Sobre la derogatoria y reminiscencia de leyes

La opinión del Jurista  y Ex Presidente del Colegio Nacional de Abogados…

JOSÉ A. ÁLVAREZ ÁLVAREZ
totoal02@hotmail.com

Recientemente se anunció que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional la ley que derogó la ley que creó la ‘Sala Quinta’.   Fresca aún la noticia ya se comenta que el presidente Ricardo Martinelli, procederá a nombrar esos tres (3) nuevos Magistrados, porque se dice que a los nombrados con la creación de la Sala se les venció el período.

Advierto que a hoy jueves 20 de enero no conozco el fallo.

Sobre el particular, vale recordar y recordarle a los que desde ya piensan en esos nuevos nombramientos que el asunto no procede, y para ello citamos el Artículo 37 del Código Civil, que dice: ‘Art.37- Una Ley derogada no revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó.

Una disposición derogada sólo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva, o en el caso de que la ley posterior a la derogatoria establezca de modo expreso que recobra su vigencia.

En este último caso será indispensable que se promulgue la ley que recobra su vigencia junto con la que la pone en vigor-.

Por otro lado, el artículo 206 de la Constitución Política es diáfano. Allí están claramente definidas las atribuciones legales y constitucionales de la Corte Suprema de Justicia y en ninguno de sus tres (3) numerales aparece ‘revivir leyes que ella declare como inconstitucionales’.

Hagamos un poco de historia. La Sala V fue creada en el gobierno del doctor Ernesto Pérez-Balladares. Y una de las primeras leyes que se expidió en el gobierno de la presidenta Mireya Moscos fue derogar la ley que creó la Sala V.   Todavía esta fresca en mi memoria la marcha que organizó, y en la cual participamos, el Colegio Nacional de Abogados, dirigido por el gremialista César Guevara Quintero, solicitando la derogatoria de la Ley que creaba la mencionada Sala.

Esperamos igual actitud de la actual dirigencia del CNA, hoy, igual, en manos de otro gremialista, así como del presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, otro gremialista y ex presidente del Colegio de Abogados, Licdo. Hernán Delgado Quintero.

Sentémonos a esperar que harán los diputados panameñistas en caso que se quiera dictar una nueva ley de Sala V, ¿contravendrán su postura de 1999?. En otro sentido, he oído hablar que quieren ‘revivir’ la Sala V a través de la teoría de la ‘Reminiscencia’, que es una teoría del conocimiento según la cual conocer es recordar.    Se atribuye a Platón en el diálogo ‘Menón’  con ocasión del estudio de la virtud. Pero, mejor esperemos el fallo de la Corte Suprema para un análisis del mismo.

<>
Este artículo se publicó el 24 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Intervenciones telefónicas en la doctrina procesal penal

*

La opinión del Abogado…

Ramiro Guerra Morales

Acotaba el maestro y destacado constitucionalista panameño, el Dr. José Dolores Moscote, que los derechos y libertades fundamentales, vinieron a hacer la diferencia entre el viejo régimen del estado poderoso, absoluto y la modernidad liberal, que se caracterizó por el advenimiento de un estado limitado en su poder frente al ejercicio de derechos considerados como naturales e inherentes a la condición humana.

Nuestra Constitución Nacional, para los propósitos del presente artículo de opinión Jurídica y doctrinal, señala que “todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, ha señalado, que lo de autoridad judicial, debe entenderse como la proveniente de mandato o decisión judicial, excluyendo al Ministerio Público del concepto de la judicialidad.   En ese sentido para que proceda la ejecución de una intervención de la naturaleza mencionada, la institución que lleva el sumario adelante, tiene la obligación de solicitar el mandato

que no puede otro, que el proveniente del Órgano Judicial.

