Por la defensa de los consumidores

La opinión del Abogado…..

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Leonardo Bedoya Carrera

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Por la defensa de los consumidores

Cada vez son más las personas que acuden al centro de recepción de quejas de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), en busca de resolver algún problema producto de una relación de consumo frente a un agente económico.

Es así que se atienden quejas, que generan reclamos por debajo de la suma de dos mil quinientos balboas, las que son atendidas dentro de un proceso administrativo en el Departamento de Decisión y Quejas.

Las otras quejas, aquellas que superan montos de dos mil quinientos un balboas en adelante, pasan por un proceso de conciliación administrativo, pero no todas llegan a tener un fondo conciliador en favor de los consumidores.   Es en ese momento, donde el consumidor puede optar por ser asesorado por los abogados de la Defensores de Oficio de la ACODECO.

Los servicios legales del defensor de oficio de la ACODECO, son totalmente gratuitos (más no los gastos del proceso) , no le cuesta ningún centésimo al consumidor.   Las asesorías están dirigidas a que las personas puedan comprender el fondo legal o jurídico de sus reclamos, que les permitan decidir sobre la propuesta de una demanda, una conciliación o un desistimiento de su pretensión.

¿Cuándo se demanda? Precisamente cuando en efecto se ha determinado que existe un daño, una cláusula abusiva, una falta de información, un incumplimiento de garantía, una publicidad engañoso, entre otros aspectos, atribuibles a un agente económico en detrimento de un consumidor. ¿Por qué conciliamos? Se concilia cuando al pretender demandar, el agente económico insta a una conciliación para acordar o considerar resolver un reclamo, por lo general se sienten en desventajas para enfrentar una demanda.   En estos casos es evidente que el consumidor de manera directa resuelve su problema, ya sea, antes o después de una demanda, procediendo entonces el acto de desistir de demandar.

Este derecho a la defensa de los consumidores está consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, y se ve regulado primeramente en el Decreto No.9 del 22 de febrero, y actualmente, en la ley 45 de 31 de octubre de 2007, siendo en beneficio de todos los consumidores de bienes y servicios finales.

Desde octubre del año 2006 hasta el presente, la Defensoría de Oficio de la ACODECO, ha resuelto a favor de los consumidores 344 quejas (demandas, acuerdo judiciales, acuerdos extrajudiciales) por un monto de B/.8,201,050.26. Estas cifras son el reflejo de quejas en el área de autos (nuevos y usados), inmobiliarias (contratos, estructuras, garantías, etc), servicios o planes turísticos y otros.

La mayor satisfacción de los abogados, defensores de oficio, es atender bien a los consumidores y que queden complacidos con el trabajo o asistencia ofrecida en defensa de sus intereses.

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Publicado el 3 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Abusos en la defensoría oficiosa

La opinión del Abogado….

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Irving Domínguez Bonilla

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Abusos en la defensoría oficiosa

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El artículo 217 de nuestra Carta Magna establece los medios a través de los cuales el Estado facilitará asesoría y defensa jurídica a quienes por su situación económica, no puedan procurarse o facilitarse un abogado, creando al efecto los organismos oficiales para lograr este objetivo.

Observará el lector que la norma constitucional hace énfasis en el hecho de que la persona no tenga los medios suficientes (situación económica precaria) para pagar un abogado para que pueda o defenderlo o bien asumir su representación como parte en una causa.  Pero ¿quiénes pueden acceder a este llamado amparo de proceso?, el artículo 1446 del Código Judicial señala taxativamente las situaciones en las cuales una persona podrá acceder a esta prerrogativa, y señala que esta no alcance a ganar la suma de cinco mil balboas ($5,000.00) anuales o bien que los bienes que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas ($5,000.00); aunado a lo anterior se requiere que el juez que conocerá la causa, previa petición del interesado, declare si tiene derecho o no a este privilegio.

La labor que desarrolla la defensoría de oficio del Órgano Judicial en este sentido es invaluable e indiscutible, ya que miles de personas de escasos recursos de los sectores más humildes de nuestro país se ven beneficiados de la asesoría y defensa de estos duchos abogados, en innumerables procesos de familia y civiles.

