Falacias en torno a las sociedades anónimas

La opinión de:

Ana Elena Porras

El escándalo ocasionado por la divulgación de archivos del estudio de abogados Mossak Fonseca, por el volumen y gravedad de la información ventilada en medios internacionales, alerta sobre algo que no habíamos pensado: que el sistema jurídico de las sociedades anónimas, en general, y de las fundaciones de interés privado y los fideicomisos, crea un doble sistema jurídico, un blindaje legal para un grupo económico privilegiado, contra los derechos de terceros, en especial, de las clases populares. Y que la confidencialidad entre el abogado y su cliente que ahora defiende el Colegio Nacional de Abogados, citando una cadena de leyes (creadas por ellos y aprobadas por diputados) debe ser revisado frente a las múltiples evidencias sobre el carácter de interés público de gran parte de la información que se esconde tras esta “confidencialidad”.

Aparto de esta reflexión los casos más sonados de compañías offshore utilizadas para el blanqueo de capitales y corrupción internacional (con demasiada frecuencia como para decir que fueron prácticas excepcionales), porque incluso los abogados están de acuerdo en que deben ser castigadas una vez se comprueben sus faltas. Cuestiono otros argumentos pendientes de profunda revisión, porque todavía hay quienes defienden la moralidad de las sociedades anónimas, el secreto profesional de los abogados, la evasión fiscal y otras alimañas, arropándose en la soberanía nacional.

1. Con frecuencia vemos que la legalidad y la ética están en contradicción. Decir que algo sea legal no equivale a que sea justo, ético, democrático ni honorable. La esclavitud, la servidumbre, el derecho de pernada, las indulgencias, la decapitación, entre otras, fueron prácticas legales en tiempos pasados de la civilización occidental, a pesar de que hoy nos parezcan salvajes, indignas o reprochables.

2. Insistir en que evadir impuestos no es delito penal en Panamá, según declaraciones de la procuradora de la Nación, a pesar de que este acto hurte dinero al Estado y, en consecuencia, a obras sociales, equivale a una condescendencia inexplicable, y hasta auspiciadora, en beneficio de quienes evaden impuestos porque no están en planilla y compran sociedades anónimas.

3. Afirmar que las sociedades anónimas son un instrumento legal para protegerse contra la inseguridad por posibles secuestros de familiares a cambio de dinero es un argumento flojo, porque saber quién tiene dinero y quién no es fácil, basta una simple mirada a las mansiones de la ciudad y la playa, a los autos, yates, aviones o helicópteros privados de quienes buscan ocultar su dinero, dizque por miedo o, incluso, por pudor.

4. Defender la intimidad de las personas bajo la confidencialidad abogado-cliente con el argumento de que la privacidad es un derecho humano debe llevarnos a preguntar: ¿Cuál es la naturaleza del secreto de las sociedades anónimas que se guarda con tanto celo? Buena parte de la confidencialidad profesional de los abogados esconde información de interés público y de terceros, en la medida en que encubre a últimos beneficiarios de las sociedades anónimas y el origen, la cantidad y resguardo del capital del cliente. Las sociedades anónimas se convierten en un instrumento para esconder al cliente y su capital, lo que permite, entre los daños menores y menos escandalosos: evadir impuestos en caso de herencias y evadir posibles reclamaciones de esposas divorciadas o compañeras unidas, hijos ilegítimos, trabajadores, entre otros, en defensa de sus derechos sobre el capital del cliente amparado en una sociedad anónima. En estos casos, la sociedad anónima actúa como una entidad legal superpuesta dentro del sistema jurídico, creando una especie de doble sistema, una fortaleza jurídica para blindarse de obligaciones legales frente al Estado y frente a terceros. En analogía con una sociedad medieval, crea una especie de fortaleza intramuros para su nobleza, separada del territorio extramuros para campesinos. Es decir, blindan a sus clientes como si fueran los habitantes de una fortaleza y los sitúan en un subsistema legal por encima del jurídico general de los Estados, que sí aplican a la población “extra muros” de la clase media profesional y los trabajadores. ¿Es esto ético y democrático? No contamos con normas que estipulen la forma en que se procesa penalmente a las personas jurídicas, apenas permiten que se ordene la declaración indagatoria de su representante legal.

