Oportunidad de oro para el panameñismo

La opinión de…

 

Carlos E. Rangel Martín

La bestial represión a los trabajadores en Changuinola el pasado mes de julio, ejecutada por unidades escogidas de la Policía Nacional siguiendo órdenes directas de nuestros más encumbrados gobernantes, y la pavorosa quema de reclusos a principios del presente año, festejada por otras unidades policíacas, son responsabilidad principal de esos gobernantes, debido a sus componendas legales para, aparentemente, ganarse el apoyo incondicional de la Policía Nacional en cualquier situación.

Esta desgracia probablemente no puede ser mayor:   Primero, por el creciente malcontento de multitud de panameños serios y trabajadores, cansados de gobernantes principalmente interesados en servirse de nuestro país para satisfacer ansias personales de poder y riqueza.

Segundo, porque la imposición de disparatados negociados multimillonarios que nos endeudarían o perjudicarían indefinidamente, como lo son la compra de los corredores y la minería a cielo abierto en nuestro frágil clima tropical, contribuiría a que otros funcionarios emularan a sus superiores y buscaran el enriquecimiento a como diera lugar, sin valorar la importancia social y la satisfacción personal de servir y respetar, sin distinción alguna, a todos sus conciudadanos.

Tercero, porque, como señala la jerarquía de nuestra Iglesia católica, esta deprimente conducta gubernamental a largo plazo solo contribuiría a aumentar la violencia y a que cayéramos en manos de improvisadores líderes populistas, quienes le traerían mayores sufrimientos al pueblo, como está sucediendo en la hermana República de Venezuela; porque se equivocan completamente quienes crean que los partidarios de una dictadura marxista se quedarán de brazos cruzados indefinidamente ante un río completamente revuelto por tantas arbitrariedades.

Lamentablemente, la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se encuentra mayoritariamente en manos de personas que apoyaron la dictadura norieguista y quienes no admiten que, por esa misma razón, sus recientes candidatos presidenciales oficiales fueron rechazados contundentemente en las elecciones y nunca lograrán ganar la confianza de las mayorías; aparte de que también rehusan aceptar que todo partido político que aspire a crecer o sobrevivir requiere de la continua formación y participación de nuevos y prometedores dirigentes.

Nuestro pueblo clama por partidos políticos serios, en los que priven la honestidad, el profesionalismo y la verdadera búsqueda del bienestar de las mayorías.

Desafortunadamente, la reciente trayectoria del Partido Panameñista, bajo la dirección de Juan Carlos Varela, ha sido la de un compañero de viaje que apoya a un “Cambio Democrático” evidentemente demagógico, autoritario y cleptocrático. Sin embargo, de escoger un presidente de mayor seriedad, el panameñismo partiría por delante de otros partidos hacia una conversión al tipo de colectivo que la mayoría de los panameños apoyaría gustosamente.

De no imponerse esa meta, el panameñismo estaría en peligro de desaparecer prontamente, quizá antes que el partido personal del presidente, Ricardo Martinelli, porque por más que una empresa encuestadora local pregone la inalterable “popularidad” del primer mandatario, es imposible olvidar que, durante las primarias de las pasadas elecciones, la misma empresa encuestadora firmó un contrato con la candidata presidencial del PRD quien, sin que mediara explicación alguna, inmediatamente “aumentó de popularidad”.

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Este artículo se publicó el 5 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Los que siembran contaminación cosechan tragedias

La opinión del Jubilado del Cuerpo de Ingeniero de Estados Unidos…

Carlos E. Rangel Martín 

Es muy fácil echarle la culpa de las inundaciones a la madre naturaleza; pero la escueta realidad es que esa tragedia resulta principalmente del calentamiento global producto de la contaminación de la atmósfera, propiciada por políticas y leyes gubernamentales perjudiciales al medio ambiente, como las panameñas. 

Ya sea que culpen al “Niño” o a la “Niña”, si las temperaturas del aire y del mar aumentan, ello causará una mayor evaporación de las aguas, una mayor formación de nubes y lluvias más copiosas y continuas. Las potencias industriales son las mayores responsables de esta catástrofe pero, como pide la Declaración de Cancún, todos los países deben reducir 50% sus contaminantes, para resolver este problema mundial.

El tiempo dirá si nuestro actual gobierno es o no el más corrupto que hemos tenido en nuestra historia republicana, pero, desde el punto de vista ecológico, no cabe la menor duda que es el que más está perjudicando nuestro eco-sistema; y de ser el más perjudicial al medio ambiente a ser el más corrupto hay poco trecho.

Debemos suspender la instalación de nuevas plantas que consuman productos petroleros y, especialmente, las plantas que utilicen carbón como combustible porque, contrario a cualquier propaganda, son las que más contaminan.   Como también se acordó en Cancún, se deben descontinuar falsas soluciones, como las hidroeléctricas con embalses, porque estos contaminan con el gas metano producto de la descomposición de la flora sumergida en agua.

