Los acuerdos fiscales

La opinión del Ingeniero Industrial y Analista Político...


JOSÉ I. BLANDÓN C.
blandonc@cwpanama.net

Enel marco de la nueva situación generada por la globalización de la economía y el desarrollo tecnológico que han alcanzado las actividades ilegales promovidas por individuos y por organizaciones criminales, se ha hecho necesario replantearse, para modernizarlas, las relaciones entre los estados concernientes a la cooperación fiscal y al intercambio de información en materia de impuestos.

Nuestro país ha sido acusado injustamente de ser un paraíso fiscal, a pesar de los cambios que en forma continua ha realizado Panamá durante los últimos veinte años. También es cierto que la estructura financiera creada a raíz del desarrollo del sistema bancario nacional, ha permitido el uso ilegal de nuestras facilidades y como consecuencia, hemos sido incluidos en listas discriminatorias a lo largo y ancho del planeta.

Desde varias administraciones se ha venido estudiando la necesidad de introducir cambios en nuestras relaciones con respecto a la evasión fiscal y al uso del Centro Financiero panameño por personas ligadas al narcotráfico, terrorismo, a la evasión de impuestos, y a toda actividad ilegal que produce ingresos que necesitan ser ‘legalizados’, de una u otra forma.

Bajo la administración del presidente Martinelli se lanzó una estrategia con el fin de promover la integridad, competitividad y rescatar el buen nombre de Panamá, a través de una estrategia nacional para la promoción de los servicios internacionales y financieros, que tiene como uno de sus fundamentos lograr excluir a Panamá de listas discriminatorias.

En el marco de esta estrategia nuestro país ha logrado establecer mecanismos efectivos para el intercambio de información tributaria con catorce países, de los cuales ya han firmado diez, incluyendo el Acuerdo para la Cooperación Fiscal y el Intercambio de Información en Materia de Impuestos, que se firmó el martes 30 de noviembre en la capital federal de los Estados Unidos.

Algunos sectores han salido a cuestionar este acuerdo de Panamá con los Estados Unidos, especialmente los gremios de abogados ligados a estos negocios y las grandes firmas de abogados. En su argumentación indican que esta es una claudicación a la soberanía nacional y que tendrá efectos devastadores sobre el futuro del Centro Financiero panameño y el importante sector de servicios que constituye piedra angular de nuestra economía. ¿Será cierta esta afirmación de los gremios de abogados y los grandes bufetes?

Lo primero que tenemos que señalar es que en términos generales todos los acuerdos de intercambio tributario que ya ha firmado Panamá tienen exactamente los mismos principios y efectos, incluyendo el firmado esta semana con los Estados Unidos.   Estos acuerdos han tenido un efecto positivo en la imagen de Panamá y en la calificación de riesgo nación.   En la práctica, el sistema financiero panameño se está haciendo más transparente y la imagen del país ha mejorado sustancialmente.   El que quiere hacer negocios en Panamá tiene que hacerlo dentro de la legalidad nacional y en el marco de las reglas jurídicas que regulan la economía global. Panamá no debe dar espacio para que el crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones, utilice nuestro sistema financiero para sus perversos propósitos.

Se ha hablado que Panamá perderá el secreto bancario, que se eliminará la privacidad, que los Estados Unidos podrá hacer investigaciones cuando les dé la gana, y, en fin, se expresa que el país colapsará. Además, que quienes firmen estos acuerdos serán considerados como los Bunau—Varilla modernos.

El acuerdo con los Estados Unidos garantiza la privacidad de los individuos y permite la emisión de acciones al portador, lo más importante es que no existe un intercambio automático de información ni las llamadas expediciones de pesca, es decir, los Estados Unidos tendrá que hacer una solicitud de investigación debidamente sustentada, para poder que Panamá acceda a entregar la información requerida.

El intercambio de información que se compromete a realizar Panamá, independientemente del tipo de acuerdo celebrado, se hará en base a solicitudes individuales provistas de un fundamento específico y justificado y observando el principio de la reciprocidad. Es decir, Panamá no dará información que la otra parte no pueda entregar.

