Propósitos de año nuevo

La opinión de…

 

Isabel Barragán de Turner

Nuestro amado y desventurado país padece de enfermedades crónicas, agudas y de gravedad extrema. El más aguzado de sus síntomas es la falta de justicia en todos los aspectos que engloba este noble término: la justicia económica, la justicia social, la justicia jurídico–procesal, en fin, la justicia que bien reparte todos los bienes comunes: los servicios de todas las dependencias estatales y gubernamentales, equidad en educación, salud, ocio y todo el resto de los derechos mil veces proclamados y otras mil veces más conculcados.

Cada año las agendas personales y gubernamentales se llenan de buenos propósitos, estoy cierta en que los buenos propósitos no son garantía de buenos resultados; empero conocer la intensidad del padecimiento nos podría guiar para intentar curar las amargas pesadumbres de nuestro país.

Un mal endémico que ha padecido la República desde su fundación es la desmesurada y vergonzosa incompetencia judicial y procesal que impide que se realice el anhelado deseo de justicia de este pueblo. Sobre el tema tengo dudas profundas: no sé si es ignorancia o intencionalidad, ambas son imperdonables y cuál peor que la otra.

Después del nefastísimo imperio de los militares, la Procuraduría de la Nación ha estado siempre en manos de no sé qué clase de eunucos que ignoran o se hacen los mal informados de lo que son los delitos, de lo que es la investigación procesal, lo que, en mayúscula, es la Justicia. Señalar que investigan mal, ya sea que lo hagan ex profeso o por ignorancia, en ambos casos, resulta imperdonable y amerita ser castigado: suspendido, inhabilitado y excomulgado del sistema judicial panameño per sécula seculorum.

Otro mal mayor es la descomedida, insolente y hasta desfachatada burocracia. Ninguna institución estatal y gubernamental está libre de esa insalubre carga. Se supone que la carrera administrativa debería haber frenado el desarrollo hiperbólico de las fauces de ese monstruo. Perdónenme que haga una mención personal: mi padre fue funcionario después de haber sido tendero de pueblo, durante la presidencia de Nino Chiari.

Tenía sólo educación primaria y para poder pertenecer al servicio estatal se le sometió a una prueba de conocimientos y habilidades. Él se comía las uñas por la expectación y los nervios: pasó la primera prueba y después siguió sudando nervios, porque lo sometieron, una tras otra, a cinco pruebas que él orgullosamente superó para ser clasificado de la mejor forma, posiblemente era mal compañero porque él no “wwwebiaba” como suelen hacer la mayoría de los funcionarios. La lenta, ineficiente e inhumana burocracia debe erradicarse, cueste lo que cueste, sobre todo de las instituciones de salud como la CSS, cuyos fondos pertenecen a los trabajadores y son administrados por el Estado,pero los gobiernos nunca se han enterado de esa simple pero contundente circunstancia, por eso los gastan como si fueran de ellos.

Hay muchos otros entuertos por destapar y solucionar. Con los anotados basta para escribir una agenda rica en buenos propósitos y trabajar denodadamente para que se conviertan en realidad verdadera. Y empeñarnos en que no nos defrauden en nuestro propósito de lograr nuestros caros ideales de Nación irredenta, porque el peor pecado de los gobiernos es defraudar, y peor aún, escamotear las esperanzas de este pueblo.

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<> Este artículo se publicó el 4  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

El triunfo del derecho y la razón

Sobreseimiento definitivo a favor del Ing. Roger Moscote y el Lic. Melitón Sánchez.  La opinión de…

ROLANDO VILLALAZ
villasoc@yahoo.es

Dos importantes sentencias se han dictado en los inicios del año 2011, reivindicando a la Administración de Justicia, a los Tribunales y jueces. Por una parte, el Segundo Tribunal Superior ratificó y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Decimoquinto Penal donde se dictó sobreseimiento definitivo a favor del ingeniero Roger Moscote y el licenciado Melitón Sánchez, sobre supuestos actos irregulares en torno a dineros de la Delegación de Panamá que fue a los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004.

No solamente se demostró su total inocencia, sino que se evidenció la mala fe de quienes dirigiendo el Instituto Panameño de Deportes y la Contraloría General, torcieron informes para aplicar leyes que no se le pueden aplicar al Comité Olímpico y usar Manuales que solo tienen vigencia para federaciones y organizaciones deportivas de menor jerarquía al Comité Olímpico.

Fue este proceso en el cual, violando la presunción de inocencia, se linchó mediáticamente a estas personas y se les condenó anticipadamente, calumniando e injuriando, sin pruebas de ningún tipo, en una tarea donde hasta el Ministerio Público colaboró violando elementales garantías constitucionales. Se demostró que ningún dinero se usó indebidamente y que hasta se le devolvió al INDE más de 60,000 balboas que no se habían usado.

La otra sentencia la acaba de dictar el Juzgado Décimo de Circuito Ramo Penal, en un proceso desfigurado desde su inicios y montado ante los medios como un ‘show’ donde se vilipendió a mas no poder a los directivos del Comité Olímpico de Panamá, violándose la reserva del sumario y la presunción de inocencia, sin importar su honra ni sus familias en una demostración abierta de que se quería sacar a los directivos del Comité Olímpico a como diera lugar, a pesar de que lo único que estos hicieron fue acatar un fallo de un tribunal de justicia y con el aval del COI y la ODEPA, para hacer nuevas elecciones en base a los Estatutos de 1970, que permiten la vigencia de la Carta Olímpica en la República de Panamá sin cortapisas ni limitaciones.

