Proceso de inconstitucionalidad de la “Ley Chorizo”

La opinión del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados…

Carlos M. Herrera Morán 

Era de esperarse que el señor Procurador de la Administración, Oscar Ceville, optase por recomendar al Pleno de la Corte de Suprema de Justicia la declaración de que “No es inconstitucional la Ley No. 30 de 16 de junio de 2010”, denominada por el pueblo como la “Ley Chorizo”, ignorando circunstancias que demuestran todo lo contrario, por ejemplo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional violando el artículo 149 de la Constitución de la República; sin recibir los tres debates, conforme a la tradición constitucional; y vulnerando los derechos humanos.

Este funcionario, simplemente, aprovechó esta oportunidad para coincidir con la voluntad de los promotores de semejante engendro legislativo, habida cuenta de que tiene interés en enterrar, a como dé lugar, el tema de los “pinchazos” telefónicos que lo agobia, cuando lo que debió hacer era declararse “impedido” en dicho caso, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2571 del Código Judicial.

Con ese anhelo reprochable, era de esperarse -como en efecto lo hizo- que el Procurador Ceville invocara “precedentes” cuestionables del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales las demandas de inconstitucionalidad encaminadas a que se declare inconstitucional toda la Ley que se impugna, tal como lo hemos demandado un sinnúmero plural de profesionales del derecho y como clama mayoritariamente la sociedad panameña, resultarían inadmisibles, por supuestos defectos de formas. Ignorando la doctrina del bloque de constitucionalidad, dentro de la cual el reglamento interno de la Asamblea Nacional constituye un elemento integrante del mismo. La Corte Suprema de Justicia señaló en la sentencia de 16 de octubre de 1991 (proceso de amparos de garantías constitucionales promovido por H.L Leo González contra la Asamblea Legislativa) “que si una Ley es aprobada por la Asamblea en violación del procedimiento previsto en ese reglamento, la consecuencia es que aquella puede ser declarada inconstitucional, por el vicio de forma que presenta la Ley así aprobada”.

De acuerdo con nuestra Constitución vigente, una demanda de inconstitucionalidad no tiene causales de inadmisibilidad, tomando en cuenta la importancia atribuida por la Carta Fundamental al orden público que deben respetar los Órganos del Estado, las entidades autónomas y todos los servidores públicos.

Es criticable en la Vista del Procurador de la Administración su limitada visión a los principios de interpretación constitucional, a tal punto que ignora, entre otros, los Principios de la Supremacía y de Unidad de la Constitución, que obligan a interpretar todo el ordenamiento jurídico de conformidad con el texto constitucional (artículo 12 del Código Civil).

En tal sentido, siendo que la guarda de la integridad de la Constitución, recae principalmente “sobre la inconstitucionalidad de las Leyes”, sin distinción de ninguna clase, nada impide demandar la inconstitucionalidad de toda una Ley (v.gr. la Ley Chorizo, etc.), por razones de formas. Máxime cuando esa nefasta Ley ha traído luto y dolor a la familia panameña, y constituye un foco de perturbación de la vida nacional.

Y, en efecto, el Código Judicial no lo prohíbe, porque ello sería inconstitucional y, por el contrario, previene que tal demanda de toda la Ley se haga cumpliendo la “transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales”, sin restricción de ningún tipo, donde incluye la transcripción de la Ley, de conformidad con el término Leyes, contenido en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución.

En síntesis, podríamos decir que a la “Ley Chorizo” el Procurador Ceville le agregó “condimentos veneníferos”, con lo cual pretende hacer “un plato repugnante jurídico”.   La pregunta del millón es: ¿La Corte se comerá tal plato indigesto o tendrá la valentía de tirarlo al tinaco de la antijuridicidad?

<> Artículo publicado el 6 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Bienvenida, embajadora Powers

La opinión del Periodista y  Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.  

La expectativa generada en el país por la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos, Phyllis M. Powers, ha sido sorprendente. La diplomática ha vestido de negro en los primeros actos público, quizá por ser su color favorito o sumándose al duelo por la justicia panameña. Pero su mensaje ha sido claro: Viene a trabajar con las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación.

En contrapartida, las acciones del oficialismo, en la primera semana de presencia de Powers en Panamá, resumieron la tragedia nacional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no encontró delito contra David Murcia, extraditado desde Colombia a Nueva York por lavado de dinero del narcotráfico.   En Colombia fue condenado a 30 años. Pero en Panamá, un proceso judicial iniciado por José Almengor, cuando era fiscal de Drogas, lo absolvió.

La Sala Penal de la CSJ, que integran Almengor y los magistrados Aníbal Salas y Jerónimo Mejía, concluyó que Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional (PN), no participó en un plan para secuestrar estadounidenses durante la invasión de 1989.   Un informe del proceso disciplinario contra Pérez por su vinculación con esos hechos desapareció de los archivos de la PN.

La misma Sala Penal de la CSJ fue la que autorizó al procurador general suplente, Giuseppe Bonissi, el espionaje telefónico contra opositores y sindicalistas. Informes de prensa revelaron que Estados Unidos retiró el equipo de escucha telefónico suministrado al Consejo de Seguridad durante la pasada administración, porque Martinelli lo usaba con fines políticos. El gobierno adquirió nuevo equipo. ¿Está instalado en la Dirección de Investigación Judicial?

Ana Matilde Gómez, ex procuradora general, cree que primero intervinieron los teléfonos y luego pidieron autorización. Es una farsa que Martinelli se enteró de las escuchas por los periódicos.   Queda, por el contrario, la certeza de que fue el gobierno quien pagó la multa de $4000 impuesta contra Gómez por la CSJ.

