Mediación para conflictos de las personas con Discapacidad

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La opinión de la Abogada y Mediadora…

Hanya Martínez Hernández 

Mediante Ley 3 de 2001 la Asamblea Legislativa de la República de Panamá aprobó en todas sus partes la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y desde entonces forma parte del llamado “Bloque Constitucional”. Posteriormente, se sanciona la Ley 11 de 2005 que prohíbe la discriminación laboral basada en aquella convención.
Hoy, a casi diez años de la convención, la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad aporta investigaciones y consultas de las propuestas para ejecutar todas esas disposiciones que toman en cuenta “La declaración de los derechos del Retrasado Mental”, “Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el Mejoramiento de la Salud Mental”, el “Compromiso de Panamá con personas con Discapacidad en el Continente Americano”… definiendo Discapacidad como alguna deficiencia física, mental o sensorial.
Para lograr su objetivo, obliga a propiciar el efectivo acceso a la justicia, a los servicios policiales, las actividades políticas y de administración, a las personas en condición de discapacidad reconociéndoles independencia, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad.
Esto implica un alto impacto a nivel jurídico y comercial dentro de las bases del derecho conocido, ya que cuestiona conceptos y normas del Derecho Civil que priva de validez y declara como nulo el consentimiento de cualquier persona que pudiera certificarse médicamente con los términos jurídicos actuales que se refieren al “loco”, “demente”, “sordomudo” que no sepan leer y escribir.
Con el derecho vigente, pensar en el acceso a la justicia y en especial a los métodos alternos de solución de conflictos, como lo es la “mediación” e incluso un posible acuerdo de mediación, daría lugar a su imposibilidad y nulidad respectivamente por falta del consentimiento válido.
El convenio obliga a un cambio de paradigmas médicos, y de derechos sobre la capacidad de decisión en contrataciones y en la solución de conflictos, a suerte del convenio, que también exige pautas de ajustes para la adaptación necesaria de estos sujetos para el desempeño de sus derecho y deberes sociales. Lo que nos invita a reflexionar y a prepararnos mejor para afrontar el nuevo reto de gestión de conflictos que surgirá a raíz del acceso de aquéllos a la justicia con capacidad de decisión.
El convenio no plantea distinciones, sino el deber de no discriminar de ninguna forma a personas en condición de discapacidad mental, sensorial o física.
En el contexto de la mediación parece oportuno que dichas personas ya puedan participar con carácter de decisión pues es un método educativo, de integración social, que fomenta la tolerancia y promueve acuerdos de efectos rápidos. También invita a la inclusión de personas con discapacidad en el aprendizaje del método en conflictos de ámbito escolar, vecinal o comunitario y como un mecanismo útil para abarcar las necesidades de este sector en resolver sus conflictos donde prima el reconocimiento a su autonomía frente al pensamiento convencional de compasión, lástima o piedad y hasta evitar que sean sujetos para utilizar, explotar, despojar y/o degradar en un contexto también humano de los reconocidos como los “más hábiles”.
A los mediadores nos invita a adecuar nuestro perfil de escucha activa, aprender nuevas formas de lenguajes y comunicación hacia las partes para contribuir a transformar la visión y acción sobre la capacidad de aquellos con igualdad de deberes y derechos sin olvidar los ajustes que convengan previendo la relevancia que tendría el recurso humano interdisciplinario necesario para una mediación exitosa.
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<>Artículo publicado el  18  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la  autora ,  todo el crédito que les corresponde.

Volver, volver, volver

 

La opinión de…

 

Betty Brannan Jaén

En Rusia hay quienes todavía profesan admiración por Josef Stalin, uno de los dictadores más sangrientos de la historia.    Igual hay en China quienes defienden a Mao Zedong; en República Dominicana, a Rafael Trujillo; en Rumania, a Nicolás Ceausescu, y en Chile, a Augusto Pinochet. En nuestro país, a juzgar por las calcomanías que se ven en los carros,   hay quienes todavía guardan una buena opinión de Manuel Antonio Noriega.

