Porque quiere y porque le da la gana

La opinión de…

Paco Gómez Nadal

El Presidente de la República no asistió a la tan publicitada conferencia de María Antonieta Collins que llevaba por título el nefasto “Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana” (me encantan los best seller de autoayuda).

Digo que no fue –yo tampoco– porque él toma decisiones antidemocráticas porque quiere y porque le da la gana, aunque no pueda, aunque la ley, el buen juicio y hasta la moral se lo impidan.

La decisión presidencial, comunicada a los honorables empleados de la Asamblea Nacional, de terminar con el subsidio electoral es un disparo directo a la línea de flotación de lo que queda de sistema democrático en el país.

Es popular la medida, claro que sí, siempre que se disfrace con desinformación de un cambio, de un ataque a los politiqueros y a los partidos tradicionales que tantas decepciones nos han dado y tanta plata se han embolsado (la del subsidio no es la mayor que se han robado).   Pero metámosle racionalidad al asunto, eso que no le gusta al Presidente.

Parece poco lógico que al mismo tiempo que la Comisión de Reformas Electorales está sesionando y tratando de llegar a acuerdos, el Presidente de la República bombardee ese proceso con una medida unilateral que puede sacar adelante por el control directo que tiene del Órgano Legislativo (en teoría, independiente; en la práctica, muy obediente) pero que no ha sido debatida ni consensuada con un solo actor de la sociedad panameña (excepto que la almohada de Martinelli tenga el mismo valor que todo un país).

Tampoco se ve muy bien que el Presidente multimillonario –que va regalando billetes y que creó de la nada y a punta de chequera algo que se autodenomina como partido político– decida que los partidos políticos pueden mantenerse del aire. Es decir: abre más la puerta al control de los partidos por parte del capital privado, de los intereses privados, de la codicia de empresarios y poderosos.

Con la suspensión del subsidio electoral el terreno está listo para que cada millonario se compre su propio partido.   No es que eso no ocurra ahora, en el sistema clientelista y antediluviano de nuestra ley electoral y de sus prácticas, pero al menos todavía quedaban algunos resquicios para exigirles a los partidos honestidad y transparencia.

Y lo que es absolutamente antidemocrático es sacar al Estado de la financiación del sistema político. A nuestro mandatario le gusta compararse con el supuesto primer mundo y allá el mundo va en la dirección contraria a la de nuestro Ejecutivo.  En muchos de esos países, la financiación privada de los partidos políticos está muy limitada, es el Estado el que paga la “factura” democrática para tratar de generar un clima de igualdad de acceso al sistema electoral –aunque es imperfecto– y se controla desde el acceso a los medios de comunicación durante las campañas electorales, hasta las cuentas al centavo de cada partido.

Nosotros vamos hacia atrás. El cambio es evidente y quizá el Presidente esté cumpliendo su palabra, pero no con un “ahora le toca al pueblo”, sino con un “ahora le toca a los míos”.

En Panamá todo se está decidiendo en las escaleras del Palacio de las Garzas o en las reuniones secretas y paralelas.   Luego, se finge un diálogo, se nombra una comisión o se pasa de puntillas por el trámite parlamentario para darle una apariencia legal y democrática pero todo, absolutamente todo, es mentira.

Vivimos en una ficción y ya nos cuesta distinguir lo que es realidad. Acudimos a la justicia pensando que ejerce sus funciones, entrevistamos al presidente de la Asamblea Nacional imaginando que la preside y escuchamos al Presidente confiados en que cogobierne con todo el país (algo a lo que se niega aunque en eso consiste la democracia).

Lo interesante es que a pocos parece preocuparle o son menos los que se pronuncian ante decisiones como la de eliminar el subsidio electoral. Es cierto que la mayoría de los partidos tiene poca autoridad moral para hacerlo, pero también es verdad que el Partido Panameñista y Cambio Democrático han sido y son parte de este sistema perverso, aunque ahora traten de hacerse los locos y aparentar que son “nuevos” en esto.