Con el espionaje telefónico el régimen reforzó su historieta de que la explosión social de Changuinola fue una conspiración del Suntracs y el PRD. Pero también colocó al país al borde de la desobediencia civil, como advirtió el PRD, porque la sociedad está en total indefensión por el irrespeto de Martinelli a los derechos ciudadanos y las instituciones judiciales.

Martinelli dijo la semana pasada que no le importa que se rompa el diálogo, pues el país seguirá adelante.   Repitió, además, sus ataques contra los periodistas, al calificarlos de ‘bochinchosos’, por revelar lo que el gobierno oculta.

Primero fue la donación de $750000 de la operadora de casinos Club Flush Entertainment —denunciada penalmente por la Junta de Control de Juegos—, repartida entre 15 ONG’s.    Luego la noticia de que en 2011 Martinelli destinará $3.5 millones para su seguridad personal con la compra de un robot antiexplosivos, la construcción de un túnel en la Presidencia y rehabilitar un búnker en Quarry Heights.   ‘Se está preparando para una guerra contra su propio pueblo’, anticipó el general Rubén Paredes.   Mientras que Jaime Abad aseguró que el búnker será usado por Martinelli para reuniones secretas sin ser espiado por las agencias estadounidenses.

Roberto Eisenmann denunció que Martinelli ha frustrado a la ciudadanía y generado un creciente rechazo por ‘su maleantería, amenaza y compra de opositores, inscripciones a cambio de puestos y ausencia total programática’. No descartó que al final de su gobierno, Martinelli tenga una ‘predecible huida escapista hacia el exterior’.

Powers ha sido testigo de todos esos hechos durante su primera semana en Panamá. Su tarea será delicada. Martinelli tenía en la ex embajadora Barbara Stephenson una especie de hada madrina. Bajo la premisa de que cualquier alternativa era mejor que el PRD, Stephenson promovió en Washington la figura de Martinelli como conveniente a los intereses estadounidenses y participó en la arquitectura de la alianza opositora.

Pero tras el triunfo, vino la decepción y la alarma. Su traslado anticipado a Londres, abrió un nuevo escenario para reenfocar la estrategia del Departamento de Estado.

Más allá de quién esté en la Casa Blanca y de los servicios que preste el mandatario al Pentágono (Martinelli apuesta al triunfo de la ultraderecha republicana en las elecciones presidenciales del 2012, calculando tener menos presiones en el último tramo de su régimen), es de esperarse que Powers le recuerde el cuadernillo: Vigencia del Estado de Derecho, valores democráticos, contrapesos de las instituciones, respeto a la sociedad civil y a la libertad de expresión. Estados Unidos todavía promueve que en toda democracia haya demócratas que gobiernen democráticamente, lo contrario es monarquía o totalitarismo.

<> Artículo publicado el 23 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,   lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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Marca país

La opinión de…

Xavier Sáez–Llorens 

Se mencionó, hace unos días, que Panamá carecía de una marca país que nos visibilizara internacionalmente para atraer turistas e inversores. Tradicionalmente, la imagen seleccionada para publicidad es un producto, un lugar, un estilo de vida o un comportamiento que sea identificado espontáneamente como típico o exclusivo de una nación. Así, por ejemplo, Juan Valdés se vincula a Colombia, las islas Galápagos con Ecuador, los mariachis con México, el “pura vida” con los ticos, el tango con Argentina, el champán con Francia, los toros con España, la samba con Brasil, el vodka con Rusia, el sueño americano con EU o la productividad con Japón.   Al intentar descifrar la cualidad que nos podría distinguir rápidamente, tardé un segundo en pensar que el “juega vivo” sería el más representativo ícono nacional.   Esta nefasta conducta es practicada en todos los sectores de la sociedad.

La demostración más emblemática es la Asamblea Nacional. Salvo excepciones puntuales, sus integrantes han convertido este recinto en un antro de clientelismo y corrupción. Cualquier entidad gubernamental que necesite la aprobación del presupuesto o de un proyecto de ley debe doblegarse al tráfico de influencias de los “padres de la patria”.     Como diría Pichel, el istmo andaría mejor en la orfandad.   Todas las instituciones, aún las supuestamente autónomas, están politizadas por este órgano del Estado.    Para esquivar porquerías, los directores deben nombrar a amigos, familiares o copartidarios de los diputados.   Los individuos que aspiren a ocupar cargos importantes deben inscribirse en los colectivos oficialistas.   La reciente trifulca con la administración de la CSS obedece, ni más ni menos, a la negativa de su director a parapetarse de la mediocridad circundante. Fue un claro mensaje para la gente decente del país. “El Gobierno es para la clase política profesional, no para los honestos e independientes; nadie nos quitará un pedazo del suculento pastel estatal;    la CSS debió ser espacio “arnulfista” y el Presidente nos metió un intruso no afiliado”.

La Corte Suprema de Justicia no escapa al “juega vivo”. Los magistrados, casi todos nombrados a conveniencia del mandatario de turno, ejercen una justicia selectiva de acuerdo a su inclinación partidista o como pago por su designación. Además, en contubernio con la Asamblea, protegen las impunidades mutuamente.   La forma en que se sacó a la ex procuradora fue vergonzosa. Curiosamente, después de inhabilitarla, se ha producido un sinnúmero de indagatorias y arrestos de poderosos, algo nunca visto en el pasado. Uno se pregunta: “¿había antes una inercia jurídica por temores y presiones o estamos ahora ante un espectáculo mediático?”. La sociedad disfruta y agradece al ver corruptos tras las rejas pero es vital respetar los debidos procesos y juzgar también a peces gordos de todos los partidos. Varios dirigentes de la administración Moscoso, por ejemplo, incurrieron en actos sospechosos de fechoría y deben ser investigados minuciosamente.

