Capacidad y responsabilidad de imponer

La opinión del Abogado, Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

En el año 1215, los nobles ingleses impusieron al rey Juan Plantagenet, “Juan sin Tierra”, hermano y sucesor de Ricardo “Corazón de León”,  la que, desde entonces, se conoce como “la Carta Magna”, que limitó el poder del monarca para imponer tributos a sus súbditos, de manera inconsulta. No se desconoció el poder “del soberano” a decretar impuestos; pero, a partir de allí, dejó de ser ilimitado. 

Los gobiernos en los estados modernos tienen la potestad de imponer tributos: impuestos, tasas y otras exacciones a los gobernados;   pero ese poder debe ser ejercido dentro de los límites constitucionales y legales y, sobre todo, con responsabilidad.

En la Constitución de 1904, el Artículo 131 disponía lo siguiente: “Corresponde a los Consejos Municipales ordenar, por medio de acuerdos propios o de reglamentos dictados por Juntas o Comisiones técnicas, lo conveniente para la administración del Distrito; votar las contribuciones y gastos locales con las limitaciones que establezca el sistema tributario nacional; y ejercer las demás funciones que las leyes les señalen.”

En la Constitución de 1941, el Artículo 186 decía: “El presidente de la República podrá suspender todo acuerdo municipal o acto del Concejo que sea violatorio de la Constitución, de la Ley, de los decretos del Poder Ejecutivo, o de las ordenanzas provinciales. Los gobernadores de Provincia y cualquier ciudadano podrán pedir la nulidad de tales acuerdos”.

La intención de esas normas era evitar que los municipios pudieran “desbocarse” y trastocar el “sistema tributario nacional”, creando a su antojo y capricho tributos excesivos. Pero esa limitación, desapareció en la Constitución de 1946, por virtud del Artículo 202, de siguiente tenor:   “Los acuerdos, resoluciones y demás actos del Consejo Municipal, de las comisiones o de los Alcaldes, cuando éstos sean elegidos por el voto popular, sólo podrán ser suspendidos o anulados por tribunales competentes.”

La Constitución vigente (artículos 232 y siguientes) reforzó la autonomía municipal y eliminó la posibilidad de que sus acuerdos puedan ser “vetados” o anulados por una instancia superior, distinta de la judicial.   Por ello, la reciente decisión del alcalde Vallarino y el Consejo Municipal de aumentar, desmedidamente y sin ninguna adecuación al “sistema tributario nacional”, plantea un conflicto constitucional y legal difícil de superar,  aunque no insalvable.

Los tributos se justifican para asegurar fuentes de financiamiento de la Administración Pública, tanto nacional como municipal, y de los servicios que están supuestas a prestar a la comunidad.

El Municipio de Panamá, por ser capital de la República y sede del gobierno nacional y, además, centro principal de las actividades económicas, es distinto al resto de los otros distritos y, por consiguiente, sus rectores deben, con buen sentido, coordinar, previamente, sus iniciativas tributarias con las autoridades nacionales, especialmente cuando, como en el caso del distrito capital, los principales servicios públicos son prestados o son responsabilidad de las autoridades centrales, como ocurre con la seguridad, la salud, al agua y el alcantarillado, la educación, la vivienda, la construcción y reparación de calles, el transporte público y la regulación del tránsito vehicular. Y si a eso se agrega que la recolección de la basura ya no es competencia del municipio, cabría preguntar:   ¿en qué se fundamenta un municipio de tan limitadas competencias para lanzarse a una desenfrenada e irresponsable, por inconsulta, carrera de aumentos impositivos?

Desde que a “Juan sin Tierra” se le cortó la facultad de “imponer tributos”, la sensatez y la prudencia han sido criterios rectores de las políticas impositivas y quienes todavía conservan la facultad de decretarlos nunca deben olvidarlos. De lo contrario, se exponen, como en el caso presente, al repudio de la comunidad y, de paso, justifican que sea necesario volver a implantar medidas como las previstas en las constituciones de 1904 y 1941.

<>Artículo publicado el  25  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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