<> Este artículo se publicó el 5 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Promesas de campaña

La opinión de…

Federico Meléndez Valdelamar

Las promesas de campaña se han convertido en una de las peores pesadillas del señor presidente Ricardo Martinelli. A manera de ejemplo, por ser las más representativas, destacan el apoyo de los “100 a los 70” y  el complejo aumento a los jubilados.

Sobre el primero debemos observar que la ausencia de experticia y planificación adecuada para reconocer un subsidio a todos aquellos panameños que llegan a los 70 años sin poder haber cotizado en la Caja de Seguro Social ha llevado a que esta posibilidad se convierta en una papa caliente, toda vez que se ha podido demostrar que los beneficiarios directos son los que menos están aprovechando ese dinero.

Otro elemento vinculante con el primero, lo constituye el anuncio hecho por el señor Martinelli de eliminar el subsidio electoral otorgado a los partidos políticos para entregárselo a los jubilados, mismos que han manifestado categóricamente que “solo aceptarán el aumento si se consideran los 50 balboas”.

Ahogado en sus promesas de campaña, Martinelli da un nuevo giro de timón cuyo único propósito y trasfondo es el de hacer sucumbir al resto de la clase política panameña, la cual volverá a retomar aquellas prácticas clientelistas, donde los gamonales acaudalados eran los que decidían hasta la manera de caminar de sus seguidores.

La espada de Damocles puesta a los partidos de oposición los dejará sin aliento y ha obligado al añejo Eladio a morder el anzuelo; lo han orillado, sin que se lo pidan, a enviar señales de rechazo a las pretensiones de los partidos políticos para las próximas elecciones en caso de que él y sus 200 mil jubilados identifiquen cualquier asomo que contradiga la jugada del amigo de Berlusconi.

Si hay algo que hay que reconocerle a los geniecillos que están detrás de Martinelli es su habilidad política para los golpes certeros, cuyos efectos mediáticos confunden por lo general a los sectores desprevenidos en un país donde la praxis política en sus más bajos instintos es lo que decide el durante y el después.

El financiamiento a los partidos políticos se adecuó en la reforma electoral del año 1997.   Hay nueve principios filosóficos sobre los que descansa el llamado subsidio electoral. Seguridad jurídica, seguridad económica, igualdad de oportunidades, representación popular, no impactar negativamente el presupuesto nacional, fortalecimiento institucional de los partidos políticos, contribuir a la vigencia de la oposición política, eficacia del subsidio y solución parcial.

 

<> Este artículo se publicó el 5 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Financiamiento de los partidos

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La opinión del Ingeniero y Analista Político…

José I. Blandón C.

Los partidos políticos son parte esencial de la democracia y a través de ellos se ejercitan los derechos políticos, la participación ciudadana y se logra la expresión del pluralismo que exige toda sociedad moderna. Este principio requiere de amplios recursos humanos, institucionales y financieros. Un debate que es necesario desarrollar en nuestro país, tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos.

Para ejercitar sus funciones, los partidos políticos modernos requieren de recursos económicos que les permitan organizarse, educarse, transmitir sus proyectos y sus programas, así como participar en las contiendas electorales en donde se define el poder político. El financiamiento de los partidos con recursos privados ha traído una serie de distorsiones en la vida política de todas las democracias.

Desde la segunda guerra mundial, la mayoría de las democracias occidentales han introducido una normativa diseñada para controlar los abusos relacionados con el financiamiento de la política. Los gobiernos han intentado regular y subsidiar el financiamiento en una variedad de formas. Los límites de gastos, por ejemplo, el tope permitido de gastos para cada candidato al parlamento o para cada una de las organizaciones partidarias han sido objeto de muchas legislaciones en todo el mundo.

En materia de financiamiento existen muchas modalidades, pero se está desarrollando últimamente una tendencia hacia el financiamiento de la política por parte del Estado. Este hecho se da por el avance que el crimen organizado tiene a lo largo y ancho del mundo. La mayoría de los países ha establecido límites a las contribuciones y a los montos que se le permiten a un individuo donar. Además, se han diseñado regulaciones y declaraciones obligatorias de los nombres de los contribuyentes de las campañas y partidos, así como la revelación de las cantidades con que cada uno contribuyó.

