Un acto de barbarie

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La opinión de la Maestra…

Ana Isabel Martínez 

Diversas opiniones y emociones han surgido en torno al caso de los jóvenes calcinados en el Centro de Cumplimiento. Aún parece escena de una película. ¿Qué opina usted? Esta es mi respuesta:

 

No es que se pretenda que a los detenidos en las cárceles los atiendan como a huéspedes en un hotel. Es simple y llanamente que, si somos capaces de sentir satisfacción o si, presenciamos con indolencia la terrorífica escena de seres humanos quemándose vivos, gritando desesperados, buscando con ansias una salida sin encontrarla, rogando por auxilio… sencillamente, nos estamos comportando como desalmados, canallas, brutos, bestias. Entonces, ¿con que moral juzgamos los actos delictivos? Según las circunstancias, ¿podríamos también comportarnos como asesinos poniendo como excusa nuestra comodidad o necesidades?

 

Si es así, entonces como sociedad, legalicemos la pena de muerte y reunámonos en la Plaza 5 de Mayo o en el Parque de Santa Ana, y disfrutemos al ver a los sentenciados patalear cuando son ahorcados o al observarlos saltar y gritar al quemarse vivos como en el tiempo de la Inquisición.

Realmente, el repudio a este acto no es por ellos, es por la parte humana que No hemos perdido quienes fuimos bien criados y no estamos envenenados aún, por la violencia.

 

Una cosa es que yo quiera que quien mató vilmente a mi inocente hija sea enjuiciado y cumpla la máxima pena por ese crimen, y otra cosa es que quiera que lo quemen vivo ante mis ojos y complacerme escuchándolo gritar y quejarse hasta morir. Eso es no tener corazón y gracias a Dios, muchos, aún lo tenemos. De momento por el dolor y la rabia, quería como golpearlo pero, a menos que hubiera perdido el juicio, no me atrevería a asesinarlo con mis manos.

 

Por otro lado, en cuanto a las madres de los detenidos que reclaman los derechos de sus hijos, lastimosamente, están del lado equivocado y su actitud refleja el por qué sus hijos tienen conductas delictivas. No les enseñan responsabilidad ni a enfrentar las consecuencias de sus actos ni a ganarse la vida honradamente.

 

Ellas deberían ser las primeras en castigar a sus hijos y en hacerles ver que lo que reciben en custodia: mal trato, malos olores, mala comida, golpizas, falta de atención médica… se lo buscaron y por lo tanto, tienen que enfrentarlo.

 

¡Pero, no! Se sacrifican por ellos, llevándoles arroz con pollo, mantas, cigarrillos. Y para colmo, protestan porque sus hijos están “sufriendo” malas condiciones.   Señoras, lo malo que hay en la cárcel debe ser su primer escarmiento para que aprendan de sus malos actos y no vuelvan a delinquir. ¡Entrenemos nuestra conciencia y aprendamos a educar a nuestros hijos!

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<>Artículo publicado el 31  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Cero tolerancia con el abuso de detenidos

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La opinión del Abogado…

Alberto E. Fadul 

Cinco fallecidos y dos aun pendientes de saber que les pasará; de seguro, se corta el sentir positivo sobre su delicada situación y los orígenes de la misma.   Que nuestro Señor les ampare. 

Lo ocurrido en el centro de detención de menores, dada las gravedades del caso y sus tristes secuelas, es porque nos hemos enterado de lo sucedido.    Sepa Dios cuantos horrores ocurren en las cárceles panameñas en cuanto al maltrato de los detenidos y no nos enteramos.

Los delitos tipificados en nuestro Código Penal con privación de la libertad, no indican que, en adición a la misma, los presidiarios serán maltratados, en ninguna forma, como consecuencia de esta. El hacinamiento y en general las condiciones carcelarias negativas, no son parte de la naturaleza del castigo por delitos cometidos.

Recuerdo como si fuese ayer, el comercial televisivo generado durante el periodo del difunto Presidente Endara mostrando, con lujo de detalles, el trato brutal de los encarcelados y los argumentos que sustentaron semejante barbaridad:   Si no quieres que te pase a ti, cuídate de cometer delitos con pena de encarcelamiento. ¡Qué horror! La situación no sufrió mejora alguna; todo lo contrario, está cada vez peor.