Los jerarcas sindicales comparten también similar filosofía de vida. Acusan de corrupción a los demás pero la practican cotidianamente y cuando asumen poder la ejecutan a su máxima expresión. Desean cambiar el modelo económico pero no indican cómo lo harán y siempre terminan globalizando la pobreza.    Critican el mal uso de las arcas monetarias pero que a nadie se le ocurra investigar las cuentas y actividades financieras de sus organizaciones. Rechazan los regímenes dictatoriales de derecha pero sus principales vegetan en las cúpulas y al gobernar instauran tiranías comunistas. Aplauden los métodos democráticos pero sus cabecillas se eligen al calor de una manifestación, mediante sofisticadas técnicas modernas, como el conteo de manos alzadas de un minúsculo subgrupo de revoltosos.   Alaban la democracia participativa pero al ganar elecciones restringen derechos, sofocan a compatriotas hasta forzar su exilio y cierran medios de comunicación. Pretenden el diálogo pero jamás aceptan consensos que les sean antagónicos y abandonan reuniones cuando las ideas del resto se apartan de sus planes. Les fascina la libertad de expresión pero sus sicarios escritores denigran sin asco a cualquiera que los cuestione e inventan conspiraciones absurdas para provocar caos.

Sería interminable seguir enumerando anécdotas del “juega vivo” panameño. Por mi parte, yo seguiré escribiendo y soñando para que las generaciones venideras hagan de la decencia nuestra futura marca país. Presiento, sin embargo, que debido a la paupérrima educación pública que poseemos, cortesía de aberrantes gremialistas y ministros incapaces,  el cambio de actitud tomará décadas.   Por mejor índice de competitividad global que logremos, mientras no reformemos los programas escolares, despoliticemos las instituciones y erradiquemos la viveza ciudadana, nuestro subdesarrollo permanecerá inalterable. Actuemos, desde ayer.

<> Este artículo se publicó el 19 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Barata magia jurídica

La opinión del Jurista…

JAIME PADILLA G.

Esta columna nace a raíz de un fallo proferido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual decretó la nulidad absoluta de un Decreto Ejecutivo dictado por el Ministerio de Gobierno y Justicia (MGJ), mediante el cual se elegía nueva Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP), producto de una Demanda de Nulidad interpuesta contra dicha elección o D.E. Luego de dicho fallo de la CSJ, el MGJ emitió un nuevo D.E., acatando el fallo en el sentido de dejar sin efecto el D.E. que originó la demanda de Nulidad.

¿Dónde estriba la magia? En que el presidente de la Junta Directiva anulada, señor Miguel Sanchiz, interpuso Amparo de Garantías Constitucionales contra el D.E. que acató la orden de nulidad de la CSJ, siendo este acto innecesario e ilegal. Una vez que la CSJ dictó su fallo de nulidad, se entiende en la práctica que quedan anulados todos los actos que se realicen bajo el imperio del D.E. anulado. Esto es, se anula la Junta Directiva espúrea, inscrita en el Registro Público y que nació a la vida jurídica bajo el imperio de un acto nulo o anulado. Por lo que ni el señor Sanchiz, ni ninguna otra persona, tenían facultad para interponer el Recurso de Amparo contra el nuevo D.E., que reanulaba lo ya anulado por la CSJ.

¿En qué le afectaba al Dr. Sanchiz en sus derechos subjetivos el D.E. reanulador? ¿Bajo qué criterio el magistrado Almengor aceptó este Amparo y luego suspendió los efectos del D.E. reanulador? Lo único que se me ocurre es que crearon ese D.E. reanulador para encontrar un subterfugio jurídico y tener una vía de impugnación de lo acordado por la CSJ y sacando del sombrero el Recurso de Amparo. Esto lo digo, pues, el Amparo no era la vía idónea para ello, porque luego del fallo de la CSJ aquí no cabía absolutamente nada, porque los fallos de la CSJ son absolutos y no admiten recurso alguno y hacen tránsito a cosa juzgada, según el Art. 99 del Código Judicial. Pero inventaron este subterfugio, teniendo tanta suerte, que lograron su cometido, suspender el D.E. reanulador y a su vez llevarse en dicha suspensión el fallo de la CSJ, porque uno era consecuencia del otro.

El Artículo 2615 del Código Judicial, que regula la figura del Amparo, es bien claro al determinar en qué casos éste procede y dice: ‘… Esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata’. En este sentido la Jurisprudencia determina que tiene que haber un ‘presupuesto de urgencia’ que por la gravedad e inminencia del daño que representa, el acto emitido requiere de una revocación inmediata. ¿Cuál era la URGENCIA inminente del señor Sanchiz? ¿Dónde radica el daño irreversible que se requiere para ampararse?

Saco en conclusión que para lograr todo ello, se elucubró y planeó una DESAFORTUNADA MAGIA JURIDICA. Porque no tengo otra explicación. Obviamente que una mente maquiavélica tuvo que inventar una magia jurídica y la forma para dejar sin efecto el fallo de la CSJ (porque no había ninguna otra vía legal), decidió enervar los efectos del fallo de la CSJ, mediante el Amparo contra el D.E. espúreo o reanulador.

