La re-ingeniería del presupuesto estatal

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La opinión de…

Eloy  Fisher 

La reciente polémica entre el Ministro de Economía, Alberto Vallarino, y el Ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu respecto al presupuesto estatal debe exhortarnos a la reflexión.   Más que un tema político, es más provechoso encuadrar este problema como otro de los tantos desafíos frente a la administración pública panameña.

La redacción del presupuesto estatal es una cuestión vital para el correcto funcionamiento del Estado. Lamentablemente, en cada nivel de deliberación, el presupuesto carece de estudios técnicos que le den fundamento y soporte, tal como mencioné en un artículo anterior.   En cada entidad pública, el arrastre de la burocracia y de sistemas torcidos de incentivos obstaculizan la formulación de planes. Si bien la Dirección del Presupuesto (dentro del Viceministerio de Economía) tiene la responsabilidad de cuadrar y cotejar el proceso de solicitudes durante las consultas del Consejo de Gabinete, su subordinación al ya poderoso engranaje del MEF la hace dependiente al re-juego burocrático y la distancia del proceso estratégico de toma de decisiones.

Por eso, no estoy de acuerdo en la iniciativa del Presidente Martinelli. A mi juicio, ¡no es lo suficientemente ambiciosa! En Estados Unidos, la Oficina de Administración y Presupuesto (OAP) es una dependencia directa de la Oficina del Presidente. Inicialmente una dependencia del Tesoro, el Presidente Roosevelt la adscribió a la Casa Blanca en 1939 y la encargó de evaluar los planes de gastos del Presidente respecto a la efectividad de sus programas y procedimientos.

Tanto en Estados Unidos y Panamá, le corresponde al congreso estudiar, aprobar o no aprobar el presupuesto. Pero los contrapesos institucionales son débiles en Panamá y por eso, el debate hoy se centra en el rol y poderío del Presidente en este tema, cuando debería girar en torno a la capacidad de la Asamblea de entender y deliberar profundamente sobre planes del Ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso de EEUU cuenta con una oficina encargada de comentar, de forma pública y objetiva, las propuestas del Ejecutivo y de la incidencia de sus planes a futuro.   En Panamá no existe un organismo similar en la Asamblea de Diputados que pueda producir, institucionalmente, estos estudios–. La labor heroica de los funcionarios de la Secretaría Técnica de Presupuesto radica en mantener la integridad legal y contable de este extenso y complejo documento.

Por eso, se hace necesario profesionalizar el andamiaje estatal de forma que existan instituciones profesionales, en el Ejecutivo y en la Asamblea, que hagan más transparente la evaluación y estudio del presupuesto estatal. Más allá de conspiraciones políticas, más allá de esa politiquería panameña que hoy desincentiva la administración competente de la cosa política, se necesitan nuevas ideas desde todos los espectros políticos, en el gobierno y en la oposición, para repensar la gestión pública. Sólo así, Panamá avanzará.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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La baja ejecución presupuestaria

La opinión del Periodista….

ERNESTO A. QUIJADA DÍAZ

Si en este país hay una persona que quisiera darle respuesta a los grandes problemas, a los medianos y a los chicos también, esa persona se llama Ricardo Martinelli. Hemos sido testigos a lo largo de su administración de que, a diferencia de otros mandatarios, éste exige trabajo, concreción de obras y cumplimiento de lo establecido en el presupuesto de rentas y gastos.

Al parecer el no conocimiento de las responsabilidades en el manejo de la Cosa Pública de algunos de los ministros de Estado y directores de entidades públicas, no los impulsa a darle el seguimiento adecuado que requieren los programas que desarrolla el gobierno. La burocracia asfixiante, la lentitud de los subalternos, los intereses que se afectan con el desarrollo, los interesados en mantener el estatus quo, resultan elementos que paralizan el desarrollo de los programas que se han diseñado para responder al clamor de las comunidades.

A casi un año de gobierno, existen metas cumplidas que han redundado sustancialmente en la percepción de los electores, de allí el nivel de aceptación que tienen el presidente y algunos de sus ministros. Programas como 100 para los 70, la Red de Oportunidades, las campañas permanentes del Minsalud, el accionar del Mici, en lo relativo a inversiones y captación de recursos para el país, el Mop, con su plan de casi $1000 millones en desarrollo de infraestructura vial, el Inadeh con su programa de capacitación masiva, la ampliación del Canal, el desarrollo urbanístico que tiene diseñado el MIVI, el mejoramiento del hato ganadero y las políticas agropecuarias, el Metro y Metrobús, la actualización de los planes de estudios en el sector educativo, la beca universal, los indicadores macroeconómicos del MEF, son, entre otras, respuestas que ha brindado el gobierno.

