El derecho como razón

La opinión del Abogado,  Administrador de Empresa y Docente Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Si el derecho es razón, y la razón es reina; reina el derecho como razón de todas las cosas. El derecho, como toda obra humana, nació por algo y para algo. Tiene objetivos y fines que a la vez son su razón de ser. Pero, ¿qué es ese algo que el derecho desea lograr? ¿Hacia dónde se dirige la ciencia jurídica? ¿Cuáles son los valores que forman parte de su ser y que al mismo tiempo quiere introducir en la sociedad?

Para algunos ese algo son los valores fundamentales de la sociedad. Para otros son los valores jurídicos, mismos de todo ordenamiento normativo. Immanuel Kant expresa en relación a su significado que: “todavía buscan los juristas una definición de su concepto”, aun cuando él mismo lo define como: “el complejo de las condiciones por las cuales el árbitro de cada uno puede coexistir con el árbitro de los demás, según una ley universal de libertad”. Independientemente de la definición que le demos, rescato una sola palabra de la definición de Kant, “complejidad”, o sea, algo que tiene muchas y múltiples facetas, objetivos, fines, sistemas, y por qué no decirlo algo nada fácil de manejar.

La Real Academia nos entrega al menos tres acepciones de la palabra fin: “Término, remate o consumación de algo”, etc., pero para los efectos de este análisis, “los fines” (el fin de) es el propósito hacia donde queremos llegar, los ideales que deseamos alcanzar. Por esta ambigüedad de la expresión (fines), encontramos autores tan importantes como Aftalion afirmando que “la justicia, el bien común, la paz, la equidad, la seguridad (los fines y principios del derecho para muchos), nunca podrán ser considerados como fines, pues nunca podrán ser alcanzados.

Pareciera ser, entonces, que los fines del derecho ¿no son más que una utopía?   Imposibles de lograr, por lo complejo de sus propósitos o, por el contrario, son propósitos que una vez alcanzados ¿debemos abandonar? Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. Lo que sucede en realidad es que la historia no se detiene; es dinámica, es progresiva y, como decía Einstein, “lo único permanente en el tiempo es el cambio”, y una vez se logra un fin, aparecen nuevos fines (propósitos).

Por otro lado, para San Agustín la justicia nunca podría ser alcanzada o lograda en la tierra, seguramente tenía razón. Sin embargo, es en este raciocinio que encontramos la fundamentación de los fines del derecho, pues no podemos negar que el derecho, sus principios y su fines han ido evolucionando a través del tiempo y la historia, siempre avanzando en sus logros, aunque en algunos instantes (de la historia) pareciera que los hubiéramos retrotraído (I y II Guerra Mundial por ejemplo).

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<> Este artículo se publicó el 30 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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El Derecho como Razón (Parte II)

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La opinión del Administrador de Empresas, Abogado  y Profesor Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira

Los fines son puntos de llegada, pero también son ideales utópicos permanentes, que no se abandonan por el hecho de no lograrlos de manera absoluta, ni inmediata (desde el punto de vista del ideal), que se nutren, se alimentan, de éste permanente estado de sentir haber alcanzado algo, pero sin haber llegado al fin (propósito último, máximo) de nuestro ideal.

Por lo anterior nos parece importante acotar que el abogado es el profesional que deberá formarse con los conocimientos y habilidades necesarias y suficientes para comprender y evaluar el campo y las problemáticas inherentes al derecho, con una sólida conciencia de su responsabilidad y compromiso social para el logro de los fines y principios del derecho, o sea: la justicia, la equidad, el bien común y la paz social.

“Pero urge reivindicar el concepto de Abogado y revertir lo que expresa Pío Baroja en una de sus obras: “en España (Panamá), todo el mundo es Abogado mientras no se pruebe lo contrario”; “ya que no sirves para nada útil, estudia para Abogado”.    La abogacía a través de los años ha sido brutalmente vilipendiada por elementos externos al ejercicio de la profesión, y por que no decirlo, también por elementos internos que no han sabido o no han querido cumplir con la razón de ser del abogado, que no es otra que luchar por la Justicia.

Tal ha sido esta situación que lo establecido en el numeral 15 del artículo 77 de la primera Constitución Nacional de la llamada República del Istmo de 1841: “Conceder Patentes de Corso cuando así lo determine el Congreso”; ha sido perniciosa y malévolamente estigmatizada como sinónimo del ejercicio de la abogacía, lo que representa una total y absoluta injusticia para con tan noble profesión.

