Uso indebido de fondos públicos

La opinión de la Economista y Docente Universitaria…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ  

Durante su toma de posesión el presidente Martinelli expresó:    ‘Este pueblo nos dio un claro mandato para traer un cambio a este gobierno, de arriba a abajo, y eso es lo que vamos a hacer… La era de los políticos que entran limpios y salen millonarios se acabó… En mi gobierno se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano’.

A pesar de ello, en el transcurrir del tiempo, suenan casos y hechos de los que diversos medios noticiosos se hacen eco, producto de situaciones confusas generadas con la utilización de fondos y adquisición de bienes, sin que las investigaciones culminen y se rindan informes serios y objetivos.

Del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), se informa sobre supuestos sobreprecios en licitaciones, presuntamente amañadas, donde un funcionario de alto nivel involucró al ministro Ferrufino en ese hecho.

Se cuestiona la compra de medicamentos, con sobreprecio, en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA). La gravedad de esta realidad es tal, que el Colegio Nacional de Farmacéuticos de Panamá (CONALFARM) informó que el MINSA paga hasta 800% más que la CSS al adquirir algunos medicamentos.

Informes de auditoría, contratados por el propio Fondo de Inversión Social (FIS), revelaron la presunta malversación de fondos públicos, la cual involucraba a varios diputados, actuales y pasados, de gobierno y oposición. Dicha investigación, igual que el caso CEMIS, generalmente es utilizada para distraer la opinión pública. Se adquieren vehículos de lujo, para uso con placa particular. Los bomberos, algunas universidades y otros jerarcas pueden citarse como ejemplo del mal uso de los fondos Públicos.

Otro aspecto relevante, recientemente publicado, es el incremento de la planilla estatal y la burocracia, realidad que se evidencia en la CSS, donde se procuran justificar nombramiento de administrativos hasta de B/.6000.00 mensuales, mientras el desabastecimiento de medicamentos se profundiza.

El clientelismo político continúa su marcha triunfal sobre la eficiencia en la administración pública y la Carrera Administrativa permanece hibernando. Ninguna gestión gubernamental, pasadas ni presente, ha demostrado interés en implementar un sistema de recursos humanos que garantice una administración estatal ágil y efectiva.

Otra suspicacia surge en el ambiente (divulgada por el diario Panamá América, domingo 12 de setiembre de 2010), sobre la misteriosa donación voluntaria de $750000, entregada al presidente Martinelli, para tareas sociales, por una empresa cuyo nombre no se quiere revelar.

Lo cierto es que los fondos para obras estatales deben ser manejados de manera transparente y pública; sin embargo, históricamente las malas prácticas han desvirtuado la administración gubernativa, indistintamente el partido en el poder. La población está en espera del cambio positivo prometido, que ayude a construir la confianza y la credibilidad perdida. Es ineludible evaluar lo realizado y hacer modificaciones que conduzcan a cumplir el mandato popular.

Si bien se cumplió con algunos programas sociales prometidos en campaña, la población espera, ávida, ver los resultados del uso indebido de los recursos del Estado.

<>Artículo publicado el 15 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes  damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

‘Quid pro quo’

La opinión de la Comunicadora Social…

Berna Calvit 

De una lista de locuciones latinas con su significado en español, de la que me sirvo a veces, quid pro quo se me clavó en la retina. ¡Había encontrado una perla, magnífica para hacerme ilusiones, para jugar al “si pudiéramos”! El sentido de quid pro quo es “una cosa por otra”, o “toma y daca”; es decir, reciprocidad en el trato, que dicho a lo panameño sería: “De lo que traes, llevas”,  “Dame, que yo te doy”.

Cuando no existe la mutua satisfacción, nace el descontento. Los gobiernos que nos castigan, que ignoran nuestras opiniones y necesidades, y nos limitan a ser espectadores inanes, convidados de piedra, crean descontento y frustración y de allí, inestabilidad, disturbios, confrontaciones. Desgraciadamente, en el juego político, quid pro quo solo está a la disposición de los que tienen en sus manos el tablero y las fichas. Y según parece, no existe la voluntad de soltarlas. Qué gustazo sería aplicar quid pro quo a los gobernantes, por sus faltas.