Considerar traidores a las autoridades que firmen estos acuerdos es un argumento demagógico y demuestra la falta de objetividad de quienes realizan sus críticas. Es un hecho público y notorio que la Asociación Bancaria de Panamá, Cámara de Comercio y los abogados han estado representados, junto a altos funcionarios del gobierno, en el diseño y ejecución de esta estrategia.

Al final, el Centro Bancario de Panamá saldrá fortalecido y seguirá siendo factor importante del desarrollo nacional, ahora bajo una transparencia mayor y ajustada a las necesidades de nuestros aliados estratégicos, pero fundamentalmente, ajustada a los intereses de la nación panameña y del desarrollo económico de nuestro país. Ser panameño será en el futuro un sinónimo de transparencia y orgullo.

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<> Este artículo se publicó 3  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El país de la zozobra diaria

La opinión del Periodista y Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.

‘ Tú crees que me matas; yo creo que te suicidas’, Antonio Porchia. El ahora presidente Ricardo Martinelli fue el más férreo opositor a suscribir el pacto ético para adecentar la pasada campaña electoral.   Entonces no respetó la más mínima ética pública, menos la respeta ahora.   Está imponiendo a la conciencia nacional su particular visión de país aderezada con los excesos verbales que devalúan su propia investidura y lo llevan a cometer toda suerte de extravíos.   Posee una visión maniquea que coloca de su lado a los buenos y agrupa al resto de los panameños como indios borrachos, sindicalistas maleantes, a la sociedad civil como conspiradora, a los periodistas como pacotilla, a las noticias contrarias como periodicazos, a los empresarios como gallotes y a los opositores como cínicos y corruptos.

No le bastaba a Martinelli con emplear cuanta tribuna tiene a mano para atacar a sus adversarios. El lanzar a las calles a las turbas oficialistas como tropa de choque —que en países vecinos han derivado en bandas paramilitares para eliminar físicamente a opositores— se inscribe en la lógica de una agresión permanente, de intolerancia hacia las críticas con la intensión de ocultar o desviar la atención sobre hechos y denuncias que afectan al gobierno.

Hay que comprender que el oficialismo tiene sus razones para ocultar la posibilidad de saber la verdad acerca de dónde estuvo desaparecido el indígena Víctor Palacio por más de un mes. Y que el estreno de la nueva modalidad de agresividad oficial, surja de la misma matriz totalitaria y de control mediático que ha signado la gestión de Martinelli.

El mandatario se ha caracterizado como maestro del engaño y la falsificación de la realidad.   El control del acceso a la información y el bombardeo propagandístico, intenta criminalizar a sus adversarios con el empleo de la mentira como arma política, sin el freno que podrían aplicar en otros tiempos las instituciones democráticas, sometidas a sus arranques despóticos.   Los grupos empresariales dueños de los medios de comunicación han cedido, por temor o complicidad, ante el embate del oficialismo para ser árbitro del flujo informativo.

Aunque al colectivo social le resulta inverosímil el falso relato de la realidad que pretende imponer, Martinelli está creyéndose su propia mentira.

En un gobierno que vive pendiente de los medios de comunicación, esa obsesión deriva de un error:   El de creer que la sociedad obedece a los medios como una fuerza física. Y que al dominar los mensajes que se emiten, se controlará a quienes reciben esos mensajes. La estrategia es rudimentaria, pero efectiva cuando no se cuenta con argumentos persuasivos.

El gobierno olvida que las sociedades nunca se colocan del lado de los victimarios y que el Estado pierde autoridad cuando se convierte en un Estado generador de ilegalidad y arbitrariedades.

Con Martinelli está en riesgo la paz social y la imagen del país, porque lo está polarizando.   Que se dejen de ‘babosadas’, dijo el martes en Changuinola, ‘yo no persigo a nadie’, en reacción al acoso por medios judiciales lanzado el contra el ex presidente Martín Torrijos. Esa acción responde a magistrados fieles al Palacio de las Garzas que están complaciendo al Ejecutivo, editorializó el miércoles La Prensa. Es ‘difícil descartar que detrás se escondan motivaciones políticas’, añadió.   ‘Es imposible para el gobierno convencer a la ciudadanía de que no se está cruzando la línea entre la verdadera justicia y la persecución política’, resaltó el mismo día el editorial de Crítica.

