Contrataciones públicas

La opinión de…

Franklin Castrellón

Prácticamente, cuando ya están adjudicados todos los contratos principales para la ampliación del Canal, la Autoridad del Canal ha obtenido ahorros por cerca de $400 millones en comparación con el costo estimado para dichas obras.

¿Por qué se han producido estos ahorros? Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo para la ampliación del Canal, lo explicó a la revista Recursos: “Entre otros factores, ello se debe a la transparencia en las licitaciones y a la forma consistente y oportuna como la ACP paga a sus contratistas”.

Ese manejo ha estimulado la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que se ha traducido en economías sin sacrificar la calidad de las obras. La clave es un sistema moderno de licitaciones manejado de forma profesional y transparente.

En contraposición está el manido mecanismo de contrataciones directas, practicado con frecuencia por otras instituciones del gobierno, lo que abre la oportunidad a prácticas corruptas.

Estudios sobre prácticas corruptas realizados por Transparencia Internacional (TI) indican que “la contratación pública es el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos” de los gobiernos. Según TI, “un promedio del 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”. Las prácticas corruptas tienen en las contrataciones directas su mejor aliado.

Bajo el gobierno de Martín Torrijos abundaron las contrataciones directas; más de $540 millones, incluida la eliminación de fibra de vidrio en planteles escolares en donde no existía, fueron otorgados por esa vía.   De ese total, unos $150 millones lo fueron bajo el Prodec, que se financia con fondos aportados por el Canal. Pero la irregular práctica sigue bajo la actual administración, pese a las promesas de campaña.

En los primeros 13 meses de este gobierno se han adjudicado bajo esta fórmula cerca de $400 millones. Aunque el Gobierno ha justificado algunas, no hay razón válida para que imperen las contrataciones directas en un mundo en el que los proyectos suelen ser programados con sobrada anticipación.

¿Por qué en el Canal de Panamá rige un sistema transparente de contrataciones, mientras que en el resto del Gobierno se evade el cumplimiento de la Ley de Contrataciones?    En primer lugar, considero que es cuestión de gente y, en segundo lugar, de sistema.   En el Canal el mecanismo de contrataciones es administrado por personal reclutado en base a sus méritos, mientras que en el Gobierno impera el clientelismo, sin importar la calidad profesional ni moral del individuo.

Los oficiales de contratos de la ACP son especialistas en compras que disfrutan de una carrera administrativa libre de influencias políticas. Se rigen por los artículos 52-56 de la Ley Orgánica de la ACP y por el reglamento de contrataciones, y están sujetos a normas de integridad y ética. Sus decisiones de compras son monitoreadas por controles informáticos que permite detectar cualquier favoritismo en las adjudicaciones.

A la menor señal de alarma se investiga, y el oficial que viole las normas enfrenta sanciones que pueden llegar hasta su destitución y denuncia penal. Además, cuando una empresa considera que ha habido irregularidades, puede presentar una protesta que debe ser resuelta en 30 días.

En la ACP no existen las cuestionadas “adendas”, recurso que ha sido utilizado para inflar precios y favorecer a empresas. Hay en cambio “modificaciones” al contrato que aplican especialistas para corregir imprevistos que puedan afectar el costo final de las obras; pero las mismas están limitadas a lo estrictamente necesario para ejecutarlas.

Es más, desde que se comenzaron a licitar las obras de la ampliación y se aplicaron los nuevos procesos de administración de proyectos, las modificaciones siguen un riguroso examen en que se consideran los impactos en el alcance de otros proyectos, sus cronogramas, calidad, costos, presupuestos, revisión de la matriz de riesgo y, además, se requiere que personal de jerarquía avale las modificaciones.

Las compras directas no están contempladas en el reglamento de la ACP y sólo está permitido restringir la competencia en casos de urgencia evidente o por razones de marca, fabricante o suplidor específico, siempre y cuando un informe técnico así lo sustente. Pero en todo caso, el proceso está abierto a protesta de potenciales contratistas.

Impresionado por este sistema, el Ministerio de Educación logró la asesoría de la ACP para implementar un sistema de contrataciones que le permita tener las escuelas a tiempo para el inicio del período lectivo.

Con ese objetivo, el Meduca logró la aprobación de un régimen especial para la construcción de obras y la adquisición de bienes y servicios, manejado por personal calificado. ¿Por qué no emula este ejemplo el resto del Gobierno?

