Panamá y el nefasto legado del pasado

La opinión de la antropóloga…

Brittmarie Janson Pérez

Tengo una cronología, mes a mes, de los 20 años de la dictadura de los militares y sus socios civiles.   La armé para mi tesis doctoral, Panamá Protesta. Como estaba en un formato anticuado, la estoy transfiriendo a un nuevo formato para ofrecer a los estudiosos un trozo detallado de nuestra historia.

Aunque el trabajo es doloroso –quiero llorar cuando pasan por mis manos las protestas de un pueblo que luchó inútilmente por la libertad y la justicia– mirando hacia atrás, uno ve mejor.

Ahora entiendo que desde el fraude electoral de 1984, la suerte de Panamá estaba echada. Noriega y sus socios nunca dejarían el poder pacíficamente porque no podían permitir que quedara al descubierto su corrupción, crímenes, desfalcos, participación en el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, asesinatos e infinidad de violaciones a los derechos humanos.   Por eso mismo, Noriega mandó decapitar a Hugo Spadafora el año siguiente, provocando la renuncia del presidente Ardito Barletta.

En febrero de 1988, Noriega fue acusado por jurados en Miami y Tampa de ser narcotraficante y José I. Blandón dio testimonio que comprobaba esto.   El presidente Delvalle fue derrocado cuando intentó destituir a Noriega. Desde entonces da vergüenza leer los nombres de los panameños que se prestaron para la desnaturalización de la República.   Vociferando que los intentos de Estados Unidos para desplazar a Noriega se debían a que Washington pretendía desconocer los tratados del Canal, armaron a paramilitares nacionales e importados, cerraron los medios de comunicación independientes, aterrorizaron a la población con amenazas, arrestos, torturas y violaciones, obligando a miles de panameños a ir al exilio.

Aunque en retrospectiva queda claro que Noriega y socios jamás soltarían el poder por las buenas, en 1989 los partidos de oposición aceptaron ir a elecciones.   El PRD nuevamente cometió fraude.   Pero los panameños –luchando titánicamente contra una nueva ola de represión– dieron la victoria a la oposición y defendieron sus votos. En respuesta, los paramilitares atacaron a Endara, Arias Calderón y Ford salvajemente y el narcodictador anuló las elecciones.

Hay que leer las cronologías, día a día, para comprender el abismo en que Noriega y el PRD hundieron a Panamá.   Para liberarnos del puño de hierro de la narcodictadura, no sirvieron ni protestas pacíficas, ni las medidas legales y económicas adoptadas por Washington, ni las elecciones, ni conversaciones de alto nivel, ni la OEA.   Solo mediante una invasión por Estados Unidos logró Panamá zafarse de Noriega.

Washington, que apoyó el golpe militar de 1968 y ayudó a crear el monstruo que fue Noriega, contribuyó a que el presidente Endara y el vicepresidente Arias Calderón –quien después se alió con el partido de la dictadura– mantuvieran al PRD como partido, con legisladores supuestamente electos por fraude, dejando sin investigar el origen de las fortunas acumuladas por sus líderes.

La corrupción y la impunidad siguieron su curso. La democracia que nació sobre la humareda de bombas, fuego, destrucción y muertes no ha podido crecer debidamente, porque sufre de un defecto congénito: el nefasto legado del pasado.

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<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Erradicar la violencia contra las mujeres, una tarea pendiente

 

La opinión de…

Santiago Cantón

Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Lamentablemente no hay que hacer mucho esfuerzo para cargar la agenda.

Sin perjuicio de importantes avances, aun continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, torturas, discriminación, brutalidad policial, pobreza y analfabetismo son sólo algunas de ellas. Pero indudablemente, la violencia contra la mujer que continúa abatiendo a nuestra región debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres.

Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual en parte se explica por el maltrato y discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza de que las instancias judiciales puedan investigar y juzgar las violaciones. Esta situación de impunidad no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que también perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.

A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte concluyó que las irregularidades en el manejo de evidencias, el retraso en las investigaciones, la alegada fabricación de los culpables, la ausencia de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneraron el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

La Corte señaló que esta ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.

Los índices de violencia contra las mujeres son altos también en otros países de la región, y los índices de impunidad para estos crímenes son igualmente inaceptables. La manera de combatir este tremendo flagelo es a través de medidas que permitan completar rápida y efectivamente los procesos penales contra los agresores de actos de violencia doméstica y violencia sexual en fueros judiciales imparciales; llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas para determinar la responsabilidad de los agresores; capacitar a operadores de justicia sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres como violaciones a los derechos humanos; garantizar que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso al acudir a instancias judiciales; y ofrecer una reparación a las víctimas de violencia contra la mujeres.

Algunos Estados en el hemisferio han hecho esfuerzos significativos para avanzar en este sentido. Brasil, por ejemplo, adoptó el 7 de agosto de 2006 una ley especializada en violencia doméstica, la cual incluye un conjunto de intervenciones estatales destinadas a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Esta ley lleva el nombre de María da Penha, una víctima de violencia doméstica en Brasil que quedó parapléjica como consecuencia de los golpes e intentos de homicidio de su esposo y llevó el caso a la Comisión Interamericana.

En muchos países, hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo.

Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas, es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países de la región. La única manera de combatir la impunidad es diseñar políticas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, ante cualquier acto de violencia contra una mujer.

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<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cinco años y adiós motiva corrupción

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La opinión del Abogado…

Alberto E. Fadul

Durante lo que va del año, he tocado el tema de corrupción/impunidad desde diferentes perspectivas, sugiriendo encontrar algo de control para que ésta disminuya en beneficio de un país, aún pequeño, que clama por soluciones para evitar la pobreza, donde ya está ubicado un elevado % de la ciudadanía. ¡La corrupción roba al pueblo!

 

Un cambio constitucional profundo que ponga fin al nefasto documento del 72 y su serie de modificaciones inútiles, es de urgencia patriótica. Los tres poderes del Estado, hoy carentes de independencia entre sí, representan una trágica burla nacional; donde el poder del Ejecutivo, casi equivale al de un Rey. Quien éste sea, define con fuerza partidista, los candidatos a cargos de elección popular de su partido, nombra a los magistrados de la Corte Suprema, a las dos procuradurías y, para hacerlo corto, a los directores de entidades autónomas y semiautónomas, etc. Algunos de estos cargos exceden el periodo presidencial de gobierno. Al buen entendedor, pocas palabras.

Si como es el caso, existe una alianza partidista, poco le harán a quien, buen ejemplo, es el Alcalde de la ciudad, donde las auditorias reflejarán que, en la actividad de las villas navideñas pasadas, no hubo irregularidad alguna, (risa).

El periodo presidencial de 5 años sin reelección inmediata, es un pasaporte a la corrupción con impunidad garantizada. Una reelección inmediata, con periodos de 4 años, si es que los votantes deciden reelegir, representaría niveles de productividad elevados en el primer periodo, dando oportunidad para darle seguimiento al cumplimiento de promesas de campaña en el segundo. Hoy, con cambios de partidos gobernantes cada 5 años, por lo general ello no se da. Salvo la extensión de la cinta costera, que pareciera más un negocio que una real necesidad. Lo que debió hacerse era la ampliación del Corredor Sur.

Otros cambios constitucionales vitales, las causales de la revocatoria del mandato, en la Constitución, para todos los cargo de elección popular, no en manos de los partidos.

Los periodos de los procuradores coincidirían exactamente con los del Presidente de la República, igual otros cargos de nombramiento presidencial, salvo el de Magistrado de la Corte Suprema, el cual yo elevaría a 15 años, siempre que especifiquemos mejor la metodología de selección y nombramiento.

Una regulación constitucional objetiva, del derecho a legislar que concede la Asamblea general al Ejecutivo. La actual es absurda.

La APEDE presento un proyecto de reformas constitucionales en el 85, que fue sometido a la consideración de grandes constitucionalistas y acogido por la Junta Directiva de aquel entonces; ésta contiene propuestas muy concretas. Proyecto para el cual hemos sugerido, su actualización y re entrega a las autoridades.

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<>Artículo publicado el  28 de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/fadul-n-alberto-e/

Activismo contra la violencia de género

La opinión de SE la Embajadora de Estados Unidos en Panamá …

Phyllis M. Powers

La violencia contra las mujeres afecta a Panamá como a cualquier otra nación.  La violencia de género es una pandemia mundial que trasciende todas las fronteras.  Puede amenazar a mujeres y niñas de cualquier edad, raza, etnia, estrato social y de muchas maneras.  En Panamá, se reportaron más de 2 mil casos de violencia doméstica durante la primera mitad de 2010, y 46 mujeres han muerto a causa de la violencia doméstica en lo que va del año. Un informe del Centro de la Reina Sofía (Madrid, España) acerca de la violencia doméstica, emitido en octubre pasado, revela que Panamá ocupa el décimo lugar en el índice global de tasas de femicidio.

Frente a esta realidad, estaremos participando una vez más en los “16 Días de Activismo en contra de la Violencia de Género”, que comenzarán hoy, 25 de noviembre, con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer y terminarán el 10 de diciembre en el Día Internacional de los Derechos Humanos.    Estos 16 días son un recordatorio aleccionador de que la violencia de género tiene profundas consecuencias socioeconómicas para toda la sociedad, no solo para aquellas que sufren lo peor del abuso.

Debemos hacer frente a la impunidad que con demasiada frecuencia permite que los autores más atroces de estos delitos no rindan cuentas. Tenemos que corregir la mala condición de las mujeres y niñas en todo el mundo, hecho que las infravalora y las hace vulnerables. Además, debemos apoyar la inclusión de hombres y niños en las actividades dirigidas a abordar y prevenir la violencia y a cambiar las actitudes con respecto al género, así como reconocer que los hombres también pueden ser víctimas debido a su género. Por último, debemos destacar y promover programas eficaces que ya dan resultado.

Estados Unidos también trabaja a nivel bilateral y multilateral para definir la violencia de género no solo como tema de la mujer, sino como temas internacionales de derechos humanos y seguridad, y estamos tomando acciones al trabajar con una variedad de participantes directos e interesados en el tema.   También estamos enfocándonos en la potenciación económica de la mujer.   Los estudios revelan que las mujeres que controlan sus propios recursos son menos vulnerables a convertirse en víctimas debido a su género.

