La conspiración permanente

La opinión del Ingeniero y Analista Político…

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JOSÉ I. BLANDÓN C. –

Todo poder es una conspiración permanente’. Honoré de Balzac.   Desde que el mundo es mundo, ha existido un grupo de personas con poder, en posición de gobierno o de empresas poderosas, que en forma ininterrumpida realizan actividades dirigidas a matar, robar, engañar, manipular y sojuzgar a gente sin poder.

La historia está llena de conspiraciones. Desde las obras de Shakespeare que sirven para matar a César, o para derrocar a un presidente, o para mantener con vida una idea sobrenatural, hasta las modernas redes de Internet, el mundo está en una permanente ‘conspiradera’.   ¿Cómo diferenciar esa predisposición a la conspiración y al engaño asociado a la misma, de la verdad o de la realidad?

En nuestro país, en los últimos veinte años hemos visto cómo los organismos asociados a la inteligencia del Estado han inventado conspiraciones para asesinar al presidente de turno. ¿Se acuerdan del complot ‘maten al gordito’ o del plan para matar a El Toro, o del último informe del Consejo de Seguridad en donde se aseguraba que un puertorriqueño intentaba asesinar al presidente Martinelli? Nada de esto era cierto, pero ¡cómo nos divertimos con estas historias!

El lunes 6 de setiembre, el presidente Ricardo Martinelli me llamó para conversar de varios temas, pero en realidad lo que quería decirme era que tenía información sobre un supuesto plan para enviar desde Guatemala información que vinculaba a su primo Ramón Martinelli, detenido en México, y a Ricardo Martinelli, con el narcotraficante mexicano conocido con el nombre de ‘La Barbie’.

Lo más asombroso es que me dijo que yo estaba asociado a esta conspiración contra el presidente panameño.  Eso es para morirse de la risa, pero en realidad, hay que preocuparse.   ¿Quién inventó esta historia? Solo se me ocurre que sea gente del Consejo de Seguridad o del llamado ‘aparato de inteligencia del gobierno’.

No todo el mundo tiene el privilegio de que un presidente lo incluya en una conspiración internacional, eso dice mucho de mi capacidad conspirativa. El problema no es inventar una conspiración, con el propósito de producir una contra información, el problema es que el que la inventa, la compra de vuelta como verdad.

Este juego peligroso de utilizar los aparatos de inteligencia como arma política para intimidar a los ciudadanos, constituye un elemento más que conspira contra la democracia panameña.

En lugar de perder el tiempo en perseguir o intentar amedrentar a los ciudadanos, el sistema de seguridad panameño debería dedicarse a enfrentar con inteligencia el avance incontenible del crimen organizado.

No hay condiciones objetivas en Panamá para un golpe de Estado.   Lo que sí existe es un malestar, que se agrava cada día, por las medidas inconsultas que se toman y que afectan en forma negativa la convivencia pacífica entre los panameños.

Es frecuente escuchar a altos dirigentes del gobierno sobre conspiraciones que grupos de izquierda, o sindicatos, o partidos políticos como el PRD, montan contra el Ejecutivo. Hay una falta de comprensión del origen de los problemas. Veamos un caso.

Los problemas de Bocas del Toro no fueron inventados por los sindicatos ni por los partidos políticos. En esa región había y hay condiciones objetivas para una explosión social, que se disparó por la aprobación de la Ley 30. ¿Por qué los aparatos de inteligencia del gobierno no detectaron esto? Los medios de comunicación hacían denuncias diarias sobre los problemas de Bocas y el gobierno no prestó atención. Se sumó en el carro de la conspiración permanente. Este es un vehículo que utilizan con mucha facilidad los burócratas, nuevos y viejos, enquistados en el Consejo de Seguridad.

Después que ocurrieron los alzamientos, comenzaron las historias sobre reuniones secretas, pactos, pactitos, acuerdos y todo un plan maquiavélico para hacerle daño al gobierno. Nadie hizo el balance objetivo de los errores que se cometieron. Muy por el contrario, se continúa con la práctica de sembrar información falsa para amedrentar y enfrentar con la contra información los argumentos de los ciudadanos.

La democracia panameña enfrenta un grave problema con el incremento de las actividades del crimen organizado a nivel nacional y regional. No estamos para jugar con la información de inteligencia que debería servir para proteger al país de daños irreparables que causen las redes criminales. Es importante que el gobierno entienda esto de una vez por todas.

La política de sembrar el miedo en el seno de la sociedad es totalmente contraria a un espíritu de solidaridad que hay que cultivar, si realmente queremos transformar la nación. Además, solo tienen miedo los que cometen crímenes contra la sociedad y los que falsamente son acusados, tienen la suficiente valentía y fuerza moral para dar la batalla por la libertad y por la democracia.

<>Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las tabacaleras contraatacan

La opinión del Ingeniero y Analista político….

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JOSÉ  I.  BLANDÓN  C. –

Hace un par de semanas escribí un artículo titulado, ‘El cinismo de las tabacaleras’, que generó una réplica de la British American Tobacco llena de molestias por la forma de redacción y con poco contenido a la sustancia del artículo.   Me imagino el grado de sonrojo que le produjo a los directivos de esta empresa tabacalera el título del artículo y la afirmación de que están acostumbrados a mentir.

En su réplica a mi posición, no contestaron lo referente a la caída del consumo de tabaco en los jóvenes y todo lo concerniente a los puntos expresados en el tema del contrabando.   Siempre ha sido mi costumbre, documentar mis intervenciones escritas y orales, con información científica y de una fuente directa y creíble. Es por ello, que aprovecho esta oportunidad para recordarle a la British American Tobacco la historia que ellos quieren olvidar.

En los Estados Unidos, la jueza Gladys Kessler, en una sentencia de 1742 páginas, condenó a la Phillip Morris, la R.J. Reynolds y Brown & Williamson (ahora fundidas en Reynolds American), Lorillard y British American Tobacco, por mentir al público estadounidense.

En su sentencia la jueza Kessler señaló que ‘durante más de 50 años mintieron y engañaron al público estadounidense sobre los devastadores efectos en la salud de fumar y ser fumador pasivo, y señaló que suprimieron investigaciones, destruyeron documentos, manipularon el uso de la nicotina para incrementar y perpetuar la adicción, distorsionaron la verdad sobre los cigarrillos ‘light’ y bajos en alquitrán para disuadir a los fumadores de dejarlo’.

La jueza no acabó allí, sino que en duros términos señaló en su sentencia ‘que (las tabacaleras) abusaron del sistema legal para lograr su objetivo: Hacer dinero con poca o ninguna consideración por el sufrimiento y la enfermedad individual, los rampantes costes en la sanidad o en la integridad del sistema legal’.

Esto es solo para recordarle a los ejecutivos de la British American Tobacco que mentir por cincuenta años deja un hábito y a eso se refiere mi artículo.   Por eso me llama mucho la atención la ‘indignación’ por mis afirmaciones.