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Basta, señor Presidente:

El país es de todos… La opinión del Presidente del CEN del PRD…

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Francisco Sánchez Cárdenas 

Definitivamente que forjar, desarrollar y proteger la democracia requiere de permanente esfuerzo. Como argumento en la contienda política se puede vociferar que se es muy demócrata o se puede uno desgarrar las vestiduras presentándose como un gran luchador por la democracia, pero cuando se llega al poder se caen las caretas y surge el verdadero espíritu autocrático de los actores de la política. En el Ejecutivo actual hay muchos que decían combatir la dictadura cuando verdaderamente aspiraban a ser ellos los Basta, señor Presidente:  dictadores.

Señor Presidente, cuándo se dará por enterado de que Panamá no quiere el tipo de gobierno que usted desarrolla actualmente.  Cuándo aprenderá que el pueblo recibe las becas, los subsidios y todo lo que se les pueda regalar, pero en su sabia filosofía sabe que lo que le dan son migajas porque es evidente que lo grueso se lo está llevando otro y su grupo.

Esa es la enseñanza que deja la práctica de su  gobierno de abusar de las contrataciones directas y las licitaciones públicas asignadas de antemano, de llevar a cabo el despojo de negocios y tierras bien habidos, de promover proyectos faraónicos con precios abultados que pueden servir para enriquecerse y no para la solución de los problemas nacionales.

El pueblo no es ignorante para no percatarse de la paupérrima ejecución del presupuesto mientras se solicita un incremento de 2 mil 800 millones que incluye en él carreteras y autopistas cuyos costos han sido abultados de manera escandalosa.

El pueblo sabe que de la compra de los corredores viales, cuya “inversión” no aporta un solo kilómetro nuevo, además de que seguirán siendo caros,  emana un fuerte olor a cosa podrida.

El pueblo se da cuenta de que recibe migajas cuando la Red de Oportunidades ya no cubre a todas las familias que antes cubría, cuando los Prodec ya no los decide la comunidad y los quieren eliminar; cuando los “100 para los 70” se pagan un mes si y cinco no; cuando las becas universales prometidas para ahora, con menos dinero que antes, no serán perfeccionadas si no hasta 2013, es decir un año antes de las próximas elecciones generales.

El voto que le dio la gran mayoría de este país no fue para dividirnos entre buenos y malos.   Tampoco para que nos descalificara como indios ignorantes, drogadictos y borrachos, periodistas de pacotilla, empresarios gallotes, sindicalistas parásitos, medios de comunicación comprables, etc.   Ese voto fue para unificar al país y lograr la concordia nacional.

El voto fue para que usted ayudara a fortalecer la institucionalidad democrática y los derechos humanos. No fue para que usted hiciera lo que le dicta su voluntad con la Asamblea, la Corte Suprema,  el Ministerio Público,  la Fiscalía Electoral y la Contraloría General de la República.

Tampoco fue para diezmar con saña a la población indígena dejando a su paso una multiplicidad de tumbas, desaparecidos y mutilados.

Tampoco fue para acabar con los sindicatos rompiendo el equilibrio social en beneficio del sector económicamente más fuerte. Ninguno de los que votó por usted lo hizo para que destruyera sectores económicos productivos y financieros que han contribuido con el desarrollo de este país, ni para que usted creara a su alrededor una nueva clase económica dominante.

Las grandes luchas históricas de este país fueron para lograr la estabilidad y la seguridad internacional de nuestro territorio y nuestro Canal. No tiene usted ningún derecho a practicar juegos infantiles de política internacional que nos coloquen en peligro.

A partir de 1990 los partidos políticos hicimos el compromiso de participar en el rejuego político sin poner en peligro la estabilidad democrática de la Nación.   Basta señor Presidente, corrija, persiga el delito sin saña enfermiza, persiga la corrupción y los desmanes jurídicos sin mirar de donde vienen. Este país, que es de todos, ha avanzado mucho, pero queda mucho más por hacer en salud, educación, seguridad, vivienda, infraestructura, empleo y canasta básica alimentaria.

El pueblo lo eligió para gobernar cuatro años más y todos debemos respetar ese mandato, Deje usted de ser su propio desestabilizador.   ¡Basta ya!

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Este artículo se publicó el 23 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Monumentalismo

La opinión del Ex Candidato Presidencial….

