Eliminemos el Consejo Nacional Anticorrupción

La opinión del periodista y docente universitario…
GARRITT GENETEAU
ggeneteau@yahoo.es

Consideramos que ya existe una burocracia, a todas luces excesiva, inoperante y muy criticada por la opinión pública pensante, que a lo único que contribuye es a causar gastos al erario público.

Vamos a referirnos a la más ineficaz de estas instituciones: la que comanda el Zar Anticorrupción, Fernando Núñez Fábrega, más conocido por su popular apodo, que por la efectividad de sus funciones.

Podemos afirmar que el Consejo Nacional Anticorrupción, cuyo comandante (FNF) se encuentra huérfano de independencia para realizar a fondo investigaciones que pongan al descubierto aquellos delincuentes que atentan contra las propiedades del Estado, que contribuyan positivamente a que impere la transparencia en las actuaciones del funcionariado público, que está acostumbrado, salvo rarísimas excepciones, a ‘meter la mano’. También diríamos que el puesto exige muchas capacidades y la seriedad del caso.

Hace falta un freno para detener los peculados, el tráfico de influencias y otras ‘triquiñuelas’ que tanto retrasan el desarrollo de este país. Para lograr este cometido se requiere al frente del Consejo Nacional Anticorrupción, un funcionario con suficiente carácter, independencia y que no le tiemble la mano al señalar a los delincuentes de cuello blanco. Y lo decimos sin ambajes: Núñez Fábrega no reúne estas cualidades. Los que acostumbran violar la ley siguen en sus prácticas delincuenciales porque saben que los zares que han ocupado esos puestos responden directamente a los mandatos del Ejecutivo, desde que se creó la institución hace varios años.

Tenemos que aceptar que ‘Chito’ Montenegro, secretario del Frente Anticorrupción, realiza una mejor labor que Núñez Fábrega, independientemente de que no gana ningún caso, pero por lo menos presenta la denuncia.

Sugerimos que ante la inoperancia en que funciona este organismo estatal, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea de Diputados deben proceder, a la mayor brevedad posible, a la eliminación de esa dependencia porque es indiferente ante el clamor popular que no encuentra respuestas por falta de decisiones y que hasta el momento no conocemos ningún caso que haya sido procesado y condenado por delitos cometidos. Se despilfarran dineros inútilmente del erario público.

En vez de seguir manteniendo estas instituciones inoperantes, se deben reforzar las acciones del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Independientemente que la Defensoría del Pueblo no funciona en estos momentos, se puede lograr un mejor resultado del que pueda dar el Consejo Nacional Anticorrupción.

 

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<> Artículo publicado el 5 de enero de 2011  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Es competitivo el sector público?

La opinión de…

 

Omar Zambrano

El sector público juega un rol crucial para la economía y la competitividad de un país. El Estado formula políticas públicas que orientan la actividad económica de manera directa, definiendo así lo que algunos llaman “reglas del juego”.

Adicionalmente, la estabilidad resulta crucial para lograr crecimiento, lo que exige por ejemplo en materia de política fiscal que el Estado mantenga dentro de límites razonables su nivel de gasto y deuda para mantener un buen grado de inversión.

Hasta el primer trimestre de 2010, el resultado del balance fiscal consolidado del SPNF del Gobierno panameño fue de –0.5%, mejorando la meta proyectada para el año (que es de un déficit de –2.0% del PIB), logrando así iniciar un ambicioso programa de inversiones públicas queno ha afectado hasta ahora el balance fiscal.

En general, la adecuada administración pública provee un buen clima de negocios para invertir, producir, exportar y desarrollar cualquier tipo de actividad económica que contribuya al desarrollo económico del país y el bienestar de los ciudadanos. Un buen clima de negocios lo crea el sector público, ya que su función es guiar la gobernabilidad del país en paz, orden y de acuerdo a la ley.

Las políticas macroeconómicas adecuadas son fundamentales para fomentar la competitividad y el desarrollo integral, porque crean estabilidad y crecimiento, pero no son suficientes para lograr desarrollo. Se necesitan además políticas microeconómicas de desarrollo humano, institucionalidad y reducción efectiva de la pobreza.

Por otro lado, el gasto público resulta primordial para proveer servicios y bienes públicos en beneficio de la comunidad, a objeto de lograr mayores niveles de equidad social y desarrollar la plataforma de infraestructura sobre la cual operará la economía nacional. En Panamá, por ejemplo, el gasto público representa aproximadamente el 26% del producto interno bruto (PIB), lo cual constituye un importante nivel de gasto.

