Los procesos arbitrales

El artículo 49 de la Constitución reconoce que la ley establecerá mecanismos para garantizar los derechos del consumidor

La opinión de….

PEDRO  MEILÁN

En aquellos contratos denominados de adhesión, las condiciones de la contratación son establecidas unilateralmente por las empresas.

El consumidor sólo se adhiere a las mismas.

Aún cuando ciertos elementos de alguna cláusula sean negociados individualmente, seguirá considerándose un contrato de adhesión.

Esta condición permite cuestionar la validez de sus cláusulas, pues las mismas son susceptibles de ser anuladas por abusivas y, con ello, dejadas sin efecto.

En algunos de estas contrataciones se está estableciendo la obligación para que se acuda a un proceso arbitral para dirimir las controversias que en materia de derecho de consumo se susciten entre las partes.

Con esto se obvia la tutela especial que el diseño normativo que presenta la Ley 45 de 2007, plantea a favor de la parte débil de la relación de consumo, el consumidor.

La vulnerabilidad del consumidor en la relación de consumo se ve sustentada en virtud de muchos aspectos, entre los que destacan la asimetría de información, el poder económico superior del agente económico versus el consumidor, en la mayoría de los casos, que le permite obtener, inclusive mejores condiciones para discutir sus controversias, entre otros.

El artículo 49 de la Constitución Nacional reconoce que es la ley la que establecerá los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del consumidor, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la transgresión de esos derechos.

Asimismo, el Decreto Ley No. 5 de 8 de julio de 1999, señala en el numeral 1 de su artículo 2 que no podrán ser sometidas a arbitraje las controversias que surjan de materias que no sean de libre disposición de las partes.

Consideramos que son los mecanismos especialmente diseñados para regular las relaciones de consumo, los que deben regir el trámite de este tipo de causas. Los procesos arbitrales suponen un costo importante para el consumidor (honorarios del árbitro).

Esto constituye un desincentivo importante para querer discutir cualquier cosa con la empresa.

Adicionalmente, el fallo al final sería en equidad; no basado en la normativa especialmente diseñada para proteger al consumidor.

Es decir, un fallo de partes iguales para dos sujetos que presentan desigualdades económicas evidentes entre sí.

Estimamos que las cláusulas arbitrales resultan abusivas, si no se refieren al arbitraje de consumo que establece la Ley 45.   Esto ya que, básicamente, y como lo dispone el numeral 7 del artículo 74 de dicha ley, implican una renuncia del consumidor de las acciones procesales, los términos y las notificaciones personales, establecidos en el Código Judicial o en leyes especiales.

Es por esta razón, que ante la rigidez de condiciones que supone un contrato de adhesión al que se enfrente un consumidor, en la que se le imponga el arbitraje para solventar algún conflicto que surja entre las partes, correspondería demandar la nulidad de la cláusula, por abusiva, previa solicitud de suspensión de sus efectos ante el tribunal competente.

Cabe destacar que existen otras materias que han sido restringidas del ámbito de aplicación de la jurisdicción arbitral, por considerarse igualmente, de tutela, específicamente, el Derecho Laboral, el Derecho de Familia o el Derecho Penal.

*

<> Este artículo se publicó el 8  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

La palabra dada

Más artículos del autor en:  http
*

La opinión del Jurista…

Silvio Guerra Morales 

Hago entrega, cerrando el año, de este hijo que he parido propio de algunas reflexiones y de cómo he visto que en mi país se está perdiendo el respeto por la palabra que se da a un semejante. 

Siempre hay por qué escribir y de qué escribir.   La amplia gama de problemas, de circunstancias y cosas asombrosas que, a diario, acaecen en nuestro medio y alrededor del mundo, no dejan descansar la pluma que advierte, en todas estas cosas, un vasto campo de donde puede tomar un pequeño elemento en la diversidad de cuestiones y hacer de él un asunto a analizar, desmenuzar, criticar, o que pueda ser objeto de sugerencias, aportes, cuestionamientos, etc.