La generación eléctrica eólica (utilizando la fuerza del viento), es una nueva tecnología verde que es competitiva económicamente con la generación termoeléctrica y cuya aplicación es ideal para Panamá, debido al largo de sus costas, donde los vientos son más fuertes. Por esto mismo, la generación eólica costeña ha permitido que Irlanda planee exportar electricidad a otros países europeos.

Gamesa, fábrica española de turbinas eólicas, ha iniciado en México un proyecto para instalar plantas eólicas con una capacidad total de 324,000 kilovatios, equivalente a 20% de la capacidad máxima de Panamá. Y el gobierno chino incluso subsidia nuevas plantas eléctricas solares, aunque éstas todavía no sean competitivas, por sus costos iniciales, para reducir la contaminación.

Desafortunadamente, quizá por falta de actualización profesional o quizá por evitarse problemas con los altos mandatarios que deben estar enriqueciéndose con el negociado de la electricidad, nuestro ente regulador sigue permitiendo plantas eléctricas contaminantes.

Por otro lado, las minas a cielo abierto también contaminan las tierras y los ríos circundantes.   Por esto, los gobiernos de Costa Rica y de El Salvador han prohibido ese tipo de minería. Adicionalmente, a fines del pasado mes de noviembre, la Asamblea Plenaria del Secretariado Episcopal de América Central ha pedido a los parlamentos legislativos centroamericanos que, como mínimo, prohíban la minería de metales preciosos mediante el cianuro.

El novelista Vicente Blasco Ibáñez llamó a nuestro país “Panamá la Verde” y, como ya señaló nuestro arzobispo metropolitano, nuestro gobierno tiene la obligación moral de proteger esa riqueza natural para el beneficio de nuestros descendientes.

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Artículo publicado el  2  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Una mamá llamada Ramón?

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La opinión del Jubilado del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU…..

Carlos E. Rangel Martín

Dos vacas no pueden reproducirse. Dos caballos, tampoco. No pueden aparearse. Para ello tendrían que ser de distinto sexo y de la misma especie. Son cosas de la biología.   No son cosas de la cultura hitita, fenicia, maya, cristiana o musulmana. Definitivamente, no es un invento de la Iglesia católica.

Varios siglos antes que Jesús naciera en Belén de Judea, el Derecho Romano reconocía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer para crear una familia. La escueta realidad es que sólo una mujer, con la participación de un varón, puede tener hijos, que son la base de la familia.

El término “matrimonio” procede de la unión de dos palabras del Latín: el sustantivo “mater – matris” y el verbo “munio”. El sustantivo significa “madre” y el verbo significa “proteger”. Consiguientemente, el matrimonio consiste en la protección, por parte del padre, de la madre, que es la más importante y noble ocupación humana.

Cada término tiene su significado particular, y en Francia, por ejemplo, el acrónimo PACS denota un Pacto Civil de Solidaridad, que consiste en un contrato legal entre dos adultos, ya sean del mismo sexo o no, pero que desean compartir sus bienes igual que las parejas unidas por matrimonio, Por consiguiente, este PACS, cuya descripción aparece en http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/vos-droits-10062/le-pacte-civil-de-solidarite-10209/, no es un matrimonio, como equivocadamente han hecho ver algunas publicaciones locales.

Aún más, llamar “matrimonio” a un “contrato” entre personas del mismo sexo, no sólo denota un desconocimiento de las inconexas etimologías de esas palabras sino que, jurídicamente, es un disparate. Dicho contrato podrán llamarlo PACS, “homomonio”, “lesbimonio”, lo que quieran, menos matrimonio, porque este término ya fue inalterablemente definido hace mucho tiempo.

Nadie llama pastel de manzanas al que está hecho de fresas. Lo curioso es que, cuando uno rectifica los términos, algunos miran extrañados, como si no se reconociera la libertad de las personas. Y por más que uno diga que sí, que uno respeta la libertad individual, que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera, pero que el matrimonio tiene un significado inalterable, entonces van y lo llaman intolerante o irrespetuoso.

No sabemos lo que harán los legisladores a la hora de votar por propuestas semejantes, porque ellos son políticos, no juristas. Probablemente votarán según sus intereses políticos, no según el estricto Derecho. No obstante, de empezar a aprobar leyes absurdas, como una que intentara cambiar el significado del término “matrimonio”, estarían trastornando seriamente nuestro léxico legal y nuestro idioma; como sucedió en un lugar cuyo nombre me reservo, donde una profesora le preguntó a un alumno cómo se llamaba su madre y el niño contestó: “Mi mamá se llama Ramón”.

Nota: Este artículo incorpora y amplía un comentario que circula por la Internet, atribuido a José Carlos Areán, “supuestamente” Capellán del Real Club Celta de Vigo. Enfatizamos “supuestamente” porque nos fue imposible confirmar que ese sea el nombre del actual capellán de ese equipo del fútbol español.