Aun así, me sorprendió ver que en Haití hay quienes recuerdan con cariño la dinastía dictatorial de los Duvalier. Cuando Baby Doc (Jean-Claude Duvalier) sorpresivamente retornó a Haití esta semana, un grupo de seguidores le dio calurosa bienvenida en el aeropuerto.   Eran como 2 mil, según la revista Time.   Otros medios internacionales informaron que el duvalierismo todavía vive en Haití y el abogado de Baby Doc planteó que su cliente podría candidatizarse para la Presidencia.

¿Cómo puede ser? Uno comprende que el pueblo haitiano está abatido por décadas de tragedia, miseria, represión y corrupción, pero cegarse a las realidades de la dictadura duvalierista no hará nada por mejorar su situación actual.   François Duvalier –Papa Doc— asumió la Presidencia de Haití en 1957 tras una elección muy dudosa.   Duvalier, padre, eventualmente desconfió de los militares que lo habían llevado al poder y fue creando una fuerza paramilitar –los temidos tonton makouts— que sustituyó al ejército como pilar de apoyo.    Según leo, el régimen Duvalier tiene la triste distinción de haber sido el primero en las Américas en utilizar “desapariciones” al por mayor como instrumento de terror contra su pueblo, sin hablar de torturas, ejecuciones y una “prisión de la muerte”. Se estima que unas 30 mil personas murieron a manos del Estado durante el duvalierato.

Estados Unidos, deplorablemente, apoyó la dictadura desde el principio. Dwight Eisenhower (republicano) era el presidente cuando Papa Doc llegó al poder y su gobierno se hizo de la vista gorda con respecto a los abusos de los primeros años.   Pero cuando Fidel Castro tomó control de Cuba en enero de 1959, Washington rápidamente consideró que apoyar a Duvalier era parte necesaria de su lucha contra el comunismo en el hemisferio. Eso tambaleó cuando John F. Kennedy (demócrata) llegó a la Casa Blanca en 1961. Kennedy suspendió la ayuda a Haití, disgustado porque –entre otras cosas— Duvalier había logrado “reeligirse” en 1961 con una elección abiertamente fraudulenta.   Kennedy trató de ayudar a los grupos de oposición, pero también quería que Haití fuera un contrapeso a Castro. Las relaciones entre Estados Unidos y Haití mejoraron bajo la presidencia de Lyndon Johnson (demócrata), a pesar de que Duvalier se autoproclamó “presidente vitalicio” en 1964. La ayuda financiera a Haití se restableció durante la presidencia de Richard Nixon (republicano).

Antes de morir en 1971, Duvalier, padre, designó a su hijo, Jean-Claude, como su heredero al poder.   Baby Doc, que tenía 19 años, continuó la brutal cleptocracia de su padre por los próximos 15 años. Tras manifestaciones en su contra en 1986, salió huyendo de Haití en un avión que Washington envió para salvarlo de que lo lincharan.   Se fue a Francia a despilfarrar los cientos de millones que (supuestamente) se había robado del tesoro estatal, pero eventualmente se le acabó el dinero.   Aparentemente, solo le quedan unos 5 millones que están congelados en un banco suizo; se especula que este viaje a Haití es un esfuerzo desesperado por lograr acceso a ese dinero.

Pero, asombrosamente, el Gobierno haitiano detuvo brevemente a Duvalier, hijo, y ahora parece estar ponderando qué hacer con él. Amnesty Internacional recomienda enjuiciarlo por “las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas” de su régimen y algunas de sus víctimas se han apresurado a ponerle denuncias en los tribunales haitianos. Por otro lado, hay manifestaciones a diario en su defensa.

Enjuiciarlo, pero debidamente, es lo que hay que hacer.  Que encare la justicia.

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Este artículo se publicó el 23  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Un país sin Policía

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

Ya que este país se dio cuenta tarde de los despropósitos que conlleva tener Ejército, ahora debería plantearse a tiempo eliminar a la Policía Nacional por orden constitucional y pedirle a Bosco Vallarino que organice las tropas de Boy Scouts para traernos orden y seguridad.    Hoy, no sabemos si en Ancón han llegado a trabajar en labores administrativas los agentes de policía acusados de homicidio por la muerte de cuatro muchachos en el Centro de Cumplimiento de Tocumen.

Lo hacen sin miedo. Trabajan seguros de que su jefe directo, el silencioso Gustavo Pérez, y su jefe supremo, el ministro de ¿Seguridad? José Raúl Mulino, los protegerán hasta el final y que si, por un error, judicial, fueran condenados, el presidente de esta mafiocracia les concederá un indulto (como ha hecho con otros agentes involucrados en actos delictivos).

