Examen de pares en la OECD

El examen Entre Pares está diseñado para suministrar una visión de cómo los países han manejado la competencia.   La opinión del Administrador General de ACODECO….

 

 

PEDRO MEILÁN
pedromeilan@acodeco.gob.pa

El 6 de diciembre la Acodeco presentó en un hotel de la localidad el informe final del Examen de la Ley y de la Autoridad de Competencia de Panamá. Para este importante evento nos acompañaron el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez; la secretaria de Economía de la Presidencia de la República, Kristelle Getzler;  la directora de Divulgación del Tema de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Hilary Jennings; el especialista en Comercio e Integración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mario Umaña;  y el consultor contratado por la OCDE y el BID, Daniel Sokol, que realizó el estudio.

El proceso de Examen Entre Pares está diseñado para suministrar una visión de cómo los países han manejado la competencia y asuntos reglamentarios, al examinar tanto la solidez de la Ley de competencia de un país como la estructura y efectividad de sus instituciones de competencia.

La OCDE y el BID han encontrado que la Legislación Panameña en materia de Competencia es de manera general consistente con muchas de las mejores prácticas internacionales. La Acodeco ha demostrado ser un ejecutor efectivo en materia de competencia.

Las recomendaciones claves en el Examen Entre Pares incluyen: El aumento en los esfuerzos para combatir carteles que han sido tradicionalmente omnipresentes en todo Panamá. El aumento en los niveles de multas a compañías que infrinjan la Ley.

El fortalecimiento del entendimiento del público de la importancia de la competencia para hacer que los mercados funcionen para el beneficio de los consumidores y de las empresas. El incremento de los recursos financieros para la Acodeco para lograr mejores resultados en competencia en toda la economía.

Hilary Jennings, directora de Divulgación de la Competencia en la OCDE y a cargo de las relaciones con los países no miembros indicó: ‘La publicación de este Examen Entre Pares demuestra que la Política de competencia es de alta prioridad en la agenda de Panamá. Es claro que la fuerte ejecutoría en materia de competencia junto con el compromiso del gobierno a los principios de competencia puede tener efectos poderosos en el desempeño de la economía’.

Todo lo anterior no hubiese sido posible sin el apoyo del Gobierno Nacional, con el cual tenemos una muy buena comunicación y han fortalecido el presupuesto de la Acodeco para seguir protegiendo el proceso de libre competencia y a los consumidores. Queremos aprovechar para adelantarles que el 1º de febrero de 2011 la primera Ley de competencia de Panamá cumple 15 años de promulgada. Para celebrarlo realizaremos un Foro Nacional de Competencia ese día para hacer una presentación del trabajo efectuado en estos 15 años.

Antes de terminar, tenemos que agradecerle a la OCDE y al BID por la oportunidad que nos han dado de que expertos mundiales de alto nivel académico y de agencias de mayor experiencia, examinen nuestras actuaciones, procedimientos y resultados. También hemos podido aprender de forma directa de las mejores prácticas en materia de combate a conductas anticompetitivas. Esto nos ayuda a hacer un alto en el camino, para reflexionar y evaluar lo actuado y aplicar los correctivos que correspondan.

 

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<> Este artículo se publicó el 11  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Por qué allá sí y acá no?

La opinión de…

 

Eduardo Morgan Jr.

En 2001, Estados Unidos decidió tratar de cumplir con la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de dar información a los países extranjeros de los depósitos de sus nacionales. A continuación transcribimos textualmente algunas de las reacciones que se suscitaron:

1. Carta de los congresistas al secretario del Tesoro: “Esa propuesta es contraria a la tradicional política del Departamento del Tesoro y del Congreso de estimular a los extranjeros no residentes a que depositen sus dineros en los bancos de EU, para que a su vez estos dineros puedan ser usados para estimular el crecimiento y desarrollo en este país… Adoptar esta propuesta pondrá a los bancos norteamericanos en desventaja con los bancos de nuestros competidores y resultará en un retiro significativo de depósitos extranjeros de los bancos de EU.