Otra área de política de altísima importancia para la competitividad es el comercio exterior, que involucra el fomento de las exportaciones como vehículo primario de crecimiento y apertura comercial, manteniendo la competencia como instrumento de fomento a la productividad. Esto último se logra a través de los llamados acuerdos comerciales (TLC).

Por su lado, las exportaciones se incentivan a través de la capacitación y el uso de tecnología por parte de los productores, facilitando el crédito, los encadenamientos de sistemas de producción, transporte y mercadeo en sectores promisorios como los servicios del conglomerado, las agroindustrias y el turismo. Otras políticas que fomentan la competitividad incluyen mantener un sistema financiero sólido con esquemas que facilitan la introducción de capital de riesgo.

La formación del capital humano mediante la inversión pública es otro aspecto fundamental para lograr el crecimiento sostenido de la productividad económica y el bienestar social, así como la aplicación de políticas laborales para fomentar la productividad.

Entre más expeditos, transparentes y seguros sean los trámites de la administración pública, más competitivo será el país.  El Gobierno actual ha emprendido un ambicioso programa de innovación gubernamental desde la Presidencia, donde se planea introducir sistemas computarizados que permitan realizar trámites públicos que simplifican los sistemas y evitan el papeleo mejorando la eficiencia, transparencia, agilidad y profesionalismo de los servicios públicos.

Hasta el momento se han hecho programas efectivos como PanamáTramita, PanamáCompra, PanamáEmprende, ventanillas únicas, sistema de control de expedientes y otros más.

Si bien el papel del Gobierno es de primaria importancia, se requiere el concurso de todos los sectores empresariales y gremiales. Quizá la política más trascendental para la competitividad sea la de abrir espacios para la colaboración y concertación entre el sector público y los demás actores nacionales.

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<> Este artículo se publicó el 15  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/zambrano-omar/

Rectifique señor Presidente

La opinión de…

Marcos A. Mora

Señor Presidente su elección al más alto cargo de nuestra República se escenificó de una manera inobjetable y arrolladora, sin embargo, hay que aclarar que ello no significa de manera alguna que el pueblo panameño le haya endosado un cheque en blanco para hacer y deshacer.

Ha transcurrido poco más de un año y atrás quedó el grito de guerra inicial de “se acabó el relajo” con el cual supuestamente, mazo en mano, pretendía perseguir a aquellos “empresarios” que estaban abusando de la cosa pública. Independientemente de la legalidad de tales acciones, las mismas calaron positivamente en la mayoría de los ciudadanos.

Agotado el primer año de gobierno, su energía y la de su equipo muestran signos de flaqueza y descoordinación, porque no hay resultados en los frentes abiertos y se empiezan a notar visos de nepotismo, amiguismo y contrataciones directas –tan criticados en campaña– que, en caso de no corregirse, provocarán olores a podredumbre en su administración, como el de la basura que hoy cubre las ciudades de Panamá y San Miguelito

Se han hecho una serie de nombramientos cuyos mayores méritos son la relación de familiaridad y amistad con los altos funcionarios. Los altos cargos públicos han sido reservados para miembros de su clase social –generalmente, inexperta en el manejo de la cosa pública–, quienes han dejado atrás altos salarios, honorarios y gastos de representación que, de igualarse en el sector público, drenarían las finanzas públicas.

No me explico quién que gané más de 20 mil dólares mensuales ocuparía un cargo público con un salario menor. Estos casos solo se reservarían para descendientes de la madre Teresa de Calcuta.

La Caja de Seguro Social, con los déficits que acarrea, se ha rodeado de una estructura gerencial de muy alto costo, cuando en el medio y dentro de la propia institución hay expertos en seguridad social y en el sector público que podrían realizar estas actividades por menores erogaciones y con más efectividad.

Me llama la atención que en su administración se han creado y están por crearse una serie de “autoridades” que no tienen otra justificación que reservar un alto salario para un gamonal o para pagar favores políticos a muy alto costo para un país –léase bien– ¡pobre!

Debe hacer más énfasis en crear la “Autoridad del Ejemplo”. Usted, sus ministros y directores nacionales hablan de planes majestuosos y multimillonarios, pero sin un plan central integrado de Gobierno que enlace todos sus componentes.

