‘Pele Police’: abuso policial

La opinión del Ex Precandidato presidendial…

DR. JORGE GAMBOA  AROSEMENA  

La presunción de inocencia y el libre tránsito, dos preceptos constitucionales, están siendo vulnerados por el uso de un aparato (producto de la tecnología), que de un auxiliar de la acción policial se ha convertido en un promotor de violaciones de derechos humanos.

Por la necesidad de mayor seguridad en las calles, gran parte de la ciudadanía acepta estos y otros ultrajes, ignorante de sus derechos y víctima de una sistemática campaña para adocenarla, haciéndole creer que tanto los agentes de la autoridad como los servidores públicos de cierta jerarquía son monarcas, reyecitos o príncipes.

El aparatito este, que ni siquiera los gobernantes con mentalidad antinacional le han traducido su nombre inglés, como obliga la constitución, que claramente señala que el idioma oficial es el castellano, se ha convertido en actor famoso. Si no es en un bus para investigar a sus pasajeros, en una parada o en una esquina para estorbar a los transeúntes o en una carretera para formar tranques.   El bendito aparatito es usado por una Policía que cada día se posesiona de un peligroso papel represor e intimidatorio.

Los agentes de la autoridad, que no son autoridad, esos, los policías, usan el aparatito como cuando alguien va de pesca y lanza una red para ver qué recoge. Desde nuestra óptica, el aparatito se puede y debe usarse como un auxiliar valioso para determinar si algún detenido, por contravenir los códigos, tiene otros casos pendientes en una data actualizada. Pero hacer lo que hacen, presumiendo que todos los ciudadanos que pasen por un retén son delincuentes, viola el libre tránsito, garantizado en la constitución, como la presunción de inocencia.

Total, después de haber retenido a miles de ciudadanos, publicitados profusamente, no hemos visto que la población carcelaria haya aumentado en esos números anunciados. Así las cosas, las autoridades y los agentes de la autoridad deben entender que el fin no justifica los medios o que no pueden pagar justos por pecadores.

El SIDA mata y no por esto la autoridad de Salud se va a parar en una esquina o van a detener el tránsito en las vías para tomarle muestras de sangre a todo el que pasa, para determinar si es un agente de transmisión del HIV.

El que autoridades y ciudadanos no conozcan sus deberes y derechos hace que se toleren estas prácticas. A usar racionalmente el dichoso aparato.

<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 22  de octubre de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.
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La teoría de la justicia loca

La opinión del Abogado….

LUIS FUENTES MONTENEGRO

Los delitos no pueden ser investigados cometiendo otros delitos.   La persecución de la delincuencia es una tarea de todos los ciudadanos, pues los actos delictivos resquebrajan el funcionamiento armonioso de una sociedad, y una sociedad o un país no pueden estar a la merced de los delincuentes;   no es un planteamiento nuevo, es una conclusión lógica a la que ya han arribado variedad de personas decentes en épocas múltiples y en regiones parecidas o antagónicas.

Cuando se investiga un delito o un supuesto de delito, cometiendo delitos, significa que la estructura de la justicia anda por mal camino, así de simple sirve para que en su nombre se cometan fechorías y abusos, muchos de los cuales se cometen indiscriminadamente por los mismos que tienen el deber de impartir justicia.

La ilicitud no puede ni debe ser confrontada con ilegalidad, sino en el pleno marco del estado de derecho, pero cuando hay funcionarios encargados de investigar delitos, y olvidan este principio, se creen estúpidamente pueden hacer y deshacer a sus anchas, se consideran dioses que tienen la potestad de decidir quién es delincuente y quien no, con capricho se investiga y con capricho se condenan, y es que el ejercicio del cargo que les da cierto poder en nombre de la ley y del Estado, lo hacen con abuso, con deshumanización absoluta, y con un rechazo y pisoteo rampante de lo que es y debe ser legítimamente el derecho y su justa aplicación.

Los delitos son males que aquejan a cualquiera o a todos, pero no puede hacerse ver que se investigan delitos para pasar facturas, perpetrar venganzas, presionar o chantajear, eso es todo lo contrario de lo que es la justicia.   Pero esos comportamientos se dan a tutiplén y, quien lo hace hasta llega a vanagloriarse de que lo está haciendo.

Siempre ha existido una injerencia de la política en el manejo de la justicia y en muchos casos donde se investigan delitos, la política está por detrás o por debajo; pero cuando son los propios funcionarios de la estructura de justicia quienes quieren congraciarse con los políticos del gobierno coyuntural y,   se arrastran a sus pies, haciendo cualquiera estupidez, e inventan delitos,   amañan expedientes,   les vale un pito los derechos humanos,   entonces el país corre peligro y   la democracia está en crisis y la tratan de sepultar. ¡Ojo!