Sin duda que se cierne sobre el país un período horrible y hay que cubrirse. Nadie está a salvo en Panamá. Ningún gobernante totalitario se flexibiliza, todo lo contrario. Nunca como en estos días el Estado de Derecho, las libertades ciudadanas, la seguridad jurídica, la propiedad privada y la libertad de expresión han estado tan amenazados. En el escenario nacional se advierte una fractura que está abriéndose y que pone en peligro la convivencia como se ha conocido hasta ahora.

Martinelli puede manifestar reacciones despiadadas y desenfrenadas del poder para fulminar a sus adversarios.   Sin embargo, es una verdad indiscutible que la sobrevivencia de un gobierno se pone en juego cuando se empecina en ahogar sistemáticamente la legalidad.   Martinelli, aunque ostente la primera magistratura del país, es un funcionario transitorio del Estado, y cuando concluya su mandato será un ciudadano más que deberá rendir cuentas por sus acciones, por muy blindado que ahora parezca.

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Este artículo se publicó el 26 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Todo al revés

La opinión de…

Xavier Sáez–Llorens

Cuando se rumoraba sobre la posible condena de Ana Matilde pensé que se trataba de una inocentada desfasada de fecha.  Todavía no logro asimilar la sentencia, por más legalidad jurídica que pintorescos defensores intenten argumentar a posteriori.  Imagino la escena del malhechor, pescado in fraganti en la fechoría, riéndose frente a la televisión mientras la decente abogada (extraño adjetivo para esta profesión) era castigada por autorizar a un fiscal la grabación voluntaria del celular de una víctima sujeta a soborno.

Más ridícula fue la conmutación de la pena para inhabilitarla por el tiempo exacto que le quedaba como procuradora vigente.   Para mayor hilaridad, la votación de los magistrados se fraccionó según el partido que los puso en la CSJ, clara demostración de que las conciencias se compran desde el Ejecutivo.

Ante el circense veredicto, recordé al fabuloso humorista George Carlin, que en sus chistes sobre la hipocresía de la sociedad, se mofaba de la irracionalidad de la humanidad. Una de sus actuaciones criticaba las paradojas de la era en que vivimos. He agregado y modificado algunas de sus observaciones para ilustrar mejor el asunto.

Tenemos edificios más altos, pero tolerancias más cortas; carreteras más amplias, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero poseemos menos; compramos más, pero disfrutamos menos. Contamos con casas más grandes, pero familias más pequeñas; mayores comodidades, pero menor tiempo para disfrutarlas. Ostentamos más diplomas académicos, pero menos sentido común; mayor conocimiento, pero menos educación.

Aparentamos conocer mucho, pero leemos muy poco; disponemos de más expertos, pero menos soluciones; mejor medicina, pero menos salud. Incrementamos los bienes, pero reducimos nuestros valores; rezamos a diario, pero odiamos a cada rato. Aprendemos a ganarnos la vida, pero no a vivir; agregamos años a la vida, pero no vida a esos años. Hemos visitado la Luna, pero nunca el hogar del vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no dominamos el yo interior. Manipulamos átomos, pero no controlamos prejuicios. Sabemos apresurarnos, pero no esperar. Inventamos tecnologías para contactarnos, pero nos comunicamos menos.

Pagamos más impuestos, pero recibimos menos beneficios; somos solidarios con los que menos tienen, pero éstos cada vez son más vagos. Nos arruinamos con elevadas pólizas, pero quedamos desprotegidos contra enfermedades graves. Aportamos con esfuerzo dinero al fisco, pero el tesoro estatal se utiliza para pagar viajes, coimas, vehículos de lujo y joyas de gobernantes, ministros o diputados.

Votamos por esperanzas y promesas, pero presenciamos inseguridad, corrupción e iniquidad. Aportamos cuotas a sindicatos o gremios buscando bienestar individual, pero sus líderes se liberan de trabajar, rascan sus escrotos en oficinas refrigeradas, transan con el mejor postor, inventan conflictos, exponen a los más indefensos a la represión y consiguen poder perpetuo.

Hoy en día hay dos ingresos, pero más divorcios; domicilios más lujosos, pero hogares más disueltos; fácil acceso a condones desechables, pero más embarazos indeseables; más cuerpos obesos, pero menos alimentos saludables; píldoras que alegran y curan, pero también que deprimen y matan.

