De la violencia política a la violencia social

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La opinión de….

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SEVERINO  MEJÍA

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De la violencia política a la violencia social

Según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 presentado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo; vive una situación muy explosiva en términos delincuenciales, donde los homicidios, la violencia intrafamiliar, el tráfico de drogas y la presencia del crimen organizado son una constante.

Sólo hay que ver las cifras estadísticas logradas de la investigación del PNUD (33 homicidios por cada 100 mil habitantes) para tener una idea del tamaño del problema. Los homicidios son cuatro veces más del promedio global (nueve por cada 100 mil habitantes).

Las inseguridades ciudadanas se han convertido en la nueva amenaza que ronda en nuestro entorno. Centroamérica está viviendo una guerra civil no declarada.   Parece que la tasa de homicidios de la región supera a Brasil o México, dos de las potencias emergentes del hemisferio.

Las naciones con mayor carga de homicidios sobre sus sociedades son Honduras, El Salvador y Guatemala, que en el pasado tuvieron muy marcados por la violencia, guerrillas y golpes de Estados. ¿Cuánto representa esto a la economía de la región? Según el Banco Interamericano de Desarrolllo (BID), el fenómeno representa el 7.7% del producto interno bruto (PIB). En toda América Latina, el 14.2% del PIB.

De las décadas de 1970 y 1980 a la actualidad, Centroamérica ha transitado de un conflicto interno a una pacificación relativa, aparente o virtual, pues el conflicto armado ha pasado la posta a una delincuencia rampante que ha dejado, del año 2000 al 2008, 79 mil víctimas de homicidios, superior al conflicto armado de Vietnam, con más 58 mil bajas, en 10 años de guerra en esa región del sudeste asiático.

Sin embargo, es bueno hacer un repaso de lo que fue la guerra civil más visible en Centroamérica: El Salvador.   La guerra civil en ese país fue un conflicto bélico interno, en el que se enfrentaron las Fuerzas Armadas (FAES) contra las fuerzas irregulares e insurgentes denominadas el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional).   Este conflicto armado nunca se declaró oficialmente y tuvo un período de 12 años, iniciándose en 1980. El inicio del conflicto tuvo sus antecedentes desde la década de 1970 con gobiernos militares que agudizaron la crisis política y social de ese país.

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75 mil muertos y desaparecidos. El conflicto armado concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con la firma de un acuerdo de paz, en la que Panamá jugó un papel preponderante en la conformación del Grupo de Contadora que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.

Las sociedades de los países pertenecientes al triángulo del norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, no han terminado de procesar las vivencias de los antiguos conflictos internos, porque la violencia urbana del presente los ha relevado de manera inmediata. No ha habido una paz duradera porque los procesos políticos de la región siempre estuvieron casados con enfrentamientos armados.

Costa Rica y Panamá han sido los dos únicos países del área que no han tenido conflictos internos de esas magnitudes, sin embargo sufren el embate de la delincuencia, no importa sus particularidades, tasas y respuestas gubernamentales.

Como país, debemos abocarnos a institucionalizar la política criminológica trabajada por la sociedad civil para potenciar la prevención. Sale más barato prevenir ahora, que la cura del problema, mañana.

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Publicado el 14 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

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Combatir el crimen organizado……..

La opinión de…..

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Severino Mejía

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Combatir el crimen organizado……..

Siempre he tenido mis dudas en manifestar si en Panamá realmente existe el crimen organizado como tal.   Dudas que surgen analizando las organizaciones criminales de otros países, con estructuras complejas y vastos recursos económicos que les permite corromper a los funcionarios, con la capacidad de adquirir medios tecnológicos y disponer de armamentos sofisticados que compiten con las dotaciones orgánicas de las fuerzas armadas, no así de la Policía Nacional.

El crimen organizado se ha extendido en toda la región y es difícil que los países puedan manejarlo aisladamente, esto hizo que la comunidad internacional uniera esfuerzos mediante una convención internacional para fortalecer la cooperación entre los países y dar el apoyo necesario a las autoridades de cumplimiento de la ley.

Es así que en Palermo, Italia, se realizó en 2002 la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, como un mecanismo de cooperación para prevenir y enfrentar las redes criminales internacionales, de forma armónica, coherente y bajo el concepto de la confianza mutua.

