Unidad por la justicia

La opinión del Médico y Ex Ministro de Estado….

 

GUILLERMO ROLLA PIMENTEL
grollap@hotmail.com

Con la imagen de la Patria muchos ciudadanos y el presidente, piden unidad. Todos juntos trabajando por Panamá. Borrón… y no pago de la cuenta. La unidad real solo se puede lograr cuando exista una efectiva Justicia.

Es muy fácil haber participado de los despilfarros y de las violaciones de los Derechos Humanos de la dictadura y ahora tener otra vez elevados cargos. Mientras, las víctimas y sus familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido, que tal vez era el sostén de la familia, con sus trágicas consecuencias sentimentales y económicas. Los que perdieron sus cosechas, tierras, casa, trabajo, bienes. Familias que conocieron de las torturas que les aplicaron. Otros que no saben ni dónde están sus cadáveres o sus cabezas. Grupo familiares de todos los niveles que se arruinaron totalmente, que nadie sabe cómo sobrevivieron, cómo se educaron sus hijos, o si también sucumbieron. Que fueron perseguidos y hasta encarcelados en otros países.

Pero lo insólito es que sus perseguidores y ahora otra vez jerarcas en el gobierno, con esa habilidad maquiavélica de los arribistas, sigan disfrutando de sus enriquecimientos ilícitos, ocultando sus crímenes con el código del silencio y la impunidad. Tanto civiles como militares. Aún hasta algunos arrepentidos que luego fueron cruzados.

No es venganza ni fusilar, ni torturar. Es Justicia. Hasta 2009 de todos los crímenes solo el 8% fue condenado, el 6% sobreseído y el 3% indultado de los 116 expedientes reconocidos. De los casos que tramitó la Fiscalía Especial, 21 casos estaban pendientes de que la Corte Suprema se pronunciara sobre su prescripción (?).    La Comisión de Derechos Humanos de la OEA emplazó a Panamá para que dé repuesta a la reparación de los daños a las víctimas y sus familiares efectuados por la dictadura torrijista; y además dé protección a los testigos que han declarado ante la Comisión de la Verdad.

Martín Torrijos  ‘reconoció que se dieron abusos’. Pero solo dijo eso.    Nada se ha dicho de los bienes de los militares y civiles de la dictadura y de la indemnización por los daños hechos a los civiles y sus familiares. ¿O están esperado que todos se hayan muerto? Pero también se ha planteado que más importante es que se conozca la verdad, especialmente en las escuelas para que otra dictadura no se repita nunca jamás.

Nuestra juventud tiene derecho a saber lo que fue la dictadura, para saber por qué se debe amar y luchar por esta patria. Además de desfilar el 3 de Noviembre.

En Argentina el presidente Kirchner derogó loa indultos. En Chile el presidente Lagos no permitió la ley del punto final.   Y en toda Sud América se ha estado haciendo justicia. Porque los delitos contra los Derechos Humanos no prescriben.   A Pinochet se le detectaron 16.1 millones de dólares ocultos en el Riggs Bank de USA. Banco que reconoció su culpa y fue multado.   Allá se indemnizó a los exilados, torturados y a los familiares de los asesinados en ‘una demanda civil de compensación económica por el daño sufrido por las personas que se vieron obligadas a salir del país’.

Así se construye una reconciliación.  Así se avanza en terreno sólido hacia la unidad como está ocurriendo ya en el Sur. Y aquí, los presidentes, los estudiantes universitarios, los campesinos, los trabajadores, los izquierdistas, panameñistas, además de todas las organizaciones de los familiares y víctimas de la dictadura, que son las que perseverantemente han estado manteniendo viva la exigencia de Justicia, hoy siguen pidiendo, dado el tiempo pasado, que este gobierno sea el Cambio, para lograr lo que otros no se atrevieron ha hacer.

Los gobiernos no han sido consecuentes con la historia ni con los héroes desaparecidos, ni con todas las víctimas. El Panameñismo, que puso la mayoría de las víctimas, que fue despojado de la Presidencia por el Golpe de Estado y que es parte de este gobierno, tiene la mayor obligación de interponer sus mayores esfuerzos en este sentido.

Algunos partidos políticos ni siquiera existían cuando esas violaciones se dieron, es más, varios de ellos que luego hicieron un partido, fueron también víctimas de cárcel, exilio y muerte por la dictadura. Ahora en democracia esta materia está en otro nivel ni siquiera de partidos.