La pluma de quien escribe no reposa, no descansa, ni tiene derecho a tomarse tregua alguna para quedarse solamente en la contemplación del fenómeno. De entre todas las formas del lenguaje, es sin duda alguna la palabra escrita la que queda o permanece documentada como prueba infalible de que algo se pensó o se dijo.

En realidad, más valientes son los que escriben sus ideas que los que solamente se atreven a pronunciarlas y que, luego, víctimas o presas de sus propias palabras encuentran en el retracto la forma más fácil o expedita de variar o cambiar, en fin, pensarán que “al fin y al cabo las palabras dichas” son “meras palabras que el viento se lleva”. ¡Vaya! manera de pensar y ¡vaya! cómoda manera de ir por la vida mutando los pareceres y las formas de vidas sin que importe ya “la palabra dada” o que “la palabra una vez dada sella todo contrato”.

Crecí en un medio y ambiente familiar en el que nuestros padres y la comunidad en general tenían bien entendido que la palabra dada se honra, que el estrechón de manos implicaba un verdadero consentimiento o cierre de un contrato. Dicho sea de paso, allá por la década de los cuarenta y parte de los cincuenta, mi abuelo Gertrudis Morales, en San Miguel del Yuco, camino a Volcán, tenía la fama de que con “él, el estrechar la mano se sellaba un contrato”. En esas pasadas épocas valía mucho la palabra del caballero y una dama era siempre eso: “Una dama”. No que hoy día no las haya, pero ambas especies escasean: Damas y Caballeros.

Bueno, una vez más la pluma y su tinta han corrido. Problema de quien escribe: la pasión y la emoción pretendiendo guiar a las ideas. Pero, bien, qué sería de la pluma y de la palabra que se plasma en un escrito si ésta se divorcia de las emociones y de las pasiones que gobiernan el intelecto y la inteligencia de los seres humanos.

Rogamos a Dios para que este año que está pronto a entrar nos haga hombres y mujeres de palabra, de su fiel cumplimiento. Que cuando demos la palabra, no importa a quien o ante quien, seamos capaces de cumplirla y ello aún a pesar de nuestro propio perjuicio.

*
<>Artículo publicado el  31  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sobre dibujos animados

Los temas sobre consumidores están presentes en muchas más cosas de las que nos imaginamos.   La opinión del Administrador General de ACODECO….

PEDRO   MEILÁN
pedromeilan@acodeco.gob.pa

Sé que este título puede resultarles extraño a nuestros asiduos lectores que están más acostumbrados a nuestros aportes sobre temas de información al consumidor, cláusulas abusivas, carteles o publicidad engañosa. Sin embargo, cuando terminen de leer este artículo coincidirán conmigo en que los temas sobre los que la ACODECO tiene una responsabilidad importante están presentes en muchas más cosas de las que nos imaginamos.

Hace algunos meses fuimos al cine a ver ‘Shrek Forever’. Más allá de lo divertida que ha sido la serie de películas de este curioso personaje emanado de un pantano, pienso que es una bonita oportunidad para hacer docencia, y no solamente a los niños que seguramente son los principales fans de este sin igual ogro, sobre temas que pueden afectar negativamente a los consumidores de nuestro país.

Nos referimos concretamente a la importancia que para todo consumidor debe tener el leer detenidamente cualquier contrato antes de proceder a firmarlo, hacer preguntas e incluso asesorarse con la ACODECO cuando tenga dudas sobre el alcance de determinadas cláusulas.

En esta película hay una escena, a partir de donde se desarrolla toda la trama principal, donde Rumpelstiltskin (un pequeño personaje que se especializa en hacer contratos truculentos con incautos, quedándose con lo que más atesoran) le promete a Shrek salir de la rutina que lo agobia. Sin embargo, esta concesión no era gratuita, sino a título muy oneroso. Con argucias, Rumpelstiltskin convence a Shrek de firmar un contrato para que él pueda vivir un día como el ogro que fue en el pasado, a cambio de desaparecer un día cualquiera de su infancia. Lo que Shrek no advirtió es que el pequeño villano desapareció el día de su nacimiento llevándolo a un mundo en el que nunca existió.