La doctrina procesal penal, en cuanto a las intervenciones telefónicas, ha señalado que cuando estamos frente a intervenciones telefónicas,   a riegos de no caer en el campo de la arbitrariedad, el proceso que conduzca a la implementación de tal medida instrumental, deberá ceñirse al cumplimiento de varios principios, que según la jurisprudencia de el alto tribunal constitucional de España y la doctrina. corresponden a los Principios de Proporcionalidad;  el de Idoneidad y  el Principio del Mandato de lo Especial.

Los principios mencionados, implícitos en toda Constitución que se aprecie de tutelar de los derechos y garantías fundamentales. conducen a señalar, que la solicitud del funcionario instructor, tiene que darse dentro un sumario iniciado, debidamente fundamentado por el denominado auto cabeza de la investigación; la solicitud elevada a lo judicial, tiene que dar debidamente sustentada, marginada de conjeturas e inconducencias; de apreciaciones subjetivas y juicios de valoración; en otras palabras la petición tiene que estar sometida a los rigores propios de una relación de objetividad, entre el hecho objeto de la investigación y su eventual autoría.

En un estado de derecho, una solicitud al órgano Judicial, en el caso panameño, a la Sala de lo Penal, que no reúna los requisitos mencionados, trasunta el campo de la arbitrariedad y debe ser rechazada o en su defecto ordenada su ampliación, de tal suerte que se preserve la defensa del derecho a la no intervención de la comunicación privada.

Es importante señalar, que la decisión del Órgano Judicial de ordenar o mandatar la intervención, tiene que estar fundamentada, para no caer en el campo de la arbitrariedad y abuso. Tiene que ponderar, si lo solicitado por el Ministerio Público, en cuanto a la investigación del presunto delito, puede ser instrumentalizado por otros medios, sin que se tenga que exponer o cruzar los límites de un derecho fundamental, como el objeto de estos comentarios.

Somos del criterio, que un proceso penal, donde se hayan omitidos tales formalidades, riñe con claros principios de la defensa penal, lo que pudiera dar lugar a la nulidad de todo lo actuado.

*
<>Artículo publicado el 17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/guerra-morales-ramiro/
**

Legalizan impunidad y ‘juegavivo’

La opinión de la Economista y Educadora….

LIZABETA   S.   DE   RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hoy conmemoramos 107 años de separación de Panamá de Colombia, sin embargo parece que las experiencias vividas de poco valen para lograr que los políticos cambien la actitud mezquina del juegavivo por la de estadistas; lo que requiere este país para lograr un desarrollo sostenido.

En el transcurrir de nuestra vida como nación libre, se ha hecho costumbre la mala práctica que quienes ocupan cargos gubernamentales, principalmente los del Órgano Legislativo (independientemente del partido político), aprovechen celebraciones importantes (donde la ciudadanía se encuentra distraída), para aprobar leyes que en nada favorecen a la población.

El irrespeto de los electos hacia la población, es tal que en lugar de crear leyes que beneficien a los más necesitados y promuevan la cohesión nacional, tratan de meter nuevos camarones, aprobando el pasado jueves en segundo debate el ‘proyecto de ley 131, sobre juzgamiento a diputados’.

Según los entendidos, esta iniciativa parlamentaria intenta impedir que los ciudadanos puedan efectuar denuncias anónimas y así ‘quitarle al Ministerio Público la facultad de investigar a los diputados’.   Esta acción recaería solo en la Corte Suprema de Justicia, quien en un periodo no mayor a cuatro meses debería realizar indagatorias y decretar un fallo.

Mientras la población se debate en una multitud de situaciones que afectan su calidad de vida, como la inseguridad en las calles, aún con los operativos policiales y se implementa el pele—police para tratar de controlar los niveles de delincuencia, la corrupción continua en la figura del clientelismo político, botellas y desaciertos en la aprobación de leyes para favorecer intereses particulares, económicos o partidistas.

La población está en espera de un verdadero cambio. Es inaceptable lo publicado por los medios. El aumento en la dieta de los diputados, así como el artículo que incluyen en el Presupuesto General del Estado para el 2011, que los cargos por elección popular donde ellos son funcionarios en licencia, reciban ajustes salariales, aún cuando no estén ejerciendo esas funciones.

