Reino de Dios

La opinión del Abogado….

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GABRIEL D. ROSANÍA VILLAVERDE

¿Quién quiere ir al cielo?, muchos dicen “yo”, pero, ¿quién quiere morir?, “sin comentarios”.  Un sabio pensador dijo que los seres humanos son ellos más sus circunstancias, pero, ¿qué sentido tiene asirnos de lo que no podemos controlar?

Nos desenvolvemos en el ámbito espiritual y el material, pero, no hacemos los equilibrios correspondientes. Múltiples textos sagrados describen el pensamiento divino con respecto a la actitud y aptitud que debemos asumir con respecto a los bienes materiales, los cuales son temporales, depreciables e impredecibles.

No desconocemos que ostentamos el privilegio, necesidad y responsabilidad de administrar y disfrutar los bienes materiales, pero, más que esto, debemos administrarnos a nosotros mismos. (“ ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ”). Hay que descifrar y redescubrir el mensaje del pesebre, y de la vida austera, muerte y resurrección de Jesús.

Surge la siguiente interrogante: ¿Cuál es el significado y alcance del “ Reino de Dios ”? Los bienes materiales son consecuencia de este Reino, pero no son su causa ni su fin. Jesucristo, en la antesala de su crucifixión, al hablar con el prefecto romano Pontivs Pilatvs, dijo “ mi Reino no es de este mundo ”.

Estas palabras, más que un recuento literario o religioso, tienen una aplicación diferente al consumismo, mercantilismo, utilitarismo y especulación de la sociedad postmodernista y sincretista.

“ Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ”, es decir, Dios no cambia. La Palabra Suprema dice “ cielo y tierra pasarán, más las palabras del Señor no pasarán ”.   El Libro Divino afirma que la tierra será transformada de la corrupción y el “ sin sentido ” moral, espiritual y natural a la que está sometida.

“ La naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios ”. ¿Cuándo comenzó esta manifestación? Ya comenzó desde el día en que adoptamos la cosmovisión divina como nuestra, pero, lo que se espera, para hacerla gloriosa de verdad, es el retorno a la tierra del Maestro Divino.

¿Cuál es o debe ser la prioridad de los seguidores de Jesús? “ Id y haced discípulos ”, “ hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios ”, “ arrepentimiento y conversión ”, “ temer a Dios y guardar sus mandamientos ”, “ visitar a las viudas y huérfanos, y abstenernos de toda especie de mal ”, “ creer en Dios de verdad para que fluyan los milagros, señales y prodigios ”, y la suma de todo: “ Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo ”.

La lista de ordenanzas, principios y mandamientos de Dios, vista en un sentido holístico, es suficientemente clara en lo que respecta a lo que debemos hacer, cuándo, dónde y cómo. “ Busca primero el Reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas ”.

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Publicado el 3 de marzo de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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¿Ejecutivo o Procuraduría?

La opinión del Jurista y Locutor….

GABRIEL D. ROSANÍA VILLAVERDE

El Ejecutivo fue calificado, por sus pocos detractores naturales y oficiosos, como violador de la Constitución Política de la República, antes y después del nombramiento, ratificación y publicación en Gaceta Oficial de Giuseppe Bonissi como procurador general suplente de la Nación, a pesar de que es un hecho jurídico innegable que la Constitución faculta al Consejo de Gabinete para nombrar a los procuradores y a sus suplentes.

No cabe la menor duda de que quienes elaboraron, decretaron y compilaron la Constitución con todas sus reformas, incluyendo del año 2004, crearon un conflicto jurídico, porque los procuradores también tienen la facultad constitucional de designar a sus sustitutos.

Es difícil esbozar un análisis objetivo con respecto a esta situación en medio del fuego cruzado de opiniones y controversias que se ha generado en torno a este tema.

Sin embargo, en atención a mis valores, formación profesional y experiencia como facilitador de derecho constitucional y derecho administrativo universitario, no puedo dejar de apelar a la promoción y defensa de los derechos humanos, lo que incluye la observancia de las garantías legales y constitucionales.