5. Ningún panameño desea que el escándalo de los Papeles de Panamá lleve el nombre del país. Sin embargo, continúa siendo política del Estado amparar una legislación que sigue protegiendo a corruptos.

6. Analicemos otra tesis: Que los paraísos fiscales responden a los infiernos fiscales. Si a los defensores de paraísos fiscales les parece que algunos de sus Estados cobran una proporción demasiado alta de los ingresos de sus ciudadanos en calidad de impuestos, ¿por qué no debaten sus leyes fiscales en las instancias políticas correspondientes, sea Asamblea, Parlamento u otros para defender el sistema fiscal que piensan más justo? ¿Y por qué ampararse en sociedades anónimas que los proteja solo a ellos? ¿Acaso es justo que esa misma proporción de impuestos sea pagada por los demás ciudadanos trabajadores? ¿Y les parece bien que los evasores de impuestos se beneficien de las obras públicas financiadas por quienes sí tienen que pagarlos?

7. La propuesta de limitarnos a crear o depurar leyes que regulan las sociedades anónimas para poder oxigenarlas y mantenerlas vivas es una solución cosmética que no resuelve el problema de fondo que identifica a ese instrumento o subsistema jurídico como fortaleza intramuros que protege y, por tanto, genera castas, al blindarlas y situarlas por encima del sistema legal que aplica a las mayorías. Este problema no se resuelve con aplicar una técnica legal más refinada para resolver los vicios más groseros de nuestra debilitada institucionalidad. Si bien el uso de una buena técnica legal es necesaria, el problema principal que enfrentamos es que carecemos de visión de país y, en consecuencia, de visión de nuestro país en el mundo, que defienda principios de solidaridad y derechos humanos.

El escándalo de los Papeles de Panamá permite entender mejor los mecanismos legales que conducen a la desigualdad, la impunidad, la injusticia y la concentración de la riqueza, al esconder el origen del dinero de las sociedades anónimas y a sus beneficiarios.

<> Este artículo se publicó en el diario La Prensa el 28 de mayo de 2016.  Panaletras le da al medio al igual que al autor todo el crédito que les corresponde.
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Universidad para el siglo XXI

La opinión de:

Francisco Diaz Montilla

En 2013, la American Association of State Colleges and Universities publicó un breve informe, Top 10 Higher Education State Policy Issues for 2013, que dentificaba 10 problemas básicos de la educación superior en Estados Unidos, veamos:

1. Impulsar el desempeño institucional.

2. Apoyo estatal a la educación superior pública.

3. Política y precios de la matrícula.

4. Programas estatales de subvención y becas estudiantiles.

5. Preparación para la universidad.

6. Inmigración.

7. Educación en línea y educación basada en competencias.

8. Armas en el campus.

9. Desarrollo económico y laboral.

10. Protección a los consumidores de universidades con fines de lucro.

Algunos de estos problemas también afectan a la educación superior en Panamá. En nuestro caso, determinar cuáles son exactamente, no es tarea fácil; en parte porque no hay un plan nacional para la educación superior ni cuerpo institucional que la coordine. A modo de ejemplo, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, reconoce que “las universidades tienen una capacidad de investigación débil” (p. 99), pero no presenta una sola estrategia con el fin de mejorar esta situación.

Desde el punto de vista institucional, lo más que se logró en los últimos lustros fue crear el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Ley 52 de 26 de junio de 2015). Este, sin embargo, tiene un alcance limitado, pues se trata de un “organismo evaluador y acreditador, y representativo de los actores vinculados a la educación superior universitaria del país” (Art. 20).

En la referida ley, la universidad se concibe como una “Institución de educación superior universitaria, creada mediante ley o autorizada mediante decreto ejecutivo, que tiene como misión generar, difundir y aplicar conocimientos mediante la docencia, la investigación, la extensión y la producción, así como formar profesionales idóneos, emprendedores e innovadores y ciudadanos comprometidos con la identidad nacional y el desarrollo humano y sostenible del país” (Art. 4.32). Pero, al margen de la obvia circularidad definitoria, no está claro que las funciones del Consejo en materia de evaluación hayan tenido impacto significativo para la educación superior, salvo la de servir de elemento publicitario a las universidades públicas y particulares acreditadas.

