’Cuando la prensa calla, el silencio grita’

La opinión del periodista colonense…

DAVID M. PÉREZ
davidperez262004@yahoo.com.mx

‘Las Leyes de Calumnias e Injurias, son en muchas ocasiones, normas que en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera critico de la gestión de administración pública’, Informe Anual del 2000 de la Relataría para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los periodistas y la comunidad en general tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el no ser molestados a causa de sus opiniones y expresiones. La amenaza de sanción penal es desmesurada e inhibitoria y, por lógica, no es acorde con la libertad de expresión; una libertad que tiene su complemento ineludible en el derecho de los ciudadanos a ser informados, lo que automáticamente le confiere una función social a la labor periodística.

En el caso del artículo 196 de nuestro Código Penal, se garantiza que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio, por parte de la sociedad, contrario a lo que alude el Lic. Bonissi.

Ser funcionario implica estar sometido a una vigilancia estrecha por parte de la sociedad.

La penalización de los llamados delitos contra el honor y la intención de que sea declarado inconstitucional el artículo que trata al respecto en nuestro Código Penal es en esencia, una expresión del autoritarismo y el uso abusivo del poder, por lo que aquellos que diariamente trabajamos con responsabilidad desde cualquier medio de comunicación social a nuestro alcance jamás estaremos de acuerdo con lo esgrimido por quien, ‘como conocedor de la ley’, debió haber defendido el derecho a la libre expresión. ¿A menos que nos estemos preparando para callar a la prensa?

Y cuando esto suceda, le recordamos que darán paso a que el silencio grite.

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<> Este artículo se publicó el 22 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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Sí a la Libertad de Expresión

La opinión de la Periodista…

Betserai Richards 

A través de los años, los fallos judiciales desatinados de calumnia e injuria contra periodistas y la libertad de expresión han impactado en Panamá.

Por supuesto, este legado de desaciertos incluye al gobierno del “cambio” luego de haber consolidado los poderes del Estado.

No fue sorpresa ver expresiones tristes y melancólicas entre los estudiantes de periodismo de la Universidad de Panamá. Estaban conscientes de la violación a los derechos de la libertad de prensa.

Entre ellos, una joven tuvo la iniciativa de comprar cintas de color negro como medida de protesta ante el peligroso amordazamiento de la profesión. Posterior a la repartición de las cintas negras entre los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, otras entidades dentro de la Universidad fueron sumándose con entusiasta solidaridad.

Uno de los estudiantes demostró perplejidad sobre las decisiones incongruentes que toman las autoridades del país, al que ama tanto. Agregó que el indulto que el Presidente de la República les otorgó a dos periodistas, era para apaciguar a los medios de comunicación y la opinión pública que salieron en defensa de los comunicadores penalizados.

Me pareció interesante el planteamiento del estudiante, pero preferí no profundizar más en su análisis. Para colmo de males, la semana pasada se condenó a Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio, el tercer periodista en un mes, a una pena de 18 meses de prisión.

Pareciera que estamos marchando en reversa. Durante la época de las botas militares, el General Paredes utilizó la frase “Desde Ya” en 1982, al responder a un grupo de periodistas sobre su decisión de cerrar algunos medios de comunicación.

En esta ocasión, disfrazado con zapatillas del pueblo, el sistema judicial en general se suscribe al cambio desfavorable contra la libertad de expresión.   Debemos tener cautela para que no se repita la represión contra el periodismo.  A todos los periodistas nos preocupa esta situación. Es sumamente importante resistir la censura en contra de la libertad de prensa y expresión.

Cerremos filas con organismos internacionales que exhiben solidaridad con nuestra justa causa. Las conquistas por nuestros derechos como comunicadores sociales deben prevalecer.

 

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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La despenalización de la calumnia e injuria

La opinión de….