La convención de Palermo definió como “grupo delictivo organizado” aquel integrado por tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a dicha convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Esta definición nos lleva a preguntar si las pandillas locales se pueden calificar como grupos delictivos organizados. Creo que no. Aunque están estructuradas en grupos de más de tres personas, sus actividades criminales responden a las conductas individuales de cada uno de sus miembros. Si un pandillero comete un asalto a mano armada, ¿el producto de ese delito es entregado al líder pandillero o se queda como patrimonio propio del que cometió el delito? Son preguntas que obligan a profundizar en el tema.

A mi juicio, los grupos criminales en Panamá, lejos de estar estructurados como grupos delictivos organizados, son elementos de apoyo o grupos operativos subordinados a grupos externos, en este caso, a carteles de las drogas de México y Colombia. Se trata de delincuentes comunes que trabajan para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, de personas y armas.

Esta relación simbiótica al principio, se puede ver trastocada cuando los grupos delictivos locales quieren tener mayores controles que les generen ganancias superiores de las que les generan ser “servidores” de sus mayores. Es así que se dan los llamados “tumbes”, que no son más que robarle a los narcotraficantes las drogas para recomercializarlas. La respuesta a esta osadía se traduce en represalias que desencadenan las ejecuciones que vemos diariamente en los medios. La mayoría de las veces, estas represalias afectan a personas inocentes que no tienen que ver con los hechos criminales, pero en algunos casos sí afectan a quienes tienen una relación de consanguinidad o de afinidad con los involucrados en esas actividades delictivas.

Las ejecuciones tienen variantes. Algunas responden a viejas rencillas y venganzas comunes entre pandilleros; otras, de mayor magnitud, se hacen por encargo, es decir, la ejecución a cambio de dinero o droga. Es aquí donde se refuerza la tesis de que nuestros delincuentes locales son contratados para cometer actos de sicariato. No son de la “familia”, son asalariados que por un monto de dinero asesinan a los blancos seleccionados por las organizaciones criminales.

El que nuestro país no tenga organizaciones criminales, que puedan en el futuro internacionalizar sus actividades delictivas, no significa que debamos bajar la guardia. Aplicar con eficiencia la prevención, como el mejor antídoto para la lucha contra la criminalidad, es la manera más efectiva de inhibir el desarrollo de grupos criminales altamente organizados. Debemos recordar que las actividades del narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas, entre otros, propician la creación y desarrollo de grupos criminales por los altos ingresos que implican estas actividades delictivas.

Frente a este panorama impulsemos un a política criminológica y de seguridad ciudadana. Pasemos de los hechos a la acción.

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Publicado el 17 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Apuesta por la cultura de la legalidad

Apuesta por la cultura de la legalidad

La opinión de…

Severino Mejía

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Panamá es un país con muchas leyes, sin embargo hay una costumbre generalizada de evadirlas o incumplirlas.  El ejemplo más palpable lo vemos en el Reglamento de Tránsito.  A diario se viola, no importa si son peatones, conductores particulares o del transporte público.

La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral de las leyes, previamente escritas y aceptadas, por la sociedad en un documento oficial. Al no existir una cultura de la legalidad, entonces, es fácil deducir que las acciones criminales serían una constante, donde el imperio de la ley estaría ausente.

Si queremos combatir el crimen, debemos empezar a fortalecer la cultura de la legalidad, empezando desde la edad más temprana. La educación sería el facilitador para ir fomentando el respeto a las leyes de tal forma que los operadores de justicia y las autoridades no se vean forzados a reprimir para exigir el cumplimiento de la misma. En la medida que inculquemos a nuestros jóvenes el significado de un estado de derecho, que lo diferencia de un gobierno autoritario, crearemos personas respetuosas de las leyes. Si bien es cierto que la lucha contra el incremento de la criminalidad en Panamá lo lleva como punta de lanza las acciones de la Policía Nacional, debemos también fortalecer los aspectos regulatorios, la impartición de justicia y la educación.

Panamá debe aprender de experiencias de otros países para aplicarlas en nuestra sociedad, con la participación ciudadana que es parte fundamental. Si los enfoques regulatorios van acompañados de una cultura o política que apoye el estado de derecho, sería un golpe de timón con resultados visibles. El que violenta la ley no solo sería señalado por las normas regulatorias sino también por la sociedad.