“La Abogacía no es una consagración académica, sino una concreción profesional. Nuestro título universitario no es de “Abogado”, sino de “Licenciado en Derecho, que acredita ejercer la profesión de Abogado”.    Quien no dedique su vida a dar consejos jurídicos y pedir justicia en los Tribunales, será todo lo licenciado que quiera, pero Abogado, No”.

Esta formación (responsabilidad en gran medida del Docente Profesor) deberá ser frecuentemente actualizada, de manera integral, científica y humanística en lo teórico y lo práctico que coadyuve al desarrollo y búsqueda de ordenamientos jurídicos que posibiliten el desenvolvimiento pleno de las capacidades y habilidades humanas; debe además ser capaz de interpretar y aplicar adecuadamente la reglamentación jurídica de acuerdo con los fines del derecho y las nuevas exigencias de la sociedad. “Los esfuerzos innegables de un profesorado joven y culto, no bastan a remediar el mal, que es de organización, de sistema y de educación. No se puede vivir sin la Universidad, pero hay que cambiarla”.

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<>Artículo publicado el  30  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Interpretación de la norma constitucional

La opinión del Doctor en Derecho,  Abogado y Docente Universitario….


HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA
nanchy@hotmail.com

Independientemente de la designación que hiciera el Consejo de Gabinete sobre el fiscal especializado para la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, a fin de que ocupe el cargo de procurador general de la Nación —lo cual considero ha sido muy atinado—, los medios de comunicación divulgaron el nombre de la secretaria ejecutiva de la Secretaría de Asuntos Legales de la Presidencia, Lucía Chandeck, como el posible reemplazo a dicho cargo de procurador, lo cual generó en su momento, dentro del gremio de abogados, un debate en la interpretación de las normas constitucionales, porque la misma fungió por escasos días como viceministra de la Presidencia, encargada, configurándose así, según opinión de algunos juristas, en una de la prohibiciones establecidas en el artículo 203 de la Constitución.

Dicho artículo, señala en resumen que, ‘No podrá ser nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia: quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso’, tomando en consideración que el artículo 224 constitucional preceptúa que ‘El Procurador General de la Nación y el Procurador de la Administración serán nombrados con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia’.

Si queremos darle otra interpretación a nuestras normas constitucionales, observamos que el artículo 221 de la Constitución es muy claro en señalar que para ser procurador general de la Nación y procurador de la Administración se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los requisitos son los mismos; pero en cuanto a las prohibiciones, el citado artículo 203 establece una serie de prohibiciones que pareciese son exclusivamente para efecto del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como es el hecho de quien esté ejerciendo o haya ejercido el cargo de diputado de la República o suplente de diputado durante el período constitucional en curso, así como quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso.

Nos preguntamos entonces: ¿cuáles son las prohibiciones que menciona el artículo 224 de la Constitución?, ¿serán las mismas que menciona el artículo 203? Pareciese que sí son las mismas prohibiciones, pese que algunos abogados quieren darle otra interpretación. Así las cosas, no hay duda de que con este caso, como el de Bosco Vallarino, referente a su estatus de nacionalidad y ciudadanía, y el de la situación jurídica sobre la existencia de un procurador suplente o procurador encargado, lo que evidencia es la ambigüedad en la redacción de nuestras normas constitucionales, tal como analizamos en el artículo titulado: ¿Gazapo Constitucional? (La Prensa de 2/2/2010), cuando se debatía el nombramiento de un procurador suplente o procurador encargado.

Es importante que nuestra Constitución contenga normas redactadas lo más claro posible, pues, de no ser así, entraríamos en el ejercicio de aquella actividad intelectual de comprender, explicar o declarar el sentido de todo aquello que es objeto; es decir, interpretar, porque la interpretación no solo esclarece el sentido de la norma, sino también el sentido de los hechos que suscitan un problema jurídico.

Es así, que el Derecho, por ser una ciencia considera una amplia gama de temas que se correlacionan, entre los cuales está la interpretación jurídica dentro de la cual está estrechamente ligada a la interpretación constitucional, y para el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial importancia, pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organizan la convivencia política y social de un país. Además, dada su peculiar característica de norma suprema del ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido a su inconstitucionalidad.

No cabe duda que nuestra Constitución tiene una redacción ambigua, confusa, la cual facilita al choque de interpretaciones. De ahí la importancia en la necesidad de crear una nueva Constitución, que contenga una redacción clara de sus normas, sin que se preste al juego de interpretaciones más allá de la literal, como podría ser una interpretación de carácter político-legal, porque la Constitución está dirigida a todos los ciudadanos y no de manera exclusiva a los abogados, así como aprovechar la coyuntura de un nuevo texto constitucional para crear figuras modernas como es la creación de un Tribunal o Corte Constitucional, así como la creación de un Consejo de la Judicatura que vele por el nombramiento de nuestros jueces y fiscales, conforme a méritos y no por ‘palanca’.

 

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<> Este artículo se publicó el  31 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Derecho como Razón (Parte I)

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La opinión del  Abogado, Administrador de Empresa, Profesor Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira 

Si el Derecho es Razón, y la Razón es Reina; Reina el Derecho como Razón de todas las cosas. El Derecho como toda obra humana, nació por algo y para algo. Tiene objetivos y fines que a la vez son su razón de ser. ¿Pero, qué es ese algo que el derecho desea lograr? ¿Hacia dónde se dirige la ciencia jurídica? ¿Cuáles son los valores que forman parte de su ser y que al mismo tiempo quiere introducir en la sociedad?

Para algunos ese algo son los valores fundamentales de la sociedad. Para otros son los valores jurídicos mismos de todo ordenamiento normativo. Immanuel Kant, expresa en relación a su significado que: “todavía buscan los juristas una definición de su concepto”, aun cuando, él mismo lo define como: “el complejo de las condiciones por las cuales el árbitro de cada uno puede co-existir con el árbitro de los demás, según una ley universal de libertad”. Independientemente de la definición que le demos, rescato una sola palabra de la definición de Kant, “Complejidad”, o sea, algo que tiene muchas y múltiples facetas, objetivos, fines, sistemas, y por que no decirlo algo nada fácil de manejar.

La Real Academia nos entrega al menos tres acepciones de la palabra fin: “Término, remate o consumación de algo”, etc., pero para los efectos de éste análisis, “los fines” (el fin de) es el propósito, hacia donde queremos llegar, los ideales que deseamos alcanzar. Por ésta ambigüedad de la expresión (fines), encontramos autores tan importantes como AFTALION afirmando que “La Justicia, El Bien Común, La Paz, La Equidad, La Seguridad (los fines y principios del derecho para muchos), nunca podrán ser considerados como fines, pues nunca podrán ser alcanzados.

Pareciera ser entonces que los Fines del Derecho, ¿no son más que una Utopía? Imposibles de lograr por lo complejo de sus propósitos; o por el contrario son propósitos que una vez alcanzados, ¿Debemos abandonar? Pues bien, ni lo uno, ni lo otro. Lo que sucede en realidad es que la historia no se detiene; es dinámica; es progresiva; y como decía Einstein “lo único permanente en el tiempo es el cambio”, y una vez se logra un fin, aparecen nuevos fines (propósitos).

Por otro lado para San Agustín por ejemplo, la Justicia nunca podría ser alcanzada o lograda en la tierra, y seguramente tenía razón. Sin embargo, es en éste raciocinio que encontramos la fundamentación de los fines del derecho, pues no podemos negar que el derecho, sus principios y su fines han ido evolucionando a través del tiempo y la historia, siempre avanzando en sus logros, aunque en algunos instantes (de la historia) pareciera que los hubiéramos retrotraídos (1ra. y 2da. Guerra Mundial por ejemplo).

 

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<>Artículo publicado el  26  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El dolo, la culpa y la cadena de mando en el derecho penal

La opinión del Jurista…


Ramiro Guerra Morales 

A los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se les plantea la oportunidad en virtud de la acción de habeas corpus presentada por nuestro hermano, el Dr. Silvio Guerra, de esclarecer varios tópicos relacionados con la investigación del caso de los envenenamientos de miles de compatriotas producto de la ingesta del jarabe contaminado por sustancias tenidas como mortíferas para la salud y como en efecto ocurrió, produjo la muerte de muchos panameños y miles se mantienen una situación.

Las consecuencias por este envenenamiento, causado por el medicamento producido en la Caja de Seguro Social, traen consigo consecuencia penales y civiles que a nuestro juicio, no hay manera de evitar los respectivos resarcimientos, tanto por la institución mencionada como los que resulten responsables penalmente.

En nuestro país, pocos penalistas, le han dedicado tiempo y esfuerzo para desde la perspectiva doctrinal y positiva, teorizar la cuestión asociada con la cadena de mando, la culpa y el dolo.

El abogado y fiscal, Dimas Guevara, recién formuló cargos contra miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por delitos contra la salud pública. El funcionarios, para tal medida, se basó en que estos, pudiendo evitar el resultado funesto del envenenamiento, no lo hicieron. En el expediente, según me informa mi hermano, penalista consagrado, se encuentran los dictámenes de varios peritos, que aseguran , que el error fatal, se debió a la omisión y diligencias adecuadas, tanto de control y supervisión del ente donde se producía los medicamentos.   La pregunta que nos hacemos, ¿es como podían los directivos de la Caja de Seguro Social, evitar lo ocurrido?, cuando los mecanismo de control, supervisión de los insumos para elaborar el jarabe asesino, estaban muy distantes del ente administrativo que se ubicaba en la parte superior de la pirámide institucional.

Sostener el argumento de la falta de previsión por parte de los directivos, resulta jalado por la manga y nos ubica en la pervertida teoría, de que si no hay culpables penalmente, hay que crearlos a como de lugar.

Por otro lado, en este contexto, la aberrante tesis del dolo por omisión, para ubicar a los directivos en los tipos penales que señala el código penal en cuanto a delitos contra la salud pública y proceder a imponer medidas cautelares de prohibición de salir del país, reportarse al despacho de instrucción y separarlo del cargo de directivo, ni siquiera se compadece con la doctrina científica del dolo.

Este siempre será la acción con intención de producir una lesión a un bien tutelado por el derecho. La mayoría de los doctrinantes en materia penal, asimilan este tipo de dolo impropio a la simple culpa, por la cual tampoco es viable algún tipo de sindicación a los ciudadanos mencionados.

Por otro lado, asimilar la condición de funcionario público a los directivos, representantes de los trabajadores y empleadores en la Directiva de la Caja de Seguro Social, es ilógica y forzada. El hecho de que sean legitimado en esos cargos por decreto ejecutivo, constituye una solemnidad de ley que acredita la representación y no la condición de funcionario público.

Aceptar el criterio del fiscal arriba mencionado, sería admitir que los representantes de los empleadores, que laboran en sus empresas cuarenta y ocho horas y más, por el solo hecho de asistir a la reunión de horas de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, ostentan una condición dual, por un lado, funcionarios públicos pero también trabajadores privados.

El derecho es lógico al igual coherente. En consecuencia, somos del criterio que la Corte le debe señalar al funcionario de instrucción, que dada la condición de sujetos privados de los ciudadanos aludidos, no tenía competencia para dictar algunas de las medidas cautelares arriba mencionada.

<>Artículo publicado el  27  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Gobierno violenta el derecho a la vivienda

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO…

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

En  las últimas semanas el gobierno de Martinelli ha incrementado los desalojos forzosos de la población, empleando la represión, el lanzamiento nocturno y el no respeto del debido proceso.   Los casos de San Felipe, Villa Marta en la 24 de Diciembre (donde una monja salió en defensa de cuatro niñas que se encontraban en la vivienda, puesto que los padres habían sido retenidos), y Vista Alegre en Arraiján, son ejemplos de ello.

Anteriormente, en septiembre, unas 48 familias residentes de los edificios 7024 y 7026 en Colón, fueron desalojadas por parte de Guillermo Sáez Llorens, director de la CSS.   En marzo, medios de comunicación reportaron un desalojo violento de 54 familias en la comunidad de La Esmeralda en Chilibre; este caso se relacionó con intereses personales de la familia del alcalde Bosco Vallarino.   Por su parte, a ello, las autoridades del BHN han actuado de manera similar en las áreas de El Chorrillo y Los libertadores, entre otros.

En Panamá el déficit habitacional supera las 150 mil unidades de vivienda, solo la provincia de Panamá, demanda aproximadamente unas 50 mil unidades, lo que evidencia que el crecimiento de la construcción ha estado dirigido a viviendas de lujos y centros comerciales.

Las posibilidades de acceso de la población pobre a una vivienda digna son nulas, en la medida en que los requisitos para acceder al crédito hipotecario o para accesar a una vivienda de alquiler no los llenan.

Los llamados programas de gobierno en esta materia (Fondo Solidario de Vivienda, PARVIS, etc.),   no cubren a la población que devenga salario mínimo,  a los informales,  a los eventuales o por contrato definido, y a los que no tienen ingreso fijo o sencillamente no reciben ingreso.   El gobierno, también ha fallado en su política de garantizar que las llamadas ‘viviendas de interés social’ reúnan los estándares de calidad en cuanto a tamaño de la construcción y la calidad de los materiales.