Nuestra Carta Magna nos expone la función de resocialización para los encarcelados.   Sus detalles son bastante claros y precisos. El resultado de su no aplicación: las cárceles son las escuelas de la criminalidad en todas sus agobiantes formas.    ¿Quiénes se preocupan del no cumplimiento de tales atribuciones? ¡Nadie! No lo hace la sociedad pues en ella solo hay un sentido de profundo disgusto: ¡El que la hace que la pague a como de lugar! ¿Se preocupa la iglesia? No, la política le es más interesante. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo?

Después de todo, la metodología para la resocialización es un derecho violado a diario. Claro ahora el peso de la ley le caerá a todos los involucrados. ¿Y luego qué? Es de esperar que la muerte de los jóvenes no sea en vano y sirva de algo para entrar en un proceso serio de recomposición a nivel constitucional, legal y reglamentariamente sujetos a una real necesidad.

Los presos son seres humanos que deben pagar por sus delitos, sin estar envueltos en una cultura de odio y abusos constantes de toda índole.

Presidente, esto también debe ser parte del cambio, hacia una sociedad más valorativa y consciente de que la equidad nos abarque a todos.

Mi más sentido pésame a los familiares de los fallecidos.   Ojalá no queden en el olvido.

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<>Artículo publicado el 23  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

 

“Sin causa de justificación”…

La opinión de…

Ariel Banqué Estrada 

“La pena constituye un medio de prevención general…, reinserción social y protección del detenido”, entonces es menester del Estado garantizar el respeto de la vida e integridad de los reclusos pues estos están bajo su custodia. En ese sentido, el fin del régimen penitenciario es lograr la convivencia ordenada y pacífica; así como llevar a cabo con eficacia el tratamiento de readaptación social del condenado. ¡Sí! también sabemos que la delincuencia y la inseguridad son un dilema que menoscaban el intelecto del ser humano que la sufre, no obstante, consideramos que a estos jóvenes presas de las pandillas, de las presiones de grupo, de las malas influencias, se les debe corregir enérgicamente, pero dentro de un marco de resocialización, la cual es ficticia en los centros penales, por desinterés de los Gobiernos.

 

¿Cómo estigmatizar  a este grupo social? si vivimos en una sociedad sin principios, sin valores de responsabilidad, respeto, honestidad, etc.… ¿A quién endilgarle la culpa?   El problema de la delincuencia existe por una serie de factores que los políticos, y timadores de la democracia no se preocupan por identificar y sanear. Sin duda alguna, quien cometa un delito “sea quien sea”, debe ser  sancionado dentro del rigor de la justicia, por transgredir la ley, pero, de ahí a que se consienta que seres humanos sean calcinados sin el mínimo esfuerzo de los presentes de inmutarse a socorrerlos, es una animalada y sobre todo cuando es orquestada por nuestros prestatarios del orden público.

 

Esto es reprochable, todavía más que las vulneraciones a garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y el libre transito por el Pele Polis,  e injustificable pues los guardianes en los centros penales no deberán (según la ley), emplear la fuerza salvo en asuntos de legitima defensa –que no fue el caso-; para controlar y evitar evasiones –seguían encerrados los reos-; o para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida –lo que no amerita que se descarguen dos bombas lacrimógenas a una celda trancada con seres humanos dentro-.

 

Apelamos a los buenos oficios de la Fiscalía encargada de esclarecer los hechos, para que pueda responsabilizar al culpable de esta atrocidad, pues a pesar de su estatus delincuencial estos como seres humanos que son, le son innatos una serie de facultades que como mortales con dignidad, se les debe respetar,  sobre todo al estar vigilados por el Estado.

Hago la salvedad, que no soy apologista de delitos, pero hasta el más abyecto ser humano es “Digno” de ciertas prerrogativas  en su vida. Sostengo que el delincuente debe pagar sus actos, pero,  “Hay que darle al culpable la posibilidad de reparar lo malo que hizo” y no repeler con violencia, la violencia.

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Artículo publicado el 20 de enero de 2011 a las 0:26  en Facebook y etiquetado en nuestro muro por el autor.  También fue reproducido el 26 de enero de 2011 en el Diario El Panamá América, a quien damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Otro nueve de enero en la historia

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La opinión del Abogado…

Carlos Antonio Harris Jiménez 

El nueve de enero de 1964 está señalado en nuestra historia como un ataque a la dignidad del pueblo panameño por la soldadesca norteamericana; que tristeza que entre en nuestra historia otro ataque a la dignidad del pueblo panameño un nueve de enero, pero en esta ocasión perpetrado por unidades regulares de la Policía Nacional y cuando precisamente creemos vivir en plena democracia, luego de veintiún años de dictadura militar.

Los panameños tuvimos que ver escenas televisivas de jóvenes encarcelados pidiendo clemencia ante el desesperante dolor y la asfixia, producidos por llamas de gran magnitud, esto, en presencia de una gran cantidad de policías y custodios que evidentemente disfrutaban de la dantesca escena, que podían evitar, pero ellos actuaban con todo el dolo y la intención de que sus víctimas murieran.   Estas escenas perduraran en nuestras mentes y en nuestros corazones, para toda la vida. En adición a las quemaduras y la asfixia, hubo garrotazos cuando finalmente y posiblemente previo cálculo de que ya no vivirían, les abrieron las puertas y eso porque, gracias a Dios, valientes periodistas y camarógrafos estaban presentes. Definitivamente hubo excesiva crueldad.  Estos actos mancillaron la dignidad de la nación panameña.

El pueblo panameño debe comprender que ahora no se trata solamente, de que las autoridades del Ministerio Público, y el Órgano Judicial, actúen. Los panameños de todos los niveles, por ser madres, padres, profesionales, educadores, estudiantes, sociedad civil, gobernantes, asociaciones cívicas, iglesias, es decir todas las fuerzas vivas del país, toda una nación unida, debe salir a protestar y expresar su repugnancia hacia lo actuado por miembros de una institución llamada por mandato constitucional a salvaguardar las vidas de los habitantes del país. Preocupa, que todavía lo anterior no haya sucedido, cuando hay cuatro víctimas fallecidas y varias, luchando por una vida que no sabemos que calidad tendría, si acaso logran sobrevivir.

Que quede claro para el pueblo panameño y para algunos que con evidente enanismo mental, moral y espiritual, pretenden justificar la barbarie, que esos jóvenes pagaban una condena por la comisión de sus delitos, impuestas por las autoridades competentes, pero las sentencias no incluían la pena de muerte que le aplicaron sus verdugos.   Esos verdugos están conscientes de que su jefe, ha manifestado públicamente que los defenderá hasta las últimas consecuencias y que los diputados de la patria, han creado normas legales para que sus actuaciones criminales, se mantengan impunes.

Se ha ofendido la dignidad del pueblo panameño, todos, sin ningún tipo de diferencias, mientras nos organizamos para otras acciones, sugiero llevar en nuestras vestimentas diarias, una cinta de color negro que represente nuestro duelo e indignación nacional y nuestro sentimientos de solidaridad con los familiares de las víctimas. No lloremos mañana como mujeres, lo que hoy no sepamos defender como hombres.

El nuevo señor Procurador General de la Nación, tiene la gran oportunidad de demostrarle al país, su intención de adecentar la Administración de Justicia. Las escenas televisivas tantas veces repetidas, son pruebas suficientes para que muchos, ya estén en la cárcel.

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<>Artículo publicado el  22  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sangre en las venas

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…

Raúl Leis R. 

Mientras escribo estas líneas ha muerto otro niño quemado en los sucesos del Centro de Cumplimiento de Tocumen, pues según la Convención de los Derechos del Niño se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.   No tiene sangre en las venas ni merece llamarse humano, quien justifique lo ocurrido, y quien no se indigne y clame por justicia ante tamaña iniquidad.

Esa misma convención obliga a los Estados en su Artículo 37 que todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, por lo que no pueden ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

Lo que los hechos permiten apreciar es que lo ocurrido viola flagrantemente este artículo, tanto por las golpizas y perdigonazos, y por la aplicación de facto de la pena capital con alevosía, premeditación y ventaja. El Centro de Cumplimiento con una capacidad para 70, tenía 150 jóvenes detenidos, pues la justicia continua enviando a jóvenes al hacinamiento en condiciones indignas para seres humanos y menos para niños.

