Detener la estupidez

La opinión del Periodista…

Juan B. Gómez

En las últimas semanas, las autoridades del tranquilo pueblo de Boquete, quisieron reverdecer los laureles cuartelarios de la dictadura.   Y, abusando de los derechos de la familia MacIntyer- Tedman, entraron a su finca, sin ningún documento legal que los autorizara a realizar trabajos tan brutales y descabellados, que cualquier persona sensata rechazaría. Y la salvaje agresión personal que hicieron a la joven señora Carmencita Tedman, que se oponía a la estúpida intervención contra su finca.   Hechos como esos desacreditan a las autoridades de ese tranquilo distrito, y al mismo gobierno del señor Martinelli, que hasta estos momentos no ha dicho nada para corregir los abusos municipales, que le dan a su gobierno un carácter dictatorial que en nada lo favorece.

 

Unas semanas antes de que se produjeran las inundaciones que hicieron trizas parte del muro de contención (más de 10 millones de dólares),   pasaron por Boquete, Robert Vander Veert, doctor en Hidrología, y Jonathan Cohen, con 5 doctorados en Geología; y los dos coincidieron en que no debían canalizar la cuenca alta del río Caldera y sus afluentes; y advirtieron lo que ocurriría cuando vinieran las grandes corrientes y deslaves de esos ríos; que al contrario de lo que hicieron, debían haber protegido la cuenca alta del río Caldera y no permitir construcciones en las áreas aledañas a sus afluentes.

El Dr. Jonathan Cohen dijo: que le “asustaba la estupidez”   que habían hecho en el río al canalizarlo y los trabajos del muro de contención.    Que era “absurdo” pensar que ese muro iba a detener la fuerza natural de un río de montaña, y que, obviamente, esos trabajos habían sido realizados por “ingenieros sin competencia científica”..

En l970 publicó, el Dr. Laurence J. Peter y el escritor Raymond Hull,  “El Principio de Peter”, que parecía una edición nueva y aumentada de “Historia de la estupidez humana”, publicada varias décadas antes por el escritor Paul Tabori.

En “El Principio”, los escritores afirman que, con raras excepciones, “los hombres manejan chapuceramente sus asuntos.   Por todas partes veo incompetencia pujante, incompetencia triunfante”.   “He visto un puente de dos mil metros de longitud desplomarse y caer al mar porque, pese a repetidas revisiones y verificaciones, alguien había frangollado (hecho de prisa y mal) el plano de un pilar sustentador”.

“He visto a urbanistas supervisar el desarrollo de una ciudad en la zona de crecidas de un gran río, donde es seguro que se verá sometida a inundaciones periódicas”.

Cuando leía estas últimas frases, me dio la impresión de que ellos estaban viendo lo que está ocurriendo en estos momentos en Boquete.   ¿Cómo detener la estupidez?, vuelvo a preguntar.

 

<> Artículo publicado el 29 de septiembre  de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Entrenamiento militar

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

Una nota de prensa de la Cancillería, fechada el 16 de septiembre, informó acerca de la firma de “acuerdos de cooperación” (en plural) según los cuales Estados Unidos aportará a Panamá bienes y servicios “por un monto superior a los 10 millones balboas” para contribuir “a los programas de fortalecimiento de la seguridad en nuestro país”.

Sobre el particular, el vicepresidente Varela, ministro de Relaciones Exteriores, señaló: “Estos acuerdos permitirán contar con recursos de cooperación no reembolsables para apoyar acciones de capacitación, asistencia técnica y equipamiento en las áreas de reformas del sector seguridad [sic], lucha contra el crimen transnacional y fortalecimiento del estado de derecho”.

Según la Cancillería, el vicepresidente “añadió que la cooperación estará enfocada en los esfuerzos de seguridad marítima y fronteriza, y el equipamiento y capacitación para esas tareas, así como en el Proyecto para Mejorar el Entrenamiento en las Academias de Policías, desarrollado en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).” CARSI (no lo dice la nota) forma parte del Plan “Mérida”, un programa de cooperación de seguridad entre Estados Unidos, México y los países de América Central anunciado en 2007 y aprobado por el Congreso estadounidense en 2008.

Un análisis de los escasos datos suministrados por la Cancillería genera varias inquietudes. Primeramente, el Gobierno nacional debe proveer el desglose de la donación e indicarnos qué compromisos adquiere Panamá al recibirla y cuál es el cronograma de desembolso. Además, debe informarnos en qué consisten las “acciones de capacitación”, qué funcionarios panameños las recibirán y qué unidades del Gobierno de Estados Unidos las impartirán.

Este aspecto –relativo a entrenamientos– es sumamente importante, al menos por dos motivos. En primer lugar, el adiestramiento que Estados Unidos ofrece en materia de seguridad muchas veces se imparte por unidades de las fuerzas armadas de ese país, frecuentemente con un énfasis unilateral, belicista y de contrainsurgencia.

En ocasiones anteriores, los resultados de estos entrenamientos militares fueron deplorables para el desarrollo democrático y el respeto por los derechos humanos en América Latina.   Por ejemplo, los manuales de instrucción de la Escuela de las Américas (hoy llamada “Instituto de Defensa para Cooperación Hemisférica de Seguridad”) incluían la tortura como estrategia de seguridad nacional.

En segundo lugar, si los acuerdos suscritos el 16 de septiembre comprendieran el entrenamiento de personal de nuestra Fuerza Pública por militares estadounidenses, habría que oponerse firmemente a dicha cooperación. “La República de Panamá no tendrá ejército”, estatuye la Constitución vigente en su artículo 310.

Una república sin ejército no puede acceder a que su personal de seguridad reciba entrenamiento militar. “Pero ese adiestramiento viene dándose a miembros de la Fuerza Pública desde 1991 (Betty Brannan Jaén, La Prensa, 13 de agosto de 1995)”.   Entre 1999 y 2007, 2 mil 320 funcionarios panameños, supuestamente civiles, fueron entrenados bajo programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según estadísticas del propio Departamento.

El tema tiene graves implicaciones. A los militares se los entrena para matar al enemigo en un contexto de guerra. El entrenamiento que corresponde a los cuerpos civiles de seguridad es muy distinto.   No se basa en liquidar al delincuente, sino en prevenir la delincuencia y someter a los criminales según lo establece la Ley.

¿Cuáles son los resultados del adiestramiento militar recibido por nuestra Fuerza Pública? Este es otro aspecto fundamental del asunto en consideración.

A pesar de la instrucción impartida por Estados Unidos (y otros países), la Fuerza Pública dista mucho de ser un organismo confiable que contribuye al desarrollo nacional.   Por el contrario: resulta evidente que no promueve adecuadamente la seguridad, está penetrada por la ineptitud y la corrupción y tiene en su personal un número importante de agentes abusivos, cuya norma de conducta es la violación de los derechos humanos de muchos ciudadanos conscientes, comprometidos con el bien común y respetuosos de la Ley.

Aunque abundan los ejemplos, vale la pena traer a colación el reciente caso de Carmen Tedman, defensora del medio ambiente en Chiriquí, brutalmente agredida por la Policía Nacional el 20 de septiembre último (La Prensa, 21 de septiembre).

A fin de evitar que la militarización de los servicios de seguridad, iniciada hace varios años, termine por reinstaurar un narcomilitarismo corrupto y vesánico en nuestro medio, hay que partir por entregar a la ciudadanía detalles precisos acerca de los programas de adiestramiento para los funcionarios de la Fuerza Pública.

<> Este artículo se publicó el 29  de septiembre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Abuso de autoridad en el servicio público

La opinión de….