El gobierno actual merece sanción por ab ovo (desde el principio) actuar a contrario sensu (en sentido contrario) de lo prometido; por, a veces, actuar ad efesios (fuera de razón y de regla, disparatadamente); ab absurdo (por lo absurdo) de proyectos faraónicos, como el capricho de una torre “modelo supositorio” sobre la que podría decir, como el vate nicaragüense, Rubén Darío en el poema A Margarita Debayle: ¡Qué locura, qué capricho/ el Señor se va a enojar!

Recibirían multas por actuar ad efesios (fuera de razón y de regla, disparatadamente); multa mayúscula le caería al ministro de Seguridad Pública, mutado en Rambo criollo, por jalar las barbas de la guerrilla colombiana y poner en riesgo la neutralidad del país; al Presidente, por ser verbalmente descomedido, en su país y ¡peor!, en países ajenos; por ser gobierno alter idem (otra vez lo mismo) pese a lo prometido, sin cambios de fondo, pero ducho en teatralidad e histrionismo; por funcionarios que aures habent it non audiente (tienen oídos pero no oyen) como los que, pese a las advertencias, aprobaron la traumática ley “chorizo” que, de no ser derogada, seguirá siendo fuente de conflictos.

A la Corte Suprema de Justicia le caería multa tamaño paquidermo por, entre otras feas razones, “hacerse los suecos” con las demandas de inconstitucionalidad contra la enchorizada ley. Y habría multas colectivas para los funcionarios por convertirse en castas privilegiadas.

La publicidad gubernamental exagerada y engañosa, como la que se usa para vender detergentes y cremas antiarrugas sería sancionada.

El gobierno anuncia en la televisión, como realidad cercana, un bellísimo tren, modelo de primer mundo que tendremos ¡quién sabe!, dentro de 10, 15 años. La sección Economía (La Prensa 8/9/2010), dice que la estructura del Metro Bus está sin definirse;   el sistema depende de la construcción de la infraestructura, que incluye un carril exclusivo para los autobuses y nuevas paradas.

Ni siquiera tienen esto bien definido ¡y ya nos están montando en un tren de ensueño! Igual sucede cada vez que algún organismo internacional nos califica favorablemente. Un entendido en estos asuntos opina que “los gobiernos, incluyendo el actual, hacen sonar música de festejos que acompañan con juegos pirotécnicos, como si la calificación fuera producto de su acción económica y política, nada más incierto, por no decir falso”.

Disponer libremente de nuestro recurso más importante, nuestra posición geográfica, vinculada por un siglo al canal, es lo que ha permitido el desarrollo que nos gana buenas calificaciones, “no lo que el gobierno haga o deje de hacer. El mérito que se les puede atribuir es haber interferido lo menos posible”.

El bien intencionado programa “10 para los 70”, a pocos meses de iniciado está con el agua al cuello. “El ingreso de nuevos panameños al programa está en el limbo por el recorte al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social” (El Panamá América 7/9/2010). Resolver la pesada carga económica, mal calculada desde el principio, y cumplir con los ilusionados setentones que carecen de ingresos, es reto que debe resolver el gobierno.

¿De dónde saldrán los fondos? ¿De sacrificar megaproyectos que, por no ser urgentes, son sospechosos? Lo dudo. Para salvar el programa, ¿llevarían a la piedra del sacrificio lo más importante: educación, salud, seguridad ciudadana, y nuestro bolsillo?   Hoc volo, sic jubeo, sit ratione voluntas significa “Lo quiero, lo ordeno, que mi voluntad sea la razón”. Para lo que le resta al gobierno actual, y para nosotros, alea jacta est, la suerte está echada.

<> Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa   a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

La baja ejecución presupuestaria

La opinión de…

Eloy Fisher

Uno de los problemas de tener un ambicioso plan de gobierno, es precisamente llevarlo a cabo. No se trata de mala voluntad, incapacidad o de demagogia, sino de los escollos operativos que afectan a toda administración. Tener un plan no significa ejecutarlo: para realizarlo, es necesario no sólo conseguir las partidas, sino ser fieles a un cronograma con innumerables contigencias en su desarrollo.

El diseño de un presupuesto es un asunto complejo de hacienda pública, y no aburriré a los lectores con los detalles; sólo me concentraré en la fase de ejecución presupuestaria.   De acuerdo a los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta ejecución se realiza en asignaciones mensuales que deben presentar las instituciones al Consejo de Gabinete apruebe el presupuesto.   En ese documento se cotejan los ingresos y los egresos, los saldos en caja y cómo se concatenan estas cifras con las metas del proyecto, establecidas con relación a programas de trabajo y cronogramas definidos con antelación.

