‘Loconomics’, lluvias y reelección

La opinión de…

Horacio Estribí

¿En qué se relacionan las lluvias, la política económica “loconomics” y la reelección? Veamos. En 2009, el saliente gobierno dejó al entrante una Ley de Responsabilidad Social y Fiscal “flexibilizada”, que tenía como objetivo original limitar la cantidad de dinero que podía gastarse en términos del déficit y la deuda pública. Partía del principio de que para lograr crecimiento sostenido se requiere estabilidad fiscal. Se basaba en que los gobiernos pueden recurrir a la política fiscal, gastando más para estimular la economía, si es el caso, y gastando menos, cuando la economía crece.

La ley mencionada se había aprobado durante el auge que precedió el crack financiero de 2007, lo que, aunado a una prudente política fiscal, permitió generar un superávit. Sin embargo, al sobrevenir la burbuja se temía que la economía mundial colapsara y que arrastrara consigo a la economía local.

Es entonces cuando se reforma la ley para permitir que, en vez de un déficit de 1%, el nuevo gobierno pudiera incurrir en un déficit de hasta 2% (relativo al PIB). La intención era facilitar la prudente alternativa de sacar la economía de un posible bajón.

Con el pasar de los meses se comprobó que la economía global se vio afectada –sin duda– pero no tanto como se preveía. En cuanto a Panamá, el país logró capear con éxito la crisis (el peor año fue 2009, cuando se registró una tasa de 2.4%). A pesar de esto, el nuevo gobierno se embarcó en un frenético aumento de gastos. De hecho, se proyecta que para este año se copará el techo permitido de 2% de déficit. Más aún, el Ejecutivo solicitó para 2011 un presupuesto que representa un aumento de 23%, el más alto de los últimos quinquenios.

El mismo incluye excentricidades, como parte de los fondos para el Metro, cuya factibilidad aún no se ha demostrado; la compra de los corredores, a pesar de los dudosos beneficios para los usuarios, y la construcción de una torre babilónica. Esto, amén del monumental aumento de la planilla que este año creció un 10%, y la autorización de millonarias partidas para celulares, escoltas y vehículos de lujo. En esa carrera por gastar lo que se tiene –y lo que no se tiene– se pasó por alto crear reservas para enfrentar contingencias, o bajar el saldo de la deuda pública. Pero llegan las lluvias, generando pérdidas humanas y serios costos materiales.

En una muestra más de incoherencia, el viceministro de Economía, Frank de Lima, declara que el Gobierno no contemplaba pedir un nuevo techo de déficit, por cuanto que no se tiene un estimado de los costos de reparación. Pero, al día siguiente, el Ejecutivo solicitó una dispensa para llevar el déficit en 2011 a 3%, so pretexto del desastre.   No solo no había un estimado, sino que se obvió cualquier intento de establecer recortes y priorizar gastos.

En resumen, la política fiscal del Gobierno suscita dudas. Si se está previendo que el crecimiento estará motorizado por la ampliación del Canal, el turismo y la minería, entre otras fuentes privadas, ¿qué propósito cumple el déficit?

Una respuesta se asoma, finalmente, ante las intenciones de promover una reelección inmediata. Siendo así, el propósito consistirá en que el Gobierno se haga de la mayor cantidad de recursos para reforzar la simpatía del electorado y seguir la compra de conciencias, a través de dádivas y programas dispendiosos; una especie de asalto a las arcas del Estado.

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<> Este artículo se publicó el  30  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los “PIGS” o “PIIGS” de Europa

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La opinión de…

Virgilio Correa

 

¿Portugal, Italia, Grecia y (S)paña (PIGS) son los ¨marranos¨ de Europa meridional?

¨PIGS¨ -según Wikipedia- es (literalmente, ¨CERDOS¨ en inglés) es un acrónimo peyorativo con el que medios financieros anglosajones se refieren al grupo de países del sur de la Unión Europea: Portugal, Italia, Grecia y España(Spain en inglés) para incidir en los problemas de déficit y balanza de pagos de dichos países.

Tras la crisis de 2008, a veces se reemplaza a Italia por Irlanda, o simplemente se añade Irlanda (con el acrónimo PIIGS) para referirse a los países, algunos anteriormente referidos como “ejemplares”, que sufrieron una crisis aumentada comparada al resto de Europa.

Lo que es curioso, es que los países antes aludidos fueron en épocas anteriores los explotadores de países que hoy día están por encima de ellos, con tasas de crecimientos muy por encima de esos países ¨marranos¨.