NITZIA TORRES CISNEROS

Desconozco cuál será la cifra total de empleados públicos en este sector a nivel del Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Pero lo cierto es que son bastante. Por la estructura orgánica en que se manejan los servicios públicos, son más los subordinados que los superiores jerárquicos. Esta estructura ha traído consigo una serie de conductas que podríamos asemejarlas a las conductas animales descritas por Charles Darwin, aparecidas en ese gran libro “El origen de las especies”; algunas son: simbiosis o mutualismo, parasitismo, entre otras. La política administrativa en el sector público se maneja entre el autoritarismo (la especie que se cree dominante), el amiguismo (simbiosis o mutualismo) y los manzanillos (especies parásitas). Nuestra conducta es definida por las leyes de la naturaleza, lo queramos o no.

Existen especies humanas que sobreviven como amiguitos o como manzanillos. No hay otra manera de sobrevivir, para ellos.

Los autócratas, que son aquellos que ejercen una autoridad ilimitada, piensan que pueden trabajar al amparo de un paraguas protector, su sed de venganza a quien lo adversa no tiene límites. Cuando estos autócratas quedan solos se dan cuenta de que son vulnerables, su paraguas protector quedó extinto, o simplemente dijo: “que se haga lo que el pueblo quiere, yo me limpio las manos”.

El abuso de autoridad en Panamá es uno de los delitos, consagrado en el Código Penal en el artículo 351, que más frecuente se observa en el sector público, sin embargo, la estadística real se pierde simplemente porque no es denunciado. Los autócratas quedan impunes; mientras están sumergidos bajo el mismo paraguas protector, negro, sombrío y fétido, creen que tienen el poder absoluto para joder ilimitado. Sus mentes diabólicas se asemejan a muchos dictadores latinoamericanos y de otras esferas del orbe: Hittler, Hussein, Mussolini, Napoleón, Enrique VIII, El Zar de Rusia, Castro, Pinochet, etc. Hay que recordar cómo murió Hussein: sólo, sin rango, exhibido, humillado; pero no olvidar que murió ahorcado. De todas las formas que se pudo decidir fue una que nadie en el mundo pudiera olvidar, una muerte violenta, en total indefensión, escalofriante, impactante y absolutamente humillante. ¿Cómo es tu jefe?

Hay algo que es cierto: nadie está por encima de la ley, ni siquiera Dios. Aquel, El Salvador del mundo, fue en vida juzgado por las manos del hombre y condenado. Si queremos pensar que somos inmunes o impunes, es un problema; pero en la vida todo se paga.

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Artículo publicado el 25 de julio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autora, todo el crédito que les corresponde.

Proteger y respetar, no reprimir o intimidar

La opinión de…

Betty Brannan Jaén 

WASHINGTON, D.C. –El deber de una Policía es proteger, no reprimir, y el deber de un gobierno democrático es respetar las libertades ciudadanas, no serrucharlas.

Esas observaciones vienen al caso porque estoy escribiendo esto el viernes en la tarde, cuando las últimas noticias desde el istmo hablan de enfrentamientos violentos en Bocas del Toro y Panamá.

Leo que hay al menos un muerto y decenas de heridos; los antimotines repartieron perdigones y gases lacrimógenos. Esta misma semana, las noticias desde Panamá también han informado de periodistas encarcelados, retenidos, heridos, desnudados e intimidados.

Parece que poco hemos aprendido desde aquel viernes negro en julio de 1987.    La dictadura nos echaba a sus dóberman en una forma que debió descontinuarse en democracia, y no ha sido así.

Desde el gobierno de Guillermo Endara comencé a criticar que la Policía panameña usa fuerza excesiva para reprimir manifestaciones cuando su deber es usar la mínima fuerza posible, y aquello ha seguido igual en todos los gobiernos desde entonces.

Siempre alegan como defensa que los manifestantes están tirando piedras o que hubo alguna violencia, cuando hay tácticas policiales para lidiar con esas situaciones sin recurrir a perdigones. Los gases lacrimógenas deben usarse como un último recurso, no el primero.

