El alcance y las profundidades de la corrupción en Panamá

La opinión de:

 

JOSÉ  DÍDIMO ESCOBAR SAMANIEGO

El clientelismo político fue el instrumento eficaz para inocular durante años y ante la mirada complaciente de toda la clase política, el virus de la vileza que permitió el desmantelamiento de valores morales y éticos que hubieran frenado en nuestra sociedad, la retoma del poder por sectores poderosos económicos que además, en un sistema democrático corrompido pudieron agenciarse el poder político a través de sus representantes que juegan a su favor y cumplen la tarea de administrar el Estado por encargo de esos poderes fácticos.

Una larga lista de empresas, otrora con algún prestigio en la sociedad, ahora han devenido en partícipes del festín de la corrupción, so pena de quedar aisladas de contratos jugosos, desde un Estado que paga obras por un valor; tres veces lo que cuesta al sector privado.

La excusa para semejante dislate, la presentan las empresas argumentando que sus gastos financieros son muy altos, para encubrir las mordidas, las coimas y la participación de intermediarios que ayudaron a facilitar el negocio o funcionarios del Estado directamente involucrados en el proceso de asignación, inspección y recibimiento de las deficientes obras por lo general.

La ley de contrataciones públicas fue arrumada y echada a un lado y se privilegió la contratación directa para facilitar la decisión política caprichosa en contraposición a aspectos técnicos y financieros, y abrir así un portillo inmenso de arbitrariedad que le cuesta a la sociedad miles de millones de balboas que se los terminan repartiendo las empresas, bancos, funcionarios y padrinos electorales que patrocinaron campañas a cambio de esas jugosas recompensas.

Empresas Internacionales, como ODEBRECHT, MECO, FCC, CONALVIAS, y las nacionales TCT, CUSA y 12 empresas más, recibieron contratos por un valor cercano a los 18 mil millones de balboas en los últimos años, lo cual puede estimarse un sobreprecio cercano a los cinco mil millones de balboas, que representan más del presupuesto nacional anual de Nicaragua con una población de más de siete millones de personas.

Una lista de 23 Bancos con licencia internacional e interna asentados en la República de Panamá, se han encargado de la operación de limpieza de capitales oscuros surgidos de estos negocios al amparo y permisibilidad de la Unidad de Análisis Financieros (UAF), adscrita a la Presidencia de la República y prácticamente el patrocinio de la Superintendencia de Bancos y el silencio cómplice de la Asociación Bancaria Nacional que no termina por creer en la autorregulación.

Al día de hoy y después de semejantes escándalos, no hay ninguna medida de sujeción, multa o suspensión de licencia o cancelación de la misma a pesar de haber violado flagrantemente la normativa de la banca nacional y del centro financiero internacional que ha sido cuestionado desde hace rato por fuerzas internacionales que lo quieren liquidar como competencia, pero que ante esta situación ofrecen en bandeja de plata la justificación expedita a esos ataques, ahora fundados.

La figura de las Adendas a contratos se ha convertido en un mecanismo perverso de incrementar criminalmente los costos ya de por sí sumamente altos o la figura o maniobra de presentar un bajo precio para obtener el contrato y luego modificar el precio por este mecanismo de las adendas y consolidar así el atraco con la diligente anuencia de las autoridades nacionales.

Las autoridades encargadas de investigar y sancionar todas las conductas delictivas y llevar al banquillo de los acusados a los corruptos, han terminado siendo rebasados en su deber, porque estas autoridades también están sujetas al control político de los mismos que deben ser procesados y condenados por sus acciones contra los panameños. Solo muy pocos están siendo investigados, y las investigaciones adolecen de la contundencia y firmeza que se requiere.   La Contraloría General de la República, por su parte, ha terminado haciendo informes que lejos de auditorías forenses trasparentes, terminan por concluir que aquí no ha pasado nada, se ha evitado investigar siquiera las partidas circuitales y fondos de juntas comunales y municipios donde es evidente que hubo toda clase de chanchullos, mientras que la deuda pública para cancelar esas obligaciones oscuras nos ha llevado a un límite peligroso que pudiera comprometer la libertad financiera del Estado panameño en un corto plazo. Ha quedado además en evidencia; la renuencia del Ministerio Público panameño, en colaborar con organismos similares de otros países, cuando se le ha pedido colaboración.