Por eso, se requiere mucha planificación y más importante aún, seguimiento y evaluación de las metas presupuestarias. En administraciones con interés en realizar cambios apresurados, esta parte de la ejecución presupuestaria se enfrenta con el grave desafío de revisar los planes periódicamente.

Peor aún, en nuestra legislación existen distorsiones que aceleran el proceso, a riesgo de menor transparencia, planificación y evaluación. En lo que respecta a inversiones de ejecución a corto plazo, una vez aprobado el presupuesto, las instituciones estatales deben contratar a quienes realizarán los proyectos y con eso, empatar objetivos y flujos de efectivo de antemano de acuerdo al principio de disponibilidad presupuestaria, hecho que añade un nivel de complejidad adicional. A raíz de los recursos legales disponibles en un sistema de justicia demorado, existen incentivos para recurrir a la contratación directa ante el MEF, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete, y con ello, a menores niveles de fiscalización presupuestaria.

Sin duda, existen muchas salvedades, el Estado en materia de gasto público se administra diariamente por excepciones y no por reglas, especialmente en países tan políticamente impredecibles como Panamá.   Pero es claro que el gobierno contrató directamente en un año casi 200 millones de dólares, y e incluso tuvo que reformar esta ley a fin que las instituciones públicas accederían a ventanas favorables en caso de urgencia social.   Si bien el Ministro Vallarino reconoció que en muchos de estos gastos no existe alternativa, el problema radica en que el no tener alternativa da pie a estos resultados.

El regaño del Presidente Martinelli es meritorio por lo anterior, pero también lo debe ser una revisión a la premura con que hoy se gestiona y los incentivos existentes para menores niveles de planificación y seguimiento. Existen proyectos que hoy se llevan a cabo dentro de un plan coordinado, que si bien no es perfecto, pueden ser de gran provecho nacional: el Metro es un candidato viable. Sin embargo, otros tantos, especialmente aquellos llamados a resolver situaciones de urgencia social no parecen engarzarse dentro de un plan coordinado y comprensivo, y son estos los que merecen más atención… o regaños, según sea el caso.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Presupuesto 2011: Ingresos

La opinión de la Abogada y Ex Diputada de la República….

MIREYA LASSO

Siempre que se devela el proyecto del nuevo presupuesto nacional, la atención inmediata se centra en los desembolsos, pero pienso que antes correspondería analizar los ingresos estimados, los fundamentos que sirven para estimarlos y la posibilidad de obtenerlos. Sin alcanzar todos los ingresos estimados algo tendría que ser sacrificado en el camino, porque no habrá cómo pagar todos los gastos previstos. La seriedad de este ejercicio es doblemente importante para el país, porque es vigilada de cerca por las IFIS y las tres consultoras que nos reconocieron grado de inversión.

El Presupuesto General del Estado, incluyendo la banca estatal, no son solo cifras preparadas desde la óptica del Ejecutivo y ratificadas por el Legislativo, sino que constituye el instrumento complejo que da garras a una política oficial determinada, asignando ingresos concretos para aterrizar la acción gubernamental. Un análisis adecuado comenzaría por considerar la factibilidad de los ingresos estimados del Gobierno Central, de las entidades autónomas, de las empresas estatales y de los intermediarios financieros.

Circunscribiéndonos al Presupuesto del Gobierno Central, vemos que —en cifras redondas— los ingresos se estiman en B/.7.4 mil millones para el 2011, comparado con B/.5.7 mil millones durante la actual vigencia. En los cinco años en que participé como miembro de la Asamblea Nacional en la aprobación de los proyectos de presupuestos, se aprobaron ingresos por B/.5.5 mil millones para el 2009; B/.4.9 mil millones para el 2008; B/.4.4 mil millones para el 2007; B/.4.0 mil millones para el 2006; y B/.3.3 mil millones para el 2005. Podemos observar que el aumento de ingresos estimados para los dos primeros años de gobierno actual —de B/.5.5 mil millones en el 2009 a B/.7.4 mil millones en el 2011— equivale al aumento presupuestado en todo el quinquenio anterior —de B/.3.3 mil millones en el 2005 a B/.5.5 mil millones en el 2009.

Hoy, como ayer, el MEF justifica el aumento en los ingresos fiscales sobre la base en una ‘proyección razonable de crecimiento económico compartido por economistas locales y organismos internacionales’. Ojalá, pero hay factores adicionales.