<> Este artículo se reprodujo de la publicación del 19 de octubre de 2010 en el diario El Siglo,  a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el credito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/fuentes-montenegro-luis/

Violación a las garantías ciudadanas

La opinión del Abogado….

Irving I. Domínguez Bonilla

Nuestra Carta Magna reconoce y tutela efectivamente el derecho de locomoción o tránsito de los ciudadanos, dentro del territorio nacional, haciendo efectivo un derecho fundamental de primera generación, que no puede ser objeto de cortapisas o limitaciones infundadas por parte de las autoridades del país. Esta garantía solo puede ser eclipsada por serios motivos previamente establecidos en la ley, conforme lo dispone el artículo 27 de nuestras normas fundamentales.

El derecho de tránsito es consustancial con el ser humano, con los cuales nace y muere, siendo entonces parte de su vida. Este derecho es el denominado ius movendi et ambulandi del que hablaban los romanos, o el power of locomation que consagra la jurisprudencia anglosajona, y que ha sido objeto de un completo análisis por la jurisprudencia del pleno de nuestra Corte Suprema de Justicia.

Este derecho ha sido atacado constantemente por parte de las autoridades nacionales, quienes al ejercer su rol adoptan actos de hecho, en unos casos, y en otros supuestamente amparados en las leyes de procedimiento, que tienden a minimizar o coartar el derecho de tránsito de los ciudadanos.   Y es que en la práctica nos encontramos con los agentes de la Policía Nacional quienes de forma extraña utilizan la figura llamada “retención por investigación”, con la cual privan de su libertad a las personas con el objeto supuesto de investigar si tienen causas pendientes.

Con esta medida se priva de su libertad a la persona durante un lapso, a veces de hasta 24 horas, hasta que en la mayoría de los casos la persona es liberada después de haber pasado todo ese tiempo privado de su libertad, aunado a las connotaciones estigmatizantes que se infieren con esta medida y la afectación psicológica al estar, incluso, en las cárceles de la policía en donde es retenido sin fundamento o razón.

Por otro lado, ya con un fundamento legal, nos encontramos con la figura llamada conducción, la cual tiene por objeto que la persona citada o requerida, por la autoridad investigativa o judicial, y existiendo reticencia de su parte a comparecer, sea trasladada a estos despachos a evacuar las diligencias ordenadas.

A pesar de su existencia legal, se da la situación en que se abusa de la figura ordenándola sin haberse citado a la persona, sin darle la oportunidad de comparecer voluntariamente, y en muchos casos se decretaba un día viernes, con lo cual el ciudadano tenía que permanecer retenido el fin de semana hasta que lo presentaran el día hábil siguiente a la autoridad.

Recientemente dos fallos del pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno con la ponencia de Jerónimo Mejía y el otro con ponencia de José Abel Almengor, han puesto coto al abuso de esta medida de conducción arbitraria estableciendo, vía estos fallos, los requerimientos necesarios para que esta sea procedente, llamando incluso la atención a los funcionarios al señalar que “dicha facultad debe manejarse con prudencia, evitando que en la práctica se instituya en un régimen preliminar de detención…” (Fallo de 23 de julio de 2010).

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/dominguezbonilla-irving/

¿Orden de conducción o de detención solapada?

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-La opinión del Jurista…

JAIME A. PADILLA G.

Vemos con preocupación, el abuso en que han caído funcionarios del Ministerio Público con relación a la ‘orden de conducción’, percatándonos de que existe una solapada intención de convertirla en una ‘orden de detención’.  Esto es peligroso y violatorio del principio del debido proceso y de las garantías constitucionales que salvaguardan a nacionales y extranjeros, la Carta Magna y otras normas de derecho sustantivo y adjetivo, que están siendo burladas por estos funcionarios.

¿Qué se entiende por ‘conducción’?   De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal que entrará en vigencia el próximo año, la ‘conducción’ es ‘el acto de conducir a una persona al despacho del funcionario de instrucción cuando la investigación requiera su presencia’. De igual forma el juez también lo podrá ordenar, siempre y cuando él estime que existe mérito para ello o para aclarar algunos puntos oscuros o dudosos en el expediente. Yo la podría definir como ‘mecanismo procesal mediante el cual el despacho instructor, ante la necesidad de requerir a alguna persona, haga que ésta comparezca al despacho para alguna diligencia, al término de la distancia o sea al instante’.

