Operación Milagro – Una bendición para los humildes

La opinión de…

Bolívar Perigault Sánchez

Recientemente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la Resolución No. 3 del 7 de mayo de 2007, dictada por el Consejo Técnico de Salud, la cual no admitió una denuncia presentada por la Asociación Médica Nacional, que pretendía que se investigara el ejercicio, supuestamente ilegal, de la profesión por médicos extranjeros –en este caso cubanos– dentro del Programa denominado “Operación Milagro”. Este fallo, que tuvo como ponente al magistrado Víctor Benavides, fue avalado por los magistrados Winston Spadafora y Alejandro Moncada, y con él nuestro país se reivindica a la luz del derecho internacional.

En el fallo, la Corte elaboró una reseña histórica, referente a la ejecución del programa, que emerge del Convenio de Cooperación entre los ministerios de Salud de ambos países, del 18 de marzo de 2006, para mejorar la calidad de vida de los panameños con afecciones oftalmológicas, entre noviembre de 2005 y febrero de 2007, en Cuba: 5 mil 212 cirugías y una evolución médica de 22 mil panameños.

Gracias a la gestión del entonces presidente Torrijos, quien se reunió con su homólogo cubano, se decidió establecer el Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera, en Santiago de Veraguas, en marzo de 2007. Desde sus inicios, “Operación Milagro” cumplió con el principal objetivo de brindar atención oftalmológica gratuita a todos los ciudadanos panameños o residentes en Panamá, o de cualquier otro origen, de bajos recursos económicos y pobreza extrema. Esta labor se realizaba bajo los parámetros y supervisión del Ministerio de Salud, que en la captación previa proporcionaba personal de registros médicos, secretarias, laboratoristas, médicos generales que en conjunto con los especialistas cubanos del programa cumplían con tal objetivo.

En octubre de 2008, “Operación Milagro” comenzó a brindar servicios para glaucoma y retina, evaluando a los pacientes con diabetes mellitus y a los que presentaban retinopatía diabética se les aplicaba láser, según el tipo de retinopatía, dándoseles seguimiento hasta el día de alta. El total de pacientes atendidos en consulta entre el 27 de marzo de 2007 al 29 de diciembre de 2009 fue de 74 mil 961; realizaron 44 mil 515 cirugías, más las 5 mil 212 hechas en Cuba en la primera etapa, suman 49 mil 727.

Como bien señala el fallo, “resulta importante destacar que los números por sí solos no representan mucho, si no se tiene en cuenta el gran impacto social que este proyecto ha experimentado en el pueblo panameño, personas que llevan en ocasiones años de ceguera, así como personas que por no contar con accesibilidad económica, geográfica e institucional que les permita recuperar la salud visual, han encontrado en este programa la manera de recuperar la luz en sus vidas, rescatándoles de la oscuridad y elevándose considerablemente su autoestima, y la calidad de vida de los miles de panameños beneficiados”.

La decisión de la Corte, a mi juicio y leal entender, reivindica a esos médicos cubanos que dando cumplimiento a su juramento hipocrático se desplazaron desde Cuba hasta las regiones más apartadas de nuestro país, adonde la mayoría de nuestros “oftalmólogos” no acceden. El impacto positivo en la comunidad de la excelente labor profesional de los médicos cubanos de este programa devolvió la visión a 49 mil 727 panameños, a través de cirugías oftalmológicas gratuitas y de alta calidad.

Si consideramos que la Organización Mundial de la Salud estima que existen entre 40 y 52 millones de personas ciegas en todo el mundo, y otras 60 millones con deficiencia visual severa, y las tres cuartas partes de los casos corresponden a los países pobres, debo concluir que “Operación Milagro” es una bendición para los más humildes. Este fallo, igualmente respeta y se fundamenta en diversos convenios internacionales, firmados y ratificados por nuestro país, en diversas áreas de salud, que en su momento han sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte.

