El narcotráfico en el Ministerio Público

La opinión del Abogado…

LUIS FUENTES MONTENEGRO
luisfuentesmontenegro@gmail.com

El narco escándalo del Procurador General de la Nación y del Ministerio Público ha puesto al descubierto una red de delincuencia organizada integrada por propios funcionarios de la institución encargada de investigar los delitos, pero a la fecha todo está quedando en bochinche, misterio y mucha impunidad. Existe en el país la tradición del no pasa nada, cuando se trata de casos penales de alto perfil o casos en donde los involucrados son de cuello y corbata, es decir, cuando hay que investigar personas con influencias la justicia penal poco sirve o sirve para nada.

Es gravísimo lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y en torno al señor Bonissi -el elegido para ser procurador por el presidente Martinelli-, pero a pesar de ello, pocos o pocas son los detenidos, la investigación parece estar tan viciada y parcializada, que más que una investigación penal, parece ser una forma segura para proteger a los verdaderos involucrados, ocultar la verdad, tergiversar y garantizar que muchos queden impunes.

No se le ha dado la seriedad a la investigación de dicho narco escándalo. El nuevo Procurador tiene un rol importante en todo esto, o se convierte en cómplice al dejar que esa investigación siga en manos de un fiscal que por sus nexos cercanísimos con el ex procurador Bonissi y los implicados, no garantiza pulcritud, ni imparcialidad, ni nada ético.

Señor Ayú Prado o usted sigue el camino opaco de su antecesor o se revela como un hombre de derecho, capaz de limpiar al Ministerio Público, depurándolo, metiendo a la cárcel a los responsables del narco escándalo, sin darle impunidad a los que fueron y a los que todavía siguen siendo sus compañeros de trabajo y forman parte de esa red de corrupción y maleantería.

Usted tiene una oportunidad de oro para demostrar con hechos que es independiente, imparcial, creíble, inteligente y recobrar la dignidad de la investidura de procurador tan mancillada. Para empezar no tenga miedo en destituir a los funcionarios involucrados, no tenga miedo en darle a una persona moral la investigación de ese caso, no apadrine que esa instrucción sumarial se siga tergiversando, amañando.

Sus tareas venideras no serán fáciles, pero está en sus manos escoger la vía de la serpiente y arrastrarse y ser un arrastrado o escoger la vía del halcón y tener un vuelo sublime, altísimo y digno.

 

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<> Artículo publicado el 4 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un país sin responsables

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

MARIO A. ROGNONI
marognoni@cwpanama.net

De todas las características de nuestro país la más curiosa es la falta de responsables en casos de reclamos. Gracias a un ágil periodismo investigativo, gracias a las denuncias encubiertas de quienes son mudos testigos de irregularidades, gracias a las luchas internas y envidias naturales de nuestra sociedad, las irregularidades salen a la luz pública.   Esa parte es lo positivo, lamentablemente lo negativo es que no importa el nivel de divulgación, no hay responsables al final.   Es por eso que nadie cuestiona que todo, al final, quede a medias.

Si separamos del cargo a la procuradora general de la Nación por pinchazos telefónicos, no hicimos nada en el caso similar detectado y comprobado al procurador de la Administración.   Si capturamos toneladas de drogas en nuestras costas y ciudades, curiosamente no hay ningún detenido en las incautaciones, nadie responsable del narcotráfico. Si se captura local e internacionalmente a lavadores de dinero, nunca aparecen los bancos involucrados ni las empresas que se prestan para el lavado.   No hay duda de que nuestro país es un paraíso, no fiscal, sino penal.   La impunidad que antes criticábamos a diputados y magistrados, ahora es extensiva a cualquier ciudadano, siempre que tenga el dinero suficiente para hacer valer su inmunidad.

La irresponsabilidad pasa inclusive a lo ridículo. Sobreseen a David Murcia Guzmán, culpable en Colombia y USA, pero no le devuelven sus bienes. Y, para colmos, tomamos uno de sus autos finos y lo pintamos de autopatrulla ‘para que los jóvenes vean que el crimen no paga’.   El mensaje, tras gastar decenas de miles de dólares en pintar y asegurarlo, es lo contrario.   Los jóvenes ven lo que el dinero del delito puede comprar.   Pero, ¿alguien es responsable de tamaña decisión? Por supuesto que no, las cosas simplemente pasan.