En cuanto a los trámites procesales a cumplir, antes de ordenar la conducción de alguna persona al despacho requirente, se tiene que seguir el parámetro substancial que brinda el Artículo 17 de nuestra Constitución, que prevé los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse ante todo.   En todo momento, los funcionarios de instrucción, deben respetar y proteger estas garantías fundamentales, con marcado respeto a la dignidad humana, y no ordenar la conducción, sino se han agotado previamente todos los mecanismos elementales de comunicación y notificación, como llamadas telefónicas a celulares, correos electrónicos, faxes y cualesquiera otros.    Concluida esta etapa, si se comprueba la renuencia o rebeldía de la persona en no asistir, entonces es que puede ordenarse su conducción al despacho, pues ya no le queda otra salida al funcionario de instrucción que utilizar este mecanismo procesal de comparecencia obligada.

¿Pero qué sucede hoy por hoy? Que sin ningún tipo de comunicación, o búsqueda previa, se procede directamente a ordenar la conducción de la persona. Recordemos el caso de la juez suplente Zulay Rodríguez, a quien el Ministerio Público le ordenó conducción sin ningún acto previo de notificación o llamado, y el reciente caso de Saúl Méndez, tratándolos como evasores de la justicia.

Esta mala praxis, no es otra cosa que la intención solapada de ignorar el orden de las medidas cautelares que contempla el Código Judicial en su Artículo 2127 y siguientes y aplicar directamente la detención preventiva, sin ningún sustento fáctico—jurídico y sin haber cumplido con los trámites procesales para aquella.

Aquí tenemos que aclarar que la detención preventiva es la última y la más gravosa de las medidas cautelares, y que para ordenarse tienen que haberse cumplido los requisitos exigidos por el Código Judicial en el Artículo 2128, siendo medida distinta a la simple conducción, pues, la conducción es netamente administrativa procesal y la detención preventiva es de naturaleza procesal con fines distintos.

La conducción pretende hacer comparecer al sujeto requerido al despacho requirente; mientras que la detención, priva de la libertad al sujeto requerido y lo aisla por completo de la sociedad, so pretexto de tenerlo a órdenes del despacho indefinidamente.

En fallo del 23 de julio de los corrientes, dentro del caso de la solicitud de Habeas Corpus a favor de Saúl Méndez, la Corte Suprema, en pleno, advirtió al Ministerio Público que las órdenes de conducción para la comparecencia de una persona no pueden convertirse en un ‘régimen preliminar de detención’, y que ‘debe manejarse con prudencia’, de manera que solo se aplique cuando ‘se hayan agotado los trámites ordinarios para conseguir la presencia voluntaria y oportuna de la persona requerida al proceso’.

El fallo agrega que la orden de conducción debe producirse dentro del margen de la constitucionalidad. La advertencia de la Corte indica a los funcionarios de instrucción que la orden de conducción incluye poner en conocimiento del conducido, los derechos contenidos en los Artículos 22 y 25 de nuestra Constitución.

<> Artículo publicado el 11  de octubre de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Hablemos de humanidad

La opinión del periodista….

Euclides Fuentes Arroyo

En Níger país africano con vastos territorios desérticos, cunde el hambre de humanos y animales, e igualmente la misma situación se da en otros puntos del continente negro, mientras en el sur de nuestra América el frío empuña la guadaña que priva de su existencia a los más desvalidos y nuestra turística provincia de Bocas del Toro, sufre las consecuencias de una masacre que ha privado de la vida a muchos ciudadanos cegados por los impactos de los perdigones; esto último algo que en Panamá muchos creyeron que no podía ser ejecutado por el gobierno de las promesas incumplidas.

José Martí, el apóstol de la independencia latinoamericana, dijo que “ningún dolor humano nos es ajeno”. Basados en esa premisa no podemos silenciar nuestra voz cuando en alarde despreciativo a nuestros hermanos de todo el mundo, presenciamos los abusos de las minorías privilegiadas que, montadas en el potro del poder, pretenden seguir cabalgando, como históricamente lo han hecho, sobre el sufrimiento y la expoliación de sus conciudadanos.

Un hermano entrañable considerado así por encima del calificativo de amigo, no aprueba mi versificación porque prefiere la prosa. Quiero complacerlo precisamente porque se trata de un humano ejemplar que a pesar de sus limitaciones como empresario  adinerado, en la práctica demuestra que es necesaria la toma de conciencia de que nuestro paso por la vida no está en la simple satisfacción egoísta de nuestra calidad de vida, sino en compartir con el prójimo alegrías y tristezas.

Es cierto que la caridad no va a resolver los problemas de los desafortunados, pero también es cierto que la preocupación, verdaderamente cristiana, por nuestros hermanos carentes de fortuna, que se traduce en solidaridad con sus dolores, es un paliativo que refleja la grandeza de nuestra condición de seres humanos.