También en estos días sabemos que la Policía ha desplegado un gran operativo para detener a los desgraciados que robaron a la selección tica y que empañaron la imagen del país.   Es decir: quemar adolescentes en un centro de rehabilitación no enturbia el buen nombre de la patria; constatar que muchos agentes de policía, de migración y aduanas son cómplices de tráficos ilícitos en el aeropuerto internacional, tampoco.

Vemos a los diligentes agentes de la autoridad “cuidando” el carril exclusivo de mentira (hombro y medio) dedicado al improvisado Metrobús, quizá colaboren también repartiendo botellas de agua a los sedientos (ya que están acostumbrados a cuidar los camiones de Coca Cola y de otras empresas que embotellan la poco agua sana que sale de Chilibre).

Lo que pasó en Tocumen es de una gravedad extrema, aunque la mitad del país le reste importancia porque las víctimas no eran más que “maleantes”.     El ministro Mulino, en una de sus bravuconadas, no se indigna con los hechos, sino que se pelea con su colega de Gobierno Roxana Méndez y ésta, tierna ovejita contratada para promover la imagen suave de su amigo Ricardo, no sabe ni qué responder y pone a Hincapié a pelear en los medios para no asumir la responsabilidad.

Nada nuevo. Este Gobierno ha perfeccionado la técnica de la irresponsabilidad política practicada por sus antecesores. Sólo Luis Cortés ha pagado con su cargo el error en el escudo impreso en los pasaportes; pero no hay un solo responsable material o intelectual de los sucesos de Bocas del Toro que haya pagado por lo acontecido; ni uno que responda por la crisis de la basura; por la crisis del agua; por el hundimiento del acceso al puente Centenario; por las mentiras sobre los operativos en Darién; por la persecución a líderes de la sociedad civil; por las decisiones en asuntos ambientales que están hipotecando a las futuras generaciones…

Aquí no hace falta más Policía. Lo que es necesario es algún juez que trabaje y que tenga las agallas de enfrentarse al poder, que demuestre que todos somos iguales a la hora de asumir nuestras responsabilidades, que de una vez por todas acabe con la impunidad oficial, con este hacer y decir lo que les dé la gana sin que pase nada. Tendrán que ser los jueces, porque los ciudadanos bebieron “dormitrón” y no hay quién los despierte, quién los haga ver que tienen derechos y que los pueden exigir. Aquí no hace falta Policía porque no hay nadie que altere el orden público, que salga a las calles a exigir lo elemental (agua y comida), excepto Eladio y Jované.

Aquí no hace falta esta Policía, lo que necesitamos es un cuerpo de funcionarios ejemplares, honestos y sensibles, y no un grupo de machotes a los que por mucho que se les cambie el color del uniforme (jugosos contratos) será difícil cambiarles el alma.    La culpa no es de ellos.   Los agentes de la Policía son tan excluidos y tan pobres como los muchachos a los que dejan quemarse y en la institución,   soy testigo,   hay hombres y mujeres honestos y valerosos,   pero son la minoría y están solos ante el apoyo que reciben las manzanas podridas de sus superiores.

Las familias de los muchachos asesinados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen ya saben que en la búsqueda de justicia no les acompañará el Estado que debería protegerlos. Mucha suerte y toda mi solidaridad.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Homicidios brutales

La opinión de la Doctora en Medicina y Abogada…


NITZIA TORRES CISNEROS
nitzianestesiapanama@hotmail.com

 

De todas las tragedias vividas en Panamá, resultará casi imposible olvidar lo sucedido a los jóvenes recluidos en el Centro de Cumplimiento de Menores, ubicado en Tocumen.

Siete jóvenes fueron quemados brutalmente por personas inhumanas, sin almas, de manera intencional; no de forma fortuita, sino buscando una lesión un daño: se produjeron lesiones personales con dolo y homicidios dolosos, no culposos, porque hubo intención y acción.

Siete jóvenes llegaron al centro con siete historias diferentes, independientemente de cuál haya sido la razón por la que se encontraban allí o si habían provocado un incendio para intentar fugarse, no se justifica bajo ninguna excusa que se lesionara a un joven de esa manera, eran seres humanos no animales, no eran perros ni gatos ni vacas.  A muchos de ellos solo le faltaban unos días para poder cumplir su sentencia.