Jacinto Hernandez Ábrego

Nuestro criterio es absoluto en relación a apoyar la despenalización de la calumnia e injuria, los periodistas deben tener total libertad para comunicar a los ciudadanos los hechos ocurridos sobre cualquier tema. No deben existir limitaciones que puedan propiciar que el comunicador social se sienta amedrentado o cohibido por publicar la información en referencia.

Los funcionarios o los servidores públicos, cuando aceptan el cargo, deben entender sus limitaciones fijadas por ley, no pueden hacer más allá de lo señalado por la norma. Es entendible que su posición pública los coloque sobre el ciudadano común, por cuanto tienen la responsabilidad de manejar, controlar y decidir sobre los recursos de toda la población.

Y, precisamente, el uso de esos bienes tiene como función básica proveer un beneficio comunitario de carácter social, económico o de mejorar las condiciones de convivencia entre los habitantes del país. Es esta la esencia de la libertad de expresión que los ciudadanos exigimos para tener conocimiento en todo momento, de los proyectos, actividades y tareas que el funcionario realiza; a los medios de comunicación y a los periodistas les corresponde esta sagrada misión; investigar y comunicarnos qué está pasando con los recursos estatales.

Pero el debate público sobre este tema no profundiza sobre uno de los problemas más serios y preocupantes que afecta el libre ejercicio de la libertad de expresión. El papel ético y profesional de los periodistas y los medios de comunicación. En nuestro país los medios están en manos de grupos poderosos, que manipulan y condicionan todo lo que publican de acuerdo a sus intereses. Dependiendo quién está en el poder y cómo eso afecta sus intereses empresariales o personales, en esa medida abordan los temas que afectan al ciudadano.

Hay medios y periodistas que todos los días desacreditan, ofenden y manipulan las noticias para dañar o beneficiar una persona, un proyecto, una organización o institución. Con el concepto sagrado de “reserva de la fuente” no tienen reparos en tirar a la basura la dignidad de una persona. Cuando esto ocurre, el funcionario o persona agraviada tiene derecho, consagrado en la ley de réplica, de acudir al medio o al periodista para que le dé la oportunidad, con la misma beligerancia, de defenderse o aclarar la información que a su criterio es falsa o incorrecta.

Pero la mayoría de las ocasiones esto no ocurre, y ante la opinión pública la persona o el funcionario queda desacreditado y humillado. Muchas veces se recurre al comité de ética de los periodistas, buscando que se permita la réplica o se sancione al medio o al periodista que manipuló, desinformó, u ofendió la dignidad del afectado, tarea infructuosa porque nada se logra.

Es aquí donde radica el problema. Queremos con justa razón mantener la despenalización de la calumnia e injuria, entonces los gremios periodísticos y los poderosos medios de comunicación tienen que fijar pautas y normas de honestidad, profesionalismo y responsabilidad. Si los ciudadanos confiamos en que el periodista o el medio que incurra en injuria y calumnia será sancionado ejemplarmente por sus mismos colegas, la penalización de estos delitos por la autoridad pública no tiene razón de ser.

Si el funcionario, no importa su nivel, y el ciudadano común confiaran en la honestidad de las organizaciones periodísticas y que cuando se mancilla su honor se les dará la oportunidad a plantear sus descargos, no tendría razón de ser la penalización por autoridad pública.

Señores periodistas, dueños de medios, no abusen de ese enorme poder que tienen; igual que el funcionario, ustedes administran recursos que los ciudadanos comunes no tenemos, por ende, tienen la obligación de rendir cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas tienen que estar permanentemente en su agenda. En la medida en que los ciudadanos confiemos en su ética, en su honestidad y en su responsabilidad para divulgar los hechos que hacen noticia y que nos afectan, la penalización de la calumnia e injuria por autoridades públicas no tiene razón de ser.

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Cuando un país quiere ser de cómica

La opinión de….

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com
 

Contrario a todas las corrientes modernas que despenalizan la calumnia e injuria, un grupo de anticuados abogados panameños han presentando un proyecto de ley donde se penaliza a los periodistas que cometan delitos contra el honor.