Mientras hay mentalidades que sólo piensan acrecentar sus fortunas pisoteando los más elementales derechos del individuo, desconociendo que los humildes tienen que alimentarse y en base a esa necesidad especulan elevando el costo de los alimentos, habrá siempre elementos conscientes que no aprueban los desmanes abusivos de los que se enriquecen a costa de la depauperación de sus semejantes.

Mientras hay patronos que blanden sobre sus empleados el garrote vil de la explotación y el maltrato, habrá otros que saben compartir con quienes les permiten acrecentar sus riquezas, los beneficios de una actividad de doble vía, es decir, trabajo y capital.

Se trata nada más y nada menos, que asumir conscientemente el papel que cada cual tiene que jugar, para mantener el clima de armonía que garantice la supervivencia de los que tienen la sartén por el mango y los que con sus manos laboriosas producen el pan nuestro de cada día.

Este mensaje realmente sincero, tiene la posibilidad de ser asimilado por mentes dotadas de la inteligencia que Dios le otorgó a algunos congéneres, o desestimado por aquellos oscurecidos por la soberbia prepotente que fuerzas malignas y oscuras han predestinado a pertenecer al bando de los deshumanizados.

Panamá 26 de julio de 2,010.  E.F.A. ced. 7-44-677

<>  Este artículo fue enviado por correo electrónico para su publicación por el autor a quien damos todo el crédito que le corresponde.

Detener la estupidez

La opinión del Periodista…

Juan B. Gómez

En las últimas semanas, las autoridades del tranquilo pueblo de Boquete, quisieron reverdecer los laureles cuartelarios de la dictadura.   Y, abusando de los derechos de la familia MacIntyer- Tedman, entraron a su finca, sin ningún documento legal que los autorizara a realizar trabajos tan brutales y descabellados, que cualquier persona sensata rechazaría. Y la salvaje agresión personal que hicieron a la joven señora Carmencita Tedman, que se oponía a la estúpida intervención contra su finca.   Hechos como esos desacreditan a las autoridades de ese tranquilo distrito, y al mismo gobierno del señor Martinelli, que hasta estos momentos no ha dicho nada para corregir los abusos municipales, que le dan a su gobierno un carácter dictatorial que en nada lo favorece.

 

Unas semanas antes de que se produjeran las inundaciones que hicieron trizas parte del muro de contención (más de 10 millones de dólares),   pasaron por Boquete, Robert Vander Veert, doctor en Hidrología, y Jonathan Cohen, con 5 doctorados en Geología; y los dos coincidieron en que no debían canalizar la cuenca alta del río Caldera y sus afluentes; y advirtieron lo que ocurriría cuando vinieran las grandes corrientes y deslaves de esos ríos; que al contrario de lo que hicieron, debían haber protegido la cuenca alta del río Caldera y no permitir construcciones en las áreas aledañas a sus afluentes.

El Dr. Jonathan Cohen dijo: que le “asustaba la estupidez”   que habían hecho en el río al canalizarlo y los trabajos del muro de contención.    Que era “absurdo” pensar que ese muro iba a detener la fuerza natural de un río de montaña, y que, obviamente, esos trabajos habían sido realizados por “ingenieros sin competencia científica”..

En l970 publicó, el Dr. Laurence J. Peter y el escritor Raymond Hull,  “El Principio de Peter”, que parecía una edición nueva y aumentada de “Historia de la estupidez humana”, publicada varias décadas antes por el escritor Paul Tabori.

En “El Principio”, los escritores afirman que, con raras excepciones, “los hombres manejan chapuceramente sus asuntos.   Por todas partes veo incompetencia pujante, incompetencia triunfante”.   “He visto un puente de dos mil metros de longitud desplomarse y caer al mar porque, pese a repetidas revisiones y verificaciones, alguien había frangollado (hecho de prisa y mal) el plano de un pilar sustentador”.

“He visto a urbanistas supervisar el desarrollo de una ciudad en la zona de crecidas de un gran río, donde es seguro que se verá sometida a inundaciones periódicas”.

Cuando leía estas últimas frases, me dio la impresión de que ellos estaban viendo lo que está ocurriendo en estos momentos en Boquete.   ¿Cómo detener la estupidez?, vuelvo a preguntar.

 

<> Artículo publicado el 29 de septiembre  de 2010 en el diario El Panamá América, a quienes damos,    lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.