JORGE GAMBOA AROSEMENA

Los gobiernos demagogos, con mucha facilidad, caen en hacer obras monumentales para, desde su óptica, trascender poniendo una placa que diga “obra hecha en la administración de fulano de tal”.   Además, cada una de estas obras se hace moviendo mucho dinero, dineros que llegan a amigos del gobierno, ya sea porque los contratistas son de los favoritos del gobernante o porque estos contratistas pagan coimas a testaferros de figuras del gobierno.

Este gobierno se ha enfermado, ya sea para impresionar o para repartir contratos entre sus favoritos, de un monumentalismo exagerado.   Como el que rompe una piñata están regando proyectos monumentales por el orden de 13 mil millones de balboas para lo que resta de su periodo.   Cinta Costera y continuación de la autopista a Colón, en lugar de revisar estos contratos, cuestionados cuando estaban en campaña, hoy son aceptados sin tapujos, generando suspicacia.

En salud se proponen proyectos de más de 800 millones de balboas para infraestructura hospitalaria con poco o nulo aporte en prevención y promoción, que debe ser el eje de las políticas de salud. Los hospitales son el fracaso de la salud. Ya en días pasados un médico generador de opinión se preguntaba si estos hospitales eran necesidad o necedad, desvirtuando los proyectos del MINSA, pero tratando de justificar el de la CSS.

Una de las obras de esta adicción monumentalista es el pretendido proyecto de una torre financiera, donde funcionen las instituciones que tienen que ver con este sector gubernamental. Esta obra se programa en los terrenos del antiguo edificio de la embajada de EUA. Setenta pisos costarán decenas de millones de balboas. Cuando las prioridades están en hacer monumentos megalómanos estilo imperio romano, cuando las causas estructurales de la pobreza no se atienden, son claras evidencias de que estamos ante un gobierno indolente a las necesidades del pueblo, por eso pudieron reprimir hasta el asesinato en Bocas del Toro y aumentar viáticos a jerarcas del gobierno para el presupuesto de 2010, sin importarles que la pobreza sigue campeando.

Este caso de la torre financiera atenta también contra nuestras raíces históricas, ya que no se contempla que este edificio es un testigo mudo de una época que va quedando atrás, cuando desde ese edificio, la embajada ejercía injerencia en nuestros asuntos como Estado, en tiempos de la nefasta dictadura que contó con su apoyo hasta que el empleado se le tornó insoportable.

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Artículo publicado el  13  de agosto de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La opinión de….

Compra de corredores ¿buen negocio para quién?

La opinión de…

Eduardo Linares

En días pasados, la prensa escrita informó acerca del acuerdo firmado para la compra del Corredor Sur, entre el Gobierno e ICA, por 420 millones de dólares. Igualmente, que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, mantendría una reunión con los representantes de Pycsa (Corredor Norte) para firmar un memorando de entendimiento para comprar el 100% de las acciones por 650 millones.

El financiamiento de estas dos operaciones está aparentemente estructurado con recursos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y del programa de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ambicioso plan de inversiones en una infraestructura que tiene, en el caso de ICA, 14 años de vida, y en el caso de Pycsa, 16 años transcurridos desde la firma de los respectivos contratos. Ambas concesiones se otorgaron por 30 años, lo que significa que ya transcurrió la mitad de su vida contractual y prácticamente lo mismo en su vida útil, que es lo que se estima para el pavimento de concreto.

Cualquier lector, medianamente enterado de los temas legales y contractuales, no escapará el hecho de que los contratos con estas dos empresas, en varias de sus cláusulas, fueron lo que podría calificarse de “leoninos” para el Estado panameño; ICA y Pycsa, los leones.

Por ejemplo, la auditoría revela que las tasas de descuento o cantidad aplicable a la amortización de la suma invertida es de 12.5%, en el caso de Pycsa, y de 12%, en el caso de ICA; estas harían prácticamente imposible la recuperación de la inversión en el plazo estipulado, ya que equivale a aplicar aproximadamente 16 y 18 centavos de cada dólar recuperado a la fecha.

Igualmente, el informe reveló otros desbalances en contra del Estado, tales como ambigüedad en la redacción, lo que abre margen para interpretaciones en contra del Estado; falta de cumplimiento en la construcción de los tramos acordados; deficiencias en el diseño y mantenimiento de las vías y, por supuesto, embotellamientos y lenta circulación en entradas y salidas.

El mismo informe señala que los montos recuperados, a la fecha, son de 180 millones para ICA, y 197 millones para Pycsa, estimados hasta el año 2009. Entonces, si un contrato firmado entre dos partes, resulta en el tiempo, el práctico abuso de poder de una de las partes (los concesionarios), lo lógico debería ser denunciar el contrato y pedir su resolución, por resultar oneroso para nuestros intereses.