El primero son las reformas impositivas aprobadas a finales del año pasado y principios del actual, que se ve reflejada en incrementos importantes estimados en los impuestos: Sobre la renta (+B/.200 millones), inmuebles (+B/.50 millones), ITBMS (+B/.282 millones), sobre consumo selectivo (+B/.160 millones), aviso de operación de empresas (+B/.45 millones), importación (+B/.30 millones). Un total de B/.767 millones nuevos, solo en impuestos. Que todos pagamos.

En segundo lugar, el gobierno estima recibir ingresos producidos por sus actividades o propiedades: Por ejemplo, estima que los dividendos de Cable & Wireless y otras empresas eléctricas ascenderán a B/.140 millones, que el Canal proveerá cerca de B/.800 millones entre peajes y aportes al Fisco, que la venta de bienes inmuebles del Estado aportará B/.100 millones, y que empresas públicas como la Lotería, la Zona Libre de Colón y la Autoridad Marítima contribuirán con B/.250 millones.

Otro ingrediente de cuidado es el aumento de créditos externos al Gobierno Central, aunque sea preciso remarcar que, en este artículo, no corresponde analizar ni evaluar el destino de estos fondos extranjeros. La suma prevista para el 2011 es de B/.1.5 mil millones en préstamos, que representa un aumento de B/.625 millones sobre el presente año. Una parte de esos millones se refieren a préstamos vigentes que se irán desembolsando a medida que se desarrollan proyectos ya acordados con el BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, FIDA, JICA, etcétera; pero otra parte provendrán de bonos externos por vender por la suma de algo más B/.1.3 mil millones.

Siempre se dice que el presupuesto, por su monto, es ‘histórico’ pero no debemos olvidar, gobernantes y gobernados, que son nuestros impuestos hoy y el repago de los préstamos mañana, lo que demanda un manejo ético de los fondos públicos y nos otorga el derecho a expresar nuestras opiniones sin cortapisas y sin revanchas.

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Este artículo fue publicado el  11 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autora, todo el crédito que les corresponde.

Otro atraco a los ingresos del pueblo

La opinión de…

GENARO LÓPEZ

Continúan los atropellos del gobierno de Martinelli contra el pueblo trabajador.   En esta ocasión, de manera inusual el ministro Alberto Vallarino, conocido por su arte de evadir el pago de impuestos, presentó por la puerta de atrás (por correspondencia) el Proyecto Ley 178, aprobado también a tambor batiente por la Asamblea de Diputados.

El Proyecto de Ley 178 que reforma el Código Fiscal, cuatro leyes y dos decretos, tiene como verdadera intención reformar la ley que creo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, para que el Gobierno pueda utilizar hasta el 35% de ese ahorro para comprar los corredores Norte y Sur (unos 237.5 millones de dólares para completar la compra de los corredores).

Es claro que el uso de los recursos del FFD, tal como está hoy la Ley, era una violación a la normativa, por lo cual el gobierno procede a modificarla para legalizar el atraco.

Otra parte del financiamiento provendrá del fondo del Programa de IVM de la CSS, a la que se le pretende atracar unos 237.5 millones de dólares, en una inversión de alto riesgo, que pone en peligro las pensiones y jubilaciones de las actuales y futuras generaciones.

El director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, luego de conversación con Martinelli, compromete los recursos financieros del Programa de IVM, sin consulta a los asegurados y beneficiarios, verdaderos dueños de la institución. Es decir, que basta una reunión con el presidente, para tomar tan riesgosa decisión que afecta los fondos de cientos de miles de asegurados.

Es claro que dicha ‘inversión’ viola la Ley Orgánica de la CSS, situación que al parecer no le preocupa, pues sabe que con otro madrugonazo y camarones legislativos podrá modificar la conocida Ley de la Muerte y lograr su cometido.

La compra de los corredores, se trata de la más grande y peligrosa inversión de la CSS, institución objeto de muchos robos y peculados en el pasado, en un proyecto que, como se ha denunciado, tienen especial interés personal el propio Martinelli y su ministro de Finanzas, Alberto Vallarino.

El resto del financiamiento, y aproximadamente 600 millones de dólares, será obtenido a través de deuda que asumirá la Empresa Nacional de Autopistas.