De esta forma el malvado duende lleva a cabo su plan para convertirse en dueño absoluto del Reino de Muy Muy Lejano. Por supuesto que Shrek comete el costoso error de no leer la letra menuda del contrato (cualquier coincidencia con contratos de adhesión es totalmente deliberada), por lo que cae en la trampa, y su mundo cambia totalmente…. pero para mal. Sus amigos no lo reconocen, y su amor verdadero no le ama.

Aunque los que vieron la película saben que al final Shrek logra revertir el entuerto creado, gracias a un Beso de Amor Verdadero a Fiona, lamentablemente en la vida real los consumidores lo tienen un poco más complicado, pues si bien pueden acudir a la ACODECO para poner fin a contratos para la prestación de bienes o suministro de servicios sin tener que pagar una penalización por esta cancelación anticipada (siempre y cuando los montos involucrados en el contrato no superen los B/. 2,500.00), habrá casos en que para se proceda a la resolución del contrato, o para que se decrete algunas de sus cláusulas contentivas como abusivas, es necesario la interposición de formal demanda ante los tribunales de justicia, para lo cual contarán con nuestros defensores de oficio.

Así que, estimados consumidores, no sean como Shrek, no crean en cuentos de hadas y lean bien antes de firmar cualquier contrato. En una próxima entrega veremos cómo se relaciona Toy Story 3 con los derechos de propiedad.

*

<> Este artículo se publicó el 13 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/meilan-pedro/

Cláusulas abusivas

“Los llamados contratos de adhesión, debido a esa posición de privilegio que ostenta quien lo redacta, suelen contener condiciones abusivas.”    La opinión de Administrador General de ACODECO….

PEDRO MEILÁN

Hoy día, gran parte de los agentes económicos que brindan servicios en Panamá utilizan formularios o contratos-tipo para garantizar el cumplimiento de los mismos; sin embargo, esta modalidad implica que el contrato contiene de antemano una serie de condiciones generales que unilateralmente impone una de las partes (agente económico) y que la otra (consumidor) debe aceptar sin mediar discusión alguna.

En Panamá, el Código Civil recoge en los artículos 1105, 1106, 1107 y 1109 las condiciones generales de los contratos, sin establecer taxativamente parámetros o reglas que definan claramente el contrato de adhesión. Siendo así, este instrumento pasa a ser un contrato atípico para nuestra legislación. Muchos ensayos han tratado de definir este tipo de contratos, pero al final todos concluyen en mencionar que los mismos carecen de una etapa de discusión previa; por lo que no hay otra alternativa que la aceptación total o la abstención de la firma del mismo.

Los llamados contratos de adhesión, debido a esa posición de privilegio que ostenta quien lo redacta, suelen contener, en su gran mayoría, una serie de condiciones que pudiesen resultar abusivas. Para tratar equilibrar las cargas y poner a las partes contratantes en un plano de igualdad, la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, establece las situaciones que, de concurrir en un contrato de adhesión, podrán ser demandadas por abusivas; sometiendo al juez de la causa a pronunciarse en cuanto a la nulidad absoluta o relativa de las cláusulas demandadas.

La Acodeco puede ensayar demandas de cláusulas abusivas, solicitando bien sea una nulidad relativa o, de darse el caso, una nulidad absoluta; la cual de ser declarada como tal, deberá ser eliminada totalmente del contenido del contrato.

Entre las causales a considerar para optar por una demanda pidiendo la nulidad absoluta de la cláusula podemos mencionar, el limitar derechos del adherente, extinguir la obligación del proveedor, favorecer excesivamente al prestador del servicio, exonerarlo de responsabilidades, facultar al proveedor a rescindir unilateralmente el contrato, que éste sea ilegible o que esté redactado en un idioma distinto al español y, por último, las que impliquen la renuncia de promover algún tipo de acción legal.

Queremos resaltar que la Acodeco, antes de promover una demanda, intenta a través del proceso de conciliación que brinda esta Institución, obtener un acuerdo consensuado entre las partes.   En el 2008, recibimos 23 quejas por presuntas cláusulas abusivas, de las cuales sólo tres fueron demandadas ante los tribunales especializados en la materia. Para el año 2009, las quejas disminuyeron a 12; sin embargo, las demandas aumentaron a cinco. En lo que va del año 2010, ya hemos tramitado cuatro quejas y presentado dos demandas.

Los montos de las demandas presentadas por contratos de adhesión ante los Tribunales desde enero de 2008 a junio de 2010 están por el orden de los $380,707 y, en su mayoría, son contratos de promesa de compraventa.

La Defensoría de Oficio de la Acodeco provee a todo consumidor de asesoría y representación jurídica gratuita, en este tipo de procesos obteniendo en la mayoría de los casos fallos favorables para los consumidores, siendo las empresas inmobiliarias las que mayormente han sido demandadas por cláusulas abusivas.

*

<> Este artículo se publicó el 16  de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/meilan-pedro/

La violación de un contrato

La opinión de….

Gabriel Ortega 

En la actualidad las compañías que ofrecen el servicio de distribución de energía eléctrica son privadas; ellas realizaron un contrato con el Gobierno en donde lo plasmado entre ambos no se puede cambiar, pues atenta contra la seguridad jurídica de las partes. Posteriormente, de forma individual, estas compañías realizaron contratos con cada una de las personas que necesitan la luz eléctrica (casas, negocios, industrias).

El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes reconocido por el derecho civil, dirigido a crear obligaciones, en donde la voluntad de las partes en común acuerdo es plasmada en un documento, que a la final es respetado por ambos.

Este contrato es protegido por la llamada seguridad jurídica, un principio de derecho universal que busca darle a las partes garantía legal, por si surge alguna controversia o disconformidad en el futuro, pues habrá variables que en el camino darán ventaja a uno de los firmantes. Por eso esto se maneja como contrato-ley.

El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones dentro de la sociedad, es el actor llamado a salvaguardar la voluntad plasmada en un contrato

La seguridad jurídica es la garante dada al individuo o a un grupo por el Estado, de modo que sus bienes y sus derechos sean respetados.

Si yo, como ciudadano, firmo un contrato con las compañías de distribución eléctrica, cómo es posible que ahora se pretenda desconocer este contrato y prácticamente obligarme a pagar la basura de forma casada. No es que no quiera pagar la basura, es lógico pensar que debo pagar por el servicio.   Pero qué hay con la seguridad jurídica.   Esto significa que yo puedo alterar los contratos ya firmados con las distribuidoras eléctricas y las de teléfono. Ojo, ustedes están inventando.

Si usted quiere que las personas paguen por el servicio de basura, simplemente, si no pagan, no se las recojan o busquen otro mecanismo.

Soy de la opinión que el proyecto de ley 180, que crea la Autoridad Nacional de Aseo (ANA) no es malo, pero plasmar artículos como este es algo muy temerario, crea el precedente de que sí se pueden modificar los contratos con las compañías de servicio.   Cuando el pueblo se queja de que los servicios son muy caros, los gobiernos dicen que no se puede hacer nada, que es un contrato y no pueden obligar a las compañías a bajar las tasas de luz y teléfono. ¿Y qué pasó ahora? ¿Es esto un exabrupto jurídico? ¿Es una punta de lanza para modificar otros contratos?

El vínculo entre la tasa de aseo y la tasa de electricidad viola el contrato firmado entre el consumidor de energía eléctrica y el distribuidor.