Concluyo esta entrega, manifestando mi agrado por tan importante decisión y haciendo un llamado a nuestras autoridades para que, de una vez por todas, se despoliticen los asuntos de salud, a la mayor brevedad posible y actúen a favor del pueblo restaurando “Operación Milagro”, para que miles de panameños humildes, de a pie, indígenas, campesinos, marginados y olvidados, de las más apartadas regiones, puedan disfrutar nuevamente de la bendición de la salud que se les está negando.

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Este artículo se publicó el 27  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El concepto de ‘desprisionalización’ en el actual ‘Código Penal’

La opinión de la Magister en Derecho Penal…

Alina Hubiedo

El actual Código Penal regula la suspensión condicional de la ejecución de la pena, figura jurídico–penal que constituye uno de los institutos de desprisionalización orientado a evitar la privación de libertad de la persona sentenciada con penas cortas de cárcel.   Por tal razón, este instituto de desprisionalización es considerado, a su vez, un subrogado o sustituto penal regulado en los artículos 98, 99, 100 y 101 del Código Penal vigente.

Esta figura jurídica surge en el Código Penal de 1982,   hoy derogado, y consiste en la aplicación de condiciones legales que debe cumplir el sentenciado en un término preestablecido por el juez.   En la actualidad, la suspensión de la pena tiene lugar en procesos en que se impongan penas que no excedan de tres años de prisión, extremo punitivo que fue ampliado cuando se promulgó el Código Penal que nos rige, debido a que en la legislación vigente se le ha aumentado la pena a una pluralidad de delitos, y dicha amplitud permite –precisamente– una mayor aplicación de este sustituto.

Cabe acotar, además, que la suspensión condicional de la pena puede aplicarla el tribunal de oficio o a petición de parte y, en este orden, de acuerdo a lo normado en la Ley 31 de 1998 sobre protección a las víctimas del delito, la víctima debe ser oída por el juez cuando se ventile el posible otorgamiento de la suspensión condicional de la pena a favor del sentenciado. Este punto entra en confrontación con la concesión oficiosa por parte del tribunal de dicho instituto de desprisionalización, a menos que la parte ofendida esté presente durante la audiencia y sea escuchada su opinión en el propio acto.

La suspensión condicional de la pena puede ser solicitada por la defensa: Durante sus alegatos en la audiencia de fondo; oralmente, una vez dictado el fallo en la misma audiencia; por escrito, posterior a la emisión de la sentencia, caso en el cual se le da el trámite de incidente; cuando el proceso reingresa de apelación; y en el escrito en el que se sustenta el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, como parte de sus argumentos.

Este sustituto penal tiene como requisito imprescindible que el sentenciado sea delincuente primario. Es necesario detenernos en este punto y destacar que, para los efectos de la ley penal, será considerada como tal la persona que no ha sido sentenciada por autoridad judicial competente en los 10 últimos años (Art. 102 del Código Penal). El Código Penal de 1982 no definía el concepto de delincuencia primaria, pero un sector mayoritario en la judicatura consideraba como tal a aquel que nunca había sido sancionado.

Otra condición para la concesión de este beneficio penal, la constituye que el imputado haya cumplido con la obligación de presentarse al proceso, esto significa que no haya evadido su responsabilidad de comparecer a la causa.

Por otro lado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena conlleva intrínsecamente, a diferencia del reemplazo de pena por días–multa, el hecho de que se conmina al procesado a abstenerse de la comisión de un nuevo hecho punible, pues si el sentenciado es investigado y encausado por otro delito dentro del término que le ha sido establecido por el juez de la causa, la suspensión que se le había concedido le será revocada y deberá cumplir íntegramente la pena impuesta en la sentencia. Otras medidas de desprisionalización son el reemplazo de pena por días multa y la reprensión pública o privada en las que la vulneración de las condiciones establecidas en la ley, trae como consecuencia el cumplimiento íntegro de la pena impuesta (artículos 61 y 112 del Código Penal).