Entrenamiento militar

La opinión de…

Carlos Guevara Mann

Una nota de prensa de la Cancillería, fechada el 16 de septiembre, informó acerca de la firma de “acuerdos de cooperación” (en plural) según los cuales Estados Unidos aportará a Panamá bienes y servicios “por un monto superior a los 10 millones balboas” para contribuir “a los programas de fortalecimiento de la seguridad en nuestro país”.

Sobre el particular, el vicepresidente Varela, ministro de Relaciones Exteriores, señaló: “Estos acuerdos permitirán contar con recursos de cooperación no reembolsables para apoyar acciones de capacitación, asistencia técnica y equipamiento en las áreas de reformas del sector seguridad [sic], lucha contra el crimen transnacional y fortalecimiento del estado de derecho”.

Según la Cancillería, el vicepresidente “añadió que la cooperación estará enfocada en los esfuerzos de seguridad marítima y fronteriza, y el equipamiento y capacitación para esas tareas, así como en el Proyecto para Mejorar el Entrenamiento en las Academias de Policías, desarrollado en el marco de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).” CARSI (no lo dice la nota) forma parte del Plan “Mérida”, un programa de cooperación de seguridad entre Estados Unidos, México y los países de América Central anunciado en 2007 y aprobado por el Congreso estadounidense en 2008.

Un análisis de los escasos datos suministrados por la Cancillería genera varias inquietudes. Primeramente, el Gobierno nacional debe proveer el desglose de la donación e indicarnos qué compromisos adquiere Panamá al recibirla y cuál es el cronograma de desembolso. Además, debe informarnos en qué consisten las “acciones de capacitación”, qué funcionarios panameños las recibirán y qué unidades del Gobierno de Estados Unidos las impartirán.

Este aspecto –relativo a entrenamientos– es sumamente importante, al menos por dos motivos. En primer lugar, el adiestramiento que Estados Unidos ofrece en materia de seguridad muchas veces se imparte por unidades de las fuerzas armadas de ese país, frecuentemente con un énfasis unilateral, belicista y de contrainsurgencia.

En ocasiones anteriores, los resultados de estos entrenamientos militares fueron deplorables para el desarrollo democrático y el respeto por los derechos humanos en América Latina.   Por ejemplo, los manuales de instrucción de la Escuela de las Américas (hoy llamada “Instituto de Defensa para Cooperación Hemisférica de Seguridad”) incluían la tortura como estrategia de seguridad nacional.

En segundo lugar, si los acuerdos suscritos el 16 de septiembre comprendieran el entrenamiento de personal de nuestra Fuerza Pública por militares estadounidenses, habría que oponerse firmemente a dicha cooperación. “La República de Panamá no tendrá ejército”, estatuye la Constitución vigente en su artículo 310.

Una república sin ejército no puede acceder a que su personal de seguridad reciba entrenamiento militar. “Pero ese adiestramiento viene dándose a miembros de la Fuerza Pública desde 1991 (Betty Brannan Jaén, La Prensa, 13 de agosto de 1995)”.   Entre 1999 y 2007, 2 mil 320 funcionarios panameños, supuestamente civiles, fueron entrenados bajo programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según estadísticas del propio Departamento.

El tema tiene graves implicaciones. A los militares se los entrena para matar al enemigo en un contexto de guerra. El entrenamiento que corresponde a los cuerpos civiles de seguridad es muy distinto.   No se basa en liquidar al delincuente, sino en prevenir la delincuencia y someter a los criminales según lo establece la Ley.

¿Cuáles son los resultados del adiestramiento militar recibido por nuestra Fuerza Pública? Este es otro aspecto fundamental del asunto en consideración.

A pesar de la instrucción impartida por Estados Unidos (y otros países), la Fuerza Pública dista mucho de ser un organismo confiable que contribuye al desarrollo nacional.   Por el contrario: resulta evidente que no promueve adecuadamente la seguridad, está penetrada por la ineptitud y la corrupción y tiene en su personal un número importante de agentes abusivos, cuya norma de conducta es la violación de los derechos humanos de muchos ciudadanos conscientes, comprometidos con el bien común y respetuosos de la Ley.

Aunque abundan los ejemplos, vale la pena traer a colación el reciente caso de Carmen Tedman, defensora del medio ambiente en Chiriquí, brutalmente agredida por la Policía Nacional el 20 de septiembre último (La Prensa, 21 de septiembre).

A fin de evitar que la militarización de los servicios de seguridad, iniciada hace varios años, termine por reinstaurar un narcomilitarismo corrupto y vesánico en nuestro medio, hay que partir por entregar a la ciudadanía detalles precisos acerca de los programas de adiestramiento para los funcionarios de la Fuerza Pública.

<> Este artículo se publicó el 29  de septiembre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.