Estos fallos son una bofetada a los que usando los medios de comunicación se prestaron para una sistemática campaña de ataques personales, injurias y hasta poco faltó para que le pidieran a los Jueces que ellos redactarían las sentencias.

Es una lección para quienes creen que se puede torcer la justicia para darle la razón a quien usurpa un organismo fantasma que no tiene reconocimiento de nadie fuera de Panamá y que solo ha servido para que unos cuantos avivatos reciban apoyos disimulados o abiertos de los Directores del INDE o Pandeportes de turno, para socavar al Comité Olímpico y seguir ellos fantaseando una representación hecha a base de violaciones a la ley panameña, a la Carta Olímpica y al sentido común.

Como un castillo de arena o de naipes se han ido cayendo cada una de las mentiras y falsedades que se han estado vociferando todos estos años de quienes creen que pueden sustituir a los tribunales con campañas amenazantes e intimidantes y con vulgaridades de todo tipo para forzar algo que nunca ha estado cerca de la verdad.

Quienes en este periodo han alegremente jugando con la honra y la decencia de las personas, sepan que existe el delito de calumnia judicial y simulación de hechos punibles, para los que con temeridad creen alegremente que se puede ir a los tribunales para usarlos de trampolín para la infamia y la descalificación pueril de sus adversarios.

Sabemos que las autoridades del Comité Olímpico Internacional y de la Organización Deportiva Panamericana con la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales han tomado debida nota de estos acontecimientos y debe el Gobierno Nacional actuar en consecuencia antes de que sea demasiado tarde para el deporte panameño que no resiste más farsantes de opereta barata.

<> Este artículo se publicó el 9 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El ejercicio de la libertad

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…

 

Raúl Leis R. 

raulleisr@hotmail.com

José Martí enciende sus palabras de 120 años, para advertir que “Lo que ha de hacerse es tener incesantemente la libertad en ejercicio; por donde el bueno se fatiga, el malo entra: la república no puede dormir; el tirano o el bribón sólo se levantan sobre los pueblos viciosos o indiferentes”.

Poner la libertad en ejercicio, y agregaría la justicia y la ética. No ha sido así durante el año que acaba de terminar. El balance no es favorable para la democracia ni para el desarrollo. Pues crecimiento económico sin equidad y sin afectar a fondo la desigualdad; concentración del poder, debilitamiento de la institucionalidad y de la libertad de expresión; naturaleza amenazada no son compensadas debidamente por las iniciativas positivas que se pudieron desarrollar.

Es evidente que existe demasiado poder económico y político juntos y concentrados en el gobierno y que esto no es bueno para la democracia. Tampoco un Estado centrado en una visión mercantilista que convierte a algunos empresarios, más bien en “empresaurios”.   Parte del cambio esperado que le dio el voto al actual gobierno, fue producto de la insatisfacción de cómo funcionaba la institucionalidad política del Estado, por lo esperado no era más acumulación de poder, sino por el contrario, una real y efectiva democratización del poder.

El riesgo para todos es inclinarnos hacia el autoritarismo civil, hijo del presidencialismo centralista. Por ello, estamos en un momento histórico importante, generar los cambios necesarios para pasar de la amenaza autoritaria a una mayor densidad democrática.

La democratización de la democracia, supone la transformación de los procesos electorales, esquivando su plutocratización, permitiendo más participación y acceso a los medios de comunicación, apertura a nuevos actores y alternativas. Significa entender la democracia también como de ciudadanía, con la generación de la descentralización, el poder local, el presupuesto participativo, los diversos resortes de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas.

Es necesario una permanente introspección y discernimiento de parte de los gobernantes para que comprendan el principio de “mandar obedeciendo”, ligado al desarrollo de la capacidad democrática de la población de envolver y orientar a sus líderes; una profunda reforma política democrática; la vigilancia ciudadana y mediática para la reafirmación del Estado de Derecho, y la vigencia plena de los derechos humanos. La organización ciudadana y popular. La educación popular transformadora. El autoritarismo es el camino equivocado; la construcción democrática y participativa del poder es la ruta correcta.

A esto nos invita Martí: “La república, como las casas de Pompeya,  ha de tener el perro a la puerta. Así surgen ahora, del peligro nacional, los que han de salvar a la nación de él; de la política negociante surgen, por el escarmiento y vergüenza de ella, los que la conminan y derriban; de la camaradería impura de la política y los negocios, surgen, imponentes, el férvido universitario, el abogado indómito, el obrero sesudo, el comerciante verdadero, el periodista fustigador. De la podredumbre misma sale la luz…”    Asi será, por el bien de Panamá.

<>Artículo publicado el  5  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La justicia está en quiebra

La opinión del Economista, Educador, Escritor, Humanista….

VICTORIANO  RODRÍGUEZ  S.
diostesalvepanama@hayoo.com

En términos legales y de credibilidad, el nuevo periodo fiscal se perfila como riesgoso. Existe mucha suspicacia e incertidumbre. Entre lo hecho y lo que ha de hacerse debe existir un abismo, salvo que quieran destruir la escasa credibilidad en el Ministerio Público, legalidad, justicia y presunta equidad.