<>Artículo publicado el  2  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De un mazazo y la UAF

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

MARIO A. ROGNONI

Fue exactamente hace un año cuando el presidente Ricardo Martinelli personalmente acudía a La Calzada de Amador y tomaba posesión de dos marinas que se suponía se estaban construyendo de forma ilegal. La una, propiedad del Grupo F; y la segunda, de un grupo inversionista liderado por Samuel Israel.   Se divulgaron profusamente los atrasos en pagos de las diversas concesiones de La Calzada y se fijó un plazo para que todos arreglaran sus cuentas.   En principio todo parecía sencillo, ‘tú tienes un contrato que te obliga a pagar, tú pagas o pierdes lo que te dieron’. Pero, como todo en Panamá, nada por sencillo que parezca, lo es.

En primer lugar, de por medio una cantidad de recursos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), recursos que permanecen sin resolverse por años en un sistema diseñado para no fallar. Luego estaban las mismas condiciones de los contratos, donde en lugar de ser todos iguales y con las mismas reglas, cada uno tiene cláusulas negociadas a su conveniencia.   Por ultimo está el contrasentido de las posiciones de las partes, el estado buscando cobrar los alquileres, el concesionario que necesitaba legalizar su posición.

Al final, tras un año de tira y hala, el gobierno no llega a la solución esperada, que hubiese sido un modelo de alquiler por las concesiones igual para todos y en el que nadie hubiese podido argumentar desventajas con relación a otros, sino en cambio se dio una serie de arreglos y negociaciones caso por caso. En medio de los arreglos logrados y sin lograr, el controversial proyecto del Grupo F no se resolvió.

El Grupo F siempre tuvo razón en sus argumentos. Su contrato determinaba un pago de renta alto, siempre que nadie recibiera terrenos en el área por menos alquilar, en cuyo caso pagaría la cantidad menor. Ciertamente que es evidente que ni el grupo de Friday ni la Marina de Israel, ni el proyecto de Brisas pagaban lo que Grupo F pagaba. Se buscó legalmente que se adeudaba el arrendamiento y al no lograrlo se interpusieron recursos en la CSJ que ordenaron al Grupo no pagar hasta que se resolvieran los casos.   Con el nuevo gobierno se iniciaron nuevas negociaciones que llevaron el Grupo a hacer pagos sustanciales, más de 2.5 millones de balboas, aun cuando se mantenía el criterio de no pagar. Como un acto de buena fe, adicionalmente, el Grupo devuelve la parcela 6 al Estado, aun cuando se había rellenado a su costo.

¿Qué logró el Grupo F? Nada, absolutamente nada. Aunque se negoció que con los pagos se adelantarían el nuevo proyecto, un nuevo contrato y la adenda respectiva, el Estado procedió a cobrar e inmediatamente secuestrar los activos de la empresa, sin cumplir lo acordado. Mientras tanto, de alguna forma, se fueron resolviendo los demás contratos de La Calzada y se ‘legalizaron’ las marinas que antes habían sido también cauteladas.

Pero la lucha por los terrenos dados al Grupo F solo estaba empezando. Al estar amparados por los contratos en discusión, el Estado se ha jugado ahora una nueva carta.   Entra en juego la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acusa al Sr. Figali del Grupo F de blanqueo de capitales. De forma que de probarle los cargos podrían expropiarle los bienes y resolver así la liberación de los valiosos terrenos en su poder. Para el gobierno el interés es evidente, dado el macro plan de desarrollo del relleno de Barraza, un nuevo palacio de convenciones y la ampliación de La Calzada. Lo cuestionable es la forma de recuperar los terrenos. El Grupo F ha invertido millones de balboas en el proyecto, todo auditable y verificable. Lo mínimo que se esperaría es que si es de interés social el recuperar los terrenos se indemnice al inversionista por su inversión.

El caso del Grupo F es el típico caso de la satanización de un proyecto, que nunca tuvo una buena imagen porque desde su inicio se divulgó la idea de que había sido producto de amistad y prebenda y no asignado legítimamente por concurso.   Lo que pocos entienden es que desde su inicio ha tenido todos los contratiempos posibles por funcionarios que de paso por las instituciones en lugar de facilitar la inversión la dificultan, muchas veces buscando una participación por el solo hecho de ser funcionarios.   El caso del Grupo F está lejos de terminar, oiremos de él por años, en la Corte y en tribunales locales e internacionales.   Al final, un caso que debió resolverse en la mesa de negociación pasa a hacer crisis, por no existir un ministro interesado en resolverlo, sino en caer en el juego de imponer y no negociar.

