Agua, IDAAN, privatización

La opinión del Abogado,  Administrador de Empresa y Docente Universitario…

Miguel A. Boloboski Ferreira 

No me consta y por lo tanto lo niego;   pero por si las moscas (insectos de los que debemos resguardarnos por higiene, paz y salud) mejor estar alertas.   Aún cuando soy de la opinión que la empresa privada es sin lugar a dudas mejor administrador que el Estado; existen algunas áreas, en especial las referidas a los recursos naturales perteneciente a lo que los jurisconsultos denominan “de derecho colectivo y difuso”, los cuales deben (y tienen) que ser administrados, protegidos y salvaguardados por el Estado.   Los derechos colectivos y difusos son aquellos que no le pertenecen a nadie en particular, pero si a todos en general.  Y el agua es uno de ellos.

La privatización de los recursos hídricos, en este caso el suministro de agua potable, es una posibilidad cierta en el tiempo; no importa cuanto lo nieguen.   Las eventuales justificaciones de los que propugnan y patrocinan la privatización como solución a los problemas presentes y garantía de abastecimiento futuro, parten de una falsa premisa que consiste en el Estado Ineficiente Per se (por sí mismo). Tan falsa es la premisa, que a partir de su supuesta veracidad podríamos construir un sofisma o falacia que acabaría con la mayor y mejor empresa estatal que poseemos: “El Canal de Panamá”. El Estado es pésimo administrador; El Canal es del Estado; por lo tanto el Canal es pésimamente administrado. Falsa conclusión.

Las presiones internacionales para que esto ocurra, fueron, son y serán. En 1999, presionado por el Banco Mundial el Estado boliviano privatizó el suministro de agua en la ciudad de Cochabamba. Corría el año 2000; a los campesinos no se les estaba permitido recoger agua de lluvia pues la empresa en una interpretación absurda del contrato consideró que éstas por ser fuente natural, le pertenecían.   Al poco tiempo sobrevino el aumento exorbitante de la tarifa. Todas estas acciones culminaron en las denominadas protestas de la guerra del agua. Se declaró la ley marcial, la policía boliviana intervino con resultado de muerte y heridos. En medio del colapso de la economía nacional y los disturbios, el gobierno finalizó el contrato de aguas. La empresa por cierto demandó al Estado por aquello de la seguridad jurídica.

Lo paradójico de esta situación; idea extraña e irracional que se opone al sentido común, es que aún a sabiendas que tenemos (imperativo) que transformar al IDAAN en una empresa estatal eficiente, seguimos atentando contra ella, con el grave riesgo de imitar la paradoja de Abilene que se da cuando los límites de una situación particular presionan a un grupo de personas para actuar de una forma que es opuesta a sus deseos, todo porque ningún miembro está dispuesto a expresar sus objeciones.

 

<>Artículo publicado el  2 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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