El retiro de los depósitos extranjeros… significará una reducción en los préstamos a empresarios locales, a propietarios de inmuebles y de negocios pequeños, lo que traerá como resultado una disminución en la fortaleza económica de las comunidades afectadas… Tenemos entendido, además, que ninguno de nuestros trading partners ha impuesto estos requerimientos en sus propias instituciones financieras. La adopción de estas reglas, por tanto, creará un nivel de competencia desleal que será motivo de la transferencias de depósitos que mencionamos”.

2. Carta de Jeb Bush, gobernador de Florida, al secretario del Tesoro: “Las nuevas reglas colocarán a los bancos norteamericanos en una posición de desventaja con relación a los bancos del Caribe y de Europa… y dañarán la habilidad de los bancos norteamericanos de seguir atrayendo depósitos foráneos”.

3. Carta, del presidente del Eagle Bank de Miami, al secretario del Tesoro: “El reglamento propuesto podría acelerar retiros de entre 15 billones y 20 billones, solamente en Miami, de depositantes latinoamericanos”.

4. Carta del congresista Crane al secretario del Tesoro: “Le recuerdo que Estados Unidos tiene cerca de 10 trillones de dólares de inversión extranjera, la cual se vería en peligro de perderse si el país se convirtiera en informante de las autoridades fiscales de otras naciones… Muchos Estados tienen leyes favorables, tanto impositivas como para la formación de sociedades, para atraer clientes en todo el mundo. Estas leyes incluyen a menudo medidas estrictas de protección a la privacidad las cuales no serían permitidas bajo las propuestas de la OCDE y la Unión Europea”.

La enérgica oposición de la opinión pública, encabezada por los banqueros y congresistas de la Florida, incluyendo a su gobernador, determinó que la propuesta del secretario del Tesoro no fuera ni siquiera discutida por el Congreso.

Se temía perder los millonarios depósitos de los clientes latinoamericanos. Para tratar de suavizar la oposición y apaciguar los temores, el Tesoro modificó su propuesta, limitándola a 16 países, entre los cuales no se encontraba ninguno de América Latina. Esta tampoco tuvo acogida y más bien lo que hizo Estados Unidos fue fortalecer su condición de paraíso fiscal al darles a los inversionistas extranjeros anonimato total.

Las interrogantes que surgen son: ¿por qué el empeño de nuestro gobierno de firmar un tratado de información fiscal con EU, que es precisamente el país que más se ha negado, públicamente, a dar información fiscal? Y ¿por qué no defendemos nosotros el centro financiero de Panamá con el mismo vigor con el que los norteamericanos defienden el de Miami?

Hay razones más que suficientes para que nuestro gobierno no cometa el error de celebrar con EU un tratado de información fiscal. Nuestro centro financiero es regional y nuestro principal mercado es el latinoamericano. Los depósitos totales son menos de $70 billones, es decir, mucho más de un trillón por debajo de Caimán y cerca de $300 billones por debajo de Las Bahamas. Pero los depósitos bancarios son de importancia fundamental para nuestra economía, porque nosotros ni tenemos banca central ni podemos imprimir billetes.

El dinero que mueve nuestra economía y que impulsa nuestro desarrollo, está en los bancos. Si los billones que tienen nuestros clientes latinos se mudaran a Miami, donde no pagan impuesto y tienen garantía de anonimato total, nuestro perjuicio económico será enorme y no podrá ser compensado ni por un TPC, ni mucho menos por la supuesta bonanza que traerían las convenciones de empresas norteamericanas. Como Estado soberano podemos negociar con EU un tratado de doble tributación que tome en cuenta nuestros intereses como país de renta territorial, la importancia del centro financiero para nuestra seguridad y también nuestra responsabilidad para con los extranjeros que tienen aquí sus inversiones.

