Censura vs. honra

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-La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat 

Me da la impresión que soplan vientos a favor de la penalización, sin excepción, de la calumnia e injuria.   Es decir, que si el presidente o algún gobernador se siente afectado en su honra por cierta publicación, tendría la facultad de presentar una demanda que culmine en un proceso penal. Actualmente este proceso se encuentra despenalizado.

Otra vez se caldean los ánimos entre el derecho a la honra y la libertad de expresión.   Tema que de acuerdo al sistema interamericano de Derechos Humanos, prima la libertad de expresión sobre la honra.   No obstante, recomienda que la protección a la honra se trate en la esfera civil.

El tópico causó polémica entre los colegas que, aunado al fallo del II Tribunal que condenó a dos colegas y los inhabilitó de la profesión por un año,   lanzó una alerta ante el posible atropello de la libertad de expresión.

En este escenario la ética juega un papel fundamental en el periodismo. Dice Javier Restrepo, maestro colombiano, que la libertad de expresión es poder expresarse sin limites externos o internos, lo que vulgarmente se conoce como censuras.   Pero agrega el consultor, que hay una parte más pudorosa de la censura que es la que pone trabas legales, y en este renglón se refiere a la reforma de códigos penales que limitan la divulgación de información.

Tenga presente que el periodismo cada vez es más claro; o se dice la verdad sustentada con pruebas o se perjudica al medio y/o a terceros. Pero también el ejercicio público obliga a los funcionarios a rendir cuentas sobre sus actuaciones, sus bienes y su pecunio. ¿Cumplen los funcionarios con esta responsabilidad?

Preguntémonos:   ¿la única manera para restituir la honra es la cárcel para el calumniador?

Agrega Restrepo:  “el periodismo como poder no se justifica, en cambio el periodismo como servicio es irremplazable”.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Sobre el honor

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA

El honor es la buena opinión que se tiene hacia una persona por sus cualidades morales, o el actuar de acuerdo con las normas establecidas en la sociedad, sean morales o legales. El honor puede ser visto desde distintos ángulos, sea como opinión o valoración en el sentido de probidad. El honor es un conjunto de valores morales que hacen que una persona obre con rectitud o la demostración de respeto que se puede tener para honrar a alguien.

Regulamos el honor en el artículo 17 de nuestra Constitución Política, como garantía de velación por parte de las autoridades y en beneficio de los panameños, donde se encuentren y de los extranjeros dentro de nuestra jurisdicción. El artículo 37 del mismo cuerpo legal, se refiere a las responsabilidades legales de quien expresa su pensamiento en palabras o por cualquier otro medio, pero con ello se atenta contra la reputación o la honra.

Nuestro Código Penal regula las conductas como la calumnia o injuria, por cierto, con penas irrisorias que no llegan al encarcelamiento y menos otras medidas cautelares. Todas las sentencias se pueden convertir en días—multas en perjuicio de este honor tan abrigado constitucionalmente, pero que, además, se excluyeron como demandantes a algunos funcionarios públicos. Esto fue un patinazo legislativo, porque se contradice con algunas normas. Ahora hay una fricción legal sobre esa desventaja entre los propios empleados públicos y sobre el derecho de demandar, frente al derecho de no ser demandados de algunos periodistas.

Claro que hay reglas para contener los abusos que han llegado a la jurisdicción penal cuando se trata de calumnia o de injuria, frente a ese aval que representa la fama pública y los derechos a la imagen, a la intimidad, a la privacidad, al nombre y apellido, a la buena fama pública. Nuestro Código de Familia se refiere al Estado como garante de ese respeto a lo enunciado (575). A dos numerales más se regula al uso exclusivo de la propia imagen, la que se puede reproducir en caso de previo consentimiento, pero estas normas no son más que enunciativas. Que no se diga que por guardar en secreto la fuente de la información se exima al periodista de su responsabilidad, porque no es cierto.

La auténtica investigación periodística es una bendición para sanear parte de la sociedad corrupta, la cual se vale de los poderes para avasallar a los débiles y de este modo señorear el falso ego superlativo. Por supuesto que entran las variables en juego, porque además del periodismo, está el medio masivo de comunicación que sustenta el éxito. Existen grandes informadores que en conjunción con la editorial, encuentran resonancia pública de su aceptación en cualquier sociedad, ávida de reglas del juego, pero con derechos en equilibrio sobre los que tienen y no tienen poder.