Sabemos que el origen del delito es multifactorial: presión de grupo o de ‘la banda’, familias desintegradas, abuso y maltrato infantil, pobreza, deserción escolar, poca autoestima, deshumanización, poca valorización por la vida, consumo de drogas, enfermedades psiquiátricas, en fin, la lista es interminable.

La mayoría de los delitos cometidos por estos menores pudieron haber sido prevenidos si se hubiese ‘trabajado’ en ellos en el hogar desde temprano, a tiempo, buscando la ayuda profesional de psicólogos, psiquiatras, sociólogos y otros profesionales.

Hemos visto cómo en nuestro país han sucedido desgracias inmemorables: inundaciones en ‘Puerta del Este’, y en Las Garzas de Pacora; pasajeros quemados en el Bus de Mano de Piedra-Corredor: el 23 de octubre de 2006;  las muertes y enfermos por el jarabe envenenado de dietilenglicol; los pasajeros muertos en Las Garzas de Pacora.

El pueblo está harto y reclama justicia. Nada se ha hecho en pro de la justicia por esos panameños muertos o los sobrevivientes de las tragedias.

Los servidores públicos involucrados en ese horrendo espectáculo (custodios, policías, bomberos, director del centro de cumplimiento), deben ser enjuiciados y condenados. Varios delitos fueron cometidos por estos desalmados: homicidio doloso (van cinco muertos), abuso de autoridad, infracción en los deberes de los servidores públicos, lesiones personales, entre otros.   No sabemos en que concluirá esto, pero será difícil que se haga algo.

Es difícil que después de una quemadura del cuerpo de más del 50% una persona sobreviva aún cuando sea joven. Pero la situación se empeora más por la inhalación de gases tóxicos, que fue intencional y macabra.

Hoy todos lloramos las muertes de los jóvenes: Erick Batista, Benjamín Mojica, José Frías, Omar Ibarra y Víctor Jiménez mis palabras de apoyo para sus familiares. Para aquellos desalmados, asesinos, nada humanos, que les caiga la pena máxima.

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<> Artículo publicado el 26 de enero  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Entre el gobierno, la justicia y la seguridad

La opinión del Ingeniero Agrónomo….

EDUARDO  A.  ESQUIVEL  R.
eesquivelrios@gmail.com

No existe ninguna duda que es en las grandes crisis que se crecen y califican a los hombres y mujeres honestos y capaces. Y siguiendo la idea, es en las grandes crisis que los que no lo son, se empequeñecen y se descalifican.

En la actual crisis desencadenada por el incidente del Centro de Cumplimiento de Menores, el Ministro Encargado de Gobierno y Justicia, Luis Miguel Hincapié, responsabilizó implícitamente a la Policía Nacional de la cadena de infortunados sucesos que llevó al incendio de la celda donde se quemaron gravemente varios menores recluidos. Sin duda ‘por su inexperiencia’ el ministro Hincapié se apega a la verdad de los hechos,   ya que otros con mucha ‘experiencia’ prefieren el engaño y la mentira en estos asuntos ‘políticos’.

Pero el Ministro Hincapié sin duda no es tonto, y sabe que la filmación que hizo una televisora desde antes, durante y hasta después del incidente del incendio de la celda, no dejan dudas de:

1) No había incendio en la celda en un principio.

2) Se ve cuando dos policías lanzan sendas granadas lacrimógenas a través de un agujero en la malla metálica de la celda, en el área donde están los colchones donde duermen los reclusos, cualquiera que conoce del tema sabe que estas granadas tienen un dispositivo pirotécnico de pólvora sin humo que libera el gas lacrimógeno, y después de activadas llegan a alcanzar más de 500 grados C. Es más, el fabricante recomienda no usarlas en lugares cerrados por el riesgo de incendio y daños por la concentración de gas.

3) Se ve claro en la filmación que uno o dos minutos después de lanzadas las granadas, empieza el fuego, exactamente en el sitio donde se lanzaron.

4) Los reclusos empiezan a gritar y quejarse que se queman, y los policías a burlarse de ellos.