Pero existen varias agencias gubernamentales y lo más preocupante, ministerios, que al día de ayer ofrecen un bajo nivel de ejecución presupuestaria, lo que ha motivado al presidente a hacerles un enérgico llamado de atención. La llegada a un cargo público implica una responsabilidad ampliada para con la población y con el gobierno. No es para recibir honores y halagos de parte de quienes esperan respuestas. Y eso parecen no entenderlo algunos de los que hoy se sientan en el Concejo de Gabinete.

Ya se cansó Martinelli de los funcionarios con mococoa, de personas que se cansan de descansar, que no tienen velocidad de marcha y que no le han agarrado el paso a un presidente que quiere cumplir con las promesas electorales, pero ir más allá, para darle solución a los apremiantes problemas que nos afectan a todos en el país.

Es, pues, propicia la ocasión para llamar a capítulo a estos inmodestos que aún transitan con el efecto embriagante del cargo, para que se arremanguen la camisa y sientan la necesidad de darle respuesta al país, pues, cada uno de los funcionarios tiene un radio de acción del cual debe ser responsable, para beneficio de todos en el país.

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Este artículo fue publicado el  19 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor , todo el crédito que les corresponde.

La baja ejecución presupuestaria

La opinión de…

Eloy Fisher

Uno de los problemas de tener un ambicioso plan de gobierno, es precisamente llevarlo a cabo. No se trata de mala voluntad, incapacidad o de demagogia, sino de los escollos operativos que afectan a toda administración. Tener un plan no significa ejecutarlo: para realizarlo, es necesario no sólo conseguir las partidas, sino ser fieles a un cronograma con innumerables contigencias en su desarrollo.

El diseño de un presupuesto es un asunto complejo de hacienda pública, y no aburriré a los lectores con los detalles; sólo me concentraré en la fase de ejecución presupuestaria.   De acuerdo a los manuales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta ejecución se realiza en asignaciones mensuales que deben presentar las instituciones al Consejo de Gabinete apruebe el presupuesto.   En ese documento se cotejan los ingresos y los egresos, los saldos en caja y cómo se concatenan estas cifras con las metas del proyecto, establecidas con relación a programas de trabajo y cronogramas definidos con antelación.

Por eso, se requiere mucha planificación y más importante aún, seguimiento y evaluación de las metas presupuestarias. En administraciones con interés en realizar cambios apresurados, esta parte de la ejecución presupuestaria se enfrenta con el grave desafío de revisar los planes periódicamente.

Peor aún, en nuestra legislación existen distorsiones que aceleran el proceso, a riesgo de menor transparencia, planificación y evaluación. En lo que respecta a inversiones de ejecución a corto plazo, una vez aprobado el presupuesto, las instituciones estatales deben contratar a quienes realizarán los proyectos y con eso, empatar objetivos y flujos de efectivo de antemano de acuerdo al principio de disponibilidad presupuestaria, hecho que añade un nivel de complejidad adicional. A raíz de los recursos legales disponibles en un sistema de justicia demorado, existen incentivos para recurrir a la contratación directa ante el MEF, el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Gabinete, y con ello, a menores niveles de fiscalización presupuestaria.

Sin duda, existen muchas salvedades, el Estado en materia de gasto público se administra diariamente por excepciones y no por reglas, especialmente en países tan políticamente impredecibles como Panamá.   Pero es claro que el gobierno contrató directamente en un año casi 200 millones de dólares, y e incluso tuvo que reformar esta ley a fin que las instituciones públicas accederían a ventanas favorables en caso de urgencia social.   Si bien el Ministro Vallarino reconoció que en muchos de estos gastos no existe alternativa, el problema radica en que el no tener alternativa da pie a estos resultados.

El regaño del Presidente Martinelli es meritorio por lo anterior, pero también lo debe ser una revisión a la premura con que hoy se gestiona y los incentivos existentes para menores niveles de planificación y seguimiento. Existen proyectos que hoy se llevan a cabo dentro de un plan coordinado, que si bien no es perfecto, pueden ser de gran provecho nacional: el Metro es un candidato viable. Sin embargo, otros tantos, especialmente aquellos llamados a resolver situaciones de urgencia social no parecen engarzarse dentro de un plan coordinado y comprensivo, y son estos los que merecen más atención… o regaños, según sea el caso.

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.