Las modificaciones al Código Minero y la protección ambiental

La opinión del Abogado Ambientalista…

HARLEY J. MITCHELL MORÁN
h.mitchell@gaeaabogados.com

Hace 23 h 21 min La hoy Ley Nº 8 del 11 de febrero de 2011, que modifica el Código de Recursos Minerales ha sido discutida intensamente por la sociedad.   Lamentablemente, el debate no se ha centrado en lo jurídico, dándose como resultado errores importantes y muy lesivos a la administración del Estado sobre los recursos naturales no renovables, que han sido ignorados por los ecologistas, empresas y por los mismos proponentes de las reformas al Código.

El problema del cumplimiento de la legislación minera y la ambiental no es producto de la debilidad de la Ley, sino de su ignorancia e inobservancia por parte de todos los actores ambientales, incluso de quienes deben hacerlas cumplir.   Se señala que es ‘ahora’ que los estudios de impacto ambiental contemplarán el programa de cierre y abandono de las empresas mineras, cosa que ya se encuentra regulada desde el año 2000 como parte de los contenidos mínimos de tales instrumentos.

Los artículos ambientales de la Ley más bien obstaculizan la gestión de la ANAM ya muy claramente expresada en los Títulos IV y VI de la Ley General de Ambiente y sus reglamentos, siendo la aprobación de las nuevas normas una suerte de castigo para la Institución en el tema minero. Deja a la reglamentación (en coordinación con el MICI) temas ya regulados por los Instrumentos de Gestión Ambiental. También que el MICI puede suspender un proyecto, solo si ANAM a su vez, lo suspende.   Sin la reforma, este Ministerio podía hacerlo individualmente (aunque es una facultad raramente ejecutada).   Los recursos interpuestos en contra de la medida se otorgan en efecto devolutivo, es decir que, pueden continuar ejecutándose los proyectos así ‘suspendidos’ con aquella Institución.

Igual dictamina la Ley Nº 8 que el MICI puede pedir a la ANAM la realización de auditorías e inspecciones a los proyectos mineros, pero según la Ley General de Ambiente y su reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 57 de 2004, ¡la ANAM no hace auditorías!

Así que el Proyecto de Ley reconoce la independencia de ANAM para realizar las supuestas auditorías (que no hace), pero no lo hace para las inspecciones (que sí debe ejecutar la ANAM); derogó el artículo 5 del Código de Recursos Minerales, eliminando la necesidad de que las empresas extranjeras pidan permiso previo para tener material o equipo para uso minero, esto será libre. Igualmente, deroga el artículo 165 del mismo Código, eliminando el requisito de que los que reciben documentos de solicitud de concesiones mineras y pagos sean publicados en Gaceta Oficial, afectando la transparencia en la gestión pública y un control de la corrupción.

Este nuevo articulado hará un juego de niños los graves problemas ambientales, jurídicos y sociales, que sufre Panamá ante la tradicional inconsciencia minera. Urjo a los sectores interesados a que se documenten sobre esta Ley, antes de continuar una confrontación incierta que necesita, sobre todas las cosas, un soporte jurídico en el cual sostenerse para ser beneficiosa.

 

Este artículo se publicó el  18  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les correspond

A la caza del cobre de Cerro Colorado

La opinión del Periodista…

CARLOS CAMARENA MEDINA
ccamarena2004@gmail.com

Al ver el anuncio en el cual el ministro de Comercio e Industria promueve, con un discurso poco convincente, las bondades del proyecto de ley que modifica el Código Minero, me pregunté sobre el afán —tanto durante el período de consultas en la Comisión Legislativa de Comercio, como en los medios de comunicación social— de engañar a la población, de que el verdadero trasfondo de estos cambios no es meterle el diente a la reserva cuprífera de Cerro Colorado.

Si algún calificativo hay que poner a esta norma, es ‘a la caza del cobre en Cerro Colorado’, tanto que en un acto de torpeza mediática, el gobierno ha utilizado a sectores de la comarca Ngäbe Buglé, para que promuevan la explotación de este yacimiento metálico, a cambio del 50 por ciento de los beneficios generados.

Torpeza que raya en el descaro, pues han publicado páginas enteras en diarios, respaldando la explotación minera y todo mundo sabe quién paga esos costosos anuncios. Más, cuando en el periodo de consultas, desfilaron representantes indígenas ngäbe buglés, que apoyaron las modificaciones al Código Minero, lanzando petardos a los grupos ambientalistas, a quienes les espetaron que al rechazar los proyectos mineros, limitan el desarrollo de su comarca.

El denominado período de consultas fue el montaje para una decisión ya tomada, y que han querido maquillar con espejitos para llevarse las monedas de oro: que si el porcentaje de las regalía aumentarán de 2% a 4%, que las multas por daños ambientales serán mayores, mientras que la bonanza metálica permitirá sacar a los indígenas de la pobreza. ¡Y eso que las modificaciones no se imponen para explotar Cerro Colorado!

Mientras, los grupos ambientalistas, expresaron su ‘más profunda’ preocupación sobre el proceso y el contenido del polémico y nefasto Proyecto de Ley No. 277 que modifica el Código Minero, y que atenta contra la seguridad ambiental y la soberanía de Panamá.

Falta de consulta previa a la presentación de un proyecto que fue elaborado en secreto y a puertas cerradas, hicieron que las consultas ante la Comisión de Comercio fueran extemporáneas e improductivas, ‘ya que las bases de estas modificaciones no fueron previamente consultadas con los diversos sectores de la sociedad civil y comunidades afectadas’. Tampoco se divulgaron los borradores y los textos científicos (en caso de existir) o las opiniones de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), todo ello a pesar de numerosos intentos de obtener tales datos por parte de grupos interesados.

A pesar de la trascendencia del tema, ni en el período de consultas, ni en la aprobación a tambor batiente en primer debate, asistió la administradora de la ANAM, institución que estuvo representada por un funcionario de tercera categoría.

Los ambientalistas plasmaron su preocupación por la posición recalcitrante del gobierno de no integrar de manera efectiva los aportes de la sociedad civil en su conjunto. ‘Es desconcertante, y ante todo antidemocrático, que la Comisión competente en la Asamblea y el Ministerio de Comercio e Industrias hagan caso omiso a una propuesta de trabajar en comisiones para un profundo análisis y mejoramiento del Proyecto de Ley, tal cual fue planteado ante el ministro de la Cartera por las asociaciones civiles antes de que la Comisión iniciara las ‘consultas’ sobre el Proyecto’, destacaron.

A pesar de ser mercadeado como una norma ‘para el ambiente’ o para ‘darle herramientas a la ANAM’, este documento está plagado de errores de redacción que complican el entendimiento de las funciones de esa institución para el control ambiental de la minería, condicionando las inspecciones que hoy hace la ANAM, por razón de su competencia, al requerimiento de la Dirección de Recursos Minerales del MICI.

Los planteamientos de los ambientalistas son contundentes al señalar las inconsistencias de las modificaciones al Código Minero; tanto que dan para otro artículo. Por ahora, recomiendo a los voceros del gobierno no insistir en mentir, al decir que la aprobación de esta norma no tiene como finalidad explotar el yacimiento cuprífero de Cerro Colorado; porque con sus torpezas ellos mismo le han dicho a la comunidad que ese es el objetivo principal.

 

Este artículo se publicó el  11  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Es realmente necesario el nuevo Código Minero?

La opinión del Ingeniero …

Eduardo A. Esquivel R. 

Recientemente escuche en un programa de televisión al ministro Roberto Henríquez,  llamado por los ambientalistas “El Ministro Minero”, por causas obvias, explicar y defender con entusiasmo exagerado, el nuevo Código Minero, y tras la enclenque exposición, no me quedan dudas de que este es totalmente innecesario .

Desde luego que los burdos “señuelos” de esta Ley, para convencer a los ambientalistas y el pueblo en general son los aumentos en las regalías que recibe el estado, y los aspectos ambientales específicos en la minería.  Pero para esto no es necesaria una ley especial.  La Ley General del Ambiente es clara en que la ANAM puede regular por decreto todos los aspectos ambientales de la minería. Asimismo el Ministerio de Economía y finanzas puede regular las regalías de las mineras, como lo ha hecho anteriormente.