5) Los bomberos quieren entrar a apagar el fuego, pero la policía no los deja. (Esto lo dice el propio Lic. Hincapié y los bomberos entrevistados).

6) Finalmente por presión de los bomberos, custodios y periodistas, abren la celda y sacan a los quemados. Todo esto en audio y vídeo está detallado en la filmación de la televisora (sin cortes o edición) que se pasó el mismo día.

Esperemos que este documento extraordinario no se pierda ni sea alterado, aunque ya existen demasiadas copias, y hasta está en Internet.

El Ministro Mulino, al parecer olvida que el Ministro Hincapié es su igual, por lo menos jerárquicamente en la administración pública, no su subalterno.   Sin embargo, tras este incidente, no hay duda que el Ministro Hincapié ha quedado por encima, como el paladín de la justicia, ante la opinión publica.   A falta de seguridad, por lo menos que haya justicia. Lo que no estoy de acuerdo es que sea la propia Policía la que haga la investigación del incidente. O sea que se investigue ella misma.

No nos sorprenderá que al final resulte que los propios reclusos se tiraron las granadas de gas, se auto-incendiaron y se garrotearon y perdigonearon entre ellos dentro de la celda, se burlaron e insultaron ellos mismos, y hasta impidieron que entraran los bomberos. Ya nada me extraña nada. ¡Cosas veredes, Sancho!

 

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<> Este artículo se publicó el  20  de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Propósitos de año nuevo

La opinión de…

 

Isabel Barragán de Turner

Nuestro amado y desventurado país padece de enfermedades crónicas, agudas y de gravedad extrema. El más aguzado de sus síntomas es la falta de justicia en todos los aspectos que engloba este noble término: la justicia económica, la justicia social, la justicia jurídico–procesal, en fin, la justicia que bien reparte todos los bienes comunes: los servicios de todas las dependencias estatales y gubernamentales, equidad en educación, salud, ocio y todo el resto de los derechos mil veces proclamados y otras mil veces más conculcados.

Cada año las agendas personales y gubernamentales se llenan de buenos propósitos, estoy cierta en que los buenos propósitos no son garantía de buenos resultados; empero conocer la intensidad del padecimiento nos podría guiar para intentar curar las amargas pesadumbres de nuestro país.

Un mal endémico que ha padecido la República desde su fundación es la desmesurada y vergonzosa incompetencia judicial y procesal que impide que se realice el anhelado deseo de justicia de este pueblo. Sobre el tema tengo dudas profundas: no sé si es ignorancia o intencionalidad, ambas son imperdonables y cuál peor que la otra.

Después del nefastísimo imperio de los militares, la Procuraduría de la Nación ha estado siempre en manos de no sé qué clase de eunucos que ignoran o se hacen los mal informados de lo que son los delitos, de lo que es la investigación procesal, lo que, en mayúscula, es la Justicia. Señalar que investigan mal, ya sea que lo hagan ex profeso o por ignorancia, en ambos casos, resulta imperdonable y amerita ser castigado: suspendido, inhabilitado y excomulgado del sistema judicial panameño per sécula seculorum.

Otro mal mayor es la descomedida, insolente y hasta desfachatada burocracia. Ninguna institución estatal y gubernamental está libre de esa insalubre carga. Se supone que la carrera administrativa debería haber frenado el desarrollo hiperbólico de las fauces de ese monstruo. Perdónenme que haga una mención personal: mi padre fue funcionario después de haber sido tendero de pueblo, durante la presidencia de Nino Chiari.

Tenía sólo educación primaria y para poder pertenecer al servicio estatal se le sometió a una prueba de conocimientos y habilidades. Él se comía las uñas por la expectación y los nervios: pasó la primera prueba y después siguió sudando nervios, porque lo sometieron, una tras otra, a cinco pruebas que él orgullosamente superó para ser clasificado de la mejor forma, posiblemente era mal compañero porque él no “wwwebiaba” como suelen hacer la mayoría de los funcionarios. La lenta, ineficiente e inhumana burocracia debe erradicarse, cueste lo que cueste, sobre todo de las instituciones de salud como la CSS, cuyos fondos pertenecen a los trabajadores y son administrados por el Estado,pero los gobiernos nunca se han enterado de esa simple pero contundente circunstancia, por eso los gastan como si fueran de ellos.