Es por eso que la Embajada de Estados Unidos orgullosamente apoya al programa de la Fundación Calicanto (CAPTA) que acepta a mujeres de los vecindarios más pobres de Panamá, la mayoría quienes han sido víctimas de terribles actos de violencia, y les proporciona otra oportunidad en la vida a través de un curso de capacitación y asesoramiento de seis semanas de duración.   La clave del éxito del programa es que las primeras semanas se enfocan en las mujeres como individuos, fortaleciendo su autoestima. CAPTA es solo otro poderoso ejemplo de lo que puede lograrse para revertir el ciclo de la violencia y potenciar a las mujeres.

Durante los próximos 16 días, les exhorto a todos a que renovemos el compromiso de liberar a la mujer de la crueldad de la violencia.     Los países no pueden progresar cuando la mitad de su población es objeto de marginación, maltrato y discriminación, o cuando se le excluye de la participación política. Cuando se reconocen los derechos de la mujer y se ofrece igualdad de oportunidades en materia de educación, salud y empleo, las mujeres sacan adelante sus familias, sus comunidades y sus naciones y actúan como agentes de cambio.

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<> Este artículo se publicó el 25  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dar tiempo al tiempo

La opinión de….

BERNA  CALVIT
bdcalvit@cwpanama.net

Fue triste ver el desalojo, de su hogar, de una mujer mayor discapacitada por envenenamiento con dietilene glycol, uno de los tantos rostros de una tragedia nacional cuyo final no se vislumbra. Esta desgracia no empezó en 2003 con la licitación de 9 mil kilos de glicerina; no empezó en España, ni en China.

Fue aquí, en Panamá, donde viejos males (codicia, negligencia, falta de controles, indiferencia gubernamental), la hicieron posible.   Un señor de escasos recursos económicos, “representante” de la compañía con el sonoro nombre, Grupo Comercial Medicom, se adjudicó la licitación; Medicom pidió el producto a Rasfer Internacional, empresa española comerciante en químicos y farmacéuticos; Rasfer la pidió a un proveedor quien, a su vez, la compró al fabricante chino; en este pasar de manos hubo acuerdos para inflar el precio.

La Audiencia Nacional (España) asegura que Rasfer, “en clara connivencia con el proveedor y el fabricante chino, obtuvo un producto a un precio muy inferior al del mercado; …falseando la realidad de la factura de compraventa con el único fin de obtener un mayor beneficio, sin importarle la calidad del producto a exportar…”. Como información extra, que un ex ministro chino acusado de corrupción fue ejecutado en 2005 por recibir sobornos de empresas farmacéuticas y por incumplimiento de su deber.

La injusticia y la impunidad indignan. ¿Estaba atrasada aquella mujer, en el pago del alquiler, la hipoteca?  ¿Vivía con algún familiar por razón de su enfermedad?   No sé, la noticia no daba detalles. ¿Es su deuda más grave que la que tienen con las víctimas y la justicia los responsables del mayor envenenamiento con dietilene glycol registrado en el mundo?  Esa mujer representa lo que están viviendo cientos, tal vez miles, que buscando salud ahora enfrentan desempleo, desamparo gubernamental, dolencias graves y, al final, la certeza de una muerte inmerecida.  La Fiscalía Especial confirmó que parte del lote 03071601 comenzó a usarse en 2004, por lo que el número de afectados podría ser mayor;   la cifra real nunca se sabrá, ya que muchos no asociaron sus síntomas con envenenamiento.

El punto de partida es el laboratorio que elaboraba los medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS); los encargados habían advertido a sus superiores sobre sus deficiencias;  aun así no hubo mejoras.   Uno de los comerciantes implicados afirma que el producto “pasó por la aprobación” del laboratorio químico aduanero.   ¿Sería mirando por fuera los 46 bidones mortales?   Según las investigaciones Medicom alteró la fecha de caducidad, no el contenido; es importante anotar que el tiempo no transforma la glicerina en dietilene glycol.

La CSS asegura que analizó la calidad y la pureza de la glicerina; y aunque no lo crea, no analizó por posibles sustancias tóxicas.   Para la producción de medicamentos la CSS solo contaba con el permiso anual.    ¿Por qué la Dirección de Farmacia y Drogas del Minsa eximía a la CSS del registro sanitario? Para mayor claridad sobre estas situaciones, recomiendo la lectura del artículo   “Un punto de vista”,   del doctor Mauro Zúñiga   (La Prensa 10/11/2006) y de la entrevista al doctor Gustavo Arosemena, director del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá (IEA)  (La Estrella de Panamá 15/7/2010).  Me parece recordar que cuando empezaron las investigaciones, un funcionario del laboratorio de la CSS dijo que no enviaba las muestras de los productos al IEA “por falta de mensajero”.

Resumiendo: no analizar correctamente el producto en Panamá, antes de utilizarlo, causó esta tragedia. ¿Negligencia, falta de presupuesto, disputas territoriales? Faltó el control previo (atención, contralora de Bianchini) que en finanzas puede resultar en peculados, sobornos, quiebra, etc.  En salud, como en este caso, en muerte y discapacidad.    La cifra de muertos y de intoxicados sigue creciendo; las investigaciones continúan.