El financiamiento de los partidos políticos debe sujetarse a determinados principios, en los que destaca la publicación de la contabilidad y en el origen de los fondos, austeridad, legalidad, igualdad de oportunidades entre los participantes, el respeto de los derechos de los partidos para conocer el monto y la fuente de financiamiento y la garantía de libertad e igualdad entre los distintos grupos políticos.

En nuestro país es importante que las próximas reformas electorales indiquen con claridad que el Estado jugará un papel importante en el financiamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales. Una participación del Estado en esta importante área de la democracia, garantiza que los dirigentes políticos no caigan en la tentación de buscar dinero en fuentes de dudosa procedencia.

El financiamiento de los partidos y las campañas por parte del Estado, debe ir acompañado de la publicación de todos los gastos y el uso que se le ha dado a los mismos. La claridad y la transparencia del uso de esos fondos deben garantizarse en la nueva legislación. Por ello, se requiere que las reformas tengan normas claras y precisas que le posibiliten a la sociedad conocer el uso que se le da a los fondos del Estado por parte de los partidos políticos. Si las nuevas reformas incluyen también el uso de fondos privados, se debe establecer con claridad la obligación de los partidos y candidatos a revelar el origen de sus fondos, igualmente se debe regular la cantidad de dinero que una sola persona puede aportar y el monto permitido para la campaña.

Un criterio básico que deben tener los dirigentes de los partidos políticos, es la austeridad en los gastos, con campañas racionales de plazos cortos y con igualdad de oportunidades entre los contendientes, lo que constituye en un importante principio que debe respetarse para que el proceso electoral no se convierta en un derroche irresponsable de dinero, con gastos exagerados e innecesarios.

La actual legislación panameña establece una serie de controles bastante eficientes para el uso de los fondos del Estado en el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. En donde la legislación no es eficiente, es en el uso de los fondos privados, porque la legislación es muy vaga y no establece con claridad la necesidad de reportar el origen y el monto de los fondos.

El pueblo panameño tiene el derecho de conocer cuál es la utilización y el destino que se le da a los fondos que el Estado aporta para el desarrollo de los partidos políticos. El financiamiento por parte del Estado, de los partidos políticos y de las campañas electorales, así como el establecimiento de un tope para el gasto, son piezas claves para evitar la penetración del dinero sucio en la política panameña.

<> Artículo publicado el 1  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Equilibrios entre el Estado y el mercado

La opinión del Empresario y Escrito…

RAFAEL CARLES

Desde hace varios años se ha estado realizando una serie de cambios estructurales que son vistos por algunos como reformas del Estado. Si bien muchas de estas reformas no solo son importantes, sino que también eran ineludibles, no creemos que tengan que ser vistas como una verdadera reforma del Estado, sino como una ampliación del papel del mercado. Tal es el caso de las leyes creadas a finales de los años 90, con la intención de promover la competencia, privatizar las empresas públicas e incentivar las fuerzas del mercado, como mecanismo para asignar recursos en toda la gama de actividades en el país.

En este sentido, se entiende que una reforma exitosa del Estado es aquella que logra un adecuado equilibrio institucional entre el Estado y el mercado.  Sin ese equilibrio, la ampliación del papel del mercado seguramente no dará los frutos esperados por todos; es decir, no podrá alcanzarse un desarrollo sostenido ni en el plano económico ni en el social.   Este es claramente un tema relevante en gran parte del mundo. Tanto es así que el Banco Mundial dedicó su último informe anual para recordárselo a los distintos gobiernos que han hecho cambios, pero se han olvidado de los objetivos. La preocupación es especialmente válida en el caso panameño, donde muchas de las reformas se hicieron solo para cumplir con los requisitos de las instituciones financieras, pero sin la elaboración efectiva de las instituciones que deberían ayudar a dar forma al nuevo Estado. Y por esa razón es que vemos en muchas áreas del acontecer nacional un profundo desequilibrio entre el funcionamiento del mercado y el del Estado.