Además, en una nueva estrategia de contraataque se han dividido las tareas en América Latina.   La Phillip Morris, ahora transformada en una empresa suiza y que pasó a llamarse Altria, se encarga de acosar al gobierno del Uruguay, mientras la British American Tobacco se encarga del gobierno de Panamá. ¿Por qué esta estrategia?

En el 2006, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina totalmente libre del humo de tabaco en lugares públicos. La ley dictada ese año también prohibió la publicidad de cigarrillos, obligó a las obras sociales a implementar planes de cesación para dejar de fumar y estableció un fuerte impuesto para desalentar el consumo. Los resultados han sido: Reducción del 17% en internaciones por infarto del miocardio, baja del tabaquismo del 32% al 25% en adultos y del 31% al 18,7% en adolescentes y, además, se incrementó en 120 millones de dólares los ingresos fiscales por impuesto de tabaco.

La Phillip Morris presionó al gobierno uruguayo del presidente José Mujica para firmara un decreto que pretendía flexibilizar algunas normas antitabaco. Pero, la reacción del ex presidente Tabaré Vásquez, impulsor de esta medida, obligó a dejar en suspenso las modificaciones. Esto significó una derrota para las tabacaleras.

En Panamá, que también marcha a la vanguardia en la lucha contra el uso del tabaco, se aprobó la Ley 13 del 2008, que regula el mercado del tabaco y además, se han tomado medidas administrativas para restringir la publicidad, así como se aprobó un incremento sustancial de los impuestos.

Durante las últimas semanas, la British American Tobacco, a través de sus ejecutivos, ha venido realizando una campaña de desinformación a la opinión pública panameña. Señalaron que las medidas en Panamá no habían logrado reducir el consumo y que los impuestos que ellos pagan se habían reducido también drásticamente y que el contrabando se había incrementado al 50%.   ¿Cuál es la verdad?

En materia impositiva se ha logrado un incremento del 130% en la recaudación de impuestos y en materia de consumo las cifras del Ministerio de Salud indican una reducción sustancial en los índices de prevalencia de consumo, particularmente entre los jóvenes.

La estrategia de la British American Tobacco en Panamá es presionar al gobierno panameño para que flexibilice las medidas sanitarias que se han tomado para controlar la epidemia del tabaquismo. A través de declaraciones con supuestos argumentos técnicos preparados por ellos y por expertos ligados a ellos, han divulgado una serie de estadísticas que no son ciertas.

Al final la sociedad panameña tiene el derecho de respirar un aire libre de tabaco y el gobierno tiene la responsabilidad de seguir tutelando la salud pública y evitar que sigan muriendo anualmente 2349 conciudadanos víctimas del tabaco.

<>Artículo publicado el  3  de septiembre  de 2010 en el en el diario  La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Panorama político

La opinión del Ingeniero Industrial y Analista Político….

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JOSÉ I. BLANDÓN C.

A partir del viernes 20 de agosto, Telemetro dio inicio a la publicación de los resultados de la última encuesta que la empresa IPSOS realizó para esta televisora y el periódico el Panamá América; y el lunes 23 se publicó completa. Los datos de la encuesta se tomaron del campo entre los días 29 de julio al 2 de agosto del 2010.    Se entrevistaron 1200 panameños mayores de 18 años de edad en todo el territorio nacional, con la excepción de las comarcas indígenas y el Darién, la encuesta tiene un margen de error de ± 2.8%.

La encuesta fue dirigida a determinar el nivel de aceptación de la gestión presidencial y la gestión del Gabinete del Gobierno. Además, se investigó la opinión y actitud del electorado frente a las llamadas Ley Carcelazo y Ley Chorizo, y sobre cómo el encuestado ve el futuro político de importantes dirigentes de Panamá.

En cuanto a la percepción de desempeño para la gestión presidencial se encontró que el 41% de los encuestados evaluó excelente y bueno la gestión del presidente, contra 29% que la evaluó mal o muy mal. El índice de gestión del presidente ha venido cayendo sistemáticamente en las tres últimas mediciones de IPSOS. En la encuesta de abril, el índice de gestión del presidente era de 61%, en mayo de 49% y en esta última de julio, cae a 41%. Es decir, en los últimos tres meses, el índice ha caído 20 puntos, lo que constituye una llamada muy fuerte de atención a la forma en cómo el presidente conduce su gobierno.

El Gabinete fue evaluado individualmente y Guillermo Ferrufino, con 68%, es el ministro mejor evaluado; siendo Alma Cortés, con el 22%, la peor evaluada. En términos generales, existe una tendencia a la baja en todos los ministros con respecto a la encuesta de abril. Aparte de Ferrufino, todos los ministros tienen evaluaciones menores del 50%. El promedio para la gestión del Gabinete es de 32.5%, que resulta peligrosamente bajo.

Dentro de las figuras de la oposición que aspiran a la Presidencia de la República en el 2014, se encontró que Laurentino Cortizo, con el 27%, y Juan Carlos Navarro, con el 25%, encabezan las preferencias del electorado. Ambos obtienen un incremento altamente significativo al pasar del 14% que tenían en la última encuesta, al 27% y 25% respectivamente. Balbina Herrera con el 18% ocupa el tercer lugar, mientras surgen nuevos candidatos con perspectivas interesantes como Omar José Torrijos, Anel Flores y Javier Martínez Acha.

Con respecto a los temas que dominaron la agenda noticiosa se encontró que ocho de cada diez panameños le dieron seguimiento a las noticias relacionadas a los disturbios producto de la aprobación de la Ley Chorizo y de éste, siete de cada diez panameños se manifiestan en contra de la forma en que el gobierno afrontó los acontecimientos. Un 67% cree que el gobierno utilizó fuerza excesiva y un 51% cree que los manifestantes estaban violentos, solo el 29% está de acuerdo con que los medios hayan exagerado la magnitud de los acontecimientos. El dato más interesante, es que un 70% de los panameños cree que la Ley Chorizo afecta negativamente a los trabajadores y un 62% cree que afecta al medio ambiente, además, un 61% cree que esta ley solo beneficia a la gente con dinero.

En el marco de esta información de las encuestas el partido gobiernista, Cambio Democrático, salió a la palestra pública con dos medidas controversiales. Ofreció una recompensa de cinco mil dólares por información que aclare la falsa desaparición de Valentín Palacios y, además, Cambio Democrático envió a un grupo de sus militantes a la Defensoría del Pueblo en el mismo momento en que la Sociedad Civil se dirigía hacia esa institución.

En el Partido Panameñista, a pesar de las pugnas internas que afloran en este partido, Juan Carlos Varela ha logrado conservar el liderazgo y ha acumulado más poder durante los últimos meses. Esta realidad puede no durarle mucho, si no utiliza este poder para democratizar y profundizar el debate a lo interno de su partido. Políticamente, a Juan Carlos Varela solo le queda el camino de fortalecer la fuerza panameñista para tener capacidad de negociación con el presidente Martinelli.