Lo que no podemos excluir son las mil y una formas que se puede utilizar para ofender a cualquiera, a través de un medio de comunicación masivo con la ventaja de ser un profesional de la pluma, por cierto una carrera que debe llenar de honor a quien la practica como debe ser. Seguro que hay periodistas valientes y de enfoque certero a los que nunca demandarán por su elegancia y buen juicio al emitir incluso opiniones. Otros en cambio, son promotores de exposiciones arteras que no los excluyen de los encausamientos por lo que dicen o sostienen sin poderlo probar.

Lo que sucede es que se puede expresar con ironía para dar a entender lo contrario de lo que se dice. El lenguaje tiene muchas facetas con fines aviesos, para lograr un sentido lesivo, como, por ejemplo, escribir o atacar sin nombre propio, pero con señas inequívocas para que el lector lo entienda, al extremo de que esa ironía se convierte en sarcasmo. Escribir una palabra entre comillas, con signos de exclamación o paréntesis. Los ‘emoticones’ (esas caritas redondas) no se excluyen del ambiente burlesco o gracioso o de la pedantería preñada de esos alardes de erudición para atacar a mansalva al resto de los mortales.

Hay en boga esas expresiones satíricas, con los dobles sentidos o las acostumbradas pantomimas en remedo, para referirse a determinadas personas con rasgos físicos particulares, sin el menoscabo de la genialidad de las caricaturas cuyo efecto es tan notorio que es muy común en los diarios, o la expresión cáustica, con el sinnúmero de las variantes en columpio con sus efectos incisivos, punzantes, mordientes, pero como la ironía se pierde entre la traducción la suelen utilizar en un sentido ordinario. Toda cultura incorpora su propia manera de metáfora lingüística y expresiones verbales. En tales casos, la traducción requerirá un cuidado extra, y quizás una explicación apropiada.

 

<> Este artículo fue publicado el 10 de octubre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las nuevas tendencias del pensamiento jurídico en la calumnia e injuria

La opinión del Jurista, Ex Embajador y  Ex Presidente de la República…

Dr. Aristides Royo 

En años recientes, han surgido nuevas figuras delictivas derivadas de las innovaciones tecnológicas en algunos casos y en otros de la comisión de actos criminales antes inexistentes. Por otra parte, se ha venido produciendo la desaparición de tipos delictivos que sancionaban conductas que aunque todavía se practican ya no son consideradas como delitos y en consecuencia no conllevan sanciones punitivas penales, menos aún aquellas que serían privativas de la libertad. En muchos países, en número creciente, el aborto, el adulterio femenino o el concubinato escandaloso del marido que sancionaban el Código Penal de 1922 inspirado en el italiano de 1888, así como la bigamia, han desaparecido de los textos penales modernos y contemporáneos. 

La honra de cualquier persona sigue estando protegida en las legislaciones.   Recuerdo el gusto con que los estudiantes institutores recitábamos en coro la famosa frase del Alcalde de Zalamea de Lope de Vega:   “Al Rey la vida y la honra se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios”.

Nuestros códigos penales, en la historia legislativa panameña, recogieron la honra y consagraron, aún en fecha tan reciente como el año 2007, los ataques a la misma como un delito, salvo en los casos de algunos funcionarios que de considerarse agraviados, no pueden ejercer la acción penal sino solamente la civil.   No obstante, tanto en el derecho de los países de la Unión Europea, como en muchos de América Latina, se ha ido poco a poco abandonando la calumnia y la injuria como hechos constitutivos de delito. En su lugar, se las considera como ofensas capaces de originar el ejercicio de acciones civiles ante tribunales de esta jurisdicción.