 

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<> Este artículo se publicó el 23  de octubre de 2010  en el diario El Panamá América, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
Mas artículos del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/rangel-martin-carlos-e/

Volver a ser gente decente

La opinión de…

Carlos E. Rangel Martín 

A continuación presento varios pensamientos que he tenido en mente desde hace algún tiempo y que he fusionado con otros afines, hallados en un mensaje que me llegó por internet y cuyo autor desconozco: fuimos educados con sólidos principios morales.

Cuando éramos niños, los padres, tíos, abuelos, ancianos, profesores y funcionarios gubernamentales, generalmente, eran considerados personas dignas de respeto; y, cuanto más avanzados en edad, mayor consideración solíamos tenernos unos a otros. Teníamos miedo apenas de la oscuridad, de los ratones, de las historias de terror y del diablo. Éramos gente sencilla pero decente.

Hoy siento tristeza infinita por todo lo que hemos perdido, por lo que nuestros descendientes quizá nunca disfrutarán y por el temor en la mirada de muchos niños, adolescentes, adultos y ancianos.

¿Impunidad para funcionarios que despilfarran los fondos públicos? ¿Crecientes impuestos para las clases que más trabajan?   ¿Mandatarios que violentan el orden legal?  ¿Jueces que venden sus veredictos? ¿Criminales con derechos que prevalecen sobre los derechos de la sociedad? ¿Profesores libidinosos que acechan a sus alumnas? ¿Maestros serios amenazados por alumnos violentos? ¿Comerciantes honestos temerosos de ladrones y drogadictos? ¿Carceleros negociando escapes de presos? ¿Policías que disparan perdigones a la cara de trabajadores, queriendo evitar que protesten por graves injusticias? ¿Rejas en todas nuestras puertas y ventanas?   ¿Trato especial a buseros mafiosos, sin prestarle debida atención a sus víctimas? ¿Pantallas gigantes valoradas sobre enseñanzas escolares? ¿Teléfonos celulares preferidos sobre alimentos?   ¿Qué valores son éstos? ¿Qué pasó con nosotros?

¿De qué valen las promesas electoreras y las dádivas cuando la mayoría de nuestros gobernantes no tiene ningún sentido de la decencia ni de lo que significa ser “hombres de palabra”?   ¿De qué vale tener nuevos y costosos hospitales cuando escasean los médicos y las medicinas? ¿De qué vale tener abundante energía eléctrica si con ello contaminamos el aire que respiramos? ¿De qué vale tener minas si éstas deforestan nuestros bosques y envenenan a los peces en los ríos y el agua que tomamos? ¿De qué vale tener un Metro si cada vez que salimos a la calle nos arriesgamos a ser víctimas de delincuentes comunes, pandilleros y sicarios?   ¿De qué vale que la economía crezca si el dinero es acumulado por una minoría que exprime inmisericordemente a los pobres?

Igual que el pueblo israelita hace varios milenios, cuando Moisés por primera vez bajó del monte Sinaí portando las tablas de la ley, muchos han puesto su confianza en un dios falso, por mucho oro que tenga, igual como Alemania e Italia adoraron a Hitler y a Mussolini, y muchos venezolanos adoran a Chávez. Pero, de seguir así, tarde o temprano lo vamos a pagar caro, como ya lo hicimos un 20 de diciembre de 1989; no porque Dios nos envíe algún castigo, sino porque caminamos hacia un despeñadero social, pero nos resistimos a enderezar nuestro curso.

Por nuestro propio bienestar, es indispensable que volvamos a ser gente decente.

<> Este artículo se publicó el 24  de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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La Ley 30 contraría las enseñanzas sociales católicas

La opinión del Jubilado del Cuerpo de Ingenieros de E.E.U.U.…

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Carlos E. Rangel Martín

Primeramente citaremos las enseñanzas que el Papa Pío XI plasmó en su encíclica “Cuadragésimo Anno”, publicada el 15 de mayo de 1931, donde hace referencia a la obligatoriedad de las cuotas sindicales para los trabajadores que laboren en una empresa con un sindicato legalmente constituido, y que dice textualmente: “Inscribirse o no a un sindicato es potestativo de cada uno, y sólo en este sentido puede decirse libre un sindicato de esta índole, puesto que, por lo demás, son obligatorias no sólo la cuota sindical, sino también algunas otras peculiares aportaciones absolutamente para todos los miembros de cada oficio o profesión, sean éstos obreros o patronos, igual que todos están ligados por los contratos de trabajo estipulados por el sindicato jurídico.

La razón aparece en el artículo titulado “No Hacen Falta Explicaciones”, publicado el sábado 24 de julio de 2010 en este mismo diario, y puede resumirse en que, así como no es justo que una persona perciba beneficios del Estado Panameño sin aportar al fisco una porción, llamada “impuestos”, de sus ganancias locales, porque está en libertad de irse a trabajar a otro país que no le cobre impuestos, tampoco es justo que una persona reciba beneficios de un sindicato sin aportar la cuota al mismo, porque está en libertad de irse a trabajar a otra empresa que no tenga sindicato.