Es injustificable el exagerado incremento en los viáticos nacionales y al exterior para funcionarios que reciben gastos de representación y devengan altísimos salarios. Este es un país donde a la población trabajadora a duras penas le alcanza los escasos recursos que devenga para subsistir. Tal es el caso de los jubilados, quienes exigen un aumento de B/.50.00 en sus pensiones y esperan que el presidente Martinelli les cumpla la palabra empeñada.

La ciudadanía, pilar esencial para salvaguardar los intereses y patrimonio de los habitantes del país, debe estar vigilante para evitar atrocidades contra el erario. Exigir la rendición de cuentas oportuna contribuirá a garantizar la transparencia en el buen uso de los fondos en obras públicas financiadas con nuestros impuestos. Los diputados deben legislar con honestidad. Es su responsabilidad y deber analizar a conciencia los proyectos de ley que se presenten, y no aprobarlos a tambor batiente, a fin de que las leyes respondan a las demandas sociales de los conglomerados poblacionales.

 

*

<> Este artículo se publicó el 3  de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en https://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-lizabeta-s-de/

Violación a las garantías ciudadanas

La opinión del Abogado….

Irving I. Domínguez Bonilla

Nuestra Carta Magna reconoce y tutela efectivamente el derecho de locomoción o tránsito de los ciudadanos, dentro del territorio nacional, haciendo efectivo un derecho fundamental de primera generación, que no puede ser objeto de cortapisas o limitaciones infundadas por parte de las autoridades del país. Esta garantía solo puede ser eclipsada por serios motivos previamente establecidos en la ley, conforme lo dispone el artículo 27 de nuestras normas fundamentales.

El derecho de tránsito es consustancial con el ser humano, con los cuales nace y muere, siendo entonces parte de su vida. Este derecho es el denominado ius movendi et ambulandi del que hablaban los romanos, o el power of locomation que consagra la jurisprudencia anglosajona, y que ha sido objeto de un completo análisis por la jurisprudencia del pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Este derecho ha sido atacado constantemente por parte de las autoridades nacionales, quienes al ejercer su rol adoptan actos de hecho, en unos casos, y en otros supuestamente amparados en las leyes de procedimiento, que tienden a minimizar o coartar el derecho de tránsito de los ciudadanos.   Y es que en la práctica nos encontramos con los agentes de la Policía Nacional quienes de forma extraña utilizan la figura llamada “retención por investigación”, con la cual privan de su libertad a las personas con el objeto supuesto de investigar si tienen causas pendientes.

Con esta medida se priva de su libertad a la persona durante un lapso, a veces de hasta 24 horas, hasta que en la mayoría de los casos la persona es liberada después de haber pasado todo ese tiempo privado de su libertad, aunado a las connotaciones estigmatizantes que se infieren con esta medida y la afectación psicológica al estar, incluso, en las cárceles de la policía en donde es retenido sin fundamento o razón.

Por otro lado, ya con un fundamento legal, nos encontramos con la figura llamada conducción, la cual tiene por objeto que la persona citada o requerida, por la autoridad investigativa o judicial, y existiendo reticencia de su parte a comparecer, sea trasladada a estos despachos a evacuar las diligencias ordenadas.

A pesar de su existencia legal, se da la situación en que se abusa de la figura ordenándola sin haberse citado a la persona, sin darle la oportunidad de comparecer voluntariamente, y en muchos casos se decretaba un día viernes, con lo cual el ciudadano tenía que permanecer retenido el fin de semana hasta que lo presentaran el día hábil siguiente a la autoridad.

Recientemente dos fallos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno con la ponencia de Jerónimo Mejía y el otro con ponencia de José Abel Almengor, han puesto coto al abuso de esta medida de conducción arbitraria estableciendo, vía estos fallos, los requerimientos necesarios para que esta sea procedente, llamando incluso la atención a los funcionarios al señalar que “dicha facultad debe manejarse con prudencia, evitando que en la práctica se instituya en un régimen preliminar de detención…” (Fallo de 23 de julio de 2010).