La crisis del Ministerio Público fue generada por un proceso seguido contra un ex fiscal, al cual supuestamente se le comprobó que pidió y recibió beneficios para aplicar una medida cautelar menos severa. No he visto el expediente de este caso, pero, recopilando lo divulgado por los medios de comunicación, entiendo que una resolución de la procuradora Ana Matilde Gómez fue el fundamento para escuchar una conversación telefónica autorizada por quienes se sentían afectados por una supuesta concusión.

Ahora bien, en la Facultad de Derecho aprendí que una norma tiene carácter vinculante, mientras que no sea derogada por otra norma de igual o mayor jerarquía o mientras no sea declarada ilegal o inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. También aprendí que en materia penal prevalece la ley más favorable al reo.

Lo cierto es que el precedente sentado por la Corte en el Caso Sáez-Gómez será la plataforma de despegue de nuevos procesos penales por ocasión de fallos de inconstitucionalidad o ilegalidad.

No aplaudo la supuesta extralimitación de la procuradora general de la Nación ni la supuesta concusión del referido ex fiscal. No obstante, confío en Dios en que los llamados a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y la Ley se asesorarán de notables y eruditos, para que en todo tiempo prevalezca la razón y la verdad jurídica, porque sin justicia y sin equilibrio social no hay paz.

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Artículo publicado el 8 de febrero de 2009 en el Diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La justicia a prueba

La opinión del  Abogado y Locutor……

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GABRIEL D. ROSANÍA V.

La administración de justicia, tanto ordinaria como administrativa, parece requerir cambios urgentes, que deben ser la consecuencia de la metamorfosis de las mentes y corazones de los habitantes, es decir, menos vicios, antivalores y corruptela social, como prioridad, y como segunda instancia, un cambio total en la Constitución Política y Ordenamiento Jurídico Patrio.

El sistema jurídico está secuestrado por los “ tecnicismos legales ” y la mal interpretada “ seguridad jurídica ”.  No desconozco la necesidad del debido proceso, como tampoco pretendo que se endurezca este sistema por el mero prurito de castigar, sino más bien que sea lo menos vulnerable posible.

En las últimas semanas, los medios se han enfocado en un ex presidente, al que un fiscal le ha aplicado medidas cautelares por supuesto blanqueo de capitales, y en una procuradora, a la que otro procurador le sigue un proceso por supuesto abuso de autoridad.

Al margen de la verdad material y procesal que reposa en los respectivos expedientes, ambos sindicados han despertado toda clase de opiniones, alegaciones y rumores.   Sin embargo, más allá de la morbosidad, cabe precisar que cada caso es diferente y tiene sus propias connotaciones. No se pueden soslayar los principios y garantías legales y constitucionales ni adelantarse a los resultados finales de las investigaciones, solo por subjetivismos, suspicacias y malquerencias.

Muy pocos son los casos, por no decir ninguno, en los que se han visto procesados funcionarios y ex funcionarios de alta jerarquía.   No obstante, parece que el respeto real por la juridicidad que habíamos escuchado de otros países ha comenzado a florecer en Panamá.

El escenario actual es positivo, pues, pone a prueba la vocación institucional, justicialista y democrática de Panamá. No debemos hacer bandos, sino más bien apoyar al sistema de justicia para que éste, en derecho, imparcialidad, veracidad, sabiduría y prudencia investigue y sancione a quienes en realidad han violado la Ley, sabiendo siempre que “ es y será mejor un culpable libre que un inocente preso ”.

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Publicado el  19  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

EDUCACIÓN

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EDUCACIÓN

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Por Gabriel D’Annunzio Rosanía Villaverde – Abogado y Locutor
gadarovi@gmail.com

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Es una vanidad pensar, decir o aseverar que el tiempo pretérito es mejor que el tiempo presente, porque cada época tiene sus propias características, sin embargo, es posible reconocer que la actual instrucción pública es una tragedia, porque muchos docentes están lejos de los ideales, valores, ejecutorias y conducta de los forjadores de la educación panameña.

