Acaparamiento y otros males

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La opinión de….

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Marissa Krienert
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El proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate por la Asamblea Nacional, cuyo autor es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), le otorga a dicha institución la capacidad de rechazar la validez de los derechos posesorios en islas y costas y declararlos “bienes patrimoniales”, así como la discreción para determinar el precio del título basado en el precio de mercado, lo que implica que la gran mayoría de lugareños no va a tener los recursos para pagarlos y los que los adquirieron de ellos, van a tener que pagar dos veces.

La ley ha sido denunciada por 19 gremios, varias embajadas y docenas de inversionistas y lugareños.

Para justificarlo, el MEF ha lanzado una campaña de prensa infernal contra varios inversionistas que han adquirido grandes extensiones de terrenos en costas, sin importar las actividades que van a realizarse con esas tierras o si fueron adquiridas legítimamente. Las razones que el MEF nos da para introducir esta ley tan controversial son: controlar el acaparamiento de tierras, la especulación y negar la posesión a personas que la adquirieron invadiendo las tierras, sin derechos posesorios.

Con relación al acaparamiento de tierras, el hecho de que alguien tenga grandes extensiones de terreno no es necesariamente perjudicial para la sociedad y puede serhasta beneficioso. Si Disney viene a Panamá y necesita 100 mil hectáreas en una isla para hacer un parque de diversión, nadie se quejaría. Hay familias, incluyendo unas muy cercanas al poder, que tienen miles de hectáreas dedicadas a la ganadería, agricultura, conservación ecológica, ingenios, resorts y otras actividades, y nadie se queja.   Si esas personas compraron sus tierras legítimamente y las tienen dedicadas a actividades productivas, están beneficiando al país.   Entonces, ¿por qué se cuestiona y se quiere limitar la cantidad de hectáreas que una persona adquiere en islas y costas?  ¿Cuál es el propósito que se alcanza?

Si lo que queremos es regresar a la reforma agraria de los años 70, cuando el gobierno militar le quitó la tierra a los que tenían grandes extensiones de ella, entonces tenemos que prepararnos para que un gobierno izquierdista, en el futuro, expropie tierras legítimamente adquiridas bajo la excusa de que nadie debe tener muchas tierras.    Pienso que esa no es la intención de este gobierno y, por ende, los que compraron tierras legítimamente de lugareños, deben tener los mismos derechos a titular sus predios que el resto de los ciudadanos, y cualquier campaña en contra o cualquier intento de agraviarlos sería discriminatorio y contrario a la ley.

Con relación a la especulación, ¿desde cuándo el Estado controla los precios de las tierras?   Especular es comprar a un precio para vender a otro más alto y eso lo hacen todos los comerciantes del país.

En Panamá se especula con el precio del combustible, tomate, electricidad, carne, bienes raíces, entre otros. Los mercados de valores son pura especulación.   De hecho, en los últimos cinco años, la ciudad de Panamá se convirtió en un gran circo de especulación con bienes raíces, lo cual enriqueció a miles de panameños.

¿Por qué entonces un inversionista que tuvo la visión de comprar derechos posesorios baratos en lugares remotos del país, no puede venderlos a un precio más alto, especialmente si le hace mejoras y si esta actividad es legal y permitida bajo la ley existente?

El día que regulemos la especulación de bienes raíces, hasta ese día tendremos el mercado inmobiliario que tanto ha beneficiado a todo el país.

El otro argumento que usa el MEF es que hay personas que se tomaron tierras desocupadas, especialmente bosques, diciendo que había derechos posesorios sobre ellos. Aun si es verdad que esto ha sucedido, el problema no justifica una ley que cuestiona los derechos posesorios sobre bosques que fueron adquiridos legítimamente.

Porque hay borrachos, ¿vamos a prohibir el alcohol?,   porque hay accidentes de carros, ¿vamos a prohibir su circulación?, y porque hay abusos, ¿vamos a prohibir la posesión de bosques?, pues entonces la medicina es peor que la enfermedad y los justos terminan pagando por los pecadores.