Algunos fallos sostienen que para otorgar este sustituto penal, el juzgador solo debe circunscribirse a examinar si el procesado cumple con los requisitos básicos estipulados para tal efecto en el Código Penal, mientras que para otros es necesario tomar en consideración, también, la naturaleza y la gravedad del delito cometido, así como la seguridad de la víctima. No obstante lo anterior, se conceptúa que el juzgador posee discrecionalidad, como facultad potestativa, al momento de adoptar esta decisión judicial.

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<> Este artículo se publicó el 2 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autor, todo el crédito que les corresponde. Más artículos de la autora en: https://panaletras.wordpress.com/category/hubiedo-alina/

Sí a la Libertad de Expresión

La opinión de la Periodista…

Betserai Richards 

A través de los años, los fallos judiciales desatinados de calumnia e injuria contra periodistas y la libertad de expresión han impactado en Panamá.

Por supuesto, este legado de desaciertos incluye al gobierno del “cambio” luego de haber consolidado los poderes del Estado.

No fue sorpresa ver expresiones tristes y melancólicas entre los estudiantes de periodismo de la Universidad de Panamá. Estaban conscientes de la violación a los derechos de la libertad de prensa.

Entre ellos, una joven tuvo la iniciativa de comprar cintas de color negro como medida de protesta ante el peligroso amordazamiento de la profesión. Posterior a la repartición de las cintas negras entre los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, otras entidades dentro de la Universidad fueron sumándose con entusiasta solidaridad.

Uno de los estudiantes demostró perplejidad sobre las decisiones incongruentes que toman las autoridades del país, al que ama tanto. Agregó que el indulto que el Presidente de la República les otorgó a dos periodistas, era para apaciguar a los medios de comunicación y la opinión pública que salieron en defensa de los comunicadores penalizados.

Me pareció interesante el planteamiento del estudiante, pero preferí no profundizar más en su análisis. Para colmo de males, la semana pasada se condenó a Rafael Antonio Ruiz de RPC Radio, el tercer periodista en un mes, a una pena de 18 meses de prisión.

Pareciera que estamos marchando en reversa. Durante la época de las botas militares, el General Paredes utilizó la frase “Desde Ya” en 1982, al responder a un grupo de periodistas sobre su decisión de cerrar algunos medios de comunicación.

En esta ocasión, disfrazado con zapatillas del pueblo, el sistema judicial en general se suscribe al cambio desfavorable contra la libertad de expresión.   Debemos tener cautela para que no se repita la represión contra el periodismo.  A todos los periodistas nos preocupa esta situación. Es sumamente importante resistir la censura en contra de la libertad de prensa y expresión.

Cerremos filas con organismos internacionales que exhiben solidaridad con nuestra justa causa. Las conquistas por nuestros derechos como comunicadores sociales deben prevalecer.

 

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Más de la autora: https://panaletras.wordpress.com/category/richards-betserai/

Barata magia jurídica

La opinión del Jurista…

JAIME PADILLA G.

Esta columna nace a raíz de un fallo proferido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual decretó la nulidad absoluta de un Decreto Ejecutivo dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia (MGJ), mediante el cual se elegía nueva Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), producto de una Demanda de Nulidad interpuesta contra dicha elección o D.E. Luego de dicho fallo de la CSJ, el MGJ emitió un nuevo D.E., acatando el fallo en el sentido de dejar sin efecto el D.E. que originó la demanda de Nulidad.

¿Dónde estriba la magia? En que el presidente de la Junta Directiva anulada, señor Miguel Sanchiz, interpuso Amparo de Garantías Constitucionales contra el D.E. que acató la orden de nulidad de la CSJ, siendo este acto innecesario e ilegal. Una vez que la CSJ dictó su fallo de nulidad, se entiende en la práctica que quedan anulados todos los actos que se realicen bajo el imperio del D.E. anulado. Esto es, se anula la Junta Directiva espúrea, inscrita en el Registro Público y que nació a la vida jurídica bajo el imperio de un acto nulo o anulado. Por lo que ni el señor Sanchiz, ni ninguna otra persona, tenían facultad para interponer el Recurso de Amparo contra el nuevo D.E., que reanulaba lo ya anulado por la CSJ.