Hay muchos otros entuertos por destapar y solucionar. Con los anotados basta para escribir una agenda rica en buenos propósitos y trabajar denodadamente para que se conviertan en realidad verdadera. Y empeñarnos en que no nos defrauden en nuestro propósito de lograr nuestros caros ideales de Nación irredenta, porque el peor pecado de los gobiernos es defraudar, y peor aún, escamotear las esperanzas de este pueblo.

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<> Este artículo se publicó el 4  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

El triunfo del derecho y la razón

Sobreseimiento definitivo a favor del Ing. Roger Moscote y el Lic. Melitón Sánchez.  La opinión de…

ROLANDO VILLALAZ
villasoc@yahoo.es

Dos importantes sentencias se han dictado en los inicios del año 2011, reivindicando a la Administración de Justicia, a los Tribunales y jueces. Por una parte, el Segundo Tribunal Superior ratificó y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Decimoquinto Penal donde se dictó sobreseimiento definitivo a favor del ingeniero Roger Moscote y el licenciado Melitón Sánchez, sobre supuestos actos irregulares en torno a dineros de la Delegación de Panamá que fue a los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.

No solamente se demostró su total inocencia, sino que se evidenció la mala fe de quienes dirigiendo el Instituto Panameño de Deportes y la Contraloría General, torcieron informes para aplicar leyes que no se le pueden aplicar al Comité Olímpico y usar Manuales que solo tienen vigencia para federaciones y organizaciones deportivas de menor jerarquía al Comité Olímpico.

Fue este proceso en el cual, violando la presunción de inocencia, se linchó mediáticamente a estas personas y se les condenó anticipadamente, calumniando e injuriando, sin pruebas de ningún tipo, en una tarea donde hasta el Ministerio Público colaboró violando elementales garantías constitucionales. Se demostró que ningún dinero se usó indebidamente y que hasta se le devolvió al INDE más de 60,000 balboas que no se habían usado.

La otra sentencia la acaba de dictar el Juzgado Décimo de Circuito Ramo Penal, en un proceso desfigurado desde su inicios y montado ante los medios como un ‘show’ donde se vilipendió a mas no poder a los directivos del Comité Olímpico de Panamá, violándose la reserva del sumario y la presunción de inocencia, sin importar su honra ni sus familias en una demostración abierta de que se quería sacar a los directivos del Comité Olímpico a como diera lugar, a pesar de que lo único que estos hicieron fue acatar un fallo de un tribunal de justicia y con el aval del COI y la ODEPA, para hacer nuevas elecciones en base a los Estatutos de 1970, que permiten la vigencia de la Carta Olímpica en la República de Panamá sin cortapisas ni limitaciones.

Estos fallos son una bofetada a los que usando los medios de comunicación se prestaron para una sistemática campaña de ataques personales, injurias y hasta poco faltó para que le pidieran a los Jueces que ellos redactarían las sentencias.

Es una lección para quienes creen que se puede torcer la justicia para darle la razón a quien usurpa un organismo fantasma que no tiene reconocimiento de nadie fuera de Panamá y que solo ha servido para que unos cuantos avivatos reciban apoyos disimulados o abiertos de los Directores del INDE o Pandeportes de turno, para socavar al Comité Olímpico y seguir ellos fantaseando una representación hecha a base de violaciones a la ley panameña, a la Carta Olímpica y al sentido común.

Como un castillo de arena o de naipes se han ido cayendo cada una de las mentiras y falsedades que se han estado vociferando todos estos años de quienes creen que pueden sustituir a los tribunales con campañas amenazantes e intimidantes y con vulgaridades de todo tipo para forzar algo que nunca ha estado cerca de la verdad.

Quienes en este periodo han alegremente jugando con la honra y la decencia de las personas, sepan que existe el delito de calumnia judicial y simulación de hechos punibles, para los que con temeridad creen alegremente que se puede ir a los tribunales para usarlos de trampolín para la infamia y la descalificación pueril de sus adversarios.

Sabemos que las autoridades del Comité Olímpico Internacional y de la Organización Deportiva Panamericana con la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales han tomado debida nota de estos acontecimientos y debe el Gobierno Nacional actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde para el deporte panameño que no resiste más farsantes de opereta barata.

<> Este artículo se publicó el 9 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.