Por ser profana en asuntos del derecho, me permito preguntar si cuando muera el último de los envenenados, los responsables de las muertes podrían invocar la figura legal “sustracción de materia” que consiste, básicamente, en “la desaparición de los supuestos, hechos o normas que sustentan una acción; cuando esto sucede, la autoridad administrativa o legal no podrá decidir o pronunciarse sobre algo …”.

Al cerrar este escrito la última noticia es que la Fiscalía Especial formula cargos, por el envenenamiento, a los miembros de la junta directiva-2006 de la CSS. En este caso en especial, “dar tiempo al tiempo” para evadir responsabilidades es una infamia sin nombre.   “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia”, Jean de la Bruyere, escritor francés.

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<> Este artículo se publicó el 22  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/calvit-berna/

Los quehaceres de una alcaldía ineficiente

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La opinión del Abogado...

Alberto E. Fadul N. 

“El Ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, señaló que los daños que sean ocasionados a la Cinta Costera para la realización de la Villas Navideñas serán reparados por la Alcaldía de Panamá.

“Bajo este parámetro de responsabilidad y compromiso por parte del Alcalde de Panamá, Bosco Vallarino yo no tengo ningún problema en que se utilice la Cinta Costera para una actividad navideña”, manifestó.

De acuerdo con Suárez, Vallarino se comprometió con el Presidente de la República para reparar cualquier daño que se suscite en la Cinta Costera. “El acuerdo se hará por escrito”, añadió”.   Redacción Web 10/04/10.

Recordando con horror y sentido de corrupción/impunidad de parte de funcionarios de la alcaldía (piensa gran parte de la ciudadanía), los gastos exagerados por cosas, aparentemente, feas y en algunos casos, posiblemente, rehusadas.

La inaceptable música incesante, diariamente, a todo volumen, sin respeto a las zonas residenciales y hospitalarias. Nadie asumió los gastos médicos por traumas y post traumas sufridos por personas hospitalizadas y el ruido que no permitía el descanso de enorme cantidad de personas desveladas, a diario, por un espacio de tiempo extremo de sol a sol. Que no decir de la música de arrabal patrocinada por varias empresas, irresponsables, de la localidad y algunas trasnacionales y en el fondo los villancicos.

Créanme apreciados lectores, la carencia de elegancia y respeto, al nacimiento del hijo de nuestro Señor, fue inmedible y totalmente traumática. ¿Se compromete también el Ministro Federico José Suárez a garantizar que el ruido no será continuo y escandaloso? ¿Qué garantías, adicionales, ofreces usted señor ministro para que el evento, no se convierta en un absurdo carnavalesco? Nadie cree en la alcaldía en esta ciudad. Observar el aún no resuelto caso de la recolección de la basura es muestra, contundente, de la más absoluta disfuncionalidad de la municipalidad. En adición a todo esto, el personaje no se entera de que sus propios concejales le están enterrando su futuro político, de manera permanente. Bueno, para muchos, ello quizá amerite ruidosos aplausos.

Este socio, indefinido, también puede que esté allí con el propósito particular, de afectar la labor del propio Presidente de la República. ¿Podrá alguien poner en cintura al Caballero de las Villas navideñas, cuyo egocéntrico propósito de competir con la Ex Alcaldesa Mayín Correa, es a todas luces inaceptable?   Ayúdenos Sra. Correa, usted es de pura cepa.

Señor Presidente, una de sus principales funciones es evitar los ataques a los asociados ya sea con armas bélicas, musicales o de cualquier otra naturaleza como también lo es la basura.   Recuerde, ésta aún no se recoge del todo.

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<>Artículo publicado el  14 de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/?cat=20983143

La Caja de Seguro Social y el Cambio

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La opinión del Abogado y Miembro del Molirena…

Guillermo Ríos Valdés

mitto16@hotmail.com

Los medios de comunicación social recogieron en días pasados declaraciones atribuidas al actual Director de la Caja del Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens, la misma habría pasado desapercibida en medio del torrente rutinario de afirmaciones que indistintamente conceden funcionarios públicos de éste o gobiernos anteriores si no fuera por su categórica afirmación que “él había sido nombrado para llevar adelante un cambio en esta Institución”, considerada por una gran mayoría de los panameños como el tema nacional más álgido que preocupa al país después de la cuestión canalera.

Creada incluso antes de la aprobación del Proyecto de Ley Mexicano de Seguridad Social y de la cual la Administración del Dr. Arnulfo Arias Madrid en 1941 había tomado su ejemplo, la institución y sus creadores no imaginaban el azaroso destino que distintas administraciones de la época republicana y dictatorial tenían para ella y en particular con sus fondos en detrimento de sus miles de asegurados. El Presidente Martinelli y el propio Director Sáez-Llorens han prometido resolver el caos de la Institución.

El primer cambio que la Caja de Seguro Social exige es liberarse del sometimiento al Gobierno Central, el cual la ha convertido en su Caja Menuda para todo tipo de tropelías con sus fondos y en contra de los asegurados y jubilados.   En casi siete décadas de “funcionamiento administrativo-legal” la institución ha sido objeto de los robos y desfalcos más descarados gracias a los fuertes intereses políticos y personales de los gobiernos que se han sucedido, escapando del castigo de la Ley los beneficiarios directos e indirectos de los mismos.