Esta enseñanza del Papa Pío XI es muy sabia porque deja en libertad al obrero para pedir que sea excluido de cualquier lista de “miembros del sindicato”, probablemente porque él piense que eso lo congraciará con algunos futuros patrones que no gusten de ninguna organización obrera. Esto último equivale a decir que una persona que trabaje en Panamá, queda en libertad de adquirir o declinar la ciudadanía panameña, dependiendo de sus preferencias;   pero de allí a decir que dicha persona queda libre de pagar impuestos al Estado Panameño, o de decir que un obrero que no pague las cuotas sindicales tiene derecho a los beneficios sindicales, constituiría un garrafal exabrupto.

Estas enseñanzas muy probablemente se originan en la que San Pablo escribió en el Versículo 10 del Capítulo 3 de su Segunda Carta a los Tesalonicenses, donde especificó inequívocamente: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma”; aparte de un dicho muy popular en algunos países de habla inglesa que reza: “No existe tal cosa como un almuerzo gratis”.

En cuanto a los patrones, ellos están en plena libertad de anunciar públicamente que sólo contratarán personas que no pertenezcan o nunca hayan pertenecido a algún sindicato, como aparentemente hacen algunos patrones en Panamá.   Pero, si la mayoría de esos trabajadores luego decidiera sindicalizarse para que los trataran con mayor justicia, no habría ningún juez imparcial en el mundo que se los impediría; porque, por más que ese patrono alegue que ellos le prometieron inmolarse antes que sindicalizarse, éste es un derecho inalienable que ninguna promesa de los obreros ni ningún contrato de trabajo puede anular.

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Este artículo se publicó el  6  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La ley 30 debió ceñirse a la doctrina social católica

La opinión de…

Carlos E. Rangel Martín

La encíclica “Cuadragésimo Anno”, publicada por el papa Pío XI el 15 de mayo de 1931, dice textualmente lo siguiente: “Inscribirse o no a un sindicato es potestativo de cada uno y sólo en este sentido puede decirse libre un sindicato de esta índole, puesto que, por lo demás, son obligatorias no sólo la cuota sindical, sino también algunas otras peculiares aportaciones absolutamente para todos los miembros de cada oficio o profesión…, igual que todos están ligados por los contratos de trabajo estipulados por el sindicato jurídico.

El razonamiento es muy sencillo: Así como sería injusto que una persona recibiera beneficios del Estado sin aportar al fisco una porción de sus ganancias, porque está en libertad de irse a trabajar a otro país que no le cobre impuestos, tampoco es justo que un trabajador reciba beneficios de sindicalista sin aportar la cuota del sindicato porque también está en libertad de irse a trabajar a otra empresa que no tenga sindicato. Además, para ser legal, un sindicato requiere que la mayoría de los trabajadores lo considere beneficioso y solicite su creación.

Esta enseñanza es realmente sabia porque, además, deja en libertad al trabajador de solicitar que su nombre sea excluido de cualquier lista de “miembros del sindicato”, cuando él no desee sindicalizarse, quizá para congraciarse con cualquier posible futuro patrono. Lo anterior equivale a decir que una persona que trabaje en Panamá queda en libertad de solicitar o no la ciudadanía panameña, dependiendo de sus intereses personales; pero de allí a decir que un extranjero que labore en Panamá no tenga obligación de pagar impuestos al Estado panameño, o de decir que todo trabajador tiene derecho a los beneficios sindicales, aunque no pague cuotas sindicales, constituye un exabrupto.

Al igual que un dicho muy popular en algunos países de habla inglesa que reza “No existe tal cosa como un almuerzo gratis”, estas enseñanzas católicas probablemente se remontan a lo que San Pablo señaló en el Versículo 10 del Capítulo 3 de su Segunda Carta a los Tesalonicenses, que dice textualmente: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma”.

Hay casos, como en las compañías automovilísticas estadounidenses, donde los poderosísimos sindicatos ciertamente han perjudicado la competitividad de sus empresas; pero en los países en vías de desarrollo los sindicatos mayormente protegen a los obreros de abusos como tener que trabajar hasta altas horas de la noche sin quejarse, bajo amenaza de despido.

Tal como algunos renombrados empresarios panameños suelen hacer, los patrones pueden contratar a personas que nunca hayan estado sindicalizadas o consideren innecesarios los sindicatos; pero, si la mayoría de estos trabajadores luego decidiera sindicalizarse para que los trataran dignamente no habría ningún juez imparcial en el mundo que se los impediría porque, por más que un patrono alegue que sus empleados le prometieron inmolarse antes que sindicalizarse, este es un derecho inalienable que ninguna promesa de ninguna persona ni ningún contrato de trabajo puede anular.

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Este artículo se publicó el 5 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Le tocará finalmente al pueblo?