Si, también, la auditoría comprueba que del total de 306 millones acordados originalmente como monto recuperable de la inversión de ICA, queda un saldo de 126 millones de dólares por recuperar, y para Pycsa de la cantidad original, ahora ajustada a los tramos efectivamente construidos por 307 millones, queda un saldo de 110 millones, no se explica la propuesta de comprar los corredores al precio que han acordado.

Nos preguntamos, ¿cuáles son las “terribles” consecuencias legales que tendría para Panamá rescindir los contratos por incumplimiento y por resultar onerosos para los intereses del país? ¿Debe comprometerse la salud financiera de la Caja de Seguro Social invirtiendo en un negocio netamente comercial no contemplado por su ley orgánica?; ¿cómo se explica que de los saldos por recuperar, 126 millones para ICA, se acuerde pagar 420 millones; y a Pycsa, por 110 millones, se acceda a pagar, por el 51% de las acciones, 280 millones? ¿Cómo entender que el Presidente en su discurso ante la Asamblea citó las cifras arriba mencionadas y posteriormente el viceministro de Finanzas, Dulcidio de la Guardia, informe que el precio acordado con Pycsa es de 650 millones?

Señor Presidente, con tantos millones en juego, este panameño y muchos más que opinan igual, piden que ésta sea una de las promesa de campaña, que no tiene que cumplir.

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Este artículo se publicó el 24 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El peligro de la prisa

La opinión del Comunicador Social….

Jaime Quijada 

Creo que la Dirección de Contrataciones Públicas ha tomado la decisión correcta al suspender la licitación para la construcción de cinco hospitales a nivel nacional, para permitir la participación de un mayor numero de empresas en ese acto público, lo digo porque sin duda alguna esta decisión se traducirá en una mayor competencia por esos contratos y con ello se obtendrán mejores precios y mejores condiciones para el Estado.

Sin embargo me preocupa que esta búsqueda de una mayor competencia en las licitaciones públicas, no parece haber permeado a todas las entidades públicas, de hecho, una muestra de la falta de conciencia sobre el peligro que implica realizar una licitación de una obra grande y compleja a la carrera, es lo que ocurre con la licitación para la construcción de la Línea 1 del Metro, la cual se pretende realizar el próximo 30 de julio pese a que muchas empresas interesadas en participar en este acto público han advertido que el tiempo para presentar sus propuestas es muy corto.

Entiendo que este es uno de los proyectos insignia de la administración del presidente Ricardo Martinelli y que seguramente existe el interés de que la obra culmine a tiempo para que el actual mandatario pueda inaugurarla, pero basta echar un ojo a lo que la prisa y la falta de planificación adecuada provocó en casos como el Metro de Medellín, en Colombia, cuya licitación inició en 1983 con un costo de 656 millones de dólares y sólo hasta doce años más tarde, en 1995, pudo inaugurase en su primer tramo, pero a un costo superior a los 3,000 millones de dólares. O bien, a la línea 3 del Metro de Caracas, en Venezuela, que se proyectaba tuviera una capacidad para transportar a 240,000 pasajeros al día y actualmente no transporta ni la mitad.

No olvidemos que el actual gobierno ya ha otorgado prórrogas en proyectos como el Metrobús que resultó en una licitación transparente y exitosa, sin olvidar que planificar mejor los proyectos no tiene por qué afectar negativamente la fecha de entrega del mismo por parte del contratista, es más, la inclusión en los contratos de cláusulas que premian en efectivo el cumplimiento cabal, de los cronogramas de las obras sin duda puede ayudar a que la Línea 1 del Metro y cualquier otro proyecto que ejecute el Gobierno Nacional,se entregue a tiempo e incluso antes de tiempo, tal como ha ocurrido en las obras de ampliación del Canal y en casi todos los proyectos que ejecuta la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Además, con la rápida pérdida de popularidad del presidente Ricardo Martinelli y la posibilidad de que una nueva confrontación con los sectores de la sociedad civil que se oponen a Ley 30 de 2010, conocida como la Ley 9 en 1 o Ley chorizo, el Ejecutivo no puede darse el lujo de dejar que esta obra se convierta en un “Elefante blanco”, con todo el desgaste político que esto le significaría y las adendas futuras en sobrecostos que seguramente le costarán millones de dólares a todos los panameños.