Sin embargo, debemos hacer un llamado de atención en cuanto a la defensoría oficiosa de la ACODECO, la cual, en la práctica, asume arbitrariamente la defensa de todo consumidor sin atender a las condiciones económicas del mismo, así veremos a estos defensores haciendo uso de su tiempo y medios proporcionados por el Estado, defendiendo la causa de una persona por problemas de garantía de un reloj Rolex o bien por problemas de una vivienda cuyo valor asciende a la suma de $100,000.00, los cuales a todas luces pueden pagar no solo un abogado, sino un bufete completo.

En la Ley 45 de 2007, sobre Protección al Consumidor, una sola norma regula la materia de la defensoría de oficio, por lo que se hace necesario aplicar las amplias disposiciones del Código Judicial, de forma supletoria, que regulan la materia del patrocinio procesal gratuito, con el fin de que no se de una desviación de los nortes reales para los cuales se instituyeron los defensores de oficio: defender las causas de los pobres.   Los entes jurisdiccionales deben, en este sentido, conminar el cumplimiento de las normas, esto es, hacer respetar la Constitución y la ley, de tal forma que solo aquellas personas que acrediten una situación económica precaria, puedan acceder al amparo de pobreza.

Permitir que nacionales o extranjeros con un alto poder económico se valgan de una supuesta laguna en la Ley 45 de 2007, para tener derecho a un abogado gratis, utilizando el dinero, bienes y horas del Estado, estaríamos aupando una forma de corrupción institucionalizada.


Esperemos un pronunciamiento obligante de los tribunales, ACODECO y los gremios de abogados sobre el tema.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diarioEl Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Abusos en la defensoría oficiosa

Abusos en la defensoría oficiosa

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La opinión de….

Irving Domínguez Bonilla

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El artículo 217 de nuestra Carta Magna establece los medios a través de los cuales el Estado facilitará asesoría y defensa jurídica a quienes, por su situación económica, no puedan procurarse o facilitarse un abogado, creando al efecto los organismos oficiales para lograr este objetivo.

Observará el lector que la norma constitucional hace énfasis en el hecho de que se favorecerá a la persona que no tenga los medios suficientes (situación económica precaria) para pagar un abogado que asuma su defensa, o bien, asumir su representación como parte en una causa.

Pero, ¿quiénes pueden acceder a este llamado amparo de proceso? El artículo 1446 del Código Judicial señala taxativamente las situaciones en las cuales una persona podrá acceder a esta prerrogativa, y señala a las que no alcancen a ganar la suma de cinco mil balboas anuales, o bien, que los bienes que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas; aunado a lo anterior se requiere que el juez que conocerá la causa, previa petición del interesado, declare si tiene derecho o no a este privilegio.

La labor que desarrolla la defensoría de oficio del Órgano Judicial en este sentido es invaluable e indiscutible, ya que miles de personas de escasos recursos de los sectores más humildes de nuestro país se ven beneficiados de la asesoría y defensa de estos duchos abogados en innumerables procesos de familia y civiles.

Sin embargo, debemos hacer un llamado de atención en cuanto a la defensoría oficiosa de la Acodeco, la cual, en la práctica, asume arbitrariamente la defensa de todo consumidor sin atender a las condiciones económicas del mismo; así veremos a estos defensores haciendo uso de su tiempo y medios proporcionados por el Estado defendiendo la causa de una persona por problemas de garantía de un reloj Rolex o bien por problemas de una vivienda cuyo valor asciende a la suma de 100 mil dólares, quienes a todas luces pueden pagar no solo un abogado, sino un bufete completo.

En la Ley 45 de 2007, sobre protección al consumidor, una sola norma regula la materia de la defensoría de oficio, por lo que se hace necesario aplicar las amplias disposiciones del Código Judicial, de forma supletoria, que regulan la materia del patrocinio procesal gratuito, con el fin de que no se dé una desviación de los nortes reales para los cuales se instituyeron los defensores de oficio: defender las causas de los pobres. Los entes jurisdiccionales deben, en este sentido, conminar el cumplimiento de las normas, esto es, hacer respetar la Constitución y la ley, de tal forma que solo aquellas personas que acrediten una situación económica precaria puedan acceder al amparo de pobreza.

Permitir que nacionales o extranjeros con un alto poder económico se valgan de una supuesta laguna en la Ley 45 de 2007 para tener derecho a un abogado gratis, utilizando el dinero, bienes y horas del Estado, estaría aupando una forma de corrupción institucionalizada.

Esperemos un pronunciamiento obligante de los tribunales, Acodeco y los gremios de abogados sobre el tema.
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Publicado el 2 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde