¿Quién tiene que ahogarse?

La opinión de…

 

Nelson Antonio Lara

Hace cuatro años, la ciudadanía quedó consternada. En un autobús, 18 personas perecieron calcinadas y 25 más resultaron heridas.   Sus familiares quedaron afectados por la pérdida y las secuelas de este accidente. Los involucrados son hombres, mujeres y niños, que diariamente tienen que trasladarse en este medio de transporte hasta sus ocupaciones y regresar a sus hogares, convencidos de llegar con bien.   El 23 de octubre se ha convertido en una fecha para recordarnos este incidente que se pudo prevenir.

Del mismo modo, cuando comienza el año, decenas, cientos y hasta miles de persona toman cualquier día que les parezca conveniente para realizar una travesía en la que presumen les espera una divertida estancia entre familiares o amigos, y se dirigen a los sitios recreativos de nuestro país, ya sea de piscina, playa o río, confiados en regresar sanos y salvos. Pero la realidad que enfrentan es otra, ocurren casos de ahogamiento o accidentes acuáticos, y muchos de los lugares en que ocurren son reincidentes, con sus respectivas cuotas de muertos y afectados, sin que nadie garantice la seguridad de los bañistas.

Ni bien empezaba el año 2010, las playas Las Lajas, La Barqueta y Santa Clara se cobraron los primeros muertos en sus aguas. El balneario de río Las Mendozas, para el Carnaval, hizo lo suyo como siempre. Y es que en el decenio de principios del siglo XXI, las aguas panameñas han cobrado la vida de cerca de 110 personas por año, en promedio, según cifras facilitadas por Estadísticas Vitales de la Contraloría General.

La temporada seca llegó, pero antes celebramos las actividades propias de los últimos meses: separación e independencia de Panamá, Día de la Madre, Navidad y fin de año, durante las que aquellos que no desean las aglomeraciones de los desfiles o quieren terminar la celebración se dirigen a los diferentes destinos acuáticos, en su mayoría playas y ríos, que hoy por hoy siguen sin la protección permanente, garantizada por nuestra Carta Magna y fortalecida por la Ley No. 19 de 2007.

Lo peor es que mientras no sean 18 o más los accidentados en una misma playa, el mismo día, a la misma hora, nadie tomará el asunto del bienestar de los bañistas en su justa y correcta medida. Con todo y las advertencias que hemos hecho por años, y muy a pesar de la existencia de la citada ley que “obliga” a todas las instalaciones (públicas y privadas) que tengan áreas acuáticas o accesos a éstas a “contratar” los servicios de guardavidas, lo que no se está haciendo aún cabalmente.

Aun así, llegó el verano panameño y surgieron, como siempre, los famosos operativos de vigilancia playera que han demostrado no solo ineficacia, sino deficiencias, porque con un reducido grupo de hombres y mujeres entrenados como guardavidas, solo se cuida menos del 5% de la totalidad de los balnearios conocidos en nuestro pequeño, pero bello país, más que todo en el Pacífico.

¿Quién tiene que ahogarse para que se tomen las medidas necesarias? Queda demostrado que mientras no sea una personalidad la que esté involucrada en una situación de peligro, las autoridades se desentienden del problema. Confiamos en Dios que esto no sea un vaticinio y que no tenga que pasarle a alguien “importante” una desgracia, para que se tomen las acciones que venimos pregonando desde hace tiempo.

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Este artículo se publicó el 5 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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