¿En qué le afectaba al Dr. Sanchiz en sus derechos subjetivos el D.E. reanulador? ¿Bajo qué criterio el magistrado Almengor aceptó este Amparo y luego suspendió los efectos del D.E. reanulador? Lo único que se me ocurre es que crearon ese D.E. reanulador para encontrar un subterfugio jurídico y tener una vía de impugnación de lo acordado por la CSJ y sacando del sombrero el Recurso de Amparo. Esto lo digo, pues, el Amparo no era la vía idónea para ello, porque luego del fallo de la CSJ aquí no cabía absolutamente nada, porque los fallos de la CSJ son absolutos y no admiten recurso alguno y hacen tránsito a cosa juzgada, según el Art. 99 del Código Judicial. Pero inventaron este subterfugio, teniendo tanta suerte, que lograron su cometido, suspender el D.E. reanulador y a su vez llevarse en dicha suspensión el fallo de la CSJ, porque uno era consecuencia del otro.

El Artículo 2615 del Código Judicial, que regula la figura del Amparo, es bien claro al determinar en qué casos éste procede y dice: ‘… Esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata’. En este sentido la Jurisprudencia determina que tiene que haber un ‘presupuesto de urgencia’ que por la gravedad e inminencia del daño que representa, el acto emitido requiere de una revocación inmediata. ¿Cuál era la URGENCIA inminente del señor Sanchiz? ¿Dónde radica el daño irreversible que se requiere para ampararse?

Saco en conclusión que para lograr todo ello, se elucubró y planeó una DESAFORTUNADA MAGIA JURIDICA. Porque no tengo otra explicación. Obviamente que una mente maquiavélica tuvo que inventar una magia jurídica y la forma para dejar sin efecto el fallo de la CSJ (porque no había ninguna otra vía legal), decidió enervar los efectos del fallo de la CSJ, mediante el Amparo contra el D.E. espúreo o reanulador.

El trasfondo de toda esta maraña y vericuetos jurídicos ensayados radica en el hecho de que venía el señor Danilo Carrera, ecuatoriano, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), que no iba a permitir que Panamá fuera sede de los Juegos Bolivarianos, si antes no se cambiaba la actual Junta Directiva del COP y se restituía como presidente de dicho comité al señor Miguel Sanchiz. Supongo que fue un compromiso que hizo el Órgano Ejecutivo con este señor y con la ODEBO, porque esa era la única manera de que Panamá pudiese ser confirmada sede de los próximos Juegos Bolivarianos.

Lo peligroso de todo esto es que la seguridad jurídica, principio consagrado en nuestra Constitución y elemento esencial de nuestra condición de Nación o Estado de Derecho, y garante de nuestra institucionalidad, se ve seriamente cuestionada y queda en entredicho cuando, para complacer a Organismos Internacionales foráneos, atentamos contra nuestra propia seguridad jurídica y logramos suspender, vía un Amparo improcedente e ilegal o barata magia jurídica, los efectos de un fallo de la Sala Tercera de la CSJ.

<>  Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Por el tamiz de lo jurídico

La opinión de…

Julio Fidel Macías 

Existe la percepción de que en el caso Ana Matilde Gómez, la Corte antepuso una solución política en lugar de una solución jurídica. No me ocuparé de abordar el posible enfoque político del caso, sino que puntualizaré las razones jurídicas por las que considero que Gómez debió ser absuelta de los cargos que se le formularon.

El 17 de julio de 2007, la Corte Suprema declaró inconstitucional la autorización emitida por la otrora procuradora para escuchar conversaciones telefónicas en donde participaba el entonces fiscal Arquímedes Sáez, acusado de solicitar coima. Este fallo prueba por sí solo la violación del ordenamiento constitucional, pero no prueba per se la configuración de un delito.