Curiosamente, los medios insisten en su afán investigativo de ubicar responsabilidades. Las denuncias de compras directas, compras amañadas, favoritismos en compras inclusive denuncias de ilícitos como liberación de detenidos se estrellan al final con la consabida promesa que ‘se llegara hasta las últimas consecuencias’, solo que las últimas consecuencias en Panamá son el olvido o relegarlas a tema pasado. Hoy todavía se sigue el caso de los liberados por la recién nombrada fiscal de Los Santos, pero pocos creen que la verdad prevalecerá. Como en todos los casos, los verdaderos responsables saldrán ilesos, mientras en el mejor de los casos algún chivo expiatorio pagará las consecuencias y en el peor de los casos nadie quedará al final afectado. Esa es la regla de un país sin responsables.

La creación en su momento de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial dio la esperanza que finalmente encontraríamos responsables en casos de daños patrimoniales al Estado. No para sorpresa de nadie se convirtió en un instrumento de persecución política en democracia y transformada luego a un inoperante Tribunal de Cuentas. Hoy, la incapacidad de funcionarios cuesta millones al Estado en indemnizaciones y pagos de salarios caídos, sin que a ninguno le hagamos responsable de sus errores. Pocos países mantienen tal estado de impunidad como el nuestro a la incapacidad pública.

Hoy, se viven momentos difíciles de circulación de y hacia el interior por una carretera de acceso al puente Centenario, que ha dado problemas desde su inauguración. En reiteradas ocasiones hemos visto tramos cerrados por desplomes de la loza de rodaje y finalmente un tramo considerable se afectó con las últimas lluvias. Pero, ¿hay responsables? Más nos preocupa el lograr repararla que encontrar culpables y, como siempre, será el Estado quien se hará cargo de los millones que por causa de ineficiencias habrá que pagar.

Somos únicos en nuestra irresponsabilidad. Se compran camiones recolectores de basura y pocos años después solo quedan 13 funcionando, sin responsables.   Construimos hospitales y no tienen equipos para funcionar, sin responsables. Compramos una flota nueva de buses y al llegar los primeros la apariencia ciertamente no parece de nuevos.   Si, como algunos creen, no son los indicados para nuestras calles, ¿habrá alguien responsable? Lo dudo, si ya esa experiencia la vivimos cuando se trajeron los famosos Pegaso españoles y rápidamente los descartamos por inoperantes.

El gobierno del cambio prometió, entre muchas cosas, que habría responsables. Hasta ahora, no hemos visto ese cambio. Como no vimos cambios en viajes presidenciales, compras directas, costo de vida, violencia y tantas otras promesas. Lo único es que, en eso, sí hay siempre un responsable: es lo único donde el pueblo responsabiliza al presidente.

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<> Este artículo se publicó el 28  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Corrupción e impunidad corroen la esfera pública

La opinión del Secratario General de CONUSI / FRENADESO….

 


GENARO    LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

El neoliberalismo configura un Estado mafioso que en todos y cada uno de los niveles institucionales del mismo se reproduce.

En cada dependencia estatal la corrupción e impunidad corroen la ética pública y las propias formas de dominación. Los gobiernos más tramposos son reductos de pandilleros de alto vuelo sin escrúpulos para apoderarse de los bienes públicos, otorgarse enormes salarios y militarizar los países.

Las mafias al inicio venían de fuera de la política, ahora forman parte del engranaje, de los partidos, del sistema electoral, del legislativo, del poder judicial. Las dinámicas de crecimiento están estrechamente asociadas a un nuevo capitalismo construido alrededor del pillaje, la criminalidad y la corrupción.

En Panamá, la situación no es diferente, desde hace tiempo FRENADESO señaló que este país estaba dominado por una mafiocracia insertada en las esferas de poder económico (empresarios y banqueros) y político (gobierno y oposición), los cuales a partir del Estado y de negocios fraudulentos incrementan sus exorbitantes ganancias. Lo acontecido esta semana, pone al desnudo el estado de la podredumbre que impera.

Un Ministerio Público, que da cuenta de los tentáculos de los narcotraficantes en sus estructuras. Acusaciones de una y otra parte involucran desde el procurador suplente, la secretaria general y la jefa de Recursos Humanos. Este solo hecho descalifica cualquier posibilidad de investigación seria y objetiva.

Otra evidencia más son las revelaciones de WikiLeaks sobre la Ampliación del Canal.