La ausencia de un entorno institucional que determine o defina la política educativa en educación superior ha desbordado la capacidad de las instituciones universitarias para trazar la senda que debe recorrer la sociedad. No es esperable que las universidades particulares contribuyan (in)mediatamente en ese sentido, pues sus prioridades se enfocan hacia el lucro. Pero tampoco se espera que lo hagan las oficiales, inmersas en sus propias contradicciones.

Hoy en la Universidad de Panamá el proceso electoral ofrece una ocasión propicia para diagnosticar, evaluar y asumir cursos de acción que reorienten la práctica educativa. Ojalá que los movimientos de renovación, de renacimiento, de reforma, etc. que se activan cada cinco años en la primera universidad del país contribuyan en ese sentido y ofrezcan más que consignas, más que frases prefabricadas y propensas a la demagogia. La sociedad demanda una universidad distinta para el siglo XXI.

<> Este artículo  se publicó el 30 de mayo en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde

Un solo país, un solo equipo

 La opinión del Banquero:

Rolando de León de Alba

En el argot deportivo se diría “todos somos la marea roja”. Y así se ha comportado el país, como un gran equipo que ha salido a dejar el nombre de Panamá en el sitial que se merece.

Es justo felicitar a todos los panameños que han hecho su esfuerzo por garantizar la transparencia en nuestro país luego de las informaciones emanadas por un grupo especial de periodistas investigativos en las que se involucró el nombre del istmo. Empezando por los cibernautas, que se han hecho sentir con opiniones claras y posturas correctas, pasando por los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Presidencia, la Superintendencia de Bancos, los miembros del comité independiente de expertos que están evaluando las prácticas del sistema financiero de Panamá, hasta llegar a las altas autoridades estatales y del sector privado.

Se suman a este esfuerzo los medios y empresas de comunicación, diversas compañías que han generado campañas digitales innovadoras, así como estrategias publicitarias para que juntos “mantengamos viva y bella, la más increíble obra de arte… Panamá”, como dice el eslogan de nuestra campaña ambiental.

Es necesario destacar la labor realizada por el sector financiero del país al lograr la aprobación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta norma jurídica se logró gracias a que los diputados depusieron sus intereses políticos y se vistieron con la camisa de Panamá para poder salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, en la que fuimos incluidos el 30 de junio de 2014. Desde su primer día, la actual administración gubernamental se tomó esta tarea muy en serio y logró la aprobación de esta ley con el apoyo del sector privado y político.

Hoy tenemos otro reto y es salir juntos, como país, de la lista francesa de estados y territorios no cooperativos en materia fiscal, cumpliendo con todos los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ya se dan los primeros y vitales pasos, sin que se haya visto afectado el buen desempeño de la economía nacional, que es ejemplo de la región, evitando siempre que se utilice la plataforma financiera de Panamá para fines ilegales.

Como banquero, que he servido a mi país en múltiples facetas, tengo que reconocer que vivimos un momento histórico en el que todos a una sola voz decimos que el éxito económico de Panamá va más allá de la creación de sociedades que puedan ser utilizadas para evadir el pago de impuestos. Pertenecemos a un país comprometido con la transparencia financiera, con un crecimiento anual por encima del 6% y que juntos estamos saliendo de esta situación que nos hará más fuertes para seguir brindando nuestra plataforma financiera, más solidificada que nunca, al mundo.

Vale la pena destacar que agrupaciones como la Asociación Bancaria y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ponen todo su empeño para apoyar cada una de las iniciativas que se desarrollan en beneficio de la transparencia de la nación. Unidos le estamos dando ejemplo al mundo de cómo podemos convertir una situación conflictiva en una oportunidad de mejora que le concederá a nuestro país un mejor futuro en materia económica y social. Por ejemplo, ya Panamá anunció, a través de sus altas autoridades que se uniría, en 2018, a la iniciativa de la OCDE para el intercambio automático de información fiscal, enmarcado en la creación de estándares internacionales comunes para compartir estos datos.

Así como inicié este artículo deseo culminar. En este momento estamos todos en la cancha como la gran “marea roja” que somos, con nuestra camiseta de Panamá bien puesta, como exhorta el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, y dispuestos a decir, con gallardía, “alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión”.