Robos y desfalcos que contaron, porque no señalarlo, con la aquiescencia y complicidad de los “Directores y Juntas Directivas” de la institución, beneficiarios de su porción del “reparto”.   Y allí han estado representados los empresarios, los trabajadores, los gremios y los jubilados y nunca se les ha visto denunciar estos crímenes contra los dineros de los pensionados, jubilados y asegurados.

Muchos de estos personajes se pasean sin vergüenza alguna con sus fortunas mal habidas y no han faltado quienes en los gobiernos “democráticos” los hayan seguido “distinguiendo” con puestos diplomáticos y asesorías, confirmando lo dicho en 1855 por el Dr. Justo Arosemena: “este es el país de las anomalías”.

Urgen señor Director Sáez-Llorens, reformas legales y reglamentarias que le devuelvan verdadera autonomía a la Caja para impedir que préstamos, inversiones, contratos, compras en general y medicamentos (buenos y no reciclados), estén liberados del brazo nefasto y corruptor de las alturas del Poder Público.

En 1999 según cifras de la Contraloría habían 14 mil empleados y a la fecha son 26,000, prueba fehaciente del feudo politiquero a la que ha sido convertida, ejército burocrático pobremente capacitado y amparado por una maraña de artilugios legalistas para proteger su baja disciplina laboral. Paradójicamente, de tal cantidad de funcionarios, los menos son precisamente, médicos, enfermeras, farmaceutas y demás profesionales de la salud, cónsonos con la misión de la institución.

Urge una carrera administrativa que evalué el recurso humano de la institución propiciando una reestructuración de puestos permitiendo la transferencia de personal a otras instituciones del Estado, garantizándoles una estabilidad legal y efectiva, reduciendo la elefantiásica planilla y permitiendo la contratación del personal de salud necesario.

El aumento de cuotas y edad de jubilación ha sido la solución politiquera para “esquivar el bulto” del desfinanciamiento de reservas sin que nadie quiera asumir el costo político que significa afrontar este problema estructural y vital para la Caja.

Señor Director Sáez-Llorens, tómele la palabra al Presidente Martinelli, el problema se resuelve en gran medida asumiendo el Gobierno Central el pago de las jubilaciones de sus empleados, esto sería por etapas, y el sector privado a través de instituciones Privadas de Jubilación (ya existen) bajo supervisión de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Este el inicio de un verdadero cambio que salvará la Seguridad Social del país, de lo contrario, su administración será más de lo mismo, un compendio de promesas, funcionarios traídos de la empresa privada bien pagado con frases vanas, sueltas y falsas.

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<>Artículo publicado el  7  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/rios-valdes-guillermo/

De conclusiones y recomendaciones

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La opinión del Jurista y Activista de los Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal

Tras concluir que “la principal causa de las protestas y acontecimientos violentos en Changuinola fue la forma como se presentó, discutió y aprobó la Ley 30 de 2010, además de su contenido. La ausencia de un debate ciudadano y la equivocada práctica de incluir materias diversas en un solo cuerpo legal, generó irritación, afectó la convivencia pacífica e imposibilitó una adecuada discusión, que permitiera aclarar dudas y mejorar dicha iniciativa legislativa”, la Comisión Especial irrespetada y denigrada hoy por el propio Gobierno que la designó, nos aporta, interesantes recomendaciones, que contribuimos civicamente a divulgar.

1. En aras de la reconciliación, la Comisión recomienda que se dejen sin efecto, mediante los mecanismos legales apropiados, las sumarias en investigación que adelanta el Ministerio Público por supuestos delitos contra la seguridad interna del Estado contra aquellas personas que hubiesen participado en las manifestaciones de Changuinola.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión recomienda que continúen las sumarias en investigación de los casos relacionados al fallecimiento de los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo que lleven a determinar las posibles responsabilidades penales que se deriven de estas dos muertes; así como de la comisión de otros delitos comunes acaecidos durante esos días. No debe haber impunidad. Alentar la impunidad es motivar el delito.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que en un futuro las nuevas leyes sean sometidas a una amplia discusión, debate y análisis con la participación de todos aquellos sectores organizados que puedan verse afectados o beneficiados con las mismas, tal como lo establece la Constitución, las leyes y Reglamentación del Órgano correspondiente.

3. Promover un plan de incentivo y desarrollo de la Economía de la provincia de Bocas del Toro que la diversifique, mediante la creación de nuevas actividades comerciales e industriales que generen más oportunidades para la población y estimulen el desarrollo humano. Las políticas asistencialistas deben enfocarse en dos perspectivas: (i) que atienda los problemas inmediatos tomando en cuenta las necesidades vitales de los afectados, y (ii) que propenda a desarrollar las políticas que erradiquen la discriminación y la pobreza de la región.

4. Promover el respeto a la cultura indígena, mediante la divulgación y estudio de sus costumbres y tradiciones. El Estado deberá fortalecer a la Dirección de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno para desarrollar esta labor.

5. Involucrar a la Concertación Nacional en todos los conflictos que se detecten en la zona a fin de construir un espacio de participación y acercamiento que evite la violencia y ayude al Estado a promover soluciones a los problemas del área.

6. Realizar un encuentro entre las autoridades de policía y los dirigentes de la región para generar un clima de entendimiento ciudadano y de reconciliación.