Algunos ejemplos nos pueden ayudar a entender la problemática y vemos que los beneficios del proceso privatizador no han sido del todo automáticos.   Ahora sabemos que dependen de la transparencia, del diseño y de los mecanismos de fiscalización y control de las agentes que operan en cada uno de los mercados; igualmente, obedecen al grado de desregulación y competencia, de la estructura del mercado y de las tecnologías disponibles en los mismos.   La experiencia panameña, salvo algunas excepciones, es claramente deficitaria en estos aspectos. La impactante concentración económica no solo es consecuencia del proceso de globalización y de reformas estructurales inconclusas, sino que en gran parte es resultado de un Estado ausente y cómplice por las pérdidas al bienestar de los consumidores, cada vez que asume posturas monopolísticas cuando patrocina y permite las posturas y fijaciones de precios y mercados.   Del mismo modo, al Estado le ha faltado iniciativas para la puesta en marcha de políticas activas en materia de desarrollo productivo, que no solo requieren capacidad y voluntad para su diseño, sino también, como muestra la experiencia internacional, de una sólida capacidad institucional que permita implementarlas.

Quizás una de las áreas donde más se ha notado la ausencia de esta capacidad institucional es el de las pequeñas y medianas empresas.   Sin duda, un desarrollo económico sustentable requiere de adecuadas instituciones públicas de manera que aseguren previsibilidad y planeamiento conveniente al sector privado, al tiempo que eviten las desigualdades producidas por actos de corrupción y por medidas estatales arbitrarias. Nuevamente la experiencia en este terreno es deficitaria. La falta de una oportuna atención a los sectores más desprotegidos, más allá de su dimensión ética, se torna incompatible con la marcha de la política económica.

Hay muchos casos que pudiéramos citar para ilustrar esta situación respecto de la necesidad de avanzar en la gran reforma estructural pendiente en Panamá. Por ejemplo, junto con la discusión del Estado que queremos, debemos preocuparnos respecto de su financiamiento.   Si bien es difícil pensar que mediante la tributación se pueda mejorar sustancialmente la distribución del ingreso, al menos se pueden evitar algunos efectos negativos. Y es por eso que la mala distribución de los recursos atenta contra el financiamiento de funciones esenciales del Estado y además contra el logro de una mayor equidad.   Si bien es cierto que las demandas de un mundo más globalizado hacen difícil el diseño autónomo de muchos componentes de la estructura tributaria, también es cierto que la evasión es un despropósito que no se puede permitir la sociedad panameña, tal como representan más de 40 millones de dólares en concepto del ITBMS reportados en el primer semestre del año.

Es decir, sin una verdadera reforma del Estado que incremente apreciablemente su capacidad de gestión, será muy difícil alcanzar un desarrollo económico sostenido y una sociedad más equitativa.

<> Artículo publicado el 28 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Topes a los gastos, los aportes y contribuciones en procesos electorales