Por eso mismo es peligroso que la nueva “ley chorizo” otorgue a la Policía un permiso prácticamente ilimitado para disparar a matar. Rechazo que esto sea justificable como protección contra la inseguridad; lo que necesitamos es una policía más eficaz, no más abusiva.

También me preocupan los casos del columnista Paco Gómez Nadal y el periodista Carlos Núñez. El de Gómez Nadal (un español quien en estas páginas ha criticado severamente al gobierno de Ricardo Martinelli) me recuerda al de Gustavo Gorriti (un peruano que en este diario dirigió investigaciones muy irritantes al gobierno de Ernesto Pérez Balladares).

En el caso de Gorriti, se le lanzaron represalias que intentaban expulsarlo del país; el caso de Gómez Nadal parece una repetición de la misma táctica, que es repugnante para todo el que crea sinceramente en libertad de pensamiento y expresión.

Pero más allá de defender principios, el lado pragmático del asunto es que el caso Gorriti le costó caro al gobierno de Pérez Balladares. Se convirtió en una causa célebre que fue tema de cobertura global, de editoriales en The New York Times, y de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los aliados del torismo eventualmente lograron sacar a Gorriti del periódico y del país, pero el daño a su imagen internacional fue alto. El gobierno de Martinelli haría bien en no repetir el error.

El caso de Carlos Núñez es aun más escalofriante, porque él está preso. Lo han encarcelado por una condena de calumnia e injuria.

Otra vez, esto es algo que he venido criticando desde tiempos de Guillermo Endara, quien acusó penalmente de calumnia a varios (incluyendo un caricaturista de este diario). Endara eventualmente retiró los casos, pero la difamación siguió siendo cosa penal en Panamá (aunque bajo Martín Torrijos se eliminó que sea penal cuando la persona supuestamente difamada es un funcionario).

En países civilizados se considera un barbarismo que la difamación se resuelva por vía penal, no civil.   La CIDH se ha pronunciado claramente al respecto y otros países latinoamericanos en el hemisferio han rectificado su legislación.

Pero en Panamá, como si no importara que acusaciones de difamación se usen para amenazar a periodistas, los funcionarios siempre se han refugiado en la excusa de que “nadie va preso” por calumnia en nuestro país.

El caso Núñez comprueba que eso no es cierto y que todos, no solo periodistas, estamos a riesgo de un encarcelamiento injusto cuando se vive en un país sin justicia.

Como editorializó The New York Times en el caso Gorriti, “El periodismo independiente solo es posible donde haya un poder Judicial independiente”.

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Este artículo se publico el 11 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Los buenos somos más

La opinión de….

Jorge Rivera Staff

“Lo más atroz de la gente mala, es el silencio de la gente buena”. Palabras más o palabras menos, esta frase atribuida a Mahatma Gandhi resume una de las grandes luchas que todos los pueblos sufren en algún momento de su historia:   Que un grupúsculo controlando las riendas del poder abuse de su pueblo a pesar de que la mayoría está en desacuerdo con sus actuaciones.

En nuestro país se ha cometido uno de los mayores abusos en contra de la Constitución política por parte del Gobierno y de la Asamblea Nacional, con la aprobación a tambor batiente de la Ley 9 en 1, que reforma códigos nacionales y diversas leyes, sin prestar la menor atención a los requisitos formales que establece la Carta Magna para estos casos.

Por si fuera poco, aparte de las violaciones a los requisitos constitucionales para la expedición de las leyes, ¿cómo es posible que al supuestamente adoptar medidas para la aviación comercial, se eliminan de un plumazo los estudios de impacto ambiental de aquellos proyectos que el Gobierno decida unilateralmente, se restringen las cuotas sindicales y el derecho a huelga de los trabajadores y se minimiza el control a los miembros de la fuerza pública en el uso de la fuerza letal durante el cumplimiento de sus labores?