Nos maravillamos al mirar cataratas, montañas nevadas y aves preciosas, pero cortamos bosques, envenenamos ambientes, contaminamos mares y destruimos hábitats.   Hablamos de amor al prójimo, pero discriminamos por color, sexo o etnia.   Nos imponen cuándo nacer, pero no nos permiten decidir cuándo morir. Resaltamos el valor de la familia, pero solo decimos “te amo” cuando el ser querido agoniza o ya se ha ido.

La vida es lo único que debería ser al revés. Como apuntaba Woody Allen, “Tendríamos que empezar muriendo para superar rápidamente ese trámite. Luego despertar en un asilo e ir mejorando día a día. Después ser botado de allí porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión.

Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven para gozar el retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bailas, tomas cerveza, practicas el sexo y te preparas para empezar a estudiar.   Asistes al colegio para jugar con tus amigos, sin responsabilidad alguna, hasta llegar a ser bebé. Los últimos nueve meses te la pasas flotando tranquilo, con calefacción central y comida constante.   Al final, abandonas tu existencia en un orgasmo”.  Lo firmaría ya.

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Este artículo se publicó el 22 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Justicia y legalidad

La opinión de…..

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Ruling Barragán Yáñez


Una de las nociones más elementales en la filosofía del derecho consiste en la distinción entre los conceptos de justicia y legalidad. En principio, todo estudiante del derecho debería conocerla bien desde su primer año de formación. Más aún, el profesional del derecho. Su desconocimiento suele ser causa de negativos efectos en la moral, la política y, por supuesto en el derecho mismo.

En primer lugar, debemos tener en claro que la justicia es un concepto cuyo origen y fundamento es de orden eminentemente ético. En cuanto tal, la justicia o injusticia es una experiencia moral que antecede y trasciende cualquier formulación o administración institucional. Así, las experiencias de injusticia o injusticia existen en todo tiempo y lugar, independientemente de que existan leyes, jueces, procesos, o tribunales. Estos elementos son más bien posteriores y subsidiarios a la experiencia humana de lo justo y lo injusto.

La legalidad es un instrumento para administrar la justicia. Así pues, la legalidad en cuanto tal es un medio para la realización de la justicia, no es un fin en sí misma. Sin embargo, esta realización jamás se da plenamente. La justicia es un ideal o un valor que la legalidad, en cuanto medio o instrumento, intenta realizar. Sin embargo, solo lo hace de una manera limitada e imperfecta, aun en el mejor de los casos.

La justicia no es patrimonio exclusivo de los profesionales del derecho. Sin menospreciar en ningún sentido la innegable y prominente función del derecho en la concepción y el tratamiento de la justicia, debe decirse que esta también le concierne a otras concepciones y tratamientos. Así pues, sociólogos, politólogos y filósofos, entre otros especialistas, también nos brindan una formación en ideas y prácticas de la justicia. Estas ideas y prácticas deberían tomarse en cuenta por abogados y juristas al interpretar y aplicar la legalidad.

La legalidad puede constituirse en un obstáculo para la justicia. En el derecho, este problema suele referirse como el fenómeno de la “ley injusta”. En ocasiones, se dan leyes que propician la injusticia. Por ello, existe la necesidad de renovar y mejorar la legalidad en cada ocasión que resulte oportuna.

En cierta forma, la justicia y la legalidad representan dos tipos de personas. Quienes miran a la justicia sin prestar mucha atención a la legalidad, podría calificárseles de idealistas y románticos. Quienes solo ven la legalidad, sin que les interese mucho la justicia, pudiesen ser considerados como realistas o pragmáticos. La justicia en este mundo requiere urgentemente la síntesis de ambas clases de individuos.

Ningún idealismo romántico puede sostenerse si carece de alguna dosis de realismo pragmático. Asimismo, todo pragmatismo necesita de algún grado de idealismo. De lo contrario, el romanticismo se torna pesimista, cuando fracasa, mientras que el pragmatismo se vuelve cínico, cuando triunfa. O aun peor, ambos pueden degenerar en el nihilismo, donde no hay ya ni justicia ni legalidad.

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Este artículo se publicó el  2  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.