Mientras, la dirigencia del PRD ha salido con fuerza a criticar las acciones de los partidos oficialistas y particularmente, la última estrategia de confrontación lanzada por Cambio Democrático. En tono enérgico y crudo, los dirigentes del PRD responsabilizan al presidente Martinelli por la radicalización que lleva a los enfrentamientos. Las pugnas a lo interno están presentes, pero han sido pospuestas para enfrentar a las fuerzas gobiernistas. Existe en términos generales un ambiente más optimista a lo interno del PRD y las últimas encuestas dan razón para este optimismo.

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Este artículo se publicó el 27 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá On Line, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Concertación política

La opinión de….

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JOSÉ I. BLANDÓN C. –

Hace muchos años aprendí que la política es el arte de las posibilidades, y que el deber de un ciudadano es crear las posibilidades para producir los cambios que requiere una determinada época histórica. Panamá vive momentos cruciales de su desarrollo democrático y a pesar de que había decidido no dar más consejos a quien no me los pide, la gravedad de la situación política actual me lleva a plantear las reflexiones que recojo en esta columna.

Los Estados están continuamente evolucionando, cambian y ajustan su estructura y funcionamiento a las condiciones coyunturales que atraviesan, por ello observamos que en las últimas dos décadas, nuestro país ha sufrido grandes transformaciones. Las mismas se han producido después de una dolorosa y sangrienta invasión, pero pese a ello, nuestro pueblo y sus dirigentes supieron solventar esta grave crisis, con dificultades, pero con una clara conciencia que era el único camino para reconstruir la República.

Panamá ha vivido desde la Administración Endara hasta la Administración Martinelli, actualmente en el poder, una profunda transformación y una clara redefinición del papel del Estado en el desarrollo económico, político y social. Estos procesos de cambios han comprendido readecuaciones administrativas e institucionales, reducciones de planillas, sesión de funciones y servicios estatales a la iniciativa privada a través de concesiones y privatizaciones, reformas a la estructura jurídica y constitucional para adecuar el Estado a la globalización que vive el mundo.

En este camino de transformaciones se cometieron muchos errores, no obstante, desde el punto de vista estratégico, en las últimas dos décadas hemos caminado con luces largas en temas centrales de la economía y hemos perdido esa concepción de largo plazo en temas sociales que incluyen la educación, la salud, la seguridad, la lucha contra la pobreza y el bienestar del ciudadano.

Nuestra sociedad también aprendió que las reformas requieren de un mínimo de consenso social y que no se pueden imponer unilateralmente. La experiencia demuestra que cada vez que una administración intentó cambios sin los debidos consensos, produjo el caos y el enfrentamiento social.

Una constante mundial que rige actualmente la administración pública, y nuestro país no es la excepción, es la necesidad de dialogar, negociar y concertar las acciones para lograr las reformas que requiere el país. El desarrollo de la democracia participativa y el cada vez mayor involucramiento de la ciudadanía y sus representantes en la administración pública conlleva formas complejas, basadas en el consenso, de diseño e implementación de nuevos cambios en la administración.

Los resultados de las reformas en la administración del Estado dependen de un sinnúmero de factores y condiciones especialmente de orden social, técnico y político. La Administración Martinelli ha propuesto un conjunto de audaces reformas que impulsaron bajo la consigna del cambio, pero han tenido dificultad en entender que ésas transformaciones solo son posible con un consenso social que se logra a través de la concertación política. Algunos de sus más importantes dirigentes realmente creen que perderán tiempo si consultan y que además, tienen tantas cosas que hacer y el tiempo es tan corto, que prefieren actuar sin consultar. El resultado es que el cambio que proponen pierde velocidad y genera confrontación.

Hay que estar claros en que el diálogo y el consenso son factores críticos para fortalecer la gobernabilidad y la democracia y que mientras más amplia sea la participación de actores públicos, privados y sociales, mejores serán sus resultados de impacto. La concertación política resulta un proceso particularmente útil para el diseño e implementación de reformas en la administración pública, que ocurren bajo un conjunto de complejas realidades sociopolíticas.

Nuestros dirigentes del gobierno deberían entender que el objetivo fundamental de un proceso de concertación política, es hacer viable el cambio que ellos ofrecieron en su campaña electoral. Durante la formulación de muchas reformas que se prometieron, al someterla a un proceso de concertación, se sacrifican algunos aspectos técnicos a favor de reincorporar elementos políticos que facilitan la aprobación y la implementación de los cambios.

La concertación política no está libre de obstáculos y esto hace que los enemigos de la democracia se apoyen en ello para negar la participación ciudadana. Las dificultades más graves se dan, incluso antes de iniciar los procesos de concertación, provocando con frecuencia que estos no se ejecuten. Estos problemas están generalmente asociados con las actitudes y percepciones de los participantes en dichos procesos.

Una dirección política siempre debe insistir en el diálogo, en buscar consensos con aquellos a quienes se quiere aplicar una reforma. Ese camino es más difícil, pero lleva a la certeza de que el cambio se producirá. Los cambios impuestos solo producen confrontaciones innecesarias y peligrosas. Nos encontramos en el marco de una situación política muy compleja y se hace necesario que todos actuemos con prudencia, sabiduría y visión de largo plazo.

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Este artículo fue publicado el  20 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El cinismo de las tabacaleras

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

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JOSÉ I. BLANDÓN C. –

Con el acostumbrado desprecio por la verdad que caracteriza a los altos ejecutivos de la industria tabacalera, el Sr. Federico Jenkins, director de Legal y Asuntos Corporativos de British American Tobacco para América Latina, declaró el miércoles 11 de agosto, en una entrevista en noticias AM de TVN, ‘que las medidas drásticas para frenar el consumo de tabaco no dan resultados, el consumo de cigarrillos sube en Panamá y señaló además, que hay más fumadores que hace un año, porque el producto es más barato debido al contrabando’.

¿Qué evidencias tiene el Sr. Jenkins de que el consumo de cigarrillos ha subido en Panamá?, ¿habrá realizado alguna encuesta o estudio que le indique esta realidad, o se trata simplemente de una afirmación demagógica muy característica de los ejecutivos de la industria tabacalera?, ¿qué dicen los estudios realizados por el Ministerio de Salud, con el apoyo de organismos internacionales, sobre la prevalencia en el consumo de tabaco en jóvenes para dar un solo ejemplo?

En el año de 2002, el 32.2% de los estudiantes había fumado alguna vez en su vida (chicos, 36.2% y chicas, 27.7%) y 18.3% consumía algún producto de tabaco en el 2002, de los cuales el 13.2% fumaba cigarrillos en ese año. En el año 2008 la misma encuesta nacional demostró una reducción al 16.1% de prevalencia de los estudiantes que habían fumado cigarrillo alguna vez en su vida (chicos 21.7%, chicas 13.0%) y solo el 8.3% consume en la actualidad algún producto de tabaco. Es decir, para mala noticias de las tabacaleras, los jóvenes panameños están fumando menos ahora, que antes. ¿De dónde saca este señor sus aseveraciones?