El derecho a la vivienda es un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. La violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna, principio recogido en el derecho internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La vivienda en un Estado Social y de Derecho no puede ser simplemente un bien más del mercado. Una parte de la acción y de los recursos públicos deben destinarse a facilitar el acceso de todos a una vivienda digna.

Las personas sin recursos, para acceder a una vivienda en alquiler o propiedad, se encuentran actualmente en una situación de desprotección, sin ningún derecho que pueda ser exigido legalmente ante las administraciones públicas. Por ello, el derecho a resistirse a los desalojos, cuando se carece de recursos económicos, se constituye en un nuevo derecho de protección social.

Ningún gobierno ha puesto las áreas revertidas o recursos provenientes del Canal a disposición de resolver el problema habitacional del pueblo, a pesar de que fue éste quien ofrendó su vida en aras de alcanzar la reversión a manos panameñas.

Desde Frenadeso nos hemos pronunciado contra los desalojos y el hacinamiento habitacional. Propugnamos por el respeto a la vivienda digna de los pobladores, que garantice su seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios (agua potable, electrificación) e infraestructura (calles, veredas, aceras), posibilidad de manutención (costo y financiamiento), habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural, acceso a saneamiento, durabilidad de la unidad habitacional, área suficiente para vivir.

Debe incluirse además el acceso a servicios de salud, trabajo y transporte. Igualmente, por el cumplimiento de los indicadores internacionales de vivienda adecuada: servicios básicos, precio cónsono con los niveles de ingreso de la población, dimensiones, cantidad y calidad suficiente y adecuada.   Por el carácter justiciable, o sea, la posibilidad de presentar recursos del derecho interno al derecho a una vivienda adecuada.

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<> Este artículo se publicó el 21 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lopez-genaro/

Pele Police: entre eficiencia y Constitución

La opinión del Abogado y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales 

El 24 de febrero del presente año, tras entrevista que me hiciera la periodista Georgina Damián del diario El Panamá América, relativa al uso del Pele Police, sostuve tal y como fue divulgado por ese prestigioso medio, que: “Es inconstitucional y violatorio a los derechos humanos la detención de personas que hayan sido declaradas inocentes, por un dato no actualizado”. Hoy, al igual que ayer, sigo manteniendo mis conceptos y que a nadie deben sorprender. Quiero ampliar esos criterios, cuestión que me propongo con el presente artículo. 

Nadie puede ser privado de su libertad sin que medie mandamiento escrito de autoridad competente y que la orden de detención se fundamente en razones de hecho y de Derecho, pues es eso lo que precisamente quiere decir la Constitución cuando prescribe en su artículo 21 que dicha orden de detención habrá de ser conforme “a las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley”.   Añade la norma en cita que: “Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere”.

Por otra parte, la norma también advierte que nadie puede estar detenido más de veinticuatro horas sin ser puesto a órdenes de autoridad competente. Se establece como sanción la pérdida del empleo para los funcionarios que violen este precepto constitucional.

El artículo 22 constitucional, expresa que todo detenido debe ser informado inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes. En ese mismo orden de ideas, el artículo 27 de igual naturaleza constitucional, señala que “Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio o de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito, fiscales, de salubridad y de migración”.

Conforme a estas normas, no hay duda alguna en señalar que:

1. El uso del Pele Police, aun cuando resulte ser cuasi-efectivo, como casi todos los instrumentos y herramientas electrónicos, violenta las normas constitucionales expuestas.

2. Su uso, introducción o empleo nunca fue aprobado por una norma legal –Ley en sentido estricto- lo cual lo hace aún más ilegal e inconstitucional.

3. Violenta la libertad de tránsito.

4. El uso del Pele Police no ingresa en las categorías jurídicas constitucionales que prescribe el artículo 27 y 5. Menoscaba la libertad ambulatoria del particular quien, aun cuando exija la orden del mandamiento escrito que fundamente una detención, nunca lo recibiría dada la naturaleza electrónica del instrumento.

Creo que, antes de introducir el medio electrónico de búsqueda de personas requeridas por la justicia penal, los juzgados nocturnos de policía y las corregidurías, debió haberse pensado más jurídicamente que en efectividad del medio.

Como procesalista en el ramo penal puedo decir que el eficientismo no es argumento válido para violentar la Constitución. Puede haber eficientismo con resguardo en la Constitución y no a la inversa como ocurre en el caso del denominado Pele Police.

<> Este artículo se publicó el 22  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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