (GPS).    Sin embargo, hasta la fecha Costa Rica se niega concluir (de 137 puntos identificados bilateralmente, solo ha querido certificar 17).

Ante el escenario planteado, considero inadecuado y hasta peligroso que Panamá esté a priori tomando partido en cuanto conflicto internacional aparece, (casos: árabe-israelí, Colombia-Venezuela y ahora Nicaragua–Costa Rica y luego tener la desfachatez de proponerse como mediador, sin ni siquiera diferenciar el rol de mediador, del de buen oficiador ); pues ello no solo pone en evidencia nuestro talón de Aquiles, es decir, lo vulnerable de la seguridad, protección y defensa del Canal y su cuenca hidrográfica, sino que además demuestra un excesivo nivel de politización de nuestra política exterior.

Para nadie es un secreto que la reacción panameña se explica porque Nicaragua es gobernada actualmente por una persona internacionalmente aborrecida, sin embargo ello no debe confundirse con que la cuestión del río San Juan distingue banderías políticas a lo interno de los países beligerantes. Recordemos que quienes recientemente se enfrentaron en la Haya, fueron dos gobiernos ideológicamente afines: el del presidente Enrique Bolaños en Nicaragua y el de Abel Pacheco en Costa Rica. En el diferendo actual, tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), como el Cardenal Miguel Obando y Bravo, están apoyando al gobierno de turno, por lo que en caso de una ruptura, Panamá sería la perjudicada, toda vez, que es precisamente Nicaragua el único país, con el que gozamos de un superávit comercial.

No puedo concluir sin exteriorizar algunas dudas que la problemática me despierta. Uno, en la hipótesis de que la finca Aragón no se resulte ubicada geográficamente en territorio nicaragüense, como alude Nicaragua, ¿estaríamos acaso ante una calculada maniobra de Managua, dirigida a conminar a la comunidad internacional a que obligue de una vez por todas a Costa Rica a ejecutar los Laudos de Alexander, fijando los hitos fronterizos?

Dos, si Nicaragua accede a retirar las tropas del territorio en litigio…, ¿que garantiza que la OEA, obligue a Costa Rica a certificar y construir los hitos, que junto a la contraparte, identifico en la frontera y al revés, la situación siga igual que antes, perjudicando a Nicaragua?

Tres, en el evento de que los hitos fronterizos se logren establecer y resulte que efectivamente la finca Aragón se encuentre en territorio nicaragüense, ¿como quedaría parada la OEA?

Por último, con la aquiescencia de las partes…, ¿estarían los Estados Unidos dispuestos a servir de garantes, de que una vez se acuerde el retiro de simultáneo de fuerzas armadas o de seguridad, se inicie de inmediato el establecimiento de los hitos fronterizos?

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<>Artículo publicado en dos entregas:  el 19  y el 20 de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/tapia-c-euclides-e/

La familia y la mediación: La pareja perfecta

La opinión del Abogado y Mediador…

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FERNANDO E. FRAGUEIRO V.   *
fernandofragueiro@hotmail.com

No es un secreto que la familia es el pilar de la sociedad, pero ¿por qué las familias se desintegran y son incapaces de comunicarse?   En un conflicto familiar, de cada diez parejas, pareciera que ocho culpan a su cónyuge, una considera que no está pasado nada y, quizás, en un caso, ambas aceptan su responsabilidad.

A pesar de no ser una estadística oficial, nuestro diario vivir nos enfrenta a esta triste realidad. Cuando deciden separarse, la comunicación sufre tanto, que necesitan de terceros para hablarse, porque solos no lo logran, sin herirse.

Sin embargo, para este caos emocional existen herramientas distintas a las controversias judiciales, que dejan sentimientos de Ganador vs. Perdedor. Son los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, entre los cuales se encuentra LA MEDIACIÓN.

El artículo 52 de la Ley 5 del 8 de julio de 1999 define que: ‘Se instituye la mediación como método alternativo para la solución de conflictos de manera no adversarial, cuyo objeto es buscar y facilitar la comunicación entre las partes, mediante la intervención de un tercero idóneo, llamado mediador, con miras al logro de un acuerdo proveniente de éstas, que ponga fin al conflicto o controversia’.

El papel del Mediador, no es el de resolver directamente el conflicto, sino el ser un facilitador de la comunicación, que mediante una conversación supervisada, permite a las partes llegar a un entendimiento, dejando atrás las diferencias, para obtener un Acuerdo que resuelva satisfactoriamente el conflicto entre ellos.

La Mediación no solo se aplica para casos de familia, incluye casos civiles, penales, comerciales, laborales, entre otros, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el artículo 55 de la Ley 5 de 1999, que dispone que: ‘Podrán someterse al trámite de la mediación las materias susceptibles de transacción, desistimiento y negociación y demás que sean reglamentadas’.

Gracias a la experiencia que me ha brindado la Mediación, estoy convencido de que si más parejas utilizasen este Método, en vez de decidirse por la vía judicial, podrían resolver más rápida, efectiva y económicamente los conflictos que se les presenten, sin que quede esa difícil sensación de Ganadores vs. Perdedores; pues, las decisiones nacen directamente de ellos y a favor de ellos, a través de su propia negociación en base a la buena fe y buena voluntad.

Concluyo con el artículo 53 de la Ley 5 que dice: ‘La mediación se orienta en los principios de la autonomía de la voluntad de las partes, equidad, neutralidad, confidencialidad, economía y eficacia’.

<> Este artículo fue publicado el 10 de octubre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.