Es un hecho histórico que todos los ejecutivos de las empresas tabacaleras han mentido en forma consistente a lo largo de la siniestra historia de esta industria. Le mintieron al mundo cuando decían que no había evidencias que demostraran que el tabaco producía daños y tenía sustancias que lo hacían sumamente adictivo. Allí están los juicios que se le siguieron a estos ejecutivos de la industria tabacalera en los Estados Unidos y las decenas de miles de informaciones desclasificadas, que demuestran con claridad la manipulación que las tabacaleras hacían y hacen del mortal producto que producen y comercializan.

Con respecto al contrabando, es donde más aflora el cinismo de éste ejecutivo de la British American Tobacco. Cada año aproximadamente 400000 millones de cigarrillos, o un tercio de todos los cigarrillos que se exportan legalmente, terminan siendo contrabandeados ilegalmente a través de las fronteras internacionales. ¿Saben ustedes quiénes están detrás de este fabuloso contrabando mundial? La industria tabacalera, y sobre ello existen evidencias contundentes. Basta estudiar el caso de los cigarrillos de la marca Belmont, que generó una guerra comercial entre la Phillip Morris y la British American Tobacco. Ambas compañías utilizando el territorio panameño contrabandeaban el cigarrillo hacia Colombia y Venezuela. El gobierno de Colombia llevó a juicio a las tabacaleras. Una de las estrategias legales de la Phillip Morris en este caso, fue el traslado de todos sus registros concernientes a muchas de sus actividades ilegales a Suiza, a fin de evadir la vigilancia de los gobiernos que son victimizados por sus actividades ilegales.

¿Cómo sabe el Sr. Federico Jenkins que el 55% del tabaco que se consume en el país viene del contrabando?, ¿algún funcionario de Aduanas trabaja para la British American, o él lo sabe porque ellos realizan el contrabando? Hubiese sido interesante que el periodista le preguntara a este ejecutivo de dónde saca las cifras.

Es importante señalar que toda la evidencia científica indica con certeza, que aumentar los impuestos nacionales a los cigarrillos es una de las maneras más eficaces para que un país pueda incrementar sus ingresos y reducir el consumo de cigarrillos, especialmente entre los jóvenes, a pesar del aumento del contrabando que puede causar dichos gravámenes.

La cantidad de cigarrillos de contrabando en cualquier país, y eso lo sabe el Sr. Jenkins, tiene menos que ver con las tasas de impuesto al cigarrillo que con las políticas estatales relacionadas con el contrabando de cigarrillos, la lucha contra la corrupción y los esfuerzos para aplicar la Ley.

La industria tabacalera ha desarrollado una ofensiva para doblegar al gobierno de Ricardo Martinelli con la intención de derogar los impuestos, disminuir los efectos de la Ley Antitabaco, eliminar la reglamentación que prohíbe la exhibición de marcas de cigarrillo. Al final, lo que desean es que se incremente el consumo de este veneno.

Esperamos que las autoridades panameñas, particularmente el Ministro de Salud y todo su equipo técnico, sepan darle una respuesta contundente a esta actitud criminal de las compañías tabacaleras y que el presidente ponga los intereses del pueblo primero antes que los intereses de las tabacaleras.

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Este artículo fue publicado el  13 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Ajustes en el Metrobús

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

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JOSÉ I. BLANDÓN C.

El nuevo sistema propuesto por el gobierno para la operación del transporte público en el área metropolitana, ha tenido que ajustarse a la realidad del mercado internacional que suministra los buses y a las condiciones operativas del proyecto. La licitación pública se realizó en forma exitosa y la compañía Movilidad S.A. se ganó la misma al ofertar un precio de 64 centavos el pasaje y tener la mejor propuesta técnica. El calendario original preveía que con la llegada de los buses a partir de octubre del 2010, se iniciaría la modernización del transporte público.

La realidad del mercado internacional indica que no es posible adquirir la flota completa en un periodo tan perentorio y que se requerirá al menos de diez a doce meses, para tener cerca del 70% de los buses nuevos para reemplazar a los diablos rojos. Esto ha hecho que el gobierno se vea en la necesidad de establecer un plan transitorio para garantizar el servicio.

Una de las principales medidas que ha tomado el gobierno es subsidiar el costo del pasaje. Recordemos que la empresa ganadora ofreció un precio de 64 centavos para el pasaje y el gobierno presentará en los próximos días un subsidio para reducir esta tarifa. Al momento de escribir estas líneas, no se ha indicado a cuánto ascenderá ese subsidio y por consiguiente, cuánto tendrá que pagar el usuario.

La ATTT está en la revisión final del contrato administrativo y operativo con el nuevo concesionario que tendrá a su cargo la operación del Metrobús. Además, la ATTT prepara un contrato de servicio para garantizar la prestación del servicio en lo que se llama el periodo de transición.

Este periodo de transición será de un máximo de doce meses, podría ser menor si el mercado internacional acelera la entrega de los buses nuevos. El plan de transición prevé un contrato entre la ATTT y Canatra, después que el gobierno adquiera la flota vehicular existente. Una vez que en el país esté el 70% de los buses nuevos, se iniciará el proceso de salida de los diablos rojos y en ese momento, se habrá realizado toda la compensación a los transportistas y entrará a regir la nueva tarifa.

En el periodo de transición el costo del pasaje se mantendrá en 25 centavos y el contrato de administración tendrá normas nuevas para manejar los diablos rojos. Los conductores tendrán un salario fijo y no se permitirá la competencia en ruta. Además, se establecerán nuevas especificaciones para el trato a los usuarios.

La nueva flota que reemplazará a los actuales diablos rojos estará compuesta por buses fabricados exclusivamente para el traslado de pasajeros que dispondrán de asientos cómodos, aire acondicionado, puestos reservados para la tercera edad y embarazadas, así como acceso a los discapacitados. En términos prácticos, será aproximadamente en mayo del 2011 cuando arrancará este nuevo sistema.

En el periodo de transición se intensificará el entrenamiento a los conductores que serán contratados por la nueva concesionaria, particularmente recibirán capacitación técnica y de servicios, para que puedan ofrecer un trato de excelencia a los usuarios. Los conductores tendrán sueldo fijo y horarios establecidos, lo que impedirá las regatas al eliminarse la competencia en ruta y se podrá poner orden en la salida y en el recorrido para evitar la competencia por recoger pasajeros.

Un tema importante para el usuario es la implementación de un pasaje único en el Metrobús. Las autoridades esperan que con esta medida el usuario pague una sola vez de ida y una sola vez de vuelta su pasaje, y podrá hacerlo a través de tarjetas recargables.

Otro de los ajustes que está haciendo el gobierno es la reorganización de las actuales rutas, de manera que se pueda lograr un mejor planeamiento de los recorridos, disminuir el tiempo en espera en las paradas, garantizar la frecuencia de las unidades y mejorar la seguridad y confiabilidad del viaje.