El hijo de Juana aguanta calla’o, observa, analiza y calla, al final tomará su decisión, la factura puede ser inminente. No somos los ignorantes y sin educación de las décadas anteriores a los años 70.

Nuestro país se estremece ‘bajo escándalos de corrupción’ que no paran, por el contrario, se acrecientan.   El Ministerio Público no escapa a tal situación y es obvio, cuando muchos letrados interpretan a su antojo las disposiciones, independientemente de la claridad de la ley.

El gobierno anterior se caracterizó por tener cinco (5) ministros de educación (en un solo periodo, cinco años). La presunta corrupción causó la detención de dos ex ministros.   Se especula que de afilar la lupa, habrían otros (también viceministros, directores y más), pero la fuerza de la politiquería, el compadrazgo o adeptos necesarios con conocimientos para lograr implementar mecanismos perversos, permite hacer excepciones.

En el Ministerio Público, en año y medio (18 meses), ya van tres procuradores.   Para el entender ciudadano, ‘la justicia está en quiebra’.    Se desconoce si los ‘errores’ son por ignorancia o lo hacen a propósito. Se evidencian deficiencias desde el foliado de los documentos (ver Ley 38, de 31/07/2000) hasta el permitir vandalismos legales, aduciendo amenazas y temores en el actuar, buscar informaciones periodísticas sobre declaraciones de implicados.

Se violan la Constitución y las leyes. Ya parecen rodilleros o papel para uso secundario. Si es imposible amañar o adulterar los expedientes, entonces se viola la ley.   Al final, el Estado pagará las demandas, producto del jerarca que actuó hormonalmente.    Otra razón por la cual ‘la justicia está en quiebra’.   Y el pueblo aguanta calla’o.

Es necesario fortalecer las instituciones del Estado, ser valientes y actuar de acuerdo al sentido común, la ley y fe en Dios. Quien no actúa directamente, debe ofrecer información que permita pistas para adelantar investigaciones tendientes a impedir que sumerjan nuestro país en la devastación económica y de ilegalidad, hasta corregir el rumbo. Dios te salve Panamá.

 

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<> Artículo publicado el 6 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El derecho como razón

La opinión del Abogado,  Administrador de Empresa y Docente Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Si el derecho es razón, y la razón es reina; reina el derecho como razón de todas las cosas. El derecho, como toda obra humana, nació por algo y para algo. Tiene objetivos y fines que a la vez son su razón de ser. Pero, ¿qué es ese algo que el derecho desea lograr? ¿Hacia dónde se dirige la ciencia jurídica? ¿Cuáles son los valores que forman parte de su ser y que al mismo tiempo quiere introducir en la sociedad?

Para algunos ese algo son los valores fundamentales de la sociedad. Para otros son los valores jurídicos, mismos de todo ordenamiento normativo. Immanuel Kant expresa en relación a su significado que: “todavía buscan los juristas una definición de su concepto”, aun cuando él mismo lo define como: “el complejo de las condiciones por las cuales el árbitro de cada uno puede coexistir con el árbitro de los demás, según una ley universal de libertad”. Independientemente de la definición que le demos, rescato una sola palabra de la definición de Kant, “complejidad”, o sea, algo que tiene muchas y múltiples facetas, objetivos, fines, sistemas, y por qué no decirlo algo nada fácil de manejar.

La Real Academia nos entrega al menos tres acepciones de la palabra fin: “Término, remate o consumación de algo”, etc., pero para los efectos de este análisis, “los fines” (el fin de) es el propósito hacia donde queremos llegar, los ideales que deseamos alcanzar. Por esta ambigüedad de la expresión (fines), encontramos autores tan importantes como Aftalion afirmando que “la justicia, el bien común, la paz, la equidad, la seguridad (los fines y principios del derecho para muchos), nunca podrán ser considerados como fines, pues nunca podrán ser alcanzados.

Pareciera ser, entonces, que los fines del derecho ¿no son más que una utopía?   Imposibles de lograr, por lo complejo de sus propósitos o, por el contrario, son propósitos que una vez alcanzados ¿debemos abandonar? Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. Lo que sucede en realidad es que la historia no se detiene; es dinámica, es progresiva y, como decía Einstein, “lo único permanente en el tiempo es el cambio”, y una vez se logra un fin, aparecen nuevos fines (propósitos).

Por otro lado, para San Agustín la justicia nunca podría ser alcanzada o lograda en la tierra, seguramente tenía razón. Sin embargo, es en este raciocinio que encontramos la fundamentación de los fines del derecho, pues no podemos negar que el derecho, sus principios y su fines han ido evolucionando a través del tiempo y la historia, siempre avanzando en sus logros, aunque en algunos instantes (de la historia) pareciera que los hubiéramos retrotraído (I y II Guerra Mundial por ejemplo).

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<> Este artículo se publicó el 30 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Problemas y temas del Panamá que busca rumbo

La opinión del Jurista …


Ramiro Guerra Morales 

Como en los cuentos del Panamá irreal, que terminan como tragedia, nos las pasamos hablando del cuco que viene y poco o casi nada hacemos para evitarlos. Nuestra justicia y como verdad de Perogrullo, sigue dando que hablar. En este contexto, la justicia garantista y de protección de los derechos humanos, del cual nos gusta teorizar, no pasa de ser una pose o un prurito para hacer galantería teórica, pero de allí a la realidad, lejos estamos de ella. A estas alturas de cultura y civilización universal, resulta fulminante para la dignidad e integridad humana, que un estado que se ufana de derecho y democrático, tarde semanas y meses para dirimir o resolver acciones de alta textura humana, como la libertad y el control de los excesos del poder, verbigracia los amparos de garantía y derechos fundamentales y las acciones o recursos de habeas corpus.