Me asusta pensar en lo astronómico de la deuda externa e interna que se pudiese generar. Ahora resulta que todo es de urgencia notoria y debe ser por contratación directa.  Solamente ayer nos enteramos de la adquisición de seis helicópteros por 60 millones de dólares, suma que se hace más astronómica al agregar radares modernos. Nadie, por “seguridad nacional”, aclara el monto final de esta aventura.

Mientras, se destacan macroproyectos como el Metro, el Metro Bus, la extensión de la cinta costera, la autopista a Colón, la ampliación de la vía Divisa–Las Tablas, el “Internet para Todos”, el Plan Curundú, la Ciudad Hospitalaria y la Ciudad Carcelaria, casi todos a costos astronómicos. Mientras, las cámaras urbanas muestran a infinidad de campesinos que no pueden sacar sus productos a los mercados, a sus hijos que no pueden llegar con comodidad a las escuelas, por lo deteriorado de los caminos; así como a una cantidad de gente humilde que no recibe atención adecuada de salud, entre otros casos.

En otras palabras, señor Presidente, usted y su equipo parecen haber aterrizado en un país que no es Panamá, se comportan como si viviéramos en un país desarrollado, cuando no es así. Con los fondos públicos hay que actuar con mayor responsabilidad y prudencia que con los propios, porque le pertenecen a todos los panameños. Sugiero que la próxima e inmediata contratación directa sea para comprar las válvulas que requiere el Idaan, para solucionar la gravedad en materia de suministro, experimentada recientemente.

Esto sí es de “urgencia notoria y de seguridad nacional”, no las otras cositas que se le ocurren a los miembros de su equipo. Se debe investigar por qué estas válvulas presentan problemas, luego del amplio trabajo e inversión que se hizo en la planta potabilizadora Federico Guardia, y en la línea paralela. Tengo entendido que un componente importante de estos contratos era el reemplazo y suministro de válvulas importantes del sistema, así como el adecuado balance de presión.

Reitero a nuestros políticos, y a los ricos y poderosos, que hay que enderezar este país; en caso contrario serán otros, no tan bendecidos por Dios como ellos, los que dictarán en el futuro las pautas acerca de la distribución de las riquezas.

<> Artículo publicado el 14  de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Más artículos de este autor: https://panaletras.wordpress.com/category/mora-marcos-a/

Cómo va el país?

La opinión de…

GENARO LÓPEZ

Las suntuarias prioridades en el uso de los recursos del Estado continúan. Sobresale el uso de las partidas discrecionales por $1.5 millones; la compra de autos de lujos por $100,000 en varias dependencias del gobierno; más de medio millón de dólares en la restauración del antiguo búnker situado en las faldas del Cerro Ancón;   20 millones para un nuevo edificio para los ‘padres de la patria’.    Como si fuera poco, el Consejo Municipal aprobó el viaje de 11 concejales capitalinos a Nueva York para participar de las ‘actividades de la hispanidad’, por varios miles de dólares.

A pesar de que se han entregado $1.2 millones,  la ciudad inundada de basura a causa de la pugna política entre arnulfistas y CD’s por el control de espacios políticos,   y para hacerse del negociado de la ‘externalización del servicio de la basura’ a través de la nueva autoridad.

Quizás por esta ola desenfrenada de gastos suntuarios, muchos de los portales electrónicos de ministerios e instituciones del Estado se encuentran desactualizados en el formato de transparencia.   A ello, el ministro de Seguridad, Mulino, dice no tener tiempo para atender  y el ‘zar anticorrupción’ dice ‘no es corrupción, sino desidia o falta de tiempo’,    lo cierto es que según medios de comunicación, su último viaje costo $16000 en concepto de viáticos.

Mientras tanto planteles escolares, infraestructuras de salud y calles se encuentran en el más completo deterioro, demostrando el abandono por parte de las autoridades.   Además, siguen los despidos a funcionarios públicos, el más reciente en el MEDUCA.

En medio de gastos suntuarios y desatención de las necesidades sociales, continua la disputa entre los ministros de la Presidencia y del MEF  (Papadimitriu y Vallarino), por el control de espacios políticos y de recursos del Estado,   recientemente el caso del control de la nueva Autoridad Nacional de Administración de Tierras y por el control del Presupuesto General de la Nación.   Se dice que ambos aspiran ser los ungidos del 2014.

Por otro lado, se ha dado a conocer que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, de forma unánime, en un fallo que declaró no viable un recurso de hábeas corpus a favor de Saúl Méndez, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona en un proceso no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’.