“a falta de una mejor propuesta, la solución más democrática a esta crisis simplemente consiste en dejar el escogimiento del alcalde de Panamá en manos del pueblo.”  Esto y mas en la opinión de…

Carlos E. Rangel Martín 

La seria crisis capitalina de la basura constituye un grave peligro para la salud de sus habitantes, que a su vez refleja la descomunal crisis en que se encuentra nuestra Alcaldía capital; pero, a la vez, esta situación constituye otra oportunidad para que nuestro gobierno actúe en forma tal que su expresión “ahora le toca al pueblo” sea parte de una democracia más participativa y deje de ser considerada una cuña publicitaria con la que constantemente nos está bombardeando para tratar de manipular la opinión pública, a costa de mayores impuestos para las clases medias y bajas.

Sucede que el Dr. Miguel Antonio Bernal presentó una demanda ante la Corte Suprema, solicitando que se declare inconstitucional la resolución de la Asamblea que le rehabilita retroactivamente la ciudadanía panameña al Sr. Bosco Vallarino, actual alcalde de Panamá, por haber reconocido públicamente, antes de ser nombrado alcalde, que había renunciado a la ciudadanía panameña para recibir la ciudadanía estadounidense.   De modo que, si de veras le tocara al pueblo, el actual alcalde sería separado de su cargo y el Tribunal Electoral convocaría a nuevas elecciones, para las cuales la alianza de gobierno podría escoger un candidato que fuera realmente panameño.

El Juzgado Decimoséptimo Penal concedió un “sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal” por el delito contra del honor en perjuicio del Dr. Roberto Velásquez Abood, ex candidato a la Alcaldía de Panamá por parte del PRD; así que, si le tocara al pueblo, que anhela justicia igual para todos, el Dr. Velásquez también debería tener una segunda oportunidad para competir por la Alcaldía, siempre que su partido considerara conveniente respaldarlo.

Finalmente, si le tocara al pueblo, el Dr. Miguel Antonio Bernal también tendría otra oportunidad de correr para alcalde como candidato independiente; de modo que al menos tres panameños auténticos de los tres principales grupos políticos nacionales participarían en unas segundas elecciones que, por supuesto, incluiría a cualesquiera otros candidatos que compitieran anteriormente y desearan repetir.

Una alternativa distinta de escoger al alcalde sería por medio de puños y patadas entre los diferentes partidos políticos que integran el poder Ejecutivo, que ya tienen las manos y las patas metidas en numerosas decisiones que le tocan a otros poderes; quizá añadiendo al PRD, cuya mayoría en el Consejo Municipal no justifica que apoye solamente a un alcalde que sea partidario político suyo.

Pero esta alternativa probablemente serían más perjudicial que beneficiosa para las imágenes de los partidos políticos participando en dicha bronca.

Peor aun, de imponerse el poder Ejecutivo por la fuerza, su mensaje sería muy claro: “Ahora le toca al pueblo aguantarse a este régimen autoritario, así dependa del Presidente hasta para que le recojan la basura y para que le entreguen su placa vehicular.

Consiguientemente, a falta de una mejor propuesta, la solución más democrática a esta crisis simplemente consiste en dejar el escogimiento del alcalde de Panamá en manos del pueblo.

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Este artículo se publicó el 31 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Breve análisis de la Ley 30

La opinión de…

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Carlos E. Rangel Martín 

En relación con el Código del Trabajo, el Artículo 12 de la Ley 30 dice textualmente:  “El empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores en favor de un sindicato las cuotas sindicales… que éste establezca”; luego añade que: “El trabajador que desee pagar las cuotas sindicales… fijadas por su sindicato deberá pagarlas de manera voluntaria”.   Según los voceros gubernamentales, esto evitaría que algunos líderes sindicalistas se aprovechen de los trabajadores para, por ejemplo, poder gastarse hasta 100 mil dólares en vehículos todo  terreno.

¿Aceptaría el actual gobierno una ley que dijera: “El empleador no estará obligado a descontar a sus ciudadanos en favor del Gobierno nacional los impuestos que este establezca, y el ciudadano que desee pagar los impuestos fijados por el Gobierno deberá pagarlos de forma voluntaria”?

Esta ley evitaría que algunos funcionarios gubernamentales se hicieran millonarios con los impuestos que pagan los ciudadanos; y si alguien objetara que esta ley eliminaría al Gobierno, se le podría señalar que esta ley en ningún lado dice que se eliminará al Gobierno.

La realidad actual es que así como cualquier ciudadano que no quiera pagar impuestos en Panamá puede mudarse de país, cualquier trabajador panameño que no quiera pagar cuotas sindicales puede mudarse de empresa.

El Artículo 13 de la Ley 30 estipula: “La convención colectiva se aplicará a todas las personas que trabajan en las categorías comprendidas en la convención en la empresa… aunque no sean miembros del sindicato”.

¿Aceptaría el Gobierno otra ley que estipulara: “Los beneficios que proporciona el Gobierno se aplicarán a todas las personas que trabajen en las categorías comprendidas en el Gobierno… aunque no sean funcionarios del Gobierno?

Un artículo de opinión no tiene espacio para analizar toda la Ley 30 así que, saltando al Artículo 14, Ordinal 2, este señala:   “La huelga legal suspende los efectos de los contratos de los trabajadores que la declaren o se adhieran a ella”. En otras palabras, una huelga invalida el contrato entre los trabajadores y la empresa.   Se deduce que esto se aplicaría aun cuando la huelga fuera por el incumplimiento de dichos contratos por parte de la empresa.