No es la primera vez que EU trata de imponernos este convenio. Trataron en los 80, trataron con Endara, después de la invasión, y su último intento fue durante el gobierno de doña Mireya Moscoso. Siempre fracasaron, porque hubo gente inteligente y patriota que supo decirle no a los norteamericanos. Y ¿qué pasó? Crecimos como nunca, obtuvimos grado de inversión, el Fondo Monetario Internacional nos reconoció como un centro financiero modelo, iniciamos la expansión del Canal y este año tenemos el presupuesto más grande de la historia. Y además de todo ello, mantuvimos en alto la dignidad nacional.

<> Este artículo se publicó el 11  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en:

Foro de competencia

Todos debemos sentirnos muy orgullosos del importante sitial que alcanzó la Acodeco y la Ley de Competencia de Panamá.  La opinión del Abogado y Administrador General de ACODECO…

PEDRO MEILÁN

El 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo en San José, Costa Rica, el octavo Foro Latinoamericano de Competencia y el 10 de septiembre fue el octavo Foro Iberoamericano de Competencia, donde se reunieron las principales autoridades de agencias de competencia de Iberoamérica. La participación de Panamá en este foro fue relevante, ya que una sesión de toda una mañana fue dedicada exclusivamente a la Ley panameña de competencia y a la Autoridad que vela por la promoción de la libre competencia en nuestro país.

Expertos internacionales de la talla de Frédéric Jénny, presidente del Comité de Competencia de la OCDE, William Kovacic, Comisionado de la Agencia Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, quien además es autor de varios libros sobre competencia; Caldwell Harrop, experto del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Diego Povolo, vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina y Daniel Sokol, profesor de la Universidad de Florida, autor de varios libros; fueron los examinadores que hicieron todo tipo de preguntas sobre la legislación y funcionamiento de la política de competencia de Panamá a un grupo de profesionales de la ACODECO que me acompañaron a esta importante actividad.

Fue muy intenso el debate en torno a la conveniencia de tener en una sola entidad en los temas de protección al consumidor y de libre competencia, llegándose al consenso que aunque no hay una receta única de cómo integrar de la forma más efectiva ambos temas, la ACODECO sin duda ha podido potenciar el desempeño de estas dos áreas a través de un esfuerzo permanente por lograr una mayor cohesión institucional, ya que al final de cuentas ambos temas se orientan en mejorar el bienestar de los consumidores.

Terminado el examen, todos los examinadores y los países participante en el Foro Latinoamericano de Competencia, felicitaron a Panamá por su desempeño tan profesional al responder las preguntas, por el dominio del tema y la valentía de haber aceptado el reto de exponerse a un minucioso escrutinio de todo el proceso de competencia en Panamá, del funcionamiento de la Autoridad y de todo el marco legal que la contempla. Es importante señalar que mientras la OECD tiene a Panamá en algunas listas grises y negras por diferentes motivos, la política de competencia obtuvo una nota sobresaliente de parte de los expertos de la OECD, Estados Unidos y el resto de países de América Latina.

Fuimos definidos como una Agencia de Competencia modelo para el resto de los países por su profesionalismo, beligerancia y por contar con unas de las mejores legislaciones de competencia de la región. El informe final del examen de la Ley de Competencia de Panamá será publicado por la OECD para todos los países miembros y no miembros interesados.

La presentación de dicho informe será realizada próximamente en un evento internacional en nuestro país donde asistirán las máximas autoridades del Comité de Competencia de la OECD, invitados internacionales y esperamos contar con las máximas autoridades de nuestro país. Todos debemos sentirnos muy orgullosos del importante sitial que alcanzó la ACODECO y la Ley de Competencia de Panamá en este importante evento internacional.

<> Artículo publicado el 25 de septiembre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,   lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Nuevos paradigmas de la casación en Panamá

La opinión del Jurista y Docente Universitario….

Silvio Guerra Morales

Como conquistas más notables del recurso, en la nueva normativa, estimamos que destacan, sobre todo, el hecho de que se haya incorporado como causales para la casación penal las infracciones al debido proceso y la violación a derechos libertades y garantías consagrados en nuestro ordenamiento jurídico ya sea en la propia Constitución, en las leyes o en los tratados y convenciones ratificados por la República de Panamá.