Esto no significa que la emisión de un acto contrario a la Constitución no genera ningún tipo de responsabilidades, sino que para generar una responsabilidad penal deben concurrir una serie de presupuestos exigidos por la ley penal.   Lo primero que se debió considerar era qué tipo de controversia jurídica planteaba el caso. La discusión constitucional sobre la validez o no de la autorización emitida por Gómez estaba superada, pues la Corte había declarado inconstitucional la medida, en consecuencia; la controversia se debió enmarcar desde la óptica del derecho penal, obviamente que sin apartar del todo la connotación constitucional del caso.

En ese sentido había que considerar que la violación constitucional se produjo bajo el imperio de una norma penal (Código Penal de 1982) y el proceso contra Gómez se inició (15 de junio de 2009) bajo el imperio de otra norma penal (Código Penal de 2007). De conformidad a lo que establece el artículo 46 de la Constitución, al igual que otras normas legales, se debió determinar qué norma jurídica era más favorable a la situación jurídico-penal de la procesada, ya que la misma pudiese ser aplicada de forma ultractiva o retroactiva, según correspondiera.

El Código Penal de 1982 consagraba una estructura “causalista”, gobernado por el principio “causa-efecto” que generaba una responsabilidad para el que “causaba” el resultado previsto en la norma penal, aun cuando su voluntad no estaba dirigida hacia ese determinado resultado. Al aprobarse la legislación de 2007 se produce un cambio de sistema; el sujeto responde penalmente hasta el importe de la voluntad con la que dirigió su acción, fundamentado en el principio de que el ser humano realiza constantemente acciones cargadas de finalidad y por ende, la ley penal describe “acciones finales”.

Este principio está reafirmado en el artículo 26 del Código Penal cuando señala que para que una conducta se considere delito debe ser realizada con dolo, en ese sentido, tal y como lo indica la citada norma, la sola “causación” del resultado no basta para la imputación jurídica del resultado; lo cual, parafraseado al caso que nos ocupa, sería afirmar, que la sola violación de la Constitución no basta para la imputación jurídica de un delito. En nuestra opinión, en el caso Gómez debió aplicarse retroactivamente la legislación vigente (Código Penal de 2007) por ser más favorable a ella.

La legislación penal vigente admite la posibilidad de exonerar de responsabilidad a quien realiza el hecho amparado en un “error de prohibición”.   El error de prohibición es aquel que comete quien procede confiado de que su actuación es legal. Nótese, inclusive, que el nuevo sistema penal derogó el principio de que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, porque la ley penal solo reprocha actuaciones realizadas con plena conciencia del injusto.

Cuando Gómez autorizó la intervención telefónica, lo hizo bajo la creencia “errada” de ser la autoridad judicial, ya que el artículo 21B de la Ley 23 de 1986 autorizaba al procurador general para tal efecto. No es hasta que la Corte en fallo de 2007, aclaró que los agentes del Ministerio Público no son considerados autoridades judiciales y, por ende, se había producido una derogatoria tácita del artículo 21B de la Ley 23 de 1986.

La falta de dolo y el error de prohibición en que incurrió la señora Gómez se deducen de las siguientes circunstancias: La iniciativa de autorizar la intervención telefónica surge por una solicitud del fiscal auxiliar; la autorización para la intervención telefónica es emitida por Gómez en su condición de procuradora general de la Nación; la autorización para la intervención telefónica surge dentro de una investigación penal y con el propósito de generar un medio de prueba; y la autorización para la intervención telefónica es emitida con fundamento en la Ley 23 de 1986 y bajo la creencia de que se tenía facultad para ello por considerarse autoridad judicial.