El Artículo 14, Ordinal 2 dice: “El empleador podrá celebrar nuevos contratos para la reanudación de los servicios suspendidos, siempre que a juicio de la Dirección Regional o General de Trabajo sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a las maquinarias y elementos básicos”. En otras palabras, queda en manos del Ministerio de Trabajo decidir si la empresa puede contratar nuevos empleados, porque algunas carretillas pudieran oxidarse a causa de la huelga.

El Artículo 18 dice: “Las confederaciones y centrales de trabajadores y las federaciones sindicales no afiliadas a ninguna confederación o central constituirán el Consejo de Trabajadores de Panamá (Cotrapa)… cuyas funciones reglamentará el Órgano Ejecutivo, sin perjuicio de la reglamentación que, para su régimen interno, aprueben las organizaciones que lo integren”. Más adelante, este artículo añade: “Cotrapa, las confederaciones y las centrales de trabajadores y las federaciones sindicales elaborarán las ternas de las cuales el Órgano Ejecutivo designará los delegados obreros que asistirán a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo y a cualquier otro congreso o conferencia al cual el Estado deba enviar representación de los trabajadores”.

En otras palabras, las asociaciones de trabajadores podrán regirse por reglamentaciones propias solo para sus asuntos internos; para los asuntos externos, tanto las reglamentaciones como el escogimiento de los representantes de los obreros, el Presidente de la República tendrá la última palabra.

La pregunta al amable lector es: ¿Considera usted ecuánime la Ley 30?

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Este artículo se publicó el 19 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Señor vicepresidente, ahora o nunca

La opinión de….

Carlos E. Rangel

Las encuestan demuestran que, además del Presidente de Panamá y de su ministro de Seguridad, otra figura que se está desgastando es la del vicepresidente de la República; al extremo que algunos de sus copartidarios políticos han empezado a llamarlo “el mayordomo del Presidente”.

Desafortunadamente, Panamá necesita fortalecer su democracia después de 20 años de dictadura castrense producto, sobre todo y como ahora, de la inmadurez política imperante antes del golpe militar; y nuestro vicepresidente, incluso para su propio beneficio, es la figura en la mejor posición para proteger dicha democracia.

Aparentemente nuestro vicepresidente no se ha percatado del inmenso poder que tienen los diputados del partido que él dirige, porque ellos determinan qué bando tiene la mayoría de votos en la Asamblea Nacional, algo que decidirá si continuamos retrocediendo hacia los conflictos sociales y laborales de principios del siglo XX, o si avanzamos hacia un futuro de mayor respeto a la ley, de sosiego y de progreso económico sostenible.

Todo lo que el vicepresidente tiene que hacer es evaluar, con asesores capacitados y un criterio independiente, cada uno de los proyectos de ley que llega a la Asamblea, para apoyar solo aquellos que realmente beneficien al país.

De no cumplir con este deber, nuestro vicepresidente puede estar completamente seguro de que su futuro político será de todo, menos exitoso; porque, suponiendo que él apoye todos los desvaríos que periódicamente se le ocurren al Presidente, solo habrá dos resultados posibles:

Primera posibilidad; que las mayorías rechacen la costosa campaña mediática presidencial sufragada con fondos del pueblo, en cuyo caso el vicepresidente seguramente pasará a engrosar el grupo de políticos que nunca ganará la plena confianza del electorado; como Balbina Herrera, quien seguramente nunca llegará a la Presidencia por haber apoyado incondicionalmente la tiranía del general Noriega.

Segunda posibilidad, que dicha campaña mediática logre entusiasmar permanentemente a las mayorías, lo que fortalecería la imagen política del Presidente, quien trataría de permanecer en la Presidencia después del año 2014, porque, de contar con el apoyo de las mayorías, ¿Qué le hace al vicepresidente creer que el Presidente inesperadamente deje su adicción al autoritarismo solo por cumplir una promesa electorera más?

Como variante, ¿Acaso la promesa al vicepresidente sería más sólida si el Presidente considerara preferible respaldar la candidatura presidencial de uno de sus más íntimos empleados o amigos?   De hecho, la volatilidad de las promesas presidenciales quedó demostrada en la promesa que el Presidente le hizo a toda la ciudadanía de que escogería magistrados plenamente competentes e imparciales para la Corte Suprema de Justicia.

La pura realidad es que la única forma como nuestro vicepresidente podría aspirar razonablemente a alcanzar la Presidencia algún día, sería que, empezando desde ahora, respalde solo aquellos proyectos que sean beneficiosos para nuestro país; porque solo así demostraría al electorado que, realmente, tiene la integridad necesaria para liderar un gobierno ecuánime.

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Este artículo se publico el 1 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Berlusconi, Martinelli y Videocracia

La opinión del Jubilado del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos…..

