Sobre la necesidad de modificar el código minero

La opinión de…

 

Pacífico Chung

Hace más de dos años escribí un artículo sobre la necesidad de modificar el código minero y hoy vale la pena repasar algunos de sus puntos más sensitivos:

La fase post operativa de la mina es probablemente la más delicada y genera importantes cuestionamientos: ¿Qué haremos cuando se acaben los recursos y nos queden cientos de hectáreas degradadas? ¿Qué pasa si los precios repentinamente se desploman y los inversionistas se retiran abruptamente del país? ¿Quién se hará responsable? El hecho de plantear un tipo de fianza de daños ambientales no deja de ser cuestionable. ¿Qué tipo de instrumento financiero será esta fianza? ¿Tendrá fecha de vencimiento? ¿Y si la empresa afianzadora quiebra? ¿Cuántos proyectos debidamente afianzados durante su proceso de licitación terminaron fracasando? El término “fianza” genera más dudas que respuestas sobre el tema.

En segundo lugar, y no menos importante, está la constante afirmación de que los proyectos mineros generarán riqueza y traerán desarrollo, ante lo que conviene preguntar: ¿Generan riqueza para quién? En los próximos 20 años podrían estar saliendo cientos de millones de dólares en cobre del país, ¿cuánto realmente le toca al Estado? Se afirma que las empresas mineras pagarán el estándar del 30% de impuesto sobre la renta además de 4% de regalías; ¡pero tenemos dos corredores declarando durante más de 10 años pérdidas, y aún así tenemos que indemnizarlos! Con las millonarias inversiones de la empresa minera durante los primeros años de funcionamiento, ¿cuándo le tocará realmente algo a los panameños de esa explotación? Nuestros ingresos deberían estar directamente asociados al volumen de material extraído, no a la posible renta de la empresa, porque el riesgo ambiental lo asume todo el país.

La siguiente pregunta sería si esa riqueza y desarrollo llegarán en forma significativa a los principales afectados de la actividad minera o se perderán en medio de todos los ingresos del país. Y es que nuestra gente de la montaña será la primera en sufrir cuando la calidad de los suelos y del agua disminuya a causa de los riesgos que conlleva la explotación.

Lo ideal sería crear dos fondos fiduciarios: uno de compensación ecológica en donde los recursos financien actividades de mitigación del impacto, como reforestación y promoción de conciencia ecológica. Este fondo debería ser manejado independiente a la empresa minera, no como actualmente, en el que el 90% de la inversión se gasta en una campaña mediática para convencernos de que la minería es inocua. El otro fondo debería dirigirse a un desarrollo regional que busque mejorar los caminos de producción, la educación, los servicios básicos. Hay que incorporar a los moradores y ONG independientes en el proceso de evaluación y monitoreo ambiental. Se necesita una explotación minera transparente, no detrás de murallas.

Es innegable que la minería es un negocio que representa numerosos riesgos para el país. Por eso no podemos centrar la discusión solo en las monedas de cobre, porque con ese cobre no podremos comprar ni agua limpia ni aire puro para nuestros hijos.

 

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Este artículo se publicó el  27  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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