Vivimos en un país, donde la politiquería, sigue haciendo aguas el derecho y la justicia. Nunca aceptaremos, esa aberrante teoría, que a todo delito hay que encontrarle un responsable; en nombre de esa aberración, se han cometido abominables execras contra el ser humano y su dignidad. Nuestros fiscales, salvo excepciones siguen siendo inquisidores, positivistas al absurdo y con dichas posturas enredando y complicando todo nuestro sistema penitenciario. En hora buena la actual ministra de Gobierno, ha decidido en verdad darle sentido a la norma Constitucional, del trato y la resocialización del recluso.   La soluciones policíacas y represivas en el tratamiento al reo, han sido un fracaso en toda la región.

Corrupción, pobreza, delincuencia, en fin todo nuestro sistema de valores venidos al piso, por una contracultura que ha elevado al individualismo, el materialismo hedonista y lo superfluo, a la cima de diosa suprema que debilita nuestro ser nacional. Como entender la irracionalidad, que mientras miles de compatriotas viven la tragedia de las recientes inundaciones, se gasten millones en veleidades y gustos, que nada tiene que ver con la doctrina de la fe cristiana y su libro mayor, la Biblia.

Cierto que tenemos una economía que marca fuerte, pero que de su institucionalidad democrática; mientras aquella camina adusta y ruborosa, esta da lugar a contradicciones que eventualmente se pueden tornar en vientos huracanados, creando o levantando hojarascas que pueden terminar en crisis. Tiene que haber una correspondencia entre economía y democracia, dicho en lenguaje pedantesco de la política, entre estructura y superestructura. La no correspondencia de esta, termina haciendo catarsis y generando desasosiego.

Urgen replanteos y correcciones en el rumbo de la afanes públicos y nacionales. El gobierno nacional, tiene que aportar una gran cuota para recomponer situaciones y desazones , nada conveniente para la estabilidad y la paz social .

El gobierno nacional, no tiene enemigos, solo adversarios y ello es normal que exista en todo sistema democrático.

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<>Artículo publicado el  30 de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Derecho como Razón (Parte II)

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La opinión del Administrador de Empresas, Abogado  y Profesor Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Los fines son puntos de llegada, pero también son ideales utópicos permanentes, que no se abandonan por el hecho de no lograrlos de manera absoluta, ni inmediata (desde el punto de vista del ideal), que se nutren, se alimentan, de éste permanente estado de sentir haber alcanzado algo, pero sin haber llegado al fin (propósito último, máximo) de nuestro ideal.

Por lo anterior nos parece importante acotar que el abogado es el profesional que deberá formarse con los conocimientos y habilidades necesarias y suficientes para comprender y evaluar el campo y las problemáticas inherentes al derecho, con una sólida conciencia de su responsabilidad y compromiso social para el logro de los fines y principios del derecho, o sea: la justicia, la equidad, el bien común y la paz social.

“Pero urge reivindicar el concepto de Abogado y revertir lo que expresa Pío Baroja en una de sus obras: “en España (Panamá), todo el mundo es Abogado mientras no se pruebe lo contrario”; “ya que no sirves para nada útil, estudia para Abogado”.    La abogacía a través de los años ha sido brutalmente vilipendiada por elementos externos al ejercicio de la profesión, y por que no decirlo, también por elementos internos que no han sabido o no han querido cumplir con la razón de ser del abogado, que no es otra que luchar por la Justicia.

Tal ha sido esta situación que lo establecido en el numeral 15 del artículo 77 de la primera Constitución Nacional de la llamada República del Istmo de 1841: “Conceder Patentes de Corso cuando así lo determine el Congreso”; ha sido perniciosa y malévolamente estigmatizada como sinónimo del ejercicio de la abogacía, lo que representa una total y absoluta injusticia para con tan noble profesión.

“La Abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. Nuestro título universitario no es de “Abogado”, sino de “Licenciado en Derecho, que acredita ejercer la profesión de Abogado”.    Quien no dedique su vida a dar consejos jurídicos y pedir justicia en los Tribunales, será todo lo licenciado que quiera, pero Abogado, No”.

Esta formación (responsabilidad en gran medida del Docente Profesor) deberá ser frecuentemente actualizada, de manera integral, científica y humanística en lo teórico y lo práctico que coadyuve al desarrollo y búsqueda de ordenamientos jurídicos que posibiliten el desenvolvimiento pleno de las capacidades y habilidades humanas; debe además ser capaz de interpretar y aplicar adecuadamente la reglamentación jurídica de acuerdo con los fines del derecho y las nuevas exigencias de la sociedad. “Los esfuerzos innegables de un profesorado joven y culto, no bastan a remediar el mal, que es de organización, de sistema y de educación. No se puede vivir sin la Universidad, pero hay que cambiarla”.