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Carlos E. Rangel Martín

El documental titulado “Dráquila, La Italia que Tiembla” (www.draquila-ilfilm.it) fue una Selección Oficial del reciente Festival Cinematográfico de Cannes, Francia, que, aunque no compitió formalmente, recibió fuertes aplausos de la prensa. Este documental muestra como el año pasado, en cuanto se apreció la enormidad de los daños causados por un terremoto a la ciudad italiana de L’Aquila, Silvio Berlusconi, actual Primer Ministro de Italia, proclamó una ayuda masiva para dicha ciudad; pero, para completo desengaño de los habitantes de L’Aquila, dicha “ayuda” resultó ser una promesa hueca que, unida a una extensa campaña mediática, pretendía transformar, de “corrupta” a “salvadora”, la imagen proyectada por el gobierno

Lamentablemente, L’Aquila continúa mayormente derruida; y la palabra “Dráquila” es una conjunción de los nombres “Drácula”, el ficticio conde de Transilvania que se alimenta chupando sangre humana, y “L’Aquila”.

Dos distintivos de dicha campaña mediática son, primero, un costo al estado probablemente bajo, ya que Berlusconi es dueño de varios de los mayores medios de comunicación italianos, y, segundo, el que muchos italianos conscientes de dicha “fabricación mediática de imágen”, digan vivir en una “videocracia”.

La principal característica de las videocracias es que no son dictaduras, ya que los gobernantes no se imponen por la fuerza de las armas; pero tampoco son democracias, porque una campaña mediática suficientemente exitosa hace posible que una sola persona gobierne sin evaluar democráticamente las críticas constructivas ni las opiniones de las mayorías.

Los medios de comunicación gubernamentales en Panamá son pocos, así que, cuando nuestros gobernantes conducen campañas para mejorar su imagen, deben recurrir a medios de comunicación privados, algo que generalmente sufragan utilizando fondos públicos, que son fondos del pueblo; consiguientemente, en Panamá las videocracias regularmente van acompañadas de malversaciones económicas.

Cualquier panameño medianamente educado tiene clara nuestra triste realidad: El escogimiento arbitrario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; la remoción ilegal de funcionarios judiciales que no acatan órdenes del presidente; los gigantescos negociados de termoeléctricas (peores cuando consumen carbón), hidroeléctricas y mineras, perjudicando innecesariamente nuestro eco-sistema; la propuesta adquisición de los corredores, sobrepagándolos por cientos de millones y a costo de la seguridad financiera de la Caja de Seguro Social; y, para no extender la lista, el injustificado aumento de los impuestos y la deuda pública, que son cargas económicas adicionales para varias generaciones de panameños de las clases medias y bajas.

Sin embargo, nuestros medios privados de comunicación constantemente están diseminando propaganda sobre los uniformes y libros gratuitos para los estudiantes, los 100 a los 70, la eliminación de los diablos rojos y, para no extender la lista, solamente el lado atractivo de todo proyecto, sea bueno o malo, minúsculo o multimillonario, obviamente intentando mantener la imagen preelectoral del presidente.

Consiguientemente, aunque muchos políticos que “crean cogobernarnos” aplaudan ciegamente toda nueva extravagancia presidencial, resulta bastante dudoso que la futura visita a Panamá del Sr. Berlusconi realmente conlleve espléndidos beneficios, como seguramente proclamarán las campañas mediáticas de ambos gobernantes.

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Este artículo se publicó el  19  de junio de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Miopía gubernamental y minería

La opinión de…..

Carlos E. Rangel Martín

Es indudable que el mayor incentivo para las compañías mineras que estén considerando iniciar operaciones en cualquier país, debe ser la miopía de los funcionarios gubernamentales con quienes tengan que lidiar.   El actual derrame de petróleo en el golfo de México es una muestra de lo que tarde o temprano sucede cuando dichas compañías hacen lo que les plazca.

Según Estuardo Zapeta, articulista guatemalteco del periódico digital sigloxxi.com, el hondureño Santos Gabino Carvajal fue el primero en pregonar que en Centroamérica necesitábamos minas a cielo abierto para extraer metales porque, de lo contrario, no tendríamos más alambres eléctricos, machetes, computadoras, ni nada que contuviera metal.

Sin embargo, países como Costa Rica continúan teniendo todos esos equipos y materiales, a pesar de prohibir dichas minas en su territorio. La explicación es sencillísima: Tomando el cobre como ejemplo, el Grupo Internacional para Estudio del Cobre calcula que para el año 2010 el excedente mundial de cobre será de 580 mil toneladas métricas (ver http://www.icsg.org/images/stories/pdfs/icsg_press_release_-_apr_2010__forecast.pdf ).

Lo que estas mineras seguramente persiguen es aumentar sus ganancias, porque las minas propuestas deben ser más rentables que otras más alejadas de los grandes consumidores, y porque sería bastante ingenuo esperar que dichas minas contribuyan a rebajarle notablemente el precio del cobre a algún consumidor.