 

En un país como el nuestro, típicamente folklórico, son los deshonrados los que más necesidad tienen que se respete la honra y la reputación por lo menos en forma cosmética. Transforman la ley en una especie de ungüento o pomada, tipo Max Factor o Esté Lauder, con la cual esconden las arrugas o las manchas faciales.   Diré faciales porque el honor, la honra, la reputación es algo que permite salvar la cara más cuando se es de concreto como la de muchos en nuestro país.   Los rostros angelicales, transparentes, joviales o hermosos no necesitan de una ley que los proteja porque el honor, la honra o la reputación irradia y difícilmente puede ser ultrajada.

 

En los países civilizados no meten a los periodistas en la chirola, como escarmiento por una pluma atrevida. Se privilegia el debate de ideas, la transparencia, la libertad de prensa y expresión e igualmente la libertad intelectual. Frente a la importancia de que estas garantías desenvuelvan la función coactiva del Estado, se limita privilegiando estas libertades más allá de conceptos no tan precisos de honor o reputación.

 

A nadie le parecería más insultante al honor y a la reputación que el conyugue infiel que en forma escandalosa y pública traiciona a su pareja.   No hay la tipificación delictiva de la conducta del cónyuge.   Lo que cabe es el divorcio civil.

 

El proyecto de ley de los poco ilustrados abogados pretende a la vez constituir en delito la injerencia arbitraria e injusta a la intimidad o a la privacidad de las personas.   Hace unos años atrás, la esposa de un primer ministro canadiense amaneció con uno de los integrantes del grupo de rock Rolling Stones. La prensa canadiense registró los hechos.   En Francia, la anterior consorte del Presidente se empató con un ciudadano en la ciudad de Nueva York siendo Primera dama. La prensa francesa registró el hecho. En Paraguay, varias madres solteras le reclamaron la paternidad de su prole al Presidente de turno, la prensa registró los hechos.   Pretendemos penalizar hechos notorios, y a veces públicos, aduciendo el derecho a la intimidad personal. No hay periodismo perfecto, así como no hay seres perfectos ni vida social perfecta.   La responsabilidad sobre los actos o las declaraciones y noticias siempre será reclamable, pero de allí a privar la libertad personal por ejercer la libertad de prensa es un oxímoron.

<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 19 de octubre de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.

Mas del autor:   https://panaletras.wordpress.com/category/asvat-ebrahim/-

Sociedad de arlequines

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La opinión del Jurista y Docente Universitario….

Silvio Guerra Morales 

He podido percatarme que no pocas personas, de una u otra forma, se han sentido agraviadas por algún tipo de noticia o de información que ha sido divulgado respecto a ellos en algún medio de comunicación.
Golpeados o sentidos, lastimados, se han opuesto también de modo apasionado, a la despenalización de la calumnia e injuria en nuestro medio sin excluir a quienes se han solidarizado con ellos en el padecimiento. Los comprendo y me identifico con los tales.   Yo mismo he sido, en algunas ocasiones, víctima de estas situaciones.   El periodista que tuerce o desinforma la noticia destruye.    Ello, sin duda, debe tener sus consecuencias jurídicas penales, civiles y de naturaleza disciplinaria.

Sin embargo, no creo que esos argumentos nos legitimen para impugnar la señalada despenalización que desde hace años nos viene indicando el Derecho Comparado, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Doctrina Penal y la misma Filosofía del Derecho y, añado, el mismo sentido común de las cosas.

Quede claro en la mente del lector que tal despenalización no entraña la idea de “no ser más delito” la calumnia o la injuria. Siguen siendo delitos contra la buena honra y el decoro de las personas. Tutelan el patrimonio de la dignidad humana cuyos bienes más preciados son el honor y la honra.   Despenalizar no significa otra cosa que “quitar la pena”, lo cual es relativo o una verdad a medias, ya que únicamente se quita o elimina la pena de prisión. La propuesta legislativa hecha el día martes de esta semana, misma de la cual soy uno de sus tres redactores,   suprime la pena de prisión de la legislación penal actual y en su defecto pone a la pena de días multas, también conocida como una pena de carácter principal en nuestro medio, como la que se habrá de imponer por uno u otro delito.