La opinión del Abogado…

Javier Ordinola Bernal 

Las cifras que el Estado panameño destina a la financiación de la política son tan elevadas como necesarias. El Tribunal Electoral asignó a los partidos políticos para su funcionamiento un monto total de B/ 20,055,760.53, en concepto de Financiamiento Público, para el quinquenio 2009-2014. Además del financiamiento del funcionamiento de las organizaciones políticas, el Estado también contribuye en el financiamiento de las campañas, de conformidad con lo establecido por la Constitución Política. Para el periodo Pre-electoral se asignó B/13,480,000.00, distribuidos entre 8 partidos políticos; B/1,685,000.00 dividido en B/1,263,750.00 para gastos de publicidad y B/421,250.00 para gastos de convenciones, postulaciones o elecciones primarias, provenientes del presupuesto nacional. Sin duda alguna, la financiación de las campañas políticas en Panamá, como en cualquier parte del mundo, es un tema álgido.
Ha quedado demostrado que nuestro país no es inmune a los escándalos que se originan respecto de la financiación de las campañas electorales.La financiación es un aspecto fundamental de todo proceso electoral, ya que el elector debe tener la posibilidad de conocer cómo se ha financiado el candidato y particularmente quiénes, además del Estado, financian las campañas políticas, ya que este debe ser un criterio empleado por el ciudadano al momento de determinar por quién votar. El ordenamiento jurídico panameño busca garantizar que el Estado disponga los recursos públicos suficientes, tanto para el funcionamiento de los partidos políticos, como para las campañas que estas desplieguen en el marco de las contiendas electorales.
No obstante, también es claro que el Estado concurre en la financiación de la política; esto quiere decir, que se establece un sistema de financiamiento mixto, en el cual, el Estado y los particulares contribuyen en el financiamiento de la organización política y de las campañas electorales que esta efectúe.

Si lo que se desea es mantener en nuestro país el sistema mixto de financiamiento, se hace necesario que el ordenamiento jurídico faculte la competencia del Estado para establecer límites tanto a los gastos que las organizaciones realizan en desarrollo de sus campañas, como a los aportes y contribuciones que los particulares destinen para tal fin. Si el Estado se encuentra facultado para imponer un límite al financiamiento que está permitido invertir en el marco de una campaña electoral, también debe estar en capacidad de establecer topes a las donaciones particulares. Con esta disposición se pretende garantizar que en los espacios políticos exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos de distintas organizaciones políticas en condiciones de equidad, siendo la idoneidad intelectual y moral de los candidatos, en vez de su capacidad económica, los motivos por los cuales se incline la balanza electoral en uno u otro sentido.

Se evita de esta manera, por ejemplo, que los partidos tradicionales que cuentan con fondos económicos más robustos restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los partidos pequeños o de las nuevas fuerza políticas, evitando que los candidatos tengan que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario  El Panamá América a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Democracia para millonarios

La opinión de….

Olmedo Beluche

La Comisión Nacional de Reformas Electorales se encuentra discutiendo el tema de los topes para financiamientos privados de las campañas electorales. En ese marco el Tribunal Electoral ha presentado una serie de informes y estudios que prueban lo que hemos venido señalando desde hace tiempo: la democracia panameña está secuestrada por el poder del dinero, por ende, ha degenerado en una plutocracia, fuente de todos los escándalos de corrupción e imposiciones antipopulares.

En ese sentido, el pasado 17 de junio, el magistrado Gerardo Solís, que preside la comisión, señaló que en las elecciones de 2009:  “Un país para todos, Balbina Herrera declaró que su campaña costó 8.3 millones de dólares, y Alianza por el Cambio, Ricardo Martinelli declaró que su campaña costó 18.9 millones de dólares”.   Además agregó que un candidato a alcalde, sin identificar, gastó 250 mil dólares, que varios candidatos a diputado de diversos circuitos y partidos, declararon sumas superiores a 200 mil dólares en sus campañas.

Estas cifras indican que no estamos eligiendo “a los mejores”, sino a los que más plata tienen para gastar en una campaña electoral. Para poder competir se debe ser millonario, o estar financiado por alguno.  La consecuencia lógica es la política como negocio: se invierte en ella, para sacar algo a cambio: favores, nombramientos, licitaciones, etc. Entonces ya podemos entender por qué actúan como la hacen gobernantes y diputados.

Irónicamente, siendo la intención de la reforma establecer topes a los gastos de campaña y a las donaciones privadas, tope que hoy no existe, la propuesta que hacen los magistrados del Tribunal Electoral es escandalosa.

Proyectando un crecimiento del Presupuesto de Inversiones del Estado de 68% y del padrón electoral de 11%, estiman que en 2014 el financiamiento público a los partidos políticos será de 54 millones de balboas y, si el tope a las donaciones privadas se establece en el 40% de éste, llegará a 21 millones por cada candidato presidencial (ojo), con un costo estimado de B/. 9.20 por elector.

