Mucho apuro trae cansancio

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La opinión del Economista…

Marcos A. Mora

Es nuestro mayor deseo que a este gobierno y a los venideros les vaya bien, la razón es sencilla; en la medida que esto ocurra, a la gran mayoría del pueblo nos irá mejor.   Sin embargo, el gobierno actual en su afán de encajonar una serie de inversiones dentro del período de gobierno o reportar un avance sustancial, van a convertir este país en un caos inimaginable.   Para disminuir los tiempos han esgrimido las tan criticadas contrataciones directas o bien reducido los tiempos adecuados para que las empresas interesadas en participar, puedan hacer una correcta propuesta en las licitaciones que se anuncian. No parecen importar los costos astronómicos y ni los resultados esperados. Que soberana irresponsabilidad. 

 

Imaginémonos por un solo momento la concurrencia de los siguientes proyectos: 16 pasos a desniveles, metrobús, metro, complejos hospitalarios, ciudad carcelaria, rehabilitación de carreteras, centro de convenciones, torre financiera, etc.

Algunos podrán señalar que este un caso clásico de “palo porque boga y palo porque no boga”, pero no es así.    En la administración pública, las obras deben propender a ser realmente prioritarias, causar el máximo beneficio y procurar el menor trastorno a la comunidad.

El hacer obras es plausible y la mayoría de las enunciadas se requieren, aún cuando casi todas sean excesivamente caras, y no tan prioritarias frente a otra serie de necesidades. En el caso de salud, se maximiza la oferta hospitalaria en detrimento de una necesaria política preventiva, con el agravante que al momento de entrar en operación dichas instalaciones, comenzaran a laborar de manera deficitaria en los recursos fundamentales de médicos, enfermeras y otros paramédicos. Este es un típico caso de “poner los bueyes detrás de la carreta”.

Frente al caos que avizora el Ministro de Obras Públicas y que de ninguna manera se podrá superar armándose de paciencia, no les parece a nuestros gobernantes que lo más sabio sería tratar dichas obras como tema de Estado y no de gobierno. Las obras se podrían diseñar o iniciar en este gobierno e incluso comprometer su presupuesto aunque se concluya en el siguiente período. Esta sería la real visión de un estadista y no la de un politiquero.

Las obras se podrían ejecutar escalonadamente y de acuerdo a procesos constructivos serios y ordenados ocasionando menos dolores de cabezas e incomodidades a la gran masa que tendría que “transitar” en las condiciones previstas. Aparte de las afectaciones en la salud física y mental de los asociados, ¿quién se responsabilizará por las llegadas tardías y pérdidas de puestos de trabajo?

Para muchos gobiernos no es fácil seguir nuestra recomendación por dos criterios básicos, uno el factor electorero y el otro, cumplir dentro del período los compromisos contraídos con proveedores de bienes y servicios a los cuales se les debe algún tipo de favor o con los cuales se tienen arreglos a trastienda.    Recordemos el triste espectáculo de un ministro del gobierno anterior, que autorizó una exorbitante addenda a un contratista, e hizo de relacionista público y mensajero de la empresa para lograr que ésta cobrara el jugoso cheque final unos días antes de que concluyera el mandato presidencial. Todo lo demás queda a la imaginación de nuestros lectores y no vamos a explicar más nada.

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<>Artículo publicado el  5  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/mora-marcos-a/

En defensa del Control Fiscal

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La opinión del Ex Contralor General de la República…

Rubén D.  Carles

Por tratarse de un tema de política fiscal acerca del cual tuve la oportunidad de adquirir vastas experiencias, debo referirme a la reciente decisión de suspender el control previo en actos de manejo en algunas dependencias del Estado. 

Como desconozco las razones para adoptar esa decisión, es difícil formular señalamientos específicos. Pero estoy convencido de que los actos de manejo de los fondos y bienes públicos deben realizarse con corrección, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

La manera de lograr los anterior objetivos es mediante la efectividad de las medidas de control que se establezcan.   Control es anticipar actos. Para ello existe una entidad estatal con rango constitucional y carácter independiente: Contraloría General de la República.

La Contraloría tiene la función de fiscalizar y regular. Hacer cumplir las medidas dispuestas como control, que significa: examinar, dirigir, revisar, comprobar, inspeccionar, dominar, vigilar, verificar e intervenir. Parecen sinónimos, pero no lo son.