En este orden de ideas, tenemos que para la Sala Penal como Tribunal de Casación Penal puede presentársele cuestiones de suma importancia jurídica en cuanto inciden en el debido proceso o en la infracción de preceptos constitucionales, legales y convencionales y que atañen a derechos y garantías procesales. Así, por ejemplo, tenemos el caso que cuando se invocan las causales en el recurso de anulación al tenor de lo que prescribe el artículo 171 y 172 del Nuevo Código, y para ello se citaren las causales contenidas en los numerales 1 ó 2 del artículo 181, el recurso de anulación debe serle remitido a la Sala Segunda de lo Penal a efectos de que determine el ámbito de su competencia y de ser así tendrá que conocer, del mismo modo, tanto de la casación como del respectivo recurso de anulación del juicio o la sentencia. Ello significa que a la Sala Segunda de lo Penal pueden llegar causas que por el solo hecho de haberse invocado causales en el sentido que prescriben los numerales 1 ó 2 del artículo 181 del Nuevo Código, pueden emanar tanto del Tribunal del Juicio, como de los Jueces Municipales o Jueces de Garantía según lo dispone el artículo 172 del Código. Ahora bien, aunque el código mencione a los jueces de garantías, nos parece un equívoco, ya que éste no produce sentencias al tenor de las funciones que expresamente le están delegadas en el artículo 44.

Se estatuye una nueva modalidad de la casación penal denominada Recurso de Casación para la Uniformidad de la Jurisprudencia, pretendiéndose con ella lograr, entre otras cosas, el desiderátum previsto en las primeras líneas del artículo 180 en cuanto esta norma prescribe como fines primordiales de la casación la uniformidad de la jurisprudencia nacional.

A pesar de ello el recurso sigue manteniendo su función nomofiláctica; preserva sus tradicionales causales sin desmedro de las nuevas; no atribuye una tercera instancia; se niega a sí mismo el renunciar del todo al formalismo, en fin. Por ello es que leemos en el artículo 180 de la nueva codificación lo siguiente: “El recurso de casación tiene por objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada. También tiene por objeto procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional”.

<> Artículo publicado el 24  de septiembre de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

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Competencia libre y competencia desleal libre

La libre competencia puede defenderse con una óptica de interés público: mantener ciertas condiciones de mercado.  Reproducimos  al artículo de opinión de:
PEDRO MEILÁN
El Estado tiene la misión de mantener o garantizar ciertas condiciones en la competencia dentro del mercado. Con ello se promueve la existencia de mayor número de opciones para adquirir dichos bienes o servicios y, con ello, precios más bajos en los productos. Esto se traduce en beneficio económico para los consumidores.

La libre competencia puede defenderse con una óptica de interés público: mantener ciertas condiciones de mercado. Esto es lo que hace ACODECO cuando gestiona en defensa de la competencia por un interés público. Con ello busca evidenciar la comisión de práctica monopolística frente a un Tribunal y, eventualmente, estar en la capacidad de imponer una multa por razón de esa conducta ilícita.

Su actuación, en este sentido, no busca beneficiar a un particular y tiende a impactar el mercado reprimiendo la comisión de prácticas monopolísticas susceptibles de distorsionarlo. En cuanto a la competencia desleal, vemos que en nuestro país los tribunales de comercio creados con la derogada Ley 29 de 1996 (ahora Ley 45 de 2007), atienden estas reclamaciones. La acción la ejercen las empresas que se sientan afectadas con la conducta, quienes a la vez pueden solicitar la suspensión de dichos actos y el resarcimiento por daños y perjuicios.

El artículo 15 de la Ley 5 de 2007 dispone que son actos de competencia desleal, entre otros: cualquier acto intencional y doloso que sea capaz de crear confusión en detrimento de un competidor; cualquier acto fraudulento tendiente a desviar, en provecho propio o de un tercero, la clientela de un establecimiento comercial o industrial; todo acto de colusión (por ejemplo fijación de precios).