Como voceros en esta comisión del Partido Alternativa Popular nos toca repudiar completamente estos criterios, los cuales implican la legitimación de una democracia secuestrada por los millonarios. Una verdadera democracia no puede depender de que solo se postulen y tengan opción los que tienen millones para gastar, sino los que tienen una propuesta coherente de desarrollo para el país.

Uno de los tantos criterios que hemos propuesto, y que lamentablemente no se han aceptado, para restablecer una democracia sana, equitativa y participativa son: que el Tribunal Electoral sea el único que contrate los espacios publicitarios en los medios de comunicación y los reparta equitativamente, abaratando incluso el financiamiento público; un tope máximo a las donaciones privadas de 10 mil balboas por persona y un tope global que no exceda de 100 mil a los candidatos presidenciales y de 50 mil a diputados, alcaldes y representantes.

Corresponde al conjunto de la sociedad panameña, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y a los sindicatos pronunciarse y exigir reformas profundas a nuestro sistema político. Les incumbe porque serán sus miembros los seguirán pagando las consecuencias del sistema plutocrático que se ha entronizado.

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Este artículo se publico el 25 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Canal y Crisis

La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…..

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Juan Jované

Quienes sirvieron de voceros de la propaganda favorable al proyecto de ampliación del Canal de Panamá siempre mantuvieron la idea de que una de las ventajas del mismo estaba en que los crecientes ingresos del actual Canal servirían de base segura para su financiamiento.

Este incremento de ingresos, de acuerdo a la “Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá”, provendría de dos fuentes. En primer lugar, del supuesto de que la cantidad de buques que transitan por el Canal prácticamente se duplicaría en 20 años, generando una tasa de crecimiento de las toneladas netas del Canal a una tasa del 3% anual. En segundo lugar, del supuesto de que sería posible elevar los precios efectivos, es decir descontada la inflación, a una tasa anual del 3.5%.

En el caso del volumen de carga resulta ser que el desempeño del Canal está lejos de confirmar el supuesto antes señalado.

Tomando en cuenta que el producto interno bruto a precios constantes de 1996 mide el desarrollo de la producción en términos físicos (PIB), resulta más que significativo que el PIB del Canal de Panamá haya mostrado durante el 2009 una caída del 10.5%.

Si, adicionalmente, con el fin de introducir una medida estrictamente física utilizamos el total de las toneladas netas del Canal, se puede destacar que, de acuerdo al INEC, este agregado se redujo en 2.3% entre el 2008 y el 2009, al pasar 308,838 miles de toneladas durante el primero de estos años a tan solo 301,846 miles de toneladas durante el segundo.

De acuerdo a la misma fuente, este proceso se ha visto repetido durante el primer trimestre de 2010, cuando una baja de más de 1.7 miles de toneladas ha significado una caída del 2.3% con respecto al mismo período del 2009.

Nos encontramos con una desviación del más del 7.3 puntos porcentuales en relación a la tasa de crecimiento promedio anual del volumen supuesta para el proyecto.

Si se tiene en cuenta que aproximadamente el 63.0% de la carga que pasa por el Canal va o viene de EE.UU., resulta evidente que el carácter relativamente poco dinámico de la actual reactivación norteamericana no puede menos que traer más dificultades en la dirección antes apuntada.

La posibilidad de que esto ocurra se evidencia si se tiene en cuenta que mientras que la proyección del crecimiento promedio anual de la economía norteamericana adoptado por la ACP fue de 3.2% para el período del proyecto, el FMI calcula que en el próximo quinquenio esa tasa será de apenas el 1.9%.

La situación sería aún peor si se llegara a desarrollar un escenario más difícil, situación que Roubini y Krugman, entre otros, piensan que es posible.   También sería peor si los intentos de los usuarios por atrasar el aumento de los peajes llegaran a ser exitosos.

Frente a estas circunstancias la ACP debe dejar de lado su proverbial secretismo y ofrecer una explicación a la población.

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Este artículo se publicó el  8  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.