El fallo refleja el proceder de un Ministerio Público y de una Fiscalía Auxiliar que actúan al margen de la Ley y que se han convertido en una especie de Gestapo de Martinelli, que pincha teléfonos, promueve el terrorismo judicial y actúa políticamente contra la dirigencia sindical, popular y los opositores al régimen autoritario.

Por este hecho, el fiscal auxiliar ha sido denunciado y demandado ante los tribunales por las organizaciones populares;   sin embargo, poca confianza tenemos en que se haga justicia, pues aquí persiste el reino de la impunidad, tal como se demostró recientemente con el fallo absolutorio en favor de los policías que asesinaron en Isla Viveros al obrero de la construcción Luiyi Argüelles, quien recibió en su cuerpo 56 perdigonazos de plomo, a menos de 10 metros de distancia.

Este es el balance de una política sistemática de actuación de la clase política en el gobierno.   Para Martinelli ‘ahora le toca al pueblo’. El pueblo se pregunta: ‘¿Esto es lo que nos toca? Pagar más por la canasta de necesidades materiales de vida; seguir en el derroche de los recursos del Estado que hacen las altas autoridades; vivir en la injusticia social y la impunidad jurídica’.

Frente al cúmulo de desatención social por parte del gobierno, no nos queda más que construir nuestra propia alternativa organizativa, construir nuestro instrumento político que permita el ejercicio de una verdadera democracia y la plena participación en la toma de decisiones.    Este es el reto al que nos abocamos.

<> Artículo publicado el 3  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Avances y Retrocesos. El camino de una nación

La opinión del economista…

Francisco  Bustamante 

Me  gustó mucho saber que el presupuesto nacional para el año 2011 ya fue presentado al Gabinete. Y que el mismo privilegia la inversión sobre el gasto corriente. Tener este documento u hoja de ruta con antelación  es un progreso significativo. Desde el punto de vista puramente gerencial permite, si se aprovecha, tener procesos de licitación pública en fases finales de adjudicación, o inclusive de firma de contratos al inicio del año. Así, se puede aprovechar la estación seca para inversiones que generalmente implican en primeras fases movimientos de tierra, poner cimientos o fundaciones, evitando las lluvias que traen atrasos y sobre costos.

También permite una distribución del gasto público más ordenada, y una mejor planificación del uso de los flujos de cajas, optimizando los excesos de caja y fondeando al mejor costo las simas del flujo financiero. Y la reducción de capacidad de consumo privado debido a los nuevos impuestos, se compensa a nivel macroeconómico con un estímulo a la demanda de bienes y servicios productivos.

Para que sea posible alcanzar este avance es imperativo contar con planes, procesos, presupuestos  y planos finales con anticipación. Se requiere, entonces, que los ministerios y entidades de línea cuenten con el personal idóneo, los sistemas y formatos bien estructurados para aprovechar la ventaja que se ha logrado con contar los presupuestos aprobados.

Si no es así, los presupuestos seguirán siendo una lista de intenciones, y no un programa de acción ejecutable en tiempo y costos estimados. Una ilusión, espejitos coloniales para vender a indígenas borrachos o no, como alguno por ahí nos identifican a los de la plebe.

Pero no hay primeras sin segundas. Y también leo con tristeza, que empezamos esta segunda fase del año lectivo con vientos de huelgas, ahora en las áreas de difícil acceso. Zonas que por sus mismas características albergan a poblaciones entre las más vulnerables económica y socialmente. Por otro lado, reconozco la validez, si son ciertas, de las reclamaciones de los docentes. Es insostenible que trabajen sin cobrar los emolumentos acordados. Es infame. Es una falta de respeto a la condición humana de estas personas. Pero esa falta de respeto, no justifica que se castiguen las poblaciones más pobres del país. Se necesita, de ambas partes, del Ministerio de Educación y de los docentes, una muestra de amor a la patria y buscar las soluciones PERMANENTES para este problema que es reiterativo en todas las administraciones.

Pero me siento aún más descorazonado, cuando veo que el resto de los educadores exigen un ajuste de sueldo significativo, mismo que no discuto ni cuestiono. Si hay dineros para camionetas de lujo, comprar inversiones que no satisfacen las demandas de la población, es muy difícil justificar que no se puede pagar mejor sus educadores. PERO, me desalienta escuchar que estos, los formadores de la juventud, exigen aumentos, pero se niegan a que los mismos sean vinculados a la evaluación de sus desempeños.