<>

Este artículo fue publicado el  6 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Lo básico a la hora de contratar

Reproducimos el artículo de opinión del Abogado….

.

Jorge Costarangos

El objeto del presente artículo es resumir algunos aspectos legales al contratar personal doméstico: Problemas usuales, cómo prevenirlos y la aplicación práctica de ley para que el ama de casa o jefe de familia tenga ciertos elementos básicos sobre sus derechos y obligaciones.

Antes de iniciar la relación laboral, el empleador tiene derecho a exigirle al trabajador la presentación de récord policivo y certificado médico de buena salud, que puede obtener gratuitamente en el Seguro Social o cualquier otro ente de salud del Estado.

Haga un contrato escrito siempre, de lo contrario, el artículo 69 del Código de Trabajo dispone que a falta de contrato escrito se presuma cierto todo lo que diga el trabajador.   Es decir, se invierte la carga de la prueba y le corresponde al empleador demostrar que es falso lo que dice el trabajador. Usualmente, si no hay documentos de respaldo es difícil oponerse, pero aquí se utilizan testimonios (aunque a veces algunas personas no participan por la incomodidad que esto implica o porque no están disponibles) o cualquier otro elemento adicional que existiera, por lo que aunque es difícil no es imposible oponerse. Sin embargo, para evitar problemas, costos e incomodidades: Haga un contrato escrito siempre. Se hacen tres juegos originales firmados: Uno para cada parte y otro al Ministerio de Trabajo. Este los sella, y se retiran dos, uno es suyo y otro del trabajador.

Elementos mínimos del contrato: Nombres de las partes (asegúrese de verificar cédula y sacar copia), fecha de inicio, si es por tiempo definido agregar fecha de terminación). Si es por tiempo indefinido se anota y agrega cuándo comenzó. Se indican funciones asignadas, donde se llevarán a cabo (Residencia, etc.). Debe anotarse el nombre de las personas que dependen del trabajador y de que viven con él. Debe indicarse el monto del salario y si el pago es semanal o quincenal. Salvo pacto en contrario, además del salario, el trabajador doméstico tiene derecho al suministro de alimentación y habitación. Aunque este tipo de contrato no requiere estar sujeto a horario, el trabajador tiene derecho a descanso absoluto desde las 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., además día de descanso semanal y vacaciones remuneradas.

Siempre solicite recibo de pago: Si usted paga en efectivo y no en cheque, solicite al trabajador firmar recibo de pago, de lo contrario, si no puede probar que sí pagó (y si usted no tiene recibos que lo demuestren), podría tener que pagar otra vez. Hay precedentes al respecto. Cada caso es distinto, aplican las mismas observaciones hechas antes sobre la prueba del contrato, sin embargo, si no han tomado medidas de prevención, hay maneras de resolverlo a posteriori, y es recomendable que lo hagan para evitarse inconvenientes.

Las primeras dos semanas de trabajo son de prueba y cualquiera puede darlo por terminado en este período. Si hay causal justificada de despido y puede probarla en juicio no tendría que pagar indemnización. Si desea despedir y no hay causal justificada que pueda probarse, puede hacerlo siempre y cuando lo haga por escrito, con notificación previa de 30 días (o el pago respectivo de 30 días de sueldo) y pagando la indemnización aplicable, la cual se determina con una tabla y depende del salario mensual y del número de años trabajados. Si el trabajador renuncia, la carta respectiva deberá estar sellada en el Ministerio de Trabajo para que la misma tenga validez. Si el trabajador muere, el Código de Trabajo también dispone que el empleador pague los gastos de sepelio del trabajador doméstico.

<>

Este artículo se publico el 8 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor,  todo el crédito que les corresponde.