Código Minero, Cerro Colorado y las moneditas de oro

La opinión del Periodista…

CARLOS CAMARENA MEDINA
ccamarena2004@gmail.com

Los mineros se tomaron la sala donde se realizó el denominado periodo de consultas del proyecto de ley que reforma el Código Minero, incluyendo gran cantidad de indígenas que sorprendentemente apoyan la explotación del proyecto de cobre en Cerro Colorado, ubicado en el distrito de Nole Duima, comarca Ngäbe Buglé.

El ambiente en el Salón Azul, donde por tres días desfilaron representantes de organizaciones ambientalistas, indígenas, empresas mineras, y la Cámara Minera de Panamá, era totalmente pro mina, tanto que caía mal la posición asumida por el presidente de la Comisión de Comercio, Aris de Icaza, con sus arengas demagógicas, similares a las que utiliza en el ‘Tome Nota’ de La Exitosa.

Me llamó la atención que, hasta uno de los escoltas del ministro del Comercio e Industria se convirtió en un activo militante pro minería, que apoyaba las posiciones a favor de las reformas al Código Minero y que calificó de demagogo y politiquero al ex diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González.

La gran monedita de oro para vender el proyecto, utilizada por altos funcionarios del MICI, es que los pagos de regalías de las empresas minera al Estado subirían de 2% a 4%, mientras de manera reiterativa proyectaban imágenes de un clausurado proyecto minero en Canadá, caracterizado por ser un área rodeada de árboles y un lago.

Un argumento que altos personeros del gobierno le robaron a la empresa Minera Panamá (que explota el yacimiento de cobre en Petaquilla), para utilizarlo como caballito de batalla que justifique las modificaciones al Código Minero, y cuyo trasfondo es el interés del gobierno del presidente Ricardo Martinelli de impulsar la explotación cuprífera de Cerro Colorado.

Un punto de vista que no comparte la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, quien de manera enfática dijo que no pueden compararse los ecosistemas canadienses donde la biodiversidad es baja, con los ecosistemas tropicales de Panamá. ‘La biodiversidad, que es una de las grandes riquezas de Panamá, se verá afectada de forma irreversible, siendo que la zona contiene una gran biodiversidad, en donde se están descubriendo nuevas especies o especies no reportadas en el país. Además, la zona alberga especies que están amenazadas’, destacó.

Altas precipitaciones, inestabilidad de los suelos y riqueza hídrica, propia de las áreas donde se desarrollarán estos proyectos no son comparables con lo existente en el territorio canadiense y, por ello, Spadafora considera que la operación de explotación a cielo abierto del tamaño que planea realizar Minera Panamá, (y eventualmente la de Cerro Colorado) representa un alto riesgo para el país.

Llamó la atención lo reiterativo del discurso que enfatizaba los programas que ejecutan las empresas que explotan los proyectos de oro y cobre en Petaquilla, lugares que el Estado ha mantenido abandonados, mientras que estos consorcios invierten en obras sociales, como reparación de escuelas, construcción de centros de salud, habilitación de carreteras, comedores y la entrega de becas.

Sin ambages, el alcalde del distrito de Nole Duima, Celestino Montezuma, dijo que la intención de esta propuesta es explotar Cerro Colorado (a pesar de que el diputado de Icaza le espetó que nunca ha dicho que sea así).

‘La mina significa la industria de la muerte’, sentenció Montezuma, luego de exponer sobre el impacto que tendrá la explotación minera de Cerro Colorado, ubicada en Nole Duima, comarca Ngäbe Buglé.

Para el profesor universitario Azael Barrera las decisiones sobre los proyectos mineros, que se impulsarán a través de las reformas al Código Minero, se están tomando en Seúl y Singapur, donde operan empresas que requieren materia prima para desarrollar sus industrias; a lo que el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, ripostó que esta norma no se está cambiando para favorecer a nadie en especial.

Fueron tres días maratónicos, durante los cuales desfilaron por el Salón Azul de la Asamblea Nacional los más diversos sectores del país, en un período de ‘consultas’, liderado por un diputado como Aris de Icaza, quien en todo momento dejó plasmada su posición a favor del proyecto, de una forma demagógica y electorera. Un escenario similar al que marcó la imposición de la Ley 30 (Ley Chorizo), por lo que entre ambientalistas, indígenas y políticos de oposición, primó la certeza de que estas consultas son un mero trámite, pues la decisión ya está tomada.

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Este artículo se publicó el  4  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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