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La periodista colonense Lucinda Molinar, la cual es un testimonio de superación personal y promotora de la justicia social, tiene un reto enorme como Ministra de Educación del Gobierno del Cambio. Sobre su designación, tuve una conversación con mi madre, que es de la vieja guardia educativa y la mejor profesora de español que conozco. En esta interesante charla no faltaron las reflexiones acerca de los educadores del pasado en contraste con los educadores del presente, y por supuesto las grandes expectativas que se tienen sobre cómo se desempeñará la prenombrada periodista. En términos generales, somos muy optimistas, ya que resulta titánico cambiar a una institución gubernamental que no es más que el reflejo de una sociedad decadente.

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El Ministerio de Educación es un ente abarcador. Su complejidad y los desaciertos de las administraciones pasadas lo han llevado al colapso. Urge la transformación de esta institución en por lo menos cuatro nuevos entes autónomos que atiendan por separado las siguientes áreas, a saber: Primaria, Secundaria, Vocacional e Infraestructuras. Lo más seguro es que tengan que incluir en este proceso al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y cualesquiera otros similares, que en cierta medida compiten con el Ministerio de Educación, situación que aumenta costos, recursos y esfuerzos.
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Macroscópicamente no se ven los resultados de la inversión social, ya que los indicadores sociales regionales y mundiales presentan a nuestro país con bajos perfiles en materia educativa. ¿En qué gastaron el dinero?

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No obviamos la necesidad del orden político y social, no obstante, el mejor resultado no radicará en movidas administrativas o partidistas, sino más bien en la promoción e implementación de una educación integral, en la que participen eficazmente los padres de familia, así como también las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, en el proceso enseñanza-aprendizaje impartido en los centros educativos. Enfatizo que esta “educación integral”, para que tenga sentido y arroje buenos resultados, no puede ni debe estar divorciada de los valores morales, espirituales y cívicos.

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Enviado el 24 de julio de 2009 a Panaletras por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde. Este artículo fue publicado el 25 de julio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, con el título “Reflexiones sobre la Educación Nacional.”

RUMBO AL CAMBIO

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RUMBO AL CAMBIO

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Por Gabriel D’Annunzio Rosanía Villaverde – Abogado y Locutor
gadarovi@gmail.com

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El arribo de Martín Torrijos y Juan Navarro como líderes del PRD, les ganó el apoyo de muchas personas en 1999 y 2004, respectivamente, ya que éstos no estuvieron vinculados directamente a los abusos y desaciertos del pasado. Pero, la criminalidad, la corrupción, las destituciones de funcionarios honestos y probos, la falta de acciones dirigidas a reestructurar jurídicamente al Estado, el libertinaje y acoso sexuales de ciertos dignatarios, la aprobación de leyes y otras normas favorecedoras de intereses creados, la ausencia de la consulta ciudadana, etc., hizo que el colectivo de “más empleo, más seguridad y cero corrupción” perdiese credibilidad y el apoyo de miles de sus miembros y simpatizantes, traducidos en una derrota estrepitosa en la elección del tres de mayo de dos mil nueve. ¿Y qué decir de todas las amenazas y diatribas que lanzaron contra aquellos que decidimos no apoyar la propuesta BH09, y la “pelea de canes y felinos” por el poder interno del referido colectivo?

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Los resultados del tres de mayo, son alegría para unos y confusión para otros. Los que apoyaron las candidaturas de los perdedores no tomaron el tiempo para basar su análisis previamente en las reglas básicas de las ciencias políticas y sociales. Algunos de los perdedores, que fueron parte del gobierno, entiéndase ejecutivo, legislativo y municipal, sufrieron desgaste, mintieron y fueron corruptos, sin menoscabo de que muchos tienen historias de sinsabores que a la mayoría del electorado no le gusta, y si esos aspirantes no quieren entender, se seguirán estrellando. Ahora bien, muchos candidatos honorables y decentes no lograron el triunfo debido a que el sistema jurídico electoral no cuenta con una serie de mecanismos que depuren el proceso eleccionario.