Consciente del valor de estas nuevas tendencias jurídicas y legislativas, que han sido plasmadas en excertas legales del hemisferio americano, organicé un encuentro entre el Relator de la OEA para la libertad de expresión y la Comisión Codificadora que preparaba el proyecto de Código Penal en 2007.   El funcionario de la OEA les hizo una detallada explicación de las razones jurídicas, políticas y humanitarias por las que hoy día la calumnia y la injuria no deben repararse mediante procesos penales que pueden culminar con la privación de la libertad.   Los codificadores, si bien no eliminaron estas figuras del proyecto, al menos exceptuaron de la vía penal a los ofendidos que fuesen funcionarios de los que menciona el artículo 304 de nuestra Constitución, quienes pueden sin embargo ejercer las acciones civiles pertinentes.

Hoy se encuentra sobre el tapete, pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el tema de si se mantiene o no la despenalización cuando los agraviados sean funcionarios incluidos en la lista del artículo 304 de la Constitución Política que reitera el párrafo segundo del artículo 193 del Código Penal.   Creo que lo que debe discutirse, aclararse y resolverse, no es quiénes no pueden interponer acciones penales por haber sido calumniados o injuriados y quiénes sí, que serían el resto de funcionarios no mencionados en la lista de los artículos citados así como los particulares.   Lo que a mi entender debe decidirse y ojalá que pronto, en aras del respeto a la libertad de expresión como uno de los más valiosos derechos humanos, es la derogación por parte de la Asamblea Nacional de Diputados, de los delitos de calumnia e injuria para que tales conductas sean objeto de acciones civiles de indemnización.   Tal proceder del Órgano Legislativo estaría de conformidad con la legislación de otros países, con el respeto a las normas internacionales estipuladas en las Convenciones Interamericanas que han sido, además, suscritas por la República de Panamá y son leyes de la República. No olvidemos que el artículo 4 de nuestra Constitución Política, prescribe que la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.

Ojalá se presente, discuta y apruebe un proyecto de ley que convierta la calumnia y la injuria en causa de acciones civiles que serían dirimidas por jueces de la jurisdicción civil.    De esta forma, Panamá se equipararía en esta materia a muchos países del mundo, algunos de los cuales, como Argentina y Uruguay han reconocido en sus Constituciones este nuevo tratamiento de una figura que por ningún motivo debe seguir considerándose como delito ni al autor como delincuente.

<> Artículo publicado el 10  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Bonissi: ¿Ignorancia ingenua o maliciosa?

La opinión del Periodista y Director del Diario El Siglo…
JEAN MARCEL CHÉRY

El asunto de la protección del honor suele ser muy técnico, por lo que en muchas ocasiones queda reducido a materia incomprendida. Esto es aprovechado por leguleyos(as) de televisión que, sin entender las bases conceptuales de las normas que protegen la reputación, disparan comentarios que parecen más remedios de chamanes que opiniones jurídicas.

Ahora que con una opinión retrograda del procurador Bonissi se ha puesto de moda el tema de las sanciones penales para la calumnia e injuria, vale hacer algunas aclaraciones en esta columna y otra que se publicará mañana.

El procurador ha opinado que está de acuerdo con que se declare inconstitucional la parte del artículo 196 del Código Penal que despenaliza parcialmente los delitos contra el honor. Lo que parece ignorar Bonissi es que el artículo 196 del Código Penal lo único que hace es recoger un principio propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a su vez desarrolla el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (que es Ley de la República). El referido principio crea el sistema dual de protección de la honra. Es dual porque propone que los funcionarios públicos y toda personas públicas recurran a la vía civil para proteger su reputación (ver principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión / octubre de 2000), mientras que el resto de los particulares podría seguir exigiendo la defensa de su honor en lo penal. La CIDH propone esta norma después de observar que en todo el continente altos funcionarios utilizaban las querellas penales, principalmente contra periodistas o cualquier denunciante de actos de corrupción, con el propósito de evitar rendir cuentas y lograr una coraza jurídica contra el escrutinio público. Gracias a la penalización de los delitos contra el honor, los denunciantes quedaban siendo los procesados y hasta encarcelados y los funcionarios corruptos seguían en su latrocinio campante.

La CIDH también recomienda algunos criterios que deben utilizarse en la esfera civil (que en Panamá no se han acogidos) para evitar que estos procesos terminen siendo más perjudiciales que los de la vía penal; es decir, que la cura sea peor que la enfermedad.

Ahora queda claro que el contenido del artículo 196 no es un invento de los periodistas panameños, como quieren hacer ver los juri-pitonisos de la televisión progubernamental.