La ley no puede ni debe legislar excepciones, sino establecer un principio general, el respeto a los derechos posesorios y su eventual titulación, e investigar caso por caso situaciones donde existan dudas, y tomar las medidas adecuadas en esos casos.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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Tierras baldías y derechos posesorios

La opinión de……

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Mario J. Galindo H.

En fechas más o menos recientes, se ha articulado la tesis de que, conforme al derecho panameño, las tierras estatales comúnmente denominadas baldías se convierten en propiedad de quien, sin más títulos que su propia voluntad, se afinque en ellas y las explote o utilice con ánimo de dueño.

Dicha tesis equivale a afirmar que en Panamá el poseedor de tierras baldías deviene en propietario de las mismas, sin que sea para nada necesario acto de adjudicación alguno por parte del Estado, dado que la referida adjudicación, en el mejor de los casos, solo vendría a reconocer el derecho de propiedad preexistente ya adquirido por el poseedor.

Discrepo de esa tesis. En mi opinión, ella no es de recibo. En Panamá el derecho de dominio o de propiedad sobre las tierras estatales, sean éstas de dominio público, baldías o patrimoniales, no se puede adquirir mediante el simple acto de ocuparlas y de poseerlas, independientemente del tiempo que dure la posesión.

Así lo disponía la parte pertinente del artículo 1670 del Código Civil aprobado en 1917, según el cual “las tierras baldías nacionales son imprescriptibles”, y así lo dispone hoy esa misma norma a tenor de la reforma que se le introdujo mediante el Decreto de Gabinete No. 75 de 21 de marzo de 1969, que preceptúa que “las tierras de propiedad de la Nación, de los municipios y de las entidades autónomas o semiautónomas oficiales son imprescriptibles”.

Para los legos en materias jurídicas me permito aclarar, sin entrar en sutilezas técnico–legales, que la prescripción adquisitiva o usucapión es un modo de adquirir el derecho de propiedad o dominio de una cosa por haberla poseído su ocupante durante el tiempo que establezca la ley.   En virtud de la usucapión se produce el fenómeno jurídico, conocido desde los tiempos del derecho romano, de que la posesión se transforma en propiedad.

Las normas del Código Civil que acabo de transcribir disponen, sin ningún género de dudas, que en Panamá esa transformación no puede darse en el caso de los bienes que pertenezcan al Estado.

Tal vez no sea ocioso precisar que la reforma del citado artículo del Código Civil obedeció al hecho de que, como hemos visto, su texto original solo vedaba la prescripción respecto de las tierras estatales que tuvieran el carácter de baldías y no respecto de los demás bienes raíces del Estado.

Esa circunstancia dio lugar a que nuestros tribunales adoptaran en ocasiones la posición de que los bienes patrimoniales del Estado sí eran usucapibles. Para evitar que ello siguiera ocurriendo, se amplió, en la forma indicada, el criterio de la imprescriptibilidad de los bienes estatales, amparándolos así a todos contra el riesgo de la usucapión.

Probablemente el último caso de prescripción de un bien patrimonial del Estado fue el resuelto mediante sentencia de 14 de agosto de 1973 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, dictada incluso después de la aprobación del ya mencionado Decreto de Gabinete No. 75 de 1969.

En dicho caso, la Corte se pronunció en el sentido de que cuando se dictó el referido decreto de gabinete ya el demandante había adquirido por prescripción unos terrenos patrimoniales pertenecientes a una entidad descentralizada del Estado y que como el decreto de gabinete no tenía efectos retroactivos, procedía reconocerle al demandante el derecho de propiedad que ya había ingresado en su patrimonio, por prescripción o usucapión, sobre los terrenos en cuestión.

La Constitución colombiana de 1886, que rigió en Panamá hasta la fecha de nuestra independencia, disponía que las tierras baldías pertenecían al Estado. Lo propio han hecho todas las constituciones panameñas, a partir de la de 1904.