<> Artículo publicado el 30  de mayo  de 2016  en el diario La Prensa,  a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Acerca de la Universidad secuestrada

 

La opinión de:

Francisco Herrera

Un efecto grave del clientelismo interno en la Universidad de Panamá (UP) ha sido la merma de la academia, entendida esta no como su estamento de docentes, sino como su hacer intelectual, investigativo y crítico de la realidad. Su función se ha reducido en la mayor parte a la de docencia, importantísima si no fuera porque no está apoyada por la investigación y el debate crítico de la realidad.

La politización negativa de los docentes, educandos y administrativos se ha convertido en el mecanismo de control y desarrollo de la institución, hasta crear un desbalance de poder, anómalo e incongruente con el deber ser de la UP. Se desplaza al profesorado por segmentos administrativos y estudiantiles, afiliados mediante planilla a la estructura de las decisiones.

Se ha dicho hasta la saciedad que la UP es un microcosmos del país. Si la intención es que la realidad de la nación proyecta sobre la vida universitaria sus virtudes y defectos, podríamos estar de acuerdo, pues se trata de una institución formada por seres humanos y miembros de la misma sociedad. Pero hasta ahí el símil. Si lo repetimos como una aceptación de una verdad que es imposible cambiar, entonces la UP estaría de más, como institución pública formadora de agentes sociales de calidad para una continua renovación. Aunque, de hecho y como institución pública dependiente del poder del Estado, a pesar de su autonomía relativa, ha sufrido los avatares de la dinámica política.

Uno de estos elementos es el presupuesto asignado por el Estado para su funcionamiento. El otro es la incidencia estatal en la selección de los poderes administrativos, a través de fuerzas políticas externas que operan en el campus, los partidos políticos.

Como institución pública de educación superior, la UP ha jugado momentos estelares en la construcción de la conciencia ciudadana. Algo de ese sedimento se mantiene en el país y en algunos estamentos dispersos, en conjunto con la academia y, probablemente, entre los estudiantes y administrativos.

Los años de funcionamiento durante el periodo militar tuvieron efectos contradictorios. Por un lado, se creó una subcultura clientelar (no dudo que también la hubiera en el periodo anterior, como se comentaba cuando fuimos estudiantes), que se intensificó en la medida en que el sistema fue regido desde afuera por el poder. Cuando desaparece ese poder, el sistema de democracia formal le agrega su propio modelo de control, orientado a regular la conducta política de los estudiantes, manteniendo los mecanismos de clientelismo institucional previamente creados.

Lo peor que ha pasado es que el sistema se ha enraizado al punto de que la mala hierba –como la paja canalera– apenas si puede desarraigarse, pues sus raíces son tan intrincadas y extendidas que al cortar una sección horizontal aparece más adelante, reproduciéndose, como la hidra. Tal vez, desconociendo los antecedentes, presumiría que la práctica actual, que emplanilla a dirigentes estudiantiles, es relativamente nueva. Es decir, nueva desde la época militar, pero ha provocado que cada dirigente o cada estudiante que quiere sobrevivir se haga un espacio en la planilla universitaria, sin más formación ideológica y política que los clichés ya desgastados de las protestas armadas, cuando son necesarias.

De forma que, acompañando a un estamento universitario geróntico, se extiende sobre el horizonte una actitud de desfallecimiento institucional que apenas si levanta cabeza en algunas que otras instancias académicas. ¿Contra qué se lucha? ¿Hay lucha? ¿Hay agonía? Agonía significa lucha, pero no parece existir en la UP cuando aun los mejores mantienen callada su inteligencia, proyectándola hacia afuera, como esperando que por rebote tales pronunciamientos reflejen la queja de todo el mundo universitario. No ocurrirá hasta cuando ese grito se haga desde adentro. Y el silencio hasta ahora parece ser el refugio del temor extendido, del autocontrol que reafirma que en boca cerrada no entran moscas.

No se puede decir que la actitud es responsabilidad de los que callan, sino de los que mandan a callar, con múltiples técnicas de amenazas y control social interno.

La academia ha muerto por la muerte segura de una generación que, si alguna vez fue actora en las reivindicaciones nacionales, hoy parece que su agotamiento la induce a la comodidad del silencio.

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Publicado hoy 30 de mayo  de 2016  en el diario La Prensa,  a quien damos, lo mismo que damos al autor, todo el crédito que les corresponde.