Un tema conflictivo es la compensación que se debe hacer a los transportistas y para ello, se tienen adelantadas las negociaciones y se prepara un programa de pago que recibirán los dueños de los buses para salir del sistema.

A pesar de los retrasos, que son normales en este tipo de proyectos, la realidad indica que el proyecto del Metrobús avanza paso a paso y que afortunadamente se cuenta con un grupo de expertos nacionales e internacionales, que planean la ejecución del mismo para producir el menor trauma posible. Todo sistema nuevo crea ansiedades y lo importante en este momento es que el usuario tenga la paciencia para esperar esta transformación y el gobierno mantenga informado a los usuarios de lo que está ocurriendo.

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Este artículo fue publicado el 6 de agosto de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

El derecho a huelga

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

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JOSÉ I. BLANDÓN C. –

En los próximos días se debería iniciar el diálogo en la mesa de concertación para evaluar integralmente la Ley 30, de acuerdo a la propuesta aprobada como parte de los acuerdos para finalizar la huelga en Changuinola. Uno de los temas que será parte de esta discusión es el derecho a la huelga y como una contribución a este debate, adelanto algunos conceptos sobre este tema.

La huelga ha sido considerada como un derecho humano y está incorporada como tal en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8, 1. d) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o mejor conocido como el Protocolo de San Salvador.

En la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no está incorporada expresamente en ninguno de sus convenios; no obstante, tanto la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones como el Comité de Libertad Sindical, han estimado en sus informes que la huelga es consustantiva a la libertad sindical y, por tanto, las organizaciones de trabajadores y empleadores, pueden tomarla en cuenta al formular su programa de acción y defender los intereses de los trabajadores.

La regulación de la huelga adquiere matices divergentes en las distintas legislaciones y coyunturas políticas determinadas. Existen posiciones que van desde una libertad plena en su ejercicio, hasta la reglamentación excesiva que restringe el derecho de huelga, sometiendo a arbitraje obligatorio los conflictos colectivos. En nuestro país el derecho a huelga ha evolucionado a lo largo de nuestra historia.

La Constitución de 1904 fue ajena a derecho social alguno, inspirada como estaba en los principios de liberalismo decimonónico, señala en su artículo ‘El derecho de huelga en el Canal de Panamá’ la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Anayansi Turner. En la Constitución del 41 añade, la profesora Turner, ‘se estableció el derecho de huelga (Art. 54), más prohibió la que se llevara a cabo en los servicios públicos y la huelga por solidaridad’.

La legislación laboral del 1 de marzo de 1948, negó el derecho a huelga que estaba consagrado en el Art. 73 de la Constitución de 1946. Los trabajadores de nuestro país desarrollaron grandes jornadas para conquistar sus derechos, entre ellos, el derecho a huelga.

Bajo la conducción del general Omar Torrijos el gobierno panameño adoptó en diciembre de 1971 un moderno Código de Trabajo, que consagró principios fundamentales, como la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la continuidad y estabilidad en el empleo, el derecho a huelga, el derecho a la libre asociación y de negociación colectiva, entre otros. La Constitución de 1972 recogió todos estos derechos y les dedicó el Capítulo Tercero al trabajo.

En la década de los 70’s el desarrollo del sindicalismo en Panamá fue acelerado y las organizaciones se multiplicaron a lo largo y ancho del país. El movimiento obrero fue parte fundamental en la lucha por la eliminación del enclave colonial llamado ‘zona del canal’.

Posteriormente, a este Código de Trabajo se han producido reformas al mismo en 1976, en 1981, en 1986, en 1993, en 1995 y en el 2002. Ninguna de estas reformas limitó sustancialmente el derecho a huelga. El denominador común de estas reformas fue la flexibilización del mercado laboral buscando eficiencia y atracción a la inversión privada nacional e internacional.

De 1986 al 2004, Panamá tuvo un crecimiento económico moderado y fue a partir de la Administración del presidente Torrijos (2004-2009) en donde éste crecimiento logró un promedio extraordinario del 8.5% en ese quinquenio, y paradójicamente no se realizaron reformas laborales.

¿Qué importancia tienen las reformas laborales propuestas en la Ley 30, que entre otras cosas intenta regular el derecho a huelga? ¿Son imprescindibles estas reformas para lograr un crecimiento económico alto o para generar más empleo? Estas son las preguntas básicas que debe contestar el gobierno. Porque si no hay respuestas contundentes, se tratará únicamente de querer debilitar el sindicalismo en el país y eso es una política equivocada.

Es importante que el gobierno y los sectores de la Sociedad Civil puedan trabajar armónicamente para lograr un consenso que permita mejorar la Ley 30. El objetivo fundamental de este debate debe centrarse en el bien común y en lograr un desarrollo económico y social equilibrado, justo y participativo. Frente a esto, no debemos tener excusas.

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Este artículo fue publicado el  30 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde

Impulsemos el diálogo

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

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JOSÉ I. BLANDÓN C. –

Los últimos acontecimientos ocurridos en el país, demuestran con claridad que necesitamos retomar el diálogo como instrumento fundamental para el entendimiento político y social. La confrontación en Bocas del Toro con sus muertos y heridos, ha puesto de relieve un problema que afecta la vida política del país: la falta de consensos en temas que afectan la vida de los ciudadanos.

La última encuesta de Dichter & Neira publicada por La Estrella de Panamá, reflejó que al medir las preocupaciones del panameño sobre la democracia, se encontró que un 71.4% de los encuestados señalan que el derecho a ser oposición está en riesgo.   El 80.5% teme por el derecho a protestar, mientras que el 78.1% señala que está en riesgo el derecho a expresarse libremente. Es evidente que el estilo de gobierno que desarrolla el presidente Ricardo Martinelli, está generando preocupaciones válidas en el ciudadano que el gobierno debe abordar con seriedad.

La nueva dinámica política que se está generando, indica ansiedad en la población para que se resuelvan los problemas fundamentales que le aquejan. El símbolo del cambio que representó el actual gobierno en las pasadas elecciones, comienza a sufrir variantes importantes en la opinión pública. El cambio pierde fuerza como dinámica dominante y con ello se debilita el poder político del gobierno.

Los panameños quieren cambios y creen en los cambios y el presidente Martinelli impulsa lo que él considera cambios fundamentales en el país. ¿Qué es lo que está pasando entonces con la opinión pública que pierde su fe en los cambios que impulsa el gobierno? Se trata simplemente de que lo que es cambio para el gobierno, no necesariamente es cambio para el pueblo.

Además, la velocidad de marcha del presidente es diferente a la velocidad de marcha que asimila la población y muchas de las propuestas no se discuten con entera libertad, trayendo como consecuencia la acumulación de errores, así como la pérdida del respaldo de la opinión pública a la gestión del gobierno.