Frente a este desolador panorama, luego de aprobada la ley y de ser sancionada por el Presidente sin siquiera pestañear; aparte de interponer los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia (que por sus actuaciones y composición actual no nos deja muchas esperanzas), ¿qué opciones le quedan al pueblo para lograr que esta ley sea derogada o revisada?

Si bien hay diversas opiniones respecto a los medios a utilizar, por este medio recomiendo uno que, con la organización debida, puede ser utilizado para demostrar cívicamente y contundentemente que la ciudadanía está en contra de esta aberración jurídica, social y política perpetrada por el régimen de turno.

Si bien en Panamá no tenemos un mecanismo establecido para proponer la derogatoria de las leyes por iniciativa popular, en el artículo 314 de la Constitución sí está establecido que para adoptar una nueva Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente Paralela, la misma puede ser convocada por iniciativa ciudadana al contar con la firma de al menos el 20% de los integrantes del padrón electoral del año anterior.

Si esta posibilidad está consagrada para que 20% de los ciudadanos solicite una nueva Constitución, por qué no conseguir el 5% o 10% para pedir la derogatoria de una ley.

Si ya hay sectores diversos de la sociedad civil, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones profesionales y partidos políticos movilizados en contra de esta nefasta iniciativa, no cabe duda de que el impulso de esta propuesta ciudadana puede ser muy viable.

Si el año pasado el padrón electoral tuvo 2 millones de personas, entonces podemos convocar a cerca de 200 mil panameños a firmar la solicitud de derogatoria de la “Ley 9 en 1” (Ley 30), para rechazar esta atrocidad de la gente mala y romper el silencio de mucha gente buena que de ahora en adelante podrá alzar su voz por encima del poderoso aparato mediático del Gobierno y demostrar así, tal como lo hizo en la India Mahatma Gandhi frente al más poderoso imperio conocido hasta ese momento, que también en este país… los buenos somos más.

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Este artículo se publico el 30 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Violencia en las escuelas

La opinión de la Docente Universitaria…..

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Danysabel Caballero

El maltrato por abuso de poder que se caracteriza por el agravio psicológico, verbal o físico producido de forma insistente contra los estudiantes, origina un ambiente de estrés e inquietud sobre todo en quien lo sufre. Es una forma característica y extrema de violencia escolar.

Este fenómeno trasciende la conducta individual para traer a escena a la persona que lo sufre y a la que lo observa sin poder evitarlo. En este contexto, es necesario hacer la distinción entre la conducta violenta reiterativa y los problemas que corresponden al ámbito de la disciplina y cumplimiento de las normas escolares.

Entre las conductas o acciones que caracterizan este fenómeno se encuentran las agresiones físicas y verbales, intimidación, chantaje, amenazas, aislamiento y exclusión social, acoso racial y sexual.

Frente a esta situación se espera, tanto del centro educativo como de los maestros, una intervención oportuna y directa, responsable de la seguridad de nuestros alumnos y no meramente transmisores de conocimientos. No podemos permitir medidas arcaicas, cómodas e insensibles de alejar al niño del ámbito escolar al que tiene derecho. Es imprescindible mantener a nuestros jóvenes bajo el amparo de las aulas de clases, bajo la supervisión amable del docente y a buen recaudo de los administradores o gerentes educativos.

El ámbito educativo es el principal protagonista del cambio que debe darse en las relaciones violentas entre escolares. Se han descrito los distintos espacios en que es necesario implicarse para ese cambio, desde la filosofía del centro y un clima de relaciones propicio para la búsqueda de soluciones no violentas de los conflictos, hasta las relaciones diarias en la clase en la promoción de una cultura de paz, donde es crucial una actitud ejemplar del docente que, por un lado, no tolere la violencia y, por otro, no permita un tratamiento negativo entre alumnos. Se hace necesaria la implementación de la educación emocional, que contribuya a generar un clima más empático en las relaciones entre iguales, a comprender y a sentir mejor las emociones de los otros.