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Este artículo se publicó el  22  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La mujer del César…

La opinión de….

Marcos A. Mora

Definitivamente que la mujer del César no sólo tiene que serlo sino parecerlo. Este viejo refrán lo ha utilizado magistralmente el señor Presidente en la solicitud de renuncia de un asesor del ministro de Gobierno y Justicia.   No había de otra, era evidente que algo no andaba bien. Un asesor, reuniéndose en petit comité con jerarcas del narcotráfico a los cuales les llevaba barrilitos llenos de presas de pollo. Aparte del olor a pollo, eso definitivamente no olía muy bien.

Esa, que parecía ser una excelente jugada reservada para el Mundial de Fútbol, se quedó corta. Y es que el jefe del asesor dijo estar al tanto de lo que este hacía y lo respaldaba. Ante este evidente foul del premier, le faltó al Presidente completar otro gol con un tiro de penal para cerrar el partido.

Desgraciadamente, ya todos los fanáticos panameños estamos desilusionándonos de las jugadas inconclusas y fuera de lugar del actual gobierno.

¿Cómo es posible que con tantos “jugadores” aptos y preparados para representarnos en el exterior, el Ejecutivo sólo piense designar como equipo titular a sus familiares y allegados? Y lo peor del caso es que algunos, en vez de representar al país, van a promover a compañías que producen bebidas alcohólicas que pueden afectar seriamente a nuestros jugadores más consagrados.

Como una bendición, las instalaciones deportivas y el equipamiento que vamos a requerir dentro de tres años, para celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dada la “urgencia notoria”, su contratación deberá estar exenta del requisito de licitación.   Una de las razones que podemos argumentar es que con “el cambio” somos más precavidos. Incluso, como las instalaciones deportivas se ubican en áreas bien seguras, los fanáticos pueden llevar sus laptops para conectarse al programa internet para todos.

Para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y los futuros visitantes, se ha construido, también de a dedo, una cerca perimetral para las cárceles existentes. A fin de respetar los estándares internacionales, la citada cerca se ha construido con alambre de gallinero para lograr el doble propósito de retener a los reos y cuando ésta se dañe, utilizar los retazos en la granja avícola del sector.

Dado que el Presidente ha solicitado tres años para resolver el tema de inseguridad, se asignará de a dedo el diseño, equipamiento y construcción de un complejo carcelario de “cinco estrellas”, sólo comparable con los de países del primer mundo.   Para esa actividad se destinaran un poco más de 150 millones de dólares y se beneficiará a 5 mil 500 reos. Sólo es cuestión de hacer un rápido análisis de costo–beneficio. Si hay otras urgencias, que esperen, que para tomar decisiones se eligió al gobierno.

Como probablemente se tendrán que utilizar instalaciones deportivas de Colón, también, de a dedo, se ha asignado a Odebrecht continuar con la segunda fase del proyecto más caro do mundo. La primera fase tenía un costo promedio de B/ 8.0 millones por Km, incluida una addenda no explicada y esta nueva fase es de B/15.5. De esta manera se pretende que la vía esté en uso para los citados Juegos.

No importa en qué se gaste el dinero, la idea es gastar a manos llenas. Para eso nuestros dirigentes políticos son empresarios y están acostumbrados a eso.

Lo anterior es un breve pantallazo de lo que nuestro gobierno designará de a dedo con tal de mover este país. Para los proyectos que vayan a licitación, si los proponentes llegan tarde se les correrá la hora y si las fianzas no se ajustan a lo establecido, sencillamente se permitirá su posterior adecuación. Como verán, esto sí es un verdadero cambio. Y la mujer del César no sólo lo es, sino que lo parece.

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Este artículo se publico el 19 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Insisto en las inspecciones

La opinión de…..

JUAN RAMÓN MORALES

Hace un par de días solo observé en las pantallas de televisión el estado desastroso en que quedó una carretera que había sido entregada en el mes de febrero. Es fácil llegar a una de dos conclusiones: a) No hubo inspección; o b) los inspectores fueron inmensamente incapaces.

Las vistas nos presentaron una situación digna de investigación y sanción para la empresa que construyó semejante porquería, así como a los inspectores de la obra y desde luego, al responsable final de semejante desacierto. El ministro de Obras Públicas.

He venido insistiendo en mis escritos anteriores que la inspección debe salir de las manos de la institución que genera: El pliego, las licitaciones, la firma de los contratos y, finalmente, llevan a cabo las inspecciones, lo que los convierte en juez y parte, por lo tanto, caldo de cultivo para la corrupción.

