‘Preciosa’ y el derecho a la vida

La opinión de…

Raúl Leis R.

Claireece Precious Jones. Negra. Pobre. Obesa. Solo 16 años de edad. Analfabeta funcional pues fue forzada a abandonar la escuela.   Violada por su propio padre y en cinta por segunda vez. Residente en un gueto neoyorquino junto a una madre despiadada, abusadora y maltratadora. Aislada del mundo, con una autoestima en el piso y sin apoyo de nadie. Ya empieza a cometer pequeños robos. Luego descubre algo terrible: la han contagiado del virus del sida.

Ella está tocando fondo y lo sabe, pero surge una oportunidad a través de un programa de educación alternativa de jóvenes y adultos, donde encuentra a la joven maestra Rain, quien a través de un proceso integral, participativo grupal, logra avanzar no solo en la lectura y los temas básicos educativos, sino en una trascendencia ética que le permite que Preciosa crezca en capacidad, dignidad, construyendo un nuevo e intenso camino de posibilidades de existencia.

Esto resume el guión de la película Preciosa (Precious) basado en la novela Push de Sapphire, ganadora de 50 premios de cine, y que debería ser vista y debatida en nuestro medio.   Pero no hay que ir muy lejos para encontrar situaciones similares e incluso peores en nuestro medio, y los recientes sucesos y situación actual del Centro de Cumplimiento de Menores así lo demuestran.

Los menores privados de libertad, tanto los que fueron asesinados a través de una ejecución extrajudicial como los que aun sobreviven en condiciones infrahumanas, son producto de una cadena de exclusiones sociales, económicas, políticas, generadas por la sociedad en que vivimos, asimétrica y desigual. Más de la mitad de la población panameña es menor de 25 años pero el 57% de los pobres tiene menos de 20 años.

Mucha de la responsabilidad de lo que sucede con muchos jóvenes es de nuestra sociedad que no les proporciona las necesarias oportunidades, los invisibiliza y hasta estigmatiza. También suma un acumulado de años de errores y desidias gubernamentales, agravado hoy por un gobierno de corte autoritario y prepotente, que ha apostado más al castigo que la prevención y resocialización, y ha blindado de impunidad a la fuerza pública, estimulando así desmanes y represiones como las ocurridas en Changuinola y Tocumen.

La situación la plasmó diáfanamente Justo Arosemena, hace siglo y medio, con palabras que tienen plena vigencia hoy en día: “El sistema penal es más propio para empeorar que para corregir a un delincuente.    Nuestros presidios son focos de infección física y moral, escuelas de perversidad, en donde el hombre todavía sano se corrompe, y el malvado se perfecciona en el crimen perdiendo el último resto de pudor […] Vista la urgencia, ¿cuál es la esperanza de una reforma completa, general y concienzuda de nuestro cuerpo de derecho?”.

El informe de la Asamblea Ciudadana (31 de enero) sobre las condiciones inhumanas de los centros de cumplimiento y custodia da cuenta del abandono y la indiferencia, y contiene valiosas recomendaciones inmediatas para superar el estado de cosas: Se declaran vigilantes ante esta crisis en el sistema carcelario que viola los derechos humanos de la población privada de libertad, así como del procesamiento de los responsables y culpables directos e indirectos del crimen cometido. Piden la demolición del centro de cumplimiento y la adecuación del Centro Arco Iris garantizando que sólo puedan atender a los reclusos para los cuales tienen la capacidad física y técnica. Un mecanismo institucional vinculante, con recursos y presencia de organismos de sociedad, con un plan a corto y mediano plazo para evitar que se sigan construyendo escenarios de improvisación institucional y de malgasto de recursos públicos.

Un eje de transparencia e integridad que permita prevenir actos de corrupción y tráfico de influencias. La capacitación de todo el personal del sistema en materia de derechos humanos, en especial los relacionados con los menores. Seguimiento de las mejoras al sistema en el que estén representados Gobierno, técnicos del sistema, organismos nacionales e internacionales de DDHH, y en el cual tengan voz permanente representantes de los reclusos.

Gente como Preciosa tiene derecho a la vida al igual que todas las víctimas de la violencia y la criminalidad, y nos enseña que, en conjunto con los cambios estructurales profundos a la justicia, la apuesta educativa es fundamental en el proceso de rescatar a nuestra niñez y juventud. Un modelo educativo que conjugue los cuatro grandes pilares del Informe Delors: “aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser”, a lo largo de toda la vida.

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Este artículo se publicó el 3 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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