A nivel del Estado una estrategia de prevención de la violencia en general es la adopción de programas de refuerzo preescolar, los cuales promuevan aptitudes prosociales necesarias para el éxito escolar que fomente el aprovechamiento y la autoestima. Un aporte decisivo es tomar en cuenta que desde que la madre y el padre están formándose en la escuela primaria deben ser orientados sobre los cuidados prenatales (estimulación preparto) y postnatales (estimulación postparto) y en la estimulación temprana del infante, todo lo cual favorecerá su inserción adecuada en la educación formal y en la construcción de un muro de contención contra la posible violencia en las escuelas.

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Este artículo se publicó el  26  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Las fotos de Mauricio

La opinión de la Abogada…..

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Anayansi Acevedo

Mauricio tiene 19 años, es alegre, “vacilador”, bromista, bilingüe, trabajador, un poco desordenado, como la mayoría de los chicos a esa edad, impulsivo, guitarrista, cantante, inteligente, despierto, culto, con millones de ideales e ilusiones… revolucionario, ¿cómo no serlo, si es tan joven? Mauricio es fotógrafo de profesión, reportero gráfico, según su contrato de trabajo y es un apasionado en ese arte. Mauricio tiene una madurez inusual. Mauricio es mi segundo hijo.

A Mauricio le gusta el arte, las fiestas, su carro, la nova trova, el rock, la música de Rubén Blades. Mauricio es un comelón de primera. Le tiene miedo a los insectos y a las lagartijas.   A Mauricio le gustan las muchachas lindas; pero sobre todas las cosas a Mauricio le encanta Tomar Fotos.

Mauricio toma fotos Siempre: por placer, porque le gusta, porque vive de ello, porque es un artista. Mauricio toma fotos Siempre.

Mauricio toma fotos a Todo lo que puede: a las flores, a los muertos, a los fuegos artificiales, a la Luna, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos, a los animales, a las cosas raras de la vida, a las cosas cotidianas de la vida, a las miss “algo”, a Juan Carlos Navarro, a Irving Saladino, a Ricardo Martinelli, a Balbina Herrera, a Juan Carlos Varela, a los Ministros, a la Procuradora Ana Matilde, al Procurador encargado Bonissi, a Sandra Sandoval, a Ulpiano, a “Metallica”, a “Guns and Roses”, a Juanes, a Juan Gabriel, etc., etc., y 10 millones de etcéteras. Mauricio le toma fotos a Todo.

Mauricio a su corta edad, a tomado fotos al Presidente de Colombia, a varios ex residentes panameños. Ha trabajado para La Prensa, para Revista K, para Panama Post y ahora es reportero gráfico del Diario Panamá América. Las fotos de Mauricio alguna vez han sido portada del medio escrito donde trabaja, igual que también fueron portada de dos libros patrocinados por la ONUDD, un organismo de las Naciones Unidas que combate el delito, las que paradójicamente pretenden sensibilizar sobre el tratamiento oficial a personas en condición de vulnerabilidad. Mauricio toma fotos para bodas, quinceaños, fiestas y todos los conciertos que puede. Mauricio cubre manifestaciones, protestas, levantamientos de cadáveres. Mauricio No es un Improvisado Fotógrafo, que pretendió irrumpir a la fuerza a un evento bailable.

El sábado 8 de mayo, Mauricio cubría una asignación de su periódico, fue diligente; y tal como es él. Le Tomó Fotos a Todo. Tal vez a alguien, que aún no ha entendido que aceptar un cargo público implica también aceptar una exposición inusual pública en los medios, no le gustó que él tomara fotos; y Mauricio fue amenazado.

A la salida del evento, en los estacionamientos, fue interceptado por unidades policiales y un miembro de seguridad privada. Fue humillado, privado de su libertad, sin motivo legal alguno, ultrajado física y emocionalmente por sus agresores, mientras que dos mujeres y valientes periodistas tomaban las fotos de lo ocurrido.    Sin esas fotos hoy no habrían pruebas; y tal vez, agresión por denunciar.