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<>Artículo publicado el  30  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La justicia en Panamá

La opinión de…

 

Delfo A. De Lora Rivera

Nuestro sistema de justicia siempre ha venido cojeado, inmersa en la corrupción, desde los tiempos de los gobiernos oligarcas, con su tráfico de influencias y según el cual, solo los hijos de la cocinera iban a la cárcel, como dijo Martinelli al inicio de este gobierno. Después se puso peor con la dictadura y el narcotráfico, cuando las órdenes y la “justicia” se impartían desde los cuarteles. Y ahora, cuando un gobierno quiere verdaderamente acabar con esta corrupción, cuando los monos gordos han parado con sus huesos en la cárcel, dos de ellos son investigados, un fiscal confeso está preso y es investigado junto a otras muchas personas más en el Ministerio Público, ahora es cuando hablan de escándalo en ese ministerio.

Lo que veo desde el punto de vista positivo es que, por fin, se está saneado la justicia en este país. Piden la renuncia del procurador, como si a él se le hubiese hallado culpable en esta situación. Al contrario, él ha ordenado una completa investigación, se autosuspendió de la investigación, ha ordenado la prueba del detector de mentiras a todos, y él primero (el detector de mentiras no se puede usar como prueba, pero no por eso deja de ser una herramienta ya probada para detectar mentiras, precisamente, y la idoneidad de un servidor público). Los que andan en trampas, seguramente, no querrán someterse a un detector de mentiras.

Dicen que el Presidente debió haber nombrado como procurador a alguien de adentro. Teniendo en cuenta la podredumbre de la que ellos mismos hablan (que no inició este gobierno), hubiese sido una contradicción, puesto que alguien de adentro difícilmente investigaría a sus mismos compañeros. Por eso, suena más lógico alguien de afuera, como lo hizo el Sr. Presidente. Dicen que la medida fue ilegal, puesto que la Constitución dice que tenía que ser de adentro. Yo lo que sé es que la Constitución dice que el Presidente nombra al procurador y que el candidato tiene que reunir ciertos requisitos mínimos, como ser panameño, abogado, etc. No recuerdo si dice que tiene que ser de adentro. Si eso fuera así ¿por qué, desde hace rato, no pusieron a esas mismas personas que hablan de unademanda de inconstitucionalidad?

Ahora, el procurador ha puesto su cargo a disposición del Sr. Presidente para que la investigación siga su curso, con objetividad y transparencia, hasta las últimas consecuencias. Los enemigos políticos del procurador y los corruptos, a quienes no les conviene un procurador sin ataduras con ellos, pero sí les conviene que la justicia siga cojeando, con su tráfico de influencia, con el juega vivo y la cárcel para los más pendejos y los pobres, lograron su propósito.

Ahora el Sr. Presidente, al nombrar al siguiente procurador, no les debe seguir el juego; debe nombrar, igualmente, a una persona idónea para el cargo, intachable, incorruptible y presta a sanear esa cloaca. De ser posible, igualmente, desde afuera del sistema para que pueda actuar con entera libertad y sin temor de pisar los callos de compañeros corruptos, eso si la Constitución y las leyes lo permiten.

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<> Este artículo se publicó el 28 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El año 2010

La opinión de…

Mauro Zúñiga Araúz

Hay que felicitar al excelentísimo por haber logrado sus metas en menos de dos años. Esto ha sido posible por haber tenido la sabiduría de rodearse de hombres y mujeres que esconden la última gota casi invisible de su dignidad en los sitios anatómicos que es prohibido decir en público. El excelentísimo ha establecido varios récords que no podemos dejar de mencionar. En primer lugar, es el presidente constitucional que más derechos humanos ha violado. Si los mencionamos todos no me alcanza la página. La masacre de Bocas del Toro con muertos, ciegos y heridos y ningún detenido. La persecución de los periodistas y la violación de la libertad de expresión.

En segundo lugar, es el presidente constitucional que más poderes ha acaparado. Controla todos los órganos del Estado.

En tercer lugar, la percepción de corrupción que tiene su gobierno se asemeja a los días más oscuros de la dictadura militar.

En cuarto lugar, la palabra “licitación” está por borrarse del idioma oficial y el excelentísimo es el presidente que más contrataciones directas ha hecho en la historia constitucional de Panamá. Contratación directa es un término que en el idioma escueto significa “favorecer a amigos” y “favorecerse a sí mismo”.

La táctica empleada por Martinelli Berrocal es idéntica a la que utilizó al llegar a la Dirección General de la Caja de Seguro Social (CSS).   Un día, cuando yo dirigía la Asociación de Médicos y Odontólogos Afines de la Caja de Seguro Social (Amaocss), mi secretaria me dijo que un señor Martinelli quería que le diera una cita.   Así se hizo.

Yo nunca lo había visto. Me dijo que él era un hombre muy rico gracias a la generosidad de este pueblo y que quería devolverle el favor. Que consideraba que no había mejor manera de solidarizarse con la gente que dirigiendo la institución de seguridad social.   Me habló con tanta candidez que creí en sus buenas intenciones y lo apoyé.   Logré convencer no sólo al gremio, sino a algunos directivos de la CSS.

El hombre llegó al puesto y en su primera conferencia de prensa dijo que yo no trabajaba. Claro que los registros de mi desempeño hospitalario decían todo lo contrario.   Aprovechó el hecho de que hay médicos que no cumplen a cabalidad con sus horarios y generalizó el problema a todos los profesionales de la medicina. Inició una persecución sostenida con destituciones, traslados, suspensiones. Todo con un espectacular show mediático.