Estamos en una encrucijada de nuestra historia democrática. El país exige participación en la toma de decisiones y quiere ser escuchado por el gobierno. Panamá necesita fortalecer sus instituciones e impulsar el diálogo como instrumento fundamental de entendimiento para lograr un desarrollo económico, social y político equitativo y sostenible.

La aprobación en forma apresurada de la Ley 30, mejor conocida como ‘Ley Chorizo’, fue la gota que derramó el vaso de la insatisfacción popular.   El pueblo rechaza la imposición de esta Ley, aún sin conocerla y también quienes la conocen la rechazan.   Es decir, hay oposición de forma y contenido.   Los hechos ocurridos en Bocas del Toro llevaron la situación a un punto extremo, a donde nunca debimos llegar.

El presidente Martinelli reconoció públicamente que se cometieron errores en la aprobación de esta Ley 30 y en los acuerdos para terminar con la huelga en las bananeras se comprometió a revisar varios artículos. ¿Será esto suficiente para resolver la crisis? Todo indica que no es suficiente. Lo que necesitamos es revisar integralmente esta legislación.

La revisión integral de la Ley 30 debe realizarse en la mesa de concertación y el gobierno debe indicar con precisión a la opinión pública que está dispuesto a llevar la revisión de la Ley a la mesa del diálogo. Cuando esto se haga, se darán las condiciones objetivas para que el gobierno retome la conducción política del país.

Es importante que las fuerzas del oficialismo reflexionen sobre las implicaciones de su actual método de trabajo. La prisa por querer hacer las cosas no es excusa para eliminar la consulta real y el diálogo objetivo. Deben recordar que la democracia es cuestión de forma y de contenido. En este caso en particular, la revisión integral de la Ley 30 en la mesa de concertación es un problema de fondo que se debe impulsar sin dilación.

Escoger otro camino es querer transitar por la inestabilidad política, en donde todos pagaremos un precio innecesariamente alto. En la confrontación perdemos todos, en la concertación ganamos todos.

Invito al señor presidente y a su equipo de gobierno a someter a consideración de la mesa de concertación la revisión integral de la Ley 30 y a que se comprometa a consultar más respetando el deseo del pueblo panameño.

Thomas Jefferson señalaba que cuando el ciudadano le teme al gobierno, estamos frente a una tiranía, pero cuando el gobierno le teme al ciudadano, estamos frente a la libertad. Con estas simples palabras se expresan con claridad los conceptos de la verdadera democracia.

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Este artículo fue publicado el  23 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Más sobre seguridad

La opinión del Ingeniero y Analista Político….

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JOSÉ  I.  BLANDÓN  C. —

Ya terminó el Campeonato Mundial del Fútbol y el panameño vuelve a centrar su atención en los temas que realmente le preocupan. Durante un mes, este campeonato sirvió, entre otras cosas, para disminuir el número de delitos que se venían cometiendo en meses pasados. La retoma de la agenda nacional coincide con el segundo año de gobierno del presidente Ricardo Martinelli, que enfrenta una serie de demandas sociales y una merma importante en la popularidad que tenía hace un año. Recordemos que el triunfo electoral del presidente estuvo enmarcado en el símbolo del cambio, más que en un programa del gobierno. Al terminarse este evento deportivo mundial y el primer año en el gobierno, se abre una nueva oportunidad para que el presidente Martinelli pueda sentar las bases de un estilo de gobierno más institucional que personalista y que, además, tome en cuenta todas las demandas y expectativas de los panameños, si quiere darle un fuerte impulso a la modernización política de nuestra sociedad.El tema más importante para emprender esta labor es la complicada y peligrosa situación que representa el crimen y el delito en todas sus manifestaciones. Recordemos que ante los diferentes escenarios de violencia que hay en nuestro país, se percibe un clima generalizado de inseguridad que está impulsando innumerables reclamos sociales, a través de los cuales la ciudadanía exige al gobierno protección y una política integral para atacar este flagelo.

Para abordar el tema de la criminalidad debemos entender que hay muchos sectores envueltos en el mismo: el gobierno, los medios de comunicación, la sociedad civil, la justicia, las iglesias y los dirigentes políticos. Por ello, es importante recordar que debemos abordar el problema en forma multisectorial y a través de una estrategia coherente.

De acuerdo a múltiples análisis y experiencias recogidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel nacional e internacional, debemos atacar el problema en forma simultánea en cinco áreas específicas.

La primera, es la modernización institucional de la fuerza pública, que se conoce como el nivel de actualización que deberían tener los estamentos de seguridad en materia de investigación, análisis, equipamiento, inteligencia y tecnología. Ello implica determinar si disponemos de las últimas tecnologías y recursos para atacar el crimen organizado. Esta modernización institucional también conlleva una organización interinstitucional para compartir información e intercambiar políticas innovadoras de manera que nos permita conocer en qué áreas tenemos éxito, en cuáles necesitamos más esfuerzo y con precisión determinarán dónde estamos fallando.

La segunda, es la prevención que indica de manera oportuna cuáles son las situaciones sociales que abren el mayor riesgo a la delincuencia. Para abordar este tema debemos fortalecer a las comunidades para que retomen sus barrios y tomen medidas preactivas, como la educación de los niños y jóvenes sensibilizándolos en materia de seguridad. Se debería también, impulsar un programa de inteligencia comunitaria para tener una estructura que identifique dónde están y quiénes son los delincuentes.

Este aspecto de la prevención primaria debe promover el desarrollo de actividades que permita mejorar la calidad de vida en la comunidad. Para ello, se necesitan programas de iluminación en áreas de riesgo, cerrar avenidas de noche donde se practica la prostitución y venta de drogas, mejorar las infraestructuras deportivas y comerciales de la comunidad, mejorar la seguridad en estaciones de buses y particularmente en las paradas de los estudiantes.

Para prevenir el delito, debemos educar a nuestra niñez y juventud a través del deporte, la cultura y la participación en trabajos comunales. Nuestros barrios necesitan orientación para organizarse y promover el programa de vecinos vigilantes y para desarrollar otras actividades que enfrenten el problema.

La tercera, tiene que ver con la justicia. En una sociedad democrática es posible enfrentar con firmeza la lucha contra el crimen organizado, respetando los derechos humanos de los ciudadanos y promoviendo el cumplimiento de la Ley. La historia demuestra que la libertad, la justicia y la paz, son los pilares básicos de una democracia justa.

La cuarta, es la resocialización de los delincuentes, que implica la existencia de un sistema carcelario adecuado y que promueva actividades dirigidas a la formación del detenido. Especial atención hay que brindarles a los jóvenes atrapados en la vorágine de la violencia y el pandillerismo. Esto implica establecer un código de conducta para internos, funcionarios y custodios y facilitar el enlace con las diversas iglesias y programas de autoayuda. Además, debe asegurarse el aprendizaje para los privados de libertad e introducir terapias innovadoras y exitosas en materia de resocialización.

La quinta y muy importante aspecto, es involucrar a toda la sociedad en la lucha contra la criminalidad y por elevar el nivel de valores de nuestra sociedad.