*
<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/dominguezbonilla-irving/

Sobre indultos y constitucionalidad

*

La opinión de….

Francisco Díaz Montilla

Pasada la vorágine con respecto a la inhabilitación profesional a dos periodistas, quiero compartir algunas inquietudes con los ciudadanos de este país.   Cuando la señora Ana Matilde Gómez fue condenada, quienes celebraron la sentencia señalaban que la Corte había fallado de acuerdo con la justicia. El argumento era simple y contundente: Violar la Constitución es un delito. Toda persona que comete un delito merece ser sancionado. La señora Gómez violó la Constitución; ergo…

Durante mucho tiempo los mandatarios instituyeron una mala práctica con respecto a la facultad constitucional de indultar. Por supuesto, el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución es claro al señalar que el Presidente puede indultar por delitos políticos, asimismo puede rebajar pena o conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes. Igual claridad encontramos en el artículo 116 del Código Penal. A pesar de ello, los gobernantes –muy a conveniencia– indultaban a medio mundo.

No es hasta el 30 de junio de 2008 cuando el pleno de la Corte reitera en un fallo lo evidente para todos, menos para los gobernantes: El Presidente de la República no puede decretar indultos por delitos que no sean de naturaleza política, y siempre que haya habido una condena.

Pero, ¿qué es un delito político? He allí una pregunta que no se puede responder desde el derecho mismo, sino desde la doctrina.   La Corte es del criterio de que “el hecho que en nuestro sistema no se cuente con el marco objetivo que identifique con amplitud y precisión el significado técnico de lo que es un delito político, no puede justificar, ni la mala práctica que con esa excusa, se decreten indultos con relación a cualquier tipo de conducta delictiva…” Pese a ello, “esta corporación de justicia, en ausencia de una norma legal que desarrolle el concepto constitucional de delito político, interpreta que los delitos a los que hace alusión la frase “delitos políticos” en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá, se refiere a los delitos contra la personalidad interna del Estado y los delitos electorales”.

Señala la Corte que “el Presidente de la República posee una facultad constitucional para decretar indultos, empero el ejercicio de esa potestad no puede ejercerse de manera arbitraria o apresurada, sin atender la condición que la propia norma superior le impone al Ejecutivo, para el efectivo y eficaz ejercicio de esa facultad”.

Es claro, entonces, que el Presidente de la República no puede –por disposición constitucional– indultar sobre delitos que la Carta Magna no le autorice. Actuar en contrario es violar la Constitución, y ya sabemos qué implica tal violación.

Por supuesto, indultos de este tipo requieren que la Corte se pronuncie. Si esta es imparcial, mínimamente consistente y entiende el derecho como una práctica racionalmente fundada difícilmente podrá contravenir lo expresado en el fallo anterior. Entonces, para quienes “defendieron” la Constitución en el caso de la señora Gómez, la pregunta –al tenor del artículo 191 de la Carta Magna– es: ¿debería ser sancionado el Presidente por violar la norma fundamental al indultar sobre asuntos para los cuales no tiene competencia?    No olvidemos que en el juicio contra la señora Gómez una cosa quedó clara: Que los fallos de la Corte pueden usarse como pruebas de la comisión de delito.

*
<> Este artículo se publicó el 17  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

 

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/diaz-montilla-francisco/

*

Proceso de inconstitucionalidad de la “Ley Chorizo”

La opinión del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados…

Carlos M. Herrera Morán 

Era de esperarse que el señor Procurador de la Administración, Oscar Ceville, optase por recomendar al Pleno de la Corte de Suprema de Justicia la declaración de que “No es inconstitucional la Ley No. 30 de 16 de junio de 2010”, denominada por el pueblo como la “Ley Chorizo”, ignorando circunstancias que demuestran todo lo contrario, por ejemplo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional violando el artículo 149 de la Constitución de la República; sin recibir los tres debates, conforme a la tradición constitucional; y vulnerando los derechos humanos.