El control previo, como norma establecida en la Constitución Nacional, debe ser mantenido y reforzado a toda cosa. Se trata de un tema que requiere ser debatido con amplitud.

El control en el manejo de las finanzas públicas nunca puede considerarse innecesario, o sea afectado por acciones que podrían debilitarlo.

Así, las cosas no van a cambiar.

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<>Artículo publicado el  3  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,  lo mismo que el 5 de noviembre en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  al igual  que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/carles-ruben-dario/

Contratación pública

La opinión del Abogado…

Ernesto Cedeño Alvarado

El hecho de que el Artículo 52 de la Ley 22 de contrataciones públicas, faculta a la entidad licitante a rechazar las propuestas en cualquier etapa del proceso de contratación, no significa que lo puede hacer de manera antojadiza, pues podría estar vulnerando el principio de transparencia y de buena fe, necesarios para darle confianza a los empresarios en torno al aspecto objetivo de la tramitación contractual.

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se ha pronunciado, en reiteradas ocasiones sobre el tema y hasta ha dicho que la prenombrada facultad debe ser consecuente con otras disposiciones de la ley de marras, tales como la de adjudicar cuando se presenten ofertas válidas, etc.

El Tribunal ut supra dijo, sobre el tópico en comentario, lo siguiente: “El rechazo de las ofertas presentadas, es una definición anormal de la contratación pública, pues lo que se pretende en estos casos es preservar valores o atender a circunstancias sobrevinientes, posteriores a la convocatoria pública del acto, tales como aspectos presupuestarios, casos fortuitos o fuerza mayor, que impiden la consumación del objeto del acto público.

Así, la facultad de rechazo de las ofertas presentadas, responde a circunstancias comprobables, es decir, a motivaciones de cierta magnitud y no a la discrecionalidad del Jefe de la Entidad pública”. (Véanse las Resoluciones No. 02-10 de 12 de enero de 2010 y la No. 021-10 de 7 de junio de 2010).

<> Este artículo se publicó el 17 de septiembre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que le corresponde.

¿De quién es la culpa?

La opinión del Ingeniero Industrial y Analista Político…

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MARIO A. ROGNONI –  —

Uno de los grandes males que sufre nuestro país es la aparente falta de transparencia en las compras del Estado.   Si el viejo adagio ‘la mujer del Cesar no solo debe ser honesta sino aparentarlo’ lo aplicásemos, no ha habido licitación o compra directa en que no se siembre la duda sobre la transparencia del acto.

Quizás todas las licitaciones han sido honestas, pero definitivamente no lo han aparentado. La pregunta que debemos hacernos es el porqué de las dudas, muchas veces, infundadas, pero igualmente esparcidas por el criminal rumor.

Contrario a lo que muchos piensan, las dudas surgen no de parte de los integrantes del gobierno, tampoco de los adversarios en oposición, las dudas, invariablemente, son generadas por los mismos empresarios que participan del acto público.

Con mucha frecuencia, más de lo que quisiéramos, los que pierden una licitación proceden a impugnar y a cuestionar la adjudicación, sea por valor o mejor precio.   En su argumentación siembran la duda de lo ocurrido y logran, muchas veces, que el público en general llegue a creer que la adjudicación se ha dado en forma injusta e indebida.

Hay muchas maneras de sembrar las dudas, pero recientemente hemos sido testigos mudos de un caso que pronto podría convertirse en otro ejemplo. La reciente licitación del Estado para contratar los servicios de telecomunicaciones y el diseño e implementación de una red para integrar tecnológicamente a todas las instituciones gubernamentales, que dio tres ofertas en las que, siendo adjudicación por ‘mejor valor’,   el precio solo representa el 35% de la evaluación, el resto repartido entre el diseño y la propuesta técnica de la red, la capacidad financiera y la experiencia.

La empresa que dio el precio más bajo, recordando que esto solo es 35% de la evaluación, Cable Onda, aprovechando los medios de comunicación afiliados a ellos, procedieron con bombos y platillos a divulgar que habían sido favorecidos en la licitación.