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Este artículo fue publicado el  16 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un año en el poder

La opinión del Ingeniero y Analista Político…

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JOSÉ I. BLANDÓN C. —

Este jueves 1 de julio del 2010 se cumplió un año de gestión del gobierno de Ricardo Martinelli y en el marco de este aniversario, se han realizado análisis y balances sobre lo positivo, negativo y pendiente de la actual Administración. Es indudable que han sido doce meses de mucha intensidad, en donde una nueva fuerza política intenta transformaciones, al margen de lo que dicta la ortodoxia política. Es probable que veamos en los próximos meses ajustes en la forma y contenido de lo que está haciendo el gobierno y, sobre todo, cuando las encuestas comienzan a indicar preocupaciones serias que deben servir de reflexión a las fuerzas oficialistas.

Podríamos decir que en lo económico se concentran los principales éxitos del gobierno. La economía creció en el primer trimestre del 2010 a una razón de 4.7% y las finanzas públicas mantienen indicadores muy buenos y estables. Uno de los principales logros de Panamá fue la calificación de Grado de Inversión que le otorgaron tres de las principales calificadoras de riesgos: Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s. Esta calificación pone al país en excelentes condiciones para atraer inversiones directas extranjeras y disminuye el costo del financiamiento para las obras públicas del Gobierno.

El Gobierno presentó dos paquetes de reformas fiscales que han mejorado sustancialmente los ingresos corrientes y han permitido un equilibrio y equidad en la distribución de la carga fiscal. Por primera vez en la historia nacional el Estado devolvió impuestos a los asalariados y disminuyó sustancialmente su carga impositiva. Las empresas que pagaban entre 5 y 10% tuvieron un incremento en su tasa impositiva. La medida más controversial de esta reforma fiscal es el incremento al ITBMS, que pasó del 5% al 7% que entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2010.

En materia de inversión pública el proyecto de la Ampliación del Canal continúa al ritmo programado y constituye unos de los motores más importantes de la economía nacional. No obstante, existe un retraso sustancial en los otros proyectos de inversión pública y se espera que la obra cumbre del Gobierno, que es el Metro, salga a licitación a fine de julio y la orden de proceder esté lista para octubre del 2010. Cualquier demora en los trámites de este proyecto hará imposible su entrega bajo esta administración.

En términos generales, Panamá tiene buenas perspectivas económicas y seguirán siendo motores importantes de la economía el Canal de Panamá, el turismo, el desarrollo del sector energético, las telecomunicaciones, el desarrollo portuario, la Zona Libre y el desarrollo de los proyectos de infraestructura del gobierno. El Ejecutivo apuesta a incluir al sector minero en su política de desarrollo económico.

En lo político tenemos cambios en la dinámica política, porque el 1 de julio del 2009, Ricardo Martinelli inició su Gobierno con un alto nivel de popularidad y con un dominio absoluto de la agenda política, teniendo al cambio como fuerza determinante. Hoy las encuestas de opinión pública indican un cambio importante. La popularidad del presidente cae y los índices de gestión del gobierno son bajos en áreas fundamentales. Durante sus primeros cuatro meses, el presidente logró mantener su alta popularidad, pero a partir de noviembre del 2009 comenzó a perder el control de la agenda política y se enfrascó en una pelea con la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, que fue destituida después de una confrontación de cuatro meses a un precio político muy alto para el gobierno. Este evento desató una confrontación, que aún continúa, con la Sociedad Civil y que se extiende en este momento a los grupos sindicales y a los principales gremios profesionales. Políticamente el presidente Martinelli se aleja de la coalición que lo llevó al poder, particularmente con los sectores independientes. Esta situación se profundiza con la aprobación de la Ley 30, mejor conocida como la ‘Ley chorizo’.

En lo social, el programa más efectivo del Gobierno es el de ‘100 a los 70’, al que se le suma ahora la beca universal y la reforma al programa de la Red de Oportunidades. No obstante, todas las encuestas indican la gran insatisfacción que existe en el pueblo por el incremento de la inseguridad ciudadana, el aumento en el costo de los alimentos y de la energía y por la falta de empleos y salarios adecuados. A pesar de que se ha dado inicio a una tibia reforma educativa, en los sectores universitarios se destaca el bajo nivel académico de nuestros estudiantes en todas las materias. No se nota una mejoría sustancial en los servicios de salud, particularmente en los que presta la Caja de Seguro Social.

El gobierno necesita redefinir su estrategia política y social para evitar confrontaciones innecesarias.

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Artículo publicado el x de julio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Avanza el Metrobús

La opinión de…

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JOSÉ I. BLANDÓN C. —

La modernización del transporte público de pasajeros, fue una de las promesas más importantes de la campaña del hoy presidente de la República Ricardo Martinelli.   Dos ideas básicas se presentaron al electorado: la construcción de un Metro y el reemplazo de los llamados ‘diablos rojos’ por buses más modernos.

Una vez Ricardo Martinelli asumió la Presidencia designó un equipo especial para manejar ambos proyectos y se dio inicio a los estudios y elaboración de pliegos para acometer estas dos grandes obras. En el caso del Metrobús, la coordinación de este proyecto quedó en manos del ministro de la Presidencia, quien procedió a organizar el mismo y a establecer las condiciones técnicas y financieras para lo que hoy se conoce como el Metrobús. La propuesta del gobierno plantea que existirá una concesionaria que reemplazará al actual sistema, siguiendo el pliego de cargos que se presentó para la licitación y que en forma muy clara plantea la concepción técnica y administrativa del Metrobús.

Las características más importantes del nuevo sistema del Metrobús, de acuerdo a las especificaciones técnicas serán las siguientes:

Renovación de flotas: El concesionario tendrá que reemplazar los actuales diablos rojos con nuevos buses de capacidad adecuada, fabricados exclusivamente para el traslado de pasajeros que dispondrán de asientos cómodos, aire acondicionado, puestos reservados para la tercera edad y embarazadas y de un acceso para discapacitados. Los buses deberán cumplir estrictas normas de seguridad y los puestos para las personas especiales estarán debidamente señalados en el interior de cada bus.

Las nuevas unidades contarán con puertas de acceso y descenso independientes y timbres para solicitar paradas. Estos buses estarán regulados por normas de seguridad sumamente estrictas, además, se aumentarán los controles en las piqueras o terminales que serán totalmente remodeladas, según la propuesta del gobierno.

Conductores responsables y capacitados: La propuesta pretende que los conductores serán contratados por las empresas concesionarias, recibiendo capacitación técnica y de servicio, para que se le brinde un buen trato al usuario.

Los conductores tendrán sueldo fijo, horarios establecidos. Con esta medida se pretende poner fin a las regatas, porque se elimina la competencia en ruta y habrá orden de salida en el recorrido para evitar la competencia entre buseros para recoger a los pasajeros.