Se está creado un clima permisivo para el abuso de la fuerza y la arbitrariedad aupado por Ley 74 del 27 de octubre del 2010 exime a los policías de la detención preventiva y suspensión provisional del cargo público que desempeña hasta que concluya el proceso. Además los discursos oficiales de alto nivel animan este clima, ejemplo cuando un Ministro afirma a los policías   “A los que intenten fugarse deben tirar a matar”; otro califica de indios salvajes, borrachos a trabajadores bocatoreños en huelga, o un Presidente declara la guerra a la delincuencia así “En nuestro gobierno les espera el hospital, la cárcel o el cementerio”.

El abuso de autoridad o de poder, es el exceso indebido en el ejercicio de la función pública, y es el delito que comete quien investido de poderes públicos realiza en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que afecta la libertad de las personas, las intimida o les causa vejámenes, agravios morales o materiales, y peor, la muerte.

En la antigua Roma, Catón el Mayor le pregunta al Senado, quienes querían organizar una especie de policía:   “¿Quis custodiet ipsos custodes?” (¿Quién va a vigilar a los vigilantes mismos?).   La respuesta es construir el país que aspiramos, una nación de leyes y de instituciones cimentadas en los derechos de los ciudadanos.   Donde funcione la democracia y la justicia, con fuerzas policiales profesionales, eficaces, sujetas a mecanismos de control transparentes e idóneos, respetuosas de los derechos humanos. Para ello debe aplicarse la selección, formación de los agentes de orden público, la investigación penal y administrativa de autoridades involucradas en violaciones a los derechos humanos, y la creación de sistemas de control internos y externos idóneos.

<>Artículo publicado el  19  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Horno para pobres

La opinión de…

 

Rafael Candanedo

Las llamas de un horno crematorio alcanzan hasta los 900 grados centígrados. Esa temperatura convierte el más hermoso y plantado cuerpo en unas onzas de ceniza. En una hora, el calor exuberante desarrolla su función de procesador de desechos.

Soportan esos rigores cadáveres, cuyos familiares, por comodidad e higiene, optan por esa metamorfosis. La piel resulta en jirones, aunque la primera candela se concentra en la caja torácica.    Prótesis hay a prueba de todo.

El tormento de los jóvenes infractores no fue tan abrasante. La diferencia: los siete, en ese espacio 4×4 (metros), estaban vivos. Retornamos a la pira,   aquella hoguera en que se quemaban cuerpos muertos, y también vivos, como sacrificio.

En la sala de espera -esperando sin esperanza- del horno crematorio, se quema el espíritu del doliente, pues es un tránsito sin retorno. El silencio es aterrador.   A diferencia de la celda 6, donde el grito es desgarrador y el suplicio recuerda al poeta Virgilio en los sufrimientos que observó en el recorrido por las estaciones del infierno.

Aberración que espantaría -o alegraría- al Marqués de Sade. Sadismo y negación de ayuda, en una. Crimen de lesa humanidad. Ofende y lastima la conciencia nacional, tan apaleada en los últimos tiempos.   Por su aberrante naturaleza, como se define, de manera técnica, este delito “ofende, agravia e injuria a la Humanidad en su conjunto”.

-Marqués de Sade, palidezca.

Ante quien estaba obligado a salvarles el pellejo, los adolescentes clamaban:

-Viejo, echa agua.

La respuesta:

-¿Querían ser hombrecitos?… ¿Agua?… ¡Muéranse!

En este horno,  la autoridad,  a través de agentes del Estado, presencia la chamuscada e impide que sea sofocado por los bomberos el infierno. Ni los filmes animados son tan descriptivos e ilustrativos de la realidad penitenciaria, del abuso, el irrespeto a cualquier derecho, y, sobre todo, el reino de la impunidad.

La impunidad es galopante. El Código Penal prevé la opción de detención inmediata de responsables en casos de esta naturaleza. Ha prevalecido el artículo manzana de la discordia de la Ley Chorizo y sus sucesoras que otorga privilegios a los agentes policiales acusados y que están bajo investigación.