En nuestro país se ha empezado con la fuerza pública, que como autoridad de cumplimiento de la Ley debe seguir a cabalidad con el mandato constitucional de proteger la vida, bienes y honra de todos los asociados. Pero esto no basta. Todos, sin excepción, debemos ser parte de esta transformación. Una sociedad bien preparada sobre la cultura de la legalidad llevará a un Estado a reducir costos en la inversión de sistemas penitenciarios o sistema masivos de impartición de justicia o penal.

Ahora, ¿es posible cambiar nuestra cultura? Claro que sí, ha funcionado en regiones tan disímiles que no veo por qué no pueda funcionar en Panamá. Sí, puede ser posible y quizás en un periodo de tiempo corto. Lo importante es arrancar.

La idea no es que el Gobierno imponga la ley sino que la sociedad simpatice con la observancia de la ley, más cuando ella participa en la elaboración e implementación de la misma. En la medida que la cultura de la legalidad se afinque en la mente del panameño, así mismo también vamos fortaleciendo el Estado de derecho.

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Publicado el 4 de septiembre de  2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

La seguridad es prevención

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La seguridad es prevención
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Severino Mejía

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La delincuencia está creciendo en nuestro país. Tiende a ampliarse, y cobra fuerza, es osada y compleja. Por lo anterior, se convierte en una real amenaza, cual pandemia, que debe ser tratada con los antibióticos necesarios.

Debido a esto crea un estado de terror y se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo del país.

He manifestado anteriormente que para enfrentar los problemas de inseguridad, se precisa más que una receta. Por muchos años se ha vendido la idea de que el papel protagónico en la lucha contra la criminalidad la debe jugar la Policía Nacional (PN), como si eso fuese suficiente para resolver el problema de fondo.

La sociedad panameña está harta de la delincuencia rampante y pide a gritos respuestas inmediatas, la misma no se va a garantizar únicamente con las acciones coercitivas de la PN.

Debemos atajar las intenciones criminales desde un principio, con medidas preventivas que se constituyan en políticas de Estado. En el otro extremo, resocialización del inadaptado social, que es privado de su libertad para que no dañe o afecte a los ciudadanos.

La verdadera prevención debe partir del estudio genético de la delincuencia, del conocimiento de sus determinantes sociales, para que esa aproximación cognitiva sirva de referente en la concepción y aplicación de una intervención dinámica y positiva que neutralice las raíces de la delincuencia, las cuales se manifiestan principalmente en el contexto comunitario.

La ejecución de una prevención criminológica como forma importante en la lucha contra la criminalidad permite la disminución del crimen sin esperar a que el mismo se manifieste. En pocas palabras, no basta solo con reprimir el crimen, hay que prevenirlo. Los programas deben sostenerse en el tiempo y no en periodos limitados. Soy de la idea que el Estado debería estar monitorizando permanentemente el estado de salud de las familias más expuestas, sobre todo aquellas donde haya jóvenes en riesgos de ser absorbidos por las pandillas.

Parte fundamental del problemas son las deserciones escolares, y esta tarea le corresponde más bien a los padres.

La inseguridad también es uno de los grandes problemas de América Latina. Y no se trata solo de una sensación. Lo confirman los índices de homicidios, que se han duplicado desde 1980 hasta alcanzar hoy niveles epidémicos.

La clásica respuesta basada en los enfoques policiales y represivos conocidos como “mano dura” no han dado los resultados esperados, a pesar de su popularidad. Hay una guerra civil no declarada en nuestros países donde los muertos superan los caídos en combate en el conflicto de Vietnam (más de 58 mil) en diez años. Esto es grave.

Por eso, insisto en que debemos pasar de una idea a la acción en el concepto de la prevención.

La sociedad en su conjunto es parte importante en el esfuerzo, sin embargo, el Estado la absorbe por un doble derecho-deber, esto es por una función: la de prevenir y luego, si esta fracasa, castigar.

Mientras se adolezca de procedimientos y políticas de seguridad y criminológicas, estaremos actuando de forma reactiva y desordenada. Cada cinco años los gobiernos imponen su librito, carente de estudios profundos.

No hay duda de que los programas de prevención requieren de una gran movilidad de recursos, pero bien lo valen, la ciudadanía necesita tener confianza en el Estado.

Mi propuesta es que se cree un Centro de Prevención del Delito, como lo tiene Naciones Unidas pero a nivel doméstico. En la medida que la prevención detenga las posibilidades de que se cometa un delito, evitamos que las cárceles se llenen cada día.

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Publicado el 16 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.