Pero el andamiaje de la corrupción no se limitó a las contrataciones públicas, sino que está diseminado en toda la actividad social y económica en general que ha devenido en casi un Estado fallido que ha perdido el rumbo decoroso y digno al que debemos aspirar los que soñamos con un Panamá decente, donde puedan crecer y desarrollar sus sueños de realización libre nuestros hijos y nietos.

¡Así de sencilla es la cosa!

José Dídimo Escobar Samaniego.
Cédula: 7-84-41
20 de mayo de 2017

<> Este artículo fue publicado el sábado 20 de mayo de 2017 en la Estrella de Panamá y compartido públicamente por el autor en su página de Facebook.

La responsabilidad de los políticos

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La opinión de la Doctora en Medicina y miembro del Club Rotario de Panamá…


Marisín Villalaz de Arias 

Desde hace muchos años se han venido dando en América Latina ciertos golpes de estado militares que debilitan y hacen desaparecer la democracia por la ambición de quienes lo dan y el manejo equivocado de las situaciones por parte de los políticos cuyos dirigentes no muestran deseos ni conocimientos sobre la materia para conservar lo que se les ha dado en bandejas de plata.

Las elecciones más traumáticas que he conocido en Panamá fueron las de mayo de 1968 cuando hubo toda clase de improperios, insultos y violencia por falta de no ver una realidad existente con el liderazgo del Dr. Arnulfo Arias.

A raíz de ello y la mala estrategia decidida por el mismo, se dio aquel golpe de estado tan funesto para Panamá y que duró demasiado tiempo, siendo necesaria una invasión para acabar con ellos.

La inteligencia del pueblo hizo que se aprobara la modificación de la Constitución para no tener más ejército que para lo único que sirven es para gastar el presupuesto nacional y maltratar a los nacionales. Fueron 21 años de martirio, de muertes, exilios, torturas y pérdida de la libertad tan preciada para millones de los nuestros.

Una situación parecida se dio en Venezuela cuando los políticos se desbocaron y la corrupción fue tal que llevó a una reelección y su comportamiento errado trajo como consecuencia la elección de Chávez aun a sabiendas de que podía convertirse en dictador, pero estaban cansados de los políticos de siempre y su mala política para llevar al país.

Allí lo tienen convertido en lo que nadie quiere, acabando con el país y con la vida y honra de los venezolanos.

Solo pongo estos dos casos por espacio, pero suficientes para que los panameños abramos los ojos y despertemos; para que nuestros políticos la jueguen con honestidad, con despojo de ambiciones personales y pensando más en el país. “La historia puede repetirse en espiral” y no quisiéramos que sucediera aquí.

Basta muy poco en las actuaciones de nuestros políticos para evitar que la izquierda se entronice y perdamos la democracia. Basta de irresponsabilidades porque de todos, especialmente de los políticos depende que sigamos siendo un país democrático.

Adquiramos la cultura política que necesitamos para que, gobernantes y gobernados sigamos el camino que corresponde en el devenir diario nacional y que podamos decir que hemos madurado, que nos hemos culturizado y que somos capaces de transformar nuestro futuro en un presente fuerte, poderoso, de libertad y democracia.

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<>Artículo publicado el 5  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Nueva era de democracia o tiranía?

La opinión de…

Rodrigo Noriega

Decía Jean Paul Sartre que los franceses nunca habían sido tan libres como cuando los alemanes ocuparon Francia.   Esto era porque todos soñaban y anhelaban la libertad individual y la soberanía nacional.   Parece que los panameños estamos a punto de experimentar ese tiempo de libertad escrito por Sartre.