El trasfondo de toda esta maraña y vericuetos jurídicos ensayados radica en el hecho de que venía el señor Danilo Carrera, ecuatoriano, presidente de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), que no iba a permitir que Panamá fuera sede de los Juegos Bolivarianos, si antes no se cambiaba la actual Junta Directiva del COP y se restituía como presidente de dicho comité al señor Miguel Sanchiz. Supongo que fue un compromiso que hizo el Órgano Ejecutivo con este señor y con la ODEBO, porque esa era la única manera de que Panamá pudiese ser confirmada sede de los próximos Juegos Bolivarianos.

Lo peligroso de todo esto es que la seguridad jurídica, principio consagrado en nuestra Constitución y elemento esencial de nuestra condición de Nación o Estado de Derecho, y garante de nuestra institucionalidad, se ve seriamente cuestionada y queda en entredicho cuando, para complacer a Organismos Internacionales foráneos, atentamos contra nuestra propia seguridad jurídica y logramos suspender, vía un Amparo improcedente e ilegal o barata magia jurídica, los efectos de un fallo de la Sala Tercera de la CSJ.

<>  Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otra lesión patrimonial

La opinión de…

Francisco Sánchez Cárdenas

Hace varios meses denuncié la posibilidad de una lesión patrimonial por 15 millones de balboas, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli redimió B/. 530 millones en bonos a la CSS en forma prematura e inconsulta, con la excusa baladí y falsa de que devengaban un interés menor al 1%.  Entonces no hubo reacción de las autoridades de la CSS que contemplaban hacerse cómplices en la absurda compra de los corredores.

Esta irresponsable acción contribuyó a incrementar el déficit de 64 millones del programa IVM, anunciado recientemente por la Dirección de la CSS.

Ahora, con la proyectada compra de los corredores, opinamos que se está en la puerta de una nueva lesión patrimonial,  aparte de que la única lógica que le vemos a dicha operación no es otra que el empecinamiento de un solo hombre por culminar un negocio.

Sentimos que hay apresuramiento y desorganización, aunado a un cambio permanente de propuestas que hace percibir el asunto como altamente sospechoso.  Apresuramiento, porque sólo a tres semanas de entregado al MEF el informe Auditoría Contable Financiera y de Bienes Raíces del Corredor Sur se anuncia que se llegó a un acuerdo. Es poco probable que negocios serios y de la magnitud de B/.420 millones se puedan cerrar en el tiempo récord de 21 días.

La desorganización se observa cuando se dice que el proyecto sería financiado por la CSS, ahora debilitada por la redención prematura de bonos. Después anunciaron que el Fondo Fiduciario serviría como complemento al financiamiento; luego, que venderían acciones y, por último, una emisión de bonos.

Surgen más sospechas cuando el informe reconoce que el valor de la obra es de B/. 285 millones y el gobierno anuncia que pagará B/. 420 millones. También causa duda cuando el MEF anuncia que los corredores nunca se iban a recuperar, lo que es falso porque el contrato establece un período de 30 años para su devolución.   En caso de problemas de recuperación de inversión o de ganancia razonable, está pactada la renegociación o el rescate administrativo y hasta el arbitraje en caso de diferencias.   Todo dentro del respeto de la seguridad jurídica.

Si la propia Bolsa Bancaria de México calculó el valor del Corredor Sur en B/.91 millones, en libro, y el valor comercial hasta en B/.400 millones, ¿cuál es el apuro en pagar un exceso de 25 millones a 135 millones de balboas?   Si no agregaremos un solo metro de vía adicional con los más de mil millones que vamos a despilfarrar y si los peajes se mantendrán iguales, ¿por qué tanto apresuramiento por esta transacción?

De insistir, los altos personeros del Gobierno en pagar B/.420 millones por el Corredor Sur,  aún siendo advertidos por los auditores contratados por el MEF de que hay una cláusula de rescate administrativo, pactada y aceptada por ICA en el contrato original, firmado hace 14 años; que de aplicarla como corresponde, se pagaría una cifra tope de B/. 285 millones a pagar por la adquisición del bien, estarían cometiendo una lesión patrimonial al Estado por el orden de B/.135 millones.   ¿Por qué y para qué?   ¿A quiénes se pretende beneficiar con esta leonina transacción?

Con la pérdida del buen juicio del Gobierno, que por alguna oscura causa ha desatado una gigantesca y también sospechosa carrera para ver quién propone, licita u otorga en forma directa el proyecto más grande y millonario y, además, haciendo fiesta con la política de pagos adelantados de contratos, tan criticada en el pasado reciente, no podemos dejar de pensar que algo no huele bien en esta danza de millones.

Sé que algunos detractores me exigirán que interponga una denuncia, pero en los pasos que anda la justicia, no vale la pena ahogar el caso ante una Corte Suprema con su voluntad y prestigio hipotecados en las manos del presidente Martinelli. Prometemos luchar para que en el futuro la justicia sea reivindicada y que estas acciones con visos de corrupción no queden impunes.

<> Este artículo se publicó el 17 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa,  a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La democracia pierde su ‘glamour’

La opinión de…

Álvaro Lasso Lokee  

Estoy sentado en una silla y aún no puedo creer que en Panamá nuestra democracia esté perdiendo su esencia gradualmente y se convierta en algo lejos de lo que los griegos llamaron “poder del pueblo”.   No soy abogado, pero no tengo que serlo para preocuparme porque alguien que no sea de este país nos exija que una orden de la Corte Suprema –de favores y asociados, perdón de justicia–   no sea válida, además, esto se apoye –como si nada pasara– con el solo propósito de ser anfitriones de unos juegos de los que estamos, técnicamente, alejados de un grado competitivo, para no decir lejos de las medallas, y no necesariamente por los valores deportivos, sino por muchas razones, aclaro.