A mayor abundamiento, el Código Fiscal aprobado en 1917 determinó que son tierras baldías “todas las que componen el territorio de la República con excepción de las que en cualquiera época hayan sido legítimamente apropiadas y de las que pertenecen hoy a personas naturales o jurídicas en virtud de justo título”.

Esta definición se repitió en el hoy derogado artículo 100 del Código Fiscal de 1956 y se reprodujo en el vigente artículo 24 del Código Agrario, que reza así:  “son tierras baldías todas las que componen el territorio de la República, con excepción de las que pertenezcan en propiedad privada a personas naturales o jurídicas”.

A la luz de lo que llevo dicho es claro que en Panamá todas las tierras que no sean de propiedad privada pertenecen al Estado, en calidad de tierras baldías, y que, como éstas no son usucapibles, aunque sí enajenables, los particulares únicamente pueden adquirirlas mediante la celebración de contratos de adjudicación con el Estado, en los términos y condiciones que establezca la ley.

Cabe entonces preguntar ¿en qué consisten los llamados derechos posesorios que los particulares derivan de su ocupación de tierras baldías con ánimo de dueño? La posesión es, ante todo, un hecho físico. Así lo entiende la doctrina jurídica desde los tiempos del derecho romano.

De ese poder o señorío de hecho o material sobre las cosas dimanan ciertos derechos que en Panamá han venido a denominarse “derechos posesorios”.

Uno de ellos se tutela a través de la llamada defensa interdictal de la posesión, merced a la cual el poseedor puede retener o recuperar su posesión y así conservarla mientras no sea vencido en juicio por quien tenga mejor derecho sobre el bien de que se trate. Otro es el derecho de traspasar a terceros la posesión, incluso a título herencial.

Sin duda el más importante de los derechos posesorios es, precisamente, el de adquirir, por prescripción adquisitiva o usucapión, la propiedad o dominio sobre el bien sujeto al poder o señorío de hecho del poseedor.

Como queda dicho líneas atrás, por efecto de la usucapión la posesión en concepto de dueño se transforma en el derecho de propiedad sobre la cosa poseída.   De este derecho es titular quien ocupa y posee en Panamá terrenos de propiedad privada, pero no, según queda explicado, quien ocupa terrenos pertenecientes al Estado, sean éstos de dominio público, baldíos o patrimoniales, no importa por cuánto tiempo se prolongue su posesión.

En el caso de los bienes estatales, el poseedor solo puede acceder al derecho de propiedad o dominio sobre las tierras baldías o patrimoniales mediante el correspondiente trámite de adjudicación, siempre con sujeción y con arreglo a lo que sobre el particular disponga la ley.

Así es desde los albores de la República.

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Publicado el 30 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Del discurso a la realidad

La opinión del Diputado de la República….

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JOSE BLANDON FIGUEROA

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Del discurso a la realidad

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A propósito de la discusión del Proyecto Ley sobre derechos posesorios en las costas e islas, ha vuelto a resurgir la tesis interesada de quienes representan poderosos intereses económicos, según la cual ser poseedor equivale a ser propietario y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de titular a quienes dicen ser poseedores y hacerlo al menor precio posible, porque el Estado no está vendiendo el terreno, sino cobrando el trámite de titulación.  Los ideólogos de esta tesis dicen defender los intereses de los lugareños que, por años, han ocupado estas tierras.

Creo que ha llegado la hora de desenmascarar a quienes se escudan detrás de los costeños de Colón o los santeños del Uverito.

En honor a la transparencia que pregonan los voceros de la sociedad civil, y con la cual estoy totalmente de acuerdo, es necesario decir que los principales voceros de esta tesis tienen intereses directos en la titulación de cientos de hectáreas de selva en las costas de la provincia de Darién o representan como abogados, por ejemplo, a una empresa norteamericana que pretende titular, para sí, cientos de hectáreas de selva en la costa Pacífica de la provincia de Veraguas.

No es que crea que eso sea pecaminoso, pero no parece justo en el debate que no salgan a explicar eso y se pretendan escudar en que su verdadero interés es defender a la señora del Uverito que, de a mala, tiene derechos posesorios sobre mil metros de terreno que pretende titular.