La cuestionada adjudicación de la licitación más costosa de las obras de ampliación (construcción de esclusas y tinas), al Consorcio Unidos por el Canal (de la cual CUSA —Alemán Zubieta—, hace parte), capitaneado por la empresa española Sacyr Vallehermoso sobre la cual medios de prensa europeos señalaban que confrontaba serios problemas financieros; hoy WikiLeaks ha revelado cables secretos del Departamento de Estado, donde el vicepresidente Juan Carlos Varela confesó, a un grupo de congresistas norteamericanos, que ‘El proyecto de ampliación del Canal es un desastre’. Mientras que afirmó al número 2 de la Embajada gringa, que: ‘Uno no hace chapuzas con algo tan importante como el Canal. Cuando uno de los licitadores hace una oferta 1000 millones de dólares inferior a la del siguiente, hay algo que está muy mal’.

Por su parte Martinelli, quien en todo momento defendió la ampliación, al término de la licitación declaró que había sido ‘transparente’. No obstante, al ser interrogado por Bárbara Stephenson : ‘indicó que estaba un poco preocupado y dijo que temía que el administrador del Canal podría haber inclinado el concurso hacia el consorcio que incluía a CUSA, dirigida por su primo’. (Palabras de la embajadora, según consigna el cable al Departamento de Estado).

Con estas revelaciones de WikiLeaks, una vez queda al descubierto cómo actúa la mafiocracia que nos gobierna, cómo hace negocios con los recursos que nos pertenecen a todos los panameños.

Por otro lado, esta semana diarios colombianos establecían los vínculos en Panamá del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, envuelto en un escándalo por tráfico de influencias por una millonaria contratación durante su gestión a favor de conexiones a través de su hijo.

Recordemos que recientemente Martinelli dio asilo a la ex directora del DAS colombiano acusada por ‘pinchazos’ telefónicos, y se ha insinuado la posibilidad de ofrecer asilo a otros implicados en este escándalo.

Como si ello fuera poco, el ministro de Turismo, Salomón Shamah, escenificó un encuentro donde llegó a agredir al coordinador de los Corregidores del Municipio de Panamá, al osar éste inspeccionar el lujoso hotel Manrey, ante quejas de los vecinos por el ruido que efectuaban.

Esta situación, que a diario acontece en los barrios pobres, cuyos moradores son obligados a bajar de los buses o son detenidos en las calles para someterlos al ‘pele-police’, no se tolera por parte de los gobernantes que se den en las áreas de lujo. No le importa al Gobierno la histeria y la angustia que la acción policial provoca en niños, mujeres y ancianos, pero sí en los que frecuenta los sitios de diversión de lujo.

 

 

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<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los gobernantes y la corrupción de sus familiares

Bitácora del presidente  – La opinión del Abogado,  Empresario y actual presidente de los diarios  La Estrella de Panamá y el Diario el Siglo…

EBRAHIM ASVAT
easvat@elsiglo.com

Cuando hablamos de corrupción acostumbramos vigilar la conducta de los funcionarios. A veces perdemos la perspectiva de las cosas. Son parientes y familiares los que en ocasión se encargan de ejecutar los negocios gubernamentales o son los partícipes de las transacciones que el Estado otorga en forma directa.

 

En México por ejemplo, el hermano del Presidente Carlos Salinas de Gortari se vio involucrado en un caso de mayores proporciones relacionado con lavado de activos producto de actividades ilícitas. Los millones y millones de dólares descubiertos fueron localizados en diversas cuentas bancarias en Suiza generando una de las peores crisis políticas en México.

 

En Pakistán si bien Benazir Bhutto gozaba de la popularidad ciudadana, su mandato quedó empantanado por las serias acusaciones de corrupción contra su esposo Asif Ali Zardari a quien bautizaron con el seudónimo de 10% , que era el monto que cobraba como comisión por la autorización de cualquier negocio con el gobierno.

 

En Irak si bien Saddam Hussein tenía toda la notoriedad de sanguinario y dictador, fueron sus hijos Uday y Qusay Hussein los que abusaron del poder para cometer todo tipo de actos ilícitos y derroche de riqueza.

 

A los gobernantes les cuesta mantener a cónyuges, hijos o familiares dentro de los límites del poder. En alguna forma las peores desviaciones a los límites del poder público lo cometen familiares. Comisionistas, socios en proyectos del Estado con empresas comerciales, accionistas sin aporte a capital son algunas de las formas como participan en el abuso del poder o autorizados por la protección de los gobernantes.

 

Sus vínculos familiares les permiten ampararse en una especie de inmunidad absoluta. El gobernante impide que alguien se meta con ellos, basado en los lazos de sangre, sin embargo son los que peor daño le hacen a cualquier gestión de gobierno.