Pronto nos dimos cuenta de que esto era una cortina de humo para mantener a los asegurados contentos.   Veíamos diariamente los camiones del Súper 99 supliendo la cocina del Complejo Hospitalario Metropolitano.   ¿Hubo licitación? Pero lo más grave era que, paralelo a esa persecución, elaboró todo un andamiaje jurídico para apropiarse de los mil 500 millones de dólares del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de los asegurados y manejarlo con un par de amigos, con lazos muy laxos con la junta directiva.

Afortunadamente, nos dimos cuenta a tiempo de las intenciones de semejante atraco y lo denuncié, tanto públicamente, como en un Consejo General de Estado que se llevó a cabo justo en Soná, en la residencia veraniega de Martinelli Berrocal, el 18 de enero de 1996, al siguiente día de haber iniciado la huelga médica.

De igual manera, denuncié públicamente el proyecto privatizador de la CSS elaborado por Martinelli Berrocal bajo el título “Modernización de la Caja de Seguro Social. Una respuesta hacia el 2000”.   A este señor no le quedó otra alternativa que poner su puesto a disposición del presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares quien, a l hacerla efectiva, liberó a los asegurados de semejante pesadilla.

Ahora, al llegar a la Presidencia, y recoger la percepción de corrupción de funcionarios del gobierno pasado, procede raudo y veloz a detener a algunos ministros. No cuestiono el procedimiento, porque considero que toda persona que comete un ilícito tiene que someterse a la rigurosidad de la justicia, pero esos encarcelamientos, acompañados de la colocación de banderas panameñas y de mazazos por aquí y por allá, fueron la cortina de humo que tiró para ir acaparando todos los órganos del Estado; algunos al margen de la ley, como el caso de la procuradora Ana Matilde Gómez, quien debe ser restituida inmediatamente, al menos que el excelentísimo renuncie por incurrir en la misma falta que se le imputó a ella.

Algo parecido ocurre en el caso de Pérez Balladares.   Se lo dije a él: si infringió la ley, hay que cumplir con sus sanciones, pero dentro del debido proceso. ¿Se está llevando a cabo el debido proceso?    No, claro que no.   Ya el excelentísimo juzgó, sancionó y condenó al ex mandatario.   No conforme con eso, arremete contra su esposa y sus hijas, convirtiendo un proceso normal en una de las más vulgares persecuciones políticas que yo recuerde.

No me sorprende que le apliquen la pena capital.   Si eso no está en la Constitución, me pueden cuestionar. ¿La conoce el excelentísimo? Me dijeron que hace poco le preguntó al ministro de la Presidencia que qué es eso de Constitución que la gente estaba hablando.   Al fiscal, elevado ahora a rango de Procurador por su debilitada columna vertebral, le recomiendo que cite al loro que está en la terraza de la residencia de Pérez Balladares desde hace varios años.   Estos animales repiten todo lo que escuchan, sin necesidad de juramento. Tal vez le pueda suministrar información valiosa. Hágalo, señor procurador, así no se queda sin su medallita o tal vez con el trofeo de dirigir el primer juicio bufo de nuestra historia.

<> Este artículo se publicó el 29 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Meritoria justicia en el caso la Mina

La opinión del Abogado….

 

JOSÉ GÓNDOLA MOLINAR
jgondola@orobioyorobio.com

Bajo el convencimiento de que el abogado se constituye en un poder dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, me correspondió el honor de servir en la atención profesional de uno de los casos más emblemáticos de la historia de la abogacía en Panamá: Se trata de la Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Mina Hydropower Corp. ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ para la restitución de la Concesión Administrativa para la explotación del Proyecto Hidroeléctrico Bajo de Mina.

Para asumir semejante responsabilidad, comprometí mi experiencia y reputación profesional, y una inteligencia múltiple desarrollada a través de estudios especializados que me permitieron aplicar un conjunto de conocimientos y habilidades para resolver diversos tipos de problemas durante mi gestión en este caso en particular.

Al final de una intensa lucha judicial, mediante una sentencia de mérito, final y definitiva, se resolvió el litigio en mención. Se anularon las resoluciones emitidas por el Administrador General de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Se restituyeron a favor del demandante los derechos para la construcción, explotación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Bajo de Mina. Y a la vez, se dejó sin efecto cualquier otra concesión del objeto litigioso a cualquier tercera persona.

En ese transcendente fallo, los magistrados que conforman la Sala Tercera, bajo la ponencia del magistrado VÍCTOR L. BENAVIDES P., en ejercicio de las facultades propias de la recta administración de la justicia, resaltaron la buena fe del demandante y el incumplimiento del contrato imputable a la ASEP., declararon categóricamente que el incumplimiento que se ha pretendido atribuir a la parte demandante, realmente es la consecuencia de una omisión de la ASEP, quien no demostró que hubiere atendido las solicitudes que en su momento le hiciere aquella; es decir, la adjudicación forzosa de servidumbre y de adenda al contrato (prórroga): y simplemente encontró viable arribar a la conclusión de resolverle administrativamente tal contrato; lo que a nuestro juicio denota la temeridad y mala fe procesal reconocidas expresamente en el fallo.

En efecto, la Sala no pudo soslayar, que el hecho de que la concesión objeto de la demanda fue concesionada a una tercera persona sin esperar las resultas del pleito, generó la configuración de daños y perjuicios, lo que en su momento deberá ser debatido, mediante una demanda contenciosa administrativa de indemnización.