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Este artículo se publicó el 21 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Todo al revés

La opinión de…

Xavier Sáez–Llorens

Cuando se rumoraba sobre la posible condena de Ana Matilde pensé que se trataba de una inocentada desfasada de fecha.  Todavía no logro asimilar la sentencia, por más legalidad jurídica que pintorescos defensores intenten argumentar a posteriori.  Imagino la escena del malhechor, pescado in fraganti en la fechoría, riéndose frente a la televisión mientras la decente abogada (extraño adjetivo para esta profesión) era castigada por autorizar a un fiscal la grabación voluntaria del celular de una víctima sujeta a soborno.

Más ridícula fue la conmutación de la pena para inhabilitarla por el tiempo exacto que le quedaba como procuradora vigente.   Para mayor hilaridad, la votación de los magistrados se fraccionó según el partido que los puso en la CSJ, clara demostración de que las conciencias se compran desde el Ejecutivo.

Ante el circense veredicto, recordé al fabuloso humorista George Carlin, que en sus chistes sobre la hipocresía de la sociedad, se mofaba de la irracionalidad de la humanidad. Una de sus actuaciones criticaba las paradojas de la era en que vivimos. He agregado y modificado algunas de sus observaciones para ilustrar mejor el asunto.

Tenemos edificios más altos, pero tolerancias más cortas; carreteras más amplias, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero poseemos menos; compramos más, pero disfrutamos menos. Contamos con casas más grandes, pero familias más pequeñas; mayores comodidades, pero menor tiempo para disfrutarlas. Ostentamos más diplomas académicos, pero menos sentido común; mayor conocimiento, pero menos educación.

Aparentamos conocer mucho, pero leemos muy poco; disponemos de más expertos, pero menos soluciones; mejor medicina, pero menos salud. Incrementamos los bienes, pero reducimos nuestros valores; rezamos a diario, pero odiamos a cada rato. Aprendemos a ganarnos la vida, pero no a vivir; agregamos años a la vida, pero no vida a esos años. Hemos visitado la Luna, pero nunca el hogar del vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no dominamos el yo interior. Manipulamos átomos, pero no controlamos prejuicios. Sabemos apresurarnos, pero no esperar. Inventamos tecnologías para contactarnos, pero nos comunicamos menos.

Pagamos más impuestos, pero recibimos menos beneficios; somos solidarios con los que menos tienen, pero éstos cada vez son más vagos. Nos arruinamos con elevadas pólizas, pero quedamos desprotegidos contra enfermedades graves. Aportamos con esfuerzo dinero al fisco, pero el tesoro estatal se utiliza para pagar viajes, coimas, vehículos de lujo y joyas de gobernantes, ministros o diputados.

Votamos por esperanzas y promesas, pero presenciamos inseguridad, corrupción e iniquidad. Aportamos cuotas a sindicatos o gremios buscando bienestar individual, pero sus líderes se liberan de trabajar, rascan sus escrotos en oficinas refrigeradas, transan con el mejor postor, inventan conflictos, exponen a los más indefensos a la represión y consiguen poder perpetuo.

Hoy en día hay dos ingresos, pero más divorcios; domicilios más lujosos, pero hogares más disueltos; fácil acceso a condones desechables, pero más embarazos indeseables; más cuerpos obesos, pero menos alimentos saludables; píldoras que alegran y curan, pero también que deprimen y matan.

Nos maravillamos al mirar cataratas, montañas nevadas y aves preciosas, pero cortamos bosques, envenenamos ambientes, contaminamos mares y destruimos hábitats.   Hablamos de amor al prójimo, pero discriminamos por color, sexo o etnia.   Nos imponen cuándo nacer, pero no nos permiten decidir cuándo morir. Resaltamos el valor de la familia, pero solo decimos “te amo” cuando el ser querido agoniza o ya se ha ido.

La vida es lo único que debería ser al revés. Como apuntaba Woody Allen, “Tendríamos que empezar muriendo para superar rápidamente ese trámite. Luego despertar en un asilo e ir mejorando día a día. Después ser botado de allí porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión.

Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven para gozar el retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bailas, tomas cerveza, practicas el sexo y te preparas para empezar a estudiar.   Asistes al colegio para jugar con tus amigos, sin responsabilidad alguna, hasta llegar a ser bebé. Los últimos nueve meses te la pasas flotando tranquilo, con calefacción central y comida constante.   Al final, abandonas tu existencia en un orgasmo”.  Lo firmaría ya.

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Este artículo se publicó el 22 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ante lo injusto, solidaridad y resistencia

El fallo de la Corte… La opinión de…

Aurelio Barría Jr.

Editoriales y artículos de opinión de los principales diarios escritos del país se han pronunciado y han reflejado, como muchos ciudadanos, el pensamiento crítico y el sentimiento de rechazo al injusto y cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia, que condena a seis meses de cárcel a la procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, quien fue separada inicialmente como consecuencia de mantener una posición firme e independiente frente a la injerencia del Ejecutivo, como es percibido, sin duda alguna, por la sociedad civil.

Como ciudadano independiente, he asistido a las audiencias públicas que se realizaron, primero para determinar si procedía un llamamiento a juicio a la procuradora separada y, posteriormente, al propio juicio para juzgar su inocencia o condena, en ambos casos con la participación del pleno de los magistrados de la Corte Suprema.

He sido testigo de los argumentos a favor y en contra de todas las partes, y muy en especial de las preguntas formuladas por los magistrados al testigo de la defensa de la procuradora, Rigoberto González, quien con elocuencia y conocimiento de la materia legal, por más de tres horas, respondió cuestionamientos y defendió el criterio, que el Ministerio Público asumió su responsabilidad sobre la interpretación sustentada legalmente de que en la fecha del acto cuestionado les asistía el derecho de autorizar la solicitud de intervenir el celular relacionado con el caso de corrupción contra el “tristemente célebre” ex fiscal, acusado y comprobado de pedir una coima a los familiares de una joven detenida.

Estamos ante un hecho consumado, una decisión tomada por el más alto Tribunal de Justicia, cuyo fallo de condena, aunque lo consideremos injusto e impregnado de injerencias políticas… es un fallo final –por lo menos en esta administración– y quedará en las páginas de nuestra historia republicana como un grave precedente. El actuar de los magistrados que condenaron a la procuradora también será recordado por sus nombres, como ejemplo lamentable de lo que no puede ser, condenar a una persona inocente que no ha cometido un delito, solo por presiones y capricho de quienes hoy se lavan las manos, como Poncio Pilatos, ganándose los magistrados el repudio de los ciudadanos honestos de este país. Queda en sus conciencias y ojalá puedan dormir tranquilos el resto de sus días, hasta la rendición de cuentas ante el Supremo.

Los panameños que luchamos cívica y pacíficamente por la vigencia de los principios y derechos de justicia, libertad y democracia, volvemos a revivir un sentimiento de frustración e impotencia al pensar que no se puede hacer nada al respecto, al igual que sentíamos el peso y el miedo del poder de la dictadura militar, que concentraba el poder absoluto con injerencia en todos los órganos del Estado.

Sin embargo, fueron hechos y situaciones graves ocurridos, como los que estamos viviendo ahora, los que fueron despertando la conciencia ciudadana, que unida espontáneamente forjó un gran movimiento civilista nacional, solidarizándose para convocar la resistencia con sacrificios personales con la esperanza de lograr un gobierno democrático, con independencia de poderes, con plenas libertades, y una administración de justicia digna, íntegra, honesta y responsable.

Todos tenemos la gran responsabilidad de contribuir en la búsqueda de las soluciones a los problemas nacionales –que no es exclusiva de los gobernantes– a través del diálogo franco y abierto, con interlocutores válidos y con una clara voluntad verdadera de corregir errores, de lo contrario, iremos caminando nuevamente hacia destinos indeseables que no se merece Panamá.

“La paz es fruto de la justicia, … si no hay justicia, no tendremos paz”.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.