Estos voceros pretenden vender como una verdad absoluta algo que ni siquiera se compagina con lo que nuestra Constitución establece.   Contrario al deseo de la Fundación Libertad, la Carta Magna panameña establece un Estado interventor que, como su nombre lo dice, interviene en la vida económica del país bajo la premisa de salvaguardar los intereses de la colectividad y en especial, de los más humildes. En Panamá, la Constitución establece que todo terreno que no es privado es del Estado y, por tanto, se considera baldío.

Y es precisamente por estar baldío que alguien que no es su propietario puede llegar, ocupar el mismo y alegar ser su “poseedor”.   Es poseedor y no dueño, porque el dueño es el Estado. El Estado no es el Gobierno que temporalmente lo administra, el Estado somos todos.

Por tanto, todos somos en parte dueños de ese terreno y el Estado que lo administra, en nombre nuestro, debe buscar darle el mejor uso posible para beneficio de la mayoría.

Dentro de esos mejores usos posibles es perfectamente legítimo que un Gobierno decida que ese mejor uso posible es titular el terreno a quienes son sus poseedores para que puedan desarrollarlo (lo cual puede significar conservarlo en en su estado natural). Pero también puede suceder que el Gobierno decida que es preferible no titularlo. Titular es una potestad del Estado, no una obligación.

Finalmente, hay quienes alegan que existe una posesión “ambiental”.    Según esa teoría, yo puedo llegar y decir que soy “poseedor” de cientos de hectáreas de selva virgen porque estoy “conservándolas”.

Y sobre esta base, el Estado se las tiene que dar a 150 dólares la hectárea para que luego ellos obtengan jugosas ganancias en el mercado internacional de los bonos de carbono y a través de la reforestación (y venta de madera), así como de la explotación de nuestra biodiversidad.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿no tiene más sentido para el Estado, que somos todos, que esa ganancia o parte significativa de la misma vaya para beneficio del erario y no de los bolsillos de unos particulares, así sea una supuesta Fundación? ¿Por qué vender esos terrenos estatales y no, por ejemplo, darlos en concesión?

En el segundo debate en la Asamblea, tendremos oportunidad de discutir estos temas más a fondo. Y prometo explicarle al país con ejemplos concretos cómo pretenden despojarnos de riquezas naturales que son de todos nosotros y no de unos cuantos avivatos, sean panameños o extranjeros.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Benditos derechos posesorios

La opinión de……

Roberto Castro
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Benditos derechos posesorios

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Para quien nunca ha tenido contacto con esta forma de tenencia de la tierra, es difícil entender el estado de temor y aprehensión constante de un 70% de propietarios a quienes les ha tocado vivir tal sensación de inseguridad jurídica, en especial a partir del boom inmobiliario de nuestro país.

A un gran porcentaje de la opinión pública le han vendido la idea de que un tenedor de derechos posesorios es un oportunista, una persona mala que se aprovechó de los terrenos baldíos de la Nación, prácticamente un invasor.

Muy pocos se han interesado por informar a la ciudadanía en el sentido de que tal forma de tenencia de la tierra es normal, no solo en Panamá sino también en la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Las oficinas de Registro Público fueron posteriores a la ocupación de la tierra, pero ahora en Panamá se pretende desconocer este hecho histórico, sentando una doctrina nacida de un antiguo director de Catastro quien, interpretando de manera acomodaticia la Constitución y las leyes, dijo que “todo terreno sin un título de propiedad registrado y amparado solamente con un derecho posesorio es un terreno baldío y por lo tanto pertenece a la Nación”.

Choca brutalmente contra la inteligencia del ciudadano común y corriente el mensaje oficial: de ahora en adelante, la palabra “baldío” significará “ausencia de título registrado” y no sinónimo de “desocupado”, como tradicionalmente lo ha interpretado el pueblo.