No dudo que los dueños y directivos de Cable Onda saben que la comisión evaluadora no ha terminado su evaluación, por ende la adjudicación no ha sido hecha. Sin embargo, con la divulgación pretenden presionar a la comisión y lograr igualmente en la opinión pública sembrar que de resultar ganadora otra empresa se dude de la transparencia y procedan a impugnar.

Estos casos de impugnaciones y dilataciones en las adjudicaciones han sido múltiples, recordemos los camiones de basura en la administración anterior, la propia licitación de las placas y calcomanías, y cantidad de obras de infraestructura afectadas por las adjudicaciones dilatadas. En todos los casos, las empresas participantes han sido las causantes de las dilataciones, terminando siempre con la percepción de trampa o arreglo en la adjudicación final.

Siempre hemos oído sobre los esfuerzos por corregir y mejorar el proceso de compras del Estado, quizás todo lo que falte es simplemente un mejor empresario, capaz de practicar la honestidad que predica, aceptando las reglas del juego y sin utilizar los trucos a su alcance que solo logran ensuciar procesos perfectamente transparentes y honestos.

<>Artículo publicado el 2 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Aterradoras cifras

La opinión del Director Nacional PRD…

Rafael Pitti

Realmente no sé ¿por qué? Organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales y los partidos de oposición, principalmente el PRD,  en el deber de acción fiscalizadora sobre el uso de los dineros y recursos del estado que somos todos, no realiza una acción técnica y profesional que detenga de una vez por todas, los evidentes e irrefutables casos de presunta corrupción en administración de bienes, compras y contrataciones de obras públicas.
Cada vez que se anuncian con bombos y platillos la realización o aprobación de tal o cual proyecto, la inversión es mencionada en cientos de miles o millones de dólares, como si se tratara de pagar o comprar con lentejas. Un ejemplo la compra de corredores.
Las autoridades alegan que el contrato fue leonino e irregular, no obstante si fue así, el gobierno tiene facultad para actuar basado en la Constitución Política de la República de Panamá, que mandata que el interés público prima sobre el interés privado.
Una prolija y severa auditoría de sistema y de campo, reflejará que los costos de operación, frente a ingresos y egresos han sido favorables a la empresa durante los años de ejercicio activo. Ya lo dijo el ministro de Comercio en programa radial en KW Continente, reciben 74 millones anuales (libres de polvo y paja). ¿Entonces? Aplaquen el alcance fiscal o correctivo al contrato.

Expresé anteriormente que la construcción de 14 km de longitud para culminar la autopista Panamá-Colón, la inversión anunciada es de 228 millones o más, cifra que arroja un costo de más de 16 millones el kilómetro lineal. Muestra palpable de estas distorsiones, es la noticia que copie de un medio de la localidad que transcribo textualmente. “Esta semana, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Carlos Dubois, firmará el contrato con la constructora NOVA, S.A. para la construcción del complejo residencial ‘Manuel Castillo’, que se desarrollará en Sabanitas de Colón. El proyecto ofrecerá 500 soluciones habitacionales con apartamentos de 45 metros cuadrados sala-comedor, baños, dos recámaras y área de lavandería. La inversión estatal para este proyecto en la provincia supera los 25 millones de dólares. La semana pasada, las autoridades anunciaron la demolición de unos 18 inmuebles que representan un peligro para quienes residen en ellos y transitan por el sector”.

En un simple ejercicio de multiplicación estas claustrofóbicas soluciones habitacionales (45 mts 2) serán construidas al “irrisorio” precio de B/ 50,000 dólares por vivienda unifamiliar.   ¿Cómo o con qué se come esto?

La matemática, es herramienta que utilizamos precisamente como mecanismo de cálculo en ahorros de carácter material, de tiempo y espacio, y como promedio y estimación de salud y mortalidad.

Los manejos irregulares en el Mides y otras instituciones con contrataciones directas y licitaciones presumiblemente amañadas, reflejan que como Panamá Compra, no son más que máscaras legales que debemos proscribir o reemplazar sin ambigüedades, porque a través de ellas se hipoteca y reduce el futuro del país y nuevas generaciones en beneficio de unos pocos.

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Artículo publicado el 28 de agosto  en el diario  El Panama América a quien damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Contrataciones públicas

La opinión de…

Franklin Castrellón

Prácticamente, cuando ya están adjudicados todos los contratos principales para la ampliación del Canal, la Autoridad del Canal ha obtenido ahorros por cerca de $400 millones en comparación con el costo estimado para dichas obras.