Creo que tanto los presupuestos como las leyes que se aprueban, deben ser evaluados una vez ejecutados. Para poder evaluarlos es indispensable que en la exposición de motivos de los presupuestos y leyes se pongan claramente los objetivos que se buscan, los indicadores de logros, y fechas para evaluarlos. Y que se hagan los correctivos necesarios. Lo mismo en la Educación Pública. Los educadores, como cualquier servidor, deben ser evaluados. Y las leyes que no sirven o no logran sus metas, y los funcionarios maestros o no también deben compensados por el logro de metas, o destituidos si no alcanzan los niveles de excelencia que se merecen las clases más humildes de mi país.  Si nuestros educadores se niegan a ser evaluados, se están convirtiendo en promotores de la mediocridad, y a mantener en desventaja educativa a las clases más desposeídas, en beneficio de las clases dominantes.  Deseo un país que les brinde oportunidades a todos los panameños. Como las tuve yo, porque conté con educadores de primer nivel desde la primaria, hasta la universidad.

Francisco Bustamante- Economista

02/08/2010 7:13:11

-<>-Artículo enviado el 2 de agosto de 2010  para su publicación por el autor a quien damos todo el crédito, el mérito y la responsabilidad que le corresponde.

Presupuesto 2011: Gastos de operación

La opinión de la Abogada y Ex diputada de la República…

MIREYA LASSO

El control de gastos operativos es factor vigilado estrechamente en negocios privados, porque ellos inciden en las ganancias a repartir, mientras que en el sector público no existe incentivo semejante, porque el objetivo no es maximizar ganancias.

Naturalmente, en una empresa habrá incentivos para evitar despilfarros y corregir duplicidades; en cambio, como la eficiencia de la administración pública no se mide por ahorros, sino por calidad de servicios, nos inclinamos a pensar que mientras más se gaste, mejor se sirve. Los gastos de operación del Estado, consignados dentro del Presupuesto de Funcionamiento, revelan lo que nos cuesta su operación a los panameños según las políticas gubernamentales. Dentro de esos gastos —y reconociendo el derecho natural del funcionario a recibir una remuneración justa— ocupa una posición relevante el valor de la planilla estatal.

El total de Gastos de Operación para todas las entidades públicas para el 2011 —que incluyen remuneraciones personales, servicios no personales, materiales y equipo— ascenderá a más de B/. 4.0 mil millones. De esa suma le corresponde cerca de la mitad al gobierno central y la otra mitad a las entidades descentralizadas, empresas públicas y banca estatal.

Esas cantidades, expresadas aisladamente sin puntos de comparación o referencia, no transmiten un mensaje significativo ni demuestran la tendencia de los últimos años hacia un Estado cada vez más burocrático y costoso.

Los presupuestos nacionales de los últimos seis años, incluyendo el que se proyecta para el 2011, lo demuestran. Efectivamente, los gastos de operación fueron creciendo de cerca de B/.2.0 mil millones para el 2005, a B/.2.3 mil millones para el 2006, a B/.2.6 mil millones para el 2007, a B/.2.9 mil millones para el 2008, a B/.3.3 para el 2009 y a B/.3.4 mil millones para el año en curso. En conclusión: En los siete años, desde el 2005 hasta el próximo año, los gastos de operación se habrán duplicado de B/.2,000,000,000.00 a más de B/.4,000,000,000.00.

Otro factor a considerar son las nuevas —diecisiete— instituciones públicas creadas en los últimos cinco años. Surgen entre las entidades, empresas y organismos nuevos: Ministerio de Seguridad, Tribunal Administrativo Tributario, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Cuentas, Autoridad de Aduanas, Secretaria Nacional de Discapacidad, Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, Dirección General de Contrataciones Públicas, Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Instituto de la Mujer, Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Autoridad Nacional de Recursos Acuáticos, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Empresa de Generación Eléctrica, Agencia del Área Panamá Pacífico.

No en balde hemos visto una consecuente evolución en la planilla estatal, tanto en número de funcionarios como en monto de salarios. Según datos de la Contraloría General, en diciembre del 2005 había un total de 161,650 empleados estatales, quienes ese mes devengaron una remuneración de B/.111,014,000.00, excluyendo gastos de representación, décimo tercer mes y horas extras.