Asumir la responsabilidad de Estado y expropiar los bienes malhabidos de todos los dictadores y sus cómplices, para difundir la verdad en las escuelas, indemnizar a las víctimas y dejar un monumento a la lucha por la Libertad. Esa es de todos. No con objetivos publicitarios ni para abrir heridas, sino para cicatrizarlas con el cicatrizante de la justicia. Con acciones ejecutivas expeditas para concretar medidas de Investigación y Justicia por los órganos que les corresponde.

Ya el Gabinete aprobó un proyecto que califica de delitos las torturas y desapariciones, y se comprometió a financiar los ADN de los restos enterrados en los cuarteles. A la Asamblea llegó un proyecto que elimina la prescripción de los delitos contra la Humanidad y las desapariciones. El tiempo ya pasado lo hace más que necesario, casi urgente. La justicia para la Unidad tiene que ser integral, incluyendo la Justicia Social para todos. La democracia y el país requieren un cambio real y también de imagen por dentro y por fuera. No silenciar ni postergar, ni diferir, ni delegar, ni polemizar; para que la efectiva Justicia cree la Unidad, para un real Panamá Mejor.

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<> Este artículo se publicó el 6 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/rolla-pimentel-guillermo/
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Escandalosa confiscación de la propiedad privada

La opinión del  Abogado…..

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

MINA HIDRO-POWER CORP. , acudió ante la Jurisdicción Administrativa de Plena Jurisdicción para solicitar la impugnación de la resolución administrativa expedida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), porque no concedió la prórroga solicitada oportunamente según lo pactado, y sin embargo resolvió indebida e ilegalmente la concesión administrativa que le reconoció el derecho a construir, mantener y explotar el proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina.

Así el demandante no hizo más que buscar la tutela judicial efectiva para proteger su derecho a la propiedad de este bien, elaborado mediante un esquema particular que corresponde a los dibujos, modelos, y diseños expresados en los planos correspondientes, que configuran el contexto de su propiedad intelectual integrados por las producciones de su talento, y su derecho de autor, que quedaron debidamente protegidas por la Ley.

Cuando esta concesión administrativa se otorga a un tercer concesionario, sin esperar las resultas del proceso, se desprende que lo que se ha ejecutado es un despojo de los derechos inherentes a la propiedad, lo más parecido a una expropiación o una confiscación de bienes , pero sin el pago de la indemnización correspondiente; situación que es insostenible en un Estado de Derecho.

El Derecho a gozar y disponer la Propiedad Privada sin más limitaciones que las establecidas por la ley , está consagrado entre los derechos fundamentales con rango constitucional, que nuestro ordenamiento jurídico reglamenta conjuntamente con las producciones del talento, la propiedad intelectual, el derecho de autor, lo mismo que la propiedad sobre las concesiones administrativas.

Por otro lado, se produce la inadmisión de la Demanda de Protección de los Derechos Humanos propuesta posteriormente,  bajo la concepción de que “ el proceso ha sido dirigido a demandar la protección de los derechos humanos justiciables de una persona jurídica, encaminados a la anulación del acto impugnado ”.

Es visible el error de enfoque en que se incurre: por un lado se autoriza a las personas jurídicas para la contratación de actos con la administración pública; por otro se le niega la protección de sus derechos justiciables frente a la misma.

Peor aún, constituye un evidente y claro contrasentido el no avalar la tutela de los derechos justiciables de tales personas jurídicas frente a la administración pública, cuando las mismas son una creación jurídica reconocida por el Estado, que gozan de la facultad de recurrir por vía del amparo constitucional.

Estamos así ante una concepción “ restrictiva ”, que concibe como titular del derecho de protección solo al “ ser humano ” como una categoría genérica distinta respecto a la “ persona ”, en la que sí queda integrada la “ persona jurídica ”, como el ente susceptible de responder ante los derechos y obligaciones generados en el seno de la sociedad.

Invocamos, pues, una acción de tutela para restituir el derecho y la libertad empresarial violados de forma ostensible. Debe quedar claro que las personas jurídicas son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, para adquirir y poseer toda clase de bienes, para contraer obligaciones y ejecutar acciones judiciales encaminadas a un fin digno de protección.

En el caso que nos ocupa, hay que considerar que la sociedad demandante fue creada ad hoc para pactar con el Estado panameño una concesión para la construcción, administración y explotación de una central de generación eléctrica determinada, para luego (…) encontrarse sin la debida tutela y protección de dicha actividad permitida por el tráfico jurídico, lo que le impide alcanzar los fines de interés, tanto públicos como privados, inherentes a la naturaleza de su creación, tal como ha sido reconocido previamente por el propio ordenamiento jurídico.