España, el principal, con todo lo que le expolió a la América Latina, hoy encuentra refugio económico en sus ex colonias, gracias a que los americanos decidieron dejarle el mercado, dado el caso de la OTAN. (Acuerdos Bush-Aznar).

Portugal, con todo lo que expolió en África y Brasil, el suplente, con un Brasil que puede comprar a España, Portugal y Grecia y dar un abono inicial por Italia.

¿Significa que expoliar (robar) ¨no paga¨ y que el trabajar si?   Piénsalo.

Solo Alemania y Francia se salvan, por ahora.

Curioso pues los ciudadanos de esos dos países franco-germano, no les gusta emigrar. Prueba de que se sienten, muy bien en sus países, contrariamente a los inmigrantes de los países marranos.

Imagínese usted de lo que se han salvado, todos los inmigrantes de esos países marranos, que emigraron a Latinoamérica en los siglos pasados.

Están en deudas con los países, que les dieron asilo, en los momentos, en que pasaban hambre y tortura.

De todas formas no pueden regresar a sus países de orígenes, pues de nuevo tendrán hambre y pena, si no llevan el dinero, que se ganaron en la periferia-colonial.   Aunque no usen el pasaporte de la colonia, si no más bien el de los ¨PIGS¨ (marranos). Es mejor que valoricen más a Latinoamérica.

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<>Artículo publicado el  28  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/correa-virgilio/

Rebelión en la granja

La opinión de…


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Alberto López Tom

Decía Orwell que todos los animales son iguales, pero unos más que otros. La idea de la globalización parecía buena en teoría para los animales iguales, los países industrializados podrían comprar materia prima de los países menos desarrollados a precios más bajos, podrían usar su mano de obra barata para ensamblar productos y luego podrían vender a esos mismos países pobres (los animales menos iguales) los productos terminados, ampliando así el mercado de consumo para las industrias de los países ricos.

Tan bueno era el plan, que se puso inmediatamente en acción, se creó la Organización Mundial de Comercio y todos los países fueron directa e indirectamente forzados a participar de este nuevo plan, que traería bienestar a la economía mundial, claro, siempre teniendo en cuenta que unos eran más iguales que otros.

Lo que los países ricos no anticiparon, es que con la globalización los capitales que hasta entonces se encontraban secuestrados en sus respectivos países fueron traspasando fronteras hacia jurisdicciones que les ofrecían mejores condiciones.

De esta forma se cerraron centros de venta y atención a clientes en países ricos y se instalaron call centers en países como Panamá, donde incluso no importaba el costo de capacitar a la mano de obra y enseñarle a hablar inglés. El capital no es fiel ni leal, es oportunista, las transnacionales movieron sedes regionales, reubicaron ejecutivos, movieron fábricas, centros de almacenaje y distribución a países que les representaban no solo economía en su producción, sino sustanciales ahorros gracias a regímenes legales impositivos más favorables.

Lo que iniciaron las grandes empresas creó un efecto cascada que fue paulatinamente alcanzando empresas de menor tamaño y luego hasta particulares y jubilados que buscaron mejores países donde pasar sus inviernos o su vejez, donde sus ahorros o jubilación les rindiera más, sin importar gastar sumas que consideran razonables por bienes raíces que luego podrán vender obteniendo una razonable plusvalía.   ¿No es esto lo que querían los países ricos? Por supuesto que no, la idea no era esa, y surge entonces la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), un cluster inicialmente de países europeos, que luego incorporó a sus aliados industriales en otras latitudes. Destaca el hecho de que ningún país africano es miembro de la OECD y de Latinoamérica sólo México y Chile.

La OECD se atribuyó por designación propia el derecho decidir a qué países tenían regímenes legales que consideraban “justos” y cuáles debían ser señalados como paraísos fiscales. Debo destacar el hecho de que la Ley de Sociedades Anónimas de Panamá data de 1932 y no es hasta el advenimiento de la globalización y la OECD que se critica la misma en foros internacionales. Igual ocurre con el centro bancario panameño, en sus inicios criticado por ser un supuesto centro de lavado de dinero del narcotráfico. Ahora que se ha demostrado que los narcotraficantes blanquean sumas mucho más grandes en Suiza, Estados Unidos y otros países de la OECD, se le critica simplemente por recibir depósitos de personas y empresas que supuestamente evaden impuestos.