7. Generar y aprobar urgentemente, un manual policial de atención a situaciones de control de multitudes tal como lo establece “Los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” adoptado por la Organización de Naciones Unidas, de la cual Panamá es signataria. Con ello se persigue que el ciudadano de uniforme y el de a pie, conozcan a cabalidad los límites del ejercicio de sus potestades en base a la vigencia del Estado de Derecho.

8. Promocionar una cultura de paz, marginando a los violentos de las manifestaciones ciudadanas. La violencia sólo genera luto y dolor sin que resuelva ningún problema. Esto sin detrimento del derecho ciudadano a la protesta pacífica que no afecte o lesione derechos de terceros.

9. Los graves hechos suscitados en Changuinola, nos llevan a solicitar a los políticos que actúen con prudencia y espíritu superior, cuando se verifiquen situaciones de conflicto.

El Estado es permanente y los gobiernos son pasajeros. Queda claro que las organizaciones políticas deben, desde sus perspectivas y consideraciones, promover la concertación y el entendimiento para lograr objetivos nacionales.

10. Esta Comisión recomienda la adopción del Proyecto de Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, como mecanismo que asegure una debida atención por parte del Estado a las víctimas de violaciones al derecho a la vida e integridad personal de las personas afectadas (se hace entrega de un posible marco de la ley).”

Lo anterior nos permite recordar que, no podemos dejar que lo ocurrido en Changuinola caiga en el olvido, pero tampoco en la impunidad.

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<>Artículo publicado el  5  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

Legalizan impunidad y ‘juegavivo’

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA   S.   DE   RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hoy conmemoramos 107 años de separación de Panamá de Colombia, sin embargo parece que las experiencias vividas de poco valen para lograr que los políticos cambien la actitud mezquina del juegavivo por la de estadistas; lo que requiere este país para lograr un desarrollo sostenido.

En el transcurrir de nuestra vida como nación libre, se ha hecho costumbre la mala práctica que quienes ocupan cargos gubernamentales, principalmente los del Órgano Legislativo (independientemente del partido político), aprovechen celebraciones importantes (donde la ciudadanía se encuentra distraída), para aprobar leyes que en nada favorecen a la población.

El irrespeto de los electos hacia la población, es tal que en lugar de crear leyes que beneficien a los más necesitados y promuevan la cohesión nacional, tratan de meter nuevos camarones, aprobando el pasado jueves en segundo debate el ‘proyecto de ley 131, sobre juzgamiento a diputados’.

Según los entendidos, esta iniciativa parlamentaria intenta impedir que los ciudadanos puedan efectuar denuncias anónimas y así ‘quitarle al Ministerio Público la facultad de investigar a los diputados’.   Esta acción recaería solo en la Corte Suprema de Justicia, quien en un periodo no mayor a cuatro meses debería realizar indagatorias y decretar un fallo.

Mientras la población se debate en una multitud de situaciones que afectan su calidad de vida, como la inseguridad en las calles, aún con los operativos policiales y se implementa el pele—police para tratar de controlar los niveles de delincuencia, la corrupción continua en la figura del clientelismo político, botellas y desaciertos en la aprobación de leyes para favorecer intereses particulares, económicos o partidistas.

La población está en espera de un verdadero cambio. Es inaceptable lo publicado por los medios. El aumento en la dieta de los diputados, así como el artículo que incluyen en el Presupuesto General del Estado para el 2011, que los cargos por elección popular donde ellos son funcionarios en licencia, reciban ajustes salariales, aún cuando no estén ejerciendo esas funciones.

Es injustificable el exagerado incremento en los viáticos nacionales y al exterior para funcionarios que reciben gastos de representación y devengan altísimos salarios. Este es un país donde a la población trabajadora a duras penas le alcanza los escasos recursos que devenga para subsistir. Tal es el caso de los jubilados, quienes exigen un aumento de B/.50.00 en sus pensiones y esperan que el presidente Martinelli les cumpla la palabra empeñada.

La ciudadanía, pilar esencial para salvaguardar los intereses y patrimonio de los habitantes del país, debe estar vigilante para evitar atrocidades contra el erario. Exigir la rendición de cuentas oportuna contribuirá a garantizar la transparencia en el buen uso de los fondos en obras públicas financiadas con nuestros impuestos. Los diputados deben legislar con honestidad. Es su responsabilidad y deber analizar a conciencia los proyectos de ley que se presenten, y no aprobarlos a tambor batiente, a fin de que las leyes respondan a las demandas sociales de los conglomerados poblacionales.

 

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<> Este artículo se publicó el 3  de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
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Indulto y politiquería

La opinión del Jurista, Docente Universitario y Activista de Derechos Humanos….

Miguel Antonio Bernal 

La Constitución sólo permite el indulto para delitos políticos. La Corte Suprema ha establecido que los delitos contra el honor, no son delitos políticos. En una abierta extralimitación de funciones, nuevamente el Presidente decreta un indulto que viola la Constitución que juró cumplir.La politiquería “es la degradación de la política… carece de grandeza, de proyección histórica, de perspectivas ideológicas. Se desenvuelve en medio de la maquinación ruin, la vulgaridad, el mimetismo, los tránsfugas, la ausencia de ideas y la carencia de ideales…”.