Observé que debe crearse una autoridad para la inspección de las obras públicas, que sea la encargada de inspeccionar en su más amplia dimensión las obras que realiza el Gobierno.

Hay obras iniciadas por el gobierno anterior, pero que llevan la mano del actual gobierno durante casi un año y si no se corrigen tales entuertos todos los males heredados se hacen parte del actual gobierno.

El caso que he citado al comienzo de este artículo, es razón suficiente para que el señor presidente Ricardo Martinelli tome cartas en el asunto, porque de lo contrario su gobierno siguiendo esta línea de actuaciones, correrá la misma suerte.

Es decir, el mismo rumbo de los gobiernos anteriores, cuyo ejemplo más fehaciente lo fueron los escándalos del Ministerio de Educación, el descrédito total.

Una mala inspección puede ser por incapacidad, pero puede ser sumergido en la corruptela. Ambas formas conducen indefectiblemente a la corrupción, porque se podrían nombrar personas incapaces, para así encubrir propósitos preconcebidos.

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Este artículo se publicó el 31 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Secretaría del Metro entrega pliego de cargos a consorcios precalificados

La nota que publicara en Facebook  para el Grupo  !Amigos del Gobierno Martinelli-Varela 2009-2014… Ahora le toca al Pueblo!   y que nos enviara la activista política……
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Mary Szczur Araúz

Los representantes de los tres consorcios internacionales que buscan construir el Metro de Panamá recibieron de la Secretaría del Metro los planos y especificaciones técnicas que contempla el diseño, construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de línea y estaciones, suministro e instalación del sistema integral ferroviario, que incluye el material rodante y puesta en marcha del sistema.

El proyecto de la primera línea del Metro, cuya longitud aproximada es de 14 kilómetros y se extiende desde Los Andes, en el distrito de San Miguelito hasta la terminal de transporte de Albrook, se desarrolla ordenadamente y en un período de tres meses aproximados los contratistas deberán entregar sus propuestas.

Los Consorcios que recibieron las especificaciones y planos son:

CIMA compuesto por:
Acciona Infraestructura (España)
Mitsubishi Corporation (Japón)
Mitsubishi Heavy Industries, LTD, (Japón)
Constructoras ICA, S.A. de C.V., (México) (Tren C.A.F. – España)
Consorcio LÍNEA 1 compuesto por:
Constructora Norberto Odebrecht, S.A., (Brasil)
Fomento de Construcciones y Contratos, S.A., (España) (Tren ALSTOM – Francia)
Consorcio GRUPO ITALIANO METRO DE PANAMÁ compuesto por:
Impregilo SPA, Ghella SPA.(Italia)
Astaldi PA (Italia) (Tren Ansaldo Breda – Italia)

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Nota publicada el 10 de mayo de 2010 en Facebook por la autora a quien damos todo el crédito, los meritos y las responsabilidades que le corresponden.

Sin control previo en el Meduca

La opinión de…..

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Javier Martínez-Acha


El control previo se refiere básicamente a una segunda revisión (fiscalización) de los procedimientos utilizados por las entidades, antes de la ejecución de las operaciones financieras y administrativas, con el ánimo de señalar oportunamente las desviaciones normativas y de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de estas operaciones.

La Contraloría ejerce este control con personal de muchos años de experiencia y es de suma importancia debido, sobre todo, a la inestabilidad laboral y la alta rotación de personal que se da en las entidades y que se caracteriza por contratar personal sin el conocimiento de la administración pública, sus marcos normativos y los aspectos legales, entre otros.

La llegada de la ministra al Ministerio de Educación (Meduca), en julio del año pasado, no fue la excepción y se caracterizó por la destitución de personal y la contratación de profesionales que, en muchas ocasiones, desconocían de los procedimientos de la administración pública.   En el área de ingeniería, por ejemplo, no se tenía un plan de ejecución para el mantenimiento y adecuación de los planteles escolares para el inicio del año escolar, aun cuando la propuesta del entonces candidato Martinelli contaba con un plan de desarrollo del quinquenio, elaborado por sus profesionales y con el periodo de transición luego de ganadas las elecciones.

El Meduca cuenta con un número altísimo de unidades administrativas y ejecutoras que tienen responsabilidad de manejo, muchas nombradas en este gobierno y asesoradas por abogados que son novatos también en la cosa pública, e ingenieros que a su vez están comenzando a conocer de estos procedimientos. En fin, un equipo nuevo que en su accionar puede fácilmente desviarse, asumo que sin intenciones ocultas, de lo normado y de lo legal.