Desde ese día, la vida de Mauricio y la de quienes le amamos, cambió.

Ya Mauricio, fue atendido en medicatura forense. Los golpes físicos están claramente visibles. Moretones en brazos, pecho y el oído izquierdo, todavía sangra al mínimo descuido. Las secuelas psicológicas, recién empiezan.   Mauricio no duerme bien desde ese día, tiene pesadillas constantes, dolores de cabeza y por primera vez he visto que Mauricio, no sólo teme a las lagartijas. Ahora, he visto con rabia, que Mauricio le teme a la gente.

Ayer le acompañaba en el auto y Mauricio Dudó para tomar fotografías, ante un accidente de tráfico del camino, titubeó. En otras ocasiones, como siempre Mauricio, habría corrido a tomar fotos del hecho.   Al ver a los uniformados: él se contuvo.

La primera parte del protocolo legal fue agotado ¡como si fuera tan sencillo! Los medios de comunicación nacionales e internacionales en general, amigos, conocidos y desconocidos han sido solidarios.  Las acciones legales iniciales ya se interpusieron, sin embargo, como abogada de profesión y de corazón que soy, sé que el vía crucis recién empieza. La finalidad principal de esta nota, aparte de desahogar la impotencia que me embarga como mujer, madre, como abogada y como persona enamorada hasta la médula de su ser de la libertad de expresión, radica en hacer un llamado de atención a todos, sin distinción. Hoy es Mauricio, mi hijo, un fotógrafo el agredido, el injuriado, el humillado; mañana puede ser cualquiera…

Pareciera que en Panamá, quienes gobiernan han olvidado que la humildad, la sensibilidad y la legítima compasión hacia el débil, adquieren su más noble significación en el ejercicio del poder.

Finalmente les recuerdo que quien suscribe Anayansi Acevedo, una mujer, ciudadana panameña, madre, abogada y ciudadana, a través de este espacio y de manera firme e irrevocable, se compromete a estar vigilante de que los valores democráticos, que tanto sudor, lágrimas y sangre nos han costado, no se pierdan jamás; y así Mauricio y los hijos de Mauricio puedan, Sin Miedo, correr, pensar y volver a tomar fotos a Todo.

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Este artículo se publicó el  13  de mayo de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Una farsa judicial absurda

La opinión del Abogado….

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JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA

Se trata del proceso de plena jurisdicción interpuesto por la Mina Hydro-Power Corp. ante la Sala Tercera de la Corte, para que se declare nula, por ilegal, la resolución de la concesión administrativa para el proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina expedida por la ASEP, al no resolverse previamente la prórroga solicitada oportunamente según lo pactado; que sin embargo, sí se le concede a otros concesionarios en condiciones similares.

Ante la magnitud de las consecuencias procesales adversas contra el demandado, quien incumplió con la carga procesal correspondiente al no contestar la demanda oportunamente , en lugar de ejercerse la función jurisdiccional de conformidad a la recta interpretación de la Ley, se despotrica contra el ordenamiento jurídico, según se evidencia al inducirse un “ horror vacui ” en el proceso.

Es irrefutable que esa interpretación tribunalicia: burla la obligación de reconocer judicialmente los efectos legales dispuestos. También nos asiste el reconocimiento de la pretensión en el fondo del proceso.  Para perfeccionar esa farsa se ha recurrido a la implementación de una simulación judicial, que pretende validar la falta de contestación de la demanda con el informe explicativo de conducta formulado por el administrador de la ASEP.   Esta interpretación es a todas luces opuesta a la razón y a la Ley que regula el procedimiento contencioso administrativo, que eleva a la referida omisión como una nulidad absoluta e insubsanable. Por otro lado, la defensa del acto administrativo le compete al procurador de la Administración, de modo que, por su absurdidad manifiesta, esta interpretación está privada de eficacia jurídica.