Nuestro Estado es signatario de convenciones en favor de los derechos humanos, y, de manera especial, a favor de la niñez y la adolescencia. Quienes están privados de libertad padecen el hacinamiento, la mora judicial y maltratos físicos. Es deber de la autoridad garantizar la vida de esas personas e incrementar los cuidados cuando se trata de jóvenes sin mayoría de edad.

Tras la masacre de Tocumen, así lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aquellos polvos trajeron estos lodos.   Se le ha insuflado un poder enfermizo a los servicios policiales y de seguridad.   Bajo el argumento de atender la inseguridad ciudadana, se ha organizado un sistema de represión, en el cual el agente se siente todopoderoso y está consciente de que, ante cualquier abuso, le espera un indulto, como se ha suscitado de manera masiva en los últimos meses.   La impunidad lo protege.

De 15 a 17 años son las víctimas del horno de Tocumen.   Son los hijos de todos nosotros. Habían abandonado el aula. Dos habían concluido hace poco el sexto grado de la educación primaria. Habían crecido, en su mayoría, en barrios y familias disfuncionales.

Retratan un país con recursos, con alto crecimiento económico, y con una desigualdad que espanta. Entre las peores en el mundo. Quienes gobiernan adeudan, no solo un plan científico de seguridad ciudadana, sino una política social activa, en la que haya un mayor aprovechamiento de las capacidades y talentos de los segmentos vulnerables.  No al horno para pobres.

 

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Este artículo se publicó el  26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Muéranse!

La opinión de…

Fernando Toledo

No he podido terminar de leer El sueño del celta,   la reciente obra del Premio Nobel Mario Vargas Llosa,   porque pareciera que lo ocurrido el 9 de enero de 2011 en el Centro de Reclusión para Menores de Panamá hubiera sido parte de las atrocidades descritas por R. Casement en sus informes acerca de lo que hicieron los belgas en el Congo y los ingleses en el Putumayo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Pero en pleno siglo XXI este acontecimiento bárbaro me ha causado mucha indignación, tristeza y repudio, al ver las imágenes que nos pasaban en un noticiero de un medio televisivo y que ponía en evidencia, una vez más, lo injusto, inhumano y degradante del sistema carcelario en este querido país.

¿Cómo es posible que ante semejante tragedia nosotros como sociedad no reaccionemos contundentemente, ante este y otros hechos, exigiendo responsabilidades por lo ocurrido a las autoridades del Gobierno?  ¿Será que por tratarse de menores delincuentes esa horrible sentencia de “¡muéranse!” se lo merecían?

Definitivamente, algo no está funcionando bien en Panamá que hace que la mayoría de los ciudadanos se acorace para no ser vulnerado por lo que le pasa a otro o, en el mejor de los casos, nos manifestamos solidarios, pero en voz baja, nos da rabia, nos quejamos, protestamos, pero no es suficiente.

Quizá ni este ni otros artículos escritos sobre este tema serán suficientes. Compartir mi indignación y romper el silencio que me agobia es una manera de justificar la indiferencia que a veces tenemos ante otras tragedias de tipo cultural, social, educativo, político o de salud, que día a día suceden y quizá por eso mismo nos estamos haciendo insensibles o cómplices del silencio.

No sé, pero creo que mínimamente, lo sucedido este otro 9 de enero nos debe hacer reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué tipo de ciudadanos estamos formando, y qué valores estamos fortaleciendo y practicando, sobre todo.

“Que le caiga todo el peso de la ley a los policías y custodios responsables por su provocación e inacción ante semejante suceso por el que ya han muerto cinco jóvenes”, ha dicho el Presidente, sería lo justo, pero aun así no se hace justicia, porque mientras se siga manteniendo un sistema que viola los derechos humanos, que mantiene leyes que privilegian la impunidad, un sistema en el que es más importante el interés personal que el de todos los ciudadanos, lamentablemente la muerte de más panameños nos pondrá en evidencia una vez más ante el espejismo de querer ser “primer mundistas” y no darnos cuenta -¿o sí?- de que la inequidad entre el desarrollo económico y el desarrollo social, educativo, cultural, de salud y justicia, aún es “tercer mundista”.

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Este artículo se publicó el 26  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.