El sentido común, el menos común de los sentidos, nos grita a todos con claridad que una oficina de Registro Público es simplemente un gran archivo de todos los propietarios de tierras y que un título de propiedad es simplemente el reconocimiento oficial, la partida de bautismo que el Estado emite a un particular para reconocerle su propiedad.

¿Y cuál es esa propiedad? Pues simplemente la ocupación pacífica, ininterrumpida por determinado número de años, con ánimo de señor y dueño, o la compra de dicha ocupación a otro ocupante originario.

¿En qué momento surge el Estado como un vendedor de propiedad raíz? En el momento en que la Constitución le permite vender tierras que son su patrimonio por estar desocupadas, sin ciudadanos que hagan uso de ellas.   De allí, hasta llegar a vender terrenos ocupados bajo la figura de derechos posesorios, había un solo paso. Y ese paso lo quiere dar ahora el nuevo gobierno.

Fue impactante la exposición que hizo una anciana ciudadana norteamericana ante delegados del MEF en días pasados: “vine a invertir todos mis ahorros en Panamá respondiendo a su campaña de promoción internacional.   Compré los derechos posesorios sobre una pequeña isla y construí un pequeño hotel.   Ahora ustedes me quieren cobrar nuevamente por el título de propiedad.   No solo estoy en imposibilidad económica de pagarlo nuevamente, sino que tampoco me parece serio y justo”.

Como era de esperarse las embajadas de 16 países que tienen suscritos acuerdos bilaterales de respeto a los inversionistas, están incómodas con la posición del MEF, pues el proyecto de Ley 71 se interpreta como una expropiación de tierras ocupadas bajo la figura del derecho posesorio. Nadie entiende cómo es que se elabora un proyecto de ley sin tener en cuenta la existencia de tales tratados bilaterales.

Estoy totalmente de acuerdo con las autoridades del MEF en el sentido de frenar o regular a un reducido grupo de especuladores y acaparadores de las costas e islas panameñas.Pero tiene que existir otra forma de hacerlo sin afectar a toda la población costeña, nacional e internacional.

Cuando Panamá esté totalmente titulado, el desarrollo será viable, los litigios de tierras se minimizarán, los proyectos inmobiliarios y la depredación del medio ambiente serán más fáciles de controlar, pues nadie querrá una expropiación debida al mal manejo de sus tierras, tendremos una mejor imagen internacional respecto a la seguridad jurídica y podremos decir que estamos caminando hacia el anhelado Panamá como país del primer mundo.

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Publicado el 7 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Posesión de Bosques. Proyecto de Ley 71

La opinión de….

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Juan Ramón Sevillano Callejas

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Posesión de Bosques.  Proyecto de Ley 71

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Actualmente, la Asamblea Nacional debate el proyecto de Ley 71, por el cual se reconoce y titulan los derechos posesorios en zonas costeras, en islas y territorio continental. Uno de los temas de mayor debate es el reconocimiento de la posesión ambiental, es decir, la posesión de bosques en manos privadas para propósitos de conservación.

Desafortunadamente, el proyecto de Ley 71 que fue aprobado en primer debate no reconoce la validez de los derechos posesorios sobre bosques, sino que promueve la deforestación y la destrucción de la flora y fauna.

Actualmente, una gran parte de los bosques nacionales se encuentra en manos privadas. La mayoría de las tierras indígenas que no se encuentran ubicadas en las comarcas son bosques.

En los últimos 20 años, miles de panameños y extranjeros, incluyendo prestigiosas organizaciones como la Universidad de Harvard y Ancon, han adquirido bosques en Panamá para la conservación ecológica, actividades de ecoturismo, reforestación, ventas de crédito de carbono e investigación científica, entre otras. De hecho, la mayoría de los proyectos de hoteles y proyectos ecoturísticos en islas y costas requieren de una amplia extensión de bosques como atractivo para sus actividades ecoturísticas.

Desafortunadamente, de acuerdo con el proyecto de Ley 71, la posesión tiene que ser demostrada mediante el uso “habitacional, residencial, turístico, comercial o productivo” de la tierra. Para los autores de la ley, productivo significa que hay que deforestar, construir casas, hoteles, comercio, sembrados, etc. Simplemente, conservando el bosque no es un uso “productivo”.