La interpretación verificada, en aras de subsanar la falta de contestación de la demanda, constituye un acto de simulación, al cual se le puede atribuir la nulidad absoluta y es susceptible de ser penado por la Ley. De ningún modo puede haber subsanación de la contestación de la demanda previamente declarada inamisible, nula por extemporánea; mucho menos, con la sola “ incorporación ” del informe por parte de la ASEP, institución administrativa que no tiene facultades jurisdiccionales; tampoco mediante una supuesta conducta concluyente, figura jurídica que solo recae sobre las notificaciones.

En el caso que nos ocupa, vemos una simulación judicial tendiente a dar por entendido que se estaba dictaminando la subsanación legal de la contestación de la demanda; acto que era el motivo central del incidente de “ deserción de la contestación de la demanda ” que ni siquiera se menciona.

Resulta obvio que nunca existió seriamente la intención real de declarar la subsanación de la contestación de la demanda; la autoridad judicial se limitó a entronizar un argumento para propiciar la aceptación de la pretendida convalidación.

En la parte motiva de la resolución, no se toma en cuenta que el informe de conducta no constituye una gestión propia de abogado ni mucho menos del apoderado judicial constituido en el proceso. Queda así claro que dicho documento no tiene ninguna validez legal; es alcanzado por la nulidad decretada contra la incontestación de la demanda. Por otro lado, es un imposible jurídico “ resucitar ” un acto que nunca surgió a la vida del proceso, y que, por lo tanto, no está en el mundo.

Ese simple documento, no reúne ni los requisitos legales exigidos para la contestación de la demanda ni las formalidades esenciales requeridas, por lo cual no tiene validez como acto de oposición contra los hechos, pretensión y derechos contenidos en la demanda; así, en el proceso no se ha producido la traba de la litis: con ello se inhibe al juez de elegir entre las tesis controvertidas, la que se ajuste a derecho. Se rompe con la trilogía clásica del derecho procesal: puede hablarse de todo menos de un proceso. Cuando el Tribunal deja de actuar como un tercero imparcial e independiente, pierde su idoneidad para resolver eficientemente el conflicto de intereses.

El deliberado ocultamiento de la verdad material en el proceso constituye un abuso de autoridad y un fraude de la Ley, que lo convierte en una farsa judicial; se crea así un precedente judicial de nefastas repercusiones para nuestro sistema jurídico que afectará negativamente la imagen del país. Todo juez debe ceñirse al procedimiento previsto en la sustanciación del juicio; no le es dable inventar trámites. Un juicio así amañado es “una farsa judicial absurda”.

Por otro lado, está claro que cuando le regalaron la hidroeléctrica a Carlos Slim, fue a costa de la propiedad intelectual que pertenece al demandante; para perfeccionar este despojo, las actuaciones del proceso se dirigen a hacer ilusoria la pretensión.

Se contempla así un verdadero abuso de autoridad, para dictar resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, al inhibirse el despliegue de un juzgamiento imparcial que observe la igualdad de las partes en el proceso. Ello se hace evidente: se produce una flagrante violación del principio de estricta legalidad, con el agravante paradójico de que la ocasiona la institución encargada constitucionalmente de salvaguardar las garantías constitucionales.

La Constitución Nacional no es un “ convidado de piedra ” en el proceso: toda actuación debe respetar las bases constitucionales del Estado de Derecho.

La interposición de la demanda y su respectiva contestación oportuna, son elementos imprescindibles del debido proceso; así la falta de contestación de la demanda es un hecho acreditado en las constancias procesales que demanda su justa consideración, aun de oficio, según lo dispuesto por el procedimiento, que obliga a preguntarse: ¿es válido el fallo dictado por el Tribunal que declaró como no probado el incidente de deserción de la contestación de la demanda?

Si se contraviene expresamente lo dispuesto en la Constitución y la Ley para la recta solución judicial del asunto en controversia, ¿procede perseguir su impugnación mediante los mecanismos constitucionales de defensa previstos en el procedimiento?


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Artículo publicado el 27 de marzo de 2010 en el  Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.