 

En el caso del gobierno de Benazir Bhutto y su cónyugue Ali Zardari lo inaceptable era que provenían de una familia extremadamente rica y sin embargo nada impidió que al llegar al poder se preocuparan más en ver que negocios conseguían del gobierno, desatendiendo su inmensa riqueza y capacidad de hacer negocios lícitos.

Es irónico, pero la historia tiene una inmensa cantidad de ejemplos de familiares de ricos gobernantes que prefirieron pelechar del gobierno que atender sus negocios personales.

 

No tiene explicación lógica. Solo podría argumentarse que es una hipertrofia psíquica lo que los lleva hacia los terrenos de la ilicitud y a la delincuencia.   A propósito en Argentina fue notorio el Yomagate, la cuñada del Presidente Carlos Menem.

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<> Artículo publicado el 16 de diciembre  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panamá, 21 años después de la invasión

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La opinión del  Doctor…

César Quintero Sánchez 

Se acerca el 20 de diciembre, una fecha que algunos no quieren recordar y a otros no se les deja olvidar. Me permito compartir algunas reflexiones para conmemorarla.

En los últimos veinte años, han sucedido cientos de hechos y circunstancias en las que ha salido lesionado el bien común, sin que hasta ahora se tenga noticia de un suicidio por vergüenza, una renuncia no solicitada o una condena y pena por la culpa demostrada. ¿Será que la impunidad de los adinerados es una de las características distintivas de la sociedad panameña ?.

Pareciera que en este dichoso país se apuesta al olvido inmediato.  A que todo se maneja estilo alka seltzer. Las noticias salen en todos los medios y a la semana desaparecen sin dejar secuelas o marcas. Para alcanzar la tan anhelada transparencia, lo primero que habría que asegurar es que, quien es designado en un puesto público o privado, reúna las condiciones cualidades y características que el cargo demanda. Es decir que además de ser pariente de sangre, político, conocido (a) de alcoba, condiscípulo de primaria o miembro de su exclusivo clan o logia, tenga también la preparación, experiencia y calidad humana suficiente para ser eficiente y eficaz.

La mayoría de los empleados, subalternos y funcionarios públicos han aceptado como válido, que tienen que rendir cuentas exclusivamente a quien le nombró.   Olvidando en el caso del sector público, que nuestro primer y principal compromiso es con la ciudadanía, quien es quien paga finalmente.

Es a la nación, a quien deberemos justificar, si llenamos o no sus necesidades y demandas, a través de estructuras y procesos que han hecho realidad productos e impactos, largamente esperados en esta deuda social acumulada, que ya no soporta más de promesas demagógicas ni de laiseferismos bien intencionados.

Es a la sociedad en su conjunto, a quien deberemos responder por las tareas, controles o previsiones no tomadas e inclusive por los recursos torpemente gastados.

Yo no sé cuando este pueblo realmente va a exigirle a todos sus dirigentes gremiales, religiosos, deportivos, políticos, sindicales y empresariales que rindan cuenta de la transparencia de sus actos y de no pasar este escrutinio imparcial y objetivo, condenarlos al Ostracismo por diez años, como se hacía en la antigua Grecia. Haciendo que se reparta entre los más pobres todos sus bienes y pertenencias mal habidas y retirándolos de todos los partidos, clubes, sectas o logias a la que pertenecen.

El día que un cocotudo mayor, no importa de qué partido político o sector de la sociedad civil provenga, tenga sus huesos en una cárcel común por un buen rato, desde ese día y no antes, habremos iniciado el cambio que estamos necesitando y esperando la mayoría del pueblo panameño.

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<>Artículo publicado el  9  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Panamá y el nefasto legado del pasado

La opinión de la antropóloga…

Brittmarie Janson Pérez

Tengo una cronología, mes a mes, de los 20 años de la dictadura de los militares y sus socios civiles.   La armé para mi tesis doctoral, Panamá Protesta. Como estaba en un formato anticuado, la estoy transfiriendo a un nuevo formato para ofrecer a los estudiosos un trozo detallado de nuestra historia.

Aunque el trabajo es doloroso –quiero llorar cuando pasan por mis manos las protestas de un pueblo que luchó inútilmente por la libertad y la justicia– mirando hacia atrás, uno ve mejor.

Ahora entiendo que desde el fraude electoral de 1984, la suerte de Panamá estaba echada. Noriega y sus socios nunca dejarían el poder pacíficamente porque no podían permitir que quedara al descubierto su corrupción, crímenes, desfalcos, participación en el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas, asesinatos e infinidad de violaciones a los derechos humanos.   Por eso mismo, Noriega mandó decapitar a Hugo Spadafora el año siguiente, provocando la renuncia del presidente Ardito Barletta.