Lo que habrá que determinar es si la ignorancia de Bonissi es ingenua o maliciosa. Si me preguntan, me inclino por la segunda. Es más, estoy convencido de que solo sigue las instrucciones de la banda de los locos. Sin el artículo 196 en el Código Penal la pandilla que asesinó de siete balazos a Libertad de Expresión en la Avenida Frangipany (ver Bitácora del Presidente del 1 de octubre de 2010) podría mandar a la cárcel a diestra y siniestra, infundiendo más terror entre periodistas, opositores, sindicalistas, empresarios, sociedad civil y cualquiera que ose disentir.

Sigue mañana.

<>  Artículo publicado el 4 de octubre de 2010  en el diario El Siglo,  a quienes reconocemos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La calumnia e injuria en el nuevo Código Penal

La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris Jiménez 

En alguna ocasión, hace algún tiempo, aunque consciente de que de todo hay en la viña del señor, me referí a la clase periodista latinoamericana como “guardianes de la libertad“ , haciendo referencia a una obra literaria de dos comunicadores sociales latinoamericanos, que exponen como por el trabajo periodístico valiente de algunos periodistas que se dedican a la investigación, se han llevado al banquillo de los acusados a algunos políticos delincuentes de cuello blanco en algunos países de nuestra América Latina.

 

Y han sido pocos porque precisamente ha existido un instrumento del cual se han servido muchos políticos corruptos y cobardes para perseguir, chantajear y encarcelar, a aquellos que valientemente nos hemos atrevido a denunciar públicamente las acciones u omisiones de muchos funcionarios que utilizan su poder político y económico desde sus altas posiciones, para servirse de la patria y no para servir a los verdaderos intereses de la Nación y mediante el terrorismo judicial, han utilizado la figura del delito de la calumnia e injuria para tratar de acallar a las voces y las plumas valientes que se han atrevido a denunciar las actuaciones ilegales e inmorales de muchos funcionarios públicos de alta jerarquía. Esto ha sido una realidad en nuestro país.

 

Nuestro nuevo Código Penal tipifica a partir de su artículo 190, los Delitos contra el Honor de la Persona Natural, sancionándose por estas condenas a sus actores a penas de prisión o su equivalente en días multas, sin embargo, el mismo cuerpo de leyes establece en el párrafo segundo de su artículo 193, que “cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elección popular o gobernadores, no se impondrá la sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho”.    Es decir, despenalizan estos delitos cuando los supuestos ofendidos se tratan de funcionarios con poder político y económico, los cuales tienen el deber de rendir cuentas de sus actuaciones.

 

Estos funcionarios tienen actualmente otras ventajas procesales cuando están vinculados por una razón o por otra a procesos penales en su condición de funcionarios y usualmente esta condición los favorece, ventajas que también deben de desaparecer, sin embargo, cuando son denunciados, cuestionados o criticados en el ejercicio de sus funciones públicas, han recurrido inmediatamente al instrumento de la denuncia penal por calumnia e injuria, en contra de quienes se atreven a denunciarlos, cuestionarlos o criticarlos y por fortuna de ellos muchas veces han encontrado como aliados a funcionarios del Órgano Judicial y del Ministerio Público, que se han prestado para ejercer el terrorismo judicial.

 

Los funcionarios a los que se refiere el artículo 304 de la Constitución Política, son El Presidente y Vicepresidente de la República, Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Especiales y Ordinarios, El Procurador General de la Nación y de la Administración, los Jueces, los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, El Presidente de la Asamblea Nacional, los Magistrados del Tribunal Electoral, los Magistrados del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General Electoral, El Defensor del Pueblo, los Directores Generales, Gerentes o Jefes de Entidades Autónomas, los Directores Nacionales y Provinciales de los Servicios de Policía y los empleados o funcionarios públicos de manejo, conforme al Código Fiscal.

 

Señores periodistas, aunque sabemos que cuando se encarcela a un hombre, no se encarcelan sus ideas, hoy vuestras voces y plumas valientes, pueden continuar siendo vuestras armas como guardianes de la libertad, para seguir velando por la seguridad jurídica y los verdaderos intereses de todos los que habitamos en nuestra querida patria, sin el temor de ser perseguidos penalmente por aquellos funcionarios corruptos y cobardes, que utilizan el terrorismo judicial para pretender avasallar las voces y plumas valientes.