La OECD criticó a Panamá y la colocó en su lista gris, por el hecho de tener un sistema impositivo territorial (que desde inicios de la República nunca fue problema, sino hasta ahora), por tener un régimen legal que consideraban cerrado y no cooperador y por no tener tratados de naturaleza tributaria con ningún país.

Panamá emprende correctamente acciones para contrarrestar estas medidas discriminatorias e inicia la campaña para negociar y firmar al menos 12 acuerdos de naturaleza tributaria con otros países, para así cumplir con las exigencias de la OECD. Estos tratados han sido enfocados a evitar la doble tributación, más que al intercambio de información tributaria. Sobre este punto no profundizaremos más allá de señalar que es la estrategia correcta, pues siendo el sistema impositivo de Panamá de naturaleza territorial, de nada nos sirve información de sociedades que aunque sean panameñas, generen ingresos fuera de Panamá.

En Singapur, a finales de septiembre se reunió el comité revisor de la OECD y se concluyó que las medidas adoptadas por Panamá y Bostwana no son sustancialmente significativas para excluir a dichos países de la lista gris. Resulta ser ahora que la exigencia de los 12 tratados no es suficiente, sino que deben ser 12 tratados a satisfacción de la OECD, una nueva excusa para mantenernos con el estigma de paraíso fiscal, no obstante varios de estos tratados han sido firmados con países que son miembros de la OECD.   ¿No es esto un claro contrasentido?

Los países desarrollados se han vuelto muy eficientes en imponer condiciones y criticar a los demás, pero mientras exigen que Panamá mejore su déficit fiscal, países como Inglaterra despliegan un abrumador 11% de déficit y EU, alrededor de 10.5%, de acuerdo a datos de la propia OECD.

Me pregunto: ¿Por qué aún cuando los países miembros de la OECD no hacen más que buscar la forma de destruir nuestro sector financiero y de servicios, nuestro país les permite participar en importantes licitaciones y adjudicarse contratos multimillonarios, particularmente aquellos relacionados con el Metro, la expansión del Canal y otros proyectos que se adelantan? ¿No debemos aplicarles un poco de su propia medicina, al final de cuentas, no somos todos iguales?

 

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<> Este artículo se publicó el 23  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.


¡El que venga después, que arree!

La opinión del Abogado, político independiente…

Juan Manuel Castulovich 

Cuando el actual gobierno asumió, el 1 de julio de 2009,   sus más calificados voceros denunciaron a los cuatro vientos, que sus predecesores del PRD se habían gastado, en los primeros seis meses, del 1 de enero al 30 de junio, la mayor parte de los ingresos estimados en el Presupuesto para el año 2009.

Tomando por buena esa aseveración, hubiera sido sensato de su parte, como medida inmediata y consecuente, haber hecho un “corte presupuestario al 30 de junio” y presentarle al país un informe pormenorizado que reflejara la situación real de las finanzas públicas. Así lo recomendamos en un artículo publicado por esas fechas en el Panamá América.

La segunda medida debió ser la contención del gasto público para ajustarlo a la realidad de los recursos de que dispondría para el segundo semestre del 2009.   Pero el nuevo gobierno no hizo ninguna de las cosas sino que optó por la medida, absolutamente inconstitucional, de aumentar el techo del déficit fiscal, por la vía de eliminar el tope que establecía la denominada “Ley de Responsabilidad Fiscal”, con el deliberado propósito de no reducir el gasto público.   La consecuencia era obvia: el ejercicio fiscal 2009 terminó con un déficit, “según el gobierno”, del 1.5% del PIB; pero, en realidad, mucho mayor.

Como la intención del actual gobierno nunca ha sido la de “ajustarse el cinturón”, a pesar del déficit acumulado en el 2009, en el año 2010 se aumentó el Presupuesto de Gastos en más de 1,000 millones de balboas.   Y para el 2011, en más de 3,000 millones.

No es un pecado financiero aumentar la estimación de los gastos; pero ella tiene que estar apoyada por expectativas razonables de que existirán los recursos para cubrirlos, mediante los ingresos corrientes, o sea las recaudaciones regulares producto de los impuestos y tasas, complementada con un límite, igualmente razonable, de endeudamiento.

El gobierno de turno, como le consta a todo el país, se ha convertido en una catarata imparable de promesas que no se han limitado a sus propias estimaciones de los ingresos, de por si ya sobredimensionados, sino que, además, ha seguido aumentando, peligrosamente, el nivel de la deuda pública.