La persona jurídica de derecho privado es el fruto del ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos que la integran, buscando una organización susceptible de administrarse con mayor eficiencia y, por lo tanto, ella misma se convierte en un medio para el ejercicio de esos derechos, algo transcendental en cuanto a que el reconocimiento de derechos fundamentales a personas jurídicas se busca en los intereses de las personas físicas tras de ellas.

La tutela judicial efectiva corresponde al derecho de todo ciudadano para acceder a la jurisdicción, que en este caso se negó a la persona jurídica que represento. Ello significa que se le niega la posibilidad de ser parte de un proceso con el objeto de obtener una resolución motivada y argumentada sobre la petición amparada por la Ley. Vibra en este contexto el tema del debido proceso ; regulado por la Ley con las debidas garantías en beneficio de las partes.

Es obvia así la importancia que revisten las garantías tendientes a asegurar la efectividad de los derechos fundamentales, como también la organización del poder a través de una serie de potestades que se atribuyen a las magistraturas públicas, facultadas para construir garantías políticas de control de libertades por medio de la jurisprudencia.

Se trata de la necesidad de proteger a las personas jurídicas nacionales en dos de las más valoradas libertades que les reconoce expresamente la Constitución Nacional: la libertad de empresa o de asociación y la de poseer todo tipo de bienes lícitos.

Quedan conculcados los derechos justiciables de mi representado en las instancias instituidas constitucionalmente para la preservación de derechos fundamentales de los asociados. Se configura así una Negligencia Grave al momento de ejercer la función jurisdiccional: ¿Cómo es posible que en el Pleno de la CSJ se haya acreditado la usurpación de competencia en la advertencia propuesta, sin que a la vez se lesionen los derechos fundamentales que se reclaman, así como también el derecho fundamental de acceso a la tutela constitucional?

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Este artículo  fue publicado el 13 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los derechos posesorios y el contrasentido del gobierno

La opinión de…..

RAUL EDUARDO MOLINA

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Los derechos posesorios y el contrasentido del gobierno

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La posesión es definida por el Código Civil como “la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño” (Art. 415).   Esta definición tiene al menos 2 mil 300 años y deriva del Derecho Romano.

Aunque per se no es propiamente constitutiva de la propiedad, sí es la génesis de la misma y en el caso panameño, producto de la incompetente mora del Estado panameño en titular las tierras desde el inicio de la República, se ha constituido en la única forma en que muchos panameños han ejercido dominio sobre las tierras que han trabajado por años e incluso por generaciones.

Como muestra de la importancia de esta figura en nuestras leyes podemos mencionar solo algunas afirmaciones que hace la ley, como por ejemplo la posesión, siempre se presume de buena fe y a quien afirma que el poseedor de una cosa lo es de mala fe, le corresponde probar su afirmación (Art. 419 del Código Civil).

El poseedor tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo (Art. 434 Código Civil).    Quien es privado injustamente de su posesión tiene derecho a pedir que se le restituya la misma (Art. 607 del Código Civil) y si el despojo de la posesión lo hace una autoridad, ello en nada afecta los derechos del poseedor despojado que tiene derecho a recurrir ante los tribunales. (Art. 1361 del Código Judicial). La posesión se entiende constituida cuando existe al menos un año de dominio sobre el bien poseído (Art. 599 Código Civil).

Sin embargo, todas estas normas legales son desconocidas por la llamada “doctrina Colamarco” (por la administración de la Dirección de Catastro por parte de Benjamín Colamarco entre 2004–2005), que consiste en que “todo terreno no titulado pertenece al Estado” y se basa en una desatinada interpretación del artículo 257, numeral cuatro de la Constitución que señala que pertenecen al Estado “las tierras baldías”, como si el término baldío incluyera (que no lo hace) tierras legítimamente poseídas, pero no tituladas.

Aceptar como cierta la doctrina Colamarco, como parece hacerlo el Gobierno, implica el mayor despojo en la historia republicana, pues ello constituye una expropiación de hecho, sin juicio ni indemnización en violación del artículo 48 de la Constitución.

Pero nuestra Asamblea Nacional no solo ha adoptado la doctrina Colamarco, sino que la ha refinado considerablemente cuando en el proyecto de ley No. 71 modificado en primer debate, se afirma que “se reconoce la posesión de una persona natural o jurídica, que demuestre haber ejercido el dominio material con ánimo de dueño de una manera pacífica e ininterrumpida por mayor a cinco años sobre las tierras patrimoniales de la Nación”.

La afirmación anterior es incongruente, puesto que si las tierras a las que se refiere la norma, se afirma que son patrimoniales de la Nación, no puede a la vez, reconocerse posesión de terceros sobre las mismas.