Siendo que ACODECO no tiene participación directa en la defensa de intereses de empresas (intereses particulares) sino, específicamente, en la defensa de la libre competencia y de los intereses de los consumidores, no tiene una participación directa en las discusiones sobre competencia desleal, ni dentro de su ámbito administrativo ni en el escenario judicial.

Sin embargo, cabe anotar que el artículo 15 hace referencia conductas ilícitas contempladas en la normativa de defensa de la competencia de la Ley 45 de 2007. Esto pudiese considerarse como un traslape conceptual. Sin embargo, si bien la defensa de la competencia es un tema de interés público, -que ejerce directamente ACODECO y así como lo puede ejercer directamente un particular-, también se ha querido establecer que dichas conductas constituyan un acto de competencia desleal ejercido contra una empresa en particular. En ese sentido, dicha empresa tendría la opción de iniciar una discusión tanto por defensa de la libre competencia como por competencia desleal en contra de los infractores.

A nuestro criterio, la segunda de las pretensiones dependería de que se logre acreditar la comisión de práctica monopolística en el primero de los procesos, pues se trata de un tema altamente técnico cuyo medio idóneo de acreditamiento es un proceso declarativo por práctica monopolísticas que, coincidentalmente, se lleva a cabo en los mismos tribunales que deberían conocer de la discusión por competencia desleal. Estas son dos opciones que tiene una empresa afectada con una conducta de este tipo para encarar una misma situación que pudiese surgirle en el mercado.

<> Este artículo se publicó en 5 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Competencia y competitividad

La opinión de….

Leonardo Alessandría

¿Qué es la competencia y cómo se relaciona con la competitividad? ¿Cómo puede la competencia hacer que Panamá sea competitivo?

La competencia económica se caracteriza por el funcionamiento de un mercado en donde concurren muchos oferentes y demandantes y no hay restricciones para la entrada o salida de los agentes. La competitividad por su parte, radica de acuerdo con Michael Porter en la capacidad que tiene una empresa para producir con una ventaja que la distinga de manera sostenida de otras empresas. Aun cuando se trata de conceptos distintos, ambos están estrechamente relacionados.

La competencia es una de las condiciones más importantes para estimular a las empresas a ser competitivas. Por ejemplo, cuando las firmas compiten se hacen más eficientes y productivas utilizando herramientas innovadoras, lo que genera acceso al mercado mundial y por ende a la competitividad internacional.

La competencia supone la libre entrada y salida de agentes económicos a los mercados, lo que asegura un incremento en la oferta de bienes y servicios a costos competitivos, evitando rentas monopolísticas que perjudican al consumidor. En resumen, la competencia abarata los costos permitiendo trasladar estos beneficios a los consumidores.

La globalización y consiguiente apertura de los mercados internacionales ha facilitado adelantos tecnológicos, lo que ha permitido crear una nueva dinámica de competencia. Un mercado abierto y competitivo por definición incentiva el crecimiento y el desarrollo económico a través de la generación de empleos y riqueza.

Las prácticas monopolísticas o anticompetitivas generan altos precios, bajos niveles de producción e ineficiencia productiva, y por ende pueden (y deben) ser eliminadas mediante acertadas políticas públicas. Es decir, la competencia requiere un entorno normativo coherente que vincule las políticas sectoriales con los esfuerzos a nivel de empresa para alcanzar una alta competitividad y conservarla.

De allí también la necesidad de crear una adecuada institucionalidad y normativa, mediante medidas que consagren el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica. En este sentido, la acción complementaria del Estado es fundamental para ir perfeccionando la competencia, facilitando los mecanismos de libre mercado.

Visto así, el funcionamiento de la libre oferta y demanda conforma una condición necesaria pero no suficiente para la competitividad. Como se ha dicho, la prevalencia en algunos casos de distorsiones y asimetrías de información en el mercado, obligan a que se estructuren buenas políticas en búsqueda del perfeccionamiento de la competencia. Dichas políticas pueden proteger a los productores y consumidores contra prácticas anticompetitivas que hacen aumentar los costos y los precios.