 

En Panamá hemos entrado de lleno en la politiquería cotidiana. El indulto busca desviar la atención del ataque perpetrado contra la libertad de expresión. La adulteración y la falsificación del escudo de la República, al eliminar la pica y poner en su lugar un mazo, sigue su curso sin que las autoridades se hayan inmutado en aplicar correctivos inmediatos, salvo las “disculpas” de la Ministra de Gobierno, porque la de Educación está en el mundo gustaviano….

Mucha gente se pregunta, sin encontrar una respuesta sensata y alejada de la politiquería, ¿dónde vamos en este ambiente de gula, de voracidad, de ambiciones insaciables que parecen guiar, más y más, los actos gubernamentales?

Cada día Panamá se aleja del camino que conduce hacia un Estado Constitucional, donde la dignidad de la personas sea respetada y resguardada.   Se mantiene el desprecio a toda pretensión de “democracia, justicia y libertad”. Aumenta el ejercicio irracional del poder sin control, de carácter demagógico, falacioso y embustero, con una creciente capacidad de mutación que modifica, a diario, el contenido de las normas y procedimientos gubernamentales, de modo que pasen a tener un significado diferente, conservando o no el mismo texto, como lo demuestran los resultados engañosos del denominado “Diálogo sobre la Ley 30” que, en materia de impunidad policial, se lucieron manteniendo una norma contraria a los compromisos internacionales del Estado panameño.

Cual espejismo anticiudadano, la mutación de los rectores de los Órganos del Estado, actúa a espaldas de toda vinculación constitucional, de los fundamentos básicos del constitucionalismo, que no logra eregirse como herramienta de control ciudadano para la racionalización efectiva, real y concreta del ejercicio del poder político.

En menos de lo que canta un gallo, han criminalizado la pobreza, legalizado la impunidad, fomentado la corrupción, destruido sin reparo garantías fundamentales, violado acuerdos internacionales, depredado más aún el medio ambiente, pisoteado los derechos sindicales, penalizado la protesta social y terminado de desconocer los espacios y posibilidades de un verdadero diálogo nacional. Ahora se ataca a la libertad de expresión.

Como si fuera poco, han arremetido -en sociedad asociada- los diputados del Cambio Democrático, del Panameñismo y del PRD, contra la Universidad de Panamá con una Ley ultrapersonalista y antidemocrática, que servirá de veneno para acabar de acabar con la academia, ley que viene a sumarse a toda una maraña legislativa y gubernamental impuesta durante los últimos tiempos, que abandona sin reparos los principios de legalidad, de jerarquía administrativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las normas, de responsabilidad y de interdicción o prohibición de la arbitrariedad.

El mandato electoral de construir democracia, no se está cumpliendo. Ello trunca la legalidad y la legitimidad, las cuales no podrán recuperarse con nuevos parches a la constitución militarista, ni con millones de obras.  Nuestro país lo que exige, es Justicia.

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<> Este artículo se publicó el 15  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mas del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

Sobre la condena penal a periodistas

La opinión del Jurista, Doctor en Derecho y Docente Universitario…

Hernán A. De León Batista

Inicio por manifestar,   gracias a ese derecho de libertad de expresión que hay en Panamá,  que no conozco a la periodista Sabrina Bacal y al hoy abogado Justino González,   por lo que emitiré una opinión objetiva respecto a la condena que les impuso el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia No. 250–S.I. de 28 de septiembre de 2010, por ser responsables del delito de calumnia en perjuicio de Rosendo Rivera y Aida Castro.

Si los conociera o yo trabajara en TVN, no hay duda que me solidarizaría con ellos 100%, sin necesidad de leer la sentencia, que ha sido cuestionada por el gremio de comunicadores sociales; en mi criterio el sólo saber que hay una pena de prisión e inhabilitación para ejercer la profesión es suficiente para estar en contra.

No obstante, como vivimos en un estado de derecho, donde deben respetarse las instituciones y el sistema jurídico que hemos acogido, en este caso la doble instancia, en el que un tribunal superior puede revisar la decisión de un juez de inferior jerarquía,  es por lo que hay que respetar la sentencia condenatoria en aras del principio de independencia judicial y del sistema de legalidad, y pese las críticas que se le hacen a nuestros juzgadores, muchos de los cuales se quedan en la obsoleta aplicación de un positivismo-legalista riguroso más que en la aplicación de principios,  específicamente, en el respeto de los derechos humanos.   La interrogante que nos hacemos entonces es: ¿se trata de un problema de hombres o de leyes?

Si nos ponemos en los zapatos de los magistrados que emitieron la sentencia, veremos que la tarea de administrar justicia no es fácil, porque ellos deben aplicar una sanción de prisión que establece nuestro Código Penal (que no es inventada caprichosamente) a un hecho que consideraron delito (calumnia), al divulgarse una información que no fue verificada, lo que provocó graves perjuicios a los ofendidos Rivera y Castro,   por vinculárseles a una supuesta red de traficantes de personas. De no aplicar el Tribunal Superior una sanción, estaría propiciando la impunidad.