El proyecto de Ley 71 comete el mismo error que el Código Agrario de 1962. Ese Código declara que nadie puede tener tierras “incultas u ociosas”, las cuales son definidas como tierras que no están siendo labradas o trabajadas. Si una persona tiene tierras “incultas u ociosas”, el Estado tiene el derecho a expropiarlas mediante el pago de una indemnización. El concepto que la tierra tiene que ser trabajada o labrada para que sea “productiva” era correcta en 1962, cuando no había calentamiento global, erosión, sequías que ponen a nuestras agriculturas en peligro, falta de agua desde el mes de enero en Azuero, deslizamientos de ríos, pandemias y muchos otros problemas causados por las acciones del hombre al dañar el medio ambiente.

Hoy día, el mejor uso de la tierra es para la conservación ecológica, pues nos da oxígeno, agua y muchos otros servicios ambientales. Es decir, la tierra más productiva es la que no se labra ni trabaja, sino que se conserva.

La Ley 1 de 1994 (Ley Forestal) reconoció esta nueva realidad, y por ende establece el concepto de la posesión ambiental, y crea las llamadas reservas privadas. Es decir, una persona que protege, conserva, cuida y controla un bosque, tiene la posesión y no tiene que deforestar. ¿Por qué, si ya habíamos superado esta etapa negra en nuestra historia, ahora vamos hacia atrás?

El proyecto de Ley 71 también entorpece el movimiento mundial más importante de nuestros tiempos. Panamá estará presente en la cumbre de Copenhague que ha de realizarse en diciembre, donde se implementará un sistema de pagos por créditos de carbono, que beneficiará a personas privadas que tienen tierras dedicadas a la reforestación y a la conservación. Es decir, pronto los que tienen bosques pueden decidir si es más rentable recibir pagos por proveer servicios ambientales o labrar la tierra.

Cientos de miles de panameños que hoy día tienen pequeños bosques pueden en el futuro vivir de ellos sin tener que derrumbarlos. ¿Por qué vamos a matar la gallina de los huevos de oro sin darle oportunidad a que ponga primero? (Un diputado dijo recientemente que “los créditos de carbono son del Estado”, sin embargo, el artículo 437 del Código Civil dice que “el poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos”, y los créditos de carbono son frutos de los árboles que absorben dióxido de carbono al crecer).

Panamá tiene que adoptar medidas competitivas o se va a quedar atrás en un mundo que cada día valora más la conservación de los bosques en manos privadas.

En Costa Rica, los poseedores de bosques no solo tienen el reconocimiento oficial del Estado, sino que el Estado les paga por conservarlos.

Costa Rica tiene 538 eco-lodges, Panamá 28. Directa e indirectamente, los bosques contribuyen 15% del PIB de Costa Rica, mientras que nuestros bosques casi no contribuyen nada a nuestra economía. Tenemos un potencial enorme, pero para explotarlo necesitamos leyes que incentiven la conservación ecológica y no que la penalicen.

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Publicado el 5 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los derechos posesorios y el contrasentido del gobierno

La opinión de…..

RAUL EDUARDO MOLINA

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Los derechos posesorios y el contrasentido del gobierno

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La posesión es definida por el Código Civil como “la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño” (Art. 415).   Esta definición tiene al menos 2 mil 300 años y deriva del Derecho Romano.

Aunque per se no es propiamente constitutiva de la propiedad, sí es la génesis de la misma y en el caso panameño, producto de la incompetente mora del Estado panameño en titular las tierras desde el inicio de la República, se ha constituido en la única forma en que muchos panameños han ejercido dominio sobre las tierras que han trabajado por años e incluso por generaciones.

Como muestra de la importancia de esta figura en nuestras leyes podemos mencionar solo algunas afirmaciones que hace la ley, como por ejemplo la posesión, siempre se presume de buena fe y a quien afirma que el poseedor de una cosa lo es de mala fe, le corresponde probar su afirmación (Art. 419 del Código Civil).