Según los indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial, Panamá ha desmejorado con respecto a otros países en factores como la efectividad de sus políticas antimonopolio, dado que en el índice 2008-2009 se ocupaba la posición 49, retrocediendo seis lugares para llegar a la posición 55 en el índice 2009-2010. En cuanto a la intensidad de la competencia local solo se avanzó una posición, pasando del lugar 72 al 71.

Es evidente que se requiere mejorar la efectividad de las políticas anti monopólicas en Panamá, lo que de plano impide una competencia de libre mercado en algunos sectores de la economía nacional.

Aprovechando las oportunidades que brinda un mercado competitivo, la nación logrará beneficiar a toda la población en conjunto, sobre todo los segmentos más pobres que son los más afectados por los altos costos que origina la falta de competencia y productividad. Sin embargo, ello requiere un cambio institucional y sobre todo una amplia campaña de divulgación que fomente una cultura pro competencia.

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Artículo publicado el 30 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Qué tipo de ciudadano queremos formar?

La opinión de….

Ariel Blanco B.


Mucho se habla de la necesidad de reformar o transformar el sistema educativo y todos somos de la opinión que esta es una tarea que debe hacerse lo antes posible. Sin embargo, las preguntas que surgen son: ¿Lo reformamos o lo transformamos a qué? y ¿Para formar qué?

Soy de la creencia de que no podemos seguir sin una definición del individuo que debe formar el sistema operativo y sin una definición de las competencias de los formadores. Aquí trataré de abordar el tema de las competencias que deben tener los aprendices al terminar su formación (o primera formación).

La empresa privada quiere un individuo preparado con base en competencias que le permitan ejercer una profesión y la educación media. Las universidades parecen haber escuchado sus necesidades y se han preocupado por crear una diversidad de carreras para cumplir con las exigencias de un mundo con una economía y sociedad cambiante. Incluso, las asociaciones y gremios participan de la creación –basada en contenidos– de estas carreras.

Pero, ¿la sociedad qué necesita? Necesitamos una nueva clase obrera del siglo XXI, donde se ha cambiado la máquina por un ratón y un teclado o necesitamos un individuo con una fuerte base cognitiva, capaz de liderar dentro de su entorno movimientos de transformación hacia una mejor sociedad fundamentada en la democracia y el resto.

Me gusta pensar en las competencias como la capacidad de poner en práctica un contenido en una situación en problema particular.

Estas capacidades pueden ser cognitivas (pensar, aprender, analizar), gestuales (sentir, temer, caminar, apropiar) o socio–afectivas (comunicar, hablar) y los contenidos pueden ser cualquier objeto de aprendizaje. Multiplicar dos números, redactar una oración y la situación es la ubicación, momento en que debe ocurrir una tarea.

Así, cuando hablamos de competencia no es saber sumar dos números. Es que el muchacho vaya al supermercado y pueda sacar la cuenta de cuánto pagó y cuánto le dieron de cambio luego de pagar con un billete de $20.00.

Cuando hablamos de competencias no es saber escribir una oración. Es que el técnico pueda redactar un documento informando los problemas encontrados, el procedimiento empleado y los próximos pasos que deben realizarse.

No es poner el auto en primera y saber usar la caja de cambios.

Es dejar pasar al peatón que lleva media hora esperando en la acera.

Entonces, amigos, ¿cuáles son las competencias que queremos en los panameños?   Ya sabemos, las del ingeniero, el médico, el abogado o el terapeuta las definieron las universidades, los gremios y el sector empresarial.   Pero, ¿te atreves a decir cuáles son las que debemos tener como panameños?

Antes de rediseñar el sistema educativo actual, creo que debemos pensar en cuál queremos que sea el producto final de ese sistema y, a partir de allí, construyamos cómo y quiénes van a formar los líderes que esta sociedad en crisis requiere.

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Este artículo se publico el 12 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.