El resultado lo estamos viendo y viviendo.   Varias de las promesas hechas por el presidente Martinelli, de manera imprudente y con patente extralimitación de sus funciones, pues violan, entre otras, la autonomía de la Caja del Seguro Social, carecen de sustento económico.

La Constitución es clara: en el Presupuesto General del Estado, los egresos y los ingresos deben estar balanceados (Artículo 270). Con base en esa norma y en el siguiente Artículo 275, toda proyección presupuestaria del gasto público, que genere un déficit fiscal, es inconstitucional.   En consecuencia, cualquier ley que, como la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, lo autorice, es también inconstitucional.

Que el nuevo gobierno, en su afán por zafarse de “la camisa de fuerza” que le impuso el PRD, iniciara su gestión aumentando, provisionalmente se dijo, el déficit fiscal, tenía una relativa justificación política; pero continuar por ese camino y, lo que es aún peor, que vuelva a modificar la “Ley de Responsabilidad Fiscal”, para elevar el déficit, por ahora, a 600 o 700 millones, es absolutamente irresponsable; una copia aumentada de la conducta de sus predecesores, que retrata muy bien el conocido refrán: “El que venga después, que arree!

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Este artículo se publicó el  17  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De Ford a Vallarino

La opinión de la Ex Diputada de la República…..

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MIREYA LASSO

Nos hemos regocijado al alcanzar el país el ansiado “grado de inversión” y, aunque todavía falta la bendición de las otras dos calificadoras, hay optimismo en el ambiente. Se congratula al gobierno, se hace un leve y general reconocimiento a “anteriores gobiernos” pero es justo identificar las personas de carne y hueso que en su oportunidad colocaron los peldaños de la escalera que hoy vemos terminada.

Comencemos con Guillermo Endara. Encontró las finanzas públicas ahogadas en un verdadero caos porque el gobierno, sin plata y con la economía estancada, les debía a empleados públicos, al comercio local, a bancos locales y extranjeros, a otros gobiernos, a entidades financieras internacionales y quien sabe a quienes más.   En otras palabras, “la tormenta perfecta” como se describe la coincidencia de todas las condiciones adversas posibles.

El primer paso de Guillermo Ford en la dirección correcta fue negociar con el llamado Club de París, que agrupaba a gobiernos extranjeros a quienes la República les debía plata y cuyas deudas debían zanjarse antes de intentar negociar con otros acreedores.

Hacia el final de aquel gobierno el segundo paso no se llegó a concretar porque las instituciones internacionales de crédito (IFIs) exigieron privatizar el INTEL y el IRHE para aliviar el presupuesto nacional y también eliminar la Oficina de Regulación de Precios para estimular la inversión privada, medidas que Endara rehusó tomar.

El presidente Pérez Balladares, con su ministro Guillermo Chapman, terminó de negociar con las IFIs, con la banca privada y con el mercado internacional logrando extender plazos de pago, al tiempo que promovió el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio con la consiguiente inserción al mercado mundial en la era de la globalización.

Para darle solidez a las finanzas públicas se aprobó una reforma tributaria que eliminaba y uniformaba incentivos fiscales y, para aligerar la carga al presupuesto del Estado, se iniciaron las privatizaciones y las concesiones administrativas. Quedaron todavía tareas por hacer.

La presidenta Mireya Moscoso, con su ministro Víctor Juliao, no concretó medidas efectivas en relación a la deuda pública; su reforma “sacaplata” no produjo los suficientes recursos para compensar gastos que repercutieron en un déficit presupuestario excesivo.

El ministro Ricaurte Vásquez del gobierno Torrijos, convencido de las impostergables tareas pendientes, lideró las reformas tributarias y a la seguridad social y, aunque muchas veces adversé algunas medidas desde mi curul legislativa, debo reconocer que fue la tenacidad del ministro Vásquez el motor que impulsó los cambios propuestos.

Su tarea fue seguida con rigor profesional por el ministro Alexander quien promovió la sana legislación que limita el nivel de endeudamiento del país. Con firmeza Vásquez y Alexander demostraron el liderazgo necesario que prevaleció frente a presiones antagónicas.

El ministro Vallarino ahora ha culminado el esfuerzo iniciado hace veinte años, con medidas fiscales y económicas que parecen demostrar que el gobierno podrá financiar su programa de trabajo sin exceder el límite de endeudamiento aceptable internacionalmente.