La permisividad de las reglas electorales favorece la ilegitimidad y la inmoralidad, por lo que debe imponerse un sistema de precalificación basada en méritos y el “voto de un elector por un candidato”. Muchos ganaron gracias a promesas y obsequios debido a un pueblo que aún no entiende el significado de votar con la conciencia.

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Al igual que muchos, hago votos para que la propuesta de Ricardo Martinelli, que apoyé con mi voto en la mesa que me tocó en el Colegio Pureza de María, y que lo hice también motivando a mis conocidos, familiares y amistades, y como escritor de opinión, locutor y miembro del “Proyecto 359-Abogados por el Cambio”, y que seguiré apoyando, sea cumplida.

Sin embargo, es necesario que se incorporen otros elementos básicos para una correcta administración gubernamental, ya que se necesita el cambio de las reglas anacrónicas, obsoletas y corruptoras que existen. Además del arduo trabajo de transición y de los primeros cien días de gobierno, es menester recordar los postulados de las ciencias que mencioné, en el sentido de que en breve podemos estar acorralados por las trampas jurídicas que no permiten el desarrollo integral. No se trata de que suba al poder o no una determinada persona o colectivo político, sino de que el pueblo reciba, en grados satisfactorios, salud, vivienda, trabajo, seguridad, equidad, riquezas, justicia, educación y una nueva constitución.

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Enviado el 24 de julio de 2009 a Panaletras por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

MODELO MUNICIPAL

La opinión del Abogado y Locutor…

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Gabriel D’Annunzio Rosanía Villaverde

Las noticias corrieron anunciando cambios, destituciones y crisis en varios municipios del país. Los especialistas en ciencias sociales, sicológicas, económicas, religiosas y morales, que han analizado la situación de algunos de estos municipios, coinciden en que del 1º de julio de 2009 hacia atrás, al menos en treinta años, en sus pasillos, oficinas y salones ha gravitado maldad, inmoralidad, desidia, insensatez, aviesidad, escándalos, desgreños, insulsez y chantajes. ¿Cómo se explica que algunas ciudades con los mejores sitiales históricos, económicos y fiscales del país se encuentren en atolladeros?

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La respuesta es simple y a la vez compleja. El problema radica en la gente, sus costumbres, valores y cosmovisión, porque un pueblo que tiene convicciones fuertes y honestas no escogería de tiempo en tiempo a funcionarios que para llegar a los puestos públicos prometen falsedades y compran conciencias. Más que censurar a los gobernantes, debemos censurarnos a nosotros mismos, porque éstos no son más que el reflejo de la sociedad.

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El modelo municipal, que no es más que nuestra herencia del período español, tiene gran aplicabilidad en lugares en los que existe madurez política, aunque el mayor énfasis es para aquellas naciones de vastas cantidades de población y territorio, como por ejemplo Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Venezuela y otras, ya que las respuestas que los gobiernos nacionales de estos países darían a sus regiones sería un asunto de no acabar si se basasen exclusivamente en un sistema centralizado.

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En los países de poca población y territorio como Panamá sinceramente no se justifica el sistema municipal, ya que el diagnóstico histórico, económico y jurídico demuestra que la mayoría de sus municipios no son rentables, y porque quienes los han regentado no cuentan con los mejores perfiles morales, académicos y administrativos. ¿Se han invertido millones para abultar las planillas con amiguitos, amantes, copartidarios y botellas? ¿Qué de la justicia y la educación? ¿Y las inversiones sociales? ¿Dónde ponemos la justicia, equidad y reivindicaciones sociales? Como podremos apercibirnos, el asunto va más allá de gritar “viva fulanito de tal”, es más que hacer un espectáculo circense por parte de aquellos que se resisten porque se les ha trastocado sus “conquistas” o se han removido los cimientos de sus bastiones politiqueros.