<> Artículo publicado el 3 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Bonisi y su lección para los juristas del futuro

La opinión del Periodista….
JEAN MARCEL CHÉRY

La opinión emitida por el procurador Bonissi en la que se opone a la despenalización parcial de la calumnia e injuria debe ser reproducida y utilizada como material didáctico en todas las facultades de derecho del país. El documento debe estar a disposición de todo el que quiera tener una formación en leyes. Nadie debe dejar de leerlo porque sirve para saber cómo no cometer un disparate jurídico de semejante envergadura.

Bonissi considera que es inconstitucional el artículo 196 del Código Penal, que le impide a ciertos funcionarios de alta jerarquía defender su honra interponiendo denuncias penales de calumnia e injuria porque ‘los deja en total indefensión’. Como dije, en una columna publicada ayer, el procurador ignoró maliciosamente la existencia del sistema dual de protección de la reputación (propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como desarrollo del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos) que propone que funcionarios defiendan su honra en la vía civil y deja la posibilidad de que el ciudadano común y corriente haga lo mismo en la penal. Por lo tanto, es falso que haya tal ‘indefensión’. Si no, que le pregunten a la fiscal que fue favorecida por un cuestionable fallo, que obliga a La Prensa a pagarle 300 mil dólares por una demanda civil que buscaba proteger la ‘reputación’ de la funcionaria. Le pregunto a Bonissi, ¿esto es ‘indefensión’?

Otra lección para evitar meter la pata, que se extrae de la opinión de Bonissi, está en el argumento de que el artículo 196 del Código Penal es inconstitucional porque crea un ‘trato desigual’ entre los funcionarios público. El artículo 196 sostiene que los funcionarios que no pueden presentar querellas penales contra el honor son los mismos de la lista que está en el artículo 304 de la Constitución. ¡Por su puesto que hay un trato desigual!  Así como el Estado trata de manera desigual a Bonissi, en comparación con el citador que patea calle para notificar a los sindicados y testigos de las diligencias pendientes.   Bonissi gana 10 mil dólares al mes y el citador 360.   ¡Eso sí que es un ‘trato desigual’!   El procurador tiene autos y gasolina de la institución y el citador va y viene en bus.    Todos pensamos que tales desigualdades se originan por las responsabilidades que emanan del cargo que se ocupa.

Es por eso que hay trato desigual en el artículo 304 de la Constitución,   que obliga a algunos servidores públicos a declarar sus bienes al iniciar y terminar su gestión y nada dice del resto.   ¿Por ese trato desigual, puede ser inconstitucional el artículo 304 de la Constitución?   Si le preguntamos a Bonissi, quizás diga que sí. ¡Otra lección para los jurista del futuro!

<> Artículo publicado el 5 de octubre de 2010  en el diario El Siglo a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Derecho a la información

La opinión del Abogado y docente universitario en la materia….
CARLOS AUGUSTO HERRERA

El artículo 37 de la Constitución panameña nos motiva a compartir nuestro libre pensamiento y a través de las palabras o por los medios escritos en todas sus variedades, pero con apego a las responsabilidades legales que provoquen actos atentatorios contra la reputación u honra de cualquier persona y lo extiende a la seguridad social y hasta el orden público.

Todos conocemos que existe la calumnia e injuria en respuesta a lo presupuestado en el artículo 17 también de la Constitución, que habla de la institución de las autoridades para velar por la vida, honra y bienes de los panameño donde se encuentren o de los extranjeros que se encuentren en el suelo patrio.

Bueno, puede ocurrir que el sujeto sienta temor a dichas consecuencias y prefiera que un periodista facultado por la ley para no revelar la fuente, lo mantenga en el anonimato mientras y después de verificar la noticia y su publicación.

En otro orden de ideas, la libertad de la información es un tema que alcanza metas ahora con el Hábeas Data, que nos abre el camino a la información no restringida. Todos tenemos derecho a saber lo que ocurre en nuestro medio.