Ford, Chapman, Vásquez, Alexander y Vallarino merecen reconocimiento por haber persistido en una meta común lograda paso a paso.

Es importante ahora lograr que las dos calificadoras, que guardan silencio, nos den igual beneplácito y proceder siempre juiciosamente para no perder lo logrado por un manejo imprudente de nuestras finanzas y deuda públicas. Mirémonos en el espejo de Grecia y Portugal.


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Este artículo se publicó el 7 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Las implicaciones del grado de inversión

La opinión del Doctor en Derecho…..

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Hernán A. De León Batista

La histórica noticia de que Panamá consiguió el pasado martes una añorada calificación de grado de inversión para su deuda, en que la agencia Fitch subió la calificación de la deuda de “BBB–” desde “BB+”, colocando nuestro pequeño país en un privilegiado club de la región que incluye a economías más grandes como Brasil, México y Chile, tal vez es poco entendible para la mayoría de las personas que tienen poco conocimiento en cuanto al aspecto económico. Considero oportuno hacer una síntesis del significado que tiene la obtención de un grado de inversión.

Es importante señalar, primero, que el grado de inversión es una clasificación otorgada a un país sobre una evaluación concedida por las agencias calificadoras de riesgo crediticio como son Fitch Ratings, Standard & Poors y Moody’s, que dan diferentes grados calificadores a la deuda gubernamental, la libertad de prensa y la distribución de la renta, obteniendo un promedio. Las agencias de crédito, también conocidas como agencias de rating, dividen a los países del mundo en dos grandes grupos: los que poseen grado especulativo y los que poseen grado de inversión.

Dentro de cada uno de estos dos grupos se presentan las “notas” atribuidas. En el caso de las agencias Fitch y Standard & Poor’s, la nota más baja posible es D, que la sitúan, obviamente, en el grupo especulativo. Después de eso, en orden ascendente, las notas son C, CC, CCC–, CCC, CCC+, b, B, B+, BB–, BB y BB+. La nota más baja posible del grado de inversión es la nota BBB–, seguida de BBB, BBB+, de A+, del AA–, del AA, de AA+ y del AAA, destacándose en esta última países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Francia, España, Austria, Suecia y Dinamarca.

En cambio, países como Grecia y Portugal enfrentan actualmente el riesgo de recortes a sus calificaciones de deuda por sus costosos déficits fiscales.   El año pasado dos agencias recortaron la calificación de México por la parálisis política que mantiene a su economía débil mientras su producción petrolera, fuente de ingresos clave del Gobierno, va en declive;    pero Panamá, a pesar de haber sido gobernada por dictaduras militares, mantuvo en línea su deuda en los años recientes.

Como ejemplo, la deuda de Panamá como porcentaje del producto interno bruto (PIB) cayó al 45% en 2009 desde el 71% en 2004, y en cuanto a la tasa de crecimiento, Panamá registró un promedio del 8% entre los años 2000 y 2009, siendo el mayor ritmo en Latinoamérica.

Según la agencia Fitch, la mejora en la calificación de Panamá refleja la superación continua de las finanzas públicas, rematada por las recientes reformas fiscales, y la resistencia de la economía ante la crisis financiera global y la recesión que le acompañó. De ahí que con esta mejora en la calificación probablemente genere mayor inversión en Panamá.

Tal como lo manifestó el presidente Martinelli en su momento, esto era uno de sus objetivos y prioridades, que se ha impulsado exitosamente con dos reformas fiscales, sin dejar de lado la importancia del trabajo que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas al negociar convenios y tratados internacionales para evitar la doble tributación, conforme exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como el trabajo del Ministerio de Comercio e Industrias en la negociación de tratados de libre comercio.

No cabe duda de que conseguir el grado de inversión implica para Panamá, tal como lo mencionó el ministro Alberto Vallarino, un menor costo de financiamiento tanto para el Gobierno como para la empresa privada, una mayor base de inversionistas que no podían invertir en el país por no contar esta calificación; y un mayor desarrollo y confianza en el sistema bancario panameño, que ha sido calificado injustamente por algunos países como paraíso fiscal.

Esperamos que este grado de inversión para Panamá llegue prontamente a los más necesitados porque, pese al crecimiento económico del país, son muchos los hogares que todavía no les alcanza para cubrir las necesidades básicas.

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Este artículo se publicó  el  26 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.