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Nuestro país requiere una reforma integral, especialmente en el significado y alcance del sistema municipal. La descentralización debe estar enmarcada a nivel provincial, es decir, que los gobernadores puedan ser escogidos mediante votación popular y que entre sus facultades esté el designar a los alcaldes y demás funcionarios que tendrán como meta la administración de los bienes y recursos de las regiones que lleguen a representar, dejando algunas de sus facultades a otros entes, como por ejemplo, la justicia administrativa la cual no puede seguir estando en manos de quienes siempre tienen la tentación de aplicarla por intereses creados y simpatías personales. Ahora bien, esta reforma sería un fracaso si no va de la mano con un cambio en el resto de las estructuras morales, espirituales, sociales, económicas, políticas, administrativas y electorales del país.

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Enviado el 24 de julio de 2009 a Panaletras por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde.

¿SHOW MEDIÁTICO?

¿SHOW MEDIÁTICO?

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Por Gabriel D’Annunzio Rosanía Villaverde – Abogado y Locutor
gadarovi@gmail.com

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Las actuaciones del Gobierno del Cambio, en pro de recuperar terrenos estatales rellenados y ocupados ilegalmente, han sido calificadas como “show mediático” por parte de los insulsos y aviesos que no cumplieron su promesa de “más empleo, más seguridad, cero corrupción”.

Los “juega vivo” no entienden que lo más importante es la observancia de la Constitución, la Ley, la Moral y las Buenas Costumbres. Viendo las cosas desde un punto de vista positivo, no nos cabe duda de que “los canes ladran, señal que cabalgamos”. Nuestro Presidente tiene las mejores intenciones de hacer una buena gestión de gobierno en base al precepto constitucional que dice que es deber de los funcionarios públicos “cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley”. ¿Los detractores del gobierno no entienden el alcance y significado de este precepto?

Por ocasión de una iniciativa jurídica a favor del Estado, cierto amigo me dijo que no se quería meter en pelea de elefantes, refiriéndose a las acciones del Mandatario en contra de las empresas que han ocupado ilegalmente terrenos del Estado. Entendí su inquietud, pero es menester tener claro que no se trata más que recuperar bienes y derechos que, por desidia de unos y sinvergüencería de otros, se habían perdido en perjuicio del pueblo panameño.

La justicia, el respeto y la equidad deben estar por encima de disposiciones hechas a la medida de aquellos que han tenido como estilo de vida el aprovechamiento desmedido de las bondades de nuestro maravilloso país. Me causa náusea e indignación que unos se mueran por indigestión mientras que otros se mueren de hambre.

Sin menoscabo de que las ocupaciones ilegales de terrenos del Estado deben ser investigadas y sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el Código Penal y la Legislación Ambiental, considero oportuno citar una normativa que fundamenta el accionar presidencial y de su gabinete.

El artículo 1-A de la Ley 35 de 1963, adicionado por el artículo 17 de la Ley No. 36 de 1995, en concordancia con la Ley No. 97 de 1998, dispone que la ocupación y utilización de las playas, riberas y fondos del mar sin la autorización expresa del Ministerio Economía y Finanzas o de la Autoridad Marítima de Panamá, según corresponda, o sin la formalización del contrato de concesión, será sancionada con multa equivalente a cinco veces el valor del área ocupada, según avalúo conforme lo dispone el Código Fiscal, sin que ningún caso pueda ser inferior a los cinco mil balboas.

Estas instituciones, de acuerdo a la normativa citada, tienen la potestad de ordenar la demolición de las obras realizadas en los bienes antes expresados, restaurándolos a su condición original, o arrendarlos a sus ocupantes, según convenga a los intereses públicos.

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Enviado el 24 de julio de 2009 a Panaletras por el autor, a quien damos todo el crédito que le corresponde.