Una de las razones gubernamentales para acoger dichas minas es la creación de nuevos empleos; sin embargo, un turismo bien organizado, como lo tienen Australia y Costa Rica, y una exportación bien llevada de algunos productos alimenticios, como el agua embotellada y el mango deshidratado empacado que algunos supermercados panameños importan, también crearían muchos empleos, pero sin dañar nuestro ecosistema.

Algunos funcionarios resaltan la capacitación técnica que las mineras darían a algunos panameños, cuando realmente es el Estado el principal responsable de proveer dicha capacitación que, además, debe ser lo suficientemente completa para que nuestros técnicos puedan trabajar en prácticamente cualquier empresa, como hemos debido aprender cuando la compañía General Electric desistió de establecer aquí un centro de servicios por no hallar suficientes técnicos que dominaran el inglés.

Otros funcionarios alegan que las nuevas mineras ayudarían a reducir la pobreza, olvidando que la causa fundamental de la pobreza en Panamá es la injusta distribución de las riquezas. Consecuentemente, muy distinto de nuevas empresas, para erradicar la pobreza necesitamos que las empresas establecidas compartan equitativamente sus ganancias con todas las personas que trabajen en ellas, como enseña la Iglesia católica; todo lo demás es pueril fantasía.

Menoscabar los dos tesoros quizá más valiosos de nuestro istmo, como son nuestra flora y nuestra fauna, únicas en el mundo, sin que haya ninguna necesidad, históricamente solo puede compararse al trueque de objetos de oro por espejitos, en tiempos de la conquista española

Ojalá que los dirigentes de Cambio Democrático pronto se percaten de que sus candidatos fueron elegidos, no por sus dotes gubernamentales, que esta infatuación con la minería pone en entredicho, sino por la gran desconfianza del electorado en la honestidad de sus principales competidores políticos.

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Este artículo se publicó el 28 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Trascendencia del ejemplo de monseñor Ulloa

La opinión del Jubilado del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU.…..

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CARLOS E. RANGEL M.

La mayoría de los panameños celebramos entusiastamente el escogimiento del arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, por ser un pastor sencillo, amistoso y trabajador.

Este escogimiento hace recordar el de Angelo Giuseppe Roncalli, el hombre de campo, quien, tomando el nombre de Juan XXIII, sucedió a Pío XII e impulsó la renovación de la Iglesia Católica. Curiosamente, hoy en Panamá se dan situaciones algo similares a las que Pío XII vivió durante su papado.

Pío XII tuvo que liderar a la Iglesia Católica durante la II Guerra Mundial, lo que requirió que al mismo tiempo promoviera el bienestar de la Humanidad (como al ayudar a sobrevivir a millares de judíos), pero también evitara una confrontación abierta con los gobiernos fascistas del momento, para evitarle peores males al mundo. A monseñor Ulloa le toca dirigir la Iglesia panameña concomitantemente con un presidente civil que impone funcionarios, irrespeta leyes, e intenta manipular al pueblo con calculada palabrería; algo que recuerda cómo nacen los dictadores.

Estaríamos muy equivocados si pensáramos que, diferente del Señor Jesús, monseñor Ulloa tuviera el poder terrenal para arrancar la mala yerba en la mayoría de nuestros gobiernos; pero, como señalaba Dom Hélder Cámara, el célebre arzobispo de Olinda y Recife, Brasil, y como monseñor Ulloa suele hacer, la manera cristiana consiste en dar un ejemplo realmente contagioso que anime a todos a practicar la verdadera hermandad, tan necesaria en este país cuya mayor desgracia, como señaló monseñor Ulloa, es la injusta distribución de las riquezas.

Hace varios años conocí a un dedicado sacerdote, cuya parroquia tenía unos ingresos mensuales de alrededor de cien balboas, que apenas daba para pagarle a una persona que ayudara a atender la iglesia y para comprar algo de comida; al punto que el buen párroco tenía que dormir en una especie de hueco en una pared, porque no tenía cómo reparar el techo de la casa cural, que era una coladera cuando llovía.

Lo más triste era que este clérigo le adeudaba una fortuna a la Curia Arquidiocesana, que le cobraba un aporte mensual fijo (que no era porcentual) que él no podía pagar, pero del que ningún párroco podía librarse. Esta mezquindad le deja mal sabor en la boca incluso a algunos sacerdotes.

Además de reformar esa injusta distribución de contribuciones, sería oportuno que, ahora que se venda la costosa vivienda de dos pisos donde residía su antecesor, monseñor Ulloa utilizara parte de la ganancia para ayudar a otros presbíteros a “ vivir con condiciones humanas dignas ”.

Muestras de hermandad como ésta aumentarían notablemente la confianza del pueblo panameño en la alta dirigencia de la Iglesia Católica. Esto en ninguna forma sugiere la venta de templos, que real y únicamente pertenecen a las comunidades que los construyeron.

El “ camino ancho ” sería no hacer nada; pero, como reza una enseñanza, “ No podemos transmitir el Espíritu si primero no lo tenemos ”.

Que el Señor guíe y proteja a monseñor Ulloa.

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Este artículo se publicó el 6 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.