En junio del presente año la Contraloría General reporta un total de 171,972 funcionarios estatales, quienes devengaron ese mes la suma de B/.145,607,000.00. Es decir, se aprecia en cuestión de cinco años un aumento de más de 10,000 funcionarios y una planilla incrementada en B/.34,000,000.00 mensuales.

Cuando recibimos en la Asamblea Nacional el proyecto de la llamada Ley de Equidad Fiscal del 2005, se pretendió frenar el crecimiento del gasto público, con medidas tales como retrotraer el monto de la planilla a niveles de 1999, controlar gastos como viáticos, alquileres, uso de celulares, etcétera. Pero desde el 2005 el aparato estatal creció. ¿Para mejorar los servicios públicos o para constituir una frondosa burocracia?

Vale reflexionar sobre el tamaño y eficiencia del Estado. ¿Se mide periódicamente la calidad y rendimiento de lo que nos cuesta? ¿Vamos en dirección de un gigante burocrático o de un Estado vigoroso eficiente? Los gastos de operación no deben ser vistos como trofeos del ganador y sus simpatizantes, sin obligación de rendir cuentas.

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Artículo publicado el 25 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¡El que venga después, que arree!

La opinión del Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Cuando el actual gobierno asumió, el 1 de julio de 2009,   sus más calificados voceros denunciaron a los cuatro vientos, que sus predecesores del PRD se habían gastado, en los primeros seis meses, del 1 de enero al 30 de junio, la mayor parte de los ingresos estimados en el Presupuesto para el año 2009.

Tomando por buena esa aseveración, hubiera sido sensato de su parte, como medida inmediata y consecuente, haber hecho un “corte presupuestario al 30 de junio” y presentarle al país un informe pormenorizado que reflejara la situación real de las finanzas públicas. Así lo recomendamos en un artículo publicado por esas fechas en el Panamá América.

La segunda medida debió ser la contención del gasto público para ajustarlo a la realidad de los recursos de que dispondría para el segundo semestre del 2009.   Pero el nuevo gobierno no hizo ninguna de las cosas sino que optó por la medida, absolutamente inconstitucional, de aumentar el techo del déficit fiscal, por la vía de eliminar el tope que establecía la denominada “Ley de Responsabilidad Fiscal”, con el deliberado propósito de no reducir el gasto público.   La consecuencia era obvia: el ejercicio fiscal 2009 terminó con un déficit, “según el gobierno”, del 1.5% del PIB; pero, en realidad, mucho mayor.

Como la intención del actual gobierno nunca ha sido la de “ajustarse el cinturón”, a pesar del déficit acumulado en el 2009, en el año 2010 se aumentó el Presupuesto de Gastos en más de 1,000 millones de balboas.   Y para el 2011, en más de 3,000 millones.

No es un pecado financiero aumentar la estimación de los gastos; pero ella tiene que estar apoyada por expectativas razonables de que existirán los recursos para cubrirlos, mediante los ingresos corrientes, o sea las recaudaciones regulares producto de los impuestos y tasas, complementada con un límite, igualmente razonable, de endeudamiento.

El gobierno de turno, como le consta a todo el país, se ha convertido en una catarata imparable de promesas que no se han limitado a sus propias estimaciones de los ingresos, de por si ya sobredimensionados, sino que, además, ha seguido aumentando, peligrosamente, el nivel de la deuda pública.

El resultado lo estamos viendo y viviendo.   Varias de las promesas hechas por el presidente Martinelli, de manera imprudente y con patente extralimitación de sus funciones, pues violan, entre otras, la autonomía de la Caja del Seguro Social, carecen de sustento económico.

La Constitución es clara: en el Presupuesto General del Estado, los egresos y los ingresos deben estar balanceados (Artículo 270). Con base en esa norma y en el siguiente Artículo 275, toda proyección presupuestaria del gasto público, que genere un déficit fiscal, es inconstitucional.   En consecuencia, cualquier ley que, como la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, lo autorice, es también inconstitucional.

Que el nuevo gobierno, en su afán por zafarse de “la camisa de fuerza” que le impuso el PRD, iniciara su gestión aumentando, provisionalmente se dijo, el déficit fiscal, tenía una relativa justificación política; pero continuar por ese camino y, lo que es aún peor, que vuelva a modificar la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, para elevar el déficit, por ahora, a 600 o 700 millones, es absolutamente irresponsable; una copia aumentada de la conducta de sus predecesores, que retrata muy bien el conocido refrán: “El que venga después, que arree!

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.