Es como si alguien cometiera otro tipo de delito, como puede ser un homicidio, y que de considerar el Tribunal su culpabilidad y responsabilidad, no aplique sanción alguna.   Es entendible que al calor de este debate se trate fácilmente de endilgar la culpa por la condena de los periodistas Bacal y González a la Corte Suprema, lo que se hace a menudo de forma errónea –como si la Corte fuese parte del universo de personas que conforman el Órgano Judicial– así como al gobierno de turno, lo que es común observar en el mundo, porque la libertad de expresión le resulta incómoda a los políticos,  los somete a un permanente escrutinio y una constante crítica.

Por ello, considero este es el momento oportuno para abrir un debate nacional en el que se analicen las normas referentes a los delitos contra el honor de la persona natural –ya que también existe de la persona jurídica en otros países–, a fin de establecer como país si deseamos que dicho delito sea sancionado sólo con el resarcimiento económico o pecuniario y no con prisión.

Este tema, definitivamente, no es fácil de tratar en nuestra cultura panameña que se caracteriza por tener una epidermis muy débil,   porque para algunos la libertad de expresión y el derecho a la información son aquellos que no tienen mayor restricción legal que la plasmada en un código de ética;   sin embargo, aunque no se tenga un animus injuriandi (intención o dolo de causar un daño),   se puede perjudicar con facilidad la reputación o dignidad de una persona, al momento de divulgarse una noticia, violándose uno de los derechos fundamentales más preciados como es la presunción o estado de inocencia.

Sólo hay que ver el ejemplo reciente de la cadena de red social Twitter, similar a Facebook, cuando se esparció un supuesto mensaje del escritor colombiano Gabriel García Márquez, con motivo del Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa,  que los medios confirmaron como falso.

Espero que se dé un debate de altura y no se abuse de la manipulación de masas, como podría estar dándose.    De ahí que muchos autores a través de la historia hayan denominado a la prensa como un cuarto poder del Estado.

<> Artículo publicado el 13  de octubre de 2010 en el diario La Prensa y el 14 de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/de-leon-batista-hernan-a/

Volver a ser gente decente

La opinión de…

Carlos E. Rangel Martín 

A continuación presento varios pensamientos que he tenido en mente desde hace algún tiempo y que he fusionado con otros afines, hallados en un mensaje que me llegó por internet y cuyo autor desconozco: fuimos educados con sólidos principios morales.

Cuando éramos niños, los padres, tíos, abuelos, ancianos, profesores y funcionarios gubernamentales, generalmente, eran considerados personas dignas de respeto; y, cuanto más avanzados en edad, mayor consideración solíamos tenernos unos a otros. Teníamos miedo apenas de la oscuridad, de los ratones, de las historias de terror y del diablo. Éramos gente sencilla pero decente.

Hoy siento tristeza infinita por todo lo que hemos perdido, por lo que nuestros descendientes quizá nunca disfrutarán y por el temor en la mirada de muchos niños, adolescentes, adultos y ancianos.

¿Impunidad para funcionarios que despilfarran los fondos públicos? ¿Crecientes impuestos para las clases que más trabajan?   ¿Mandatarios que violentan el orden legal?  ¿Jueces que venden sus veredictos? ¿Criminales con derechos que prevalecen sobre los derechos de la sociedad? ¿Profesores libidinosos que acechan a sus alumnas? ¿Maestros serios amenazados por alumnos violentos? ¿Comerciantes honestos temerosos de ladrones y drogadictos? ¿Carceleros negociando escapes de presos? ¿Policías que disparan perdigones a la cara de trabajadores, queriendo evitar que protesten por graves injusticias? ¿Rejas en todas nuestras puertas y ventanas?   ¿Trato especial a buseros mafiosos, sin prestarle debida atención a sus víctimas? ¿Pantallas gigantes valoradas sobre enseñanzas escolares? ¿Teléfonos celulares preferidos sobre alimentos?   ¿Qué valores son éstos? ¿Qué pasó con nosotros?

¿De qué valen las promesas electoreras y las dádivas cuando la mayoría de nuestros gobernantes no tiene ningún sentido de la decencia ni de lo que significa ser “hombres de palabra”?   ¿De qué vale tener nuevos y costosos hospitales cuando escasean los médicos y las medicinas? ¿De qué vale tener abundante energía eléctrica si con ello contaminamos el aire que respiramos? ¿De qué vale tener minas si éstas deforestan nuestros bosques y envenenan a los peces en los ríos y el agua que tomamos? ¿De qué vale tener un Metro si cada vez que salimos a la calle nos arriesgamos a ser víctimas de delincuentes comunes, pandilleros y sicarios?   ¿De qué vale que la economía crezca si el dinero es acumulado por una minoría que exprime inmisericordemente a los pobres?

Igual que el pueblo israelita hace varios milenios, cuando Moisés por primera vez bajó del monte Sinaí portando las tablas de la ley, muchos han puesto su confianza en un dios falso, por mucho oro que tenga, igual como Alemania e Italia adoraron a Hitler y a Mussolini, y muchos venezolanos adoran a Chávez. Pero, de seguir así, tarde o temprano lo vamos a pagar caro, como ya lo hicimos un 20 de diciembre de 1989; no porque Dios nos envíe algún castigo, sino porque caminamos hacia un despeñadero social, pero nos resistimos a enderezar nuestro curso.

Por nuestro propio bienestar, es indispensable que volvamos a ser gente decente.

<> Este artículo se publicó el 24  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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