A propósito, si esto lo aplicáramos a la base de datos que genera información al deslumbrante aparato denominado Pele Police nos ahorraríamos mucho trabajo si se pública en una página. Una gran cantidad de personas arreglarían su problema con una información adecuada, los archivos de expedientes tendrían una información corregida y no desfasada o los errores procedimentales, por los que los funcionarios no responden, a pesar del daño que producen con la falta de actualización, de esos oficios para conducir o detener que se quedan a flote en el ambiente, pero que el aparatito revive y provoca la automática conducción como la medida restrictiva auxiliadora. Claro que algunos beneficios producen, al acelerar los procesos penales, ayunos de atención por los involucrados.

A veces nos tenemos que aguantar monólogos gritados de personas que discuten por teléfonos asuntos muy ajenos al tema que nos tiene reunidos. Las llamadas en los celulares se han convertido en una impertinencia con prelación sobre el resto de los presentes.   Hay otras comunicaciones latosas, como los correos indeseables o las llamadas automáticas para ofrecer planes por las líneas que los usuarios pagan puntualmente frente a los cortes automáticos.

Es tan desagradable contestar en los teléfonos fijos a una computadora que cobra con cierto aire cínico. Otras son esas promociones necias que incitan a conversar tonterías, con el objetivo de pagar más. De las tarjetas milagrosas que triplican y cuadriplican ni se diga, un asunto que nadie ataja, pero los que transgreden seguro que no irán al cielo.

Claro que vivimos en un mundo de genialidades, como lo que nos dicen las caricaturas con esos eternos rejuegos de doble sentido. El artista con su pincel escribe sin palabras con asuntos parecidos a las glosas que cotillean a diario con señalamientos preñados de sobrenombres, indirectas o simplemente las señas para que el leyente pueda identificar al señalado.

Claro que estamos muy lejos de cumplir con ese manto protector del artículo 17 de nuestra Constitución y la institución de las autoridades para garantizar la reputación hoy tan cuestionada por cualquier badulaque que se las arregla para participar en programas donde le permiten vilipendiar a la Humanidad.

Pero es que en este mundo chocamos con los intereses y las emociones de las instituciones, las empresas, los periodistas organizados y aquel independiente, la línea editorial, los grupos afines o los contrarios, más los consejeros.

Todo el mundo sabe qué medios de comunicación están dirigidos de acuerdo a la tendencia afín a los intereses particulares y de allí las noticias salen o no salen. Un buen periodista tratará de corroborar la fuente, de estudiar los entornos y profundizar en la información para publicarla como una noticia concreta.

Podemos apreciar los bandos que se proyectan a favor o en contra de una actividad social. El periodismo y los medios de comunicación social generan una gran opinión pública y no son pocas las veces que pesan en la decisiones oficiales. Tenemos conciencia de lo que se dice a diario con relación a las noticias estatales y las respuestas que genera. Lo malo es que gozamos del privilegio de una escasa posibilidad de lograr que se dé el equilibrio. Si nos vamos a las fuentes informativas que el periodista mantiene en reserva, que provocan el interés en estricta función a los resultados a favor del interesado. Todas las noticias que el periodismo investigativo lleva a cabo, imprescindiblemente llenan el interés particular de quien facilita la información, a menos que se trate de un idealista que prefiere mantener el anonimato, lo que es impropio de estos excepcionales seres humanos.

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Artículo publicado el 29 de agosto de 2010  en el diario  La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

No sé, luego juzgo

La opinión de…..

DEMANDA

Manuel Domínguez

Quienes hemos tenido la oportunidad de asistir a juicios por calumnia e injuria salimos con una constatación bastante deprimente: los jueces y funcionarios judiciales portan un conocimiento pobrísimo de los referentes periodísticos, de opinión y de comunicación pública. Y ni hablar de los famosos peritos.

Malamente va a poder un funcionario judicial dirimir un conflicto de esta naturaleza si confunde un comunicado oficial con una noticia, si cree que no hay diferencia entre una caricatura y una glosa o si piensa que un artículo de opinión es igual a un editorial o una fotonoticia.   Vamos, que Supermán y el Chapulín Colorado a lo mejor se parecen, pero no son lo mismo, si me explico.