El poseedor tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo (Art. 434 Código Civil).    Quien es privado injustamente de su posesión tiene derecho a pedir que se le restituya la misma (Art. 607 del Código Civil) y si el despojo de la posesión lo hace una autoridad, ello en nada afecta los derechos del poseedor despojado que tiene derecho a recurrir ante los tribunales. (Art. 1361 del Código Judicial). La posesión se entiende constituida cuando existe al menos un año de dominio sobre el bien poseído (Art. 599 Código Civil).

Sin embargo, todas estas normas legales son desconocidas por la llamada “doctrina Colamarco” (por la administración de la Dirección de Catastro por parte de Benjamín Colamarco entre 2004–2005), que consiste en que “todo terreno no titulado pertenece al Estado” y se basa en una desatinada interpretación del artículo 257, numeral cuatro de la Constitución que señala que pertenecen al Estado “las tierras baldías”, como si el término baldío incluyera (que no lo hace) tierras legítimamente poseídas, pero no tituladas.

Aceptar como cierta la doctrina Colamarco, como parece hacerlo el Gobierno, implica el mayor despojo en la historia republicana, pues ello constituye una expropiación de hecho, sin juicio ni indemnización en violación del artículo 48 de la Constitución.

Pero nuestra Asamblea Nacional no solo ha adoptado la doctrina Colamarco, sino que la ha refinado considerablemente cuando en el proyecto de ley No. 71 modificado en primer debate, se afirma que “se reconoce la posesión de una persona natural o jurídica, que demuestre haber ejercido el dominio material con ánimo de dueño de una manera pacífica e ininterrumpida por mayor a cinco años sobre las tierras patrimoniales de la Nación”.

La afirmación anterior es incongruente, puesto que si las tierras a las que se refiere la norma, se afirma que son patrimoniales de la Nación, no puede a la vez, reconocerse posesión de terceros sobre las mismas.

Y un elemento adicional es que si reconoce la posesión sobre tierras que son patrimonio de la Nación, no puede a la vez pretenderse cobrar (como lo hace el proyecto) por vender dichas tierras, puesto que entonces corresponde al Estado probar que es dueño de esas tierras supuestamente patrimoniales de la nación, lo cual no se hace declarándolo en una ley, sino presentando las pruebas (certificado de Registro Público que acredite tal afirmación) en un juicio.

Pero además, de adoptarse la doctrina Colamarco, el Estado deberá pagarse impuesto de inmueble a sí mismo, pues dicho impuesto aplica sobre todos los terrenos ubicados en territorio nacional, tengan éstos o no título de propiedad inscrito en el Registro Público (Art. 763 del Código Fiscal).

Lo curioso de este galimatías jurídico provocado por la “administración del cambio” es que pretende justificar una expropiación masiva de tierras, sin juicio, ni indemnización, en violación de la Constitución, pese a que en su plan de gobierno prometió titular masiva y gratuitamente las tierras de los panameños que han ejercido en debida forma derechos posesorios sobre las mismas y no han podido titular sus tierras por la incompetente mora del Estado panameño en hacerlo.

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Publicado el 26 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Los “encomenderos” de hoy

La opinión de…..

OLMEDO MIRÓ

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Los “encomenderos” de hoy

Escuchaba un comercial de radio publicitando la manera como una empresa minera ayuda a los campesinos locales… esto me hizo recordar mis clases de historia. Cuando los colonizadores españoles gobernaban, cuentan los historiadores, establecieron un sistema de control basado en el estatus o “casta” de los habitantes de la región.

Primero estaba el rey, luego estaban los peninsulares representantes del rey,   seguidos por los criollos, europeos nacidos en el nuevo mundo, luego los indígenas y por último los esclavos.

Las leyes de la época, y su aplicación, claramente reflejaban este sistema sin resabios.

La asignación de propiedades y, más importante, los contratos sobre las mismas, era fiel reflejo del sistema.