En febrero de 1988, Noriega fue acusado por jurados en Miami y Tampa de ser narcotraficante y José I. Blandón dio testimonio que comprobaba esto.   El presidente Delvalle fue derrocado cuando intentó destituir a Noriega. Desde entonces da vergüenza leer los nombres de los panameños que se prestaron para la desnaturalización de la República.   Vociferando que los intentos de Estados Unidos para desplazar a Noriega se debían a que Washington pretendía desconocer los tratados del Canal, armaron a paramilitares nacionales e importados, cerraron los medios de comunicación independientes, aterrorizaron a la población con amenazas, arrestos, torturas y violaciones, obligando a miles de panameños a ir al exilio.

Aunque en retrospectiva queda claro que Noriega y socios jamás soltarían el poder por las buenas, en 1989 los partidos de oposición aceptaron ir a elecciones.   El PRD nuevamente cometió fraude.   Pero los panameños –luchando titánicamente contra una nueva ola de represión– dieron la victoria a la oposición y defendieron sus votos. En respuesta, los paramilitares atacaron a Endara, Arias Calderón y Ford salvajemente y el narcodictador anuló las elecciones.

Hay que leer las cronologías, día a día, para comprender el abismo en que Noriega y el PRD hundieron a Panamá.   Para liberarnos del puño de hierro de la narcodictadura, no sirvieron ni protestas pacíficas, ni las medidas legales y económicas adoptadas por Washington, ni las elecciones, ni conversaciones de alto nivel, ni la OEA.   Solo mediante una invasión por Estados Unidos logró Panamá zafarse de Noriega.

Washington, que apoyó el golpe militar de 1968 y ayudó a crear el monstruo que fue Noriega, contribuyó a que el presidente Endara y el vicepresidente Arias Calderón –quien después se alió con el partido de la dictadura– mantuvieran al PRD como partido, con legisladores supuestamente electos por fraude, dejando sin investigar el origen de las fortunas acumuladas por sus líderes.

La corrupción y la impunidad siguieron su curso. La democracia que nació sobre la humareda de bombas, fuego, destrucción y muertes no ha podido crecer debidamente, porque sufre de un defecto congénito: el nefasto legado del pasado.

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<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Erradicar la violencia contra las mujeres, una tarea pendiente

 

La opinión de…

Santiago Cantón

Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Lamentablemente no hay que hacer mucho esfuerzo para cargar la agenda.

Sin perjuicio de importantes avances, aun continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, torturas, discriminación, brutalidad policial, pobreza y analfabetismo son sólo algunas de ellas. Pero indudablemente, la violencia contra la mujer que continúa abatiendo a nuestra región debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres.

Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual en parte se explica por el maltrato y discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza de que las instancias judiciales puedan investigar y juzgar las violaciones. Esta situación de impunidad no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que también perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.

A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte concluyó que las irregularidades en el manejo de evidencias, el retraso en las investigaciones, la alegada fabricación de los culpables, la ausencia de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneraron el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

La Corte señaló que esta ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.

Los índices de violencia contra las mujeres son altos también en otros países de la región, y los índices de impunidad para estos crímenes son igualmente inaceptables. La manera de combatir este tremendo flagelo es a través de medidas que permitan completar rápida y efectivamente los procesos penales contra los agresores de actos de violencia doméstica y violencia sexual en fueros judiciales imparciales; llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas para determinar la responsabilidad de los agresores; capacitar a operadores de justicia sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres como violaciones a los derechos humanos; garantizar que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso al acudir a instancias judiciales; y ofrecer una reparación a las víctimas de violencia contra la mujeres.

Algunos Estados en el hemisferio han hecho esfuerzos significativos para avanzar en este sentido. Brasil, por ejemplo, adoptó el 7 de agosto de 2006 una ley especializada en violencia doméstica, la cual incluye un conjunto de intervenciones estatales destinadas a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Esta ley lleva el nombre de María da Penha, una víctima de violencia doméstica en Brasil que quedó parapléjica como consecuencia de los golpes e intentos de homicidio de su esposo y llevó el caso a la Comisión Interamericana.

En muchos países, hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo.

Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas, es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países de la región. La única manera de combatir la impunidad es diseñar políticas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, ante cualquier acto de violencia contra una mujer.

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<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.