Universidad para el siglo XXI

La opinión de:

Francisco Diaz Montilla

En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:

1. Impulsar el desempeño institucional.

2. Apoyo estatal a la educación superior pública.

3. Política y precios de la matrícula.

4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.

5. Preparación para la universidad.

6. Inmigración.

7. Educación en línea y educación basada en competencias.

8. Armas en el campus.

9. Desarrollo económico y laboral.

10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.

Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.

Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).

En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.

La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.

Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.

<> Este artículo  se publicó el 30 de mayo en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde
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Acerca de la Universidad secuestrada

 

La opinión de:

Francisco Herrera

Un efecto grave del clientelismo interno en la Universidad de Panamá (UP) ha sido la merma de la academia, entendida esta no como su estamento de docentes, sino como su hacer intelectual, investigativo y crítico de la realidad. Su función se ha reducido en la mayor parte a la de docencia, importantísima si no fuera porque no está apoyada por la investigación y el debate crítico de la realidad.

La politización negativa de los docentes, educandos y administrativos se ha convertido en el mecanismo de control y desarrollo de la institución, hasta crear un desbalance de poder, anómalo e incongruente con el deber ser de la UP. Se desplaza al profesorado por segmentos administrativos y estudiantiles, afiliados mediante planilla a la estructura de las decisiones.

Se ha dicho hasta la saciedad que la UP es un microcosmos del país. Si la intención es que la realidad de la nación proyecta sobre la vida universitaria sus virtudes y defectos, podríamos estar de acuerdo, pues se trata de una institución formada por seres humanos y miembros de la misma sociedad. Pero hasta ahí el símil. Si lo repetimos como una aceptación de una verdad que es imposible cambiar, entonces la UP estaría de más, como institución pública formadora de agentes sociales de calidad para una continua renovación. Aunque, de hecho y como institución pública dependiente del poder del Estado, a pesar de su autonomía relativa, ha sufrido los avatares de la dinámica política.

Uno de estos elementos es el presupuesto asignado por el Estado para su funcionamiento. El otro es la incidencia estatal en la selección de los poderes administrativos, a través de fuerzas políticas externas que operan en el campus, los partidos políticos.

Como institución pública de educación superior, la UP ha jugado momentos estelares en la construcción de la conciencia ciudadana. Algo de ese sedimento se mantiene en el país y en algunos estamentos dispersos, en conjunto con la academia y, probablemente, entre los estudiantes y administrativos.

Los años de funcionamiento durante el periodo militar tuvieron efectos contradictorios. Por un lado, se creó una subcultura clientelar (no dudo que también la hubiera en el periodo anterior, como se comentaba cuando fuimos estudiantes), que se intensificó en la medida en que el sistema fue regido desde afuera por el poder. Cuando desaparece ese poder, el sistema de democracia formal le agrega su propio modelo de control, orientado a regular la conducta política de los estudiantes, manteniendo los mecanismos de clientelismo institucional previamente creados.

Lo peor que ha pasado es que el sistema se ha enraizado al punto de que la mala hierba –como la paja canalera– apenas si puede desarraigarse, pues sus raíces son tan intrincadas y extendidas que al cortar una sección horizontal aparece más adelante, reproduciéndose, como la hidra. Tal vez, desconociendo los antecedentes, presumiría que la práctica actual, que emplanilla a dirigentes estudiantiles, es relativamente nueva. Es decir, nueva desde la época militar, pero ha provocado que cada dirigente o cada estudiante que quiere sobrevivir se haga un espacio en la planilla universitaria, sin más formación ideológica y política que los clichés ya desgastados de las protestas armadas, cuando son necesarias.

De forma que, acompañando a un estamento universitario geróntico, se extiende sobre el horizonte una actitud de desfallecimiento institucional que apenas si levanta cabeza en algunas que otras instancias académicas. ¿Contra qué se lucha? ¿Hay lucha? ¿Hay agonía? Agonía significa lucha, pero no parece existir en la UP cuando aun los mejores mantienen callada su inteligencia, proyectándola hacia afuera, como esperando que por rebote tales pronunciamientos reflejen la queja de todo el mundo universitario. No ocurrirá hasta cuando ese grito se haga desde adentro. Y el silencio hasta ahora parece ser el refugio del temor extendido, del autocontrol que reafirma que en boca cerrada no entran moscas.

No se puede decir que la actitud es responsabilidad de los que callan, sino de los que mandan a callar, con múltiples técnicas de amenazas y control social interno.

La academia ha muerto por la muerte segura de una generación que, si alguna vez fue actora en las reivindicaciones nacionales, hoy parece que su agotamiento la induce a la comodidad del silencio.

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Publicado hoy 30 de mayo  de 2016  en el diario La Prensa,  a quien damos, lo mismo que damos al autor, todo el crédito que les corresponde.