Antes de que descarguemos nuestros prejuicios “liberales” contra este orden social de nuestros colonizadores quiero que observen algo, la colonia duró más de lo que nosotros hemos sido independientes.

Esto forjó nuestro pensamiento sobre el orden social de una manera mucho más profunda de la que queremos admitir en nuestra época liberal, tanto así que todavía no hemos podido erradicar el “fondo” de este sistema enquistado en nuestra legislación, en especial en lo que atañe a leyes atenientes a la propiedad privada y su uso.

A principios del siglo XIX, hace casi 200 años, producto de un accidente histórico, la invasión de Napoleón a España, nos vino la independencia.   Los criollos locales destronaron a los peninsulares y para llenar el vacío de legitimidad legal, empezaron a importar las ideas y legislaciones liberales que en esa época estaban “de moda” en el viejo continente.

Y como siempre sucede con todas las modas, se adopta la “forma” y no el “fondo”.   Hoy en día, todos, sin excepción, hablamos y vemos el mundo de una manera “liberal”; todos los ciudadanos iguales ante la ley, fundamento de liberalismo, nadie discute eso.   Sin embargo, en la práctica, en la creación de leyes y aplicación de las mismas, difícilmente hemos superado la época de las “encomiendas coloniales”.

Me refiero en específico, entre otras cosas, a los derechos a la propiedad y sus recursos naturales en nuestro país y a la filosofía detrás de ellos. Tal como las antiguas encomiendas, tierras concesionadas por el rey a cambio de un uso “particular” de las mismas por parte de los “encomenderos”, el uso de los derechos de propiedad sobre la tierra, actualmente, está condicionado al uso que se le de a la misma y no al individuo propietario.

Por ejemplo, el problema de las represas en Chiriquí,  donde si tienes la mala suerte de tener una finca justo en el lugar donde alguien recibe una concesión, por parte del rey (el Estado), para utilizar el recurso natural, a ti solo te toca ver cómo pierdes posesión (obligándote a “vender”) de algo que tú una vez pensaste que era tuyo y de tu libre disposición. ¿Qué es mi finca?  ¿Una concesión para cultivar arroz y ganado, pero no su subsuelo?   ¿Quién tiene verdadero derecho de usufructo de los recursos del subsuelo, el rey y su corte o su legítimo dueño?   Otro ejemplo, el de las islas, que ahora que el turismo está de “moda”, con una nueva ley se pretende condicionar su titulación a su uso “turístico”.

En un régimen como el descrito, cuando no en palabra por lo menos en la práctica, los derechos de los individuos sobre su legítima propiedad y su utilización plena se ven limitados a su acceso a la “corte real”, o, en el caso contemporáneo, al lobby ejercido por grandes bufetes de abogados y a las personas que tienen acceso a ellos que no son, ni van a ser, un campesino chiricano propietario de una finca con potencial hidroeléctrico o un pescador con un ranchito al frente de una hermosa playa.

Lo mismo pero peor, como decía la frase, ya que en el antiguo régimen por lo menos a través del rey se tenía una visión a largo plazo, hoy nuestros reyes duran cinco años, y muriendo el rey cambia la interpretación, como consecuencia, el perpetuo caos y la inseguridad de los resultados.

Si queremos hacer de Panamá un Estado moderno, de derecho, tenemos que entender que un estado de derecho se basa en la igualdad ante la ley de los ciudadanos y esta igualdad ante la ley se basa en la libertad de contratación de la propiedad y bienes individuales a través del intercambio voluntario.

Cuando esta libertad se ve condicionada a leyes que limitan el uso de la propiedad, un sistema basado en la discrecionalidad y acceso al poder surgirá a cambio, creando la inseguridad y sentido de injusticia y eventualmente desencadenará en Estados fracasados.

Estos problemas solo se solucionarán cuando los campesinos panameños o cualquier propietario, se puedan hacer ricos con los recursos de sus tierras y subsuelo, de los cuales son legítimos dueños y no los “encomenderos” que asigne el rey de turno.

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Publicado el 19 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA,   a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.