Es por esto falso que si no se aprueba el nuevo código minero, las mineras que actualmente tienen concesiones con el Estado, seguirán pagando lo mismo o perjudicando el medio ambiente, como alega el ministro Henríquez. Bastaría un par de decretos ejecutivos para arreglar este asunto.

De hecho el proyecto de Código Minero de marras, trata blandamente los aspectos ambientales y de las regalías que deben pagar las mineras. Cómo es posible que una empresa minera pague el 4% del oro extraído (o que dice que extrajo), cuando en otros países deben pagar hasta el 25% o más.   Cómo es posible que las empresas mineras contaminen y destruyan ecosistemas, y perjudiquen la salud de ciudadanos, y se burlen de las autoridades a través de tretas legales.   La flamante Ley de Delitos Ecológicos no se ha aplicado una sola vez en casos relacionados con la minería, a pesar de que existen muchos y con abundantes evidencias.

La verdadera finalidad del Código Minero, como dijo un medio recientemente, es “Permitir obtener concesiones a personas jurídicas en las que participen financieramente otros países”. Esto tiene un tufillo a inconstitucionalidad.

Si esto sigue así, en pocos años todas las empresas importantes de Panamá y gran parte del territorio nacional estarán en manos de extranjeros. Esta política económica malinchista puede que beneficie a algunos, para los que no tiene significado la soberanía, la identidad nacional o nuestra cultura. Es el “Himno Nacional” de las cajas registradoras de los neo-fariseos que nos acosan ahora. Hasta que el pueblo lo permita.

<>Artículo publicado el  1 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Modificaciones al código minero

La opinión de…

 

Harley J. Mitchell Morán

El debate social sobre el Proyecto de Ley Nº 277, relativo a las reformas al Código de Recursos Minerales, se ha limitado a ser político, ignorando las enormes lesiones al sistema jurídico que este tendría de verse aprobado.

La propuesta permite a gobiernos extranjeros participar de empresas privadas, eliminando la prohibición actual del código. Evadiendo el artículo 290 de la Constitución que dice: “Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrá adquirir dominio sobre ninguna parte del territorio nacional”, definido “dominio” como “la facultad de aprovechar las utilidades o beneficios de las cosas”.

Por su parte, el artículo 257.6 de la Carta Magna señala que los yacimientos “podrán ser explotados directamente por el Estado, mediante empresas estatales o mixtas, o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas privadas. La ley reglamentará todo lo concerniente a las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal”.

Pero, ignorando el principio de estricta legalidad, el artículo 20 de la propuesta de ley trata de reescribir el texto constitucional mencionado así:   “En virtud de lo dispuesto por el artículo 257, numeral 6 de la Constitución Política los recursos minerales de todo tipo, podrán ser explotados directamente por el Estado, a través de empresas estatales o mixtas, así como para formar empresas privadas para este propósito o participar dentro del capital accionario de empresas privadas, titulares de concesiones para exploración o explotación de los recursos minerales”.

La ley solo puede reglamentar “las distintas formas de explotación señaladas en este ordinal”,   no sobre las maneras en que el Estado puede explotar las minas o autorizar la misma. Esto no es un error de redacción.

El mismo Estado crearía empresas mineras, con dinero público, cuyo patrimonio y responsabilidad no sería del Estado, sino de la empresa, la cual puede fusionarse, quebrarse o trasladar acciones a otras empresas con capital y apoyo público de otros países. ¿Quiénes serían sus dignatarios? ¿Su agente residente? ¿Serán funcionarios, o empresarios privilegiados por encima de otros empresarios? ¿Los actuales emprendedores mineros no se verían también afectados?

Las distorsiones de poder así creadas serían inmensurables: Los pobladores, la muy debilitada Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), los ecologistas y gobiernos locales ya no contenderían con empresas apoyadas extrajurídicamente por el Estado ante riesgos o peligros ambientales, como ha pasado durante los últimos años, sino contra “súper empresas” que tendrían a disposición diversos poderes extrajurídicos sobre los ciudadanos comunes y autoridades: lobbies, presiones, encuentros diplomáticos, empresariales e industriales dentro o fuera de nuestras fronteras, donde se mezcla lo que Michel Roberts llamó “la Élite del Poder”.