Panamá hace un tránsito regresivo en su débil institucionalidad. La todavía húmeda tinta del fallo de la Corte Suprema que condena a la ahora sí, ex procuradora Ana Matilde Gómez Ruiloba, representa el entierro infortunado que nunca tuvo la cruzada civilista.   Este movimiento nacido en 1987 y que buscó derrocar a la dictadura militar fue incapaz de concretar su proyecto político debido primero al secuestro que de la gran causa nacional en contra de la dictadura hicieron los partidos políticos más tradicionales, y segundo, una infame invasión que supuso el desmantelamiento de la sociedad civil y su capacidad de organización. No se quería repetir el ejemplo de Filipinas donde un gran movimiento nacional sacó al dictador Ferdinand Marcos. La invasión evitaba que la sociedad civil panameña fuera agente de su propio destino.

La procuradora Gómez no fue quizás la mejor ni la mayor perseguidora de los delitos del poder en Panamá.   Solo basta recordar los casos de alto perfil desde Vanessa Márquez, hasta Murcia para darse cuenta que el Ministerio Público hacía aguas por muchas partes.   Sin embargo, la agenda reformista era esperanzadora y la mejora sustancial en el ejercicio de la vindicta pública se hacia evidente.   Su período coincidió con una sistemática fricción con la ex presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon, y con la pérdida de la Policía Técnica Judicial a manos de una siempre voraz Policía Nacional.

Una vez devuelto el Canal a manos panameñas, y concluidos los caudillismos de Arnulfo Arias y Omar Torrijos encarnados respectivamente en una viuda, y en un hijo, ¿a dónde se iría la clase política panameña? La respuesta es clara.   Se fue al vacío.

El vértigo institucional de los últimos 14 meses es apabullante. Desde las reformas fiscales hasta periodistas y ciudadanos perseguidos, incluyendo la derogación y modificación de leyes claves de tutela de los bienes públicos y los derechos individuales y sociales de la población y finalmente Bocas del Toro, apuntan a una carencia de rumbo y a la confusión del Poder Ejecutivo con el poder personal del Presidente.

En una situación similar, a mediados del siglo XX con los dos grandes caudillismos de la época desvanecidos del horizonte político (el porrismo por la muerte de Belisario Porras, y el arnulfismo con la inhabilitación de Arnulfo Arias), le abrieron el camino a una estructura autoritaria y militarista de ejercer el poder: el remonato.

José Antonio Remón Cantera (1909–1955) fue el primer comandante de seguridad en Panamá de la Guerra Fría.   Su amplio dominio de las relaciones con el bajo mundo, y su exitoso control electoral en las elecciones de 1948 cuando impuso a Domingo Díaz como Presidente, y en 1952 en forma más escandalosa cometió un fraude electoral para colocarse él mismo la banda presidencial.   Remón no tardó en volarse a la Corte Suprema, desmantelar a la Guardia Presidencial, reformar las leyes electorales haciendo tremendamente difícil formar un partido político y a la vez muy caro el hacer una campaña electoral.   Debido a la amenaza “externa” y para poder recibir asistencia militar de Estados Unidos, la Policía Nacional se transformó en Guardia Nacional.

Remón fue tristemente asesinado el 2 de enero de 1955   mientras veía una carrera de caballos.   En uno de los más oscuros y tenebrosos casos judiciales de la República, su magnicidio jamás fue aclarado. Se culpó a los comunistas, a la mafia peruana e italiana y a la propia CIA.

En alguna ocasión el constitucionalista César Quintero me contó que la oposición a Remón temía que este haría una reforma constitucional para establecer la reelección presidencial inmediata una vez se aprobase el Tratado del Canal Remón–Eisenhower, documento que fue aprobado en abril de 1955, tres meses después de su muerte.

El remonato es la forma normal de gobernar en Panamá en tiempos de crisis y transición de los caudillismos. En otras palabras, la clase política panameña ha vuelto al libro de magia que siempre ha usado.   Queda a los ciudadanos cambiar esa historia. Es en ese sentido, que el 11 de agosto de 2010 debe entenderse como la aurora de una nueva era de democracia o tiranía.

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Este artículo se publicó el 18 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.