Todo ello mientras se le adelantan ganancias extraordinarias a empresas transnacionales como Pycsa (100% de las acciones del corredor Sur a 420 millones de dólares) e ICA (51% de las acciones del corredor Norte a 280 millones de dólares), y funcionarios de gobierno y allegados entran al negocio.

No cabe duda de que es otro atraco, donde cada kilómetro de construcción absorberá cifras millonarias de dinero, donde los mercaderes enquistados en el gobierno pretenden hacer otro gran negociado.

Los 1070 millones de dólares que serán utilizados para adquirir estos corredores, sobre los que no pesan estudios serios de ingeniería (costo de mantenimiento de la obra) y de rentabilidad financiera, podrían ser utilizados para obras que la población está demandando, como la construcción de escuelas y hospitales, reparación de la infraestructura vial a nivel nacional.

Las expectativas de los panameños de renacionalización y reversión del proceso privatizado son ignoradas una vez más por los gobernantes. Se favorece el enriquecimiento de las grandes transnacionales, mientras que la población seguirá pagando altos peajes por el uso de los mismos.

Es decir, continúan los grandes negociados con los recursos del Estado para favorecer a los gobernantes y a sus allegados a nivel nacional e internacional. Este es el caso de la compra de los corredores, del Metro, Metrobús, Canal, entre otros proyectos del Estado, así como los proyectos mineros e hidroeléctricos que atentan contra la población y el ambiente. Sin duda, trabajan bajo la consigna ‘Entran millonarios y salen billonarios’.

Estamos ante un gobierno mentiroso, autoritario, racista, pro patronal, corrupto y prepotente, que en menos de un año desencantó a quienes creyeron en sus falsas promesas de campaña.

Frente a la Ley Pinchazo, la Ley Carcelazo, la Ley Camarón, la Ley Atraco y el pago de ITBMS de 7% a partir del 1 de julio, todos este martes 29 de junio a las 4:00 p.m., a la gran movilización nacional que partirá de la Plaza Porras a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentran los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 30.

Los sectores populares, organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y el pueblo general nos hemos unidos para decir ‘¡Basta!’ y luchar por la derogación de estas leyes criminales.

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Artículo publicado el 27 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De Ford a Vallarino

La opinión de la Ex Diputada de la República…..

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MIREYA LASSO

Nos hemos regocijado al alcanzar el país el ansiado “grado de inversión” y, aunque todavía falta la bendición de las otras dos calificadoras, hay optimismo en el ambiente. Se congratula al gobierno, se hace un leve y general reconocimiento a “anteriores gobiernos” pero es justo identificar las personas de carne y hueso que en su oportunidad colocaron los peldaños de la escalera que hoy vemos terminada.

Comencemos con Guillermo Endara. Encontró las finanzas públicas ahogadas en un verdadero caos porque el gobierno, sin plata y con la economía estancada, les debía a empleados públicos, al comercio local, a bancos locales y extranjeros, a otros gobiernos, a entidades financieras internacionales y quien sabe a quienes más.   En otras palabras, “la tormenta perfecta” como se describe la coincidencia de todas las condiciones adversas posibles.

El primer paso de Guillermo Ford en la dirección correcta fue negociar con el llamado Club de París, que agrupaba a gobiernos extranjeros a quienes la República les debía plata y cuyas deudas debían zanjarse antes de intentar negociar con otros acreedores.

Hacia el final de aquel gobierno el segundo paso no se llegó a concretar porque las instituciones internacionales de crédito (IFIs) exigieron privatizar el INTEL y el IRHE para aliviar el presupuesto nacional y también eliminar la Oficina de Regulación de Precios para estimular la inversión privada, medidas que Endara rehusó tomar.

El presidente Pérez Balladares, con su ministro Guillermo Chapman, terminó de negociar con las IFIs, con la banca privada y con el mercado internacional logrando extender plazos de pago, al tiempo que promovió el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio con la consiguiente inserción al mercado mundial en la era de la globalización.

Para darle solidez a las finanzas públicas se aprobó una reforma tributaria que eliminaba y uniformaba incentivos fiscales y, para aligerar la carga al presupuesto del Estado, se iniciaron las privatizaciones y las concesiones administrativas. Quedaron todavía tareas por hacer.

La presidenta Mireya Moscoso, con su ministro Víctor Juliao, no concretó medidas efectivas en relación a la deuda pública; su reforma “sacaplata” no produjo los suficientes recursos para compensar gastos que repercutieron en un déficit presupuestario excesivo.