¿Por qué se han producido estos ahorros? Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo para la ampliación del Canal, lo explicó a la revista Recursos: “Entre otros factores, ello se debe a la transparencia en las licitaciones y a la forma consistente y oportuna como la ACP paga a sus contratistas”.

Ese manejo ha estimulado la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que se ha traducido en economías sin sacrificar la calidad de las obras. La clave es un sistema moderno de licitaciones manejado de forma profesional y transparente.

En contraposición está el manido mecanismo de contrataciones directas, practicado con frecuencia por otras instituciones del gobierno, lo que abre la oportunidad a prácticas corruptas.

Estudios sobre prácticas corruptas realizados por Transparencia Internacional (TI) indican que “la contratación pública es el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos” de los gobiernos. Según TI, “un promedio del 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”. Las prácticas corruptas tienen en las contrataciones directas su mejor aliado.

Bajo el gobierno de Martín Torrijos abundaron las contrataciones directas; más de $540 millones, incluida la eliminación de fibra de vidrio en planteles escolares en donde no existía, fueron otorgados por esa vía.   De ese total, unos $150 millones lo fueron bajo el Prodec, que se financia con fondos aportados por el Canal. Pero la irregular práctica sigue bajo la actual administración, pese a las promesas de campaña.

En los primeros 13 meses de este gobierno se han adjudicado bajo esta fórmula cerca de $400 millones. Aunque el Gobierno ha justificado algunas, no hay razón válida para que imperen las contrataciones directas en un mundo en el que los proyectos suelen ser programados con sobrada anticipación.

¿Por qué en el Canal de Panamá rige un sistema transparente de contrataciones, mientras que en el resto del Gobierno se evade el cumplimiento de la Ley de Contrataciones?    En primer lugar, considero que es cuestión de gente y, en segundo lugar, de sistema.   En el Canal el mecanismo de contrataciones es administrado por personal reclutado en base a sus méritos, mientras que en el Gobierno impera el clientelismo, sin importar la calidad profesional ni moral del individuo.

Los oficiales de contratos de la ACP son especialistas en compras que disfrutan de una carrera administrativa libre de influencias políticas. Se rigen por los artículos 52-56 de la Ley Orgánica de la ACP y por el reglamento de contrataciones, y están sujetos a normas de integridad y ética. Sus decisiones de compras son monitoreadas por controles informáticos que permite detectar cualquier favoritismo en las adjudicaciones.

A la menor señal de alarma se investiga, y el oficial que viole las normas enfrenta sanciones que pueden llegar hasta su destitución y denuncia penal. Además, cuando una empresa considera que ha habido irregularidades, puede presentar una protesta que debe ser resuelta en 30 días.

En la ACP no existen las cuestionadas “adendas”, recurso que ha sido utilizado para inflar precios y favorecer a empresas. Hay en cambio “modificaciones” al contrato que aplican especialistas para corregir imprevistos que puedan afectar el costo final de las obras; pero las mismas están limitadas a lo estrictamente necesario para ejecutarlas.

Es más, desde que se comenzaron a licitar las obras de la ampliación y se aplicaron los nuevos procesos de administración de proyectos, las modificaciones siguen un riguroso examen en que se consideran los impactos en el alcance de otros proyectos, sus cronogramas, calidad, costos, presupuestos, revisión de la matriz de riesgo y, además, se requiere que personal de jerarquía avale las modificaciones.

Las compras directas no están contempladas en el reglamento de la ACP y sólo está permitido restringir la competencia en casos de urgencia evidente o por razones de marca, fabricante o suplidor específico, siempre y cuando un informe técnico así lo sustente. Pero en todo caso, el proceso está abierto a protesta de potenciales contratistas.

Impresionado por este sistema, el Ministerio de Educación logró la asesoría de la ACP para implementar un sistema de contrataciones que le permita tener las escuelas a tiempo para el inicio del período lectivo.

Con ese objetivo, el Meduca logró la aprobación de un régimen especial para la construcción de obras y la adquisición de bienes y servicios, manejado por personal calificado. ¿Por qué no emula este ejemplo el resto del Gobierno?