Todo lo actuado en el reconocimiento judicial de la pretensión, constituye, sin lugar a duda alguna, un precedente que necesariamente se establece ante la falta de contestación de la demanda y de pruebas. Se impusieron las consecuencias adversas para el demandado. El Poder Judicial actuó en reconocimiento del principio del debido proceso que impera en nuestra Carta Magna, para realizar una meritoria justicia en el caso la Mina.

Es justo y meritorio reconocerles a los magistrados la valentía de su fallo, en un medio como el nuestro en el que es imperante consolidar los postulados propios de la Seguridad Jurídica, así como la seguridad de las inversiones.

No encuentro mejor forma de consignar mi agradecimiento a La Estrella de Panamá, que rememorando algunos de los aspectos más relevantes de los artículos publicados en ese medio, a ello nos dedicamos brevemente a continuación.

‘Mis argumentos se elevan no solo por el claro derecho que le asiste a mi representado, sino por la defensa del propio centro neurálgico de nuestro ordenamiento jurídico, y de nuestro sistema judicial’. (Llamado a los Factores de Poder y a las Fuerzas vivas del País, publicado por La Estrella de Panamá).

‘El deliberado ocultamiento de la verdad material en el proceso constituye un abuso de autoridad y un fraude de la Ley, que lo convierte en una farsa judicial; se crea así un precedente judicial de nefastas repercusiones para nuestro sistema jurídico que afectará negativamente la imagen del país’. (Una Farsa Judicial Absurda, publicada por La Estrella de Panamá).

‘Un país que pretende funcionar eficientemente es aquél que mantiene instituciones jurídicas estables con la suficiente credibilidad, conocimiento y confianza para que sean capaces de conducir la economía a un escenario de acuerdo a estándares internacionales, como mecanismos necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones tanto a los extranjeros, como con mayor razón a los nacionales. Estas expresiones tienen un eco comprobado, una caja de resonancia ética y jurídica en las instituciones de globalización de la justicia, específicamente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos’. (Grado de Inversor y Seguridad Jurídica, publicado por La Estrella de Panamá).

Así, se ha dictado una meritoria justicia, que constituye un firme compromiso con el propósito de coadyuvar en la construcción y fortalecimiento de un sistema judicial confiable y competente en nuestro medio jurídico que propugne por el reconocimiento efectivo de los cuatro valores básicos de la justicia: eficacia, integridad, rendición de cuentas y excelencia.

 

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<> Este artículo se publicó el 28 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Justicia ciega o estrábica?

La opinión de…

 

Amarilis A. Montero G.

A veces me pregunto si los casos de corrupción, vengan de donde vengan, han pasado a ser el entretenimiento habitual de los panameños. Hasta parece que nos hemos acostumbrado a escuchar que alguien robó millones o que, simplemente, se liberó a unos narcotraficantes, por obra y gracia de un fiscal que recibió algún beneficio económico por sus “buenos oficios”.

Y es, precisamente, este último caso el que tiene a la ciudadanía “entretenida”, como si fuera un capítulo más de la teleserie El Cartel de los Sapos.

Las acusaciones contra Milagros Valdés, la fiscal de Herrera y Los Santos, destituida por haber procedido a liberar ilegalmente a cuatro personas involucradas en supuesto narcotráfico, ha resultado en una cadena de denuncias hacia otros altos funcionarios dentro del Ministerio Público. Entre los acusados están el abogado de los supuestos narcotraficantes, la secretaria general del Ministerio Público, Nedelka Díaz, y la ex directora de Recursos Humanos, Eva Lorentz. Curiosamente, ambas funcionarias están en Europa por diferentes razones y hasta el momento no han regresado al país.

Con las denuncias de corrupción en marcha, el procurador encargado ha salido a manifestarse como un funcionario que va a combatir la corrupción dentro del Ministerio Público.

Al acusar a la funcionaria Eva Lorentz, como una “delincuente que se filtró” en el Ministerio Público, no me queda más que pensar que es el único caso de corrupción que han podido detectar los altos ejecutivos de la Procuraduría.

Pero, desde la clandestinidad se ha pronunciado la ex funcionaria Eva Lorentz. Después de escuchar algunas de sus explicaciones en un canal de televisión, me convenzo más de que el Ministerio Público ha llegado a los niveles más bajos de credibilidad en cuanto a justicia se refiere.

Allí la justicia no es ciega sino más bien estrábica. Dependiendo de quién y cuánto es el dinero, la justicia panameña ve para el lado que le conviene.

No es un secreto que los casos de corrupción están presentes en todos los sectores de nuestra sociedad.   Tampoco es secreto el hecho de que un día estos los funcionarios de alta jerarquía dentro de una institución son acusados, destituidos y vueltos a contratar.   Y aquí no ha pasado nada.

¿No fue la propia abogada Nedelka Díaz acusada de corrupción anteriormente? ¿Dónde está la también abogada Argentina Barrera, que también fue acusada de corrupción?   El sistema judicial los recicla y vuelven a ser noticia por algún motivo poco legal.

Con este panorama tétrico y patético de nuestra justicia panameña, no creo que debamos poner nuestras esperanzas de un trato justo en manos de los actuales miembros del Ministerio Público.

Ya es hora que se logre una limpieza integral dentro de este ministerio. Hay que empezar por nombrar un procurador que llene las expectativas de integridad y profesionalismo que se necesitan en este puesto.

