Sangre en las venas

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…

Raúl Leis R. 

Mientras escribo estas líneas ha muerto otro niño quemado en los sucesos del Centro de Cumplimiento de Tocumen, pues según la Convención de los Derechos del Niño se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.   No tiene sangre en las venas ni merece llamarse humano, quien justifique lo ocurrido, y quien no se indigne y clame por justicia ante tamaña iniquidad.

Esa misma convención obliga a los Estados en su Artículo 37 que todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, por lo que no pueden ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

Lo que los hechos permiten apreciar es que lo ocurrido viola flagrantemente este artículo, tanto por las golpizas y perdigonazos, y por la aplicación de facto de la pena capital con alevosía, premeditación y ventaja. El Centro de Cumplimiento con una capacidad para 70, tenía 150 jóvenes detenidos, pues la justicia continua enviando a jóvenes al hacinamiento en condiciones indignas para seres humanos y menos para niños.

Se está creado un clima permisivo para el abuso de la fuerza y la arbitrariedad aupado por Ley 74 del 27 de octubre del 2010 exime a los policías de la detención preventiva y suspensión provisional del cargo público que desempeña hasta que concluya el proceso. Además los discursos oficiales de alto nivel animan este clima, ejemplo cuando un Ministro afirma a los policías   “A los que intenten fugarse deben tirar a matar”; otro califica de indios salvajes, borrachos a trabajadores bocatoreños en huelga, o un Presidente declara la guerra a la delincuencia así “En nuestro gobierno les espera el hospital, la cárcel o el cementerio”.

El abuso de autoridad o de poder, es el exceso indebido en el ejercicio de la función pública, y es el delito que comete quien investido de poderes públicos realiza en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que afecta la libertad de las personas, las intimida o les causa vejámenes, agravios morales o materiales, y peor, la muerte.

En la antigua Roma, Catón el Mayor le pregunta al Senado, quienes querían organizar una especie de policía:   “¿Quis custodiet ipsos custodes?” (¿Quién va a vigilar a los vigilantes mismos?).   La respuesta es construir el país que aspiramos, una nación de leyes y de instituciones cimentadas en los derechos de los ciudadanos.   Donde funcione la democracia y la justicia, con fuerzas policiales profesionales, eficaces, sujetas a mecanismos de control transparentes e idóneos, respetuosas de los derechos humanos. Para ello debe aplicarse la selección, formación de los agentes de orden público, la investigación penal y administrativa de autoridades involucradas en violaciones a los derechos humanos, y la creación de sistemas de control internos y externos idóneos.

<>Artículo publicado el  19  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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