Luego no es de extrañar que fiscales y jueces no hayan sabido distinguir entre un comunicado de prensa oficial y una noticia, tal como ha ocurrido ahora con el diario La Prensa, en una sentencia tan absurda como rocambolesca.

Los comunicados de prensa son elemento fundamental en el proceso de comunicación y rendición de cuentas de las instituciones. Por su carácter oficial y definitivo, es una de las principales herramientas institucionales para informar a la ciudadanía vía los medios masivos.   Cuando un periodista recibe un comunicado institucional cuenta con la certeza de que es un documento oficial, la posición en firme de la institución sobre cierto tema.   Fue escrito y divulgado después de un proceso de redacción, edición y aprobación contrastado con los hechos comunicados. Por ello llevan un membrete oficial y se comunican a través de medios oficiales. Y por ello los responsables únicos son aquellos que rigen la institución de donde emana.

El periodista no tiene, ni debe, valorar si la acción que comunica la institución estuvo bien o mal. Su responsabilidad es comunicar el hecho. Punto.   Y luego, si se amerita, que sean los tribunales los que diriman si las medidas anunciadas en el comunicado se hicieron con apego a la ley o no (un asunto entre quien emana la información y quien se siente afectado).

Lo realmente peligroso de esta sentencia es que en el fondo lo que está diciendo es que de ahora en adelante los medios van a ser responsables por la comunicación oficial de las instituciones. Esto genera de forma inmediata una auto–censura en el periodista porque al publicar información oficial está expuesto al mismo rigor de la sentencia discutida.  Lo que es peor, ello no solo se circunscribirá a comunicados de prensa.

La misma lógica se va a poder aplicar en el caso de declaraciones de funcionarios. Si un fiscal dice que alguien es responsable de un delito, el periodista que lo publique queda sujeto a ser demandado por lo que dijo el fiscal.

Y cuidado: las instituciones del Estado podrían estar ante el inicio de una asfixia comunicacional sin precedentes si los medios comienzan a poner en cuarentena las informaciones que ellos emiten ante el temor de que alguien se sienta ofendido y emprenda acciones legales.

En todo caso, si, en su legítimo derecho, la fiscal Barrera se sintió ofendida debió demandar al generador de la ofensa (Procuradora) y no a quien la reportó (La Prensa).   De haber habido un mínimo conocimiento del proceso de información pública en la esfera judicial, por este caso no tendría que haber existido ni siquiera un llamamiento a juicio. Aunque, insisto, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de aquellos que confunden la criptonita con el chipote chillón?

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Este artículo se publicó el 10 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Chisme: pecado de nación

La opinión del Abogado…..

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Silvio Guerra Morales

¡Ay del chismoso! ¡Cuánta pobreza de espíritu anida en el corazón del chismoso! Alguien ha dicho que: “Ciertamente, para un hombre inteligente, la muerte es preferible al pecado, y una lengua cercenada es preferible a la mentira o a la calumnia.”

Terrible cáncer social es el chisme, con qué facilidad, como una enredadera, crece en cualquier lugar y se multiplica rápidamente.

El chisme se ha definido como la noticia que puede ser verdadera o falsa, sin dejar de mencionar que ingresan, también en su definición, los comentarios con que generalmente se pretende indisponer a una persona frente a otra y las murmuraciones que se hagan sobre terceros.

En los círculos sociales, sin distingos de credos políticos o religiosos, ni de posiciones económicas, el plato en el orden del día es el chisme. ¿Cuál es la última?, suelen preguntar algunos y todos recordamos aquella expresión de que “Cuando el río suena es porque piedras trae” y con ella pretendemos inyectar alguna dosis de aparente credibilidad al chisme. “Por allí se comenta”, es otra expresión alusiva al chisme y qué decir del “Me contaron por allí, a mí no me lo creas…”, en fin, siempre pretenderemos justificar el chisme en procura de no vender el bochinche a capela, sino que proyecte cierto grado de veracidad.