Los proyectos de ley deben ser evaluados sobre si su aprobación no cause desarmonía con el resto del ordenamiento legal, no únicamente con base en las opiniones personales, políticas o económicas de quienes participan, solicito a quienes tienen esta responsabilidad, que analicen ante la Carta Magna y la ley, los numerosos errores legales que plagan esta norma tan superficialmente discutida por nuestra sociedad.

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Este artículo se publicó el 29  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La solución no es prohibir

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La opinión del Profesor y Maestro Instructor de Rescate,   Miembro de APAVE …

Abdiel Iván Batista C.

(aibatista@hotmail.com).

Se ha hecho costumbre en nuestro país que luego de un accidente la solución futura es prohibir que se siga realizando la actividad en la que se dio la situación. Peligro, inseguridad y riesgos, encontramos en nuestras casas, en el trabajo, en la calle y hasta en el hablar, pero los riesgos que conllevan el practicar una actividad, se pueden, eliminar o minimizar (de acuerdo al clima y cantidad de personas) manejar (con capacitación y sentido común) o transferir (a través de una póliza de seguro). Muchos guías locales autodidactas y aun aquellos certificados lo desconocen, razón por la cual corren riesgos innecesarios, sin tener un plan de acción para la ruta o actividad a realizar y mucho menos haber identificado en la actividad los riesgos y sus consecuencias probables.

Hace pocos días murió Ulpiano Gaitán, joven de 26 años quien se desempeñaba como guía de turismo ecológico en las tierras altas, al caer al agua y perder la vida;  y me permito discrepar con mi amigo José Donderis, director provincial del SINAPROC en Chiriquí, cuando le da solución al problema, exigiendo a la ANAM el cierre del Sendero Los Quetzales, basado en lo peligroso del mismo, cuando la solución es exigir que ANAM señalice el sendero, que los guarda parques adviertan de los peligros a encontrar y mucho más importante exigir que los guías locales sean capacitados en seguridad, tal como primeros auxilios, seguridad acuática, supervivencia y montañismo, evaluación de riesgos etc.

No es momento para quejas, si nos quejamos entonces iniciemos con las autoridades de las tierras altas, quienes han visto crecer la actividad turística, dejando a un lado la seguridad.

La Asociación Panameña de Aventura y Excursionismo APAVE, organización sin fines de lucro a la cual pertenezco, y cuyo objetivo es promover las actividades al aire libre, tiene entre sus planes a corto plazo iniciar capacitaciones para guias locales con la finalidad que realicen actividades seguras y con riesgos controlados.

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<>Artículo publicado el 7  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un vertedero de basura en plena Panamericana

La opinión del Ingeniero…

Eduardo A. Esquivel R. 

Hace unos días recibí varias llamadas de parte de un grupo de moradores y propietarios de Fincas de las de El Jobo y El Jaguito, en Antón, Cocle.   Solicitándome mi asesoría como Consultor Ambiental, ya que el Municipio les había comunicado que iban a trasladar el Vertedero de Basura de Río Hato a una Finca propiedad del MEDUCA, que está a un costado de la Vía Panamericana, en la entrada al Jobo y El Jaguito.

Conversando con los afectados me enteré que la Finca propiedad del Colegio Salomón Ponce Aguilera, había sido “traspasada” al Municipio de Antón por el Ministro Alberto Vallarino (MEF) a pesar de la oposición de docentes y alumnos de dicho colegio, y según dicen, de la propia ministra Molinar. Este terreno de 15 hectáreas lo compró el MEDUCA en 1974 por 14 mil balboas, y lo pago con fondos del Seguro Educativo. (Terrenos de El Jobo son del MEDUCA Elena Valdez. EPASA. Julio/2010). Dicha Finca, que limita con la Vía Panamericana, tiene ahora un enorme valor y los lugareños piensan que todo esto es trama para que alguien se apropie del terreno, ya que ahora el Municipio puede vender esta propiedad.