No puede entenderse la despenalización de la calumnia o de la injuria sin una previa lectura de la importancia del sagrado derecho de la libertad de expresión en la relación Particular-Sociedad-Estado.   El Estado tiene muchos poderes –pero no es Todopoderoso- que si deja caer, siquiera uno de ellos, sobre el particular, decía mi maestro rosarino Adolfo Alvarado Velloso, “nos aplasta y nos destruye”.   Por ello se entiende que en materia de críticas a los funcionarios o en temas de interés público no puede haber ni calumnia ni injuria.

Sin embargo, ello no significa que el funcionario afectado por la palabra o la expresión supuestamente calumniadora o injuriosa, no pueda accionar y exigir indemnización civil.   Por otra parte, este ámbito no aplica respecto a los particulares quienes, de ninguna manera, pierden su derecho a querellar penalmente o a demandar, vía civil, para exigir responsabilidad de igual naturaleza.

Soy un defensor de la dignidad humana. Pero hay de los sistemas que pervierten el sagrado derecho a la libertad de expresión sin el cual la honra y la dignidad quedan reducidos a romanticismos perversos. El día que se silencie la voz de los hombres y que se acalle la pluma de los que informan, seremos entonces una sociedad de arlequines.

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<> Este artículo se publicó el 15  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mas del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-silvio/

Censura vs. honra

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-La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat 

Me da la impresión que soplan vientos a favor de la penalización, sin excepción, de la calumnia e injuria.   Es decir, que si el presidente o algún gobernador se siente afectado en su honra por cierta publicación, tendría la facultad de presentar una demanda que culmine en un proceso penal. Actualmente este proceso se encuentra despenalizado.

Otra vez se caldean los ánimos entre el derecho a la honra y la libertad de expresión.   Tema que de acuerdo al sistema interamericano de Derechos Humanos, prima la libertad de expresión sobre la honra.   No obstante, recomienda que la protección a la honra se trate en la esfera civil.

El tópico causó polémica entre los colegas que, aunado al fallo del II Tribunal que condenó a dos colegas y los inhabilitó de la profesión por un año,   lanzó una alerta ante el posible atropello de la libertad de expresión.

En este escenario la ética juega un papel fundamental en el periodismo. Dice Javier Restrepo, maestro colombiano, que la libertad de expresión es poder expresarse sin limites externos o internos, lo que vulgarmente se conoce como censuras.   Pero agrega el consultor, que hay una parte más pudorosa de la censura que es la que pone trabas legales, y en este renglón se refiere a la reforma de códigos penales que limitan la divulgación de información.

Tenga presente que el periodismo cada vez es más claro; o se dice la verdad sustentada con pruebas o se perjudica al medio y/o a terceros. Pero también el ejercicio público obliga a los funcionarios a rendir cuentas sobre sus actuaciones, sus bienes y su pecunio. ¿Cumplen los funcionarios con esta responsabilidad?

Preguntémonos:   ¿la única manera para restituir la honra es la cárcel para el calumniador?

Agrega Restrepo:  “el periodismo como poder no se justifica, en cambio el periodismo como servicio es irremplazable”.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Sobre el honor

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

CARLOS AUGUSTO HERRERA

El honor es la buena opinión que se tiene hacia una persona por sus cualidades morales, o el actuar de acuerdo con las normas establecidas en la sociedad, sean morales o legales. El honor puede ser visto desde distintos ángulos, sea como opinión o valoración en el sentido de probidad. El honor es un conjunto de valores morales que hacen que una persona obre con rectitud o la demostración de respeto que se puede tener para honrar a alguien.