De que hay chismes o bochinches que han resultado en verdad, nadie lo duda.   Pero ello no justifica el chisme ni el bochinche que trasciende a la calumnia o a la injuria. El problema radica, respecto al chisme y de allí su mala y pecaminosa matriz, es que se digan cosas vox populi o vox privatae, sin que exista siquiera una prueba evidente o contundente de que realmente el contenido de lo expresado es real, cierto. Con qué facilidad crucificamos la dignidad -patrimonio invaluable, incalculable de todo ser humano- a través de un leve movimiento de la lengua que se activa para despotricar, injuriar, hablar mal de alguien y cuando las palabras gesticuladas están pletóricas de falsedades, invenciones, o que, aun cuando se diga la verdad, dicha verdad se presenta distorsionada, tergiversada, modificada con el fin de que transporte solamente lo que deseamos o queremos que los demás sepan, es decir, solo la parte mala de la información.

La sociedad panameña necesita sanearse de este terrible flagelo que tanto está dividiendo a los panameños y panameñas y a cuantos conviven en este pequeño terruño llamado el Istmo de Panamá.

Por ello, no podemos seguir desayunando chismes, almorzando chismes, cenando chismes y, como si fuera poco, teniendo como meriendas matutinas, vespertinas y nocturnas, el chisme.   Hay que cambiar el menú.   Solamente podemos hacerlo nosotros: excluyámonos del chisme, del bochinche; rechacemos a quienes se nos acercan auspiciando o promoviendo el chisme; defendamos la integridad y moralidad, la nuestra en primer lugar, y luego la de los demás; aborrezcamos al ser o semejante que se nos acerca para “contarnos la última”.

En lo personal, he decidido aplicar aquello de la vieja enseñanza de que:  “Si no edifica, no construye ni hace bien a nadie, no debe interesarme”.

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Publicado el 5 de marzo de 2010  en el Diario El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La injuria y calumnia

La injuria y calumnia

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CARLOS AUGUSTO HERRERA

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A pesar de que el Artículo 17 de la Constitución Política establece taxativamente que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”, la preponderancia de la honra la debilitamos considerablemente con penas irrisorias como la injuria, Artículo 190 de nuestro Código Penal: “Quien ofenda la dignidad, honra o decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma, será sancionado con 60 a 120 días-multa”, para la injuria y el Artículo 191 del mismo Código: “Quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible será sancionado con 90 a 180 días-multa”.

Para esta clase de violencia verbal, el siguiente artículo en el orden secuencial, agrava la pena a prisión de ocho a doce meses o su equivalente en días multas, en el primer caso y de doce a dieciocho meses o su semejante en días multa, si el acto es diseminado a través de un medio de comunicación social oral o escrito, o un sistema informático.

Deja de ser delito, si el ofensor se retracta de manera pública y consentida.

Este artículo 193 del Código Penal que aplicamos en este párrafo, descarta la acción penal en los casos en que el afectado sea un funcionario público, de elección popular o gobernadores, pero deja abierta la vía civil para la reclamación económica derivada del acto reprobable.

Esta singular actividad abominable tiene la inversión en la carga de la prueba, lo que exime penalmente al acusado si prueba la verdad de los hechos aseverados excepto que se refiera a la actividad conyugal o privada del ofendido.

Otra cuestión que releva de cargos es lo regulado en el artículo 195 del mismo Código Penal, son las discusiones, las críticas y las opiniones sobre los actos u omisiones oficiales de los servidores públicos, relativos al ejercicio de sus funciones, así como la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional.

La parte resolutiva de la sentencia condenatoria puede ser publicada por orden del juez y a cargo del sancionado, así como lo dispone el artículo siguiente.

La verdad que estas sanciones no justifican la inversión del Estado y menos, satisfacen la afectada honra de los asociados.

Claro que está el aspecto civil para el resarcimiento, pero es que si dentro de la protección que las autoridades ofrecen a los particulares, el honor ocupa el segundo lugar, después de salvaguardar la vida y nuestro sistema penal exime de la cárcel a los delitos, cuya pena de prisión es inferior a los cuatro años, no se rectifica.

Es claro que debemos optar por rehabilitar a los delincuentes luego de la sanción, pero además chocamos con la interpretación que los juzgadores describen en las sentencias, frente a la elaborada manifestación perversa de hacer daño envuelta en el juego de palabras, sean capciosas, sugerentes, solapadas insinuantes, figuradas, alusivas, etcéteras. Pero es que el derecho a la imagen y a la fama es sagrado.

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Publicado el 22 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.