No es de extrañar que la ministra, solicitando rendimiento, se haya encontrado con funcionarios que responsabilizan a la Contraloría por los retrasos. Verbigracia, no desarrollaron los anteproyectos y los planos para proyectar la ejecución del presupuesto de inversiones y la única salida visible es la de eliminar los controles de un ministerio plagado de rarezas, y por honor a la objetividad, incluso en el gobierno anterior. Así que, intentando agilizar los trámites burocráticos, se solicita el levantamiento del control previo, sin razonar en frío las consecuencias de esta acción.

El Meduca ha sido señalado por diversas irregularidades en los últimos años, que denotan la falta de conocimiento o de controles internos que eviten manejos irregulares. Estas originalidades son de todo tipo: manejo irregular de fondos, órdenes de proceder anticipadas, trabajos realizados sin supervisión y de mala calidad, contratos refrendados sin las debidas especificaciones técnicas (muchas veces sin planos), contratos onerosos, adendas por montos que rebasan porcentajes aceptables, inclusive adendas por el valor de contrato, vencimiento de fianzas, mala utilización de partidas, pagos anticipados de proyectos que no se realizan, por mencionar algunas.

La Contraloría ha devuelto un alto porcentaje de contratos para que sean subsanados, y aun con una segunda revisión de un equipo externo al Ministerio, existen irregularidades. Estas han sido señaladas en informes de auditorías que han sido enviados a fiscalías y que hoy son el motivo de medidas cautelares a funcionarios y hasta el encarcelamiento de ex funcionarios públicos, producto de supuestos peculados.

Evitar la burocracia y facilitar los procesos de compra fueron prácticamente los mismos argumentos que se utilizaron en el año 2006 para eliminar el control previo para el fondo de equidad y calidad de la educación (FECE), a las escuelas con presupuestos anuales menores de 15 mil dólares. Luego de los escándalos producto de los supuestos desfalcos por más de 1.5 millón de dólares detectado en la Dirección Regional de San Miguelito en el manejo de estos fondos, en septiembre del año 2007 la Contraloría envió al Banco Nacional de Panamá la nota 3682–2007, donde se restablece el control previo, con lo que implícitamente se advierte que esta medida pudo ser factor concluyente en la apropiación indebida de más de un millón de dólares provenientes de estos fondos. Con esta historia del tiempo reciente, la Contralora no solo exime de control previo al programa FECE sino a todo el Ministerio.

En este gobierno de excéntricos, donde el Ejecutivo, por un lado, como consecuencia de todos los escándalos que se generan en el FIS nos indica que “Voy a crear en seis meses una institución nueva, que sea más transparente y que tenga todos los controles”, su Contralora, en la otra entidad duramente criticada, levanta los controles, haciendo exactamente lo contrario a la intención de esa afirmación.

Nos parece que la Contralora ha sido asesorada de manera desatinada y en su afán de agilizar, se expondría a las consecuencias de un manejo irregular por parte de funcionarios sin experiencia o en efecto mal intencionados. Por ello, es sorprendente y cuestionable que la Contralora, quien conociendo todos los antecedentes, decida experimentar con el levantamiento del control previo de una de las entidades más cuestionadas en este país. Todavía están a tiempo de recapacitar, porque es mejor prevenir el delito que corretear a los agraviadores.

La actitud que provoca vicios en el manejo de la cosa pública tiene sus orígenes, en no pocas ocasiones, en las posiciones con debilidades porque la conciencia culpable hace a los funcionarios cómplices o hasta transgresores de la ley.

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Este artículo se publicó el  21  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La contratación directa

La opinión del Abogado…..

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ERNESTO CEDEÑO ALVARADO

Toda vez que  a  diario vemos a funcionarios   con deseos de contratar directamente con ciertas empresas en detrimento de otras, por aquello de la urgencia evidente, no está de más comentar que la desviación de poder, conocida como la emisión o celebración de una acto administrativo con apariencia de estar ceñido a derecho, pero que se ha adoptado por motivos o para fines distintos a los señalados por ley, es causal de anulación del contrato.