No pretendo ser alarmista pero, si es lo que creo, esto es grave. No puedo pensar que en un país cualquiera esto suceda, solo en una novela de Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, que deleitan con su imaginación a sus lectores.

Pido mucha reserva y reflexión a nuestras autoridades en estos temas delicados que son claves y atentan contra la democracia que esperamos conservar, así como en la falta de tolerancia a todos sus críticos, porque no estamos viviendo épocas norieguistas, pienso yo. Los ataques a los periodistas y particulares que se han atrevido a dar opiniones contrarias suman una buena cantidad y eso desvía la esencia de un sistema democrático. ¡Alto a esos métodos!

Sobre las reformas propuestas para introducir la figura de los diputados vitalicios o nacionales, deben utilizarse en el mismo contexto para la creación de empresas que respondan a las necesidades del país y no como un medio para ocupar un espacio en la política. Los panameños hemos cuestionado el papel de los diputados que no juegan un rol efectivo, y hay quejas por los privilegios de los que gozan, y se siguen esperando cambios reales sobre este complejo tema. Los diputados a nivel nacional pueden convertirse en mejores opciones para contrarrestar los modelos tradicionales con que contamos, pero con base e igualmente en una cuota por habitantes, y que no se sobrepase las 72 curules que hay. No más salarios y privilegios, sin respuestas efectivas. ¿Cómo quedaríamos, si esto sigue igual?

Si se quiere modificar o mejorar este órgano del Estado, no es aumentando la cantidad de diputados, sino cambiando sus métodos de trabajo, que sean independientes al 100%, contando con la participación de todos los sectores representativos del país, sería lo ideal. Rellenos no, tal como eran los del Parlacen.

Luego de cuatro periodos presidenciales después de la invasión, se supone que nuestra democracia debe ser mucho más madura de la que vivimos anteriormente. Percibimos que nuestras actitudes egocéntricas, como diría Freud, no nos han permitido crecer adecuadamente y el resultado de eso es nuestro sistema educativo y de transporte, entre otros, para no hacer una lista larga. No somos competitivos o de primer mundo, como dicen las noticias.

<>Artículo publicado el 9 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ley y voluntad

La opinión del Abogado….

LUIS G. ZÚÑIGA ARAÚZ

Nadie puede negar que vivimos en una sociedad legalista. Todos nuestros problemas pretendemos resolverlos promulgando leyes. Creemos que la ley, por ser ley, es la mágica receta para salir de los males que nos agobian. Si encontramos problemas, por ejemplo, en el tema del transporte público, corremos a crear una ley para resolver el conflicto. Sin embargo, pronto advertimos que siguen vivos los problemas y, lo que es peor, se agravan. Entonces nos apuramos a dictar otra ley que reforma o adiciona la anterior. Pretendemos resolver los problemas sin salir de ese círculo legal vicioso.

La ley por sí misma no resuelve los problemas sociales. Los problemas y los conflictos, que muchas veces son motivo de protestas, solo se resuelven cuando los llamados a cumplir con la ley poseen la voluntad de velar por su aplicación, de suerte que la ley se convierta en un auténtico instrumento de solución. No es la ley un fin, sino un medio. Podemos contar con la mejor legislación sobre un tema determinado, pero subsistirán los conflictos mientras que aquellos que tengan que aplicarla carezcan de la voluntad para hacerlo.

Veamos dos ejemplos. Desde hace mucho tiempo hemos oído hablar de la mora judicial y del hacinamiento en las cárceles. Es un problema que viene agravándose día a día. Para solucionarlo se han aplicado varías recetas legales.

En 1991, se dictó la Ley No. 3, que incorporaba a la legislación procesal penal todo un inventario de medidas cautelares distintas a la detención preventiva. Esta ley señala que la detención preventiva es una medida cautelar que se debe aplicar como último recurso, cuando las especiales exigencias de la investigación o las condiciones particulares del sindicado la justifiquen. La Corte Suprema ha puntualizado, a manera de aclaración, que no es obligatoria la aplicación de la detención preventiva ni aún en delitos graves como el homicidio doloso. No obstante, los fiscales y jueces cotidianamente hacen añicos el mandato de estas disposiciones y aplican a su antojo la detención preventiva.

Por iniciativa de la Corte Suprema, se dictó la Ley 1, de 3 de enero de 1995, por la cual se incorpora al proceso penal la audiencia preliminar, el proceso abreviado y otras instituciones.   Estas figuras venían a sustituir el proceso penal ordinario vigente desde abril de 1987. Sus promotores anidaban la confianza que se trataba de un instrumento legal útil para solucionar los dos problemas: el hacinamiento y la lentitud de los procesos. A quince años de vigencia de la Ley, la situación se ha agravado. Se ha agravado no porque la Ley es mala, sino porque los fiscales y los jueces no han tenido la voluntad de aplicarla como la propia Ley señala.

Esas dos leyes, por sí mismas, no resolvieron los problemas que tenían que resolver o mitigar. Tal inoperancia no se debe a que sean malas leyes, se debe a que no ha existido la voluntad real de aplicarla por parte de los operadores de justicia.