Tarifa: Durante el primer año, la tarifa se mantendrá en 25 centavos para luego incrementarse a 64 centavos. El gobierno contempla la posibilidad de un subsidio a los estudiantes y a los jubilados. Las encuestas demuestran que los panameños estarían dispuestos a pagar más si el servicio mejora sustancialmente. Una vez que todo el sistema nuevo esté funcionando, se implementará el pasaje único en el Metrobús. El gobierno espera con esta medida que el usuario pague una sola vez de ida y una sola vez de vuelta su pasaje, y podrá hacerlo a través de tarjetas recargables. Mientras no esté establecido todo el sistema se supone que habrá diferentes tipos de tarifa.

Reorganización de rutas: Para el funcionamiento del Metrobús se reorganizarán las actuales rutas de manera de lograr una mejor organización, el planeamiento de los recorridos, disminuir el tiempo de espera en las paradas, garantizar la frecuencia de las unidades y mejorar la seguridad y confiabilidad del viaje.

Compensación a los actuales transportistas: El gobierno negocia con los dirigentes del actual sistema del transporte público el programa de compensaciones que recibirán por salirse del sistema o el mecanismo que se adoptará para aquellos que decidan permanecer en el nuevo proyecto de Metrobús.

Es evidente que bajo este sistema el gobierno no comprará ningún bus, porque la concesionaria o concesionarias serán las responsables de esta compra y de su administración y mantenimiento.

La implementación del proyecto de Metrobús va a requerir una coordinación muy estrecha con la construcción del Metro y una educación vial para los usuarios del sistema, los transportistas y los conductores privados.

Esta semana el gobierno anunció que un consorcio colombo—panameño se había ganado el proyecto Metrobús y que en los próximos días estará listo el perfeccionamiento del contrato a través de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Se espera que en un periodo de ocho a doce meses exista una nueva flota de buses y rutas brindando este importante servicio.

El desarrollo de este proyecto será seguido con mucha atención por los usuarios del transporte público del área metropolitana, que todos los días enfrentan las calamidades del actual sistema.   Se hace necesario que el gobierno dé una amplia divulgación a este proyecto, para que haya una mejor comprensión del mismo.

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Artículo publicado el 25 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Encuesta y política

La opinión del Ingeniero y Analista Político…

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JOSÉ I. BLANDÓN C.

La última encuesta de Dichter & Neira publicada por La Estrella de Panamá y TVN, reveló las siguientes cifras antes de la discusión de la Ley 177. Gestión del presidente: El 70.3% de los encuestados evaluó como excelente o buena la gestión del presidente, mientras que un 25.2% la consideró como mala o muy mala. Con relación a la última encuesta, el presidente perdió 1.5% de popularidad. Desde agosto del 2009 a junio del 2010, la popularidad del presidente ha caído 22 puntos, pero aún se mantiene como una de las más altas del continente.

Candidatos potenciales del gobierno para presidente en el 2014: Al preguntársele a los encuestados, quién debería ser el candidato presidencial del gobierno para las elecciones del 2014, los resultados fueron los siguientes: Juan Carlos Varela 20.6%, Guillermo Ferrufino 19.8%, Ricardo Martinelli 6.8%, Alberto Vallarino 1.7%, Lucy Molinar 0.4%. Esta fue una pregunta abierta y puede notarse que Varela tiene grandes dificultades para asumir el liderazgo en las filas del gobierno, a pesar del endoso que le ha dado el presidente Ricardo Martinelli.

Candidatos potenciales del PRD para presidente en el 2014: En la misma pregunta abierta que se hizo para el gobierno, los resultados en el PRD son los siguientes: Juan Carlos Navarro 22.1%, Laurentino Cortizo 14.8%, Balbina Herrera 8.9%, Martín Torrijos 0.3%. En esta ocasión se nota un repunte de la candidatura de Juan Carlos Navarro y todavía el accionar de los otros candidatos no tiene impacto significativo en la contienda. Hay que estudiar el efecto que podría tener el caso CEMIS en varios candidatos del PRD.

Otros hallazgos de la encuesta: A los entrevistados se les preguntó sobre el tema de la seguridad y los resultados fueron que el 67,6% piensa que la seguridad ha empeorado bajo la administración de Ricardo Martinelli y solo el 7% considera que ha mejorado, mientras el 24,2% indica que se mantiene igual que bajo la administración de Martín Torrijos. Un dato importante lo indica que el 70.8% de los panameños piensa que debería haber cambios en el tema de la seguridad después de la marcha por la paz.

Después de esta encuesta, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, presentó al pleno de la Asamblea un proyecto de ley que pretende desarrollar la aviación comercial y en medio del mismo, incluyó reformas a los Códigos de Trabajo, Penal, Judicial y a una serie de leyes como la de la Policía, el medio ambiente y el Tribunal de Cuentas. Esta iniciativa legislativa ha generado una escalada de protestas por parte de las organizaciones sindicales, ambientalistas, propulsoras de los derechos humanos, empresariales y también de parte de los partidos políticos de oposición.

Es la primera vez en la historia política panameña, que se trata de reformar un conjunto de leyes que afectan simultáneamente a toda la estructura jurídica del país. Es de esperarse una serie de protestas en las calles y en los tribunales internacionales por esta decisión.

La Asamblea de Diputados, particularmente la bancada oficialista, pierde imagen y credibilidad.  Se abre la puerta a la confrontación y la incertidumbre crece en los sectores empresariales, laborales y políticos. El panorama político panameño se va a complicar en las próximas semanas.

Estos datos están indicando una nueva dinámica política en el país. Por un lado, el presidente y sus fuerzas están más concentrados en enfrentamientos con sus adversarios políticos, que en atender al grueso de independientes que votó por su fórmula electoral.

A través de una serie de legislaciones y de medidas administrativas, el gobierno se aleja de su base política, mientras impulsa un crecimiento del partido Cambio Democrático, en detrimento del desarrollo de los partidos oficialistas y del PRD.

Esta doble estrategia, aislarse de los grupos independientes y debilitar a sus aliados de los partidos políticos, está reduciendo significativamente la capacidad política del gobierno y produciendo una erosión permanente en la popularidad de los principales dirigentes del gobierno. Esto es particularmente cierto, para Juan Carlos Varela que no ha tenido la capacidad política de diferenciarse de Ricardo Martinelli ni de impulsar el desarrollo y fortalecimiento de su partido Panameñista.

Mientras esto ocurre, nuevas fuerzas sociales surgen en el escenario político y lo que parecía imposible, como la unidad de las fuerzas de la Sociedad Civil, se comienza a producir. Suntracs se acerca a CONATO, gracias a las iniciativas del gobierno; grupos ambientalistas y empresarios se unen con Frenadeso para protestar en contra de la Ley 177.

El enfrentamiento del gobierno con el PRD, que más parece una obsesión fatal, sigue favoreciendo al partido de oposición. Hoy, el PRD tiene mejores opciones para lograr el triunfo electoral en el 2014, que hace un año cuando el presidente Martinelli ganó aplastantemente en las elecciones.

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Artículo publicado el 18 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.