Ya en el pasado varios contratos públicos han sido declarados ilegales, par esta falla administrativa. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuando declaró ilegales los con tratos No. 105-89 de 3 de julio de 1989 y su addenda expedida el 26 de febrero de 1992, precisó que las autoridades administrativas actúan con una finalidad ilegítima al expedir actos de su competencia, al menos en los siguientes casos: 1. Cuando el acto se expide obedeciendo a un móvil de tipo personal, como un interés privado o el espíritu de venganza.

2. Cuando el acto se expide por un móvil político ilegítimo como cuando se toma la decisión con el único objeto de perjudicar a un adversario político y, 3. Cuando el móvil del acto es el interés de un tercero, lo cual se produce cuando la decisión está dirigida a favorecer a un particular en detrimento de otro.

La Sala Tercera concluyo, sentenciando en ese entonces, que “es evidente que los actos administrativos impugnados se dirigieron a procurarle ventajas a B.C. Corp., al eximirla del trámite de concurso de precios en detrimento de otras personas que habrían podido obtener estas concesiones si las mismas se hubiesen otorgado mediante licitación pública o concurso de precios…, ya que la declaración de urgencia evidente no se compagina con la realidad, es decir, se produjo una desviación del procedimiento de selección del contratista lo cual perseguía la finalidad de favorecer a la compañía antes mencionada con total prescindencia del interés general.


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Este artículo se publicó el 17 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá y el 21 de abril de 2010 en el Diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Me chupo el dedo

La opinión del Periodista…..

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JAMES APARICIO

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli adelanta importantes proyectos que influirán en positivamente en el desarrollo nacional: la ampliación de la Cinta Costera, las viviendas para Curundú, el Metro, el Metro Bus.   Todas las obras han sido sometidas a un planificado proceso de licitación.

Lo mismo no ocurre con la compra de 51 camiones de recolección de la basura, donde el apuro y una convocatoria por correo electrónico han generado toda clase de dudas y exigencias al Consejo Municipal para que convoque a una contratación directa donde participen todas las empresas.

La transparencia es la mejor fórmula que existe en democracia, cuando se trata de compras o proyectos gestionados por el gobierno o las entidades públicas.

Nadie duda que el alcalde Bosco Ricardo Vallarino tiene toda la intención de solucionar el problema de la recolección de la basura en la capital.   Sería muy tonto pensar que como político quisiera tener el tamaño lío que amenaza la seguridad y la salud de miles de capitalinos.

Sin embargo, la compra directa, sin publicidad y que el Consejo Municipal, contradictoriamente dominado por representantes del opositor PRD, fue aprobada sin ninguna pregunta o dudas por resolver.

Una vez conocido que solo dos empresas pudieron presentar precios entre la tarde el jueves previo al Viernes Santo y el lunes siguiente, comenzaron a surgir las dudas por todos lados.

El municipio a través de sus voceros Harmodio Montaner y Arsenio Fernández han dado explicaciones diversas: Todo se hizo bien, no tenemos la culpa que las otras empresas no tuvieran la capacidad de entregar propuestas, esto se está politizando, la urgencia nos obliga estar apurados.

Afirmar que la compra directa se ha politizado o que la culpa es de la empresas que ofrecen estos equipos es un comentario irresponsable y baladí.

Los mejores intereses del Estado, del municipio capital y de los ciudadanos tiene que estar por encima de una contratación directa, cuyo resultado es cuestionado por por la prensa, la Cámara de Comercio y un gran número de proveedores del Estado.

Hace una semana un amigo personal, vinculado a estos menesteres me afirmó que todo estaba masticado, no habría marcha atrás y la compra tiene “el visto bueno de San Felipe”.

Estoy convencido que no hay ningún visto bueno, que la forma en que se ha tramitado la compra directa tiene que haber generado reacciones de molestia y contradicción en el gobierno, porque los buenos proyectos sociales y de infraestructura, quedan ensombrecidos por un proceso que todavía se pueden enderezar, haciendo las cosas bien.

Los ciudadanos esperan que la recolección de la basura y su tratamiento sean parte de un programa integral, donde los parches y la improvisación no sean la práctica común.

En este asunto hace falta la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General y la Oficina de Transparencia del Gobierno Nacional, muy preocupados por enderezar entuertos y llevar adelante todos los proyectos gubernamentales de acuedo a las reglas y normas establecidas.

El Alcalde Vallarino tiene una bonita oportunidad para demostrar que por encima del capricho, está la transparencia. Hacer lo contrario enviará un claro mensaje de no me importa, que a nadie ayuda, ni hace bien.


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Este artículo se publicó el 13 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.