Este funcionario, simplemente, aprovechó esta oportunidad para coincidir con la voluntad de los promotores de semejante engendro legislativo, habida cuenta de que tiene interés en enterrar, a como dé lugar, el tema de los “pinchazos” telefónicos que lo agobia, cuando lo que debió hacer era declararse “impedido” en dicho caso, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2571 del Código Judicial.

Con ese anhelo reprochable, era de esperarse -como en efecto lo hizo- que el Procurador Ceville invocara “precedentes” cuestionables del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales las demandas de inconstitucionalidad encaminadas a que se declare inconstitucional toda la Ley que se impugna, tal como lo hemos demandado un sinnúmero plural de profesionales del derecho y como clama mayoritariamente la sociedad panameña, resultarían inadmisibles, por supuestos defectos de formas. Ignorando la doctrina del bloque de constitucionalidad, dentro de la cual el reglamento interno de la Asamblea Nacional constituye un elemento integrante del mismo. La Corte Suprema de Justicia señaló en la sentencia de 16 de octubre de 1991 (proceso de amparos de garantías constitucionales promovido por H.L Leo González contra la Asamblea Legislativa) “que si una Ley es aprobada por la Asamblea en violación del procedimiento previsto en ese reglamento, la consecuencia es que aquella puede ser declarada inconstitucional, por el vicio de forma que presenta la Ley así aprobada”.

De acuerdo con nuestra Constitución vigente, una demanda de inconstitucionalidad no tiene causales de inadmisibilidad, tomando en cuenta la importancia atribuida por la Carta Fundamental al orden público que deben respetar los Órganos del Estado, las entidades autónomas y todos los servidores públicos.

Es criticable en la Vista del Procurador de la Administración su limitada visión a los principios de interpretación constitucional, a tal punto que ignora, entre otros, los Principios de la Supremacía y de Unidad de la Constitución, que obligan a interpretar todo el ordenamiento jurídico de conformidad con el texto constitucional (artículo 12 del Código Civil).

En tal sentido, siendo que la guarda de la integridad de la Constitución, recae principalmente “sobre la inconstitucionalidad de las Leyes”, sin distinción de ninguna clase, nada impide demandar la inconstitucionalidad de toda una Ley (v.gr. la Ley Chorizo, etc.), por razones de formas. Máxime cuando esa nefasta Ley ha traído luto y dolor a la familia panameña, y constituye un foco de perturbación de la vida nacional.

Y, en efecto, el Código Judicial no lo prohíbe, porque ello sería inconstitucional y, por el contrario, previene que tal demanda de toda la Ley se haga cumpliendo la “transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales”, sin restricción de ningún tipo, donde incluye la transcripción de la Ley, de conformidad con el término Leyes, contenido en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución.

En síntesis, podríamos decir que a la “Ley Chorizo” el Procurador Ceville le agregó “condimentos veneníferos”, con lo cual pretende hacer “un plato repugnante jurídico”.   La pregunta del millón es: ¿La Corte se comerá tal plato indigesto o tendrá la valentía de tirarlo al tinaco de la antijuridicidad?

<> Artículo publicado el 6 de octubre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Bienvenida, embajadora Powers

La opinión del Periodista y  Docente Universitario…

DEMETRIO OLACIREGUI Q.  

La expectativa generada en el país por la llegada de la nueva embajadora de Estados Unidos, Phyllis M. Powers, ha sido sorprendente. La diplomática ha vestido de negro en los primeros actos público, quizá por ser su color favorito o sumándose al duelo por la justicia panameña. Pero su mensaje ha sido claro: Viene a trabajar con las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación.

En contrapartida, las acciones del oficialismo, en la primera semana de presencia de Powers en Panamá, resumieron la tragedia nacional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no encontró delito contra David Murcia, extraditado desde Colombia a Nueva York por lavado de dinero del narcotráfico.   En Colombia fue condenado a 30 años. Pero en Panamá, un proceso judicial iniciado por José Almengor, cuando era fiscal de Drogas, lo absolvió.