Por otra parte, cualquier funcionario que haya sido investigado o destituido por actos ilícitos no puede volver al Ministerio Público. La integridad de un funcionario judicial queda en entredicho y, por lo tanto, no debe de ser considerado para cubrir ninguna plaza de trabajo dentro de la institución.

La sociedad civil se ha pronunciado anteriormente ante los casos de corrupción, pero todo esto parece caer en oídos sordos.

¿Quién puede salvar al Ministerio Público? Solo la gente de bien y decente puede hacer un cambio dentro de cualquier institución. La tarea está en encontrarlos y darles el mayor apoyo posible para que nuestra justicia sea imparcial y apegada a los hechos.

<> Este artículo se publicó el 24 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Suenen las trompetas

La opinión de…

 

BERNA  CALVIT
bdcalvit@cwpanama.net

Las fiestas de fin de año llegan ensombrecidas por la pérdida de vidas y bienes causados por la inclemencia de lluvias sin precedentes e inundaciones devastadoras. Los que no sufrieron los rigores extremos de la naturaleza, y porque las cosas son como son, festejarán Navidad como siempre, con juguetes para los niños, con el Santa Claus que otra vez opaca la celebración del nacimiento del Niño Jesús; habrá regalos y fuegos artificiales y música; y en las mesas, jamón, tamales, ron ponche.   Así será porque es propio de la naturaleza humana, aun en medio de las penas, procurarse alegrías, y compartirlas; y es comprensible, especialmente si se tiene la satisfacción de haber aliviado con algún gesto solidario a las víctimas de una naturaleza que se cobra el maltrato que recibe.

La llegada de un nuevo año es propicia para revisar logros y fracasos. Es grato repasar lo que resultó bien; y a los fallos, no pasarles el borrador de la memoria debería servir, no para la amargura, sino para enmendarlos o evitar repetirlos.

Este año ni deseos tengo de tararear el alegre Burrito Sabanero; la ciudad, cada vez más enloquecida, es irritante hija descarriada del orden y la limpieza. Casi todas las noticias me espelucan. Al 11/12/2010 el gobierno había hecho compras directas por casi $500 millones.

¿Habrán aprovechado para llegar a los $600 millones en medio de tanta fiesta y tanto jolgorio mientras nos distraen con la reelección; con los muñecos de Bosco Vallarino; con el presidente Martinelli, como un Santa Claus, donando aturdidamente dinero del erario a la Teletón? Me pregunto: ¿Qué habré hecho para merecer el castigo de ver y oír a un locuaz y desfachatado diputado calentar las orejas del presidente Martinelli con lo de reelegirse; o será que no es así el asunto, sino más bien que le pusieron de tarea agitar las aguas de la reelección inmediata? ¿Hasta cuándo el diputado Tito Afudólares nos va a atormentar con su máscara de inocencia en el caso Cemis? ¿Se hará realidad la “Monstruotusa” en la Avenida Balboa, que en tenaces pesadillas nocturnas imagino persiguiéndome y aplastándome; y las que me causa el almibarado ministro Ferrufino, que corre tras de mí para entregarme un cheque del programa Cien para los Setenta, mientras grito, desesperada, “¡No, no se me acerque, no los necesito, estoy pensionada!”?

Obstinada, me digo a mí misma: “Lo que viene no puede ser peor;   “no hay mal que dure cinco años ni cuerpo que lo resista”. Sería fácil decir, como muchos panameños apáticos, indiferentes, “todo está igual, no está peor; siempre ha sido así; lo que diga o haga no va a cambiar nada”.   No. Rehúso aceptar, resignada, las malas acciones de los que ven el poder como un botín; los costosos desvaríos de planes faraónicos que anteponen a las necesidades reales e inmediatas.   El Presidente prometió que todo cambiaría para mejor. Pero los hechos indican que de la silla presidencial fluyen ondas, influjos, o maleficios que vuelve ciegos, sordos y tercos a los que se acercan a ella.

Es larga la lista de lo que no ha cambiado, y de lo que ha empeorado. Para muchos la popular sopa de carne con ñame, otoe, zapallo y yuca, es lujo, comida dominguera o especial para cuando hay invitados; las compras y obras sin licitación son escandalosas y los argumentos para justificarlas no convencen; las presiones y amenazas contra periodistas han sobrepasado las fronteras nacionales; la Contraloría es morisqueta al servicio de los caprichos del gobierno; las ciudades son basurero y la capital, Panamá, el trono de los desperdicios; crecemos alocadamente, sin orden ni concierto, arruinando nuestra riqueza natural; los diputados siguen haciendo de las suyas, y a disposición del Ejecutivo. La economía de Panamá, dijo recientemente el economista Rubén Lachman, “crece en áreas muy particulares que no se están vinculando a otra áreas”, lo que para mí significa que riqueza mal repartida sigue siendo pobreza; razón para que 2010 también haya sido un año de “mucho para pocos” y “poco para muchos”.

Pese a todo, renuevo mi fe en más y mejores ciudadanos; en los que participan, opinan y actúan para tratar de que los gobernantes enderecen el errático rumbo que llevan. Un nuevo año siempre abre ventanas de esperanzas a mejores días. A los que aquí, o lejos de la patria la aman, mis deseos de que en 2011 suenen para ellos las trompetas de la paz, la equidad y la justicia.

<> Este artículo se publicó el 20 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.