Por eso sigue el hacinamiento y la mora judicial. Entonces alguien dijo que la causa de esos males era el mismo sistema inquisitorio vigente hoy. Se dispuso la nueva receta: Cambiar el sistema por el acusatorio. Siguen convencidos que la fiebre está en la sábana y no en el enfermo. Si no tenemos la voluntad de aplicar la ley como la propia ley dispone, aquí podrán instrumentarse los súper sistemas más eficientes del mundo, pero se agravarán los problemas.

Cualquiera reforma en el sistema de justicia penal exige, primero, un íntimo cambio radical de conducta en los funcionarios, cambio de conciencia de los jueces y fiscales y, segundo, voluntad absoluta de respetar la ley. Muchos dolores de cabeza nos hubieran ahorrado si cada uno de ellos depone esa actitud inquisidora, que muchos expresan públicamente y se esfuerzan por convertirse en funcionarios garantistas, verdaderamente cumplidores del ordenamiento legal. Ese cambio deben hacerlo desde hoy, porque sería un verdadero milagro que esos jueces y fiscales se acuesten siendo implacables inquisidores y al día siguiente se despierten siendo funcionarios respetuosos de los principios y las virtudes del sistema acusatorio. Sería una conversión tan milagrosa, opino, que de seguro haría desfallecer hasta al mismísimo Papa.

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Este artículo fue publicado el  23 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La doble moral

La opinión de…

Rigoberto González Montenegro

Quienes decidieron que la licenciada Ana Matilde Gómez, en su condición de procuradora general, cometió el delito de abuso de autoridad y extralimitación de sus deberes, lo hicieron partiendo del siguiente supuesto: como el artículo 29 de la Constitución se reformó en el año 2004, y se dispuso que para intervenir las comunicaciones privadas se requiere mandato de autoridad judicial, al no tener ésta dicha condición, y al autorizar que se interviniera una comunicación telefónica, violó tal norma constitucional, incurriendo en el delito por el que se le juzgó y condenó.

No importaba que no existiera un pronunciamiento de la Corte Suprema, único tribunal competente para ello, estableciendo el alcance de la reforma introducida al artículo 29 de la Constitución, el sólo hecho de su modificación llevaba a que se entendiera que autoridad judicial sólo lo son los jueces y magistrados del Órgano Judicial. Para saber eso, no hacía falta interpretación constitucional alguna, pues quienes reformaron la Constitución así lo habían dejado claramente establecido.

Hasta aquí la argumentación que sirve de sustento a la condena impuesta.

Pues bien, en el mismo fallo en el que se declaró que los agentes de instrucción del Ministerio Público no son autoridad judicial, la Corte Suprema también dispuso que tal sentencia tendría efectos retroactivos, es decir, que lo que se decidió en julio de 2007 se retrotraía a agosto de 2005, mes y año cuando se expidió la resolución de la Procuraduría General declarada inconstitucional.

Para adoptar esa decisión, como es lógico, la Corte desarrolló, y sustentó con argumentación tal criterio jurídico. Dicho de otra forma, llevó a cabo una interpretación, tanto de la Constitución como de la ley, para acreditar y concluir que podía, no sólo declarar inconstitucional la resolución de la Procuraduría en la que se autorizó la intervención telefónica, sino para darle, a su vez, efectos retroactivos.

La pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué la Corte Suprema, en materia de sentencias de inconstitucionalidad, le da efectos retroactivos en ciertos casos, cuando existe una disposición que establece exactamente lo contrario?

En efecto, en el artículo 2573 C. J. se dispone que en materia de inconstitucionalidad los fallos de la Corte, además de finales, definitivos y obligatorios, “no tienen efecto retroactivo”. Por tanto, la Corte al considerar que ciertas sentencias que emite declarando una inconstitucionalidad, tienen efectos retroactivos, hace una interpretación que la ley no le permite, ya que la misma lo que establece es exactamente todo lo contrario.

¿No se extralimita la Corte al darle efectos retroactivos a una decisión cuando la ley dispone lo contrario? ¿Por qué esta interpretación sí se puede hacer, pese a que la ley lo prohíbe, sin que se entienda que con ello no se viola la ley, o no hay extralimitación de funciones?   Lo paradójico de esto es que la Constitución no define qué es una autoridad judicial, sin embargo se condena a una persona porque interpretó y entendía que sí lo era.

La ley establece de manera expresa que las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efectos retroactivos, pero la Corte interpreta que sí, por lo que va más allá de lo que le permite la ley, pero la Corte considera que no se extralimita.

¿No es esto doble moral?   ¿Cómo exigirle responsabilidad penal a alguien que interpreta una norma que no le dice que no es autoridad judicial, cuando quien la condena ha interpretado, contrario a la ley, que sí puede dar efectos retroactivos a lo que no le está permitido?

No hay igualdad ni justicia cuando quien condena a otro lo hace por unos hechos que, cuando los comete ella, considera que no son delito.

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Este artículo se publicó el 20 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Todo al revés

La opinión de…

Xavier Sáez–Llorens

Cuando se rumoraba sobre la posible condena de Ana Matilde pensé que se trataba de una inocentada desfasada de fecha.  Todavía no logro asimilar la sentencia, por más legalidad jurídica que pintorescos defensores intenten argumentar a posteriori.  Imagino la escena del malhechor, pescado in fraganti en la fechoría, riéndose frente a la televisión mientras la decente abogada (extraño adjetivo para esta profesión) era castigada por autorizar a un fiscal la grabación voluntaria del celular de una víctima sujeta a soborno.

Más ridícula fue la conmutación de la pena para inhabilitarla por el tiempo exacto que le quedaba como procuradora vigente.   Para mayor hilaridad, la votación de los magistrados se fraccionó según el partido que los puso en la CSJ, clara demostración de que las conciencias se compran desde el Ejecutivo.

Ante el circense veredicto, recordé al fabuloso humorista George Carlin, que en sus chistes sobre la hipocresía de la sociedad, se mofaba de la irracionalidad de la humanidad. Una de sus actuaciones criticaba las paradojas de la era en que vivimos. He agregado y modificado algunas de sus observaciones para ilustrar mejor el asunto.

Tenemos edificios más altos, pero tolerancias más cortas; carreteras más amplias, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero poseemos menos; compramos más, pero disfrutamos menos. Contamos con casas más grandes, pero familias más pequeñas; mayores comodidades, pero menor tiempo para disfrutarlas. Ostentamos más diplomas académicos, pero menos sentido común; mayor conocimiento, pero menos educación.

Aparentamos conocer mucho, pero leemos muy poco; disponemos de más expertos, pero menos soluciones; mejor medicina, pero menos salud. Incrementamos los bienes, pero reducimos nuestros valores; rezamos a diario, pero odiamos a cada rato. Aprendemos a ganarnos la vida, pero no a vivir; agregamos años a la vida, pero no vida a esos años. Hemos visitado la Luna, pero nunca el hogar del vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no dominamos el yo interior. Manipulamos átomos, pero no controlamos prejuicios. Sabemos apresurarnos, pero no esperar. Inventamos tecnologías para contactarnos, pero nos comunicamos menos.

Pagamos más impuestos, pero recibimos menos beneficios; somos solidarios con los que menos tienen, pero éstos cada vez son más vagos. Nos arruinamos con elevadas pólizas, pero quedamos desprotegidos contra enfermedades graves. Aportamos con esfuerzo dinero al fisco, pero el tesoro estatal se utiliza para pagar viajes, coimas, vehículos de lujo y joyas de gobernantes, ministros o diputados.

Votamos por esperanzas y promesas, pero presenciamos inseguridad, corrupción e iniquidad. Aportamos cuotas a sindicatos o gremios buscando bienestar individual, pero sus líderes se liberan de trabajar, rascan sus escrotos en oficinas refrigeradas, transan con el mejor postor, inventan conflictos, exponen a los más indefensos a la represión y consiguen poder perpetuo.

Hoy en día hay dos ingresos, pero más divorcios; domicilios más lujosos, pero hogares más disueltos; fácil acceso a condones desechables, pero más embarazos indeseables; más cuerpos obesos, pero menos alimentos saludables; píldoras que alegran y curan, pero también que deprimen y matan.

Nos maravillamos al mirar cataratas, montañas nevadas y aves preciosas, pero cortamos bosques, envenenamos ambientes, contaminamos mares y destruimos hábitats.   Hablamos de amor al prójimo, pero discriminamos por color, sexo o etnia.   Nos imponen cuándo nacer, pero no nos permiten decidir cuándo morir. Resaltamos el valor de la familia, pero solo decimos “te amo” cuando el ser querido agoniza o ya se ha ido.

La vida es lo único que debería ser al revés. Como apuntaba Woody Allen, “Tendríamos que empezar muriendo para superar rápidamente ese trámite. Luego despertar en un asilo e ir mejorando día a día. Después ser botado de allí porque estás bien y lo primero que haces es cobrar tu pensión.

Trabajas 40 años hasta que seas bastante joven para gozar el retiro de la vida laboral. Entonces vas de fiesta en fiesta, bailas, tomas cerveza, practicas el sexo y te preparas para empezar a estudiar.   Asistes al colegio para jugar con tus amigos, sin responsabilidad alguna, hasta llegar a ser bebé. Los últimos nueve meses te la pasas flotando tranquilo, con calefacción central y comida constante.   Al final, abandonas tu existencia en un orgasmo”.  Lo firmaría ya.

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Este artículo se publicó el 22 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ante lo injusto, solidaridad y resistencia

El fallo de la Corte… La opinión de…

Aurelio Barría Jr.

Editoriales y artículos de opinión de los principales diarios escritos del país se han pronunciado y han reflejado, como muchos ciudadanos, el pensamiento crítico y el sentimiento de rechazo al injusto y cuestionado fallo de la Corte Suprema de Justicia, que condena a seis meses de cárcel a la procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, quien fue separada inicialmente como consecuencia de mantener una posición firme e independiente frente a la injerencia del Ejecutivo, como es percibido, sin duda alguna, por la sociedad civil.

Como ciudadano independiente, he asistido a las audiencias públicas que se realizaron, primero para determinar si procedía un llamamiento a juicio a la procuradora separada y, posteriormente, al propio juicio para juzgar su inocencia o condena, en ambos casos con la participación del pleno de los magistrados de la Corte Suprema.

He sido testigo de los argumentos a favor y en contra de todas las partes, y muy en especial de las preguntas formuladas por los magistrados al testigo de la defensa de la procuradora, Rigoberto González, quien con elocuencia y conocimiento de la materia legal, por más de tres horas, respondió cuestionamientos y defendió el criterio, que el Ministerio Público asumió su responsabilidad sobre la interpretación sustentada legalmente de que en la fecha del acto cuestionado les asistía el derecho de autorizar la solicitud de intervenir el celular relacionado con el caso de corrupción contra el “tristemente célebre” ex fiscal, acusado y comprobado de pedir una coima a los familiares de una joven detenida.