La Sala Penal de la CSJ, que integran Almengor y los magistrados Aníbal Salas y Jerónimo Mejía, concluyó que Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional (PN), no participó en un plan para secuestrar estadounidenses durante la invasión de 1989.   Un informe del proceso disciplinario contra Pérez por su vinculación con esos hechos desapareció de los archivos de la PN.

La misma Sala Penal de la CSJ fue la que autorizó al procurador general suplente, Giuseppe Bonissi, el espionaje telefónico contra opositores y sindicalistas. Informes de prensa revelaron que Estados Unidos retiró el equipo de escucha telefónico suministrado al Consejo de Seguridad durante la pasada administración, porque Martinelli lo usaba con fines políticos. El gobierno adquirió nuevo equipo. ¿Está instalado en la Dirección de Investigación Judicial?

Ana Matilde Gómez, ex procuradora general, cree que primero intervinieron los teléfonos y luego pidieron autorización. Es una farsa que Martinelli se enteró de las escuchas por los periódicos.   Queda, por el contrario, la certeza de que fue el gobierno quien pagó la multa de $4000 impuesta contra Gómez por la CSJ.

Con el espionaje telefónico el régimen reforzó su historieta de que la explosión social de Changuinola fue una conspiración del Suntracs y el PRD. Pero también colocó al país al borde de la desobediencia civil, como advirtió el PRD, porque la sociedad está en total indefensión por el irrespeto de Martinelli a los derechos ciudadanos y las instituciones judiciales.

Martinelli dijo la semana pasada que no le importa que se rompa el diálogo, pues el país seguirá adelante.   Repitió, además, sus ataques contra los periodistas, al calificarlos de ‘bochinchosos’, por revelar lo que el gobierno oculta.

Primero fue la donación de $750000 de la operadora de casinos Club Flush Entertainment —denunciada penalmente por la Junta de Control de Juegos—, repartida entre 15 ONG’s.    Luego la noticia de que en 2011 Martinelli destinará $3.5 millones para su seguridad personal con la compra de un robot antiexplosivos, la construcción de un túnel en la Presidencia y rehabilitar un búnker en Quarry Heights.   ‘Se está preparando para una guerra contra su propio pueblo’, anticipó el general Rubén Paredes.   Mientras que Jaime Abad aseguró que el búnker será usado por Martinelli para reuniones secretas sin ser espiado por las agencias estadounidenses.

Roberto Eisenmann denunció que Martinelli ha frustrado a la ciudadanía y generado un creciente rechazo por ‘su maleantería, amenaza y compra de opositores, inscripciones a cambio de puestos y ausencia total programática’. No descartó que al final de su gobierno, Martinelli tenga una ‘predecible huida escapista hacia el exterior’.

Powers ha sido testigo de todos esos hechos durante su primera semana en Panamá. Su tarea será delicada. Martinelli tenía en la ex embajadora Barbara Stephenson una especie de hada madrina. Bajo la premisa de que cualquier alternativa era mejor que el PRD, Stephenson promovió en Washington la figura de Martinelli como conveniente a los intereses estadounidenses y participó en la arquitectura de la alianza opositora.

Pero tras el triunfo, vino la decepción y la alarma. Su traslado anticipado a Londres, abrió un nuevo escenario para reenfocar la estrategia del Departamento de Estado.

Más allá de quién esté en la Casa Blanca y de los servicios que preste el mandatario al Pentágono (Martinelli apuesta al triunfo de la ultraderecha republicana en las elecciones presidenciales del 2012, calculando tener menos presiones en el último tramo de su régimen), es de esperarse que Powers le recuerde el cuadernillo: Vigencia del Estado de Derecho, valores democráticos, contrapesos de las instituciones, respeto a la sociedad civil y a la libertad de expresión. Estados Unidos todavía promueve que en toda democracia haya demócratas que gobiernen democráticamente, lo contrario es monarquía o totalitarismo.

<> Artículo publicado el 23 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,   lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

*