El ministro Ricaurte Vásquez del gobierno Torrijos, convencido de las impostergables tareas pendientes, lideró las reformas tributarias y a la seguridad social y, aunque muchas veces adversé algunas medidas desde mi curul legislativa, debo reconocer que fue la tenacidad del ministro Vásquez el motor que impulsó los cambios propuestos.

Su tarea fue seguida con rigor profesional por el ministro Alexander quien promovió la sana legislación que limita el nivel de endeudamiento del país. Con firmeza Vásquez y Alexander demostraron el liderazgo necesario que prevaleció frente a presiones antagónicas.

El ministro Vallarino ahora ha culminado el esfuerzo iniciado hace veinte años, con medidas fiscales y económicas que parecen demostrar que el gobierno podrá financiar su programa de trabajo sin exceder el límite de endeudamiento aceptable internacionalmente.

Ford, Chapman, Vásquez, Alexander y Vallarino merecen reconocimiento por haber persistido en una meta común lograda paso a paso.

Es importante ahora lograr que las dos calificadoras, que guardan silencio, nos den igual beneplácito y proceder siempre juiciosamente para no perder lo logrado por un manejo imprudente de nuestras finanzas y deuda públicas. Mirémonos en el espejo de Grecia y Portugal.


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Este artículo se publicó el 7 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Cuidado con el fondo fiduciario

La opinión del Primer subsecretario de Relaciones Internacionales del P.R.D. y ex presidente del Parlacen

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JULIO PALACIOS SAMBRANO

He leído con mucha preocupación la noticia que indicaba que el fondo fiduciario estaba generando perdidas por el orden de los $5 millones, solo entre septiembre del 2009 a la fecha, según el audito de la empresa consultora internacional KPMG.

Según la noticia, la cartera de inversión de dicho fondo está en manos de las empresas internacionales Goldman Sachs Asset Management, BackRock Financial Management Inc. y Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc.

Creo que esta información deberá de ser objeto de atención inmediata por parte de las autoridades competentes y del pueblo en general, porque estamos hablando del fondo de ahorro de todos los panameños.

Es importante recordar que a lo largo de nuestra historia, ya han ocurrido serios atentados a los fondos de ahorros del pueblo, los cuales nacen con la República, cuando en 1904 el gobierno de EE.UU. le dio al gobierno de Panamá, en calidad de compensación por la firma de los tratados a perpetuidad del canal en 1903, la suma de $10 millones. ¿Qué hizo el gobierno de la época?, depositó seis millones, de los diez millones que originalmente había, y los puso a jugar en la bolsa de valores de Nueva York, con la buena intención de que diera más beneficios para el pueblo. Ese fondo se conoció como el “ Fondo constitucional de los Millones de la Posteridad ”.

Lo que no se pudo prever en ese entonces fue que el mundo tendría la primera guerra mundial, luego vendría la crisis de 1929 y por último la segunda guerra mundial.   Fueron varios los gobiernos que trataron de rescatar los ahorros del pueblo panameño en las décadas del 30 y 40, hasta que finalmente se logró en el segundo periodo presidencial del Dr. Arnulfo Arias, a través de la Ley 14, de febrero de 1950, mas solo pudo recuperarse el 25% de la suma original, y solo Dios sabe dónde terminó el resto o cómo se extravió.

Son pocos los panameños que saben que una vez tuvimos la oportunidad de tener un fondo de ahorro nacional y que lo desperdiciamos por tratar de sacarle mayor provecho, como dice el viejo refrán “ fuimos por lana y salimos trasquilados ”.

Pero lo más triste es que si no le pelamos bien el ojo, estamos a punto de que nos ocurra lo mismo, porque nuestro actual fondo fiduciario está en manos de empresas financieras internacionales y no creo que el pueblo sepa con claridad cómo están funcionando, lo que sí sabemos es que a la fecha hemos tenido pérdidas.

Debo recordar que el actual fondo fiduciario es el producto del proceso de privatizaciones que inició el gobierno del presidente Endara, que sin ningún reparo privatizo el 100% de algunas de las empresas estatales, y que fue el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares el que mejoró el programa, salvando la mitad de las acciones del resto de las empresas privatizadas a favor del Estado panameño.

Nuestro fondo fiduciario para el desarrollo, no es más que el fondo de ahorro del pueblo panameño y bajo ninguna circunstancia debemos cometer los mismos errores del pasado.


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Este artículo se publicó  el  29 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá,a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.