Es un hecho que el actual vertedero de basura en Río Hato es funcional, pero el problema es que está muy cerca de complejos hoteleros, cuyos dueños están tras el cierre de este, y por lo que es obvio, tras el traslado a la Finca de El Jobo, a más de 20 km… Curiosamente, el Vertedero de Río Hato, está saturado por la basura que generan los Hoteles y Resorts del área, como Decameron, Playa Blanca y Buenaventura y no por la de la población local, que no llega ni al 10% del volumen.

La Ley 41 del Medio Ambiente y el Decreto 123, que regula los Estudios de Impacto Ambiental es clara al detallar que este tipo de Proyectos necesitan de un Estudio Ambiental previo Categoría 3. Al parecer este estudio obligatorio no existe y tampoco se han consultado a las comunidades afectadas. Por la posición de la Finca donde se haría el vertedero, no existe duda que todas las aguas subterráneas de la región quedarían contaminadas. Esto es grave debido a que las comunidades y fincas cercanas utilizan pozos profundos para obtener el agua potable. Es inexplicable como el MINSA ha dado un permiso para instalar este vertedero en este sitio. Además, seria un aspecto paisajístico, oloroso y turístico muy impresionante un vertedero a orillas de la Vía Panamericana.

Los ciudadanos de El Jobo y El Jaguito, y alumnos del colegio están ya trabajando con organizaciones ambientalistas para interponer una demanda en base a la media docena de leyes de salud y medio ambiente que viola este Proyecto. Aunque no descartan las acciones directas como el cierre de la Vía Panamericana, como lo hicieron hace algunos meses por esta misma causa.

Una solución justa y ambiental sería que el MINSA/ANAM obligara a cada una de las empresas hoteleras a tener su propio incinerador y centro de reciclaje de desperdicios. Así no tendrán que ir a tirar su “basura turística” a las poblaciones rurales lejanas.

<>Artículo publicado el  18  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El Canal y la inundación

La opinión del Explorador y Conservacionista….

Luis Puleio

Por factores climatológicos, aun incontrolables por el designio de los hombres, las lluvias torrenciales que asolaron a nuestro país en los primeros días de este mes de diciembre y que continuarán hasta el mes de marzo, según pronósticos de nuestros avezados cientistas, hidrólogos, metereólogos y demás pronosticadores del tiempo, resulta lamentable cómo las condiciones climáticas del planeta han ido modificando paulatinamente el conocido calendario de estaciones de temporadas de lluvia y de verano en lo concerniente a nuestro país.

Recuerdo que a inicios del mes de diciembre los vientos alisios del norte hacían su bienhechora arribada, exacerbando el encanto de la temporada de Navidad y la salida de vacaciones de la muchachada de las escuelas. ¡Qué días aquellos!

Bajo el torrencial aguacero que superó a todos los anteriores el miércoles, 8 de diciembre, pude contemplar desde el puente de Gamboa cómo las masas de basura flotante –acumuladas desde el último día que se entregó el Canal a Panamá– se desplazaban vertiginosamente, merced a la corriente del embravecido río Chagres.   Inmensos bloques de basura plástica, arrojados por los moradores de las comunidades de Chilibre y alrededores, engarzados con plantas conocidas como lechugas, lirios, jacintos, lentejuelas, hidrilas, además de troncos de árboles derribados, escombros todos, hicieron verdaderos témpanos verdes boyantes, que fueron los que a la postre motivaron la paralización del tránsito de barcos por el Canal.

Durante la administración extranjera, el Canal y la Zona del Canal eran motivo constante de limpieza y mantenimiento. ¿Será que ahora le corresponde a los municipios ribereños, al Ministerio de Obras Públicas y a la Autoridad Nacional del Ambiente, tal colosal tarea?

A partir de esta experiencia y a demás de pasar exitosamente los barcos por el Canal, la ACP debe asumir la limpieza de todas las masas de agua, ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la cuenca y así evitar el día de mañana, una tragedia de incalculables consecuencias.

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<> Este artículo se publicó el 14 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.