Regulamos el honor en el artículo 17 de nuestra Constitución Política, como garantía de velación por parte de las autoridades y en beneficio de los panameños, donde se encuentren y de los extranjeros dentro de nuestra jurisdicción. El artículo 37 del mismo cuerpo legal, se refiere a las responsabilidades legales de quien expresa su pensamiento en palabras o por cualquier otro medio, pero con ello se atenta contra la reputación o la honra.

Nuestro Código Penal regula las conductas como la calumnia o injuria, por cierto, con penas irrisorias que no llegan al encarcelamiento y menos otras medidas cautelares. Todas las sentencias se pueden convertir en días—multas en perjuicio de este honor tan abrigado constitucionalmente, pero que, además, se excluyeron como demandantes a algunos funcionarios públicos. Esto fue un patinazo legislativo, porque se contradice con algunas normas. Ahora hay una fricción legal sobre esa desventaja entre los propios empleados públicos y sobre el derecho de demandar, frente al derecho de no ser demandados de algunos periodistas.

Claro que hay reglas para contener los abusos que han llegado a la jurisdicción penal cuando se trata de calumnia o de injuria, frente a ese aval que representa la fama pública y los derechos a la imagen, a la intimidad, a la privacidad, al nombre y apellido, a la buena fama pública. Nuestro Código de Familia se refiere al Estado como garante de ese respeto a lo enunciado (575). A dos numerales más se regula al uso exclusivo de la propia imagen, la que se puede reproducir en caso de previo consentimiento, pero estas normas no son más que enunciativas. Que no se diga que por guardar en secreto la fuente de la información se exima al periodista de su responsabilidad, porque no es cierto.

La auténtica investigación periodística es una bendición para sanear parte de la sociedad corrupta, la cual se vale de los poderes para avasallar a los débiles y de este modo señorear el falso ego superlativo. Por supuesto que entran las variables en juego, porque además del periodismo, está el medio masivo de comunicación que sustenta el éxito. Existen grandes informadores que en conjunción con la editorial, encuentran resonancia pública de su aceptación en cualquier sociedad, ávida de reglas del juego, pero con derechos en equilibrio sobre los que tienen y no tienen poder.

Lo que no podemos excluir son las mil y una formas que se puede utilizar para ofender a cualquiera, a través de un medio de comunicación masivo con la ventaja de ser un profesional de la pluma, por cierto una carrera que debe llenar de honor a quien la practica como debe ser. Seguro que hay periodistas valientes y de enfoque certero a los que nunca demandarán por su elegancia y buen juicio al emitir incluso opiniones. Otros en cambio, son promotores de exposiciones arteras que no los excluyen de los encausamientos por lo que dicen o sostienen sin poderlo probar.

Lo que sucede es que se puede expresar con ironía para dar a entender lo contrario de lo que se dice. El lenguaje tiene muchas facetas con fines aviesos, para lograr un sentido lesivo, como, por ejemplo, escribir o atacar sin nombre propio, pero con señas inequívocas para que el lector lo entienda, al extremo de que esa ironía se convierte en sarcasmo. Escribir una palabra entre comillas, con signos de exclamación o paréntesis. Los ‘emoticones’ (esas caritas redondas) no se excluyen del ambiente burlesco o gracioso o de la pedantería preñada de esos alardes de erudición para atacar a mansalva al resto de los mortales.

Hay en boga esas expresiones satíricas, con los dobles sentidos o las acostumbradas pantomimas en remedo, para referirse a determinadas personas con rasgos físicos particulares, sin el menoscabo de la genialidad de las caricaturas cuyo efecto es tan notorio que es muy común en los diarios, o la expresión cáustica, con el sinnúmero de las variantes en columpio con sus efectos incisivos, punzantes, mordientes, pero como la ironía se pierde entre la traducción la suelen utilizar en un sentido ordinario. Toda cultura incorpora su propia manera de metáfora lingüística y expresiones verbales. En tales casos, la traducción requerirá un cuidado extra, y quizás una explicación apropiada.

 

<> Este artículo fue publicado el 10 de octubre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.