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Basta, señor Presidente:

El país es de todos… La opinión del Presidente del CEN del PRD…

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Francisco Sánchez Cárdenas 

Definitivamente que forjar, desarrollar y proteger la democracia requiere de permanente esfuerzo. Como argumento en la contienda política se puede vociferar que se es muy demócrata o se puede uno desgarrar las vestiduras presentándose como un gran luchador por la democracia, pero cuando se llega al poder se caen las caretas y surge el verdadero espíritu autocrático de los actores de la política. En el Ejecutivo actual hay muchos que decían combatir la dictadura cuando verdaderamente aspiraban a ser ellos los Basta, señor Presidente:  dictadores.

Señor Presidente, cuándo se dará por enterado de que Panamá no quiere el tipo de gobierno que usted desarrolla actualmente.  Cuándo aprenderá que el pueblo recibe las becas, los subsidios y todo lo que se les pueda regalar, pero en su sabia filosofía sabe que lo que le dan son migajas porque es evidente que lo grueso se lo está llevando otro y su grupo.

Esa es la enseñanza que deja la práctica de su  gobierno de abusar de las contrataciones directas y las licitaciones públicas asignadas de antemano, de llevar a cabo el despojo de negocios y tierras bien habidos, de promover proyectos faraónicos con precios abultados que pueden servir para enriquecerse y no para la solución de los problemas nacionales.

El pueblo no es ignorante para no percatarse de la paupérrima ejecución del presupuesto mientras se solicita un incremento de 2 mil 800 millones que incluye en él carreteras y autopistas cuyos costos han sido abultados de manera escandalosa.

El pueblo sabe que de la compra de los corredores viales, cuya “inversión” no aporta un solo kilómetro nuevo, además de que seguirán siendo caros,  emana un fuerte olor a cosa podrida.

El pueblo se da cuenta de que recibe migajas cuando la Red de Oportunidades ya no cubre a todas las familias que antes cubría, cuando los Prodec ya no los decide la comunidad y los quieren eliminar; cuando los “100 para los 70” se pagan un mes si y cinco no; cuando las becas universales prometidas para ahora, con menos dinero que antes, no serán perfeccionadas si no hasta 2013, es decir un año antes de las próximas elecciones generales.

El voto que le dio la gran mayoría de este país no fue para dividirnos entre buenos y malos.   Tampoco para que nos descalificara como indios ignorantes, drogadictos y borrachos, periodistas de pacotilla, empresarios gallotes, sindicalistas parásitos, medios de comunicación comprables, etc.   Ese voto fue para unificar al país y lograr la concordia nacional.

El voto fue para que usted ayudara a fortalecer la institucionalidad democrática y los derechos humanos. No fue para que usted hiciera lo que le dicta su voluntad con la Asamblea, la Corte Suprema,  el Ministerio Público,  la Fiscalía Electoral y la Contraloría General de la República.

Tampoco fue para diezmar con saña a la población indígena dejando a su paso una multiplicidad de tumbas, desaparecidos y mutilados.

Tampoco fue para acabar con los sindicatos rompiendo el equilibrio social en beneficio del sector económicamente más fuerte. Ninguno de los que votó por usted lo hizo para que destruyera sectores económicos productivos y financieros que han contribuido con el desarrollo de este país, ni para que usted creara a su alrededor una nueva clase económica dominante.

Las grandes luchas históricas de este país fueron para lograr la estabilidad y la seguridad internacional de nuestro territorio y nuestro Canal. No tiene usted ningún derecho a practicar juegos infantiles de política internacional que nos coloquen en peligro.

A partir de 1990 los partidos políticos hicimos el compromiso de participar en el rejuego político sin poner en peligro la estabilidad democrática de la Nación.   Basta señor Presidente, corrija, persiga el delito sin saña enfermiza, persiga la corrupción y los desmanes jurídicos sin mirar de donde vienen. Este país, que es de todos, ha avanzado mucho, pero queda mucho más por hacer en salud, educación, seguridad, vivienda, infraestructura, empleo y canasta básica alimentaria.

El pueblo lo eligió para gobernar cuatro años más y todos debemos respetar ese mandato, Deje usted de ser su propio desestabilizador.   ¡Basta ya!

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Este artículo se publicó el 23 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.