Estamos ante un hecho consumado, una decisión tomada por el más alto Tribunal de Justicia, cuyo fallo de condena, aunque lo consideremos injusto e impregnado de injerencias políticas… es un fallo final –por lo menos en esta administración– y quedará en las páginas de nuestra historia republicana como un grave precedente. El actuar de los magistrados que condenaron a la procuradora también será recordado por sus nombres, como ejemplo lamentable de lo que no puede ser, condenar a una persona inocente que no ha cometido un delito, solo por presiones y capricho de quienes hoy se lavan las manos, como Poncio Pilatos, ganándose los magistrados el repudio de los ciudadanos honestos de este país. Queda en sus conciencias y ojalá puedan dormir tranquilos el resto de sus días, hasta la rendición de cuentas ante el Supremo.

Los panameños que luchamos cívica y pacíficamente por la vigencia de los principios y derechos de justicia, libertad y democracia, volvemos a revivir un sentimiento de frustración e impotencia al pensar que no se puede hacer nada al respecto, al igual que sentíamos el peso y el miedo del poder de la dictadura militar, que concentraba el poder absoluto con injerencia en todos los órganos del Estado.

Sin embargo, fueron hechos y situaciones graves ocurridos, como los que estamos viviendo ahora, los que fueron despertando la conciencia ciudadana, que unida espontáneamente forjó un gran movimiento civilista nacional, solidarizándose para convocar la resistencia con sacrificios personales con la esperanza de lograr un gobierno democrático, con independencia de poderes, con plenas libertades, y una administración de justicia digna, íntegra, honesta y responsable.

Todos tenemos la gran responsabilidad de contribuir en la búsqueda de las soluciones a los problemas nacionales –que no es exclusiva de los gobernantes– a través del diálogo franco y abierto, con interlocutores válidos y con una clara voluntad verdadera de corregir errores, de lo contrario, iremos caminando nuevamente hacia destinos indeseables que no se merece Panamá.

“La paz es fruto de la justicia, … si no hay justicia, no tendremos paz”.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El testamento final de Wilson Lucom

“.. –hablan de 50 millones– a una fundación cuyo propósito era “alimentar a niños con necesidades en Panamá”.  La opinión de…

R. M. Koster

Wilson Lucom, diplomático e inversionista norteamericano, se radicó en Panamá en 1991 después de ganar una batalla contra el cáncer. Era muy rico, pero había nacido pobre y sus gustos eran sencillos. Prefería el interior a la capital. Compró una finca en Antón, y con Chinchorro Carles y otras amistades coclesanas llegó a conocer rincones como Toabré y La Pintada. Como he visto pasar a menudo con paisanos míos, parecía tener más aprecio por Panamá que muchos panameños.

Lucom se casó dos veces, pero nunca tuvo hijos propios. Le preocupaba la falta de oportunidades para los jóvenes del campo, y el juega vivo de la política criolla. Se preocupaba por Panamá.

Cuando murió, en junio de 2006, a los 88 años, dejó un condominio y un cuarto de millón anual a su viuda, sumas menores a varios otros, y el grueso de su fortuna –hablan de 50 millones– a una fundación cuyo propósito era “alimentar a niños con necesidades en Panamá”. Era el legado más grande para una obra de caridad en la historia del país.

El legado iba a salvar muchas vidas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), “Panamá es uno de los dos países de América Central que han experimentado en los últimos años un aumento en la desnutrición crónica de los menores de cinco años”.   En 2007, la Asociación Nacional Pro Nutrición Infantil estimaba que en la comarca Ngäbe Buglé dos niños morían de desnutrición cada tres días.

Lucom habla en el testamento de habilitar a las escuelas de lugares necesitados para dar almuerzos a los alumnos. Así era que el legado iba también a ayudar a la economía interiorana.

Iba a mejorar las vidas de todos los que vivimos en el istmo, y de muchos no nacidos todavía. Por el legado de Lucom, íbamos a tener más ciudadanos responsables entre nosotros y menos delincuentes. Iba a corregir un poco la injusticia económica a la cual el presidente Martinelli se refirió en su campaña cuando dijo que, “Panamá es el tercer país con la peor distribución de riqueza en el mundo”. Más importante aún, iba a dar esperanza y reducir ira.

La Corte de Sucesión aceptó el testamento de Lucom el 5 de julio de 2006, declarando que la fundación era el heredero principal.   Poco tiempo después, la viuda de Lucom presentó un incidente para anular el testamento y para que ella fuera nombrada heredera universal –es decir, única– de Wilson Lucom.     El 4 de mayo de 2007, el Tribunal Superior de Panamá confirmó la validez del testamento de Lucom.   La viuda apeló e interpuso un recurso formal de casación.  El caso fue a la Corte Suprema.

La Corte falló el 6 de agosto.   Señaló en el fallo que Lucom, en su testamento, se refirió a quien hoy es su viuda como su “amada esposa”.   Estas palabras, decidió la Corte, indican “que aún después de la muerte del causante [es decir, Lucom], éste se preocupara por el bienestar y la posición socioeconómica de quien al momento de su muerte tenía la condición de cónyuge, situación que no puede inferirse pueda tener una fundación”.  Por esto, la Corte declaró a la viuda heredera universal.

Al morir Wilson Lucom, la República de Panamá tenía casi 103 años de existencia.    Aunque dure otros 103 siglos, no tendrá en su tierra a nadie tan bobo de tratar de dar su fortuna a los pobres.

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Este artículo se publicó el 19 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.