Y un elemento adicional es que si reconoce la posesión sobre tierras que son patrimonio de la Nación, no puede a la vez pretenderse cobrar (como lo hace el proyecto) por vender dichas tierras, puesto que entonces corresponde al Estado probar que es dueño de esas tierras supuestamente patrimoniales de la nación, lo cual no se hace declarándolo en una ley, sino presentando las pruebas (certificado de Registro Público que acredite tal afirmación) en un juicio.

Pero además, de adoptarse la doctrina Colamarco, el Estado deberá pagarse impuesto de inmueble a sí mismo, pues dicho impuesto aplica sobre todos los terrenos ubicados en territorio nacional, tengan éstos o no título de propiedad inscrito en el Registro Público (Art. 763 del Código Fiscal).

Lo curioso de este galimatías jurídico provocado por la “administración del cambio” es que pretende justificar una expropiación masiva de tierras, sin juicio, ni indemnización, en violación de la Constitución, pese a que en su plan de gobierno prometió titular masiva y gratuitamente las tierras de los panameños que han ejercido en debida forma derechos posesorios sobre las mismas y no han podido titular sus tierras por la incompetente mora del Estado panameño en hacerlo.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Una ley que espanta

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Una ley que espanta

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JAIME CORREA M.

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La Ley 20, de 2009, gaceta 26252, del gobierno recién salido “Establece un procedimiento especial de expropiación extraordinaria para definir y formalizar los asentamientos comunitarios por antigüedad y dicta otras disposiciones”. Esta Ley, promulgada poco antes de las elecciones, perseguía votos para el PRD, reviviendo la lucha de clases, que en su tiempo fomentó Omar Torrijos, pero es descabellada y afectará seriamente la seguridad jurídica, fundamental para la inversión y el desarrollo.

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Entre otros, promete indemnizaciones cuando haya expropiaciones, pero nunca define en qué forma se pagarán y conocemos de expropiaciones que nunca han sido pagadas. El artículo 10, dice: “Para efectos de negociar el valor indemnizatorio por el acto de expropiación se seguirán los siguientes pasos y criterios…, 3º —Copias autenticadas del ejercicio de acciones judiciales por el delito de Usurpación…” (la propia Ley confirma que tales ocupantes están delinquiendo, pero se les premiaría con un título de propiedad).

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Artículo 13.3: “El monto de las indemnizaciones se incrementará cuando los propietarios prueben que ejercieron acciones judiciales dentro de los primeros quince años de iniciada la ocupación, orientadas a la reivindicación de la propiedad o para querellar por el delito de usurpación contra cada uno de los ocupantes y las sentencias se encuentren ejecutoriadas a su favor”. Este artículo, aparte de que reitera lo de delito, es un monumento a la malsana intención de quienes la concibieron y aprobaron, pues además de exigir que se querelle contra cada uno de los ocupantes, exige que haya sido ejecutoriada, pero es bien sabido que nuestros administradores de justicia no levantan un dedo para actuar en estos casos.

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Tanto los legisladores como el Ejecutivo estaban muy conscientes de que no es poco frecuente que transcurran 15 años sin que se ejecutorie una sentencia de esta clase. Pero, además, los corregidores, en su oportunidad, rehúsan efectuar los lanzamientos. Lo más notorio es que tales corregidores y otros funcionarios coimeros, nunca han tenido que responder ante sus superiores por desacato. Hay más sobre la famosa Ley, pero no contamos con el espacio.

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Afortunadamente, el nuevo ministro de Vivienda contempla revisarla y yo le sugiero que, además, se incluyan sanciones penales para los invasores, puesto que ya existen penas para quienes roban energía eléctrica, servicio telefónico y otros bienes, pero en el caso de los inmuebles se pretendía premiarlos. Y así iba nuestra alegre y confiada Panamá, rumbo al despeñadero del populismo socialista que adormece y atrasa a los pueblos, acostumbrándolos a recibir dádivas del gobierno, pero que, sin percatarse, ellos mismos son quienes se las pagan y a un alto costo.

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El MIVI debería comprar predios, invadidos o no, pagándolos con bonos del Estado, si es necesario, para venderlos a sus ocupantes y poder ir reduciendo el enorme déficit habitacional que en la era torrijista produjo la Ley 93 de 1973, sobre arrendamientos, aún vigente. Lo de las compras lo he propuesto al MIVI antes, aunque sin resultados, pues han preferido mirar en otra dirección, siempre que sean los particulares y no el gobierno, los que carguen con el oneroso costo.
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EPublicado el 24 de julio de 2009 en el diario la Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.